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“A muerte estoy con los jubilados. Lo que les hacen es una vergüenza. Yo defiendo a los jubilados ¿cómo no los voy a defender? Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados”. Diego Maradona

Nacionales - 13-11-2020 / 11:11

EL CASO ESTÁ VINCULADO CON LAS ACCIONES ILEGALES QUE REALIZABA LA AFI MACRISTA

Tiembla Macri: El juez Ramos Padilla se hace cargo de la causa por el espionaje a familiares del ARA San Juan

La causa por el espionaje ilegal a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan fue remitida por la justicia federal de Mar del Plata a la de Dolores para que se acumule al expediente que instruye el magistrado Alejo Ramos Padilla, en el que se investiga a una banda dedicada a la inteligencia ilícita y la extorsión, integrada, entre otros, por el falso abogado Marcelo D´Alessio.

La decisión fue adoptada por el titular del juzgado federal 3 de la ciudad balnearia, Santiago Inchausti, quien sostuvo que el caso está vinculado al supuesto espionaje ilegal desplegado desde las bases AMBA que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) colocó en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Cambiemos y que se investiga en Dolores. "La presente causa es un desprendimiento sin decisión judicial de aquella que tramita ante el Juzgado Federal de Dolores, pues integra su objeto procesal", sostuvo el juez Inchausti en el fallo.

"En efecto -continuó-, se han dispuesto medidas de prueba ordenadas por el titular de esa judicatura que, precisamente, conllevaron al secuestro de la misma documentación que dio origen a la denuncia que hizo la AFI en este juzgado, siendo que el Juzgado Federal de Dolores no extrajo testimonios, sino que inició una causa nueva para tramitar ante esa misma sede", sostuvo el magistrado.

La causa que hasta hoy tramitaba en Mar del Plata se inició por una denuncia formulada por la interventora de la AFI, Cristina Camaño, quien presentó elementos que permitían inferir que durante el gobierno de Mauricio Macri se había espiado a los familiares de las víctimas del ARA San Juan.

Los elementos que dieron origen a la denuncia fueron hallados en la base Mar del Plata de la AFI tras un requerimiento de información formulado por el juez Ramos Padilla en el marco del caso D´alessio, más precisamente en el capítulo investigativo dedicado a las denominadas bases "AMBA".

"Se hallaron documentos e informes confeccionados en los años 2018 y 2019, los que reflejan tareas de vigilancia y seguimiento sobre el colectivo de familiares de las víctimas del hundimiento del Ara San Juan y Buque Rigel", recordó el juez Inchuasti en la resolución con la dispuso la remisión del caso a Dolores.

"Uno de los puntos de la investigación está centrado en lo que se identifica como ´Proyecto AMBA´ que, según se expresa, consistió en la instalación de seis bases de inteligencia en el conurbano bonaerense, a cuya tarea se sumaron otras tres bases preexistentes ubicadas en las principales ciudades de la provincia, entre ellas la ciudad de Mar del Plata", remarcó el juez Inchausti.

Mientras tramitó en Mar del Plata, la causa en la que se investiga el espionaje a familiares del tripulantes del ARA San Juan estuvo delegada en el fiscal Daniel Adler quien recibió el testimonio de las víctimas y dispuso las primeras medidas de prueba.

La Opinión Popular

La causa por el espionaje a los familiares de los submarinistas del ARA San Juan pasaría en los próximos días a tramitar en el juzgado federal de Dolores a cargo de Alejo Ramos Padilla.

Su colega de Mar del Plata, Santiago Inchausti, sostuvo que la investigación deberá llevarse adelante en Dolores porque allí se indaga sobre el presunto espionaje desplegado durante el macrismo desde las distintas bases de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), entre las que se encontraba la delegación de Mar del Plata, desde donde se entiende que se ordenaron y ejecutaron los seguimientos a los familiares.

