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Nacionales - 15-11-2020 / 09:11
AGENDA DEL GOBIERNO PARA EL FIN DE AÑO

Economía y políticas sociales: IFE, novedades en la AUH, aporte de las grandes fortunas

Economía y políticas sociales: IFE, novedades en la AUH, aporte de las grandes fortunas
Se acerca el final del año. Llegan las fiestas, el verano, las vacaciones o lo que se pueda hacer. Acaso luego empiece el regreso a las escuelas en varias provincias. Nada es seguro mientras persista la pandemia, incerteza que incluye cuándo podrá comenzar la vacunación. En la imagen: El ministro Martín Guzmán estuvo en el Senado mientras se votaba el proyecto de Presupuesto.
Se acerca el final del año. Llegan las fiestas, el verano, las vacaciones o lo que se pueda hacer. Acaso luego empiece el regreso a las escuelas en varias provincias. Nada es seguro mientras persista la pandemia, incerteza que incluye cuándo podrá comenzar la vacunación.
 
La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) recorre despachos con una agenda no del todo convencional, con pinceladas de cotilleo político. Los emisarios partirán para comer pavo en sus hogares, el día de Acción de Gracias.
 
El Congreso trabaja a todo vapor, dejemos de lado por delicadeza la comparación con la Corte Suprema de Justicia.
 
  * El presupuesto 2021 aterrizó en el Senado flojito de papeles. Le faltaban planillas anexas con detalle de las inversiones pactadas con las provincias. Tales aportes se negocian a último momento, contrarreloj. Canjes de aprobación por beneficios a los territorios, lícitos y propios del sistema federal.
 
* El aporte solidario extraordinario, alias "impuesto a las grandes fortunas", llegará por fin al recinto de Diputados el martes. Un tiro para el lado de la justicia. El gravamen lo pagan menos de diez mil multimillonarios, es redistributivo, todo indica que será ley. La derecha autóctona lo resiste distorsionando datos por doquier.
 
* La fórmula de actualización de las jubilaciones motiva otro debate. El macrismo acusa al Gobierno de ajustar a los jubilados, olvidando los propios desempeños desde 2008 hasta 2019. El oficialismo regresa al esquema originario de aquel entonces pero retocándolo a la baja, en varios aspectos. La discusión parlamentaria puede mejorar la propuesta. 
 

 
Se deja sin efecto el cuarto pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE 4). También cesaron los subsidios ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) inviables en mediano plazo. Los reemplaza, de modo incompleto, el programa REPRO 2.
 
El ministro de Economía Martín Guzmán reconoce las necesidades de los perceptores del IFE pero privilegia "mantener ciertos equilibrios para también proteger a la actividad, proteger a la gente, a todo el país". Asegura que se atenderá a los argentinos necesitados pensando en políticas focalizadas.
 
En el ínterin se amplía la masa de titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y se discurre sobre un plus para fin de año. También se aumenta temporariamente la mensualidad de la tarjeta Alimentar.
 
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De la anormalidad al futuro impreciso
 
El Presupuesto prevé crecimiento del PBI y reducción del déficit fiscal. El equipo económico piensa que es irrepetible el esquema de gasto público y emisión del 2020. El incremento de la demanda y la actividad privada, afirman sus funcionarios, suplirán en parte el aporte estatal.
 
El objetivo es razonable o hasta indiscutible en términos generales. Más allá de ortodoxias o heterodoxias es imposible pensar en la emisión monetaria como recurso inacabable y sin contrapartidas. No obstante, aunque se coincidiera con el rumbo, queda en discusión la velocidad elegida.
 
Sin reactivación y crecimiento no hay salida futura de la crisis, vale. Pero en el presente, opina este cronista, disminuir la cobertura social crea el riesgo de desamparar a millones de argentinos porque el crecimiento de los últimos meses es módico, lento y heterogéneo. Queda mucha más gente afuera que en la desoladora situación legada por el macrismo.
 
Como su nombre lo indica, el IFE es una herramienta de emergencia, rústica si se quiere. En el mediano plazo debe cesar... parece prematuro hacerlo tan pronto, justo a fin de año.
 
La masa de desocupados y pobres se amplió exponencialmente, recorriendo una amplia escala de clases. Las reaperturas no traen recuperación inmediata del nivel de ingresos.
 
