02:31 | Viernes 27 de Noviembre de 2013 | Entre Ríos
Las claves del modelo ideológico neoliberal del gobierno de Macri
Por Carlos Andujar
Por Carlos Andujar
"Hay que recuperar los 20 puntos que perdieron los jubilados durante el gobierno de Macri". Fernanda Raverta
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Entre Ríos - 16-11-2020 / 18:11
PANORAMA POLÍTICO PROVINCIAL
¿Qué pasa con las PASO?
El sistema de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), nacido en 2009 y aplicado cinco veces desde 2011, está nuevamente sobre la mesa de la discusión política. La pandemia por la covid-19 es el argumento medular esta vez. Antes, los principales habían sido el gasto que implicaba para el Estado (más de $3.000 millones), un argumento del Cambiemos y la falta de funcionalidad, una crítica más política.
El sistema de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), nacido en 2009 y aplicado cinco veces desde 2011, está nuevamente sobre la mesa de la discusión política. La pandemia por la covid-19 es el argumento medular esta vez. Antes, los principales habían sido el gasto que implicaba para el Estado (más de $3.000 millones), un argumento del Cambiemos y la falta de funcionalidad, una crítica más política.
De acuerdo con la experiencia, al menos en Entre Ríos, hubo frentes y alianzas para los que las Primarias fueron un mero trámite dado que no sirvieron para dirimir candidaturas. El gobierno de Mauricio Macri quiso modificarlas en el marco de la reforma política que naufragó en 2019, en la antesala de los comicios.
Ahora, varios gobernadores peronistas levantan la voz para proponer la suspensión de la celebración de esa instancia electoral prevista para agosto del año 2021 por la situación sanitaria por la que atraviesa el país y sus consecuencias en una economía en recesión.
Los mandatarios provinciales del PJ gobernante, incluido Gustavo Bordet, fueron la punta de lanza para alumbrar la posibilidad y abrir la discusión sobre la continuidad de ese mecanismo de internas. En la oposición local molestó: argumentan que se intenta cambiar las reglas de juego a poco de un proceso electoral.
Si bien aún no hay definiciones, ya hablan de algunas alternativas para definir las listas para la renovación parcial de las bancas del distrito en la cámara de Diputados de la Nación. Son cinco de las nueve, muy poco para que justifique un gasto semejante. Lo que fundamentaría suspender las PASO. En 2017 Cambiemos ganó y pone en juego tres bancas de las cinco en disputa en 2021, y debe ser el más preocupado por retener esa ventaja.
El gobernador Bordet dejó dos frases sobre las PASO en un contexto donde el tema empieza a tener relevancia por el debate si deben o no llevarse adelante las internas.
*"No sabemos si habrá PASO el año que viene. Es bastante prematuro hacer un análisis. No he hablado con otros gobernadores o con el Presidente, pero hay que hacer lo que sea mejor para las instituciones. Tenemos que ver qué criterio se adopta".
*"En mi opinión, las PASO han perdido efectividad. Son un doble gasto y sólo resuelven una interna partidaria que pagan todos los argentinos. Esto deberá salir por consenso y a través del Congreso, pero considero que hay que buscar opciones para evitar gastos extras en este contexto de pandemia".
Fuentes del gobierno de Alberto Fernández afirmaron que no está en los planes por el momento, si la idea prospera, será por iniciativas legislativas y que no se caminaría hacia una eliminación definitiva. Y cuestionaron al macrismo por ubicarse ahora a favor de que las Primarias se lleven adelante cuando un año atrás las calificaban como solo una "encuesta costosa".
Qué puede suceder es una incógnita que comenzará a desentrañarse en las próximas semanas y que pondrá a la dirigencia tras los pasos de las PASO. Aunque para la clase política los comicios parecen estar cerca, para gran parte de la sociedad están lejísimos y esto también será un factor a la hora de tomar definiciones.
La Opinión Popular
De acuerdo con la experiencia, al menos en Entre Ríos, hubo frentes y alianzas para los que las Primarias fueron un mero trámite dado que no sirvieron para dirimir candidaturas. El gobierno de Mauricio Macri quiso modificarlas en el marco de la reforma política que naufragó en 2019, en la antesala de los comicios.
Ahora, varios gobernadores peronistas levantan la voz para proponer la suspensión de la celebración de esa instancia electoral prevista para agosto del año 2021 por la situación sanitaria por la que atraviesa el país y sus consecuencias en una economía en recesión.
Los mandatarios provinciales del PJ gobernante, incluido Gustavo Bordet, fueron la punta de lanza para alumbrar la posibilidad y abrir la discusión sobre la continuidad de ese mecanismo de internas. En la oposición local molestó: argumentan que se intenta cambiar las reglas de juego a poco de un proceso electoral.
Si bien aún no hay definiciones, ya hablan de algunas alternativas para definir las listas para la renovación parcial de las bancas del distrito en la cámara de Diputados de la Nación. Son cinco de las nueve, muy poco para que justifique un gasto semejante. Lo que fundamentaría suspender las PASO. En 2017 Cambiemos ganó y pone en juego tres bancas de las cinco en disputa en 2021, y debe ser el más preocupado por retener esa ventaja.
El gobernador Bordet dejó dos frases sobre las PASO en un contexto donde el tema empieza a tener relevancia por el debate si deben o no llevarse adelante las internas.
*"No sabemos si habrá PASO el año que viene. Es bastante prematuro hacer un análisis. No he hablado con otros gobernadores o con el Presidente, pero hay que hacer lo que sea mejor para las instituciones. Tenemos que ver qué criterio se adopta".
*"En mi opinión, las PASO han perdido efectividad. Son un doble gasto y sólo resuelven una interna partidaria que pagan todos los argentinos. Esto deberá salir por consenso y a través del Congreso, pero considero que hay que buscar opciones para evitar gastos extras en este contexto de pandemia".
Fuentes del gobierno de Alberto Fernández afirmaron que no está en los planes por el momento, si la idea prospera, será por iniciativas legislativas y que no se caminaría hacia una eliminación definitiva. Y cuestionaron al macrismo por ubicarse ahora a favor de que las Primarias se lleven adelante cuando un año atrás las calificaban como solo una "encuesta costosa".
Qué puede suceder es una incógnita que comenzará a desentrañarse en las próximas semanas y que pondrá a la dirigencia tras los pasos de las PASO. Aunque para la clase política los comicios parecen estar cerca, para gran parte de la sociedad están lejísimos y esto también será un factor a la hora de tomar definiciones.
La Opinión Popular
Fin del año político
El fin del año político será todo del Congreso nacional, con sesiones de alto voltaje político y movilizaciones de apoyo a la agenda oficialista. La decisión del Frente de Todos es avanzar con el tratamiento de temas pendientes y, al mismo tiempo, comenzar a discutir el modelo pos pandemia.
En ese marco, el aporte solidario de las grandes fortunas, la ley del fuego y la legalización del aborto forman parte del temario que se pondrá en discusión a partir de esta semana. Los tiempos políticos apremian, con el comienzo del año electoral cada vez más cerca, los bloques del oficialismo comenzarán a acelerar el tratamiento de proyectos que podrían quedar varados por el funcionamiento espasmódico que suelen tener las Cámaras en los años electorales.
El aporte extraordinario de las grandes fortunas y la modificación de la ley del fuego son dos leyes que fueron construidas por la militancia y un grupo de diputados, y que se enfrentaron con sectores que tienen un fuerte poder de lobby.
Por otra parte, las causas contra Cristina y la mayoría de los ex funcionarios K se van deshilachando cada día un poco más. En el juicio clave, el de la obra pública en Santa Cruz, la acusación sufre golpe tras golpe en las audiencias y ni siquiera empezaron a declarar los testigos de la defensa: todos los que pasaron por el juicio fueron convocados por la fiscalía y los acusadores. Este martes otro testigo puede provocar un fuerte golpe a la imputación.
