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Nacionales - 01-11-2020 / 10:11
LAS TRATATIVAS, EL DESALOJO, LO QUE VIENE

Guernica: Dos actitudes contradictorias, no complementarias

Guernica: Dos actitudes contradictorias, no complementarias
El desalojo, se explicó “fue un trago amargo porque trabajamos mucho para que no sucediera”. Agregó que desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad “se trabajó para poder llegar a una resolución voluntaria”. Responsabilizó a las organizaciones de izquierda: “hubo distintos problemas por la intermediación de las organizaciones con contradicciones entre sí mismas, y con mucha inmadurez, se imposibilitó el acuerdo”.
Sergio Berni propaló un spot de campaña con el sello "Fuerza Buenos Aires". Apología de la represión en Guernica, del despliegue uniformado, con reminiscencias de "Apocalipsis Now". Enarboló la consigna "el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada son innegociables".
 
Omitió mencionar otros derechos. Un autorretrato cabal, un alegato punitivista. Culto a la personalidad, internismo en una coyuntura ardua.
 
El Cuervo Larroque se reunió con vecinos de Guernica, para buscar soluciones. Tuiteó: "Ahora en Guernica, Presidente Perón, seguimos asistiendo a las familias. Muchas nos manifiestan que no habían tenido acceso a las propuestas del Estado por parte de los interlocutores que las representaban".
 
"En otros casos nos cuentan que las indujeron a no firmar ningún tipo de acuerdo aduciendo que la propuesta del Estado era falsa. Nuestro trabajo en el municipio se viene desarrollando desde hace más de dos meses y vamos a continuar la asistencia a todas las familias que lo requieran y necesiten". Con la gente tratando de dar respuestas, sin loas a la represión.
 
Habrá quien aduzca que son dos funciones del Estado, expresadas por sendos funcionarios. Disentimos, esas prácticas no son complementarias sino antagónicas. La represión no sumó nada a la mejor, a la importante, a la coherente.
 
La violencia en Guernica contradice las mejores banderas del peronismo aunque un funcionario se ufane de haberlas ejecutado y procure construir su futuro político con la mano dura como blasón.
 

 
Los terrenos de Guernica, informa la prensa dominante, fueron devueltos a sus legítimos dueños. El capo famiglia y ex ministro macrista Miguel Etchevehere recuperó su predio. El ruralista no acreditó la titularidad exclusiva de su campito. Varios de los "legítimos dueños" de Guernica ni siquiera invocaron ser propietarios, apenas tenedores... y no lo probaron debidamente.
 
La "Justicia" se expidió, concuerdan por una vez la derecha y los gobiernos nacional, bonaerense y entrerriano. Este cronista rechaza llamar "Justicia" al Poder Judicial o a jueces o fiscales. Se trata de una batalla perdida pero cree válido sostenerla. La Justicia pasa poco por los Tribunales, nada en los casos que reseñamos.
 
La propiedad privada está garantizada por la Constitución. No es un derecho absoluto ni superior al resto. Coexiste con otros, de igual valor y a menudo menos defendidos en la práctica. Por ejemplo, el acceso a la vivienda digna que se consagra en el artículo 14 bis.
 
Los derechos constitucionales no encastran como Rasti en la cruda realidad. Colisionan con frecuencia, compete a las autoridades ver cómo articularlos.
 
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El vicio original y las derivaciones:
 
El vicio o pecado original del desalojo en Guernica consistió en que la justicia penal resolviera un conflicto de esta índole. Lo agravó el mecanismo adoptado, una medida cautelar que restringió al extremo los derechos de los ocupantes. El juez de Garantías Martín Rizzo eligió esas vías, instadas por el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta.
 
La Cámara confirmó el desalojo compulsivo ("lanzamiento") que se postergó primero a pedido de los abogados de los ocupantes, de organismos de Derechos Humanos, entre ellos el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ). También lo peticionaron el Defensor Oficial y la Defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham.
 
El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, reclamó a su vez prórrogas mientras activaba negociaciones con los ocupantes. Varios centenares de familias llegaron a acuerdos y desocuparon los predios, que ocupan 100 hectáreas.
 
Por iniciativa del "Cuervo" Larroque se practicaron dos censos, uno en septiembre, otro en esta semana. El gobierno provincial cruza datos y llega a la conclusión que alrededor de 700 personas censadas en septiembre se fueron y luego ingresó una cantidad similar. Los datos pueden adolecer de cierta imprecisión porque median dificultades y reticencias para el relevamiento pero son posiblemente aproximados a la realidad.
 
El fiscal saboteó las negociaciones, presionando para desalojar.
 
Los intendentes peronistas de otros distritos creen que es necesario desalentar otras tomas. Promovían el desalojo urgente, conversando con funcionarios provinciales. Blandieron encuestas alegando que los vecinos de clase media y media baja hacen mayoría aplastante anti okupas.
 
Las conversaciones se sostuvieron casi hasta el final, se les puso fin en octubre. Había un borrador de un nuevo acuerdo, diferenciando entre los ocupantes del último censo y los anteriores.
 
A título de opinión: el Ejecutivo provincial debió suspender el lanzamiento, haciendo uso de sus facultades o su inventiva. Acatar una decisión judicial injusta y antisocial es una decisión política, no una rutina burocrática.
 
El Frente de Todos (FdT) no siempre se deja conducir por "la Justicia". Sabe ser confrontativo con jueces federales, con el Procurador General agotando e innovando con instancias institucionales.
 
Estaban a mano herramientas tales como un decreto o un recurso ante la Corte provincial o aún la promoción de juicio político contra Rizzo. Hoy mismo se podría tomar alguna medida respecto del fiscal que se sacó una selfie muerto de risa durante el desalojo y la divulgó por redes sociales. Hay conductas repudiables, hasta inmorales, que no son delitos pero que deberían habilitar mecanismos de sanción o (así más no fuera) de repudio oficial. Ante tanta obscenidad exhibicionista, quien calla otorga.
 
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Su Señoría y la Bonaerense:
 
Rizzo estableció que la diligencia de desalojo debía realizarse "en horario diurno desde que salga hasta que se ponga el sol (...) con el mayor cuidado de la integridad física de las personas que ocupen el predio y de los bienes que allí se hallaren".
 
El ministro de Seguridad Sergio Berni desplegó 4000 efectivos policiales para sacar a 600 personas, según consta en el acta judicial. Muchas se retiraron tan pronto como pudieron: mujeres y pibes. Habrá quedado la mitad.
 
Pulso Noticias informa en su cuenta de Twitter que la acción comenzó a las 4.30 durante un día en que alboreó a las 5.20. La hora no se puede corroborar pero las imágenes verifican que el cielo estaba muy oscuro. El sentido común añade que no era sensato ni necesario ni compasivo arrancar en ese horario insalubre contra familias inermes.
 
Se quemaron pertenencias de los ocupantes. Machimbres, maderas con las que habían construido refugios, las casillas mismas, alguna ropa. Hay denuncias verbales de que se prendió fuego a documentos de identidad. Dichos bienes materiales son propiedad privada que la Constitución garantiza. El derecho de propiedad no se constriñe a inmuebles (terrenos o viviendas) vale para bienes muebles, de cualquier valor económico.
 
La Policía acusa a los propios ocupantes, un clásico que debería probar porque es la principal sospechosa como consecuencia de su tradición macabra.
 
El despliegue con helicópteros, excavadoras, reflectores, balas de goma, dos clases de gases lacrimógenos configuró un cuadro represivo que quedará en la memoria de quienes lo padecieron.
 
Esta columna recorre política, tecnicismos legales, intenta una crónica. Su principal conclusión está mejor expresada en un texto breve, brillante y sentido de Guillermo Saccomano publicado el sábado en este diario. Describe, sugiere, de modo insuperable lo que pasó y su impacto en quienes lo padecieron.
 
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La política y el operativo:
 
El presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof siguieron el desalojo y lo avalaron. La postura del gobierno bonaerense fue enunciada con más detalle por el subsecretario de Hábitat de la provincia de Buenos Aires Rubén Pascolini. El desalojo, explicó "fue un trago amargo porque trabajamos mucho para que no sucediera".
 
Agregó que desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad "se trabajó para poder llegar a una resolución voluntaria". Responsabilizó a las organizaciones de izquierda: "hubo distintos problemas por la intermediación de las organizaciones con contradicciones entre sí mismas, y con mucha inmadurez, se imposibilitó el acuerdo".
 
El juez Rizzo dispuso que la diligencia "deberá ser filmada en su totalidad" como recaudo para defender los derechos humanos de los ocupantes. Esas filmaciones, más las obtenidas por la prensa y los organismos de Derechos Humanos, deben usarse para investigar y, en su caso sancionar desbordes o ilegalidades policiales. La Secretaria de Derechos Humanos bonaerense requirió a medios y a organismos el material respectivo.
 
Cualquier pesquisa debería hacerse por autoridades ajenas a la Bonaerense conforme los protocolos que se vienen aplicando en circunstancias parecidas. Una comisión parlamentaria podría servir de herramienta, entre otras imaginables.
 
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Distintas versiones de diálogo:
 
Mientras Larroque llevaba adelante el diálogo, complicado por demás, se fueron planteando respuestas generales para el corto plazo, el mediano y el largo. Se resolvieron situaciones particulares. A último momento se trabajaba un borrador de acuerdo con ocupantes. Las tratativas se suspendieron.
 
El gobierno provincial cuestiona la intransigencia de partidos de izquierda que participan en las negociaciones. La interlocución es difícil pero se debió apostar al diálogo. No había peligros inminentes ni situaciones de riesgo ni urgencias salvo las provocadas por el juez y el fiscal.
 
Alberto Fernández conversa en estos días con la crema del empresariado. Desde la Asociación Empresaria Argentina (AEA) hasta los devaluacionistas que impulsan corridas bancarias. La labor, ingrata, apunta a sostener la pax financiera, a evitar enfrentamientos. Para ser coherente debería sostener esa praxis, tal vez indigesta, en los conflictos con otras clases sociales.
 
Y, por cierto, debe extremar el rigor para investigar un operativo en el que pudieron violarse derechos humanos. No hubo víctimas fatales, ni heridos. Se ofreció albergue a quienes podrían haber pasado la noche a la intemperie. Paliativos dignos de mención pero no suficientes.
 
Vamos a otras comarcas, otras tomas.
 
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El encandenamiento de tomas:
 
La narrativa derechosa enhebra Guernica, Santa Elena, las reivindicaciones mapuches en el Sur. Son tomas, expresan avances contra la libertad. La sincronía de fenómenos siempre significa algo y favorece al relato simplificador. Sin embargo son historias diferentes, muchas nacidas años o décadas atrás.
 
Las demandas mapuches se refieren a propiedades privadas y públicas, en Parques Nacionales. Se remontan a la creación del Estado Nacional. Estuvieron en el candelero dos años atrás, cuando fueron asesinados Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
 
Las cuitas entre los Etchevehere acumulan denuncias, querellas y cuitas personales añejas. La novedad es la ocupación de parte de un campo y la intervención de militantes sociales, conducidos por Juan Grabois, convocados por Dolores Etchevehere, la hermana desahuciada.
 
Su parentela la acusa a ella por usurpación, se la detiene. La mamá del clan y los hermanos machitos desisten los cargos. No sirve para nada porque una vez iniciada la acción el Estado la tiene que continuar. En ese culebrón caracterizado por una breve alianza de clases y movimientos sociales intervienen los tribunales lugareños. Adivinen quién juega de local, si la familia patriarcal o la hermana rebelde.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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18-06-2021 / 11:06
A diez días de las elecciones en Jujuy, el macrista autoritario Gerardo Morales se anotó el triunfo que más buscaba: una nueva condena contra Milagro Sala. El Tribunal Oral Federal de Jujuy retomó una causa trucha de 2009 por una protesta contra Morales, en la que Sala no había participado, la condenó por amenaza y agravó su pena a tres años y medio de prisión.
 
