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Nacionales - 04-11-2020 / 09:11
LA RESOLUCIÓN DEJÓ AL DESCUBIERTO LAS MENTIRAS DE CLARÍN, LA NACIÓN E INFOBAE

Alberto Fernández: "La Corte nos dio la razón"

Alberto Fernández:
En el fallo se sostiene que la Constitución sólo admite designar jueces por concursos y no por traslados definitivos, como los que hizo el macrismo, para intentar manipular la justicia y que afectan la independencia del Poder Judicial. Bruglia y Bertuzzi tendrán la posibilidad de postularse, pero recibieron la noticia con malestar y evalúan renunciar. El caso de Germán Castelli, que también está molesto, se resolvería el jueves de un modo similar.
La Corte mostró una vez más su intención de pararse por encima de todos los sectores "en disputa" para proteger a la familia judicial en la medida en que pudo. No obstante, desde el gobierno de Alberto Fernández se celebra el fallo porque Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi son considerados mal designados en los cargos que ocupan. Desde la oposición macrista de derecha y desde el Grupo Clarín, lamentan el revés y que la Corte no se haya sometido enteramente a sus deseos. Hubo bronca macrista en las redes.
 
"Celebro que hay una mejor justicia", afirmó el Presidente en un acto en Avellaneda. En el Gobierno consideraban que la resolución -aunque buscaba ser salomónica- les dio la razón en cuanto a los traslados sólo pueden ser temporarios y nunca definitivos. Además, que la decisión de Carlos Rosenkrantz de conceder el per saltum había sido magnificar el tema más allá de lo aconsejable.
 
En el fallo se sostiene que la Constitución sólo admite designar jueces por concursos y no por traslados definitivos, como los que hizo el macrismo, para intentar manipular la justicia afectando la independencia del Poder Judicial. Bruglia y Bertuzzi tendrán la posibilidad de postularse, pero recibieron la noticia con malestar y evalúan renunciar. El caso de Germán Castelli, que también está molesto, se resolvería el jueves de un modo similar.
 
Con este razonamiento "salomónico", la Corte sostuvo que ninguna designación por traslado puede ser definitiva y que los jueces Bruglia y Bertuzzi podrán quedarse en la estratégica Cámara Federal de Comodoro Py, donde el macrismo intentó llevarlos a dedo para siempre con ese mecanismo, hasta que termine el concurso para cubrir las vacantes, al que podrán postularse y rendir examen.
 
Esto podría llevar unos dos años, aunque el oficialismo en el Consejo de la Magistratura ya busca el modo de acelerar. El fallo está basado en un voto que armaron en conjunto Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, al que adhirió en su esencia Elena Highton de Nolasco.
 
El ex abogado de Clarín, Carlos Rosenkrantz, se quedó solo en su  apoyo a los jueces trasladados a dedo y, como ya había dejado en claro, sostiene que los traslados son definitivos y no hay vuelta atrás. Para la mayoría, en cambio, esa interpretación viola la Constitución Nacional y la independencia del Poder Judicial.
 

 
Es cierto que la Corte dijo que la única forma de designar jueces es como marca la Constitución: concurso, terna, propuesta presidencial y acuerdo del Senado. Pero al mantener a Bruglia y Bertuzzi en sus cargos hasta que se complete ese proceso no hacen más que estirar las designaciones a dedo de Mauricio Macri. Es una sentencia "auto contradictoria": "Es o no es. Es como si se otorgase el registro para manejar sin rendir el examen".
 
La Corte ordenó un nuevo concurso para las 2 vacantes en la Sala I de la Cámara Federal pese a que actualmente hay un concurso en trámite para 2 vacantes en la Sala II. Lo que sí habilitaron los cortesanos es que Bruglia y Bertuzzi se presenten a esos concursos aún cuando aceptaron violar la Constitución. Un deja vú de la designación por decreto de los propios miembros de la Corte Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. El denominador común es Macri.
 
La Opinión Popular
 
 
LA VOTACIÓN FUE 4 A 1, CARLOS ROSENKRANTZ VOLVIÓ A QUEDAR SOLO
 
La Corte Suprema limitó los traslados a dedo de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, siguen solo hasta que se haga el concurso
 
La decisión, con la que la Corte intenta resaltar su poder de quedarse con la última palabra en grandes temas institucionales y políticos, reparte cachetazos para distintos sectores. Es crítica con el Consejo de la Magistratura y declara la inconstitucionalidad de la resolución 183/2020 con que ese organismo estableció este año que una decena de traslados de jueces y juezas eran irregulares porque no habían completado el proceso.
 
Según los supremos, el Consejo convalidaba un procedimiento que no es exactamente el que establece la Constitución, al dejar de lado los concursos.
 
La decisión revoca también la resolución de la jueza de primera instancia del fuero en lo contencioso administrativo, Alejandra Biotti, que rechazaba el reclamo de Bruglia y Bertuzzi. A la vez, la Corte no hace lugar al amparo del dúo BB, porque precisamente pretendía quedarse en forma definitiva en la Sala I de la Cámara Federal.
 
 
La relevancia del caso
  
Para entender la relevancia de este debate hay que remontarse a fines de 2016 cuando el gobierno de Mauricio Macri comenzó a hacer movimientos para lograr ubicar en cargos judiciales que les interesaban por los expedientes que manejaban a jueces y juezas que les merecían confianza o veían afines.
 
Una de las primeras estrategias usadas fue convertir tribunales orales ordinarios en federales, que serían claves en llevar adelante los juicios orales contra Cristina Fernández de Kirchner y otros ex funcionarios.
 
La Corte desarticuló esa iniciativa por medio de dos "acordadas", las 4 y 7 de 2018, sobre las que vuelve en esta sentencia que analiza los traslados. De hecho, impidió que se conformara un tribunal al que hasta le habían asignado el primer juicio contra CFK.
 
Luego de ese ese golpe, las huestes de Mauricio Macri en el Consejo comenzaron a promover más designaciones en otros cargos utilizando artilugios similares: así fue que efectuaron traslados, y comenzaron a pasar con la decisión de una simple mayoría del organismo, a jueces y juezas de un cargo a otro.
 
Bruglia y Bertuzzi estaban en el Tribunal Oral 4 y pasaron a la Cámara Federal, donde se plasmó la doctrina Irurzun y se avalaron los métodos de la causa cuadernos, entre otras cosas. Esto se repitió con otros cargos, como el caso de Germán Castelli, que pasó de un tribunal oral de San Martín a un tribunal federal, el 7, que casualmente tiene el caso de las fotocopias de los cuadernos.
 
Otros siete jueces/zas más figuran como trasladados sin concurso ni acuerdo del Senado, la mayoría durante el gobierno de Cambiemos, y sus traslados están bajo revisión de la Cámara alta. Lo que sucede es que la Corte dice ahora que para todos esos casos el procedimiento correcto es que se hagan los concursos, no basta con el acuerdo del Senado.
 
Así, todos los trasladados/as que estén en tela de juicio, podrán continuar de manera provisoria en los lugares que ocupen en esa condición, con garantía de inamovilidad, pero tendrán que irse cuando termine el concurso, a menos que se presenten y lo ganen, que es una posibilidad.
 
 
La Cámara Federal
  
En medio de este rompecabezas, el dato político relevante se relaciona con la conformación de la Cámara Federal, que tiene seis cargos, divididos en dos salas. Hasta hoy manejaban exclusivamente este tribunal Martín Irurzun y Mariano Llorens. Ahora podrán volver Bruglia y Bertuzzi por un tiempo y quedan dos lugares vacíos. Para estos dos últimos el Consejo podrá elevar candidatos al Poder Ejecutivo porque ya hay un orden de mérito.
 
Para los de BB, tendrá que hacer una nueva convocatoria. En los hechos, vuelven a estar los "viejos" jueces de la Cámara que jugaron fuerte durante el gobierno de Cambiemos. Ahora las causas más sensibles que tendrán por revisar son las que involucran a Macri y su equipo.
 
Una variante sobre la que aún no hay definiciones es la posibilidad de que vuelva a uno de esos dos lugares el camarista Eduardo Farah, que dijo en el Senado que sólo había pedido su traslado porque estaba presionado por el macrismo a raíz de que dejó en libertad a los dueños del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián de Sousa.
 
La diferencia con otros casos es que Farah había concursado para ese lugar que ocupaba en la Cámara y al que quiere volver. Otro caso candidato a revisión es el de Carlos Mahiques, que fue trasladado de la Cámara de Casación nacional a la Federal, solo con acuerdo del Senado.
 
