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Nacionales - 12-11-2020 / 10:11
MILITARES Y POLICÍAS RETIRADOS SE PRESENTA COMO UNA CONDUCCIÓN ALTERNATIVA A LOS JEFES DE LAS FFAA

"Mesa de enlace" uniformada: Nacida para conspirar

El Ministro de Defensa, Agustín Rossi, hizo una fuerte réplica a los militares y policías retirados que quieren formar "una mesa de enlace". El funcionario hizo una dura crítica y reveló que los participantes son los mismos "conspiradores" que se juntaron contra Néstor Kirchner en el año 2004.
El Ministro de Defensa, Agustín Rossi, hizo una fuerte réplica a los militares y policías retirados que quieren formar "una mesa de enlace". El funcionario hizo una dura crítica y reveló que los participantes son los mismos "conspiradores" que se juntaron contra Néstor Kirchner en el año 2004.
 
En una serie de tuits, Agustín Rossi salió al cruce y dijo que "la Mesa de Enlace de las Fuerzas Armadas, como su nombre lo indica, nació para conspirar". En ese sentido, añadió que "se presenta casi como una conducción alternativa a los jefes de las FFAA, asumiendo potestades, funciones y objetivos que son propios de la conducción militar en actividad". 
 
En un fuerte y largo texto, Rossi indicó que esta Mesa de Enlace que se quiere presentar como "novedosa" intenta descalificar a los Jefes actuales de las Fuerzas que tienen esta responsabilidad primaria. En ese sentido, agregó: "Conspiran contra los jefes de la FFAA, a los que ni siquiera nombran ni reconocen, conspiran contra la actual política de defensa". En ese mismo mensaje, nombró uno por uno a quienes son esos conspiradores.
 
Rossi agregó: "El General Bossi, es un conspirador nato. Ya lo hizo en el 2004 contra Néstor Kirchner. Lo vuelve hacer hoy. Tuvo cargos de conducción en el Ejército durante el menemismo, periodo de mayor degradación del salario militar y florecimiento de los suplementos no remunerativos que el gobierno de Alberto Fernández  "blanqueo" ante la solicitud de los actuales jefes de las FFAA".
 
Por otro lado, también dijo que lamenta  ver "al Gral Cundom en esa foto en representación de la Fundación Criteria, pantalla de empresa de seguridad del carapintada Tito".
 

 
También añadió: "Reimundes es el actual titular de Sociedad Militar Seguros de Vida, sucedió a Bossi en ese lugar. Mutual poderosa, financista principal de esta operación política, origen de gran parte de las acciones desestabilizantes vía, ws, redes, etc. sobre la actual política de defensa".
 
"Fue procesado por espionaje ilegal. Su camarada Bossi tiene similares inclinaciones: integró el staff de la SIDE con de Santibañes en el gobierno de De la Rua. Ambos fueron fuertes impulsores de involucrar a las FFAA en cuestiones de seguridad interior".
 
Asimismo, en el mismo hilo de redes sociales, Rossi agregó que "es notable la presencia de mutuales militares en la Mesa de Enlace, que lucran con el salario militar, obvio encabezados por SMSV, motivo por el cual les auguro a sus integrantes un futuro más cercano al oro y la plata que al bronce".
 
Para finalizar, reveló: "Todos los militares retirados integrantes de esta Mesa han sido beneficiados por el blanqueo dispuesto por nuestro gobierno. Los retiros van desde $ 200.000 a $ 230.000, habiendo tenido un promedio de aumento de $ 50.000 el último mes. Pero de esto no se habla".
 
La Opinión Popular
 
 


QUIÉNES SON LOS CONSPIRADORES
 
Antecedentes y prontuario de la "Mesa de Enlace" uniformada
 
Por primera vez desde 1983, referentes de las Fuerzas Armadas, policiales y de seguridad se organizan en una mesa conjunta por fuera de la conducción oficial. Rossi denunció que buscan "conspirar". Quiénes son los integrantes que conforman la "Mesa de Enlace" de uniformados.
 
En las primeras horas del martes se anunció la creación de una "Mesa de Enlace" de las Fuerzas Armadas, policiales y de seguridad, que tendría el supuesto objetivo de salir a involucrarse desde afuera en la política del sector. Por la noche, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, sostuvo en una serie de tweets, compartidos por el presidente Alberto Fernández, que el grupo "nació para conspirar", al asumirse como una conducción alternativa a los jefes de las fuerzas militares.
 
Es la primera vez desde la recuperación de la democracia en 1983, que referentes de las Fuerzas Armadas, policiales y de seguridad se organizan en una mesa conjunta, por fuera de las estructuras oficiales de la conducción política e institucional. La agrupación se autodenomina "Mesa de Encuentro Libertador General San Martín", y reúne a personal retirado, autoridades de sociedades y mutuales de uniformados, y este martes estrenaron su aparición pública con una foto conjunta y notas de presentación en los diarios La Nación y Clarín.
 
Rossi dijo en una entrevista radio que "es extraño, por ser indulgente, lo que se está conformando", y denunció que "está claro que es una fenomenal operación política, desde cómo aparecieron los principales medios de comunicación y con la propia autodenominación 'mesa de enlace'".
 
Quiénes son los integrantes de la "Mesa de Enlace" uniformada
 
La lista de nombres está repleta de antecedentes y prontuarios.
 
•      Ernesto Bossi, general de división, retirado. Fue segundo de Fernando de Santibañes en la jefatura de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) durante el gobierno de Fernando De la Rúa. Antes había sido secretario General del Ejército durante el menemismo. En 2010, fue presidente de la Asociación Militar de Seguros de Vida (SMSV). Estuvo a cargo de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), aunque nunca se lo designó oficialmente era quien organizaba reuniones semanales, y fue responsable de Inteligencia Exterior de la SIDE.
 
Un militar que siempre se mostró a favor de la intervención del Ejército en temas de seguridad interior, como la lucha contra el narcotráfico. Escribió, por ejemplo, el documento "La lucha contra las narcoacciones", en el que delinea el propósito de reinterpretar las leyes de modo más permisivo para la actuación militar. "Un general clandestino que a veinte metros de la Casa Rosada organiza el ilegal retorno militar a la represión interior", publicó Horacio Verbitsky en abril del año 2000 en el diario Página/12.
 
Sobre Bossi, el ministro Rossi dijo que "es un conspirador nato, porque ya conspiró contra Néstor Kirchner en 2004 y fue denunciado en ese momento. Lo vuelve a hacer hoy".
 
•      Claudio Pasqualini, Teniente General, retirado. Jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino durante el gobierno de Mauricio Macri, asumió en febrero de 2018. Antes fue comandante de la Segunda División del Ejército en Córdoba, ex director de la Escuela Superior de Guerra. Observatorio de seguridad y defensa. Hoy al frente del Observatorio de Seguridad y Defensa, iniciativa de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (UCEMA). Pasqualini también considera que "tanto la Seguridad como la Defensa requieren un tratamiento integral", según publicó el 7 de noviembre en Infobae.
 
•      Daniel Manuel Reimundes, general de brigada, retirado. Abogado, presidente de la Sociedad Militar Seguros de Vida, una mutual que nuclea a efectivos de de las tres Fuerzas Armadas y de las fuerzas federales. Para Rossi, la mutual es la "financista principal de esta operación política, origen de gran parte de las acciones desestabilizantes sobre la actual política de Defensa".
 
Reimundes fue secretario General del Ejército durante el gobierno de De la Rúa. También fue jefe del Departamento de Política y Estrategia Institucional con Martín Balza, además de agregado militar en Washington, Estados Unidos. Fue retirado en mayo del 2003 por Néstor Kirchner y procesado en septiembre de 2012 por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado en la causa por robo de correos electrónicos privados entre agosto 2006 y junio 2008, junto a Carlos Pagni, Ricardo García y Juan Baustista Yofre, entre otros. Desde el ministerio de Defensa lo vinculan a la defensa de los genocidas.
 
•      Sergio Fernández, general de Brigada , retirado. Al frente de la Asociación Veteranos de Guerra de Malvinas. Ex combatiente, jefe de la Compañía de Comando 601. Fue denunciado en octubre de 2008 por el TOF de Corrientes por falso testimonio en favor del coronel retirado Julio Rafael Barreiro, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. Formó parte del grupo de militares que reprimieron el levantamiento en La Tablada, cuando era Mayor. Llegó a ser Jefe del II Cuerpo del Ejército. Fue dado de baja del Ejército en 2009.
 