Todas las causas que armaron entre Comodoro Py y los grandes medios porteños se están convirtiendo en callejones con pocas salidas, por la orfandad de pruebas, la inexistencia de delito y, sobre todo, porque la acusación encierra más persecución política que realidad.
Alberto busca evitar que el ajuste se lo haga el mercado
En 2020 se consumó una caída anual record del PBI, que ya tenía dimensión bonsái con el macrismo, que dejó un muerto infernal con el FMI. Se multiplicaron pobreza y desempleo. Mermó el valor adquisitivo del salario. La catástrofe por la pandemia es planetaria, la Argentina no es excepción.
En este marco horripilante en la que se encuentra el Gobierno, llegó la hora de renegociar el préstamo récord de USD44.000 millones que Mauricio Macri consiguió del FMI en 2018. Para estirar los plazos, el oficialismo debió optar por transformar el Stand-By en un Extended Fund Facilities (EFF), que abre la posibilidad de un período de repago más largo a cambio de reformas "estructurales" con olor a ajuste neoliberal, algo que el Gobierno asegura que podrá evitar.
En un momento de extrema debilidad estatal, por la herencia macrista, por carencias presupuestarias, por el funcionamiento en modo remoto y varios etcéteras más, el Gobierno nacional enfrenta una disyuntiva recurrente en la historia reciente argentina: reconstruir de forma controlada el gasto público o dejar que el ajuste lo haga el mercado con una mega devaluación.
La pandemia obligó al Estado a salir en auxilio de empresas y personas. Sin más alternativas de financiamiento, le sacó todo el jugo que pudo a la maquinita de imprimir billetes, pero la presión cambiaria y la inflación dieron señales claras de que la cantidad de pesos en circulación era excesiva y que seguir incrementándola traería mucho más problemas que soluciones.
Teniendo en cuenta el contexto económico y sanitario local e internacional hay que relativizar la excitación opositora de calificar a esas iniciativas del gobierno de Fernández como un "plan de ajuste". Es más, no sólo se dice que no hay en curso un ajuste, sino que las medidas implicarían la búsqueda de sustentabilidad económica y de equilibrio fiscal, una "reconstrucción" en el marco de una pulseada con el FMI.
Ningún funcionario nacional hablará de ajuste -palabra prohibida para cualquier gobierno pero más todavía para uno peronista- pero el recorte del gasto es el hilo conductor que conecta a prácticamente todas las decisiones que adoptó el ministerio de Economía en las últimas semanas, en coincidencia con la llegada de la última misión del FMI.
Después de ocho meses de cuarentena, pero con el virus todavía muy presente, el ministro de Economía, Martín Guzmán, comenzó a desmontar el esquema de emergencia económica diseñado para atravesar la pandemia. Se deja sin efecto el cuarto pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE 4), que llegaba a 9 millones de personas sin ingresos, con 10.000 pesos por mes. Habría un bono de fin de año, a un universo no superior a 2.5 millones de personas.
También cesaron los subsidios de Asistencia al Trabajo y Producción (ATP) que abonaba el 50 por ciento de los salarios de las empresas en problemas por el coronavirus, inviables en mediano plazo. Los reemplaza, de modo incompleto, el programa REPRO 2.
Guzmán reconoce las necesidades de los perceptores del IFE pero privilegia "mantener ciertos equilibrios para también proteger a la actividad, proteger a la gente, a todo el país". Asegura que se atenderá a los argentinos necesitados pensando en políticas focalizadas.
En el ínterin se amplía la masa de titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y se habla de un plus para fin de año. Este derecho es conceptualmente superior al IFE. Es un derecho y no un programa temporario. Y universal, lo que pone coto a la discrecionalidad o arbitrariedad del Estado o de los funcionarios. También se aumenta temporariamente la mensualidad de la tarjeta Alimentar, que tiene 1.567.752 beneficiarios.
