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Nacionales - 12-11-2020 / 10:11
MILITARES Y POLICÍAS RETIRADOS SE PRESENTA COMO UNA CONDUCCIÓN ALTERNATIVA A LOS JEFES DE LAS FFAA

"Mesa de enlace" uniformada: Nacida para conspirar

El Ministro de Defensa, Agustín Rossi, hizo una fuerte réplica a los militares y policías retirados que quieren formar "una mesa de enlace". El funcionario hizo una dura crítica y reveló que los participantes son los mismos "conspiradores" que se juntaron contra Néstor Kirchner en el año 2004.
El Ministro de Defensa, Agustín Rossi, hizo una fuerte réplica a los militares y policías retirados que quieren formar "una mesa de enlace". El funcionario hizo una dura crítica y reveló que los participantes son los mismos "conspiradores" que se juntaron contra Néstor Kirchner en el año 2004.
 
En una serie de tuits, Agustín Rossi salió al cruce y dijo que "la Mesa de Enlace de las Fuerzas Armadas, como su nombre lo indica, nació para conspirar". En ese sentido, añadió que "se presenta casi como una conducción alternativa a los jefes de las FFAA, asumiendo potestades, funciones y objetivos que son propios de la conducción militar en actividad". 
 
En un fuerte y largo texto, Rossi indicó que esta Mesa de Enlace que se quiere presentar como "novedosa" intenta descalificar a los Jefes actuales de las Fuerzas que tienen esta responsabilidad primaria. En ese sentido, agregó: "Conspiran contra los jefes de la FFAA, a los que ni siquiera nombran ni reconocen, conspiran contra la actual política de defensa". En ese mismo mensaje, nombró uno por uno a quienes son esos conspiradores.
 
Rossi agregó: "El General Bossi, es un conspirador nato. Ya lo hizo en el 2004 contra Néstor Kirchner. Lo vuelve hacer hoy. Tuvo cargos de conducción en el Ejército durante el menemismo, periodo de mayor degradación del salario militar y florecimiento de los suplementos no remunerativos que el gobierno de Alberto Fernández  "blanqueo" ante la solicitud de los actuales jefes de las FFAA".
 
Por otro lado, también dijo que lamenta  ver "al Gral Cundom en esa foto en representación de la Fundación Criteria, pantalla de empresa de seguridad del carapintada Tito".
 

 
También añadió: "Reimundes es el actual titular de Sociedad Militar Seguros de Vida, sucedió a Bossi en ese lugar. Mutual poderosa, financista principal de esta operación política, origen de gran parte de las acciones desestabilizantes vía, ws, redes, etc. sobre la actual política de defensa".
 
"Fue procesado por espionaje ilegal. Su camarada Bossi tiene similares inclinaciones: integró el staff de la SIDE con de Santibañes en el gobierno de De la Rua. Ambos fueron fuertes impulsores de involucrar a las FFAA en cuestiones de seguridad interior".
 
Asimismo, en el mismo hilo de redes sociales, Rossi agregó que "es notable la presencia de mutuales militares en la Mesa de Enlace, que lucran con el salario militar, obvio encabezados por SMSV, motivo por el cual les auguro a sus integrantes un futuro más cercano al oro y la plata que al bronce".
 
Para finalizar, reveló: "Todos los militares retirados integrantes de esta Mesa han sido beneficiados por el blanqueo dispuesto por nuestro gobierno. Los retiros van desde $ 200.000 a $ 230.000, habiendo tenido un promedio de aumento de $ 50.000 el último mes. Pero de esto no se habla".
 
La Opinión Popular
 
 


QUIÉNES SON LOS CONSPIRADORES
 
Antecedentes y prontuario de la "Mesa de Enlace" uniformada
 
Por primera vez desde 1983, referentes de las Fuerzas Armadas, policiales y de seguridad se organizan en una mesa conjunta por fuera de la conducción oficial. Rossi denunció que buscan "conspirar". Quiénes son los integrantes que conforman la "Mesa de Enlace" de uniformados.
 
En las primeras horas del martes se anunció la creación de una "Mesa de Enlace" de las Fuerzas Armadas, policiales y de seguridad, que tendría el supuesto objetivo de salir a involucrarse desde afuera en la política del sector. Por la noche, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, sostuvo en una serie de tweets, compartidos por el presidente Alberto Fernández, que el grupo "nació para conspirar", al asumirse como una conducción alternativa a los jefes de las fuerzas militares.
 
Es la primera vez desde la recuperación de la democracia en 1983, que referentes de las Fuerzas Armadas, policiales y de seguridad se organizan en una mesa conjunta, por fuera de las estructuras oficiales de la conducción política e institucional. La agrupación se autodenomina "Mesa de Encuentro Libertador General San Martín", y reúne a personal retirado, autoridades de sociedades y mutuales de uniformados, y este martes estrenaron su aparición pública con una foto conjunta y notas de presentación en los diarios La Nación y Clarín.
 
Rossi dijo en una entrevista radio que "es extraño, por ser indulgente, lo que se está conformando", y denunció que "está claro que es una fenomenal operación política, desde cómo aparecieron los principales medios de comunicación y con la propia autodenominación 'mesa de enlace'".
 
Quiénes son los integrantes de la "Mesa de Enlace" uniformada
 
La lista de nombres está repleta de antecedentes y prontuarios.
 
•      Ernesto Bossi, general de división, retirado. Fue segundo de Fernando de Santibañes en la jefatura de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) durante el gobierno de Fernando De la Rúa. Antes había sido secretario General del Ejército durante el menemismo. En 2010, fue presidente de la Asociación Militar de Seguros de Vida (SMSV). Estuvo a cargo de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), aunque nunca se lo designó oficialmente era quien organizaba reuniones semanales, y fue responsable de Inteligencia Exterior de la SIDE.
 
Un militar que siempre se mostró a favor de la intervención del Ejército en temas de seguridad interior, como la lucha contra el narcotráfico. Escribió, por ejemplo, el documento "La lucha contra las narcoacciones", en el que delinea el propósito de reinterpretar las leyes de modo más permisivo para la actuación militar. "Un general clandestino que a veinte metros de la Casa Rosada organiza el ilegal retorno militar a la represión interior", publicó Horacio Verbitsky en abril del año 2000 en el diario Página/12.
 
Sobre Bossi, el ministro Rossi dijo que "es un conspirador nato, porque ya conspiró contra Néstor Kirchner en 2004 y fue denunciado en ese momento. Lo vuelve a hacer hoy".
 
•      Claudio Pasqualini, Teniente General, retirado. Jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino durante el gobierno de Mauricio Macri, asumió en febrero de 2018. Antes fue comandante de la Segunda División del Ejército en Córdoba, ex director de la Escuela Superior de Guerra. Observatorio de seguridad y defensa. Hoy al frente del Observatorio de Seguridad y Defensa, iniciativa de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (UCEMA). Pasqualini también considera que "tanto la Seguridad como la Defensa requieren un tratamiento integral", según publicó el 7 de noviembre en Infobae.
 
•      Daniel Manuel Reimundes, general de brigada, retirado. Abogado, presidente de la Sociedad Militar Seguros de Vida, una mutual que nuclea a efectivos de de las tres Fuerzas Armadas y de las fuerzas federales. Para Rossi, la mutual es la "financista principal de esta operación política, origen de gran parte de las acciones desestabilizantes sobre la actual política de Defensa".
 
Reimundes fue secretario General del Ejército durante el gobierno de De la Rúa. También fue jefe del Departamento de Política y Estrategia Institucional con Martín Balza, además de agregado militar en Washington, Estados Unidos. Fue retirado en mayo del 2003 por Néstor Kirchner y procesado en septiembre de 2012 por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado en la causa por robo de correos electrónicos privados entre agosto 2006 y junio 2008, junto a Carlos Pagni, Ricardo García y Juan Baustista Yofre, entre otros. Desde el ministerio de Defensa lo vinculan a la defensa de los genocidas.
 
