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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 15-11-2020 / 09:11
AGENDA DEL GOBIERNO PARA EL FIN DE AÑO

Economía y políticas sociales: IFE, novedades en la AUH, aporte de las grandes fortunas

Economía y políticas sociales: IFE, novedades en la AUH, aporte de las grandes fortunas
Se acerca el final del año. Llegan las fiestas, el verano, las vacaciones o lo que se pueda hacer. Acaso luego empiece el regreso a las escuelas en varias provincias. Nada es seguro mientras persista la pandemia, incerteza que incluye cuándo podrá comenzar la vacunación. En la imagen: El ministro Martín Guzmán estuvo en el Senado mientras se votaba el proyecto de Presupuesto.
Se acerca el final del año. Llegan las fiestas, el verano, las vacaciones o lo que se pueda hacer. Acaso luego empiece el regreso a las escuelas en varias provincias. Nada es seguro mientras persista la pandemia, incerteza que incluye cuándo podrá comenzar la vacunación.
 
La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) recorre despachos con una agenda no del todo convencional, con pinceladas de cotilleo político. Los emisarios partirán para comer pavo en sus hogares, el día de Acción de Gracias.
 
El Congreso trabaja a todo vapor, dejemos de lado por delicadeza la comparación con la Corte Suprema de Justicia.
 
  * El presupuesto 2021 aterrizó en el Senado flojito de papeles. Le faltaban planillas anexas con detalle de las inversiones pactadas con las provincias. Tales aportes se negocian a último momento, contrarreloj. Canjes de aprobación por beneficios a los territorios, lícitos y propios del sistema federal.
 
* El aporte solidario extraordinario, alias "impuesto a las grandes fortunas", llegará por fin al recinto de Diputados el martes. Un tiro para el lado de la justicia. El gravamen lo pagan menos de diez mil multimillonarios, es redistributivo, todo indica que será ley. La derecha autóctona lo resiste distorsionando datos por doquier.
 
* La fórmula de actualización de las jubilaciones motiva otro debate. El macrismo acusa al Gobierno de ajustar a los jubilados, olvidando los propios desempeños desde 2008 hasta 2019. El oficialismo regresa al esquema originario de aquel entonces pero retocándolo a la baja, en varios aspectos. La discusión parlamentaria puede mejorar la propuesta. 
 

 
Se deja sin efecto el cuarto pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE 4). También cesaron los subsidios ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) inviables en mediano plazo. Los reemplaza, de modo incompleto, el programa REPRO 2.
 
El ministro de Economía Martín Guzmán reconoce las necesidades de los perceptores del IFE pero privilegia "mantener ciertos equilibrios para también proteger a la actividad, proteger a la gente, a todo el país". Asegura que se atenderá a los argentinos necesitados pensando en políticas focalizadas.
 
En el ínterin se amplía la masa de titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y se discurre sobre un plus para fin de año. También se aumenta temporariamente la mensualidad de la tarjeta Alimentar.
 
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De la anormalidad al futuro impreciso
 
El Presupuesto prevé crecimiento del PBI y reducción del déficit fiscal. El equipo económico piensa que es irrepetible el esquema de gasto público y emisión del 2020. El incremento de la demanda y la actividad privada, afirman sus funcionarios, suplirán en parte el aporte estatal.
 
El objetivo es razonable o hasta indiscutible en términos generales. Más allá de ortodoxias o heterodoxias es imposible pensar en la emisión monetaria como recurso inacabable y sin contrapartidas. No obstante, aunque se coincidiera con el rumbo, queda en discusión la velocidad elegida.
 
Sin reactivación y crecimiento no hay salida futura de la crisis, vale. Pero en el presente, opina este cronista, disminuir la cobertura social crea el riesgo de desamparar a millones de argentinos porque el crecimiento de los últimos meses es módico, lento y heterogéneo. Queda mucha más gente afuera que en la desoladora situación legada por el macrismo.
 
Como su nombre lo indica, el IFE es una herramienta de emergencia, rústica si se quiere. En el mediano plazo debe cesar... parece prematuro hacerlo tan pronto, justo a fin de año.
 
La masa de desocupados y pobres se amplió exponencialmente, recorriendo una amplia escala de clases. Las reaperturas no traen recuperación inmediata del nivel de ingresos.
 
