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“A muerte estoy con los jubilados. Lo que les hacen es una vergüenza. Yo defiendo a los jubilados ¿cómo no los voy a defender? Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados”. Diego Maradona
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Nacionales - 13-11-2020 / 10:11
PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

El extenuante ejercicio de medir fuerzas con propios y extraños

El extenuante ejercicio de medir fuerzas con propios y extraños
Las reuniones que mantuvo esta semana la misión del FMI con funcionarios de Economía y del Central no sugieren que Kristalina Georgieva empuje la devaluación. "Los supuestos que están haciendo no incluyen eso", contó uno de los que vio a los enviados Julie Kozack y Luis Cubeddu.
Lo que no terminó de cerrarse es la disputa oficial con los empresarios que empujan una devaluación más brusca, como lo reconoce abiertamente Paolo Rocca en privado, por ejemplo. Esa parte del establishment, envalentonada un mes atrás por la corrida cambiaria y el blue a $195, se sintió en condiciones de imponer medidas como la rebaja de retenciones, el torniquete monetario y el descongelamiento de tarifas y precios de alimentos.
 
Pero pasado ese frenesí, también chocó con ciertos límites. Se dio cuenta también de que sus alternativas orgánicas todavía no están maduras. Algunos de sus popes ahora creen que Rodríguez Larreta se probó demasiado prematuramente la banda presidencial y hasta se animó a fantasear una fórmula presidencial con Vidal, un ejercicio para el que al menos habría que haber terminado de sepultar a Mauricio Macri.
 
Las reuniones que mantuvo esta semana la misión del FMI con funcionarios de Economía y del Central no sugieren que Kristalina Georgieva empuje esa devaluación. "Los supuestos que están haciendo no incluyen eso", contó uno de los que vio a los enviados Julie Kozack y Luis Cubeddu.
 
Pero con el gasto vinieron duros. "Sí tienen pensado que el déficit previsto para 2021 es muy alto. Dicen que 4,5% del PBI es imposible de financiar sin mercados", agregó la fuente. Quizás hoy convenzan a Massa de sacar el impuesto a las fortunas del cajón donde lo durmió.
 
Lo seguro es que el Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, en inglés) va a incluir condicionalidades más duras que las que habría exigido un Stand By como los que firmó Macri. Por eso, cuando el año pasado lo proponía Martín Redrado, Guzmán se oponía terminantemente. Los dos únicos EFF del Fondo con Argentina los firmaron Domingo Cavallo y Roque Fernández en 1992 y 1998 respectivamente.
 
Es el problema de la manta corta, pero también el de las identidades mutantes. Lo entendió una dirigente K cuando el Presidente la cruzó feo por cuestionar que recibieran los subsidios ATP los empleados de empresas como Techint o Clarín. "¿Y por qué a ustedes no les hacen ruido otras empresas que quizá lo necesitan menos?", le espetó. Hasta ese momento, quizá cándidamente, ella creía que no había "ustedes" y "ellos" sino "nosotros". Como Miguel Pesce con Guzmán, antes que el empoderado lo desautorizara por escrito y en un comunicado de prensa.
 

 
El lunes, después de la foto con la que Martín Guzmán procuró exhibir un frente interno unificado antes que aterrizara la misión del Fondo Monetario, Máximo Kirchner se quedó a conversar un rato a solas con el ministro de Economía. La otra camporista del salón, Fernanda Raverta, ya estaba chocando puños con Sergio Massa, antiguo ocupante de su silla en la ANSES. Cecilia Todesca y Santiago Cafiero también habían salido.
 
-La reforma impositiva está bien. Charlala con ellos todo lo que quieras. Pero reforma laboral o cualquier otro retoque a lo previsional, olvidate.
 
El tono de la advertencia fue cordial. El jefe de la bancada oficialista en Diputados no quiere confrontar en público ni en privado con el del Palacio de Hacienda, pero sí marcar el límite de lo que considera un ajuste tolerable.
 
No solo desde el punto de vista político -a las puertas del siempre temible diciembre y de un año electoral como 2021- sino también para no ahogar la reactivación económica que el Frente de Todos implora tras un desplome récord como el que impuso la pandemia.
 