 
El disgusto de Bruglia y Bertuzzi
  
Más allá de esta posibilidad de regreso para Bruglia y Bertuzzi, ambos jueces recibieron la decisión con disgusto porque la Corte cuestiona el núcleo de su planteo. Por eso analizan también la opción de renunciar. En la misma senda de malestar está el juez Castelli. Su situación se resolvería el jueves, pero análogamente.
 
En el Consejo de la Magistratura, digieren las críticas cortesanas con algo de optimismo: el oficialismo hace un balance a su favor y busca alguna estrategia para poder apurar el concurso y resolverlo en seis a ocho meses. Sería un récord de celeridad. El oficialismo en general evalúa que la Corte les dio la razón al señalar que los traslados no son permanentes.
 
Queda claro que ahora habrá muchas limitaciones para hacer designaciones por traslado de jueces o juezas de un cargo a otro. La Corte también declaró la inconstitucionalidad de la resolución 155/00 del Consejo que establecía el reglamento para ese tipo de nombramientos, que incluían la evaluación de ese organismo y un decreto del Poder Ejecutivo, sin concurso.
 
Le advierte al organismo que tiene que restringir al máximo los traslados y, a la vez, exhorta al Congreso para que dicte una ley que los regule. Es contundente en que nunca hubo en el derecho argentino una referencia a que un traslado pueda ser definitivo y por lo tanto no se puede analizar una aplicación retroactiva de una ley que no existe como tal.
 
Insiste en que el único modo de nombrar jueces es "en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos". Aclaran que los nombramientos son "para un cargo específico" y que no es algo genérico que permite cambiar de lugar como si nada.
 
Bruglia, Bertuzzi y Castelli se habían aferrado a las dos acordadas firmadas por la Corte en 2018, que interpretaban a su favor. La número 4 fue la primera, y fue publicada el 15 de marzo de 2018. Como los supremos impidieron con ella que se formara un tribunal oral a medida del macrismo, el entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, comenzó a referirse los tres jueces que la firmaron como "la mayoría peronista".
 
Son los mismos que hicieron mayoría ahora: Rosatti, Maqueda y Lorenzetti. Rosenkrantz y Highton votaron en disidencia. Once días después, dos diputados que integraban el Consejo por el macrismo, Pablo Tonelli (PRO) y Mario Negri (UCR), presentaron un proyecto de ley para poder hacer traslados sin siquiera el acuerdo del Senado. No prosperó.
 
Se preparaban para el traslado de Bruglia, que se concretó el 9 de abril. Antes, Garavano le pidió aclaraciones al máximo tribunal. En la acordada 7 el mismo tridente supremo sostuvo que para los traslados de jueces federales, si cumplen funciones con igual jerarquía, jurisdicción y competencia no se requiere acuerdo del Senado.
 
Insistió en que es un mecanismo excepcional y que a los/las jueces/zas sólo se los nombra como prevé la Constitución en el artículo 99 inciso 4. Pero esa decisión fue posterior al traslado de Bruglia, no resolvía su caso. Bertuzzi fue trasladado el 9 de octubre. El Consejo de la Magistratura interpretó que el máximo tribunal no avalaba los traslados sin acuerdo del Senado.
 
Los BBC, la oposición política y los medios afines, consideran que la Corte resignificó lo que ella misma había dicho y cambió de criterio ahora. Sin embargo, el fallo dice que las acordadas hablaban de la validez de los traslados pero no de su temporalidad, más allá de que estuvieran destinados a competencias o jurisdicciones diferentes.
 
Dice, además, que debían leerse juntas. Validar el mecanismo de traslado, para la mayoría suprema, no es igual a validar un nombramiento de jueces, que es permanente. La Corte insiste en que en ninguna disposición dice que los traslados de Bruglia y Bertuzzi fueran definitivos. En todo caso, sostiene, responden a una costumbre inconstitucional.
 
Rosenkrantz es, puertas adentro y hacia el macrismo también, un gran perdedor de la  jornada. Había hecho una demostración de fuerza al imponer el tratamiento del per saltum a sus colegas y ventilar su posición. Volvió a quedar solo. Para él, los traslados son una práctica "institucional" (no inconstitucional) validada por la Corte, que no hay que modificar, el Consejo no debe hacer nada que esté destinado a "desplazar" al dúo BB y los demás trasladados.
 
