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Nacionales - 01-11-2020 / 10:11
LAS TRATATIVAS, EL DESALOJO, LO QUE VIENE

Guernica: Dos actitudes contradictorias, no complementarias

Guernica: Dos actitudes contradictorias, no complementarias
El desalojo, se explicó “fue un trago amargo porque trabajamos mucho para que no sucediera”. Agregó que desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad “se trabajó para poder llegar a una resolución voluntaria”. Responsabilizó a las organizaciones de izquierda: “hubo distintos problemas por la intermediación de las organizaciones con contradicciones entre sí mismas, y con mucha inmadurez, se imposibilitó el acuerdo”.
Sergio Berni propaló un spot de campaña con el sello "Fuerza Buenos Aires". Apología de la represión en Guernica, del despliegue uniformado, con reminiscencias de "Apocalipsis Now". Enarboló la consigna "el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada son innegociables".
 
Omitió mencionar otros derechos. Un autorretrato cabal, un alegato punitivista. Culto a la personalidad, internismo en una coyuntura ardua.
 
El Cuervo Larroque se reunió con vecinos de Guernica, para buscar soluciones. Tuiteó: "Ahora en Guernica, Presidente Perón, seguimos asistiendo a las familias. Muchas nos manifiestan que no habían tenido acceso a las propuestas del Estado por parte de los interlocutores que las representaban".
 
"En otros casos nos cuentan que las indujeron a no firmar ningún tipo de acuerdo aduciendo que la propuesta del Estado era falsa. Nuestro trabajo en el municipio se viene desarrollando desde hace más de dos meses y vamos a continuar la asistencia a todas las familias que lo requieran y necesiten". Con la gente tratando de dar respuestas, sin loas a la represión.
 
Habrá quien aduzca que son dos funciones del Estado, expresadas por sendos funcionarios. Disentimos, esas prácticas no son complementarias sino antagónicas. La represión no sumó nada a la mejor, a la importante, a la coherente.
 
La violencia en Guernica contradice las mejores banderas del peronismo aunque un funcionario se ufane de haberlas ejecutado y procure construir su futuro político con la mano dura como blasón.
 

 
Los terrenos de Guernica, informa la prensa dominante, fueron devueltos a sus legítimos dueños. El capo famiglia y ex ministro macrista Miguel Etchevehere recuperó su predio. El ruralista no acreditó la titularidad exclusiva de su campito. Varios de los "legítimos dueños" de Guernica ni siquiera invocaron ser propietarios, apenas tenedores... y no lo probaron debidamente.
 
La "Justicia" se expidió, concuerdan por una vez la derecha y los gobiernos nacional, bonaerense y entrerriano. Este cronista rechaza llamar "Justicia" al Poder Judicial o a jueces o fiscales. Se trata de una batalla perdida pero cree válido sostenerla. La Justicia pasa poco por los Tribunales, nada en los casos que reseñamos.
 
La propiedad privada está garantizada por la Constitución. No es un derecho absoluto ni superior al resto. Coexiste con otros, de igual valor y a menudo menos defendidos en la práctica. Por ejemplo, el acceso a la vivienda digna que se consagra en el artículo 14 bis.
 
Los derechos constitucionales no encastran como Rasti en la cruda realidad. Colisionan con frecuencia, compete a las autoridades ver cómo articularlos.
 
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El vicio original y las derivaciones:
 
El vicio o pecado original del desalojo en Guernica consistió en que la justicia penal resolviera un conflicto de esta índole. Lo agravó el mecanismo adoptado, una medida cautelar que restringió al extremo los derechos de los ocupantes. El juez de Garantías Martín Rizzo eligió esas vías, instadas por el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta.
 
La Cámara confirmó el desalojo compulsivo ("lanzamiento") que se postergó primero a pedido de los abogados de los ocupantes, de organismos de Derechos Humanos, entre ellos el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ). También lo peticionaron el Defensor Oficial y la Defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham.
 