•      Ricardo Spadaro, comandante General, retirado, de Gendarmería Nacional. Abogado y consultor externo en temas de narcotráfico y seguridad. Trabajó durante la gestión del ex gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, como secretario de Análisis y Articulación de Procesos del Ministerio de Gobierno provincial entre 2014 y 2015. Entre 2009 y 2010 fue funcionario de SEDRONAR, al frente de la Subsecretaría de Planeamiento y Control del Narcotráfico, donde creó el área de inteligencia criminal. Ex combatiente de Malvinas, parte del Escuadrón Alacrán. Hasta 2018 fue Jefe Honorario de la Agrupación Fuerzas Especiales "Alacrán".
 
En su cuenta de twitter asegura que "llegará el momento en que no se pueda seguir tapando" los crímenes de los "terroristas de los 70". Spadaro fue uno de los principales asesores en temas vinculados a la seguridad y al narcotráfico del partido Recrear, liderado a mediados de 2000 por el ex ministro de Defensa y de Economía, Ricardo López Murphy.
 
•      Pablo Bressi. Ex jefe de la Policía Bonaerense durante el gobierno de María Eugenia Vidal. Licenciado en Seguridad, integró el Grupo Halcón. Fue el negociador en la toma de rehenes del Banco Nación en Ramallo, a fines de 1999, que terminó en una masacre. Fue Superintendente de investigaciones de Tráfico de Drogas Ilícitas bonaerense, anteriormente había sido designado al frente de la DDI, un policía fuertemente vinculado a la DEA.
 
En el grupo también están el coronel retirado José Francisco Guerrero, de la Mutualidad del Personal de Intendencias Militares; el suboficial mayor de la Armada Humberto Toloza, del Círculo de Oficiales de Mar; y el teniente general retirado Ricardo Cundom, de la Fundación Criteria que, según señaló el ministro Rossi, es "pantalla de la empresa de seguridad del carapintada Jorge Alberto Tito".
 
 
La respuesta de Rossi a la "mesa" de uniformados
 
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, advirtió que la autodenominada "Mesa de Enlace" de las fuerzas "conspira, en primer lugar, contra los jefes de la Fuerza y el jefe del Estado Mayor Conjunto". Y destacó que "quien se preocupa por la vivienda y los salarios es el personal militar, no los retirados".
 
Rossi señaló que la acción de la flamante mesa "pareciese que está destinada a decir 'hay alguien que se tiene que ocupar y no se ocupa, entonces nos vamos a intentar ocupar nosotros'. Y la verdad es que nada más alejado de ello, porque Bossi debe haber cobrado este mes 30.000 pesos más de lo que cobraba el mes pasado, producto del blanqueo de los salarios del personal militar que decidió el presidente Alberto Fernández, que tuvo una repercusión directa en los haberes del personal de retiro", dijo el ministro en declaraciones a Radio con Vos.
 
El ministro de Defensa apuntó contra el coordinador de la agrupación. "Bossi tuvo conducciones relevantes en las Fuerzas durante el gobierno de Menem, que fue el momento de mayor depreciación y pérdida del salario del personal militar y donde aparecieron los suplementos no remunerativos que él con su silencio avaló. Ahora se presenta como alguien que va a defender al personal militar", dijo.
 
Rossi también señaló en su cuenta de Twitter que "todos los militares retirados integrantes de esta Mesa han sido beneficiados por el blanqueo dispuesto por nuestro gobierno. Los retiros van desde $200 mil a $230 mil, habiendo tenido un promedio de aumento de $50.000 el último mes. Pero de esto no se habla".
 
Y por último dijo que "el mejor aporte que pueden hacer los retirados de las Fuerzas Armadas es apoyar a los militares en actividad, que están haciendo y obteniendo logros que nunca se habían podido alcanzar. Y si no quieren hacerlo, al menos no entorpezcan, no conspiren".
 
Por Matías Colombatti
 
Fuente: El Destape
 
 

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22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

19-12-2025 / 10:12
La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional.  El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.
 
"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.
 
Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.
 
Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.
 
Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.
 
El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.
 
Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.
 
La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.
 
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18-12-2025 / 08:12
Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.
 
El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.
 
Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.
 
Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.
 
Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
 
A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.
 
Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".
 
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