Con las posibilidades de asistencia económica acotadas por la necesidad de reducir el nivel de emisión monetaria, el Gobierno le prende una vela a la vacuna rusa y otra a la de Oxford. Necesita tenerlas lo antes posible, porque ante un eventual rebrote sería muy difícil sostener la reducción del gasto público.
En el mismo sentido se orienta la fórmula de cálculo de las jubilaciones que el Ejecutivo envió al Congreso que toma en cuenta en partes iguales las variaciones del índice de salarios Ripte y de los recursos tributarios de Anses para calcular semestralmente la actualización de las jubilaciones de manera automática.
Además lo hace con un trimestre de retraso y no incluye la recuperación de los puntos perdidos durante 2020, cuando las actualizaciones se hicieron vía decreto, algo que venían reclamando las centrales sindicales.
Se trata de una fórmula casi idéntica a la que estuvo vigente de 2009 a 2017 y se diferencia de la que instrumentó el Gobierno de Macri porque no toma a la inflación como criterio para definir los aumentos a los jubilados. El criterio adoptado permitirá cuidar la caja cuando la inflación supere a la recaudación y a los sueldos, algo que muy probablemente suceda al menos hasta bien entrado el año próximo.
De ese modo, le dejarán a la oposición -que intenta reconstruirse en el territorio- los cuestionamientos servidos en bandeja.
Descontento en el ala progresista
El giro hacia la ortodoxia de la gestión del Gobierno nacional generó descontento en el ala más progresista del frente gobernante, organizaciones sociales y las centrales sindicales. No dejan de ser inconvenientes metodológicos a veces con bases ciertas y en otras, muchas, inventos o agrandamientos periodísticos.
El oficialismo prefirió no responder frontalmente aunque considera que los reproches son entre injustos e inexplicables. Para neutralizar los reclamos de estos sectores, el Gobierno ya anunció que prorrogará la doble indemnización y la prohibición de despidos y ahora sí se muestra dispuesto a avanzar en el impuesto a las grandes fortunas y la ley de interrupción voluntaria de embarazo.
Cristina le pidió a su hijo Máximo que desempolvara el impuesto a las grandes fortunas. Los seguidores de la Vice, entre ellos decenas de diputados y senadores nacionales, ya se preguntaban si el Aporte Solidario había sido sólo una bomba de humo para mantener a raya a los grandes empresarios.
Incluso, algunos vivían el freno del proyecto como una traición a sus ideales políticos. Por eso, la inclusión de la iniciativa en el temario de la sesión especial de la Cámara baja para el próximo martes llevó alivio al sector K del Frente de Todos.
El Aporte Solidario Extraordinario, alias "impuesto a las grandes fortunas", llegará por fin al recinto de Diputados. Un tiro para el lado de la justicia. El gravamen lo pagan menos de diez mil multimillonarios, es redistributivo, todo indica que será ley. La derecha autóctona lo resiste distorsionando datos por doquier.
Aunque algunos de los puntos de esa agenda podrán ser resistidos por los mercados, ninguno de ellos tiene costo fiscal. Para el Gobierno está claro que más allá de los dictados ideológicos, la prioridad de la hora es cuidar la caja.
Las recetas de ajuste han sido letales
El equipo económico piensa que es irrepetible el esquema de gasto público y emisión del 2020, lo que es razonable en términos generales. Más allá de ortodoxias o heterodoxias es imposible pensar en la emisión monetaria como recurso inacabable y sin contrapartidas.
Pero, las recetas de ajuste han sido letales durante décadas y nada indica que eso haya cambiado. Sin reactivación y crecimiento no hay salida futura de la crisis. Pero en el presente, disminuir la cobertura social crea el riesgo de desamparar a millones de argentinos porque el crecimiento de los últimos meses es módico y lento. Puede quedar mucha más gente afuera que en la nefasta situación legada por el macrismo.
Es forzoso mantener las ayudas sociales, sostener el consumo popular, poner plata en el bolsillo de los más necesitados. Que a esta altura son más de la mitad de los argentinos porque la reapertura no llegó a transformarse en recuperación. Desde luego, las perspectivas mejorarían si aminora la pandemia, si llega pronto la vacuna, si comienza a vislumbrarse alguna luz en el horizonte. Pero nada es seguro en tiempos de peste.