El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, reclamó a su vez prórrogas mientras activaba negociaciones con los ocupantes. Varios centenares de familias llegaron a acuerdos y desocuparon los predios, que ocupan 100 hectáreas.
 
Por iniciativa del "Cuervo" Larroque se practicaron dos censos, uno en septiembre, otro en esta semana. El gobierno provincial cruza datos y llega a la conclusión que alrededor de 700 personas censadas en septiembre se fueron y luego ingresó una cantidad similar. Los datos pueden adolecer de cierta imprecisión porque median dificultades y reticencias para el relevamiento pero son posiblemente aproximados a la realidad.
 
El fiscal saboteó las negociaciones, presionando para desalojar.
 
Los intendentes peronistas de otros distritos creen que es necesario desalentar otras tomas. Promovían el desalojo urgente, conversando con funcionarios provinciales. Blandieron encuestas alegando que los vecinos de clase media y media baja hacen mayoría aplastante anti okupas.
 
Las conversaciones se sostuvieron casi hasta el final, se les puso fin en octubre. Había un borrador de un nuevo acuerdo, diferenciando entre los ocupantes del último censo y los anteriores.
 
A título de opinión: el Ejecutivo provincial debió suspender el lanzamiento, haciendo uso de sus facultades o su inventiva. Acatar una decisión judicial injusta y antisocial es una decisión política, no una rutina burocrática.
 
El Frente de Todos (FdT) no siempre se deja conducir por "la Justicia". Sabe ser confrontativo con jueces federales, con el Procurador General agotando e innovando con instancias institucionales.
 
Estaban a mano herramientas tales como un decreto o un recurso ante la Corte provincial o aún la promoción de juicio político contra Rizzo. Hoy mismo se podría tomar alguna medida respecto del fiscal que se sacó una selfie muerto de risa durante el desalojo y la divulgó por redes sociales. Hay conductas repudiables, hasta inmorales, que no son delitos pero que deberían habilitar mecanismos de sanción o (así más no fuera) de repudio oficial. Ante tanta obscenidad exhibicionista, quien calla otorga.
 
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Su Señoría y la Bonaerense:
 
Rizzo estableció que la diligencia de desalojo debía realizarse "en horario diurno desde que salga hasta que se ponga el sol (...) con el mayor cuidado de la integridad física de las personas que ocupen el predio y de los bienes que allí se hallaren".
 
El ministro de Seguridad Sergio Berni desplegó 4000 efectivos policiales para sacar a 600 personas, según consta en el acta judicial. Muchas se retiraron tan pronto como pudieron: mujeres y pibes. Habrá quedado la mitad.
 
Pulso Noticias informa en su cuenta de Twitter que la acción comenzó a las 4.30 durante un día en que alboreó a las 5.20. La hora no se puede corroborar pero las imágenes verifican que el cielo estaba muy oscuro. El sentido común añade que no era sensato ni necesario ni compasivo arrancar en ese horario insalubre contra familias inermes.
 
Se quemaron pertenencias de los ocupantes. Machimbres, maderas con las que habían construido refugios, las casillas mismas, alguna ropa. Hay denuncias verbales de que se prendió fuego a documentos de identidad. Dichos bienes materiales son propiedad privada que la Constitución garantiza. El derecho de propiedad no se constriñe a inmuebles (terrenos o viviendas) vale para bienes muebles, de cualquier valor económico.
 
La Policía acusa a los propios ocupantes, un clásico que debería probar porque es la principal sospechosa como consecuencia de su tradición macabra.
 
El despliegue con helicópteros, excavadoras, reflectores, balas de goma, dos clases de gases lacrimógenos configuró un cuadro represivo que quedará en la memoria de quienes lo padecieron.
 
Esta columna recorre política, tecnicismos legales, intenta una crónica. Su principal conclusión está mejor expresada en un texto breve, brillante y sentido de Guillermo Saccomano publicado el sábado en este diario. Describe, sugiere, de modo insuperable lo que pasó y su impacto en quienes lo padecieron.
 