También fue crítico con el Consejo por tomar una decisión retroactiva que revisó traslados ya realizados. Todo hace pensar que la que salió mejor parada en todo este enredo fue la propia Corte, o esa mayoría que se aglutina ante las grandes ocasiones.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 

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26-02-2026 / 11:02
En una de las marchas más convocantes del año, los jubilados volvieron a alzar la voz frente al Congreso de la Nación, como acostumbran a hacerlo cada miércoles. En esta ocasión contaron con el apoyo de organizaciones gremiales, con vistas a una nueva marcha en rechazo al proyecto de reforma laboral que debatirá el Senado el próximo viernes. Advirtieron sobre el impacto del funesto Fondo de Asistencia Laboral (FAL) en el financiamiento de las jubilaciones.
 
El gobierno de Javier "el Loco" Milei avanza con la aprobada reforma laboral y, en el centro del proyecto, aparece el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Bajo la promesa de "aliviar" a las empresas, el esquema permitirá distribuir el costo de las desvinculaciones a lo largo de la relación laboral. El Fondo de Asistencia Laboral reducirá aportes patronales y restará 0,37 por ciento del PBI a la Anses, superando lo destinado a ciencia, salud y discapacidad.
 
En los hechos, implicará un recorte anual de 2.600 millones de dólares a la Anses, equivalente al 0,37 por ciento del PBI. El mecanismo es sencillo: las empresas deberán destinar un 2,5 por ciento del salario en el caso de pymes y un 1 por ciento en grandes firmas a un fondo individual.
 
Pero esa erogación será compensada con una reducción equivalente en las cargas patronales. Resultado: el despido queda virtualmente a costo cero para el empleador y el agujero lo absorbe el sistema previsional. Según el Instituto Argentina Grande, con datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, la pérdida supera ampliamente partidas que el Ejecutivo consideró inviables por falta de recursos.
 
Este proyecto, redactado por los abogados de las grandes empresas, es nefasto si se lo compara con que el Presupuesto 2026 prevé 1.107 millones de dólares para ciencia, tecnología e innovación, apenas 0,16 por ciento del PBI. Para el Hospital Garrahan asigna 162 millones de dólares, 0,023 por ciento del producto.
 
La comparación se vuelve más áspera al recordar que el Presidente vetó el aumento del 7,2 por ciento a jubilados, la suba del bono a 110.000 pesos y la extensión de la moratoria, con impactos fiscales muy inferiores. También rechazó la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuyo costo estimado oscilaba entre 0,25 por ciento y 0,45 por ciento del PBI.
 
La apuesta oficial sostiene la falsedad que la reforma generará más empleo formal y fortalecerá el sistema jubilatorio. Sin embargo, la economía acumula dos meses de caída según el EMAE del Indec, y no hay señales de expansión que anticipen una compensación rápida del rojo previsional.
 
¿Y cómo se detiene esta agresividad del gobierno libertario? Seguir dándole pelea, saliendo a la calle, llenando las plazas, protestando, con los partidos populares, con los movimientos sociales, que tienen que hacerles temblar el piso a los dueños del poder y del dinero. La calle a coro, plena, con las voces de la valentía civil.
 
La Opinión Popular
 

25-02-2026 / 11:02
Mientras el Gobierno de Javier "el Loco" Milei apura el tratamiento de la reforma laboral en el Senado en el tramo final de las sesiones extraordinarias, el Gobierno libertario ya deja expuesto el próximo frente de conflicto que pretende abrir en el Congreso: un recorte al régimen de licencias médicas, bajo el argumento de combatir supuestos abusos. Insiste en recortar salarios y derechos laborales bajo el argumento de combatir "abusos" en las licencias médicas.
 
El anticipo llegó de boca del presidente provisional del Senado de la Nación Argentina, Bartolomé Abdala, quien confirmó que el Ejecutivo buscará impulsar durante el período ordinario una ley específica para modificar las licencias por enfermedad. Se trata del mismo capítulo que el Gobierno debió retirar de la reforma laboral original ante el rechazo generalizado de la oposición e incluso de sectores "dialoguistas" que suelen acompañar al oficialismo.
 
El eje de la polémica fue el artículo 44 del proyecto inicial, que introducía una rebaja en el pago de salarios durante licencias por enfermedades o accidentes no laborales. La redacción encendió alarmas por su impacto directo sobre los ingresos de los trabajadores y terminó siendo eliminada para evitar que naufragara el resto de la iniciativa.
 
