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Nacionales - 13-11-2020 / 11:11
EL CASO ESTÁ VINCULADO CON LAS ACCIONES ILEGALES QUE REALIZABA LA AFI MACRISTA

Tiembla Macri: El juez Ramos Padilla se hace cargo de la causa por el espionaje a familiares del ARA San Juan

Tiembla Macri: El juez Ramos Padilla se hace cargo de la causa por el espionaje a familiares del ARA San Juan
La causa por el espionaje ilegal a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan fue remitida por la justicia federal de Mar del Plata a la de Dolores para que se acumule al expediente que instruye el magistrado Alejo Ramos Padilla, en el que se investiga a una banda dedicada a la inteligencia ilícita y la extorsión, integrada, entre otros, por el falso abogado Marcelo D´Alessio.
La causa por el espionaje ilegal a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan fue remitida por la justicia federal de Mar del Plata a la de Dolores para que se acumule al expediente que instruye el magistrado Alejo Ramos Padilla, en el que se investiga a una banda dedicada a la inteligencia ilícita y la extorsión, integrada, entre otros, por el falso abogado Marcelo D´Alessio.
 
La decisión fue adoptada por el titular del juzgado federal 3 de la ciudad balnearia, Santiago Inchausti, quien sostuvo que el caso está vinculado al supuesto espionaje ilegal desplegado desde las bases AMBA que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) colocó en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Cambiemos y que se investiga en Dolores. "La presente causa es un desprendimiento sin decisión judicial de aquella que tramita ante el Juzgado Federal de Dolores, pues integra su objeto procesal", sostuvo el juez Inchausti en el fallo.
 
"En efecto -continuó-, se han dispuesto medidas de prueba ordenadas por el titular de esa judicatura que, precisamente, conllevaron al secuestro de la misma documentación que dio origen a la denuncia que hizo la AFI en este juzgado, siendo que el Juzgado Federal de Dolores no extrajo testimonios, sino que inició una causa nueva para tramitar ante esa misma sede", sostuvo el magistrado.
 
La causa que hasta hoy tramitaba en Mar del Plata se inició por una denuncia formulada por la interventora de la AFI, Cristina Camaño, quien presentó elementos que permitían inferir que durante el gobierno de Mauricio Macri se había espiado a los familiares de las víctimas del ARA San Juan.
 

 
Los elementos que dieron origen a la denuncia fueron hallados en la base Mar del Plata de la AFI tras un requerimiento de información formulado por el juez Ramos Padilla en el marco del caso D´alessio, más precisamente en el capítulo investigativo dedicado a las denominadas bases "AMBA".
 
"Se hallaron documentos e informes confeccionados en los años 2018 y 2019, los que reflejan tareas de vigilancia y seguimiento sobre el colectivo de familiares de las víctimas del hundimiento del Ara San Juan y Buque Rigel", recordó el juez Inchuasti en la resolución con la dispuso la remisión del caso a Dolores.
 
"Uno de los puntos de la investigación está centrado en lo que se identifica como ´Proyecto AMBA´ que, según se expresa, consistió en la instalación de seis bases de inteligencia en el conurbano bonaerense, a cuya tarea se sumaron otras tres bases preexistentes ubicadas en las principales ciudades de la provincia, entre ellas la ciudad de Mar del Plata", remarcó el juez Inchausti.
 
Mientras tramitó en Mar del Plata, la causa en la que se investiga el espionaje a familiares del tripulantes del ARA San Juan estuvo delegada en el fiscal Daniel Adler quien recibió el testimonio de las víctimas y dispuso las primeras medidas de prueba.
 
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La causa por el espionaje a los familiares de los submarinistas del ARA San Juan pasaría en los próximos días a tramitar en el juzgado federal de Dolores a cargo de Alejo Ramos Padilla.
 
Su colega de Mar del Plata, Santiago Inchausti, sostuvo que la investigación deberá llevarse adelante en Dolores porque allí se indaga sobre el presunto espionaje desplegado durante el macrismo desde las distintas bases de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), entre las que se encontraba la delegación de Mar del Plata, desde donde se entiende que se ordenaron y ejecutaron los seguimientos a los familiares.
 