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La política y el operativo:
 
El presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof siguieron el desalojo y lo avalaron. La postura del gobierno bonaerense fue enunciada con más detalle por el subsecretario de Hábitat de la provincia de Buenos Aires Rubén Pascolini. El desalojo, explicó "fue un trago amargo porque trabajamos mucho para que no sucediera".
 
Agregó que desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad "se trabajó para poder llegar a una resolución voluntaria". Responsabilizó a las organizaciones de izquierda: "hubo distintos problemas por la intermediación de las organizaciones con contradicciones entre sí mismas, y con mucha inmadurez, se imposibilitó el acuerdo".
 
El juez Rizzo dispuso que la diligencia "deberá ser filmada en su totalidad" como recaudo para defender los derechos humanos de los ocupantes. Esas filmaciones, más las obtenidas por la prensa y los organismos de Derechos Humanos, deben usarse para investigar y, en su caso sancionar desbordes o ilegalidades policiales. La Secretaria de Derechos Humanos bonaerense requirió a medios y a organismos el material respectivo.
 
Cualquier pesquisa debería hacerse por autoridades ajenas a la Bonaerense conforme los protocolos que se vienen aplicando en circunstancias parecidas. Una comisión parlamentaria podría servir de herramienta, entre otras imaginables.
 
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Distintas versiones de diálogo:
 
Mientras Larroque llevaba adelante el diálogo, complicado por demás, se fueron planteando respuestas generales para el corto plazo, el mediano y el largo. Se resolvieron situaciones particulares. A último momento se trabajaba un borrador de acuerdo con ocupantes. Las tratativas se suspendieron.
 
El gobierno provincial cuestiona la intransigencia de partidos de izquierda que participan en las negociaciones. La interlocución es difícil pero se debió apostar al diálogo. No había peligros inminentes ni situaciones de riesgo ni urgencias salvo las provocadas por el juez y el fiscal.
 
Alberto Fernández conversa en estos días con la crema del empresariado. Desde la Asociación Empresaria Argentina (AEA) hasta los devaluacionistas que impulsan corridas bancarias. La labor, ingrata, apunta a sostener la pax financiera, a evitar enfrentamientos. Para ser coherente debería sostener esa praxis, tal vez indigesta, en los conflictos con otras clases sociales.
 
Y, por cierto, debe extremar el rigor para investigar un operativo en el que pudieron violarse derechos humanos. No hubo víctimas fatales, ni heridos. Se ofreció albergue a quienes podrían haber pasado la noche a la intemperie. Paliativos dignos de mención pero no suficientes.
 
Vamos a otras comarcas, otras tomas.
 
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El encandenamiento de tomas:
 
La narrativa derechosa enhebra Guernica, Santa Elena, las reivindicaciones mapuches en el Sur. Son tomas, expresan avances contra la libertad. La sincronía de fenómenos siempre significa algo y favorece al relato simplificador. Sin embargo son historias diferentes, muchas nacidas años o décadas atrás.
 
Las demandas mapuches se refieren a propiedades privadas y públicas, en Parques Nacionales. Se remontan a la creación del Estado Nacional. Estuvieron en el candelero dos años atrás, cuando fueron asesinados Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
 
Las cuitas entre los Etchevehere acumulan denuncias, querellas y cuitas personales añejas. La novedad es la ocupación de parte de un campo y la intervención de militantes sociales, conducidos por Juan Grabois, convocados por Dolores Etchevehere, la hermana desahuciada.
 
Su parentela la acusa a ella por usurpación, se la detiene. La mamá del clan y los hermanos machitos desisten los cargos. No sirve para nada porque una vez iniciada la acción el Estado la tiene que continuar. En ese culebrón caracterizado por una breve alianza de clases y movimientos sociales intervienen los tribunales lugareños. Adivinen quién juega de local, si la familia patriarcal o la hermana rebelde.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
La Opinión Popular
 

18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
La Opinión Popular
 

17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
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16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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