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Nacionales - 09-11-2020 / 16:11
LO PROMUEVEN 15 GOBERNADORES

Debate en el peronismo por el proyecto para suspender las primarias

Debate en el peronismo por el proyecto para suspender las primarias
Alberto lo estudia y Massa lo gestiona en el Congreso. Pero el kirchnerismo se resiste y teme perder un arma clave en Buenos Aires. Hay tiempo hasta abril.
Al menos 15 gobernadores están convencidos de pedir que en agosto de 2021 no haya elecciones primarias abiertas y obligatorias, algunos lo expresaron públicamente y otros lo hablaron con el presidente, quien por ahora no se pronunció.
 
Sí lo hizo el Ministerio del Interior, a cargo de Eduardo "Wado" De Pedro, cercano a Cristina y Máximo Kirchner, y con la misión de organizar los comicios a través de la dirección nacional electoral, conducida por la secretaria de Asuntos Políticos, Patricia García Blanco.
 
"Se trabaja con el cronograma que fija la ley, porque es el Congreso el que debe modificarlo. Recibimos y escuchamos todas las opiniones, pero creemos que estos temas se deben discutir con todos los sectores", respondieron fuentes de Interior a los gobernadores, que esta semana salieron en fila a tuitear para que el año que viene se vote sólo en octubre.
 
Alegan que sería irresponsable aglomerar gente en agosto si hay un rebrote del Covid, como ocurrió con el invierno europeo; y que en plena pandemia tampoco tiene sentido invertir 12 mil millones de pesos para resolver las candidaturas de los partidos políticos.
 
La proclama esconde una picardía: las oposiciones locales no podrán resolver sus internas con facilidad sin la logística nacional, que resultó ser la principal utilidad de las primarias.
 
El primero en pedir que el año que viene no se lleven a cabo fue el gobernador Sergio Uñac, de San Juan; pero luego se sumaron Juan Manzur (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Juan Schiaretti (Córdoba), entre otros. Los últimos dos son esenciales para pasar el filtro del Congreso. 
 

 
Sáenz es compinche de Sergio Massa, quien ya se alineó con la idea y pule los proyectos de ley vigentes para materializarla. Redactó el suyo  el mendocino José Luis Ramón, líder de uno de los bloques aliados, que al igual que los gobernadores propone suspender las primarias sólo en 2021.
 
Pero también hay dos proyectos de Cambiemos presentados hace un año y con estado parlamentario: uno del mendocino Luis Borsani (actual secretario de coordinación operativa de Diputados), que propone que no haya primarias en las categorías en las que no exista competencia; y el de Pablo Tonelli, del PRO, que solicita suspenderlas por considerarlas inconstitucionales, debido a que alteran el calendario nacional electoral.
 
Se sumó a esta posición la diputada de Cambiemos por Mendoza, Claudia Najul, quien pidió que se suspendan las primarias. "Yo creo en que en este momento todas las señales que se den en bajar los gastos de la política van a ser bienvenidas. Las PASO son una encuesta carísima", afirmó.
 
Yo creo en que en este momento todas las señales que se den en bajar los gastos de la política van a ser bienvenidas. Las PASO son una encuesta carísima.
 
Pero en Cambiemos recalcularon posiciones esta semana en varios zoom de la mesa de conducción, con Mauricio Macri y Patricia Bullrich a la cabeza. En un escueto tuit, consideraron anti democrática cualquier modificación del cronograma electoral que no los incluya en el debate como fuerzas políticas, pero no se expresaron ni a favor ni en contra.
 
Sí lo hizo el jefe del interbloque de diputados Mario Negri, que pidió seguir los ejemplos de Bolivia y Chile y votar como sea. Fue a título personal, porque los cuatro gobernadores del principal frente opositor prefirieron no adelantar posición, tal vez tentados también en no enfrentar internas. No lo dicen.
 
El oficialismo podría suspenderlas sin llamar a radicales y macristas porque el respaldo de los aliados liderados por Ramón y de los 4 diputados de Schiaretti le alcanzan para una mayoría en Diputados. Y en el Senado tienen votos propios para manejar el recinto a gusto.
 
