, cuyo campo servía de paso clandestino para violar el aislamiento obligatorio y salir y entrar de Concordia, eludiendo el control sanitario; Eduardo Varese otro militante de Juntos por el Cambio de la Paz, cuyo hijo Juan es actualmente concejal de ese partido en la localidad;
 
Además de Oscar Carranza, militante de "Juntos por Chajarí", ex presidente del PRO en el departamento Federación; Sebastián Telayna, concejal del PRO de Puerto Yeruá; y Miguel Piana, otro conocido agitador que fue hasta el año pasado senador provincial por Cambiemos por el departamento Federación.
 
Son los mismos que agitan para este domingo un "banderazo federal por la propiedad privada" (de Luis Miguel no la de Dolores) también frente a la estancia, buscando lograr la foto de un supuesto piquete espontáneo "como en la 125".
 
La pelea de los Etchevehere sirve al sector macrista más gurka para expresar su protesta contra el gobierno nacional de Alberto Fernández, intentando generar una desestabilización política convirtieron una disputa entre herederos en una cruzada antiperonista.
 
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Entre Ríos - 25-10-2020 / 10:10
EL PERONISMO PROVINCIAL REMARCA LA MANIPULACIÓN DEL CONFLICTO POR ACTIVOS AGITADORES DE JUNTOS POR EL CAMBIO EN ENTRE RÍOS

El macrismo intenta politizar la pelea familiar de los Etchevehere

El macrismo intenta politizar la pelea familiar de los Etchevehere
La pelea de los Etchevehere sirve al sector macrista más gurka para expresar su protesta contra el gobierno nacional de Alberto Fernández, intentando generar una desestabilización política convirtieron una disputa entre herederos en una cruzada antiperonista.
Sigue el conflicto familiar entre la familia Etchevehere por el campo cerca de Santa Elena. Este sábado, la estancia apareció con una cadena en la puerta de acceso que generó el rechazo de Dolores Etchevehere y los integrantes del Proyecto Artigas, que denunciaron el delito de privación ilegítima de la libertad.
 
En tanto, Luis Miguel Etchevehere, ex ministro de Agricultura durante el gobierno de Mauricio Macri y dos veces presidente de la Sociedad Rural Argentina, se encuentra acampando en el ingreso a la estancia, insulta a la policía porque no cumple sus órdenes a rajatabla; después se disculpa por Twitter.
 
Parece un adolescente que frente al límite hace berrinche. Duerme a la intemperie hace cuatro días, custodiando la entrada de lo que considera suyo, junto a una patota de patrones de estancia. "Violencia, poder, opresión", así describe su padecimiento.
 
En tanto, un grupo de "productores rurales independientes" fueron a pedirle "de buena manera" a Dolores que se fuera de su casa, ofreciéndole, como si fueran los dueños del país, "un salvoconducto para salir de la provincia". Increíble.
 
Resultó que no eran ni tan independientes, ni tan excluyentemente hombres de campo. Todos los allí reclutados son activos dirigentes de Juntos por el Cambio de la provincia, entre los que se cuentan candidatos y ex legisladores.
 
Como Héctor Daniel D'Ambros, cuyo campo servía de paso clandestino para violar el aislamiento obligatorio y salir y entrar de Concordia, eludiendo el control sanitario; Eduardo Varese otro militante de Juntos por el Cambio de la Paz, cuyo hijo Juan es actualmente concejal de ese partido en la localidad;
 
Además de Oscar Carranza, militante de "Juntos por Chajarí", ex presidente del PRO en el departamento Federación; Sebastián Telayna, concejal del PRO de Puerto Yeruá; y Miguel Piana, otro conocido agitador que fue hasta el año pasado senador provincial por Cambiemos por el departamento Federación.
 
Son los mismos que agitan para este domingo un "banderazo federal por la propiedad privada" (de Luis Miguel no la de Dolores) también frente a la estancia, buscando lograr la foto de un supuesto piquete espontáneo "como en la 125".
 
La pelea de los Etchevehere sirve al sector macrista más gurka para expresar su protesta contra el gobierno nacional de Alberto Fernández, intentando generar una desestabilización política convirtieron una disputa entre herederos en una cruzada antiperonista.
 
La Opinión Popular
 

 
El campo y la pelea entre los Etchevehere
 
Aunque está claro que es una pelea familiar, el sector encontró un lugar donde canalizar reclamos contra el gobierno. El peronismo local remarca la politización del conflicto.
 
Sigue el conflicto familiar entre la familia Etchevehere por el campo cerca de Santa Elena. Este sábado, la estancia apareció con una cadena en la puerta de acceso que generó el rechazo de Dolores Etchevehere y los integrantes del Proyecto Artigas, ligados a Juan Grabois, que denunciaron el delito de privación ilegítima de la libertad.
 
En tanto, los hermanos Etchevehere se encuentran acampando en el ingreso a la estancia, a la espera que de la Justicia defina nuevas medidas. Cabe recordar que el viernes el juez Raúl Flores no hizo lugar al pedido de desalojo que hicieron los fiscales y la familia Etchevehere. Esa resolución fue apelada.
 
Además, el campo convocó para marchar nuevamente al paraje El Quebracho, bajo la consigna de "defender la propiedad privada", "Fuera Grabois de Entre Ríos" y por "la libertad de expresión", puesto que el juez Flores le aplicó una mordaza judicial y una perimetral a los hermanos Etchevehere y a su madre.
 
Además, la presencia de militantes de Grabois preocupa a los ruralistas, ya que creen que podría darse tomas masivas de campos.
 
Cabe recordar que el campo Casa Nueva es motivo de una fuerte disputa entre Dolores Etchevehere, que asegura tener derechos hereditarios en el campo, y su madre y hermanos, Leonor Barbero Marcial de Etchevehere y Luis Miguel, Juan Diego y Arturo Sebastián.
 
 
Piden solución pacífica
 
"Hay un claro interés de hacer política con una situación que tiene que resolverse por vía judicial", dijo Giano. