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Nacionales - 04-11-2020 / 09:11
LA RESOLUCIÓN DEJÓ AL DESCUBIERTO LAS MENTIRAS DE CLARÍN, LA NACIÓN E INFOBAE

Alberto Fernández: "La Corte nos dio la razón"

Alberto Fernández:
En el fallo se sostiene que la Constitución sólo admite designar jueces por concursos y no por traslados definitivos, como los que hizo el macrismo, para intentar manipular la justicia y que afectan la independencia del Poder Judicial. Bruglia y Bertuzzi tendrán la posibilidad de postularse, pero recibieron la noticia con malestar y evalúan renunciar. El caso de Germán Castelli, que también está molesto, se resolvería el jueves de un modo similar.
La Corte mostró una vez más su intención de pararse por encima de todos los sectores "en disputa" para proteger a la familia judicial en la medida en que pudo. No obstante, desde el gobierno de Alberto Fernández se celebra el fallo porque Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi son considerados mal designados en los cargos que ocupan. Desde la oposición macrista de derecha y desde el Grupo Clarín, lamentan el revés y que la Corte no se haya sometido enteramente a sus deseos. Hubo bronca macrista en las redes.
 
"Celebro que hay una mejor justicia", afirmó el Presidente en un acto en Avellaneda. En el Gobierno consideraban que la resolución -aunque buscaba ser salomónica- les dio la razón en cuanto a los traslados sólo pueden ser temporarios y nunca definitivos. Además, que la decisión de Carlos Rosenkrantz de conceder el per saltum había sido magnificar el tema más allá de lo aconsejable.
 
En el fallo se sostiene que la Constitución sólo admite designar jueces por concursos y no por traslados definitivos, como los que hizo el macrismo, para intentar manipular la justicia afectando la independencia del Poder Judicial. Bruglia y Bertuzzi tendrán la posibilidad de postularse, pero recibieron la noticia con malestar y evalúan renunciar. El caso de Germán Castelli, que también está molesto, se resolvería el jueves de un modo similar.
 
Con este razonamiento "salomónico", la Corte sostuvo que ninguna designación por traslado puede ser definitiva y que los jueces Bruglia y Bertuzzi podrán quedarse en la estratégica Cámara Federal de Comodoro Py, donde el macrismo intentó llevarlos a dedo para siempre con ese mecanismo, hasta que termine el concurso para cubrir las vacantes, al que podrán postularse y rendir examen.
 
Esto podría llevar unos dos años, aunque el oficialismo en el Consejo de la Magistratura ya busca el modo de acelerar. El fallo está basado en un voto que armaron en conjunto Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, al que adhirió en su esencia Elena Highton de Nolasco.
 
El ex abogado de Clarín, Carlos Rosenkrantz, se quedó solo en su  apoyo a los jueces trasladados a dedo y, como ya había dejado en claro, sostiene que los traslados son definitivos y no hay vuelta atrás. Para la mayoría, en cambio, esa interpretación viola la Constitución Nacional y la independencia del Poder Judicial.
 

 
Es cierto que la Corte dijo que la única forma de designar jueces es como marca la Constitución: concurso, terna, propuesta presidencial y acuerdo del Senado. Pero al mantener a Bruglia y Bertuzzi en sus cargos hasta que se complete ese proceso no hacen más que estirar las designaciones a dedo de Mauricio Macri. Es una sentencia "auto contradictoria": "Es o no es. Es como si se otorgase el registro para manejar sin rendir el examen".
 
La Corte ordenó un nuevo concurso para las 2 vacantes en la Sala I de la Cámara Federal pese a que actualmente hay un concurso en trámite para 2 vacantes en la Sala II. Lo que sí habilitaron los cortesanos es que Bruglia y Bertuzzi se presenten a esos concursos aún cuando aceptaron violar la Constitución. Un deja vú de la designación por decreto de los propios miembros de la Corte Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. El denominador común es Macri.
 
