23:43 | Sabado 07 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 12-11-2020 / 10:11

MILITARES Y POLICÍAS RETIRADOS SE PRESENTA COMO UNA CONDUCCIÓN ALTERNATIVA A LOS JEFES DE LAS FFAA

"Mesa de enlace" uniformada: Nacida para conspirar

El Ministro de Defensa, Agustín Rossi, hizo una fuerte réplica a los militares y policías retirados que quieren formar "una mesa de enlace". El funcionario hizo una dura crítica y reveló que los participantes son los mismos "conspiradores" que se juntaron contra Néstor Kirchner en el año 2004.

El Ministro de Defensa, Agustín Rossi, hizo una fuerte réplica a los militares y policías retirados que quieren formar "una mesa de enlace". El funcionario hizo una dura crítica y reveló que los participantes son los mismos "conspiradores" que se juntaron contra Néstor Kirchner en el año 2004.

En una serie de tuits, Agustín Rossi salió al cruce y dijo que "la Mesa de Enlace de las Fuerzas Armadas, como su nombre lo indica, nació para conspirar". En ese sentido, añadió que "se presenta casi como una conducción alternativa a los jefes de las FFAA, asumiendo potestades, funciones y objetivos que son propios de la conducción militar en actividad".

En un fuerte y largo texto, Rossi indicó que esta Mesa de Enlace que se quiere presentar como "novedosa" intenta descalificar a los Jefes actuales de las Fuerzas que tienen esta responsabilidad primaria. En ese sentido, agregó: "Conspiran contra los jefes de la FFAA, a los que ni siquiera nombran ni reconocen, conspiran contra la actual política de defensa". En ese mismo mensaje, nombró uno por uno a quienes son esos conspiradores.

Rossi agregó: "El General Bossi, es un conspirador nato. Ya lo hizo en el 2004 contra Néstor Kirchner. Lo vuelve hacer hoy. Tuvo cargos de conducción en el Ejército durante el menemismo, periodo de mayor degradación del salario militar y florecimiento de los suplementos no remunerativos que el gobierno de Alberto Fernández "blanqueo" ante la solicitud de los actuales jefes de las FFAA".

Por otro lado, también dijo que lamenta ver "al Gral Cundom en esa foto en representación de la Fundación Criteria, pantalla de empresa de seguridad del carapintada Tito".

También añadió: "Reimundes es el actual titular de Sociedad Militar Seguros de Vida, sucedió a Bossi en ese lugar. Mutual poderosa, financista principal de esta operación política, origen de gran parte de las acciones desestabilizantes vía, ws, redes, etc. sobre la actual política de defensa".

"Fue procesado por espionaje ilegal. Su camarada Bossi tiene similares inclinaciones: integró el staff de la SIDE con de Santibañes en el gobierno de De la Rua. Ambos fueron fuertes impulsores de involucrar a las FFAA en cuestiones de seguridad interior".

Asimismo, en el mismo hilo de redes sociales, Rossi agregó que "es notable la presencia de mutuales militares en la Mesa de Enlace, que lucran con el salario militar, obvio encabezados por SMSV, motivo por el cual les auguro a sus integrantes un futuro más cercano al oro y la plata que al bronce".

Para finalizar, reveló: "Todos los militares retirados integrantes de esta Mesa han sido beneficiados por el blanqueo dispuesto por nuestro gobierno. Los retiros van desde $ 200.000 a $ 230.000, habiendo tenido un promedio de aumento de $ 50.000 el último mes. Pero de esto no se habla".

La Opinión Popular

QUIÉNES SON LOS CONSPIRADORES

Antecedentes y prontuario de la "Mesa de Enlace" uniformada

Por primera vez desde 1983, referentes de las Fuerzas Armadas, policiales y de seguridad se organizan en una mesa conjunta por fuera de la conducción oficial. Rossi denunció que buscan "conspirar". Quiénes son los integrantes que conforman la "Mesa de Enlace" de uniformados.

En las primeras horas del martes se anunció la creación de una "Mesa de Enlace" de las Fuerzas Armadas, policiales y de seguridad, que tendría el supuesto objetivo de salir a involucrarse desde afuera en la política del sector. Por la noche, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, sostuvo en una serie de tweets, compartidos por el presidente Alberto Fernández, que el grupo "nació para conspirar", al asumirse como una conducción alternativa a los jefes de las fuerzas militares.