Así las cosas, la negociación es hacia el interior del gobierno y del Frente de Todos y lejos está de cerrarse. Al menos dos gobernadores que agitan la suspensión de las primarias confiaron a LPO que mientras el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, acepta iniciar una ronda de consultas, De Pedro es mucho más reticente.
 
"Santiago está dispuesto a trabajar con Alberto para ver si es posible, pero Wado repite que 'no tiene línea' y no sabemos de quién habla", contó a LPO uno de los gobernadores, que asegura haber conversado con la quincena de colegas decididos a pedir que no se vote hasta octubre y que entre ellos no estuvo Axel Kicillof, el más importante y decisivo.
 
En el Gobierno están expectantes a una definición de Wado de Pedro, que por ahora no aclaró si respalda la suspensión de las PASO. Ya son quince los gobernadores peronistas que piden suspenderlas, pero entre ellos no está Axel Kicillof.
 
No sólo porque en Buenos Aires vota el 40% del padrón nacional sino porque existe el mismo sistema de primarias abiertas para los comicios locales y con la particularidad que deben ser simultáneas a las nacionales, el segundo fin de semana de agosto.
 
Fue una idea de Néstor Kirchner para definir la interna peronista después de su derrota de 2009 frente a Francisco De Narváez en Buenos Aires. Se apuró en aprobarla antes que el recambio legislativo de diciembre de ese año lo dejara sin mayoría legislativa, Cristina en 2011 no tuvo mucho que dirimir y las primarias quedaron como un peculiar instrumento de lujo de la oposición de turno.
 
"Nadie negocia la banca en las urnas, sino que lo hace por afuera. Entonces en las elecciones legislativas terminamos pagando una gran encuesta que no le sirve a nadie", reflexionan las voces oficialistas que apoyan la gesta de los gobernadores.
 
Lo cierto es que así como Cristina siempre se resistió a eliminarlas aunque le eran perjudiciales, sus seguidores repiten en los pasillos virtuales que si se dejan de lado pagarán un costo político interno por desechar un sistema electoral ideado de puño y letra por Kirchner. "Nos reconocen que no sirven pero que no saben como explicarlo hacia adentro", confesó a LPO un diputado que empezó a negociar desde el llano con algunos legisladores con origen en La Cámpora.
 
Es que aunque pueda sancionarse una ley para suspender las primarias sólo por 2021, las encuestas que pasaron a manos de los gobernadores indican que un 75% de la sociedad no las considera útiles y deberían dejar de existir. Reinstalarlas en 2023 no sería tan sencillo.
 
Y ese año en la provincia de Buenos Aires podría haber una dura batalla para renovar un centenar de intendencias sin reelección, en otro tema de internas en el frente de Todos: la ley para restringir sus mandatos la promovió hace 4 años Massa en la Legislatura bonaerense y esta semana Alberto la cuestionó. Los alcaldes fantasean con un fallo judicial que la anule y nadie se atreva a apelar.
 
Aunque en su momento no la apoyó, Máximo Kirchner podría beneficiarse con decenas de candidatos propios en distritos más populosos que quedaran vacantes. Las primarias, llegado el caso, serían una útil herramienta para consagrarlos.
 
El debate sobre si se vota o no en agosto tiene sus límites. El 27 de abril debe cerrase el padrón (180 días antes de la elección general) y el 7 de mayo publicarse su primera versión, provisoria. La fecha para convocar a las primarias es el 10, un trimestre antes de su realización.
 
Llegada esa instancia, empiezan a correr los plazos para la presentación de frentes electorales y las listas. El sistema permite que cada partido presente sus candidatos si así lo desea y evita un sinfín de martingalas jurídicas para concentrar las nominas en el dueño de la lapicera, como ocurría hasta 2009. 
 
Con este cronograma, una ley para suspender las primarias no puede pasar de febrero o marzo. Se volvería a los itinerarios que hubo hasta 2007, con campañas iniciadas en agosto y candidatos inscriptos en septiembre, ya con cada interna partidaria resuelta puertas adentro. Es lo que buscan los gobernadores. Por ahora, sin consenso pleno en el oficialismo.
 
Por Mauricio Cantando
 
Fuente: La Política Online
 

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23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
La Opinión Popular
 

22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

19-12-2025 / 10:12
La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional.  El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.
 
"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.
 
Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.
 
Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.
 
Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.
 
El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.
 
Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.
 
La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.
 
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