La Opinión Popular
 
 
LA VOTACIÓN FUE 4 A 1, CARLOS ROSENKRANTZ VOLVIÓ A QUEDAR SOLO
 
La Corte Suprema limitó los traslados a dedo de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, siguen solo hasta que se haga el concurso
 
La decisión, con la que la Corte intenta resaltar su poder de quedarse con la última palabra en grandes temas institucionales y políticos, reparte cachetazos para distintos sectores. Es crítica con el Consejo de la Magistratura y declara la inconstitucionalidad de la resolución 183/2020 con que ese organismo estableció este año que una decena de traslados de jueces y juezas eran irregulares porque no habían completado el proceso.
 
Según los supremos, el Consejo convalidaba un procedimiento que no es exactamente el que establece la Constitución, al dejar de lado los concursos.
 
La decisión revoca también la resolución de la jueza de primera instancia del fuero en lo contencioso administrativo, Alejandra Biotti, que rechazaba el reclamo de Bruglia y Bertuzzi. A la vez, la Corte no hace lugar al amparo del dúo BB, porque precisamente pretendía quedarse en forma definitiva en la Sala I de la Cámara Federal.
 
 
La relevancia del caso
  
Para entender la relevancia de este debate hay que remontarse a fines de 2016 cuando el gobierno de Mauricio Macri comenzó a hacer movimientos para lograr ubicar en cargos judiciales que les interesaban por los expedientes que manejaban a jueces y juezas que les merecían confianza o veían afines.
 
Una de las primeras estrategias usadas fue convertir tribunales orales ordinarios en federales, que serían claves en llevar adelante los juicios orales contra Cristina Fernández de Kirchner y otros ex funcionarios.
 
La Corte desarticuló esa iniciativa por medio de dos "acordadas", las 4 y 7 de 2018, sobre las que vuelve en esta sentencia que analiza los traslados. De hecho, impidió que se conformara un tribunal al que hasta le habían asignado el primer juicio contra CFK.
 
Luego de ese ese golpe, las huestes de Mauricio Macri en el Consejo comenzaron a promover más designaciones en otros cargos utilizando artilugios similares: así fue que efectuaron traslados, y comenzaron a pasar con la decisión de una simple mayoría del organismo, a jueces y juezas de un cargo a otro.
 
Bruglia y Bertuzzi estaban en el Tribunal Oral 4 y pasaron a la Cámara Federal, donde se plasmó la doctrina Irurzun y se avalaron los métodos de la causa cuadernos, entre otras cosas. Esto se repitió con otros cargos, como el caso de Germán Castelli, que pasó de un tribunal oral de San Martín a un tribunal federal, el 7, que casualmente tiene el caso de las fotocopias de los cuadernos.
 
Otros siete jueces/zas más figuran como trasladados sin concurso ni acuerdo del Senado, la mayoría durante el gobierno de Cambiemos, y sus traslados están bajo revisión de la Cámara alta. Lo que sucede es que la Corte dice ahora que para todos esos casos el procedimiento correcto es que se hagan los concursos, no basta con el acuerdo del Senado.
 
Así, todos los trasladados/as que estén en tela de juicio, podrán continuar de manera provisoria en los lugares que ocupen en esa condición, con garantía de inamovilidad, pero tendrán que irse cuando termine el concurso, a menos que se presenten y lo ganen, que es una posibilidad.
 
 
La Cámara Federal
  
En medio de este rompecabezas, el dato político relevante se relaciona con la conformación de la Cámara Federal, que tiene seis cargos, divididos en dos salas. Hasta hoy manejaban exclusivamente este tribunal Martín Irurzun y Mariano Llorens. Ahora podrán volver Bruglia y Bertuzzi por un tiempo y quedan dos lugares vacíos. Para estos dos últimos el Consejo podrá elevar candidatos al Poder Ejecutivo porque ya hay un orden de mérito.
 
Para los de BB, tendrá que hacer una nueva convocatoria. En los hechos, vuelven a estar los "viejos" jueces de la Cámara que jugaron fuerte durante el gobierno de Cambiemos. Ahora las causas más sensibles que tendrán por revisar son las que involucran a Macri y su equipo.
 
Una variante sobre la que aún no hay definiciones es la posibilidad de que vuelva a uno de esos dos lugares el camarista Eduardo Farah, que dijo en el Senado que sólo había pedido su traslado porque estaba presionado por el macrismo a raíz de que dejó en libertad a los dueños del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián de Sousa.
 
La diferencia con otros casos es que Farah había concursado para ese lugar que ocupaba en la Cámara y al que quiere volver. Otro caso candidato a revisión es el de Carlos Mahiques, que fue trasladado de la Cámara de Casación nacional a la Federal, solo con acuerdo del Senado.
 
 
El disgusto de Bruglia y Bertuzzi
  
Más allá de esta posibilidad de regreso para Bruglia y Bertuzzi, ambos jueces recibieron la decisión con disgusto porque la Corte cuestiona el núcleo de su planteo. Por eso analizan también la opción de renunciar. En la misma senda de malestar está el juez Castelli. Su situación se resolvería el jueves, pero análogamente.
 
En el Consejo de la Magistratura, digieren las críticas cortesanas con algo de optimismo: el oficialismo hace un balance a su favor y busca alguna estrategia para poder apurar el concurso y resolverlo en seis a ocho meses. Sería un récord de celeridad. El oficialismo en general evalúa que la Corte les dio la razón al señalar que los traslados no son permanentes.
 
Queda claro que ahora habrá muchas limitaciones para hacer designaciones por traslado de jueces o juezas de un cargo a otro. La Corte también declaró la inconstitucionalidad de la resolución 155/00 del Consejo que establecía el reglamento para ese tipo de nombramientos, que incluían la evaluación de ese organismo y un decreto del Poder Ejecutivo, sin concurso.
 
Le advierte al organismo que tiene que restringir al máximo los traslados y, a la vez, exhorta al Congreso para que dicte una ley que los regule. Es contundente en que nunca hubo en el derecho argentino una referencia a que un traslado pueda ser definitivo y por lo tanto no se puede analizar una aplicación retroactiva de una ley que no existe como tal.
 
Insiste en que el único modo de nombrar jueces es "en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos". Aclaran que los nombramientos son "para un cargo específico" y que no es algo genérico que permite cambiar de lugar como si nada.
 
Bruglia, Bertuzzi y Castelli se habían aferrado a las dos acordadas firmadas por la Corte en 2018, que interpretaban a su favor. La número 4 fue la primera, y fue publicada el 15 de marzo de 2018. Como los supremos impidieron con ella que se formara un tribunal oral a medida del macrismo, el entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, comenzó a referirse los tres jueces que la firmaron como "la mayoría peronista".
 
Son los mismos que hicieron mayoría ahora: Rosatti, Maqueda y Lorenzetti. Rosenkrantz y Highton votaron en disidencia. Once días después, dos diputados que integraban el Consejo por el macrismo, Pablo Tonelli (PRO) y Mario Negri (UCR), presentaron un proyecto de ley para poder hacer traslados sin siquiera el acuerdo del Senado. No prosperó.
 
Se preparaban para el traslado de Bruglia, que se concretó el 9 de abril. Antes, Garavano le pidió aclaraciones al máximo tribunal. En la acordada 7 el mismo tridente supremo sostuvo que para los traslados de jueces federales, si cumplen funciones con igual jerarquía, jurisdicción y competencia no se requiere acuerdo del Senado.
 
Insistió en que es un mecanismo excepcional y que a los/las jueces/zas sólo se los nombra como prevé la Constitución en el artículo 99 inciso 4. Pero esa decisión fue posterior al traslado de Bruglia, no resolvía su caso. Bertuzzi fue trasladado el 9 de octubre. El Consejo de la Magistratura interpretó que el máximo tribunal no avalaba los traslados sin acuerdo del Senado.
 
Los BBC, la oposición política y los medios afines, consideran que la Corte resignificó lo que ella misma había dicho y cambió de criterio ahora. Sin embargo, el fallo dice que las acordadas hablaban de la validez de los traslados pero no de su temporalidad, más allá de que estuvieran destinados a competencias o jurisdicciones diferentes.
 