Milagro es una presa política del gobierno de Jujuy, está detenida desde enero de 2016, apenas días después de que Morales asumiera como gobernador. Ahora una de las juezas, que es familiar del gobernador Morales, la condenó por un "escrache" del que no participó. Otro ataque antidemocrático de la justicia controlada por el régimen político jujeño, con presos políticos, proscripción e intentos de fraude, a la orden del día. Desde el gobierno nacional y los organismos de derechos humanos repudiaron el fallo.
 
En menos de una semana Milagro Sala tuvo que comparecer ante el TOF de Jujuy sin haber tenido tiempo de ver a sus abogados, fue sacada esposada y a punta de Ithaca para conocer una nueva acusación en su contra e insólitamente recibió una agravación de la pena en una causa de 2009 que está prescripta. Es la continuación de la persecución política del régimen del radical macrista Morales y de la casta judicial jujeña, que comenzó en el gobierno de Mauricio Macri contra la dirigente de la agrupación Tupac Amaru.
 
Se la imputó por el delito de amenazas coactivas contra el entonces senador radical Morales, en octubre de 2009. Quien ahora gobierna la provincia, había asistido a dar una charla al Consejo de Ciencias Económicas de Jujuy y ahí fue recibido a los huevazos; pero Milagro ni siquiera participó del escrache. También fueron condenados los dirigentes María López y Ramón Salvatierra.
 
Entre los jueces que emitieron el fallo, se encuentra Marta Liliana Snopek, quien tiene relación estrecha con Morales, por ser la prima de su esposa. Con la impunidad feudal con la que se maneja el régimen de esta provincia, gobernada por el cabecilla autoritario de Juntos por el Cambio, todo queda en familia.
 
Escándalo similar ocurrió con la designación de un excandidato a vicegobernador de Morales, como juez encargado de controlar los comicios y que viene siendo cuestionado por distintas maniobras e irregularidades que ponen en duda la transparencia del proceso electoral próximo. Así gobierna el macrismo.
 
La Opinión Popular
 

18-06-2021 / 10:06
Mauricio Macri considera que el adelantamiento de la pelea con Horacio Rodríguez Larreta es un "parricidio" para correrlo del PRO y que eso pone en riesgo el futuro de Cambiemos. Mientras, a los radicales les brota un nuevo candidato a presidente por semana, lo que es perjudicial para la alianza y puede llevar a la oposición a la derrota en 2023. "Si perdemos me tengo que ir del país", asegura Macri, mientras él y sus ex colaboradores acumulan procesamientos.

Macri ya tiene 214 causas penales en la Justicia y ahora afronta una nueva, esta vez por presunta a "omisión maliciosa" de su patrimonio, un delito que en el Código Penal está asociado al de "enriquecimiento ilícito".  La Oficina Anticorrupción (OA), a instancias de un informe de la Inspección General de Justicia (IGJ), detectó movimientos accionarios, simulación de sociedades cuyo único dueño era el líder de la oposición de derecha y operaciones ruinosas para socios presuntamente inexistentes.

Todo eso, según la denuncia, ocurrió mientras al patrimonio de Macri estaba supuestamente a resguardo en un fideicomiso ciego, durante su gestión como jefe del Estado. La denuncia alude a "irregularidades en relación al Contrato de Fideicomiso Ciego de Administración, suscripto el 12 de abril de 2016, con la sociedad Seguridad Fiduciaria SA, por el ex presidente Macri".

Las maniobras descriptas en la denuncia podrían llegar, incluso, al lavado de activos, ya que le imputan al ex presidente "la transferencia de al menos $ 5.064.938 provenientes de un ilícito penal, con los que adquirió la titularidad de acciones preferidas de la firma Agro G S.A., con la doble finalidad de otorgarle apariencia de licitud al dinero espurio". Esa descripción se ajusta al delito de lavado y es coincidente con la que aplicó un tribunal oral federal para condenar a prisión al empresario Lázaro Báez.


17-06-2021 / 11:06
17-06-2021 / 10:06
El gobierno de Alberto Fernández ha recuperado la iniciativa con una serie de medidas que lo muestran con mayor determinación. Si bien la derecha política y mediática no ceja en su propósito de confrontar a fondo con cualquier tema de la agenda, aún los más insignificantes, en los últimos días algunas decisiones de la Rosada ayudaron a abandonar la postura defensiva que venía teniendo.
 
En un encuentro organizado por la UIA, la Rural, la Bolsa y los bancos, el ministro de Economía, Martín Guzmán, descartó bajas de impuestos porque "achicar el Estado nunca genera crecimiento" y recordó que "con nuestro gobierno la industria crece, con el anterior se achicó". En el día que se conoció la inflación de mayo, del 3,3% que se desaceleró pero aún es alta, les señaló su responsabilidad en la suba de precios. Si remarcan precios en función de expectativas que no son ciertas, la inflación se ubicará en un sendero muy alto que no le hace bien a la evolución de la economía en general.
 
La evolución favorable de la campaña de vacunación contra la pandemia, alentada por el significativo aumento de los aterrizajes que llegan con su carga valiosa, y la puesta en marcha de un laboratorio que ya empezó a fabricar la Sputnik V hayan obrado como estímulo para los funcionarios. Una seguidilla de decisiones del gobierno lo deja ver mejor plantado ante la oposición y sus patrones mediáticos.
 
Entre ellas se destacan la firme respuesta que el ministro de la Producción le dio a la nueva y belicosa cúpula de la Unión Industrial Argentina; la instalación en el debate público de la reforma del sistema de salud; la anulación del decreto de Mauricio Macri que privatizaba buena parte de la infraestructura energética -grandes centrales de generación incluidas- y el involucramiento más decidido de organismos públicos en las investigaciones que están revelando fuertes distorsiones y abundantes maniobras fraudulentas en el mercado de la carne.
 

16-06-2021 / 09:06
La vicepresidenta Cristina Fernández arremetió contra el Grupo Clarín y su concentración de medios al advertir sobre la desinformación que fomentan respecto a la pandemia de coronavirus, a las medidas de cuidado y a la campaña de vacunación. En ese punto, le hizo un "llamado a los medios de comunicación" para que contribuyan a garantizar información veraz a la población y que no se ponga "en duda la palabra de los médicos y de la ciencia".
 
En estos tiempos de pandemia, la estrategia de Clarín apuesta fuerte a la multiplicación de noticias escandalosas, de debates estériles y altisonantes, para disimular entre tanto griterío la información que puede beneficiar al gobierno de Alberto Fernández (aumento de las vacunas que llegan y la consecuente aceleración de la campaña de inmunización; fabricación de vacunas en el país; recuperación del Fondo de Garantía de la Anses; etc.), o perjudicar a su sector político mimado: el macrismo (causas por corrupción contra Mauricio Macri y sus ex funcionarios; investigaciones sobre el espionaje ilegal y la persecución a opositores; visitas furtivas de jueces y fiscales al ex presidente o a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, etc.).

El poder de fuego mediático acumulado ha convertido al Grupo Clarín en un arma temible del neoliberalismo. Ha sabido sumar a otras grandes empresas de las comunicaciones para multiplicar su voz de mando. También tiene activa militancia en la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que nuclea a los hombres de negocios más poderosos del país. Y no son muchas las figuras públicas de la política, la economía o la justicia que se atreven a desafiarlo. El ejército de "periodistas" -por llamarlos de alguna manera- que tiene a su disposición se ha especializado en campañas de hostigamiento y no duda en usar sistemáticamente noticias falsas para cumplir con su objetivo.


Inicialmente, Clarín fue un periódico, al que la última dictadura militar genocida le permitió apropiarse de la principal fábrica de papel de diarios del país; un caso único en el mundo. Más tarde terminó convirtiéndose en un gigante corporativo. Amplió  considerablemente sus actividades y diversificó sus intereses. De tal modo, el "negocio" de informar dejó de ser su principal desvelo y fue reemplazado por el de acumular poder económico, que es poder político.

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