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Nacionales - 09-11-2020 / 16:11
LO PROMUEVEN 15 GOBERNADORES

Debate en el peronismo por el proyecto para suspender las primarias

Debate en el peronismo por el proyecto para suspender las primarias
Alberto lo estudia y Massa lo gestiona en el Congreso. Pero el kirchnerismo se resiste y teme perder un arma clave en Buenos Aires. Hay tiempo hasta abril.
Al menos 15 gobernadores están convencidos de pedir que en agosto de 2021 no haya elecciones primarias abiertas y obligatorias, algunos lo expresaron públicamente y otros lo hablaron con el presidente, quien por ahora no se pronunció.
 
Sí lo hizo el Ministerio del Interior, a cargo de Eduardo "Wado" De Pedro, cercano a Cristina y Máximo Kirchner, y con la misión de organizar los comicios a través de la dirección nacional electoral, conducida por la secretaria de Asuntos Políticos, Patricia García Blanco.
 
"Se trabaja con el cronograma que fija la ley, porque es el Congreso el que debe modificarlo. Recibimos y escuchamos todas las opiniones, pero creemos que estos temas se deben discutir con todos los sectores", respondieron fuentes de Interior a los gobernadores, que esta semana salieron en fila a tuitear para que el año que viene se vote sólo en octubre.
 
Alegan que sería irresponsable aglomerar gente en agosto si hay un rebrote del Covid, como ocurrió con el invierno europeo; y que en plena pandemia tampoco tiene sentido invertir 12 mil millones de pesos para resolver las candidaturas de los partidos políticos.
 
La proclama esconde una picardía: las oposiciones locales no podrán resolver sus internas con facilidad sin la logística nacional, que resultó ser la principal utilidad de las primarias.
 
El primero en pedir que el año que viene no se lleven a cabo fue el gobernador Sergio Uñac, de San Juan; pero luego se sumaron Juan Manzur (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Juan Schiaretti (Córdoba), entre otros. Los últimos dos son esenciales para pasar el filtro del Congreso. 
 

 
Sáenz es compinche de Sergio Massa, quien ya se alineó con la idea y pule los proyectos de ley vigentes para materializarla. Redactó el suyo  el mendocino José Luis Ramón, líder de uno de los bloques aliados, que al igual que los gobernadores propone suspender las primarias sólo en 2021.
 
Pero también hay dos proyectos de Cambiemos presentados hace un año y con estado parlamentario: uno del mendocino Luis Borsani (actual secretario de coordinación operativa de Diputados), que propone que no haya primarias en las categorías en las que no exista competencia; y el de Pablo Tonelli, del PRO, que solicita suspenderlas por considerarlas inconstitucionales, debido a que alteran el calendario nacional electoral.
 
Se sumó a esta posición la diputada de Cambiemos por Mendoza, Claudia Najul, quien pidió que se suspendan las primarias. "Yo creo en que en este momento todas las señales que se den en bajar los gastos de la política van a ser bienvenidas. Las PASO son una encuesta carísima", afirmó.
 
Yo creo en que en este momento todas las señales que se den en bajar los gastos de la política van a ser bienvenidas. Las PASO son una encuesta carísima.
 
Pero en Cambiemos recalcularon posiciones esta semana en varios zoom de la mesa de conducción, con Mauricio Macri y Patricia Bullrich a la cabeza. En un escueto tuit, consideraron anti democrática cualquier modificación del cronograma electoral que no los incluya en el debate como fuerzas políticas, pero no se expresaron ni a favor ni en contra.
 
Sí lo hizo el jefe del interbloque de diputados Mario Negri, que pidió seguir los ejemplos de Bolivia y Chile y votar como sea. Fue a título personal, porque los cuatro gobernadores del principal frente opositor prefirieron no adelantar posición, tal vez tentados también en no enfrentar internas. No lo dicen.
 
El oficialismo podría suspenderlas sin llamar a radicales y macristas porque el respaldo de los aliados liderados por Ramón y de los 4 diputados de Schiaretti le alcanzan para una mayoría en Diputados. Y en el Senado tienen votos propios para manejar el recinto a gusto.
 
Así las cosas, la negociación es hacia el interior del gobierno y del Frente de Todos y lejos está de cerrarse. Al menos dos gobernadores que agitan la suspensión de las primarias confiaron a LPO que mientras el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, acepta iniciar una ronda de consultas, De Pedro es mucho más reticente.
 
"Santiago está dispuesto a trabajar con Alberto para ver si es posible, pero Wado repite que 'no tiene línea' y no sabemos de quién habla", contó a LPO uno de los gobernadores, que asegura haber conversado con la quincena de colegas decididos a pedir que no se vote hasta octubre y que entre ellos no estuvo Axel Kicillof, el más importante y decisivo.
 
En el Gobierno están expectantes a una definición de Wado de Pedro, que por ahora no aclaró si respalda la suspensión de las PASO. Ya son quince los gobernadores peronistas que piden suspenderlas, pero entre ellos no está Axel Kicillof.
 
No sólo porque en Buenos Aires vota el 40% del padrón nacional sino porque existe el mismo sistema de primarias abiertas para los comicios locales y con la particularidad que deben ser simultáneas a las nacionales, el segundo fin de semana de agosto.
 
Fue una idea de Néstor Kirchner para definir la interna peronista después de su derrota de 2009 frente a Francisco De Narváez en Buenos Aires. Se apuró en aprobarla antes que el recambio legislativo de diciembre de ese año lo dejara sin mayoría legislativa, Cristina en 2011 no tuvo mucho que dirimir y las primarias quedaron como un peculiar instrumento de lujo de la oposición de turno.
 
"Nadie negocia la banca en las urnas, sino que lo hace por afuera. Entonces en las elecciones legislativas terminamos pagando una gran encuesta que no le sirve a nadie", reflexionan las voces oficialistas que apoyan la gesta de los gobernadores.
 
Lo cierto es que así como Cristina siempre se resistió a eliminarlas aunque le eran perjudiciales, sus seguidores repiten en los pasillos virtuales que si se dejan de lado pagarán un costo político interno por desechar un sistema electoral ideado de puño y letra por Kirchner. "Nos reconocen que no sirven pero que no saben como explicarlo hacia adentro", confesó a LPO un diputado que empezó a negociar desde el llano con algunos legisladores con origen en La Cámpora.
 
Es que aunque pueda sancionarse una ley para suspender las primarias sólo por 2021, las encuestas que pasaron a manos de los gobernadores indican que un 75% de la sociedad no las considera útiles y deberían dejar de existir. Reinstalarlas en 2023 no sería tan sencillo.
 
Y ese año en la provincia de Buenos Aires podría haber una dura batalla para renovar un centenar de intendencias sin reelección, en otro tema de internas en el frente de Todos: la ley para restringir sus mandatos la promovió hace 4 años Massa en la Legislatura bonaerense y esta semana Alberto la cuestionó. Los alcaldes fantasean con un fallo judicial que la anule y nadie se atreva a apelar.
 
Aunque en su momento no la apoyó, Máximo Kirchner podría beneficiarse con decenas de candidatos propios en distritos más populosos que quedaran vacantes. Las primarias, llegado el caso, serían una útil herramienta para consagrarlos.
 
El debate sobre si se vota o no en agosto tiene sus límites. El 27 de abril debe cerrase el padrón (180 días antes de la elección general) y el 7 de mayo publicarse su primera versión, provisoria. La fecha para convocar a las primarias es el 10, un trimestre antes de su realización.
 
Llegada esa instancia, empiezan a correr los plazos para la presentación de frentes electorales y las listas. El sistema permite que cada partido presente sus candidatos si así lo desea y evita un sinfín de martingalas jurídicas para concentrar las nominas en el dueño de la lapicera, como ocurría hasta 2009. 
 
Con este cronograma, una ley para suspender las primarias no puede pasar de febrero o marzo. Se volvería a los itinerarios que hubo hasta 2007, con campañas iniciadas en agosto y candidatos inscriptos en septiembre, ya con cada interna partidaria resuelta puertas adentro. Es lo que buscan los gobernadores. Por ahora, sin consenso pleno en el oficialismo.
 
Por Mauricio Cantando
 
Fuente: La Política Online
 

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18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

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