Dice, además, que debían leerse juntas. Validar el mecanismo de traslado, para la mayoría suprema, no es igual a validar un nombramiento de jueces, que es permanente. La Corte insiste en que en ninguna disposición dice que los traslados de Bruglia y Bertuzzi fueran definitivos. En todo caso, sostiene, responden a una costumbre inconstitucional.
 
Rosenkrantz es, puertas adentro y hacia el macrismo también, un gran perdedor de la  jornada. Había hecho una demostración de fuerza al imponer el tratamiento del per saltum a sus colegas y ventilar su posición. Volvió a quedar solo. Para él, los traslados son una práctica "institucional" (no inconstitucional) validada por la Corte, que no hay que modificar, el Consejo no debe hacer nada que esté destinado a "desplazar" al dúo BB y los demás trasladados.
 
También fue crítico con el Consejo por tomar una decisión retroactiva que revisó traslados ya realizados. Todo hace pensar que la que salió mejor parada en todo este enredo fue la propia Corte, o esa mayoría que se aglutina ante las grandes ocasiones.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 

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05-02-2026 / 11:02
Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.
 
Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.
 
El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.
 
Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.
 
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.
 
Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.
 
La Opinión Popular
 

04-02-2026 / 11:02
A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).
 
Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".
 
En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.
 
Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).
 
Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.
 
Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.
 
Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".
 
La Opinión Popular
 

03-02-2026 / 11:02
Tras la renuncia de Marco Lavagna al frente del Indec, porque Javier Milei se niega a medir bien la inflación, Luis "Toto" Caputo decidió postergar la publicación de la nueva canasta de medición de precios, que daría una inflación mucho mayor. "Con el Presidente siempre pensamos que había que cambiarlo una vez que el proceso de desinflación estuviera consolidado", afirmó. O sea, nunca. El Gobierno libertario oculta así el fracaso económico mientras los trabajadores del organismo alertan por intervención.
 
La decisión de Milei y Caputo de suspender sin límites la actualización del IPC solo una semana antes de su puesta en marcha fue demasiado hasta para Lavagna, que había aceptado retrasarla hasta ahora, además de hacer magia con los índices de la inflación y la pobreza. Presentó la renuncia al Indec y fue reemplazado por su segundo, incondicional de Caputo.
 
No hay eufemismos ni figuras simuladas que tapen lo que realmente pasó, a sólo 8 días de que se conozca un IPC que debería estar actualizado, tal como lo había prometido el Gobierno: Lavagna confió internamente que salió del ente estadístico, precisamente, porque Milei y el ministro de Economía, Caputo, se negaban a implementar la nueva medición de inflación por la que él venía peleando hacía más de dos años. Horas más tarde, Caputo se vio obligado a salir a confirmar los dichos de Lavagna.
 
Los dichos de Caputo son escandalosos y abren dudas peligrosas respecto a los números, porque los técnicos del INDEC ya tenían medidos precios con el nuevo IPC y se había anunciado la aplicación de ese índice para el próximo martes 10, cuando se sepa la inflación de enero. Esa medición daba arriba del 3 por ciento, pero a Lavagna le pedían que esté en torno al 2 por ciento. Además, es polémico porque Caputo no le pone fecha a la nueva medición. Es decir, Milei y Caputo se niegan, sin fecha cierta, a medir la inflación con la Encuesta de Hogares del 2018, para seguir haciéndolo con la del 2004.
 
Una medición que no refleja el costo de vida de las familias. Lo que el Gobierno hace evitando actualizarlos, es que no se vean reflejados en enero los aumentos de tarifas, en un escenario donde además los alimentos vienen subiendo. En pocas palabras, Milei está midiendo la inflación con los mismos parámetros de gastos familiares que había 22 años atrás.
 
Lo que eran sospechas terminaron siendo confirmadas por el propio gobierno. El viernes pasado el Banco Central difundió el Informe de Política Monetaria donde se admite abiertamente que si se hubiese utilizado el nuevo IPC la inflación hubiese sido más alta en los últimos dos años por la suba de los servicios públicos, que recién a partir de ahora tendrán más peso en la canasta del Indec. El propio Banco Central confirmó la manipulación del índice de inflación.
 
Mientras la población siente que los salarios se pulverizan y el pluriempleo crece, los datos oficiales truchos muestran un aumento inflacionario "moderado", utilizado por el Gobierno anarco capitalista también para planchar paritarias y jubilaciones. Esta brecha entre la realidad social y las estadísticas alimenta la desconfianza generalizada, incluso entre especialistas.
 
La Opinión Popular
 

02-02-2026 / 11:02
El secuestro de Nicolás Maduro se transmitió en tiempo real por televisión y redes sociales, en una estudiada coreografía que hacía parecer toda la escena como parte de la última mega producción de Hollywood. A eso se sumó luego una campaña virtual de Donald Trump en la que se presentaba al mandatario como una especie de dueño del continente entero, incluyendo -sobre todo- a Groenlandia. El spin-off local de Trump no se queda atrás. Javier Milei, otra figura nacida en un set de TV, mezcla su presidencia con recitales masivos, romances fogosos y una cultura memética permanente en redes sociales. En todo el planeta es el momento de la política comic show, un juego que, a la vez, es mucho más que eso.
 
Milei construyó su llegada al poder desde los paneles de televisión. Allí mezcló gritos violentos, peleas salvajes y un aporte original: la capacidad de discutir autores económicos en prime time desde una matriz libertaria extrema. Su figura se nutrió además de otros condimentos: obras de teatro durante los veranos, noviazgos mediáticos -en 2018 salió con Daniela Mori, exintegrante de la banda de cumbia Las Primas-, revelaciones perturbadoras sobre su sexualidad tántrica, covers de temas de rock y clásicos, apariciones disfrazado como superhéroe y, por supuesto, su marca registrada: su extraña cabellera.
 
Mientras por un lado agita la violencia con invitaciones permanentes a "odiar más" y compara a sus rivales con monos o cucarachas, por el otro ofrece circo: el recital en el Movistar Arena, su show en el festival de Jesús María, una aparición en un canal de streaming oficialista junto a su perro clonado, un beso fogoso con su entonces pareja en un teatro costero, cuadros en la Quinta de Olivos donde se compara con Wolverine y con un león, una bizarra cuenta en inglés presentada mediante un cómic donde aparece volando sobre Buenos Aires como superhéroe.
 
A esta lista se suma su escasa preocupación por la higiene y el recambio de vestuario -con el mameluco de YPF como emblema, incluso en Davos- y su llanto desconsolado en el Muro de los Lamentos, una postal inédita para un presidente argentino. Con matices, todos estos episodios -los extravagantes y los violentos- comparten algo en común: arrastran la atención popular, dominan redes sociales y colonizan la agenda mediática y política, mientras corren los límites de lo decible en la sociedad argentina. "La primera estrategia de esta derecha es polarizar a la sociedad", explica el historiador Steven Forti en Extrema derecha 2.0. "No se trata de excentricidades, sino de una estrategia bien pensada."
 
Ese manual fue adoptado por la administración libertaria desde su llegada al poder. Cuando no fue el cierre del INADI o de Télam, fue un ataque a la comunidad homosexual, al periodismo o a alguna artista musical. Y cuando no había escándalo político, lo había estético: cuatro camperas en pleno verano, intentos de ocultar la papada o defensas públicas de películas de Guillermo Francella. De una u otra forma, siempre provocaba bronca, perplejidad o fascinación, emociones ideales que premian lo ruidoso.
 
Lo explica Giuliano da Empoli en Los ingenieros del caos, libro de cabecera del asesor presidencial Santiago Caputo: "El megáfono de Trump era la indignación de los medios." Con Trump y Milei ocurre lo mismo: se los puede amar o detestar, pero no ignorar.  Richard Nixon lo llamaba "la teoría del loco". Fingir irracionalidad para volverse imprevisible y, por eso mismo, temible. Trump lo dijo sin rodeos: "Xi Jinping sabe que estoy totalmente loco."
 