•      Sergio Fernández, general de Brigada , retirado. Al frente de la Asociación Veteranos de Guerra de Malvinas. Ex combatiente, jefe de la Compañía de Comando 601. Fue denunciado en octubre de 2008 por el TOF de Corrientes por falso testimonio en favor del coronel retirado Julio Rafael Barreiro, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. Formó parte del grupo de militares que reprimieron el levantamiento en La Tablada, cuando era Mayor. Llegó a ser Jefe del II Cuerpo del Ejército. Fue dado de baja del Ejército en 2009.
 
•      Ricardo Spadaro, comandante General, retirado, de Gendarmería Nacional. Abogado y consultor externo en temas de narcotráfico y seguridad. Trabajó durante la gestión del ex gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, como secretario de Análisis y Articulación de Procesos del Ministerio de Gobierno provincial entre 2014 y 2015. Entre 2009 y 2010 fue funcionario de SEDRONAR, al frente de la Subsecretaría de Planeamiento y Control del Narcotráfico, donde creó el área de inteligencia criminal. Ex combatiente de Malvinas, parte del Escuadrón Alacrán. Hasta 2018 fue Jefe Honorario de la Agrupación Fuerzas Especiales "Alacrán".
 
En su cuenta de twitter asegura que "llegará el momento en que no se pueda seguir tapando" los crímenes de los "terroristas de los 70". Spadaro fue uno de los principales asesores en temas vinculados a la seguridad y al narcotráfico del partido Recrear, liderado a mediados de 2000 por el ex ministro de Defensa y de Economía, Ricardo López Murphy.
 
•      Pablo Bressi. Ex jefe de la Policía Bonaerense durante el gobierno de María Eugenia Vidal. Licenciado en Seguridad, integró el Grupo Halcón. Fue el negociador en la toma de rehenes del Banco Nación en Ramallo, a fines de 1999, que terminó en una masacre. Fue Superintendente de investigaciones de Tráfico de Drogas Ilícitas bonaerense, anteriormente había sido designado al frente de la DDI, un policía fuertemente vinculado a la DEA.
 
En el grupo también están el coronel retirado José Francisco Guerrero, de la Mutualidad del Personal de Intendencias Militares; el suboficial mayor de la Armada Humberto Toloza, del Círculo de Oficiales de Mar; y el teniente general retirado Ricardo Cundom, de la Fundación Criteria que, según señaló el ministro Rossi, es "pantalla de la empresa de seguridad del carapintada Jorge Alberto Tito".
 
 
La respuesta de Rossi a la "mesa" de uniformados
 
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, advirtió que la autodenominada "Mesa de Enlace" de las fuerzas "conspira, en primer lugar, contra los jefes de la Fuerza y el jefe del Estado Mayor Conjunto". Y destacó que "quien se preocupa por la vivienda y los salarios es el personal militar, no los retirados".
 
Rossi señaló que la acción de la flamante mesa "pareciese que está destinada a decir 'hay alguien que se tiene que ocupar y no se ocupa, entonces nos vamos a intentar ocupar nosotros'. Y la verdad es que nada más alejado de ello, porque Bossi debe haber cobrado este mes 30.000 pesos más de lo que cobraba el mes pasado, producto del blanqueo de los salarios del personal militar que decidió el presidente Alberto Fernández, que tuvo una repercusión directa en los haberes del personal de retiro", dijo el ministro en declaraciones a Radio con Vos.
 
El ministro de Defensa apuntó contra el coordinador de la agrupación. "Bossi tuvo conducciones relevantes en las Fuerzas durante el gobierno de Menem, que fue el momento de mayor depreciación y pérdida del salario del personal militar y donde aparecieron los suplementos no remunerativos que él con su silencio avaló. Ahora se presenta como alguien que va a defender al personal militar", dijo.
 
Rossi también señaló en su cuenta de Twitter que "todos los militares retirados integrantes de esta Mesa han sido beneficiados por el blanqueo dispuesto por nuestro gobierno. Los retiros van desde $200 mil a $230 mil, habiendo tenido un promedio de aumento de $50.000 el último mes. Pero de esto no se habla".
 