El Gobierno observa que aminora la cantidad de pedidos de ayuda alimentaria. La referencia, muy básica, no implica que todos los ex titulares del IFE ya tienen cómo parar la olla. Una preciosa nota de Cristian Navarrete en el portal Panamá cuenta como dos personas crearon sus mini empresas valiéndose de los 10.000 pesos del IFE y de otra plata que tenían o inventaron. "Emprendedurismo pulenta" lo apoda y cuestiona que ahora se los deje colgados del pincel.
 
Sin el auxilio del IFE, agregamos, muchedumbres padecerán el final del año, el inicio de 2021.
 
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Universal is beautiful
 
A partir de un certero relevamiento estatal se amplió el número de pibas y pibes que reciben la AUH. Este derecho es conceptualmente superior al IFE. Un derecho y no un programa temporario. Universal lo que pone coto a la discrecionalidad o arbitrariedad del estado o de funcionarios.
 
El alto piso de protección social construido por los gobiernos kirchneristas consagró derechos universales o de un amplísimo nivel de cobertura. Las jubilaciones entre ellos. Se consiguen con trámites gratuitos, en base a requisitos objetivos de sencilla corroboración.
 
Los beneficios universales añaden otra virtud respecto de los focalizados. Tal vez pecan por "exceso de inclusión": acogen personas que no lo precisan, siempre en porcentajes bajos... La clásica gente bienuda de la Recoleta que se jubila para indignación de ciertas almas bellas. Puede pasar pero en materia social es peor el "defecto de exclusión"; dejar ciudadanos necesitados a la intemperie. He ahí un flanco débil de las políticas focalizadas.
 
Otra dificultad imaginable es la demora en implementar las prestaciones. El programa Potenciar Jóvenes --anunciado por el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo-- fomenta proyectos productivos de personas de 18 a 29 años. La iniciativa, que fija pagos para un año, es más refinada que la IFE, con objetivos deseables y precisos. El punto es cuánto tardarán en juntarse los beneficiarios con las becas.
 
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¿Habemus Estado?
 
Abrimos paraguas aunque quizás no llueva: esta nota no propugna la universalidad de todas las políticas sociales. En este plano también deben germinar cien flores, focalizadas entre tantas.
 
Eso asumido, señalemos otro escollo para instrumentar nuevas o mejorar las existentes. No es usual argumentarlo pero la inscripción en políticas universales en general es comparativamente sencilla. En cambio, la reglamentación, el empadronamiento, el control, el seguimiento de programas focalizados exigen elevado nivel de experticia y capacidades.
 
Justo en un momento de extrema debilidad estatal, por la herencia macrista, por carencias presupuestarias, por la cantidad de personal licenciado, por el funcionamiento en modo remoto y varios etcéteras más. Cualquier medida novedosa (urgente por definición) pondrá a prueba a un Estado desguarnecido.
 
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Recalculando
 
Repasemos aunque pueda ser repetitivo. La ampliación del número de titulares de la AUH es un logro, que perdurará. Un reconocimiento de derechos, hasta la mayoría de edad.
 
Un eventual bono de refuerzo en diciembre atenderá a la carencia, un bienvenido paliativo temporal.
 
La duplicación de la mensualidad de la tarjeta Alimentar ayudará a las familias a pasar mejor el mes de diciembre. Las madres son sabias administradoras, está comprobado. Corren con desventaja contra la inflación de los alimentos que sigue escalando. Un desafío que el oficialismo no ha conseguido responder debidamente.
 
El Gobierno analiza aumentar la mensualidad de la tarjeta a partir de enero, para sucesivas mensualidades. Así lo propone Arroyo. La decisión se estudia.
 
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Cambios para relanzar
 
Los cambios de funcionarios se niegan hasta que ocurren. Hasta noviembre se habían producidos relevos importantes en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la secretaría de Energía, la viceministra de Educación.
 
Le tocó a María Eugenia Bielsa ser la primer ministra a la que se pidió la renuncia. "Pensé que ibas a ser la estrella del Gabinete" le había espetado-advertido el presidente meses atrás. La ex titular de Desarrollo Territorial y Hábitat se estrelló, describen en Olivos y en la Casa Rosada, porque subejecutó los fondos de su cartera, demoró largos meses en completar su propio equipo.
 