La pregunta es inevitable: ¿estamos ante líderes desbordados o ante personajes cuidadosamente construidos? "La banalidad de la locura", la llama el politólogo Brian Klaas: una saturación de exabruptos que termina anestesiando a la sociedad.
 
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01-02-2026 / 10:02
Desde su llegada a la Casa Rosada, Javier "Pinocho" Milei construyó un relato épico de gestión que, al ser contrastado con datos verificables, empieza a mostrar fisuras cada vez más profundas. Promesas infladas, cifras manipuladas, logros magnificados y afirmaciones directamente falsas forman parte de un patrón comunicacional que ya no puede explicarse como simples errores.
 
Se trata, cada vez más claramente, de una estrategia política basada en la distorsión sistemática de la realidad. Organizaciones especializadas en verificación de datos, como Chequeado, desmintieron en reiteradas oportunidades afirmaciones centrales del discurso presidencial. Uno de los ejemplos más notorios fue la declaración en la que Milei aseguró haber sacado a diez millones de argentinos de la pobreza.
 
El número, ampliamente difundido por el oficialismo, resultó ser metodológicamente incorrecto, engañoso y sin respaldo estadístico sólido. Si bien algunos indicadores mostraron leves mejoras, la magnitud del cambio real está muy lejos del relato triunfalista que el prescindente intenta instalar. Algo similar ocurrió con su afirmación de haber eliminado los piquetes en todo el país. Lejos de desaparecer, los cortes de calles continuaron registrándose, aunque con menor visibilidad y mayor intervención de las fuerzas de seguridad.
 
La reducción de protestas no equivale a su erradicación, pero Milei optó por presentar una victoria absoluta que los datos desmienten. La manipulación también alcanza el terreno histórico. En reiteradas ocasiones, el mandatario afirmó que la Argentina fue uno de los 3 países más ricos del mundo, una afirmación que no resiste el menor análisis serio de los registros económicos internacionales.
 
Esta construcción mítica, repetida hasta el cansancio, busca reforzar la narrativa del "paraíso perdido" arruinado por la política tradicional, aun cuando carece de sustento empírico. El uso irresponsable de información falsa no se limita a discursos oficiales. En redes sociales, Milei llegó a difundir encuestas inexistentes, atribuidas falsamente a la Fundación FOPEA, con el objetivo de desacreditar al periodismo.
 
La propia organización salió a desmentir públicamente la información, dejando al descubierto una práctica preocupante: la utilización deliberada de datos falsos para atacar a la prensa crítica. Este comportamiento no es aislado. Forma parte de una lógica de comunicación basada en la confrontación permanente, la exageración de logros, la victimización y la construcción de enemigos internos.
 
La distorsión de cifras y hechos se convierte así en una herramienta política para sostener un relato épico que muchas veces choca contra la realidad cotidiana de millones de argentinos. Mientras la inflación continúa afectando el poder adquisitivo, la recesión golpea al consumo y el ajuste impacta con fuerza en jubilados, trabajadores y sectores medios, el discurso presidencial insiste en mostrar una Argentina idealizada que pocos logran reconocer en su vida diaria.
 
En este contexto, la manipulación informativa no solo erosiona la credibilidad del Gobierno, sino que también debilita el debate democrático y el derecho ciudadano a estar informado con veracidad. Gobernar a base de datos falsos puede rendir frutos comunicacionales de corto plazo, pero tiene costos profundos. Cuando la mentira se convierte en política de Estado, la confianza pública se deteriora, la institucionalidad se debilita y el vínculo entre gobernantes y sociedad se vuelve cada vez más frágil. En definitiva, más que errores ocasionales, las distorsiones discursivas de Milei parecen responder a una estrategia clara: imponer un relato antes que explicar la realidad. Una apuesta peligrosa que, tarde o temprano, termina chocando contra los hechos.
 
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