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Nacionales - 10-11-2020 / 11:11
LA JUSTICIA PIDE LA DECLARACIÓN INDAGATORIA DE MACRI

ARA San Juan: Consejo de Guerra al ex jefe de la Armada y otros 7 ex oficiales por las muertes de los 44 tripulantes

ARA San Juan: Consejo de Guerra al ex jefe de la Armada y otros 7 ex oficiales por las muertes de los 44 tripulantes
Por la desaparición del ARA San Juan, se investiga en distintas causas, hechos de corrupción, y de espionaje que sufrieron las familias de las víctimas, por lo cual está imputado Macri. Por su parte, el almirante Srur será sometido a un juicio castrense junto con otros siete ex oficiales de la fuerza, imputados por “infracciones gravísimas” ocurridas antes, durante y después del hundimiento del submarino.
El 15 de noviembre se cumplen tres años del último contacto que hubo con el submarino Ara San Juan y sus 44 tripulantes. El fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia citó a ex funcionarios macristas porque cree que tienen responsabilidad en lo ocurrido. Pidió la declaración indagatoria de Mauricio Macri por el hundimiento y que comparezcan el ex ministro de Defensa Oscar Aguad y el ex jefe de la Armada Marcelo Srur.
 
Por la desaparición del ARA San Juan, se investiga en distintas causas, hechos de corrupción, y de espionaje que sufrieron las familias de las víctimas, por lo cual está imputado Macri. Por su parte, el almirante Srur será sometido a un juicio castrense junto con otros siete ex oficiales de la fuerza, imputados por "infracciones gravísimas" ocurridas antes, durante y después del hundimiento del submarino.
 
Otro de los que estará en el banquillo será el contralmirante Enrique López Mazzeo, quien en la causa civil, que tramita en la justicia federal de Caleta Olivia, reveló hace unos días que el gobierno de Macri tuvo información sobre el lugar del naufragio a los 20 días de la desaparición de la nave, pero la mantuvo en secreto durante casi un año. Estos datos son esenciales y contribuyen a la sospecha que detrás de la búsqueda del submarino, existió un posible negociado económico.
 
Se analizarán las irregularidades, ocultamientos y negligencias que se cree que habrían ocurrido durante las tareas de búsqueda del submarino, que se prolongaron -según la versión oficial ahora puesta en crisis por López Mazzeo-, hasta el 16 de noviembre de 2018, cuando se anunció oficialmente del hallazgo. Las posibles sanciones penales, por supuesto, seguirán siendo analizadas por la justicia civil.
 
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En el juicio militar, la sanción más grave que pueden recibir es la destitución y la consecuente baja de la fuerza, lo que les haría perder todos los beneficios de que gozan hoy como personal retirado. Lo que se va a juzgar en el proceso castrense, tiene que ver con las graves deficiencias que tenía el ARA San Juan al momento de la partida.
 
Esos problemas ya habían sido evidenciados en una misión anterior a la que realizaban el 15 de noviembre de 2017, fecha en la que se perdió contacto con la nave.
 
El Consejo de Guerra quedará constituido el 25 de noviembre próximo en el Edificio Libertador, Azopardo 250, sede del Ministerio de Defensa, del Estado Mayor General del Ejército y del Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas.
 
Además del almirante Srur, deberán comparecer el contralmirante Enrique López Mazzeo, ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, otros cinco oficiales que, como él, están también procesados en la causa que lleva la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, y el capitán de navío Carlos Ferraro, quien estuvo al frente del Proyecto Submarinos.
 
Los otros cinco imputados en la causa civil y ahora también en la militar, son el capitán de navío Claudio Villamide, ex comandante de la fuerza de Submarinos; el contraalmirante Luis Malchiodi, ex jefe de Mantenimiento y Arsenales; el capitán de navío Héctor Alonso, ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, ex jefe del Departamento de Operaciones de la Fuerza de Submarinos; y el capitán de corbeta Jorge Andrés Sulia, ex jefe del Departamento de Logística de la fuerza submarina.
 
A los seis oficiales procesados en la causa civil se los acusa de "estrago culposo agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de oficio". Ante la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, donde ahora está la causa, el fiscal federal Norberto Bellver, se sumó al pedido de las querellas y adelantó que solicitará que se cite a declarar como imputados en la causa civil al ex presidente Mauricio Macri, al ex ministro de Defensa Oscar Aguad, y al almirante Marcelo Srur.
 
La convocatoria del Consejo de Guerra se hizo ahora en el marco del legajo disciplinario ordenado en su momento, luego del hundimiento, por el ex ministro de Defensa Oscar Aguad. Este primer anuncio público fue hecho por la gestión encabezada por el actual ministro de Defensa, Agustín Rossi, a días del tercer aniversario del hundimiento del ARA San Juan.
 
El Consejo de Guerra debe determinar las "responsabilidades disciplinarias encuadradas dentro de las previsiones" del Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas. Se analizan en principio las "infracciones gravísimas" y también aquellas que, sin alcanzar el mismo nivel de gravedad, puedan surgir de la investigación de los autores navales.
 
Se dice que concluida la instrucción, se ha determinado a través del "Informe final" la existencia de faltas que determinan la constitución del Consejo General de Guerra. El presidente del Consejo será el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Sergio Aníbal Rossi, los vocales serán el general de brigada Juan Martín Paleo y el brigadier Pedro Esteban Girardi y será secretario el comodoro Angel Rojo. Como auditor intervendrá el general de Justicia Juan Antonio Stanchina.
 
Uno de los artículos citados en la convocatoria al Consejo de Guerra, es el que sanciona al militar que "en tiempo de guerra o en operaciones" ordenadas por las fuerzas "perdiera la unidad confiada a sus órdenes, provocara daño a la tropa o al equipamiento".
 
Y también por no haber tomado "las medidas preventivas necesarias" para evitar que eso ocurriera. Del mismo modo se penaliza el hecho de "no solicitar con la debida antelación el auxilio requerido", entre otros puntos.
 
Por Carlos Rodríguez
 
Fuente: Página12
 

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21-01-2026 / 08:01
A pesar de la cerrada negativa oficial, la Justicia ordenó que el Gobierno de Javier "el Loco" Milei deberá poner en plena vigencia la Ley de Emergencia en Discapacidad. Si el 4 de febrero no está implementada toda la normativa aprobada por el Congreso Nacional, que hasta rechazó el veto de Milei, "comienzan a regir las multas diarias a funcionarios". Si en diez días hábiles no está implementada toda la normativa comenzaran a regir multas diarias a funcionarios como Manuel Adorni y Sandra Pettovello.
 
El Gobierno libertario había promulgado la ley, pero la había suspendido al mismo tiempo con la excusa de no tener fondos. Una mentira escandalosa. Este fallo de la Justicia le da la razón a quienes pelearon por su sanción. Milei, fiel a su política de motosierra y recorte sobre los sectores más vulnerables, la había suspendido mediante veto con la excusa de no tener fondos, dejando a miles de personas a la intemperie y a cientos de instituciones al borde del cierre. Aun así, con la movilización popular, el Congreso había rechazado el veto a la ley.
 
En plena feria judicial, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, hizo ejecutar una sentencia que había dictado a fines de diciembre e intimó al Poder Ejecutivo a poner la ley en funcionamiento dentro de las próximas dos semanas. En la misma resolución, además, ordenó al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad que, en un plazo de cinco días, "informen y acrediten con la documentación correspondiente el avance de los trámites destinados al cumplimiento de la sentencia, todo ello bajo apercibimiento de sanciones". De no cumplirse, tanto el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, podrían enfrentar multas económicas y represalias judiciales.
 
"La Justicia le puso un ultimátum al Gobierno: el 4 de febrero la ley tiene que estar funcionando sí o sí, al cien por ciento. Ya llevamos más de 130 días desde que está vigente y no se cumple", manifestó la actriz Lola Berthet, referente del colectivo, y exigió al Ejecutivo que ponga fin a las "dilaciones y las excusas". "Ya no se aceptan más informes técnicos, como los que venían presentando hasta ahora. Esta es una intimación final", celebró la actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con trastorno del espectro autista.
 
El argumento de Milei, de la "sostenibilidad fiscal" es una excusa escandalosa. Mientras recortan a quienes más lo necesitan, el Gobierno sigue garantizando ganancias a los sectores empresarios, la fuga de capitales y los negocios de las patronales del campo. Como señala el fallo, el Gobierno realizó más de 19 modificaciones presupuestarias desde diciembre de 2023, demostrando que cuando se trata de beneficiar a los ricos siempre hay fondos. Pero para la discapacidad, la motosierra.
 
Desde las organizaciones, sin embargo, ponen en duda que Milei vaya a respetar los fallos judiciales. "Va a dilatar su implementación todo lo que pueda", advierte Lorena Aguirre, abogada y referente de la Asamblea Discas en Lucha, y anticipa que están evaluando presentar amparos colectivos en cada jurisdicción del país. "Necesitamos que todos los jueces federales cumplan con sus funciones, se expidan y sancionen al Gobierno, porque no se están respetando los compromisos internacionales. Existe un principio de no regresividad y de no discriminación que está siendo tolerado", añade Aguirre y solicita una mayor participación de la dirigencia opositora.
 
La experiencia de estos meses demuestra que no hay salida individual ni respuesta estatal si no es con la organización y la movilización popular.
 
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20-01-2026 / 09:01
"El proyecto de reforma laboral del Ejecutivo es extremadamente regresivo y nuestra oposición es total", declaró la diputada nacional de Fuerza Patria Kelly Olmos, en relación a una de las leyes que el Gobierno tratará de impulsar en las sesiones extraordinarias de febrero. Ante esto, el peronismo prepara una serie de propuestas para presentar una reforma laboral alternativa, que amplíe los derechos de las y los trabajadores. "Nosotros queremos alimentar el debate público y mostrar que lo que el Gobierno hace no moderniza sino que, por el contrario, precariza", sostuvo Olmos.
 
Por su parte, el senador Mariano Recalde aseguró que avanzaron en varios sentidos. "Trabajamos en ocho ideas fuerza que están plasmadas en muchos y diversos proyectos ya presentados en el congreso durante años". Por su parte, Olmos destacó que: "La modernización se asienta en otras regulaciones como las que nosotros promovemos", dijo la diputada.
 
El Peronismo avanza con una propuesta laboral diferente a la del oficialismo. Apunta a promover una recomposición salarial para que los ciudadanos recuperen su poder adquisitivo. También marca que los salarios deberán ser abonados íntegramente en dinero, a diferencia de la Reforma Laboral mileísta que abre la posibilidad de otorgar pagos en especie (bienes o servicios). "Lo que hace el Gobierno en su propuesta es congelar la situación actual, que es una de mucha precariedad y falta de derechos", dijo la diputada, y afirmó que la sociedad necesita de regulaciones para que todos sus actores puedan de verdad ejercer sus derechos, porque sin regulación no hay más libertad, como pregonan los libertarios, sino que hay más injusticia y concentración de poder.
 
La propuesta peronista podría incluir una reducción de la jornada laboral, con un máximo de 7 horas por día y 42 horas semanales, en contraste con la Reforma de Milei que busca conseguir jornadas de hasta 12 horas diarias. La reforma libertaria no busca modernizar sino flexibilizar y destruir derechos de los trabajadores. Olmos sostuvo que buscan una concepción más moderna para encarar las regulaciones laborales de los argentinos. "Para nosotros una concepción moderna es la que amplía derechos", aseguró.
 
Para el peronismo, la Ley de "Modernización Laboral" con la que insiste el Gobierno comprende dos grandes mentiras. La primera es la pretendida modernización que no es tal, ya que la ley propone aumentar la jornada laboral mientras el mundo busca reducirla, no protege a los trabajadores de las nuevas plataformas, la licencia por paternidad se mantiene en 2 días, y pretende derogar normas modernas como la ley de teletrabajo y restablecer artículos que tienen un siglo de antigüedad. La segunda mentira es que creará empleo, cuando en realidad desde que asumió Milei se destruyen puestos de trabajo todos los días, y esta ley no promueve la creación de empleo sino la reducción de indemnizaciones por despido.
 
Entre las propuestas del Partido Justicialista también resaltan las licencias parentales igualitarias, con licencias por maternidad de 120 días, por paternidad de 90 días, y también por adopción, lo que distribuye de manera más equitativa las tareas de cuidado y protege las oportunidades laborales de ambas partes. También contemplan un resguardo digital, para proteger los límites de la jornada laboral al garantizar el derecho de no contestar comunicaciones fuera de horario y, de ser así, compensar con tiempo y dinero.
 
En términos generales, el peronismo apunta al fortalecimiento de la negociación colectiva, para que el empleador y los empleados puedan dialogar de forma equilibrada. Olmos afirmó que la idea es "emparejar la cancha, donde los empleadores van de un modo organizado pero los trabajadores también, porque si el trabajador va sólo el desequilibrio hace que no haya negociación sino solo la posibilidad de adherir a la imposición del empleador". El concepto que se enarbola en términos de libertad, en realidad más que libertad es prepotencia: muchos invocan la libertad sólo para ejercer la prepotencia, la unilateralidad del empleador sobre las y los trabajadores. La reforma laboral es una ley muy regresiva y, por el bien de las y los trabajadores, en el Congreso debería ser rechazada.
 
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19-01-2026 / 18:01
Meses antes de que Donald Trump regresara a la Casa Blanca, Javier Milei ya había jugado todas sus fichas por el magnate republicano, incluso cuando Joe Biden todavía gobernaba Estados Unidos. Hoy, con Trump cumpliendo su primer año de mandato, esa apuesta se tradujo en una subordinación personal y política cada vez más obsecuente, con consecuencias directas para la política exterior argentina y un alineamiento automático con las decisiones de Washington.
 
La sintonía entre Milei y Trump se consolidó rápidamente. El presidente argentino convirtió a Estados Unidos en su principal destino internacional, con 15 viajes en lo que va de su gestión, y definió a ese país, junto con el gobierno genocida de Israel, como socios prioritarios. En paralelo, la Argentina comenzó a votar en bloque con Estados Unidos en los organismos internacionales y a respaldar su estrategia en Medio Oriente, dejando de lado cualquier margen de autonomía diplomática.
 
Desde la Casa Blanca llegaron gestos políticos y financieros de alto impacto. Trump recibió a Milei en Washington, impulsó señales públicas de respaldo a su programa económico neoliberal y apoyó a la Argentina en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.
 
Además, el Tesoro yanqui desembolsó cerca de 20.000 millones de dólares para apuntalar la situación financiera del país en la antesala de las elecciones legislativas de octubre, una decisión que generó fuertes críticas internas en Estados Unidos, especialmente entre productores agropecuarios y sectores de la oposición. Ese rescate financiero no fue gratuito. Para Trump, el auxilio económico funcionó como una forma de asegurar lealtad política neocolonial en un momento en el que busca recuperar influencia del Imperio en el continente.
 
Para Milei, el respaldo tuvo un carácter vital, tanto para sostener su programa económico anarco capitalista en crisis como para reforzar su posición interna. La contracara fue una política exterior cada vez más subordinada, con gestos concretos de alineamiento estratégico y escasa distancia frente a las decisiones más agresivas de Washington.
 
En el plano económico y geopolítico, la relación también se inscribe en la disputa global entre Estados Unidos y China. Las reservas de hidrocarburos y de minerales estratégicos de la Argentina se volvieron un factor central para la Casa Blanca, que busca garantizar que esos recursos queden bajo el control de gobiernos políticamente afines. Al mismo tiempo, el éxito o fracaso del modelo económico de Milei es observado como una pieza clave para frenar la expansión de proyectos alternativos en América latina.
 
Sin embargo, no todo el impacto de esta sociedad es positivo para la Argentina. Las tarifas impuestas por Estados Unidos al acero y al aluminio afectan directamente a sectores industriales locales, y la dependencia del respaldo financiero externo deja al país expuesto a cambios bruscos en el humor político de Trump. La relación es marcadamente asimétrica: mientras Milei necesita imperiosamente el apoyo de Trump para sostener su gestión, para el presidente yanqui la alianza es útil, pero no determinante.
 
Pero el vínculo entre dos líderes de perfil confrontativo y decisiones imprevisibles deja abierto un interrogante central: qué ocurrirá cuando aparezcan los primeros desacuerdos de fondo y hasta dónde está dispuesta la Argentina a ceder autonomía para sostener una alianza que, en los hechos, favorece mucho más a la estrategia global de Estados Unidos que al desarrollo soberano del país. Este miércoles, Milei volverá a disertar en el foro internacional de Davos. Buscará mostrarse como el mejor alcahuete de Trump.
 
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17-01-2026 / 21:01
En una semana, los incendios se dieron la mano con la inflación sostenidos por un fenómeno de la época como la desinformación sumada al negacionismo ambiental. Inesperado en un mundo caótico, el informe sobre riesgo global para el Foro de Davos que comienza este lunes, advirtió que dos de los problemas centrales que afronta el planeta son la desinformación y el cambio climático.
 
Los incendios que asolaron sobre todo a la provincia de Chubut se produjeron 20 días después de que el vocero presidencial Manuel Adorni anunciara la intención de derogar las leyes de Tierras y la de Manejo del Fuego. La primera limitó la extranjerización de la tierra y la segunda trata de evitar los incendios intencionales de bosques nativos.
 
Durante la semana se habló mucho de los incendios y la destrucción que provocaron. El tema sumó negacionismo ambiental y desinformación como forma de manipulación política. Primero fue el intento bizarro de responsabilizar a la comunidad mapuche, lo que fue desmentido por el fiscal general de la provincia, Carlos Díaz Mayer.
 
La Constitución protege al bosque nativo, pero no habla de lo que sucede una vez que deja de existir porque lo incendian. Y allí empiezan desde proyectos mineros, turísticos, inmobiliarios o siembra de soja.
 
