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Nacionales - 09-11-2020 / 16:11
LO PROMUEVEN 15 GOBERNADORES

Debate en el peronismo por el proyecto para suspender las primarias

Debate en el peronismo por el proyecto para suspender las primarias
Alberto lo estudia y Massa lo gestiona en el Congreso. Pero el kirchnerismo se resiste y teme perder un arma clave en Buenos Aires. Hay tiempo hasta abril.
Al menos 15 gobernadores están convencidos de pedir que en agosto de 2021 no haya elecciones primarias abiertas y obligatorias, algunos lo expresaron públicamente y otros lo hablaron con el presidente, quien por ahora no se pronunció.
 
Sí lo hizo el Ministerio del Interior, a cargo de Eduardo "Wado" De Pedro, cercano a Cristina y Máximo Kirchner, y con la misión de organizar los comicios a través de la dirección nacional electoral, conducida por la secretaria de Asuntos Políticos, Patricia García Blanco.
 
"Se trabaja con el cronograma que fija la ley, porque es el Congreso el que debe modificarlo. Recibimos y escuchamos todas las opiniones, pero creemos que estos temas se deben discutir con todos los sectores", respondieron fuentes de Interior a los gobernadores, que esta semana salieron en fila a tuitear para que el año que viene se vote sólo en octubre.
 
Alegan que sería irresponsable aglomerar gente en agosto si hay un rebrote del Covid, como ocurrió con el invierno europeo; y que en plena pandemia tampoco tiene sentido invertir 12 mil millones de pesos para resolver las candidaturas de los partidos políticos.
 
La proclama esconde una picardía: las oposiciones locales no podrán resolver sus internas con facilidad sin la logística nacional, que resultó ser la principal utilidad de las primarias.
 
El primero en pedir que el año que viene no se lleven a cabo fue el gobernador Sergio Uñac, de San Juan; pero luego se sumaron Juan Manzur (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Juan Schiaretti (Córdoba), entre otros. Los últimos dos son esenciales para pasar el filtro del Congreso. 
 

 
Sáenz es compinche de Sergio Massa, quien ya se alineó con la idea y pule los proyectos de ley vigentes para materializarla. Redactó el suyo  el mendocino José Luis Ramón, líder de uno de los bloques aliados, que al igual que los gobernadores propone suspender las primarias sólo en 2021.
 
Pero también hay dos proyectos de Cambiemos presentados hace un año y con estado parlamentario: uno del mendocino Luis Borsani (actual secretario de coordinación operativa de Diputados), que propone que no haya primarias en las categorías en las que no exista competencia; y el de Pablo Tonelli, del PRO, que solicita suspenderlas por considerarlas inconstitucionales, debido a que alteran el calendario nacional electoral.
 
Se sumó a esta posición la diputada de Cambiemos por Mendoza, Claudia Najul, quien pidió que se suspendan las primarias. "Yo creo en que en este momento todas las señales que se den en bajar los gastos de la política van a ser bienvenidas. Las PASO son una encuesta carísima", afirmó.
 
Yo creo en que en este momento todas las señales que se den en bajar los gastos de la política van a ser bienvenidas. Las PASO son una encuesta carísima.
 
Pero en Cambiemos recalcularon posiciones esta semana en varios zoom de la mesa de conducción, con Mauricio Macri y Patricia Bullrich a la cabeza. En un escueto tuit, consideraron anti democrática cualquier modificación del cronograma electoral que no los incluya en el debate como fuerzas políticas, pero no se expresaron ni a favor ni en contra.
 
Sí lo hizo el jefe del interbloque de diputados Mario Negri, que pidió seguir los ejemplos de Bolivia y Chile y votar como sea. Fue a título personal, porque los cuatro gobernadores del principal frente opositor prefirieron no adelantar posición, tal vez tentados también en no enfrentar internas. No lo dicen.
 
El oficialismo podría suspenderlas sin llamar a radicales y macristas porque el respaldo de los aliados liderados por Ramón y de los 4 diputados de Schiaretti le alcanzan para una mayoría en Diputados. Y en el Senado tienen votos propios para manejar el recinto a gusto.
 