El 23 de septiembre pasado, la interventora en la AFI, Cristina Caamaño, denunció ante la Justicia Federal de Mar del Plata que habían encontrado documentos e informes que reflejaban las tareas de vigilancia y seguimiento que se habrían realizado desde la AFI contra el colectivo de familiares del ARA San Juan.
 
La documentación había sido hallada mientras se analizaban computadoras y discos rígidos a pedido de Ramos Padilla, que investiga una asociación ilícita paraestatal en la que participaban, según entiende el magistrado, desde el falso abogado Marcelo Sebastián D'Alessio, pasando por representantes del Ministerio Público como Carlos Stornelli o Juan Ignacio Bidone hasta un alto jefe de la AFI como Pablo Pinamonti, quien estaba a cargo del llamado "Proyecto AMBA", que manejaba las delegaciones de la AFI en provincia de Buenos Aires.
 
Durante la gestión de Gustavo Arribas, se creó la llamada Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires, que pasó a la fama como "Proyecto AMBA" y que estuvo en cabeza del abogado Pinamonti. El Proyecto sólo existió durante 2017 --por lo que es posible pensar que el principal interés estuvo marcado por un desembarco de la AFI en la provincia en un año electoral--.
 
La Agencia montó seis bases nuevas, que estuvieron distribuidas en Haedo, San Martín, Quilmes, Pilar, La Matanza y Ezeiza. Esas seis bases se sumaron a las tres bases que históricamente la SIDE y después la AFI tuvo en Buenos Aires: La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata. Ramos Padilla tiene avanzada la investigación sobre el "Proyecto AMBA".
 
De hecho, ya procesó a Pinamonti e indagó al resto de los jefes de las bases, por lo que incluso ya estaría en condiciones de resolver su situación procesal.
 
Inchausti entendió  que la investigación sobre el ARA San Juan es una parte de la causa que tiene Ramos Padilla y, por eso, resolvió que siga en Dolores porque se tratan los mismos hechos, la misma prueba y están los mismos imputados.
 
El juez tomó esa decisión de oficio sin pedirle opinión al Ministerio Público. La fiscalía --a cargo de Daniel Adler-- tenía delegada la instrucción y había estado tomando testimonios a las víctimas, que ya habían denunciado sospechas de que eran espiadas.
 
Al menos, tres documentos encontrados en Mar del Plata demuestran que el principal interés de la AFI era adelantarle al entonces presidente Mauricio Macri cuáles eran los reclamos que los familiares podían hacerle antes de determinados encuentros. Por ejemplo, hay informes fechados justo antes de una reunión en Casa de Gobierno y de dos viajes a la zona de Mar del Plata.
 
Ahora será el turno de que los querellantes opinen si apoyan la decisión de Inchausti de enviarle la causa a Ramos Padilla, lo que probablemente será visto con buenos ojos, y ver qué cartas deciden jugar los imputados.
 
En la denuncia original de la interventora Caamaño estaban incluidos desde Macri hasta Arribas, Silvia Majdalani y el jefe de la delegación de Mar del Plata. Majdalani y el jefe de la AFI Mar del Plata están presentados en la causa y podrían pronunciarse en contra de la decisión de Inchausti.
 
Ramos Padilla deberá en los próximos días también analizar el expediente y ver si acepta la competencia. Tanto Arribas como Majdalani y el exjefe de la delegación Mar del Plata ya fueron indagados por Ramos Padilla por su rol en el "Proyecto AMBA".
 
Ninguno aceptó declarar ni dar precisiones sobre cómo funcionó la inteligencia en provincia de Buenos Aires durante el macrismo.
 
En paralelo, la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, que preside el diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau, creó una subcomisión dedicada a investigar el espionaje sobre los familiares de los submarinistas, que indaga en una línea vinculada a la inteligencia militar, que es independiente a la actividad ilegal que habría desarrollado la propia AFI.
 
Además, desde la Bicameral se estaba también investigando el rol que jugó la Dirección de Reunión, encargada de juntar información de lo que sucedía en el interior del país.
 
