, cuyo campo servía de paso clandestino para violar el aislamiento obligatorio en Concordia; Eduardo Varese militante macrista de la Paz, cuyo hijo Juan es actualmente concejal en la localidad; Oscar Carranza, militante de Juntos por Chajarí, ex presidente del PRO en el departamento Federación; Sebastián Telayna, concejal del PRO de Puerto Yeruá; y Miguel Piana, ex senador por Cambiemos de Federación.

La guerra de los Etchevehere sirve al sector más gurka del macrismo para expresar su reprobación contra el gobierno legítimamente electo de Alberto Fernández, intentando generar desestabilización política, convirtiendo una disputa entre herederos en un violento conflicto que los entrerrianos debemos soportar.

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                  02:38  |  Viernes 29 de Marzo de 2013  |  Entre Ríos
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Entre Ríos - 26-10-2020 / 11:10
PANORAMA POLÍTICO SEMANAL

La guerra de los Etchevehere

La guerra de los Etchevehere
El conflicto de la familia Etchevehere escala sin límite y reaviva la mala fama que este apellido oligárquico tiene en Entre Ríos. Es una guerra de intereses en la que nadie se atreve a vaticinar en que puede terminar. Todos los días se abren nuevos capítulos tan escandalosos como insólitos que incluyeron escenas bizarras que derivan en causas judiciales. Un tema íntimo que se debe dirimir en la Justicia, se hizo público. Es una disputa de derechos sucesorios en la provincia que llegó a los medios porteños. No es más que eso.
El conflicto de la familia Etchevehere escala sin límite y reaviva la mala fama que este apellido oligárquico tiene en Entre Ríos. Es una guerra de intereses en la que nadie se atreve a vaticinar en que puede terminar. Todos los días se abren nuevos capítulos tan escandalosos como insólitos que incluyeron escenas bizarras que derivan en causas judiciales. Un tema íntimo que se debe dirimir en la Justicia, se hizo público. Es una disputa de derechos sucesorios en la provincia que llegó a los medios porteños. No es más que eso.
 
Dolores es la única hija mujer de Luis Félix Etchevehere, patriarca de una de las familias terratenientes más ricas e influyentes de Entre Ríos. Desde la muerte del padre, hace 11 años, soportó el desdén de sus hermanos varones. Tanto Luis Miguel, el que fue presidente de la Sociedad Rural y ministro de Agricultura del gobierno de Macri, como Sebastián y Juan Diego, la excluyeron de los negocios del clan y le negaron el acceso a sus derechos hereditarios, conforme lo que denuncia Dolores. Nunca recibió dinero ni propiedad a su nombre.
 
Las malas prácticas de los Etchevehere varones quedó expuesta cuando Dolores, haciendo valer sus derechos hereditarios sobre su porción de campo, donó el 40% de su herencia para el Proyecto Artigas, un emprendimiento agroecológico a desarrollar en una parte de las 1600 hectáreas que tiene la estancia ubicada en La Paz. Esto desató la furia del resto de su familia y surgió una batalla de intereses sin precedentes que se mezcló con la grieta política.
 
Por su parte, la Sociedad Rural de Entre Ríos, acompañada por la de Buenos Aires, convocó a rodear el campo para expulsar a los trabajadores rurales, citando a una supuesta "defensa de la propiedad privada" pero ocultando que la dueña de las tierras se encuentra en el lugar. Es un intento de politizar el conflicto jurídico para discutir desde la grieta y no desde los expedientes judiciales.
 
El gobernador, Gustavo Bordet, aseguró que dialogó con la Casa Rosada sobre el conflicto en la familia Etchevehere y remarcó que el presidente Alberto Fernández "no avala ningún tipo de intrusión sobre la propiedad privada en ningún lugar", aunque aclaró que en este caso la situación es "diferente" porque se trata de "un conflicto familiar en un juicio sucesorio que no está resuelto".
 
Pero, desde la oposición quieren aprovechar el conflicto para desgastar al gobierno. Por eso, los empresarios rurales que rodean a Luis Miguel no son ni independientes, ni excluyentemente hombres de campo. Todos son activos dirigentes de Juntos por el Cambio de la provincia, entre los que se cuentan candidatos y ex legisladores.

Como Héctor Daniel D'Ambros, cuyo campo servía de paso clandestino para violar el aislamiento obligatorio en Concordia; Eduardo Varese militante macrista de la Paz, cuyo hijo Juan es actualmente concejal en la localidad; Oscar Carranza, militante de Juntos por Chajarí, ex presidente del PRO en el departamento Federación; Sebastián Telayna, concejal del PRO de Puerto Yeruá; y Miguel Piana, ex senador por Cambiemos de Federación.

La guerra de los Etchevehere sirve al sector más gurka del macrismo para expresar su reprobación contra el gobierno legítimamente electo de Alberto Fernández, intentando generar desestabilización política, convirtiendo una disputa entre herederos en un violento conflicto que los entrerrianos debemos soportar.

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Tres duras batallas
 
El país tiene planteadas tres duras batallas, diferentes y a la vez conectadas. Contra el Covid-19, en el frente económico y el político.
 
Lo de la pandemia sigue siendo gravísimo. Los oficialistas más optimistas ahora precisan que "la meseta" es muy alta, tan alta que para otros es un cerro hacia el que aún se está ascendiendo. Los datos objetivos son 1.07 millones de contagiados y 28.338 muertos, según lo informado ayer.
 
Está el debate si de esos números se desprende que Argentina tiene una de las tasas de letalidad más alta del mundo. No es así en la práctica, pero la demora en incluir los testeos negativos subió mucho la "positividad".
 
Esa "pole position" tan negativa era cantada por las matemáticas, pero no reflejaba la realidad y una entidad internacional dio baja al país, por estadísticas "poco confiables". El aplazo vino por un manejo inepto de los testeos realizados (muy inferiores a los que debieron hacerse) y no por resultados ciertos ni las proyecciones de récord mundial.
 
Esa impericia sumó otro motivo a las críticas de la oposición política y mediática a Alberto Fernández y Ginés González García. Éste no encontró mejor salida que echar la culpa a las provincias. Eso fue escupir hacia arriba, porque muchos distritos están gobernados por el oficialismo y habían incurrido en ese defecto de la carga: Santa Fe, Córdoba, Tucumán, etc.
 
Eso sin olvidar que en septiembre Buenos Aires, la más representativa y gobernada por el Frente de Todos, admitió no haber cargado 3.500 muertos.
 
Sin llegar a ese lenguaje tan directo de culpabilizar a las provincias, algo de eso está tiñendo el discurso nacional. Señaló con el dedo al interior como responsable de los contagios, en comparación con la "meseta alta" del Área Metropolitana de Buenos Aires. Insistió en ese diagnóstico el viernes, desde Misiones, al anunciar la continuidad del ASPO en 8 provincias y el AMBA.
 
Hoy los contagios y muertes han subido en el interior y bajado relativamente en CABA y cordones del conurbano, pero es un error creer que uno es el culpable y el otro modelo a imitar. En ambos hay aciertos y pifias. El país es uno solo.
 
La foto de una semana puede presentar mejores resultados acá o allá, pero es una pandemia que hoy por hoy no tiene buenas respuestas del gobierno-estado. Las tuvo en las primeras dos o tres cuarentenas, dando tiempo a preparar el sistema sanitario devastado por Mauricio Macri y los CEOs de su gobierno neoliberal.
 
Al desatarse en marzo la guerra contra el Covid-19, AF debió aprender, sin copiarse, de su colega Xi Jinping: botón rojo y aislamiento total de la zona afectada; movilización nacional de todos los recursos sanitarios y personal; inversión del dinero necesario para financiar ese parate productivo, y fuerte disciplina social, por las buenas o las malas, para que se acatara la cuarentena.
 

La guerra de los Etchevehere
 
El problema económico nacional
 
El dólar blue es un campo de batalla donde se fuerza y apuesta a la devaluación del dólar oficial. Los fondos de inversión, los sojeros y otros sectores del gran empresariado tironean por una devaluación que ejecute una transferencia de ingresos desde el pueblo trabajador hacia el gran capital.
 
La coalición devaluadora -política, mediática y judicial- tiene en la divisa ilegal una palanca de presión, propalada por los medios opositores con furia sagrada, a fin de construir la necesidad de un cambio drástico en el tipo de cambio. Se trata de provocar una inmensa transferencia de riqueza hacia la cúpula del poder económico, en particular del complejo agro exportador.
 
Las movidas devaluatorias son un clásico que incluye un programa económico neoliberal de ajuste: pérdida del valor adquisitivo del salario, inflación, transferencia regresiva de ingresos, gasto público en picada. Un golpe tremendo al contrato social prometido en campaña por el Frente de Todos e insinuado en los primeros meses de gestión.
 
La sociedad argentina, es obvio, no resiste hoy una devaluación como la que procuran los sectores de poder, o al menos no la resiste sin ingresar a una zona de gran inestabilidad social e institucional.
 
Pero el frente económico es algo que va más allá de la cotización del "dólar blue" que la derecha opositora pone como si fuera el gran problema nacional. La preocupación mayúscula debe ser por la caída de la economía.
 
Según el informe del FMI, Argentina caería 11,8 por ciento en el año en curso. Para el 2021 la recuperación no tendría forma de V, con aumento del 5,5 por ciento como se dibujó en el proyecto de Presupuesto, sino casi un punto menos.
 
Algo para reflexionar: la economía recién tomaría impulso en 2023. En el mejor de los casos, si así fuera, ese aumento del PBI sería en la víspera de empezar a pagar con grandes sacrificios los postergados vencimientos de la deuda externa negociados con BlackRock y ahora con el Fondo.
 
¿Se podrán afrontar esas obligaciones autoimpuestas sin la necesaria auditoría de la deuda, cuando el país estará aún convaleciente de su doble enfermedad (pandemia y crisis económica)?
 
La diferente mirada del gobierno sobre estos asuntos económicos se nota en las prioridades sobre los cuales habla Martín Guzmán en sus apariciones mediáticas. La mayor parte del tiempo se refiere a medidas para domesticar el "dólar blue" y explicar que ese mercado secundario no es el referente para fijar los precios internos.
 
Si se juzga por los resultados, ese plan no viene teniendo éxito, porque si bien el dólar "contado con liqui" bajó unos pesos, el blue subió a 195. Quiere decir que hay una fuerte presión, por minoritaria que el ministro la estime, a favor de la devaluación del peso.
 
Ésta sería lamentable y es una película que los argentinos ya vimos. Es un drama para los salarios en pesos devastados y suba de precios con un costo de la vida por las nubes y una inflación que podría dejar chico al brutal 53,8 por ciento de la despedida de Macri.
 
En el análisis del ministro de Economía hay por lo menos dos fallas que hacen vulnerable su posición (y la de millones de argentinos).
 
Una, que limita el equipo de "los malos de la película" a unos pocos NN que presionan sobre el "dólar blue". Error. Muchos de los grandes empresarios con los que él y el presidente se reúnen, son parte de ese bando devaluador.
 
Los grandes jugadores del complejo agro-exportador, del sector industrial y energético, ¿acaso liquidaron sus divisas? No. No lo hicieron porque además de una benefactora disposición que les da plazo de 180 días (!!), están operando para una devaluación del 30 por ciento o más.
 
Con eso, más los tres puntitos que el gobierno les rebajó en las retenciones, recién allí podrían considerar vender una parte de sus billetes. Eso no lo ve, o al menos no lo denuncia, el discípulo de Joseph Stiglitz.
 
La otra falla de Guzmán es que su paradigma no es fortalecer la moneda argentina. Está en las antípodas de lo que Aldo Ferrer llamó "Vivir con lo nuestro" pues sólo quiere una degradación más lenta del peso. En declaraciones radiales dijo: "vamos a continuar con el ritmo de depreciación del peso contra el dólar que venimos manteniendo, yendo de la mano con la inflación".
 
Se dice que una imagen vale más que mil palabras. En este caso no hubo foto, pero sí una reunión del presidente y ministros con Paolo Rocca, de Techint. El Estado volverá a pagarle subsidios en Vaca Muerta y extendió tres años ese acuerdo. El monopolio del miserable que despidió en marzo a 1.450 empleados, prometió que liquidará sus dólares. ¿Alguien le cree? El presidente y el ministro sí.
 

La guerra de los Etchevehere
 
No es con todos
 
El tercer frente es el de la política. Algunos lo confunden en forma deliberada con lo electoral, que ocupará la escena recién en 2021. Electoralistas los hay en otros los frentes. Algunos no lo disimulan y otros se ponen maquillaje. Unos y otros están equivocados. Hoy hay que practicar buenas políticas, para las mayorías populares.
 
¿El movimiento popular puede ganar las calles para reclamar sus derechos? La pandemia ha inhibido al máximo esa posibilidad. Pero la crisis económica, la inflación, la pérdida de empleos, la pobreza e indigencia con canastas de 47.216 pesos y 19.430 respectivamente, la amenaza de desalojos policiales a gente humilde en Guernica, etc., impulsa a retomar las calles. Con barbijos, distanciamiento social, caravanas y no sólo manifestaciones, hay que volver a llenar las avenidas.
 
El acto del 17 de Octubre en sí tuvo una participación masiva y superó por mucho a todas las marchas sumadas de la oposición. Pero además se realizó en un contexto de pandemia y su consecuente depresión económica que inciden para desalentar cualquier participación.
 
La experiencia de los peronistas que se movilizaron en caravanas y a pie en el Día de la Lealtad, fue un soplo de aire fresco en medio de tanta pálida y banderazo amarillo pintado de celeste y blanco.
 
Ese día fue expresión de la mayoría de la sociedad dispuesta a respaldar al Gobierno, pero también a impedir que las presiones de la oposición macrista y el poder económico obstaculicen el programa que el Frente de Todos propuso en las elecciones.
 
En noviembre volverá la misión del FMI para discutir cómo se le devolverán 45.000 millones desembolsados a Macri. La entidad ya comenzó a apretar al gobierno para lograr el equilibrio fiscal (léase gastar menos en los pobres en la pandemia, para juntar dólares y afrontar los pagos de la deuda).
 
Esas recetas son de ajuste, aunque hoy no publiciten cláusulas de reforma laboral y previsional, ni privatizaciones. Cambian los tonos y las caras, pero igual el FMI quiere cobrarse el mayor préstamo concedido de su historia. Y para resistir esa pretensión de ajuste habrá que estar en la calle, además de dar una pelea política en el Congreso y los medios.
 

La guerra de los Etchevehere

La guerra familiar
 
Resumiendo: Proyecto Artigas ingresó a campo "Casa Nueva" porque Dolores, quien considera que es dueña de una parte, los invitó a entrar y les cedió el 40 por ciento de las tierras que le corresponderían a ella. Por eso no existiría la usurpación, como tampoco existe Dolores para Juntos por el Cambio. Su curioso "derecho de propiedad" solamente se aplica para los más poderosos.
 
Dolores denunció que su hermano, el ex ministro de Agroindustria, enviaría una patota para desalojarla del campo y acusó al Jefe de Fiscales, Jorge Amilcar García, de estar "comprado" por el ex funcionario nacional. Y además reveló que sus cuatro hijos fueron amenazados.
 
El miércoles, un desfile de camionetas y tractores se apostó en la entrada de la estancia con el claro objetivo de amedrentar. Durante esas horas de tensión, que llevó a las organizaciones sociales a marchar de urgencia a la Casa de la Provincia de Entre Ríos en la Ciudad, para exigir a las autoridades que garanticen la integridad física de Dolores y los integrantes del Proyecto Artigas.
 

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La voz oficial
 
El gobernador, Gustavo Bordet, subrayó que "la usurpación es un delito, de eso no hay ninguna duda", aunque aclaró que la situación que se da en la Estancia Casa Nueva, "se da una situación diferente a lo que ocurre en el sur con territorios mapuches o lo que ocurrió en Guernica".
 
Por su parte, la ministra de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, Rosario Romero, hizo un llamado a la reflexión y a las conductas de quienes están involucrados en el conflicto. "Estamos con una situación muy difícil en la zona de Santa Elena, en un campo donde hay una disputa que nace de una diferencia familiar", dijo.
 
Y sentó posición, antes de diferenciarlo de las típicas usurpaciones: "No estamos ante una situación común como las que se han dado en el resto del país de tomas de tierras, sino que se trata de una sesión de una de las propietarias o herederas hacia a un grupo organizado bajo una asociación que se llama Artigas".
 
Entonces, "la base que genera conflictos es esa disputa familiar que hoy desde luego trasciende en un debate sobre quién tiene derecho a estar en esa propiedad privada y quién no", afirmó.
 

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El juez rechaza el pedido de desalojo
 
El viernes, el juez subrogante de La Paz, Raúl Flores, rechazó el pedido de desalojo y destacó que, contrariamente a lo denunciado por el clan Etchevehere, el ingreso al establecimiento fue pacífico y sin violencia, además de descartar que se hayan usado armas de ningún tipo.
 
Pese a la resolución, los empresarios rurales continuaron rodeando la estancia, intimidando a quienes entraban y salían del predio, pretendiendo revisar sus automóviles, y hasta colocaron un candado en la tranquera, lo que motivó una denuncia contra Luis Miguel Etchevehere por "privación ilegítima de la libertad, coacción agravada, extorsión y usurpación agravada".
 

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Macristas hablan de usurpaciones y ocultan conflicto familiar
 
La dirigencia del macrismo entrerriano, junto a sus legisladores, replicaron el comunicado de Juntos por el cambio que publicaron en apoyo a Luis Miguel Etchevehere. En el texto habla de "usurpaciones de tierras" y de "fomento de dirigentes sociales que, en muchos casos, responden al propio gobierno".
 
El documento nada dice de la existencia de Dolores Etchevehere, quien fue la que ingresó al campo propiedad de su familia y del cual ella es una de sus dueñas, según reclama ante la justicia, ya que los Etchevehere se encuentran en una disputa judicial por la herencia.
 
En este marco, Juntos por el Cambio apuntó a los miembros del Artigas, pero ocultó a Dolores y su cesión de derechos. Ni siquiera la mencionó. No solo que no la mencionaron, sino que, además, hubo amenazas violentas contra sus hijos y de empresarios rurales a organizaciones sociales en Entre Ríos.
 
El tono del mensaje fue unánime en ese grupo y en los que tienen las Sociedades Rurales de todo el país. Los más entusiastas llamaron incluso a un banderazo el 8 de noviembre, aprovechando la próxima protesta de Juntos por el Cambio contra el Gobierno Nacional.
 

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La oposición quiere aprovechar el conflicto
 
Desde la oposición provincial consideran que el principal perjudicado del conflicto es el gobernador Bordet, debido a la aparición en escena de Juan Grabois, un dirigente que -afirman- genera un visceral rechazo en una amplia porción del electorado entrerriano.
 
A Grabois, en la Casa Rosada lo consideran una suerte de "patrulla perdida" de la amplia y heterogénea alianza oficialista, desde tiempo atrás cuando sostuvo la necesidad de llevar a cabo una reforma agraria.
 
"Cada uno tiene a su propio D'Elía", ironizan en la sede gubernamental, sin reconocer ninguna autoría intelectual de la jugada de Grabois junto a la hermana rebelde de los Etchevehere. Igual, el dirigente macrista entrerriano apunta directamente contra el Gobierno.

 
Este domingo, Etchevehere y otros dirigentes de Juntos por el Cambio realizaron un banderazo amarillo pintado de celeste y blanco. Corearon de "zurdo" a Juan Grabois y dijeron que Cristina les paga a los "vagos". En una tarde lluviosa en la que el único protegido del agua por una silo bolsa fue el patrón de estancia, abajo del escenario, unos pocos centenares de personas se hundían en el barro y aplaudían empapadas.

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Provincia y Nación trabajan con comunas y municipios para promover la autonomía de las mujeres y LGBTI+. Con el fin de seguir fortaleciendo políticas para mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencias por motivos de género, la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira; la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Mariana Broggi; y la subsecretaria de la Mujer, Valeria Migueles, trabajan con municipios y comunas en la implementación del programa Acompañar.
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El Consejo General de Educación (CGE) lleva adelante un protocolo jurisdiccional aprobado por el Ministerio de Educación de la Nación, y elaborado de forma conjunta con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Infraestructura y Planeamiento de la provincia, por medio del cual se pusieron a disposición de las instituciones educativas, materiales que profundizan medidas preventivas para cuidar la salud y a su vez, se destinaron fondos especiales por 15 millones de pesos para la compra de insumos de higiene y seguridad.
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