El Gobierno observa que aminora la cantidad de pedidos de ayuda alimentaria. La referencia, muy básica, no implica que todos los ex titulares del IFE ya tienen cómo parar la olla. Una preciosa nota de Cristian Navarrete en el portal Panamá cuenta como dos personas crearon sus mini empresas valiéndose de los 10.000 pesos del IFE y de otra plata que tenían o inventaron. "Emprendedurismo pulenta" lo apoda y cuestiona que ahora se los deje colgados del pincel.
 
Sin el auxilio del IFE, agregamos, muchedumbres padecerán el final del año, el inicio de 2021.
 
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Universal is beautiful
 
A partir de un certero relevamiento estatal se amplió el número de pibas y pibes que reciben la AUH. Este derecho es conceptualmente superior al IFE. Un derecho y no un programa temporario. Universal lo que pone coto a la discrecionalidad o arbitrariedad del estado o de funcionarios.
 
El alto piso de protección social construido por los gobiernos kirchneristas consagró derechos universales o de un amplísimo nivel de cobertura. Las jubilaciones entre ellos. Se consiguen con trámites gratuitos, en base a requisitos objetivos de sencilla corroboración.
 
Los beneficios universales añaden otra virtud respecto de los focalizados. Tal vez pecan por "exceso de inclusión": acogen personas que no lo precisan, siempre en porcentajes bajos... La clásica gente bienuda de la Recoleta que se jubila para indignación de ciertas almas bellas. Puede pasar pero en materia social es peor el "defecto de exclusión"; dejar ciudadanos necesitados a la intemperie. He ahí un flanco débil de las políticas focalizadas.
 
Otra dificultad imaginable es la demora en implementar las prestaciones. El programa Potenciar Jóvenes --anunciado por el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo-- fomenta proyectos productivos de personas de 18 a 29 años. La iniciativa, que fija pagos para un año, es más refinada que la IFE, con objetivos deseables y precisos. El punto es cuánto tardarán en juntarse los beneficiarios con las becas.
 
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¿Habemus Estado?
 
Abrimos paraguas aunque quizás no llueva: esta nota no propugna la universalidad de todas las políticas sociales. En este plano también deben germinar cien flores, focalizadas entre tantas.
 
Eso asumido, señalemos otro escollo para instrumentar nuevas o mejorar las existentes. No es usual argumentarlo pero la inscripción en políticas universales en general es comparativamente sencilla. En cambio, la reglamentación, el empadronamiento, el control, el seguimiento de programas focalizados exigen elevado nivel de experticia y capacidades.
 
Justo en un momento de extrema debilidad estatal, por la herencia macrista, por carencias presupuestarias, por la cantidad de personal licenciado, por el funcionamiento en modo remoto y varios etcéteras más. Cualquier medida novedosa (urgente por definición) pondrá a prueba a un Estado desguarnecido.
 
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Recalculando
 
Repasemos aunque pueda ser repetitivo. La ampliación del número de titulares de la AUH es un logro, que perdurará. Un reconocimiento de derechos, hasta la mayoría de edad.
 
Un eventual bono de refuerzo en diciembre atenderá a la carencia, un bienvenido paliativo temporal.
 
La duplicación de la mensualidad de la tarjeta Alimentar ayudará a las familias a pasar mejor el mes de diciembre. Las madres son sabias administradoras, está comprobado. Corren con desventaja contra la inflación de los alimentos que sigue escalando. Un desafío que el oficialismo no ha conseguido responder debidamente.
 
El Gobierno analiza aumentar la mensualidad de la tarjeta a partir de enero, para sucesivas mensualidades. Así lo propone Arroyo. La decisión se estudia.
 
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Cambios para relanzar
 
Los cambios de funcionarios se niegan hasta que ocurren. Hasta noviembre se habían producidos relevos importantes en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la secretaría de Energía, la viceministra de Educación.
 
Le tocó a María Eugenia Bielsa ser la primer ministra a la que se pidió la renuncia. "Pensé que ibas a ser la estrella del Gabinete" le había espetado-advertido el presidente meses atrás. La ex titular de Desarrollo Territorial y Hábitat se estrelló, describen en Olivos y en la Casa Rosada, porque subejecutó los fondos de su cartera, demoró largos meses en completar su propio equipo.
 