Entre Ríos interrumpió negociaciones por la deuda
La incertidumbre que genera la economía nacional, obligada a un ajuste de improbable sostenibilidad política, recaerá sobre un presupuesto local 2021. Cada número de Gustavo Bordet depende de la complejidad de la reestructuración de la deuda provincial, que todavía no da señales de encarrilarse.
"En agosto, la provincia de Entre Ríos dejó de pagar su deuda en dólares al incumplir la cancelación de un vencimiento de intereses por U$S 22 millones. Luego, un comité de inversores institucionales, cuyos integrantes afirman poseer en conjunto más del 45% de los títulos pendientes de pago emitidos por la provincia de Entre Ríos por un total de U$S 500 millones, se presentó a las negociaciones".
Así fue publicado por el sitio digital "Valor Local", cuyo responsable -el periodista Juan Bracco, especializado en economía- asegura en un artículo de su autoría que, tras rechazar la primera oferta del gobierno provincial, presentaron una propia y afirmaron que recibieron como respuesta la suspensión de las conversaciones.
La deuda de la provincia es siempre una amenaza. Se descuenta que habrá un acuerdo, pero si no se negocia bien los problemas económicos se multiplican.
El grupo de inversores informó a través de una comunicación oficial que al inicio de las negociaciones "la provincia formuló una propuesta para la reestructuración de los títulos, que el comité estimó inadecuada por no reflejar su verdadera capacidad de pago ni contar con un diseño que abordara sus necesidades a corto plazo", reprodujo.
Según información del mismo portal, "el comité ha expresado su disposición para trabajar con la provincia en el manejo de sus desafíos financieros actuales, entre los que se incluye el impacto de la Covid-19. Sin embargo, las obligaciones fiduciarias de los integrantes del comité frente a sus respectivos inversores exigen que cualquier medida de alivio se diseñe estrictamente para abordar las necesidades a corto plazo de la provincia".
En tal sentido, "el comité observa que la provincia de Entre Ríos es una de las provincias menos endeudadas de la Argentina".
Se descuenta que la Provincia tendrá que mejorar su oferta a los acreedores, pero no es seguro que Bordet logre -como pretende- despejar por completo de vencimientos el resto de su gestión. Todos y cada uno de esos frentes incrementan la presión política sobre el peronismo provincial y lo acercan cada día más a la dependencia del Gobierno nacional.
Presión impositiva
El problema es que para que eso no suceda, sólo hay dos caminos: un incremento sustancial de impuestos o más endeudamiento para gastos corrientes. Son opciones ruinosas para quienes gobiernan. Eso ya se constató muchas veces en la Casa Gris.
No obstante, ese cálculo contiene algunos mensajes políticos claros. El primero es el reconocimiento de que en medio de una crisis demoledora y a las puertas de un año electoral, la presión impositiva tiene límites, al menos en el caso de esa inmensa mayoría que paga por una casa y un auto.
La Nación y los gobernadores trabajan en un nuevo pacto fiscal del que se sabe poco, pero que habilitaría a los gobiernos provinciales a subir impuestos para cobrar de modo directo lo mucho que la Nación dejará de enviar por el ajuste que le propone el FMI. Los números del presupuesto provincial elaborado pueden no ser los definitivos en el caso de los tributos que paga el sector productivo.
El otro dato político que surge es el temor creciente a que la Anses deje de solventar el déficit de la Caja de Jubilaciones. Pese al recorte aplicado este año sobre los pasivos provinciales, el rojo que generan las jubilaciones de los empleados públicos de la provincia superará largamente los de 2020.
Los ingresos de los jubilados entrerrianos son superiores a los de los pasivos nacionales, y la Anses difícilmente acepte seguir financiando altas jubilaciones de las cajas previsionales provinciales. Ya se lo ve venir, pero ¿subirán Ingresos Brutos al sector financiero, para generar ingresos adicionales para la Caja?