La Ley de Manejo del Fuego dice que a esas tierras no se les puede dar otro uso hasta 50 o 60 años después del incendio. Y con relación a la extranjerización, la ley delimita ese principio por departamento y por provincia, en cambio la Constitución habla en general de todo el país. Decir que con la Constitución alcanza, es otra forma de mentir.
 
El presidente Milei no fue a la zona de desastre para apoyar a los bomberos y acompañar a las víctimas. Colgó en sus redes una imagen como si estuviera en medio de las llamas saludando a un bombero y rodeado de pobladores que lo aplauden. No aclaró que se trataba de inteligencia artificial.
 
Milei tiene millones de seguidores en las redes que verán esa imagen y creerán que el presidente estuvo en la zona de desastre. La norma de este gobierno es abandonar las víctimas a su suerte. En Bahía Blanca hizo eso pero igual lo volvieron a votar. En Chubut también ganó a pesar del desinterés que demostró.
 
El informe sobre riesgo global de Davos 2026 señaló que el peligro de la desinformación es crítico cuando la sociedad ya no puede distinguir la ficción de lo real. Es interesante que el planteo haya sido presentado en Davos porque plantea un debate en el interior de un sector supuestamente favorecido por la desinformación.
 
Los incendios forestales demuelen el negacionismo ambiental, pero también revelan la forma como la manipulación de la información encubre la acción de priorizar el negocio sobre el cuidado ambiental, porque efectivamente se detectó que uno de los focos del incendio fue intencional.
 

15-01-2026 / 10:01
Desde que Javier "el Loco" Milei llegó a la Casa Rosada, cada 24 horas desaparecieron 30 empresas y se perdieron 400 empleos formales. Semejante carnicería productiva, 21.046 empresas y 272.607 puestos de trabajo menos en dos años, es resultado directo de las políticas oficiales, anarco capitalistas, que cerraron la Secretaría Pyme en el Ministerio de Economía y desfinanciaron todos los organismos destinados a impulsar la producción.
 
La destrucción del entramado productivo avanza a un ritmo sostenido en la Argentina bajo el gobierno de Javier Milei y no aparece como un efecto colateral inesperado, sino como una consecuencia directa del rumbo elegido. Entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 desaparecieron 21.046 empleadores con trabajadores registrados, lo que equivale a un promedio de 30 empresas menos por día.
 
En paralelo, se perdieron 272.607 puestos de trabajo formales en unidades productivas, una caída del 2,77 por ciento que implica la eliminación de casi 400 empleos registrados diarios desde el inicio de la gestión libertaria, según los datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo procesados por el Centro de Economía Política Argentina.
 
Lejos de tratarse de una anomalía transitoria, el retroceso del empleo y de los empleadores se inscribe en una definición política explícita del Gobierno nacional. Desde el inicio de la administración neoliberal de Milei, la política industrial fue descartada como herramienta de desarrollo.
 
"La mejor política industrial consiste simplemente en tener buenas políticas fiscales y monetarias", repiten los libertontos una consigna que se tradujo en el desmantelamiento de áreas específicas del Estado orientadas a sostener la producción, el entramado Pyme y el empleo formal.
 
En esa línea se inscribe el cierre de la Secretaría Pyme dentro del Ministerio de Economía, la eliminación de programas públicos de crédito productivo y el vaciamiento de instrumentos que históricamente apuntaban a sostener a las pequeñas y medianas empresas frente a los ciclos recesivos.
 
La contracción del Estado como actor de coordinación productiva dejó a miles de firmas expuestas a un contexto macroeconómico adverso, sin amortiguadores ni políticas contracíclicas que atenúen el impacto del ajuste.
 
Los números muestran que el deterioro no distingue rubros ni regiones. La cantidad total de empleadores cayó de 512.357 en noviembre de 2023 a 492.223 en octubre de 2025. El sector más afectado fue transporte y almacenamiento, con 5.042 empleadores menos, seguido por comercio, servicios inmobiliarios, servicios profesionales e industria manufacturera.
 
También la construcción y las actividades agropecuarias registraron caídas significativas, reflejando el efecto combinado de la paralización de la obra pública, la caída del consumo interno y el encarecimiento del financiamiento.
 
Mientras las empresas se cierran y crece la desocupación, Milei se va de joda a Jesús María y a Davos como si el país anduviera bárbaro. Este industricidio aberrante solo se puede hacer con una sociedad completamente desmovilizada, una CGT que parece un club de viejas jugando a la canasta y una juventud idiotizada por internet con toda esa mierda rentada de youtubers e influencers. Esto es tierra fértil para la canalla fascista criolla.
 
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