No pudo o no supo establecer buenos vínculos con interlocutores imprescindibles: gobernadores, intendentes, sindicalistas vinculados a la construcción. Le faltaron dinamismo, destreza o cintura para dialogar, le reprochan. Y "territorialidad", un semi neologismo muy en boga en el elenco oficial.
 
La suplirá Jorge Ferraresi, un intendente revalidado en las urnas. El perfil del alcalde, comentan allegados a Alberto Fernández es similar al de Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas. La intendencia, agrega este escriba, es un primer mostrador del Estado, formatea para la acción. Katopodis era y es señalado como un funcionario dinámico, siempre dispuesto para atender, ejecutivo. Se lo solía contraponer a Bielsa.
 
Cerca de Bielsa y en la oposición se chimenta que la ex funcionaria se llevaba mal con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner mientras Ferraresi es uno de sus dirigentes predilectos.
 
Tal vez las dos versiones converjan o puedan coexistir. Se irá viendo. La construcción y la obra pública con claves en el diseño económico para 2021. Un dinamizador de libro, como preconizaba John Domingo Keynes.
 
En los mentideros, los cafés y los quinchos se cruzan apuestas sobre futuros cambios en el gabinete. Sin ánimo de entrar en la timba, este cronista supone que los habrá, antes del final del verano. La "territorialidad", el cambio de escenario y las hiper exigencias que genera la peste catalizan la necesidad y la urgencia.
 
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Protestas, retos y legitimidades
 
Por si éramos pocos, la Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un documento, crítico hacia las recientes medidas del Gobierno. Se combinan recriminaciones específicas con advertencias acerca de posibles derrapes de políticas sociales y laborales. El oficialismo prefirió no responder frontalmente aunque considera que los reproches son entre injustos e inexplicables.
 
El alerta sobre la doble indemnización y la prohibición de los despidos es ocioso, aseguran en Trabajo porque estaba decidida su prolongación. "Mientras sea necesario" subrayan y acotan: "jamás lo discontinuaríamos en diciembre". El Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) se publicará en el Boletín Oficial la semana próxima.
 
La advertencia sobre posibles cobros de las vacunas a las Obras Sociales suscitó mayores broncas. En Salud, en Trabajo y en Olivos subrayan que la gratuidad abarca a todos los ciudadanos. Es universal...
 
Los cuestionamientos a la fórmula de actualización jubilatoria se contestan apuntando que la CGT jamás se interesó en esa agenda ni preparó alguna propuesta.
 
El Gobierno, repasamos, tiene razón en esas réplicas. Es también cierto que muchos dirigentes cegetistas (no todos) carecen de legitimación y vivieron en letargo demasiado tiempo.
 
Todo esto asumido, las advertencias generales son válidas. El Gobierno puede caer en la tentación de suponer que cualquier crítica pierde vigor si es cuestionable quien la formula. Un sofisma comunicacional, una tentación simplista.
 
Empero, las advertencias sobre el recorte del presupuesto, la supresión del IFE, las concesiones a los especuladores de la City, son tan pertinentes como el aval al impuesto a las grandes fortunas o a la ampliación de la AUH.
 
Se consumó una caída anual record del PBI, que ya tenía dimensión bonsai. Se multiplicaron pobreza y desempleo. Mermó el valor adquisitivo del salario. La catástrofe es planetaria, la Argentina no hace excepción.
 
 La primera línea del gobierno, presidente incluido, imaginan un crecimiento con forma de V, acelerado desde el punto más bajo. Como canta el enorme Litto Nebbia: ojalá que eso pronto suceda.
 
Pero en el entre tanto es forzoso mantener las ayudas sociales, sostener el consumo popular, poner plata en el bolsillo de los más necesitados. Que a esta altura son más de la mitad de los argentinos porque la reapertura no llegó a transformarse en recuperación.
 
Desde luego, las perspectivas mejorarían si aminora la pandemia, si llega pronto la vacuna, si comienza a vislumbrarse alguna luz en el horizonte. Nada es seguro en tiempos de peste.
 
El Gobierno confía en llegar a un buen acuerdo con el FMI mientras el presidente de Estados Unidos Donald Trump comienza a despedirse de la Casa Blanca. Las concesiones que haga o rehúse la Argentina signarán el porvenir. Las recetas de ajuste han sido letales durante décadas, nada indica que eso haya cambiado.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
La Opinión Popular
 

23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
La Opinión Popular
 

22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

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