Ley de Paridad Integral de Género en Entre Ríos
La provincia de Entre Ríos se convirtió en el primer distrito del país en establecer por ley el principio de paridad de género en los tres poderes políticos y organizaciones civiles. La norma fue fruto del impulso de la Red para la Igualdad que integraron funcionarias, legisladoras y académicas, así como referentes sociales, económicos, deportivos y sindicales.
Con la presencia del gobernador Bordet, y en el marco de una sesión especial, el Senado convirtió en ley por mayoría el proyecto de Paridad Integral en Entre Ríos. "Ganamos mucho para la democracia entrerriana", afirmó el mandatario.
"Las mujeres no sólo tienen el concepto de paridad en los cargos políticos sino también en la vida activa de la sociedad. Ganamos muchísimo para la democracia entrerriana", precisó el gobernador.
Bordet dijo que "tener una Ley de Paridad de Género, era un reclamo y una necesidad de poder ser implementada". Además, sostuvo que dicha ley tiene la particularidad de que es de Paridad Integral y que "son muy pocas y casi únicas en Argentina".
"Ha sido una jornada donde se ponen de manifiesto las visiones que compartimos, tanto mujeres como hombres sobre el devenir de la política en nuestra provincia", aseguró.
La sanción de la ley fue resultado de un largo proceso del que participaron todas las fuerzas políticas, organizaciones civiles y colectivos feministas, un ámbito que impulsó y coordinó la vicegobernadora Laura Stratta. A partir de esta norma se echa por tierra el régimen que entendía la paridad con la proporción 75 y 25.
Las PASO del 2021 podrían suspenderse
Suspender las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorios (PASO) significa cambiar las reglas electorales. Dichas reglas no son adornos en las elecciones: organizan la competencia política, la oferta electoral y la representación.
El presidente de la Cámara de Diputados provincial, Ángel Giano (Frente Creer), consideró que "no deberían realizarse" las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias provinciales y nacionales, previstas para agosto de 2021. Al respecto, aseguró que "las razones son de sentido común" ante el contexto de pandemia y sus consecuencias sanitarias, económicas y sociales.
"Estamos ante una situación histórica, inédita e inesperada por ello considero totalmente justificado que se suspendan las PASO y que el dinero destinado a las elecciones -12 mil millones de pesos- se utilice para ayudar a reactivar la economía y contribuir con la pronta recuperación de los sectores que se han visto afectados por esta crisis provocada por la pandemia", expresó en declaraciones al programa En el dos mil también (FM Litoral).
Por su parte, salió el senador por Federación, Rubén Dal Molín, de Cambiemos, a subirse a la discusión y disparar contra los que proponen no hacer las primarias en las legislativas por venir. "No se puede por antojo o conveniencia de algunos, plantear suspensiones de las elecciones, es una falta de respeto", acotó. Para Dal Molín "la suspensión o eliminación del calendario de elecciones de las PASO debe hacerse por una reforma electoral y no por conveniencia de uno u otro partido".
La supresión de las PASO requiere de un amplio debate y los cambios no pueden ser pensados con criterios partidarios, para obtener ventajas para unos y perjuicios para otros. Exige de consenso político, especialmente de las mayorías parlamentarias en el Congreso Nacional ya que se debe reformar la ley electoral: no puede hacerlo el presidente por un simple DNU: le está vedado constitucionalmente legislar en materia electoral (art. 99, inc. 3).
La Opinión Popular
Impuesto a grandes fortunas. “Por una vez, que el aporte lo hagan los más poderosos”, afirmó el diputado nacional Marcelo Casaretto, quien le puso la firma al dictamen que se tratará este martes.
El diputado macrista Atilio Benedetti será alcanzado, en caso que pase la prueba del Congreso, la ley que se dio en llamar “Aporte de Grandes Fortunas”. El proyecto exige un aporte por única vez a quienes poseen patrimonios por arriba de los 200 millones de pesos y alcanzaría a unas 10 mil personas.
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