Lejos de dar marcha atrás, Abdala admitió que la Casa Rosada planea retomar el tema más adelante. "Lo de las licencias es algo menor dentro de una ley mucho más amplia", intentó minimizar el senador puntano, al tiempo que defendió la reforma laboral que se votará el viernes 27 de febrero. Sin embargo, sus declaraciones dejaron en claro que el Gobierno no abandona la idea de avanzar sobre un derecho sensible, alineado con la lógica de ajuste y desregulación de la gestión libertaria.
 
Luego de que Patricia Bullrich admitiera que la retirada del cuestionado artículo 44 sirvió para "blindar" el FAL y otros puntos, el senador Abdalá adelantó que buscarán aprobar una ley en el período ordinario para recortar las licencias pagas. Según Abdala, en el oficialismo existe "preocupación" por licencias extensas, presuntos abusos y certificados médicos irregulares, tanto en el sector público como en el privado.
 
El artículo 44 que generó el escándalo proponía un esquema de pago diferenciado durante las licencias. Para enfermedades o accidentes no vinculados con el trabajo, el trabajador solo percibía una parte del salario. Si la dolencia era consecuencia de una acción considerada voluntaria y riesgosa -como una lesión deportiva-, el ingreso se reducía al 50 por ciento del sueldo por tres meses, o seis si tenía familiares a cargo. En el caso de enfermedades crónicas, además, se endurecían las condiciones para reconocer recaídas.
 
Cuando la causa no se atribuía a una conducta voluntaria, el porcentaje subía al 75 por ciento, aunque siempre con plazos limitados. El texto también aclaraba que eventuales suspensiones económicas o disciplinarias no interrumpían ese pago reducido, consolidando un esquema de menor protección para el trabajador enfermo.
 
Aunque el vergonzoso capítulo fue retirado del dictamen que llegará al recinto, el mensaje político es claro: el Gobierno de Milei solo postergó el conflicto. El debate por las licencias médicas volverá durante el período ordinario, como parte de una agenda que insiste en trasladar el costo del ajuste a los trabajadores, incluso cuando se trata de situaciones de enfermedad. Para el Loco Milei y su pandilla de explotadores, los trabajadores, no tienen derecho a enfermarse.
 
La Opinión Popular
 

24-02-2026 / 09:02
Por decisión unánime, el Comité Ejecutivo de la AFA suspendió la fecha 9 de La Liga Profesional, que va del 5 al 8 de marzo, en repudio a la denuncia de ARCA contra los dirigentes de la institución. La AFA sostiene que "está todo pago" y que, en realidad, el Gobierno del Loco Milei "le está declarando la guerra al fútbol para imponer las Sociedades Anónimas Deportivas que los clubes no quieren", y de la que el Gato Macri se quiere beneficiar. La Asociación refutó las acusaciones contra sus principales dirigentes y votó suspender las fechas que se iban a jugar entre el jueves 5 y el domingo 8. "Se está declarando una guerra contra el fútbol", expresó el presidente de Vélez.
 
El enfrentamiento entre el Gobierno libertario y la alta dirigencia del fútbol argentino se recalentó este lunes a partir de la decisión del Comité Ejecutivo de la AFA de suspender toda la actividad del fútbol local entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo en protesta por la acusación de evasión impositiva hacia las máximas autoridades de la casa madre del fútbol. El parate, de características inéditas en la historia del fútbol argentino, abarcará a la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional y a todas las restantes categorías, incluso formativas, que deberán ser reprogramadas oportunamente.
 
El jueves 5 de marzo, primero del cese de actividades futbolísticas, es el día en el que está prevista la declaración del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico en la causa abierta el 12 de diciembre pasado, a partir de una denuncia del ARCA, el ente recaudador a nivel nacional, por una presunta omisión sistemática en el pago de tributos y la retención de aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. El monto estimado superaría los 19 mil millones de pesos.
 
El cronograma de audiencias indagatorias comenzará el jueves 5 con la declaración de Tapia y proseguirá un día más tarde con las de Toviggino y Gustavo Lorenzo, director general de la AFA. Mientras que el lunes 9 deberán presentarse Víctor Blanco Rodríguez, expresidente de Racing y anterior secretario general de la entidad, y Cristian Malaspina, actual titular de Argentinos Juniors. La pelota estará parada mientras duren estas audiencias.
 