Es la primera vez desde la recuperación de la democracia en 1983, que referentes de las Fuerzas Armadas, policiales y de seguridad se organizan en una mesa conjunta, por fuera de las estructuras oficiales de la conducción política e institucional. La agrupación se autodenomina "Mesa de Encuentro Libertador General San Martín", y reúne a personal retirado, autoridades de sociedades y mutuales de uniformados, y este martes estrenaron su aparición pública con una foto conjunta y notas de presentación en los diarios La Nación y Clarín.

Rossi dijo en una entrevista radio que "es extraño, por ser indulgente, lo que se está conformando", y denunció que "está claro que es una fenomenal operación política, desde cómo aparecieron los principales medios de comunicación y con la propia autodenominación 'mesa de enlace'".

Quiénes son los integrantes de la "Mesa de Enlace" uniformada

La lista de nombres está repleta de antecedentes y prontuarios.

•      Ernesto Bossi, general de división, retirado. Fue segundo de Fernando de Santibañes en la jefatura de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) durante el gobierno de Fernando De la Rúa. Antes había sido secretario General del Ejército durante el menemismo. En 2010, fue presidente de la Asociación Militar de Seguros de Vida (SMSV). Estuvo a cargo de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), aunque nunca se lo designó oficialmente era quien organizaba reuniones semanales, y fue responsable de Inteligencia Exterior de la SIDE.

Un militar que siempre se mostró a favor de la intervención del Ejército en temas de seguridad interior, como la lucha contra el narcotráfico. Escribió, por ejemplo, el documento "La lucha contra las narcoacciones", en el que delinea el propósito de reinterpretar las leyes de modo más permisivo para la actuación militar. "Un general clandestino que a veinte metros de la Casa Rosada organiza el ilegal retorno militar a la represión interior", publicó Horacio Verbitsky en abril del año 2000 en el diario Página/12.

Sobre Bossi, el ministro Rossi dijo que "es un conspirador nato, porque ya conspiró contra Néstor Kirchner en 2004 y fue denunciado en ese momento. Lo vuelve a hacer hoy".

•      Claudio Pasqualini, Teniente General, retirado. Jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino durante el gobierno de Mauricio Macri, asumió en febrero de 2018. Antes fue comandante de la Segunda División del Ejército en Córdoba, ex director de la Escuela Superior de Guerra. Observatorio de seguridad y defensa. Hoy al frente del Observatorio de Seguridad y Defensa, iniciativa de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (UCEMA). Pasqualini también considera que "tanto la Seguridad como la Defensa requieren un tratamiento integral", según publicó el 7 de noviembre en Infobae.

•      Daniel Manuel Reimundes, general de brigada, retirado. Abogado, presidente de la Sociedad Militar Seguros de Vida, una mutual que nuclea a efectivos de de las tres Fuerzas Armadas y de las fuerzas federales. Para Rossi, la mutual es la "financista principal de esta operación política, origen de gran parte de las acciones desestabilizantes sobre la actual política de Defensa".

Reimundes fue secretario General del Ejército durante el gobierno de De la Rúa. También fue jefe del Departamento de Política y Estrategia Institucional con Martín Balza, además de agregado militar en Washington, Estados Unidos. Fue retirado en mayo del 2003 por Néstor Kirchner y procesado en septiembre de 2012 por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado en la causa por robo de correos electrónicos privados entre agosto 2006 y junio 2008, junto a Carlos Pagni, Ricardo García y Juan Baustista Yofre, entre otros. Desde el ministerio de Defensa lo vinculan a la defensa de los genocidas.

•      Sergio Fernández, general de Brigada , retirado. Al frente de la Asociación Veteranos de Guerra de Malvinas. Ex combatiente, jefe de la Compañía de Comando 601. Fue denunciado en octubre de 2008 por el TOF de Corrientes por falso testimonio en favor del coronel retirado Julio Rafael Barreiro, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. Formó parte del grupo de militares que reprimieron el levantamiento en La Tablada, cuando era Mayor. Llegó a ser Jefe del II Cuerpo del Ejército. Fue dado de baja del Ejército en 2009.

•      Ricardo Spadaro, comandante General, retirado, de Gendarmería Nacional. Abogado y consultor externo en temas de narcotráfico y seguridad. Trabajó durante la gestión del ex gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, como secretario de Análisis y Articulación de Procesos del Ministerio de Gobierno provincial entre 2014 y 2015. Entre 2009 y 2010 fue funcionario de SEDRONAR, al frente de la Subsecretaría de Planeamiento y Control del Narcotráfico, donde creó el área de inteligencia criminal. Ex combatiente de Malvinas, parte del Escuadrón Alacrán. Hasta 2018 fue Jefe Honorario de la Agrupación Fuerzas Especiales "Alacrán".

En su cuenta de twitter asegura que "llegará el momento en que no se pueda seguir tapando" los crímenes de los "terroristas de los 70". Spadaro fue uno de los principales asesores en temas vinculados a la seguridad y al narcotráfico del partido Recrear, liderado a mediados de 2000 por el ex ministro de Defensa y de Economía, Ricardo López Murphy.

•      Pablo Bressi. Ex jefe de la Policía Bonaerense durante el gobierno de María Eugenia Vidal. Licenciado en Seguridad, integró el Grupo Halcón. Fue el negociador en la toma de rehenes del Banco Nación en Ramallo, a fines de 1999, que terminó en una masacre. Fue Superintendente de investigaciones de Tráfico de Drogas Ilícitas bonaerense, anteriormente había sido designado al frente de la DDI, un policía fuertemente vinculado a la DEA.

En el grupo también están el coronel retirado José Francisco Guerrero, de la Mutualidad del Personal de Intendencias Militares; el suboficial mayor de la Armada Humberto Toloza, del Círculo de Oficiales de Mar; y el teniente general retirado Ricardo Cundom, de la Fundación Criteria que, según señaló el ministro Rossi, es "pantalla de la empresa de seguridad del carapintada Jorge Alberto Tito".

La respuesta de Rossi a la "mesa" de uniformados

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, advirtió que la autodenominada "Mesa de Enlace" de las fuerzas "conspira, en primer lugar, contra los jefes de la Fuerza y el jefe del Estado Mayor Conjunto". Y destacó que "quien se preocupa por la vivienda y los salarios es el personal militar, no los retirados".

Rossi señaló que la acción de la flamante mesa "pareciese que está destinada a decir 'hay alguien que se tiene que ocupar y no se ocupa, entonces nos vamos a intentar ocupar nosotros'. Y la verdad es que nada más alejado de ello, porque Bossi debe haber cobrado este mes 30.000 pesos más de lo que cobraba el mes pasado, producto del blanqueo de los salarios del personal militar que decidió el presidente Alberto Fernández, que tuvo una repercusión directa en los haberes del personal de retiro", dijo el ministro en declaraciones a Radio con Vos.

El ministro de Defensa apuntó contra el coordinador de la agrupación. "Bossi tuvo conducciones relevantes en las Fuerzas durante el gobierno de Menem, que fue el momento de mayor depreciación y pérdida del salario del personal militar y donde aparecieron los suplementos no remunerativos que él con su silencio avaló. Ahora se presenta como alguien que va a defender al personal militar", dijo.

Rossi también señaló en su cuenta de Twitter que "todos los militares retirados integrantes de esta Mesa han sido beneficiados por el blanqueo dispuesto por nuestro gobierno. Los retiros van desde $200 mil a $230 mil, habiendo tenido un promedio de aumento de $50.000 el último mes. Pero de esto no se habla".

Y por último dijo que "el mejor aporte que pueden hacer los retirados de las Fuerzas Armadas es apoyar a los militares en actividad, que están haciendo y obteniendo logros que nunca se habían podido alcanzar. Y si no quieren hacerlo, al menos no entorpezcan, no conspiren".

Por Matías Colombatti

Fuente: El Destape

07-02-2026 / 19:02

Cero credibilidad por el escándalo del Indec que dejó a Javier Milei y a Toto Caputo con el culo al aire

Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.

El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.

Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".

Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.

El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.

El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.

La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.

Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."

07-02-2026 / 11:02

Apertura comercial indiscriminada y sometimiento al imperialismo: Milei le entrega todo a Trump y no recibe nada a cambio

El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.

La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.

Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.

El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.

En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.

En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.

El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.

06-02-2026 / 09:02

Milei, copiando a Trump, lanza cuenta oficial para desmentir, perseguir y cazar periodistas

Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.

"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.

Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.

Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.

O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.

Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.

En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.

La Opinión Popular

05-02-2026 / 11:02

Milei dejó a las familias al borde del default: la morosidad se disparó a niveles históricos

Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.

Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.

El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.

Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.

Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.

La Opinión Popular

04-02-2026 / 11:02

Caputazo en el Indec: Ilegalidades que afectan a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza

A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).

Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".

En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.

Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).

Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.

Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.

Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".

La Opinión Popular