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Nacionales - 10-11-2020 / 11:11
LA JUSTICIA PIDE LA DECLARACIÓN INDAGATORIA DE MACRI

ARA San Juan: Consejo de Guerra al ex jefe de la Armada y otros 7 ex oficiales por las muertes de los 44 tripulantes

ARA San Juan: Consejo de Guerra al ex jefe de la Armada y otros 7 ex oficiales por las muertes de los 44 tripulantes
Por la desaparición del ARA San Juan, se investiga en distintas causas, hechos de corrupción, y de espionaje que sufrieron las familias de las víctimas, por lo cual está imputado Macri. Por su parte, el almirante Srur será sometido a un juicio castrense junto con otros siete ex oficiales de la fuerza, imputados por “infracciones gravísimas” ocurridas antes, durante y después del hundimiento del submarino.
El 15 de noviembre se cumplen tres años del último contacto que hubo con el submarino Ara San Juan y sus 44 tripulantes. El fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia citó a ex funcionarios macristas porque cree que tienen responsabilidad en lo ocurrido. Pidió la declaración indagatoria de Mauricio Macri por el hundimiento y que comparezcan el ex ministro de Defensa Oscar Aguad y el ex jefe de la Armada Marcelo Srur.
 
Por la desaparición del ARA San Juan, se investiga en distintas causas, hechos de corrupción, y de espionaje que sufrieron las familias de las víctimas, por lo cual está imputado Macri. Por su parte, el almirante Srur será sometido a un juicio castrense junto con otros siete ex oficiales de la fuerza, imputados por "infracciones gravísimas" ocurridas antes, durante y después del hundimiento del submarino.
 
Otro de los que estará en el banquillo será el contralmirante Enrique López Mazzeo, quien en la causa civil, que tramita en la justicia federal de Caleta Olivia, reveló hace unos días que el gobierno de Macri tuvo información sobre el lugar del naufragio a los 20 días de la desaparición de la nave, pero la mantuvo en secreto durante casi un año. Estos datos son esenciales y contribuyen a la sospecha que detrás de la búsqueda del submarino, existió un posible negociado económico.
 
Se analizarán las irregularidades, ocultamientos y negligencias que se cree que habrían ocurrido durante las tareas de búsqueda del submarino, que se prolongaron -según la versión oficial ahora puesta en crisis por López Mazzeo-, hasta el 16 de noviembre de 2018, cuando se anunció oficialmente del hallazgo. Las posibles sanciones penales, por supuesto, seguirán siendo analizadas por la justicia civil.
 
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En el juicio militar, la sanción más grave que pueden recibir es la destitución y la consecuente baja de la fuerza, lo que les haría perder todos los beneficios de que gozan hoy como personal retirado. Lo que se va a juzgar en el proceso castrense, tiene que ver con las graves deficiencias que tenía el ARA San Juan al momento de la partida.
 
Esos problemas ya habían sido evidenciados en una misión anterior a la que realizaban el 15 de noviembre de 2017, fecha en la que se perdió contacto con la nave.
 
El Consejo de Guerra quedará constituido el 25 de noviembre próximo en el Edificio Libertador, Azopardo 250, sede del Ministerio de Defensa, del Estado Mayor General del Ejército y del Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas.
 
Además del almirante Srur, deberán comparecer el contralmirante Enrique López Mazzeo, ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, otros cinco oficiales que, como él, están también procesados en la causa que lleva la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, y el capitán de navío Carlos Ferraro, quien estuvo al frente del Proyecto Submarinos.
 
Los otros cinco imputados en la causa civil y ahora también en la militar, son el capitán de navío Claudio Villamide, ex comandante de la fuerza de Submarinos; el contraalmirante Luis Malchiodi, ex jefe de Mantenimiento y Arsenales; el capitán de navío Héctor Alonso, ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, ex jefe del Departamento de Operaciones de la Fuerza de Submarinos; y el capitán de corbeta Jorge Andrés Sulia, ex jefe del Departamento de Logística de la fuerza submarina.
 
A los seis oficiales procesados en la causa civil se los acusa de "estrago culposo agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de oficio". Ante la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, donde ahora está la causa, el fiscal federal Norberto Bellver, se sumó al pedido de las querellas y adelantó que solicitará que se cite a declarar como imputados en la causa civil al ex presidente Mauricio Macri, al ex ministro de Defensa Oscar Aguad, y al almirante Marcelo Srur.
 
La convocatoria del Consejo de Guerra se hizo ahora en el marco del legajo disciplinario ordenado en su momento, luego del hundimiento, por el ex ministro de Defensa Oscar Aguad. Este primer anuncio público fue hecho por la gestión encabezada por el actual ministro de Defensa, Agustín Rossi, a días del tercer aniversario del hundimiento del ARA San Juan.
 
El Consejo de Guerra debe determinar las "responsabilidades disciplinarias encuadradas dentro de las previsiones" del Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas. Se analizan en principio las "infracciones gravísimas" y también aquellas que, sin alcanzar el mismo nivel de gravedad, puedan surgir de la investigación de los autores navales.
 
Se dice que concluida la instrucción, se ha determinado a través del "Informe final" la existencia de faltas que determinan la constitución del Consejo General de Guerra. El presidente del Consejo será el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Sergio Aníbal Rossi, los vocales serán el general de brigada Juan Martín Paleo y el brigadier Pedro Esteban Girardi y será secretario el comodoro Angel Rojo. Como auditor intervendrá el general de Justicia Juan Antonio Stanchina.
 
Uno de los artículos citados en la convocatoria al Consejo de Guerra, es el que sanciona al militar que "en tiempo de guerra o en operaciones" ordenadas por las fuerzas "perdiera la unidad confiada a sus órdenes, provocara daño a la tropa o al equipamiento".
 
Y también por no haber tomado "las medidas preventivas necesarias" para evitar que eso ocurriera. Del mismo modo se penaliza el hecho de "no solicitar con la debida antelación el auxilio requerido", entre otros puntos.
 
Por Carlos Rodríguez
 
Fuente: Página12
 

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24-03-2026 / 13:03
24-03-2026 / 13:03
24-03-2026 / 12:03
Mientras la mayor parte de los argentinos dormían, en la madrugada del miércoles 24 de marzo de 1976, me desperté sobresaltado por los golpes en la puerta de mi casa. El "Chueco", un viejo compañero de militancia, me vino a comunicar que las Fuerzas Armadas habían derrocado al gobierno constitucional del peronismo.
 
Me vestí apresuradamente, me cambié el peinado, me afeite los bigotes y salí inmediatamente a alertar a otros compañeros. La primera casa a la que llegué, la de Rodolfo "Rody" Vittar, no existía más. Horas antes un comando paramilitar había llegado para detenerlo, y como no lo encontró, instaló explosivos y voló la vivienda hasta los cimientos.
 
La represión en Córdoba fue muy dura, igual que en muchos otros lugares del país. Este proceso desembocó en una sangrienta y larga noche de males, que dejó como saldo miles desaparecidos, una guerra perdida a manos de Gran Bretaña y un país económicamente quebrado, entre otras cosas.
 
Por eso, en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia, en este nuevo aniversario del golpe militar genocida, quiero recordar y rendir un recóndito homenaje a tres queridos compañeros y amigos, asesinados ese siniestro 24 de marzo.

Ellos son: Víctor Lorenzo, Concejal en Córdoba Capital por la Juventud Revolucionaria Peronista, quien fuera ejecutado, el día del golpe, de un tiro en la cabeza en la cárcel local; don Luis Carnevale, Senador Nacional por la misma provincia, secuestrado y desaparecido ese mismo día; y el mayor Bernardo Alberte, ex Delegado Personal de Juan Perón, quien fuera arrojado a través de la ventana de su departamento, en un sexto piso, por una patrulla militar, la madrugada del siniestro Golpe de Estado.

Hay muertes, que por ser las primeras, son todo un símbolo. Los militares asesinos los eligieron primero porque eran peronistas. Y no se lo perdonaron. Pero, a pesar de las cárceles y los fusilamientos, de los compañeros muertos y los desaparecidos, nunca fuimos vencidos. Continuamos invariablemente las luchas que emprendieron Eva y Juan Perón.

Compañeros Víctor Lorenzo, Luis Carnevale y Bernardo Alberte, Presentes. Hasta la victoria, siempre.

Por Blas García para La Opinión Popular 

24-03-2026 / 12:03
El 24 de marzo de 1976 una sublevación cívico-militar derrocó a la presidenta constitucional, María Estela Martínez, instalando una dictadura de tipo permanente autodenominada "Proceso de Reorganización Nacional", gobernada por una Junta Militar integrada por tres jerarcas militares, uno por cada fuerza. La junta designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla.
 
El gobierno militar suprimió los derechos civiles de los ciudadanos y las libertades públicas, anuló las garantías constitucionales, suspendió la actividad política, vedó los derechos de los trabajadores, intervino los sindicatos y la CGT, prohibió las huelgas, disolvió el Congreso y los partidos políticos, y destituyó la Corte Suprema de Justicia.

 
La dictadura impuso el terrorismo de Estado como método sistemático, un régimen de represión ilegal, violencia indiscriminada, persecuciones, tortura sistematizada y desaparición forzada de personas, en el que se violaron masivamente los derechos humanos y se produjeron, en un verdadero genocidio, decenas de miles de desaparecidos.

 
Pero la dictadura no se instaló sólo para torturar y matar gente, sino para posibilitar una transferencia masiva de riquezas hacia los núcleos más concentrados de la economía, quienes se apropiaron además de buena parte de los negocios públicos. Durante el proceso militar, por ejemplo, el grupo Macri pasó de tener 7 a 47 empresas, mostrando que el golpe no fue solo accionar de fuerzas represivas. Y los empresarios que mandaban en 1976, siguen mandando.

 
Para imponer un régimen alejado de los intereses nacionales y populares, el golpe militar fue ejecutado en contra del Pueblo y del peronismo en su conjunto, institucional, política e individualmente. Pensado en función del molde agro exportador de fines del siglo XIX que, dados los cambios internacionales, derivó en el programa pro financiero y desindustrializador, el modelo neoliberal. Hoy Javier Milei y Victoria Villaruel expresan muchos de esos ideales de Videla y Martínez de Hoz, pero también de los grandes empresarios, eternos dueños del país.

 
El Terrorismo de Estado produjo miles de desaparecidos. Hubo 30.000 luchadores sociales barridos por la represión, de todos los sectores políticos populares y revolucionarios. La inmensa mayoría de las víctimas fueron jóvenes, la inmensa mayoría fueron cuadros y militantes de la clase trabajadora, la inmensa mayoría fueron peronistas.


El Proceso puso fin al "Estado de Bienestar" fundado por Juan Perón y al Proyecto Nacional y Popular concebido por el justicialismo desde la década del 40, dejando en lamentable estado la convivencia democrática, la economía, la sociedad y las instituciones, abriendo profundas grietas que recién después de más de cuatro décadas empiezan a ser curadas.


A 50 años de aquel infausto 24 de marzo, en el contexto de un gobierno anarco capitalista que niega, justifica o exalta los crímenes cometidos por las fuerzas represivas, convocamos a mantener viva la memoria del Pueblo en apoyo a la continuidad de la búsqueda de memoria, verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos y en defensa de los Derechos Constitucionales, los Derechos Humanos y las Libertades individuales de ayer, de hoy y de siempre.


Carlos Morales para La Opinión Popular 

23-03-2026 / 10:03
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