Así las cosas, la negociación es hacia el interior del gobierno y del Frente de Todos y lejos está de cerrarse. Al menos dos gobernadores que agitan la suspensión de las primarias confiaron a LPO que mientras el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, acepta iniciar una ronda de consultas, De Pedro es mucho más reticente.
 
"Santiago está dispuesto a trabajar con Alberto para ver si es posible, pero Wado repite que 'no tiene línea' y no sabemos de quién habla", contó a LPO uno de los gobernadores, que asegura haber conversado con la quincena de colegas decididos a pedir que no se vote hasta octubre y que entre ellos no estuvo Axel Kicillof, el más importante y decisivo.
 
En el Gobierno están expectantes a una definición de Wado de Pedro, que por ahora no aclaró si respalda la suspensión de las PASO. Ya son quince los gobernadores peronistas que piden suspenderlas, pero entre ellos no está Axel Kicillof.
 
No sólo porque en Buenos Aires vota el 40% del padrón nacional sino porque existe el mismo sistema de primarias abiertas para los comicios locales y con la particularidad que deben ser simultáneas a las nacionales, el segundo fin de semana de agosto.
 
Fue una idea de Néstor Kirchner para definir la interna peronista después de su derrota de 2009 frente a Francisco De Narváez en Buenos Aires. Se apuró en aprobarla antes que el recambio legislativo de diciembre de ese año lo dejara sin mayoría legislativa, Cristina en 2011 no tuvo mucho que dirimir y las primarias quedaron como un peculiar instrumento de lujo de la oposición de turno.
 
"Nadie negocia la banca en las urnas, sino que lo hace por afuera. Entonces en las elecciones legislativas terminamos pagando una gran encuesta que no le sirve a nadie", reflexionan las voces oficialistas que apoyan la gesta de los gobernadores.
 
Lo cierto es que así como Cristina siempre se resistió a eliminarlas aunque le eran perjudiciales, sus seguidores repiten en los pasillos virtuales que si se dejan de lado pagarán un costo político interno por desechar un sistema electoral ideado de puño y letra por Kirchner. "Nos reconocen que no sirven pero que no saben como explicarlo hacia adentro", confesó a LPO un diputado que empezó a negociar desde el llano con algunos legisladores con origen en La Cámpora.
 
Es que aunque pueda sancionarse una ley para suspender las primarias sólo por 2021, las encuestas que pasaron a manos de los gobernadores indican que un 75% de la sociedad no las considera útiles y deberían dejar de existir. Reinstalarlas en 2023 no sería tan sencillo.
 
Y ese año en la provincia de Buenos Aires podría haber una dura batalla para renovar un centenar de intendencias sin reelección, en otro tema de internas en el frente de Todos: la ley para restringir sus mandatos la promovió hace 4 años Massa en la Legislatura bonaerense y esta semana Alberto la cuestionó. Los alcaldes fantasean con un fallo judicial que la anule y nadie se atreva a apelar.
 
Aunque en su momento no la apoyó, Máximo Kirchner podría beneficiarse con decenas de candidatos propios en distritos más populosos que quedaran vacantes. Las primarias, llegado el caso, serían una útil herramienta para consagrarlos.
 
El debate sobre si se vota o no en agosto tiene sus límites. El 27 de abril debe cerrase el padrón (180 días antes de la elección general) y el 7 de mayo publicarse su primera versión, provisoria. La fecha para convocar a las primarias es el 10, un trimestre antes de su realización.
 
Llegada esa instancia, empiezan a correr los plazos para la presentación de frentes electorales y las listas. El sistema permite que cada partido presente sus candidatos si así lo desea y evita un sinfín de martingalas jurídicas para concentrar las nominas en el dueño de la lapicera, como ocurría hasta 2009. 
 
Con este cronograma, una ley para suspender las primarias no puede pasar de febrero o marzo. Se volvería a los itinerarios que hubo hasta 2007, con campañas iniciadas en agosto y candidatos inscriptos en septiembre, ya con cada interna partidaria resuelta puertas adentro. Es lo que buscan los gobernadores. Por ahora, sin consenso pleno en el oficialismo.
 
Por Mauricio Cantando
 
Fuente: La Política Online
 

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30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

26-12-2025 / 07:12
Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.
 
Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.
 
Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".
 
Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".
 
Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.
 
El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.
 
El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).
 
A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.
 
"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.
 
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