Como hacía su padre con la recaudación casi a diario, el hijo mayor de los Kirchner monitorea obsesivamente indicadores de la economía real que en algunos casos también recolecta de modo artesanal. A un puñado de intendentes, por ejemplo, les pide que le informen los permisos de construcción y la diferencia entre los cierres y habilitaciones de comercios en sus distritos.
 
A dos banqueros con los que tejió cierta confianza les consulta si crecen o caen los saldos en las cuentas sueldo de sus clientes. En base a esos informes y a lo que conversa con tres economistas, Máximo cree que 2021 puede ser un año de recuperación "casi vertical".
 
Lo que le advirtió el mes pasado uno de esos consultores, ahora gobernador, es que un recorte demasiado severo del gasto puede trasmutar la crisis en un estancamiento prologando. Y que si bien la oferta puede recuperarse rápido, como ya ocurrió en la industria manufacturera, el estrangulamiento va a ser de demanda. De ahí su disgusto con la suspensión del cuarto pago del IFE.
 
Dos semanas atrás, inmediatamente después del acto que compartió con intendentes del Conurbano para evocar a Néstor a 10 años de su muerte, esos mismos intendentes salieron a coro a pedir que el desembolso se haga. Terminó por imponerse la férula fiscalista de Kristalina Georgieva.
 
Una divergencia complementaria es la relativa al impuesto sobre las grandes fortunas que pisó Sergio Massa en la misma Cámara baja y que anoche terminó de pactarse que se tratará en una sesión especial el martes.
 
En reuniones privadas la semana pasada, el líder renovador lo dio por caído definitivamente y hasta propuso como alternativa algo muy similar al contraproyecto que en su momento esbozó el macrismo: un bono para que suscriban voluntariamente los contribuyentes con patrimonios altos.
 
Uno de los diez mil potenciales contribuyentes que le propuso esa opción a Máximo la semana pasada se llevó una respuesta ambigua. "Si querés que sea un préstamo en vez de un impuesto, sabé que va a ser más caro. Va a tener que traer más guita y por más tiempo", le dijo.
 
Habrá que seguir el debate. Cerca de él aseguran a la vez que empujará un bono de fin de año o "IFE focalizada" para compensar el tijeretazo de Guzmán. También habrá que verlo.
 
 
Consolidemos
  
Son movimientos de palacio que pueden prefigurar otros en la calle, como el que preparan, para el martes próximo, algunos gremios para celebrar el Día de la Militancia. Quizá sea incluso un acto más populoso que el de la CGT el 17 de octubre. ¿Será a favor o en contra del Gobierno? ¿A favor o en contra del Fondo Monetario? Quizá sea hora de hilar más fino. ¿Será a favor de unos y en contra de otros dentro del Frente de Todos?
 
El documento que publicó la CGT el martes por la noche contra las "restricciones presupuestarias" no solo mantiene el tono cauteloso de toda la era Macri-Daer sino que apela a otro eufemismo para evitar condenar el ajuste dictado por el Fondo, al que en Economía denominan "consolidación fiscal".
 
Su redacción respondió más a lo exhaustas que quedaron las arcas de las obras sociales por la pandemia que a la desilusión de los dirigentes por el súbito arranque fiscalista oficial.
 
Muy distinto al comunicado de La Bancaria por el aniversario de las elecciones del 30 de octubre de 1983, donde Sergio Palazzo escribió: "No estamos de acuerdo con que ese necesario aporte a la riqueza no se sancione ahora. Tampoco con seguir con el actual y regresivo esquema tributario que castiga los ingresos".
 
El que inequívocamente apunta a fortalecer a Fernández frente al ala kirchnerista del Frente de Todos es el pronunciamiento que ayer publicó un puñado de empresarios y dirigentes sindicales "guzmanistas", que se formó a instancias de Martín Cabrales, Pablo Peralta (BST) y José Urtubey (Celulosa) a fines de abril, en respaldo de la oferta oficial a los bonistas.
 
Luis Barrionuevo, enemigo irreconciliable de Cristina, citó a los empresarios para un almuerzo en su sindicato el martes. Decidió sumar su firma y la de media docena de dirigentes bajo su ala (como Carlos Acuña, de estacioneros, o Daniel Vilas, de Carga y Descarga) pero también la de pesos más pesado como Gerardo Martínez (UOCRA), Omar Maturano (La Fraternidad) y José Luis Lingieri (Obras Sanitarias) a un texto que pide que el acuerdo con el FMI "tenga como norte la sustentabilidad de la economía argentina".
 
La sostenibilidad, ese concepto tan lábil cuando lo económico se cruza con lo político, es también lo que empujó a Raverta a las contorsiones discursivas que hizo al defender el cambio de la fórmula jubilatoria. ¿De verdad alguien puede creer que una formula puede servir a la vez para blindar el poder adquisitivo de los haberes y reducir el déficit previsional?
 
¿No sería más honesto admitir que en principio es un ajuste y que después los haberes pueden recuperarse? ¿Tanto subestiman desde la ANSES el raciocinio de los gremios? ¿Tenía razón acaso la profecía envenenada de Guillermo Calvo, el ortodoxo que antes de las PASO dijo que lo mejor era que ganara el peronismo "para que se haga el ajuste con apoyo popular"?
 
La otra cuestión es el piso desde el cual parte ese ajuste. Matías Kulfas citó varias veces en reuniones el ejemplo del jubilado griego Georgios Georgiardis, un mecánico de aviones que cuenta en el documental "Fondo" (2019) cómo su jubilación cayó de 2500 a 1200 euros durante el lustro de Acuerdos de Facilidades Extendidas de su país con el FMI. Acá un jubilado de la mínima cobra 193 euros. Al tipo de cambio oficial.
 
 
Por Alejandro Bercovich
 
Fuente: BAE Negocios
 

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15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
La Opinión Popular

13-11-2025 / 09:11
Se perdieron más de 220.000 puestos de trabajo durante el gobierno cipayo, vende patria y pro oligarca de Javier "el Loco" Milei. Es la caída de empleo registrado privado, público y trabajadoras de casas particulares en agosto en relación a noviembre de 2023. En el mismo período creció el monotributo (+121.740). La precarización laboral avanza. En ese marco, Milei puso nuevamente en agenda la reforma laboral con el falso argumento de crear empleo. En la historia del país ya se demostró que eso no ocurrió, solo avanzó la precarización laboral, con salarios por el piso, que aumentó las ganancias de los empresarios.
 
El impensable y contundente resultado electoral de hace unos domingos atrás agrandó al gobierno anarco capitalista, que pasó a la ofensiva. La punta de lanza de esta ofensiva es la promocionada reforma laboral. ¿Se trata de una modernización equitativa y democrática de las relaciones capital trabajo, o se trata de una regresión a formas de dominio absoluto del capital sobre el trabajo?
 
Aprovechando el envión dado por las urnas, Milei está decidido a cumplir con las imposiciones del FMI. Que el Congreso apruebe el presupuesto 2026 en las sesiones extraordinarias de diciembre y sancione las leyes que impongan las reformas laboral esclavista y la tributaria, también exigidas por el Círculo Rojo, en enero. La previsional quedaría para más adelante.
 
Así como desde el inicio de su gestión creó una suerte de sentido común acerca de las bondades del equilibrio fiscal, que ya nadie en la oposición sistémica discute. Así ha buscado imponer un ambiente favorable a las reformas, particularmente la que tiene que ver en contra de los derechos del trabajo.
 
Los argumentos son por demás conocidos. Modernizar la legislación y sus normativas que estarían obsoletas frente a los nuevos procesos de producción y comercialización, que no se adaptarían a las nuevas tecnologías en continuo cambio, que su rigidez impediría la creación de empleo y por lo tanto obstaculizaría la reducción de la informalidad. Cuando el desempleo en Argentina llegó al 7,9% en el primer trimestre de 2025, según el INDEC. Casi 1,8 millones de personas estuvieron sin trabajo en ese período.
 
No se trata de ninguna modernización, es una regresión a las condiciones laborales del pre peronismo, si se quiere de fines del siglo XIX y principios del XX, que maximizan las ganancias de las empresas sobre la base de rebajar aún más el ingreso de los trabajadores. La experiencia demuestra que este tipo de reformas solo traen más precarización y pérdida de derechos. (Recordar "Ley de Empleo", 1991 y "Ley de Empleo, productividad y equidad", 2000 (Ley Banelco). La creación de empleos formales, que baja la informalidad, no depende de este tipo de normativas sino del crecimiento de la inversión productiva y la expansión de la actividad económica.
 
¿Qué tipo de reforma es necesaria? Una que compense la asimetría entre capital y trabajo, que no incline la cancha más de lo que está. Que por ejemplo reduzca la jornada para crear empleo. Que reconozca la calidad de trabajadores y por lo tanto sus derechos a quiénes se desempeñan en los servicios de plataformas. Que otorgue derechos a quienes trabajan en la Economía Popular. Que reconozca las licencias por paternidad y regule las tareas de cuidados...
 
Las condiciones de vida de los trabajadores no mejorarán con la reforma laboral de Milei, hay que rechazar el proyecto y conquistar trabajo con derecho para todos. No hay nada que negociar. Por el contrario, hay que resistir y luchar contra esta reforma antiobrera y antisindical que beneficia a los ricos y perjudica a los pobres. 
 
La Opinión Popular
 

12-11-2025 / 11:11
Gobierno libertario solo para la casta de los más ricos. Los "héroes" del Presidente. Marcos Galperín, ferviente defensor de que el Estado no intervenga en la economía, recibe millonarias exenciones impositivas. En un contexto de ajuste fiscal y debates por la reforma tributaria, el Formulario 10-Q presentado por Mercado Libre ante la SEC de Estados Unidos expone una vez más los jugosos beneficios fiscales que el gobierno de Javier Milei le otorga al "unicornio" fundado por Galperín, el hombre más rico de la nación con un patrimonio de 8.300 millones de dólares, según Forbes.
 
La empresa, valorada en más de 106 mil millones de "verdes", reportó ingresos netos de 7.400 millones en el tercer trimestre, un 39 por ciento más que el año anterior, y ganancias de 421 millones de dólares. Sin embargo, detrás de estos números relucientes se esconde un "secreto a voces": exenciones impositivas que superan los 350 millones de dólares en los últimos cinco años.
 
Bajo el régimen de promoción de la Economía del Conocimiento, Mercado Libre accedió en los primeros nueve meses de 2025 a beneficios por 50 millones en Ganancias y 17 millones de dólares en aportes previsionales, un 52 por ciento más que en 2024. "Es un subsidio injusto a una multinacional que no lo necesita", critica el Observatorio del Trabajo Informático (OTI), vinculado a la Asociación Gremial de Computación.
 
A Galperín le perdonaron en 2021: US$ 59 millones, en 2022: US$ 81 millones, en 2023: US$ 109 millones, en 2024: US$ 57 millones, en 2025: US$ 67 millones. Total: US$ 373 millones de impuestos le perdonaron a Galperin en cinco años. Pero los sectores populares tienen que pagar el IVA de los fideos sin chistar.
 
Sectores gremiales y la industria financiera coinciden: con su tamaño colosal, Javier Milei abusa del esquema al encuadrar áreas menores bajo un solo CUIT, mientras evade contribuciones que podrían destinarse a pymes o servicios públicos en crisis. Galperín, exiliado fiscal en Uruguay, predica la libre competencia, pero no duda en alzar la voz contra rivales como Temu y Shein, las plataformas chinas que inundan el mercado con productos baratos.
 
En el Foro Abeceb, Juan Martín de la Serna, presidente de la filial argentina de Mercado Libre, exigió "reglas claras" para importaciones, advirtiendo que amenazan el 90 por ciento de ventas de pymes en la plataforma y el empleo local. "Abrir indiscriminadamente da trabajo a chinos, no a argentinos", sentenció.
 
Ironía pura: el defensor del no intervenciónismo estatal ahora pide regulaciones que protejan su imperio. El cruce en X con Miguel Ángel Pichetto lo desnuda todo. El diputado peronista instó a gravar a estas "economías de plataformas" para cuidar la industria nacional.

Galperín replicó con arrogancia: "No estoy preocupado, competimos exitosamente". Pichetto no se quedó atrás: "Mejor empezá a preocuparte, porque te van a pasar por arriba y ya impactan en empleos de distribución".

Mientras, el Gobierno de Milei discute bajar cargas patronales, pero calla sobre estos privilegios elitistas de los más ricos empresarios. Esta disparidad fiscal alimenta el descontento: ¿por qué el gobierno de Milei regala millones a un magnate mientras mientras los salarios deprimidos de jubilados y trabajadores pagan la crisis?

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