Fuente: Página12
 

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18-06-2021 / 11:06
A diez días de las elecciones en Jujuy, el macrista autoritario Gerardo Morales se anotó el triunfo que más buscaba: una nueva condena contra Milagro Sala. El Tribunal Oral Federal de Jujuy retomó una causa trucha de 2009 por una protesta contra Morales, en la que Sala no había participado, la condenó por amenaza y agravó su pena a tres años y medio de prisión.
 
Milagro es una presa política del gobierno de Jujuy, está detenida desde enero de 2016, apenas días después de que Morales asumiera como gobernador. Ahora una de las juezas, que es familiar del gobernador Morales, la condenó por un "escrache" del que no participó. Otro ataque antidemocrático de la justicia controlada por el régimen político jujeño, con presos políticos, proscripción e intentos de fraude, a la orden del día. Desde el gobierno nacional y los organismos de derechos humanos repudiaron el fallo.
 
En menos de una semana Milagro Sala tuvo que comparecer ante el TOF de Jujuy sin haber tenido tiempo de ver a sus abogados, fue sacada esposada y a punta de Ithaca para conocer una nueva acusación en su contra e insólitamente recibió una agravación de la pena en una causa de 2009 que está prescripta. Es la continuación de la persecución política del régimen del radical macrista Morales y de la casta judicial jujeña, que comenzó en el gobierno de Mauricio Macri contra la dirigente de la agrupación Tupac Amaru.
 
Se la imputó por el delito de amenazas coactivas contra el entonces senador radical Morales, en octubre de 2009. Quien ahora gobierna la provincia, había asistido a dar una charla al Consejo de Ciencias Económicas de Jujuy y ahí fue recibido a los huevazos; pero Milagro ni siquiera participó del escrache. También fueron condenados los dirigentes María López y Ramón Salvatierra.
 
Entre los jueces que emitieron el fallo, se encuentra Marta Liliana Snopek, quien tiene relación estrecha con Morales, por ser la prima de su esposa. Con la impunidad feudal con la que se maneja el régimen de esta provincia, gobernada por el cabecilla autoritario de Juntos por el Cambio, todo queda en familia.
 
Escándalo similar ocurrió con la designación de un excandidato a vicegobernador de Morales, como juez encargado de controlar los comicios y que viene siendo cuestionado por distintas maniobras e irregularidades que ponen en duda la transparencia del proceso electoral próximo. Así gobierna el macrismo.
 
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18-06-2021 / 10:06
Mauricio Macri considera que el adelantamiento de la pelea con Horacio Rodríguez Larreta es un "parricidio" para correrlo del PRO y que eso pone en riesgo el futuro de Cambiemos. Mientras, a los radicales les brota un nuevo candidato a presidente por semana, lo que es perjudicial para la alianza y puede llevar a la oposición a la derrota en 2023. "Si perdemos me tengo que ir del país", asegura Macri, mientras él y sus ex colaboradores acumulan procesamientos.

Macri ya tiene 214 causas penales en la Justicia y ahora afronta una nueva, esta vez por presunta a "omisión maliciosa" de su patrimonio, un delito que en el Código Penal está asociado al de "enriquecimiento ilícito".  La Oficina Anticorrupción (OA), a instancias de un informe de la Inspección General de Justicia (IGJ), detectó movimientos accionarios, simulación de sociedades cuyo único dueño era el líder de la oposición de derecha y operaciones ruinosas para socios presuntamente inexistentes.

Todo eso, según la denuncia, ocurrió mientras al patrimonio de Macri estaba supuestamente a resguardo en un fideicomiso ciego, durante su gestión como jefe del Estado. La denuncia alude a "irregularidades en relación al Contrato de Fideicomiso Ciego de Administración, suscripto el 12 de abril de 2016, con la sociedad Seguridad Fiduciaria SA, por el ex presidente Macri".

Las maniobras descriptas en la denuncia podrían llegar, incluso, al lavado de activos, ya que le imputan al ex presidente "la transferencia de al menos $ 5.064.938 provenientes de un ilícito penal, con los que adquirió la titularidad de acciones preferidas de la firma Agro G S.A., con la doble finalidad de otorgarle apariencia de licitud al dinero espurio". Esa descripción se ajusta al delito de lavado y es coincidente con la que aplicó un tribunal oral federal para condenar a prisión al empresario Lázaro Báez.


17-06-2021 / 11:06
17-06-2021 / 10:06
El gobierno de Alberto Fernández ha recuperado la iniciativa con una serie de medidas que lo muestran con mayor determinación. Si bien la derecha política y mediática no ceja en su propósito de confrontar a fondo con cualquier tema de la agenda, aún los más insignificantes, en los últimos días algunas decisiones de la Rosada ayudaron a abandonar la postura defensiva que venía teniendo.
 
En un encuentro organizado por la UIA, la Rural, la Bolsa y los bancos, el ministro de Economía, Martín Guzmán, descartó bajas de impuestos porque "achicar el Estado nunca genera crecimiento" y recordó que "con nuestro gobierno la industria crece, con el anterior se achicó". En el día que se conoció la inflación de mayo, del 3,3% que se desaceleró pero aún es alta, les señaló su responsabilidad en la suba de precios. Si remarcan precios en función de expectativas que no son ciertas, la inflación se ubicará en un sendero muy alto que no le hace bien a la evolución de la economía en general.
 
La evolución favorable de la campaña de vacunación contra la pandemia, alentada por el significativo aumento de los aterrizajes que llegan con su carga valiosa, y la puesta en marcha de un laboratorio que ya empezó a fabricar la Sputnik V hayan obrado como estímulo para los funcionarios. Una seguidilla de decisiones del gobierno lo deja ver mejor plantado ante la oposición y sus patrones mediáticos.
 
Entre ellas se destacan la firme respuesta que el ministro de la Producción le dio a la nueva y belicosa cúpula de la Unión Industrial Argentina; la instalación en el debate público de la reforma del sistema de salud; la anulación del decreto de Mauricio Macri que privatizaba buena parte de la infraestructura energética -grandes centrales de generación incluidas- y el involucramiento más decidido de organismos públicos en las investigaciones que están revelando fuertes distorsiones y abundantes maniobras fraudulentas en el mercado de la carne.
 

16-06-2021 / 09:06
La vicepresidenta Cristina Fernández arremetió contra el Grupo Clarín y su concentración de medios al advertir sobre la desinformación que fomentan respecto a la pandemia de coronavirus, a las medidas de cuidado y a la campaña de vacunación. En ese punto, le hizo un "llamado a los medios de comunicación" para que contribuyan a garantizar información veraz a la población y que no se ponga "en duda la palabra de los médicos y de la ciencia".
 
En estos tiempos de pandemia, la estrategia de Clarín apuesta fuerte a la multiplicación de noticias escandalosas, de debates estériles y altisonantes, para disimular entre tanto griterío la información que puede beneficiar al gobierno de Alberto Fernández (aumento de las vacunas que llegan y la consecuente aceleración de la campaña de inmunización; fabricación de vacunas en el país; recuperación del Fondo de Garantía de la Anses; etc.), o perjudicar a su sector político mimado: el macrismo (causas por corrupción contra Mauricio Macri y sus ex funcionarios; investigaciones sobre el espionaje ilegal y la persecución a opositores; visitas furtivas de jueces y fiscales al ex presidente o a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, etc.).

El poder de fuego mediático acumulado ha convertido al Grupo Clarín en un arma temible del neoliberalismo. Ha sabido sumar a otras grandes empresas de las comunicaciones para multiplicar su voz de mando. También tiene activa militancia en la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que nuclea a los hombres de negocios más poderosos del país. Y no son muchas las figuras públicas de la política, la economía o la justicia que se atreven a desafiarlo. El ejército de "periodistas" -por llamarlos de alguna manera- que tiene a su disposición se ha especializado en campañas de hostigamiento y no duda en usar sistemáticamente noticias falsas para cumplir con su objetivo.


Inicialmente, Clarín fue un periódico, al que la última dictadura militar genocida le permitió apropiarse de la principal fábrica de papel de diarios del país; un caso único en el mundo. Más tarde terminó convirtiéndose en un gigante corporativo. Amplió  considerablemente sus actividades y diversificó sus intereses. De tal modo, el "negocio" de informar dejó de ser su principal desvelo y fue reemplazado por el de acumular poder económico, que es poder político.

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