No pudo o no supo establecer buenos vínculos con interlocutores imprescindibles: gobernadores, intendentes, sindicalistas vinculados a la construcción. Le faltaron dinamismo, destreza o cintura para dialogar, le reprochan. Y "territorialidad", un semi neologismo muy en boga en el elenco oficial.
 
La suplirá Jorge Ferraresi, un intendente revalidado en las urnas. El perfil del alcalde, comentan allegados a Alberto Fernández es similar al de Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas. La intendencia, agrega este escriba, es un primer mostrador del Estado, formatea para la acción. Katopodis era y es señalado como un funcionario dinámico, siempre dispuesto para atender, ejecutivo. Se lo solía contraponer a Bielsa.
 
Cerca de Bielsa y en la oposición se chimenta que la ex funcionaria se llevaba mal con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner mientras Ferraresi es uno de sus dirigentes predilectos.
 
Tal vez las dos versiones converjan o puedan coexistir. Se irá viendo. La construcción y la obra pública con claves en el diseño económico para 2021. Un dinamizador de libro, como preconizaba John Domingo Keynes.
 
En los mentideros, los cafés y los quinchos se cruzan apuestas sobre futuros cambios en el gabinete. Sin ánimo de entrar en la timba, este cronista supone que los habrá, antes del final del verano. La "territorialidad", el cambio de escenario y las hiper exigencias que genera la peste catalizan la necesidad y la urgencia.
 
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Protestas, retos y legitimidades
 
Por si éramos pocos, la Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un documento, crítico hacia las recientes medidas del Gobierno. Se combinan recriminaciones específicas con advertencias acerca de posibles derrapes de políticas sociales y laborales. El oficialismo prefirió no responder frontalmente aunque considera que los reproches son entre injustos e inexplicables.
 
El alerta sobre la doble indemnización y la prohibición de los despidos es ocioso, aseguran en Trabajo porque estaba decidida su prolongación. "Mientras sea necesario" subrayan y acotan: "jamás lo discontinuaríamos en diciembre". El Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) se publicará en el Boletín Oficial la semana próxima.
 
La advertencia sobre posibles cobros de las vacunas a las Obras Sociales suscitó mayores broncas. En Salud, en Trabajo y en Olivos subrayan que la gratuidad abarca a todos los ciudadanos. Es universal...
 
Los cuestionamientos a la fórmula de actualización jubilatoria se contestan apuntando que la CGT jamás se interesó en esa agenda ni preparó alguna propuesta.
 
El Gobierno, repasamos, tiene razón en esas réplicas. Es también cierto que muchos dirigentes cegetistas (no todos) carecen de legitimación y vivieron en letargo demasiado tiempo.
 
Todo esto asumido, las advertencias generales son válidas. El Gobierno puede caer en la tentación de suponer que cualquier crítica pierde vigor si es cuestionable quien la formula. Un sofisma comunicacional, una tentación simplista.
 
Empero, las advertencias sobre el recorte del presupuesto, la supresión del IFE, las concesiones a los especuladores de la City, son tan pertinentes como el aval al impuesto a las grandes fortunas o a la ampliación de la AUH.
 
Se consumó una caída anual record del PBI, que ya tenía dimensión bonsai. Se multiplicaron pobreza y desempleo. Mermó el valor adquisitivo del salario. La catástrofe es planetaria, la Argentina no hace excepción.
 
 La primera línea del gobierno, presidente incluido, imaginan un crecimiento con forma de V, acelerado desde el punto más bajo. Como canta el enorme Litto Nebbia: ojalá que eso pronto suceda.
 
Pero en el entre tanto es forzoso mantener las ayudas sociales, sostener el consumo popular, poner plata en el bolsillo de los más necesitados. Que a esta altura son más de la mitad de los argentinos porque la reapertura no llegó a transformarse en recuperación.
 
Desde luego, las perspectivas mejorarían si aminora la pandemia, si llega pronto la vacuna, si comienza a vislumbrarse alguna luz en el horizonte. Nada es seguro en tiempos de peste.
 
El Gobierno confía en llegar a un buen acuerdo con el FMI mientras el presidente de Estados Unidos Donald Trump comienza a despedirse de la Casa Blanca. Las concesiones que haga o rehúse la Argentina signarán el porvenir. Las recetas de ajuste han sido letales durante décadas, nada indica que eso haya cambiado.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

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