El 23 de septiembre pasado, la interventora en la AFI, Cristina Caamaño, denunció ante la Justicia Federal de Mar del Plata que habían encontrado documentos e informes que reflejaban las tareas de vigilancia y seguimiento que se habrían realizado desde la AFI contra el colectivo de familiares del ARA San Juan.

La documentación había sido hallada mientras se analizaban computadoras y discos rígidos a pedido de Ramos Padilla, que investiga una asociación ilícita paraestatal en la que participaban, según entiende el magistrado, desde el falso abogado Marcelo Sebastián D'Alessio, pasando por representantes del Ministerio Público como Carlos Stornelli o Juan Ignacio Bidone hasta un alto jefe de la AFI como Pablo Pinamonti, quien estaba a cargo del llamado "Proyecto AMBA", que manejaba las delegaciones de la AFI en provincia de Buenos Aires.

Durante la gestión de Gustavo Arribas, se creó la llamada Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires, que pasó a la fama como "Proyecto AMBA" y que estuvo en cabeza del abogado Pinamonti. El Proyecto sólo existió durante 2017 --por lo que es posible pensar que el principal interés estuvo marcado por un desembarco de la AFI en la provincia en un año electoral--.

La Agencia montó seis bases nuevas, que estuvieron distribuidas en Haedo, San Martín, Quilmes, Pilar, La Matanza y Ezeiza. Esas seis bases se sumaron a las tres bases que históricamente la SIDE y después la AFI tuvo en Buenos Aires: La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata. Ramos Padilla tiene avanzada la investigación sobre el "Proyecto AMBA".

De hecho, ya procesó a Pinamonti e indagó al resto de los jefes de las bases, por lo que incluso ya estaría en condiciones de resolver su situación procesal.

Inchausti entendió que la investigación sobre el ARA San Juan es una parte de la causa que tiene Ramos Padilla y, por eso, resolvió que siga en Dolores porque se tratan los mismos hechos, la misma prueba y están los mismos imputados.

El juez tomó esa decisión de oficio sin pedirle opinión al Ministerio Público. La fiscalía --a cargo de Daniel Adler-- tenía delegada la instrucción y había estado tomando testimonios a las víctimas, que ya habían denunciado sospechas de que eran espiadas.

Al menos, tres documentos encontrados en Mar del Plata demuestran que el principal interés de la AFI era adelantarle al entonces presidente Mauricio Macri cuáles eran los reclamos que los familiares podían hacerle antes de determinados encuentros. Por ejemplo, hay informes fechados justo antes de una reunión en Casa de Gobierno y de dos viajes a la zona de Mar del Plata.

Ahora será el turno de que los querellantes opinen si apoyan la decisión de Inchausti de enviarle la causa a Ramos Padilla, lo que probablemente será visto con buenos ojos, y ver qué cartas deciden jugar los imputados.

En la denuncia original de la interventora Caamaño estaban incluidos desde Macri hasta Arribas, Silvia Majdalani y el jefe de la delegación de Mar del Plata. Majdalani y el jefe de la AFI Mar del Plata están presentados en la causa y podrían pronunciarse en contra de la decisión de Inchausti.

Ramos Padilla deberá en los próximos días también analizar el expediente y ver si acepta la competencia. Tanto Arribas como Majdalani y el exjefe de la delegación Mar del Plata ya fueron indagados por Ramos Padilla por su rol en el "Proyecto AMBA".

Ninguno aceptó declarar ni dar precisiones sobre cómo funcionó la inteligencia en provincia de Buenos Aires durante el macrismo.

En paralelo, la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, que preside el diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau, creó una subcomisión dedicada a investigar el espionaje sobre los familiares de los submarinistas, que indaga en una línea vinculada a la inteligencia militar, que es independiente a la actividad ilegal que habría desarrollado la propia AFI.

Además, desde la Bicameral se estaba también investigando el rol que jugó la Dirección de Reunión, encargada de juntar información de lo que sucedía en el interior del país.

Fuente: Página12

15-11-2025 / 10:11

La falacia de los precios y la pobreza: la inflación sigue subiendo, pero el Indec no refleja la realidad

Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.

Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.

Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.

La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.

La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.

La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.

En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.

La Opinión Popular

15-11-2025 / 09:11

Miserable sumisión del gobierno del cipayo Javier Milei a Donald Trump

En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza.

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".

Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.

Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.

En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.

No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.

Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.

La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.

La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía.

14-11-2025 / 09:11

Yes, bwana: Acuerdo del Loco Milei con Trump para convertir Argentina en colonia yanqui

La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.

Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.

El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.

En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.

El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.

Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.

Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.

La Opinión Popular

13-11-2025 / 09:11

La reforma laboral esclavista, promovida por el Loco Milei, ni moderniza ni crea empleo

Se perdieron más de 220.000 puestos de trabajo durante el gobierno cipayo, vende patria y pro oligarca de Javier "el Loco" Milei. Es la caída de empleo registrado privado, público y trabajadoras de casas particulares en agosto en relación a noviembre de 2023. En el mismo período creció el monotributo (+121.740). La precarización laboral avanza. En ese marco, Milei puso nuevamente en agenda la reforma laboral con el falso argumento de crear empleo. En la historia del país ya se demostró que eso no ocurrió, solo avanzó la precarización laboral, con salarios por el piso, que aumentó las ganancias de los empresarios.

El impensable y contundente resultado electoral de hace unos domingos atrás agrandó al gobierno anarco capitalista, que pasó a la ofensiva. La punta de lanza de esta ofensiva es la promocionada reforma laboral. ¿Se trata de una modernización equitativa y democrática de las relaciones capital trabajo, o se trata de una regresión a formas de dominio absoluto del capital sobre el trabajo?

Aprovechando el envión dado por las urnas, Milei está decidido a cumplir con las imposiciones del FMI. Que el Congreso apruebe el presupuesto 2026 en las sesiones extraordinarias de diciembre y sancione las leyes que impongan las reformas laboral esclavista y la tributaria, también exigidas por el Círculo Rojo, en enero. La previsional quedaría para más adelante.

Así como desde el inicio de su gestión creó una suerte de sentido común acerca de las bondades del equilibrio fiscal, que ya nadie en la oposición sistémica discute. Así ha buscado imponer un ambiente favorable a las reformas, particularmente la que tiene que ver en contra de los derechos del trabajo.

Los argumentos son por demás conocidos. Modernizar la legislación y sus normativas que estarían obsoletas frente a los nuevos procesos de producción y comercialización, que no se adaptarían a las nuevas tecnologías en continuo cambio, que su rigidez impediría la creación de empleo y por lo tanto obstaculizaría la reducción de la informalidad. Cuando el desempleo en Argentina llegó al 7,9% en el primer trimestre de 2025, según el INDEC. Casi 1,8 millones de personas estuvieron sin trabajo en ese período.

No se trata de ninguna modernización, es una regresión a las condiciones laborales del pre peronismo, si se quiere de fines del siglo XIX y principios del XX, que maximizan las ganancias de las empresas sobre la base de rebajar aún más el ingreso de los trabajadores. La experiencia demuestra que este tipo de reformas solo traen más precarización y pérdida de derechos. (Recordar "Ley de Empleo", 1991 y "Ley de Empleo, productividad y equidad", 2000 (Ley Banelco). La creación de empleos formales, que baja la informalidad, no depende de este tipo de normativas sino del crecimiento de la inversión productiva y la expansión de la actividad económica.

¿Qué tipo de reforma es necesaria? Una que compense la asimetría entre capital y trabajo, que no incline la cancha más de lo que está. Que por ejemplo reduzca la jornada para crear empleo. Que reconozca la calidad de trabajadores y por lo tanto sus derechos a quiénes se desempeñan en los servicios de plataformas. Que otorgue derechos a quienes trabajan en la Economía Popular. Que reconozca las licencias por paternidad y regule las tareas de cuidados...

