20:23 | Martes 18 de Noviembre de 2013 | Entre Ríos

Por

“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 13-11-2020 / 11:11

EL CASO ESTÁ VINCULADO CON LAS ACCIONES ILEGALES QUE REALIZABA LA AFI MACRISTA

Tiembla Macri: El juez Ramos Padilla se hace cargo de la causa por el espionaje a familiares del ARA San Juan

La causa por el espionaje ilegal a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan fue remitida por la justicia federal de Mar del Plata a la de Dolores para que se acumule al expediente que instruye el magistrado Alejo Ramos Padilla, en el que se investiga a una banda dedicada a la inteligencia ilícita y la extorsión, integrada, entre otros, por el falso abogado Marcelo D´Alessio.

La decisión fue adoptada por el titular del juzgado federal 3 de la ciudad balnearia, Santiago Inchausti, quien sostuvo que el caso está vinculado al supuesto espionaje ilegal desplegado desde las bases AMBA que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) colocó en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Cambiemos y que se investiga en Dolores. "La presente causa es un desprendimiento sin decisión judicial de aquella que tramita ante el Juzgado Federal de Dolores, pues integra su objeto procesal", sostuvo el juez Inchausti en el fallo.

"En efecto -continuó-, se han dispuesto medidas de prueba ordenadas por el titular de esa judicatura que, precisamente, conllevaron al secuestro de la misma documentación que dio origen a la denuncia que hizo la AFI en este juzgado, siendo que el Juzgado Federal de Dolores no extrajo testimonios, sino que inició una causa nueva para tramitar ante esa misma sede", sostuvo el magistrado.

La causa que hasta hoy tramitaba en Mar del Plata se inició por una denuncia formulada por la interventora de la AFI, Cristina Camaño, quien presentó elementos que permitían inferir que durante el gobierno de Mauricio Macri se había espiado a los familiares de las víctimas del ARA San Juan.

Los elementos que dieron origen a la denuncia fueron hallados en la base Mar del Plata de la AFI tras un requerimiento de información formulado por el juez Ramos Padilla en el marco del caso D´alessio, más precisamente en el capítulo investigativo dedicado a las denominadas bases "AMBA".

"Se hallaron documentos e informes confeccionados en los años 2018 y 2019, los que reflejan tareas de vigilancia y seguimiento sobre el colectivo de familiares de las víctimas del hundimiento del Ara San Juan y Buque Rigel", recordó el juez Inchuasti en la resolución con la dispuso la remisión del caso a Dolores.

"Uno de los puntos de la investigación está centrado en lo que se identifica como ´Proyecto AMBA´ que, según se expresa, consistió en la instalación de seis bases de inteligencia en el conurbano bonaerense, a cuya tarea se sumaron otras tres bases preexistentes ubicadas en las principales ciudades de la provincia, entre ellas la ciudad de Mar del Plata", remarcó el juez Inchausti.

Mientras tramitó en Mar del Plata, la causa en la que se investiga el espionaje a familiares del tripulantes del ARA San Juan estuvo delegada en el fiscal Daniel Adler quien recibió el testimonio de las víctimas y dispuso las primeras medidas de prueba.

La Opinión Popular

La causa por el espionaje a los familiares de los submarinistas del ARA San Juan pasaría en los próximos días a tramitar en el juzgado federal de Dolores a cargo de Alejo Ramos Padilla.

Su colega de Mar del Plata, Santiago Inchausti, sostuvo que la investigación deberá llevarse adelante en Dolores porque allí se indaga sobre el presunto espionaje desplegado durante el macrismo desde las distintas bases de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), entre las que se encontraba la delegación de Mar del Plata, desde donde se entiende que se ordenaron y ejecutaron los seguimientos a los familiares.

El 23 de septiembre pasado, la interventora en la AFI, Cristina Caamaño, denunció ante la Justicia Federal de Mar del Plata que habían encontrado documentos e informes que reflejaban las tareas de vigilancia y seguimiento que se habrían realizado desde la AFI contra el colectivo de familiares del ARA San Juan.

La documentación había sido hallada mientras se analizaban computadoras y discos rígidos a pedido de Ramos Padilla, que investiga una asociación ilícita paraestatal en la que participaban, según entiende el magistrado, desde el falso abogado Marcelo Sebastián D'Alessio, pasando por representantes del Ministerio Público como Carlos Stornelli o Juan Ignacio Bidone hasta un alto jefe de la AFI como Pablo Pinamonti, quien estaba a cargo del llamado "Proyecto AMBA", que manejaba las delegaciones de la AFI en provincia de Buenos Aires.

Durante la gestión de Gustavo Arribas, se creó la llamada Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires, que pasó a la fama como "Proyecto AMBA" y que estuvo en cabeza del abogado Pinamonti. El Proyecto sólo existió durante 2017 --por lo que es posible pensar que el principal interés estuvo marcado por un desembarco de la AFI en la provincia en un año electoral--.

La Agencia montó seis bases nuevas, que estuvieron distribuidas en Haedo, San Martín, Quilmes, Pilar, La Matanza y Ezeiza. Esas seis bases se sumaron a las tres bases que históricamente la SIDE y después la AFI tuvo en Buenos Aires: La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata. Ramos Padilla tiene avanzada la investigación sobre el "Proyecto AMBA".

De hecho, ya procesó a Pinamonti e indagó al resto de los jefes de las bases, por lo que incluso ya estaría en condiciones de resolver su situación procesal.

Inchausti entendió que la investigación sobre el ARA San Juan es una parte de la causa que tiene Ramos Padilla y, por eso, resolvió que siga en Dolores porque se tratan los mismos hechos, la misma prueba y están los mismos imputados.

El juez tomó esa decisión de oficio sin pedirle opinión al Ministerio Público. La fiscalía --a cargo de Daniel Adler-- tenía delegada la instrucción y había estado tomando testimonios a las víctimas, que ya habían denunciado sospechas de que eran espiadas.

Al menos, tres documentos encontrados en Mar del Plata demuestran que el principal interés de la AFI era adelantarle al entonces presidente Mauricio Macri cuáles eran los reclamos que los familiares podían hacerle antes de determinados encuentros. Por ejemplo, hay informes fechados justo antes de una reunión en Casa de Gobierno y de dos viajes a la zona de Mar del Plata.

Ahora será el turno de que los querellantes opinen si apoyan la decisión de Inchausti de enviarle la causa a Ramos Padilla, lo que probablemente será visto con buenos ojos, y ver qué cartas deciden jugar los imputados.

En la denuncia original de la interventora Caamaño estaban incluidos desde Macri hasta Arribas, Silvia Majdalani y el jefe de la delegación de Mar del Plata. Majdalani y el jefe de la AFI Mar del Plata están presentados en la causa y podrían pronunciarse en contra de la decisión de Inchausti.

Ramos Padilla deberá en los próximos días también analizar el expediente y ver si acepta la competencia. Tanto Arribas como Majdalani y el exjefe de la delegación Mar del Plata ya fueron indagados por Ramos Padilla por su rol en el "Proyecto AMBA".

Ninguno aceptó declarar ni dar precisiones sobre cómo funcionó la inteligencia en provincia de Buenos Aires durante el macrismo.

En paralelo, la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, que preside el diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau, creó una subcomisión dedicada a investigar el espionaje sobre los familiares de los submarinistas, que indaga en una línea vinculada a la inteligencia militar, que es independiente a la actividad ilegal que habría desarrollado la propia AFI.

Además, desde la Bicameral se estaba también investigando el rol que jugó la Dirección de Reunión, encargada de juntar información de lo que sucedía en el interior del país.

Fuente: Página12

18-11-2025 / 10:11

Las pruebas de la participación de Milei en la estafa $LIBRA ya está en las manos de la justicia

De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.

Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.

La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.

Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.

Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.

En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.

La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.

Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.

En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

17-11-2025 / 10:11

El plan de la derecha cipaya para convertir Argentina en la colonia yanqui de Trump

16-11-2025 / 09:11

Coimeros: Macri, Milei, Spagnuolo y la trama detrás de los sobre precios increíbles y el 3% para la hermana Karina

El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.

Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.

Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.

En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".

La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.

Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.

A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.

El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.

15-11-2025 / 10:11

La falacia de los precios y la pobreza: la inflación sigue subiendo, pero el Indec no refleja la realidad

Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.

Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.

Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.

La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.

La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.

La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.

En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.

La Opinión Popular

15-11-2025 / 09:11

Miserable sumisión del gobierno del cipayo Javier Milei a Donald Trump

En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza.

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".

Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.

Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.

En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.

No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.

Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.

La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.

La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía.