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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 01-11-2020 / 10:11
LAS TRATATIVAS, EL DESALOJO, LO QUE VIENE

Guernica: Dos actitudes contradictorias, no complementarias

Guernica: Dos actitudes contradictorias, no complementarias
El desalojo, se explicó “fue un trago amargo porque trabajamos mucho para que no sucediera”. Agregó que desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad “se trabajó para poder llegar a una resolución voluntaria”. Responsabilizó a las organizaciones de izquierda: “hubo distintos problemas por la intermediación de las organizaciones con contradicciones entre sí mismas, y con mucha inmadurez, se imposibilitó el acuerdo”.
Sergio Berni propaló un spot de campaña con el sello "Fuerza Buenos Aires". Apología de la represión en Guernica, del despliegue uniformado, con reminiscencias de "Apocalipsis Now". Enarboló la consigna "el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada son innegociables".
 
Omitió mencionar otros derechos. Un autorretrato cabal, un alegato punitivista. Culto a la personalidad, internismo en una coyuntura ardua.
 
El Cuervo Larroque se reunió con vecinos de Guernica, para buscar soluciones. Tuiteó: "Ahora en Guernica, Presidente Perón, seguimos asistiendo a las familias. Muchas nos manifiestan que no habían tenido acceso a las propuestas del Estado por parte de los interlocutores que las representaban".
 
"En otros casos nos cuentan que las indujeron a no firmar ningún tipo de acuerdo aduciendo que la propuesta del Estado era falsa. Nuestro trabajo en el municipio se viene desarrollando desde hace más de dos meses y vamos a continuar la asistencia a todas las familias que lo requieran y necesiten". Con la gente tratando de dar respuestas, sin loas a la represión.
 
Habrá quien aduzca que son dos funciones del Estado, expresadas por sendos funcionarios. Disentimos, esas prácticas no son complementarias sino antagónicas. La represión no sumó nada a la mejor, a la importante, a la coherente.
 
La violencia en Guernica contradice las mejores banderas del peronismo aunque un funcionario se ufane de haberlas ejecutado y procure construir su futuro político con la mano dura como blasón.
 

 
Los terrenos de Guernica, informa la prensa dominante, fueron devueltos a sus legítimos dueños. El capo famiglia y ex ministro macrista Miguel Etchevehere recuperó su predio. El ruralista no acreditó la titularidad exclusiva de su campito. Varios de los "legítimos dueños" de Guernica ni siquiera invocaron ser propietarios, apenas tenedores... y no lo probaron debidamente.
 
La "Justicia" se expidió, concuerdan por una vez la derecha y los gobiernos nacional, bonaerense y entrerriano. Este cronista rechaza llamar "Justicia" al Poder Judicial o a jueces o fiscales. Se trata de una batalla perdida pero cree válido sostenerla. La Justicia pasa poco por los Tribunales, nada en los casos que reseñamos.
 
La propiedad privada está garantizada por la Constitución. No es un derecho absoluto ni superior al resto. Coexiste con otros, de igual valor y a menudo menos defendidos en la práctica. Por ejemplo, el acceso a la vivienda digna que se consagra en el artículo 14 bis.
 
Los derechos constitucionales no encastran como Rasti en la cruda realidad. Colisionan con frecuencia, compete a las autoridades ver cómo articularlos.
 
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El vicio original y las derivaciones:
 
El vicio o pecado original del desalojo en Guernica consistió en que la justicia penal resolviera un conflicto de esta índole. Lo agravó el mecanismo adoptado, una medida cautelar que restringió al extremo los derechos de los ocupantes. El juez de Garantías Martín Rizzo eligió esas vías, instadas por el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta.
 
La Cámara confirmó el desalojo compulsivo ("lanzamiento") que se postergó primero a pedido de los abogados de los ocupantes, de organismos de Derechos Humanos, entre ellos el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ). También lo peticionaron el Defensor Oficial y la Defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham.
 
El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, reclamó a su vez prórrogas mientras activaba negociaciones con los ocupantes. Varios centenares de familias llegaron a acuerdos y desocuparon los predios, que ocupan 100 hectáreas.
 
Por iniciativa del "Cuervo" Larroque se practicaron dos censos, uno en septiembre, otro en esta semana. El gobierno provincial cruza datos y llega a la conclusión que alrededor de 700 personas censadas en septiembre se fueron y luego ingresó una cantidad similar. Los datos pueden adolecer de cierta imprecisión porque median dificultades y reticencias para el relevamiento pero son posiblemente aproximados a la realidad.
 
El fiscal saboteó las negociaciones, presionando para desalojar.
 
Los intendentes peronistas de otros distritos creen que es necesario desalentar otras tomas. Promovían el desalojo urgente, conversando con funcionarios provinciales. Blandieron encuestas alegando que los vecinos de clase media y media baja hacen mayoría aplastante anti okupas.
 
Las conversaciones se sostuvieron casi hasta el final, se les puso fin en octubre. Había un borrador de un nuevo acuerdo, diferenciando entre los ocupantes del último censo y los anteriores.
 
A título de opinión: el Ejecutivo provincial debió suspender el lanzamiento, haciendo uso de sus facultades o su inventiva. Acatar una decisión judicial injusta y antisocial es una decisión política, no una rutina burocrática.
 
El Frente de Todos (FdT) no siempre se deja conducir por "la Justicia". Sabe ser confrontativo con jueces federales, con el Procurador General agotando e innovando con instancias institucionales.
 
Estaban a mano herramientas tales como un decreto o un recurso ante la Corte provincial o aún la promoción de juicio político contra Rizzo. Hoy mismo se podría tomar alguna medida respecto del fiscal que se sacó una selfie muerto de risa durante el desalojo y la divulgó por redes sociales. Hay conductas repudiables, hasta inmorales, que no son delitos pero que deberían habilitar mecanismos de sanción o (así más no fuera) de repudio oficial. Ante tanta obscenidad exhibicionista, quien calla otorga.
 
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Su Señoría y la Bonaerense:
 
Rizzo estableció que la diligencia de desalojo debía realizarse "en horario diurno desde que salga hasta que se ponga el sol (...) con el mayor cuidado de la integridad física de las personas que ocupen el predio y de los bienes que allí se hallaren".
 
El ministro de Seguridad Sergio Berni desplegó 4000 efectivos policiales para sacar a 600 personas, según consta en el acta judicial. Muchas se retiraron tan pronto como pudieron: mujeres y pibes. Habrá quedado la mitad.
 
Pulso Noticias informa en su cuenta de Twitter que la acción comenzó a las 4.30 durante un día en que alboreó a las 5.20. La hora no se puede corroborar pero las imágenes verifican que el cielo estaba muy oscuro. El sentido común añade que no era sensato ni necesario ni compasivo arrancar en ese horario insalubre contra familias inermes.
 
Se quemaron pertenencias de los ocupantes. Machimbres, maderas con las que habían construido refugios, las casillas mismas, alguna ropa. Hay denuncias verbales de que se prendió fuego a documentos de identidad. Dichos bienes materiales son propiedad privada que la Constitución garantiza. El derecho de propiedad no se constriñe a inmuebles (terrenos o viviendas) vale para bienes muebles, de cualquier valor económico.
 
La Policía acusa a los propios ocupantes, un clásico que debería probar porque es la principal sospechosa como consecuencia de su tradición macabra.
 
El despliegue con helicópteros, excavadoras, reflectores, balas de goma, dos clases de gases lacrimógenos configuró un cuadro represivo que quedará en la memoria de quienes lo padecieron.
 
Esta columna recorre política, tecnicismos legales, intenta una crónica. Su principal conclusión está mejor expresada en un texto breve, brillante y sentido de Guillermo Saccomano publicado el sábado en este diario. Describe, sugiere, de modo insuperable lo que pasó y su impacto en quienes lo padecieron.
 
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La política y el operativo:
 
El presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof siguieron el desalojo y lo avalaron. La postura del gobierno bonaerense fue enunciada con más detalle por el subsecretario de Hábitat de la provincia de Buenos Aires Rubén Pascolini. El desalojo, explicó "fue un trago amargo porque trabajamos mucho para que no sucediera".
 
Agregó que desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad "se trabajó para poder llegar a una resolución voluntaria". Responsabilizó a las organizaciones de izquierda: "hubo distintos problemas por la intermediación de las organizaciones con contradicciones entre sí mismas, y con mucha inmadurez, se imposibilitó el acuerdo".
 
El juez Rizzo dispuso que la diligencia "deberá ser filmada en su totalidad" como recaudo para defender los derechos humanos de los ocupantes. Esas filmaciones, más las obtenidas por la prensa y los organismos de Derechos Humanos, deben usarse para investigar y, en su caso sancionar desbordes o ilegalidades policiales. La Secretaria de Derechos Humanos bonaerense requirió a medios y a organismos el material respectivo.
 
Cualquier pesquisa debería hacerse por autoridades ajenas a la Bonaerense conforme los protocolos que se vienen aplicando en circunstancias parecidas. Una comisión parlamentaria podría servir de herramienta, entre otras imaginables.
 
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Distintas versiones de diálogo:
 
Mientras Larroque llevaba adelante el diálogo, complicado por demás, se fueron planteando respuestas generales para el corto plazo, el mediano y el largo. Se resolvieron situaciones particulares. A último momento se trabajaba un borrador de acuerdo con ocupantes. Las tratativas se suspendieron.
 
El gobierno provincial cuestiona la intransigencia de partidos de izquierda que participan en las negociaciones. La interlocución es difícil pero se debió apostar al diálogo. No había peligros inminentes ni situaciones de riesgo ni urgencias salvo las provocadas por el juez y el fiscal.
 
Alberto Fernández conversa en estos días con la crema del empresariado. Desde la Asociación Empresaria Argentina (AEA) hasta los devaluacionistas que impulsan corridas bancarias. La labor, ingrata, apunta a sostener la pax financiera, a evitar enfrentamientos. Para ser coherente debería sostener esa praxis, tal vez indigesta, en los conflictos con otras clases sociales.
 
Y, por cierto, debe extremar el rigor para investigar un operativo en el que pudieron violarse derechos humanos. No hubo víctimas fatales, ni heridos. Se ofreció albergue a quienes podrían haber pasado la noche a la intemperie. Paliativos dignos de mención pero no suficientes.
 
Vamos a otras comarcas, otras tomas.
 
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El encandenamiento de tomas:
 
La narrativa derechosa enhebra Guernica, Santa Elena, las reivindicaciones mapuches en el Sur. Son tomas, expresan avances contra la libertad. La sincronía de fenómenos siempre significa algo y favorece al relato simplificador. Sin embargo son historias diferentes, muchas nacidas años o décadas atrás.
 
Las demandas mapuches se refieren a propiedades privadas y públicas, en Parques Nacionales. Se remontan a la creación del Estado Nacional. Estuvieron en el candelero dos años atrás, cuando fueron asesinados Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
 
Las cuitas entre los Etchevehere acumulan denuncias, querellas y cuitas personales añejas. La novedad es la ocupación de parte de un campo y la intervención de militantes sociales, conducidos por Juan Grabois, convocados por Dolores Etchevehere, la hermana desahuciada.
 
Su parentela la acusa a ella por usurpación, se la detiene. La mamá del clan y los hermanos machitos desisten los cargos. No sirve para nada porque una vez iniciada la acción el Estado la tiene que continuar. En ese culebrón caracterizado por una breve alianza de clases y movimientos sociales intervienen los tribunales lugareños. Adivinen quién juega de local, si la familia patriarcal o la hermana rebelde.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

26-12-2025 / 07:12
Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.
 
Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.
 
Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".
 
Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".
 
Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.
 
El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.
 
El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).
 
A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.
 
"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.
 
La Opinión Popular
 

24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
La Opinión Popular
 

23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
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