Las condiciones de vida de los trabajadores no mejorarán con la reforma laboral de Milei, hay que rechazar el proyecto y conquistar trabajo con derecho para todos. No hay nada que negociar. Por el contrario, hay que resistir y luchar contra esta reforma antiobrera y antisindical que beneficia a los ricos y perjudica a los pobres.

La Opinión Popular

12-11-2025 / 11:11

Marcos Galperín no paga 350 millones de dólares al Estado mientras jubilados y trabajadores solventan la crisis

Gobierno libertario solo para la casta de los más ricos. Los "héroes" del Presidente. Marcos Galperín, ferviente defensor de que el Estado no intervenga en la economía, recibe millonarias exenciones impositivas. En un contexto de ajuste fiscal y debates por la reforma tributaria, el Formulario 10-Q presentado por Mercado Libre ante la SEC de Estados Unidos expone una vez más los jugosos beneficios fiscales que el gobierno de Javier Milei le otorga al "unicornio" fundado por Galperín, el hombre más rico de la nación con un patrimonio de 8.300 millones de dólares, según Forbes.

La empresa, valorada en más de 106 mil millones de "verdes", reportó ingresos netos de 7.400 millones en el tercer trimestre, un 39 por ciento más que el año anterior, y ganancias de 421 millones de dólares. Sin embargo, detrás de estos números relucientes se esconde un "secreto a voces": exenciones impositivas que superan los 350 millones de dólares en los últimos cinco años.

Bajo el régimen de promoción de la Economía del Conocimiento, Mercado Libre accedió en los primeros nueve meses de 2025 a beneficios por 50 millones en Ganancias y 17 millones de dólares en aportes previsionales, un 52 por ciento más que en 2024. "Es un subsidio injusto a una multinacional que no lo necesita", critica el Observatorio del Trabajo Informático (OTI), vinculado a la Asociación Gremial de Computación.

A Galperín le perdonaron en 2021: US$ 59 millones, en 2022: US$ 81 millones, en 2023: US$ 109 millones, en 2024: US$ 57 millones, en 2025: US$ 67 millones. Total: US$ 373 millones de impuestos le perdonaron a Galperin en cinco años. Pero los sectores populares tienen que pagar el IVA de los fideos sin chistar.

Sectores gremiales y la industria financiera coinciden: con su tamaño colosal, Javier Milei abusa del esquema al encuadrar áreas menores bajo un solo CUIT, mientras evade contribuciones que podrían destinarse a pymes o servicios públicos en crisis. Galperín, exiliado fiscal en Uruguay, predica la libre competencia, pero no duda en alzar la voz contra rivales como Temu y Shein, las plataformas chinas que inundan el mercado con productos baratos.

En el Foro Abeceb, Juan Martín de la Serna, presidente de la filial argentina de Mercado Libre, exigió "reglas claras" para importaciones, advirtiendo que amenazan el 90 por ciento de ventas de pymes en la plataforma y el empleo local. "Abrir indiscriminadamente da trabajo a chinos, no a argentinos", sentenció.

Ironía pura: el defensor del no intervenciónismo estatal ahora pide regulaciones que protejan su imperio. El cruce en X con Miguel Ángel Pichetto lo desnuda todo. El diputado peronista instó a gravar a estas "economías de plataformas" para cuidar la industria nacional.

Galperín replicó con arrogancia: "No estoy preocupado, competimos exitosamente". Pichetto no se quedó atrás: "Mejor empezá a preocuparte, porque te van a pasar por arriba y ya impactan en empleos de distribución".

Mientras, el Gobierno de Milei discute bajar cargas patronales, pero calla sobre estos privilegios elitistas de los más ricos empresarios. Esta disparidad fiscal alimenta el descontento: ¿por qué el gobierno de Milei regala millones a un magnate mientras mientras los salarios deprimidos de jubilados y trabajadores pagan la crisis?

La Opinión Popular