Y por último dijo que "el mejor aporte que pueden hacer los retirados de las Fuerzas Armadas es apoyar a los militares en actividad, que están haciendo y obteniendo logros que nunca se habían podido alcanzar. Y si no quieren hacerlo, al menos no entorpezcan, no conspiren".
 
Por Matías Colombatti
 
Fuente: El Destape
 
 

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04-01-2026 / 17:01
La doctrina "Donroe" (Donald + Monroe) arrasa con la prevención que tuvo hasta George W. Bush para no ser confundido con la ilegalidad de los setenta en América Latina. Al amigo narco de Honduras, todo; al dictador "comunista" de Venezuela, ni justicia. Sin épica, ni coherencia, ni discurso; prima la violencia de los hechos. Milei se recluye en el papel que se asignó: rabia y goce.
 
Aunque Trump gaste algunas palabras sin convicción, no promete la victoria de la libertad frente al totalitarismo como en la Guerra Fría, ni la primacía de la razón en el choque de civilizaciones desatado tras la caída del Muro de Berlín. Vocifera la guerra contra el comunismo, un enemigo casi inexistente. En rigor, el magnate no dedica mucha energía al engaño: quiere asegurar(se) negocios.
 
Ayer se cumplió un mes del indulto de Trump a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York. Testimonios tomados en cuenta por el jurado indican que Hernández recibió al menos USD 1 millón del Chapo Guzmán y que se vanagloriaba de "meter la droga a los gringos en sus narices".
 
El fallo del jurado fue unánime, pero, como Hernández es derechista y su delegado en la elección reciente de Honduras, Nasry Asfura, promete seguir la agenda ultra, Trump lo dejó en libertad. Maduro será trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico en los próximos días. Probablemente le tocará el mismo tribunal que juzgó a Hernández, pero éste lo mirará desde alguna finca de lujo entre Florida o Tegucigalpa.
 
Tampoco hay que prestar atención a los versículos sobre el amor por la democracia y contra los crímenes de lesa humanidad. Ello no está en la agenda real de Trump ni de Milei. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene pedido de captura de la Corte Penal Internacional por sus supuestos crímenes de lesa humanidad, mientras Israel como Estado es juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia.
 
Son procesos que se rigen por el derecho internacional, con acusaciones, testigos, expertos y defensas garantizados por la ley. El presidente estadounidense no sólo desconoce esos procesos, sino que activa sanciones abusivas contra investigadores, jueces y fiscales que los llevan a cabo.
 
Maduro se transformó en un dictador y está acusado de delitos contra la humanidad, pero nadie puede sospechar que un mandatario, Trump, que dispara misiles contra barcazas y coquetea con supremacistas de su país tiene alguna intención real de combatir el narcotráfico ni los abusos de los derechos humanos. Qué decir de Milei, gozador patológico con los apaleamientos a jubilados y familiares de discapacitados, y negacionista del terrorismo de Estado.
 
El Presidente y los suyos entraron en éxtasis ayer por la mañana. Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y uno de los fieles de mayor peso de gurú Santiago Caputo, se sintió poseído por un protagonismo hollywoodense para explicar la razón real del ataque de Trump a Venezuela.
 
"Why? Because we fucking can. And if we can, we do" ("¿Por qué? Porque podemos, carajo. Y si podemos, lo hacemos"). Su segundo mensaje fue contra Axel Kicillof. "Sos un zurdo hijo de puta que defiende dictadores, asesinos y narcotraficantes. No metas a los bonaerenses en tu mierda, forro", posteó el jefe de la oposición de la principal provincia argentina ante la condena del gobernador de Buenos Aires a la intervención armada yanqui.
 
No se trató de un arrebato circunscripto a un integrista católico enardecido como Romo. Pablo Quirno, veterano del JP Morgan, ahora ocupa el cargo de canciller. También se dirigió a Kicillof a través de un reposteo. "Ya que les gusta tanto el derecho, empezá por cerrar bien el orto, enano comunista". La brutalidad de la época avergüenza, pero la historia demostró que no concluye en sus destellos más revulsivos.
 

02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

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