La decisión de la alta dirigencia del fútbol argentino se disparó en la reunión de Comité Ejecutivo desarrollada en la mañana de este lunes en el predio Lionel Messi de Ezeiza. En ese encuentro, Gustavo Lorenzo, director general de la AFA y uno de los acusados, presentó una captura de la página oficial de ARCA que, de acuerdo con sus palabras, demostraba que la AFA no registra deudas ni tiene declaraciones juradas pendientes.
 
A partir de este documento, los dirigentes sostuvieron que la deuda que motivó la causa judicial no existe. Por lo cual, los representantes de la Primera División resolvieron impulsar el paro como señal de respaldo institucional e iniciar una ronda de consultas con las mesas de las diferentes divisionales para que adhieran a la medida.
 
La Opinión Popular
 

23-02-2026 / 09:02
Como era de prever, el debate y votación por la reforma laboral ratificaron al Congreso en un rol de actor secundario frente a las ambiciones del gobierno de Javier "el Loco" Milei. Los tránsfugas del peronismo, sin siquiera sonrojarse, lo consiguieron nuevamente. Los cómplices -los que llegaron a la banca con discursos y valores opuestos- fueron claves para lograr el quórum que La Libertad Avanza no hubiera conseguido con el aporte de sus aliados tradicionales y, luego, para la media sanción.
 
La política, entre traidores y canallas, tras la votación de la reforma laboral libertaria. Fueron claves, primero, para lograr el quórum que La Libertad Avanza no hubiera conseguido con el aporte de sus aliados tradicionales. Diputados santacruceños, tucumanos, salteños, catamarqueños, misioneros, llegados a sus bancas en 2023 y 2025 gracias a pertenencias partidarias y/o discursos inversos a lo que sostuvieron, deberían acentuar el señalamiento acerca de la facilidad con que pasan de manos.
 
Myriam Bregman lo resaltó en su también destacada exposición, pero aportó cierto aditamento al remarcar que "cuando la conducta política se repite, cuando los de Tucumán y otras provincias estaban con Milei antes de las elecciones de octubre y vuelven a estar después, ¿no se aplica la reiterancia y reincidencia para la conducta política? ¿Por qué son traidores? Son canallas". Se preguntó qué pasaría "si a la clase política, a la casta política, les aplicaran lo mismo; a los que dicen que la vienen a combatir, y a los que les votan las leyes y la retroalimentan".
 
Traidores y canallas son términos complementarios, pero ese apunte de Bregman sirve para reforzar el cinismo "corporativo" (quizás sin comillas) de esos adefesios. Las bancas les pertenecen en su individualidad. Eso es correcto y debe quedar claro. Pero tal cosa no implica que la alianza o partido que les facilitó su acceso parlamentario no deba expulsarlos, sin más ni más.
 
¿Por qué no puede hacerlo? Porque, sin entrar a la discusión sobre cómo se conformaron Unión por la Patria y Fuerza Patria, ni tampoco a la de las contradicciones que surcan al peronismo, es objetivo que esa fuerza carece hoy de, casi, cualquier atisbo de conducción. Está virtualmente a la deriva y, como bien reconoció y advirtió Axel Kicillof una vez que se le ¿despejó? el camino de la interna bonaerense, lo que se (le) viene no es un año de campaña, sino de construcción. Pueden ir de la mano, pero no son lo mismo.
 
Hasta que eso no comience a suceder, es de una ingenuidad supina imaginar que pueda haber alguna decisión, unificada, así sea respecto de cuestiones estratégicas. Para reiterar, lo subrayó que el bloque de Fuerza Patria se partió casi exactamente al medio en la votación sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Esa ausencia conductiva, de lo que aspiraría a ser una oposición auténtica, se revela también en la facilidad con que los Milei imponen la agenda de su desorden hasta ahora bien ordenado. O bien ejecutivo.
 
Desde ya que tienen sus "fugas" o sobregiros, como los del coloso Sturzenegger mandado por las suyas a elogiar el voto sobre las licencias por enfermedad. Despertó la reacción de opositores ¡y oficialistas!, a quienes en el Senado no se les ocurrió leer lo que votaban. Este aspecto, el de quedar presos de la ofensiva gubernamental en todas las direcciones sin saber privilegiar cuáles son los ítems principales, abarca al debate sobre la reforma laboral.
 
Hubo firmeza y muy buenas intervenciones desde el bloque de Fuerza Patria (Germán Martínez, Julia Strada, Vanesa Siley, Máximo Kirchner, entre otros), pero no alcanzó ante los cómplices gubernamentales.
 

22-02-2026 / 09:02
Todavía falta para que el desastroso gobierno de Javier "el Loco" Milei haga todo el daño que su restauración conservadora pretende. Ni siquiera se ha llegado a la mitad del camino. La reforma laboral que sancionó la Cámara de Diputados esta semana y que volverá a debatirse en el Senado es un punto central, pero todavía falta.
 
Hay un encadenamiento en la demolición. Se van derribando uno por uno los pilares civilizatorios de la sociedad argentina y la justificación para hacerlo se repite en todos los casos. Las universidades públicas, se argumentó en su momento, se financian con el IVA que pagan los sectores populares al comprar un kilo de pan. Y a estudiar asisten sectores de clase media. El razonamiento es que los pobres financian a sectores más pudientes. Entonces hay desfinanciar las universidades. Para el INCA, motor de la industria del cine nacional, se utilizó un argumento similar.
 
Luego llegó el turno de los industriales. El sector textil está siendo arrasado por el combo de la política económica de Milei, dólar barato en base al endeudamiento, aumento de los servicios públicos, apertura de las importaciones. Es la tormenta perfecta. Ya se sabe. Ya se hizo. Ya fracasó. El argumento para justificar la situación crítica del sector es que no se puede sacrificar a 50 millones de argentinos a comprar ropa más cara para sostener una industria en la que trabajan 500 mil personas. Lo dijo, entre otros fundamentalistas del neoliberalismo, el economista Miguel Boggiano.
 
En los próximos días se aplicará la misma excusa para el sector del neumático, la industria automotriz, la del calzado, y la lista sigue. La pregunta es: ¿dónde van a trabajar los argentinos? Si el razonamiento es que se está defendiendo a los consumidores, ¿cómo van a consumir los que pierden el empleo? Es tan obvio que parece absurdo decirlo. Pero la argentina mileísta tiene una buena dosis de delirio así que hay que explicar lo obvio. Quieren destruir la clase media y latinoamericanizar la Argentina. 
 
Un breve desvío del tema: es habitual que entre los fundamentalistas del supuesto libre mercado haya muchos nenes de papás que fueron funcionarios de los lugares más privilegiados del sector público. En el caso de Boggiano su padre fue ministro de la Corte Suprema, el lugar más selecto de la casta estatal. Puede agregarse el ejemplo del exmarido de la modelo Pampita, Roberto García Moritán. Su padre tiene el mismo nombre y tuvo una larga carrera como diplomático. Fue embajador en Suiza hasta 1987. Se ve que es fácil jugar al neoliberalismo habiendo crecido en una casa donde papá recibía en su cuenta un sueldo de miles de dólares todos los meses pagado por los contribuyentes.
 
Volviendo al tema, todavía falta para que Milei alcance sus objetivos de destrucción, si se toma en cuenta los modelos de país que sus funcionarios tienen como ejemplo. El actual presidente del Banco Central, Santiago Bausili, dijo en el streaming Carajo que su modelo era Perú. El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, estaba sentado al lado de Bausili y asentía con risa cómplice.
 
Perú tiene 70,1% de trabajadores informales según las últimas estadísticas del INEI (el INDEC peruano). La Argentina tiene 43%. Creció desde que asumió Milei. Todavía faltan 27 puntos para llegar a la meta, unos 4 millones de trabajadores más deben pasar a la informalidad. Desde el punto de vista político la situación de Perú es caótica. Del 2016 a febrero de 2026 hubo 9 presidentes. Al último, José Jerí, lo removieron del cargo el martes de la semana pasada.
 
¿Qué es lo bueno? Desde la óptica clásica de la derecha argentina lo positivo es que la economía está centrada en los productos de exportación, principalmente la minería, que no hay desarrollo industrial y por lo tanto no hay sindicalismo que pueda generar una puja distributiva potente. Además, se cumplen las instrucciones del sistema financiero internacional. ¿Podría Perú disminuir ese 70% de informalidad? Con ese modelo parece imposible. Lo están aplicando los últimos 30 años y los resultados están a la vista.
 
Por Demián Verduga
 

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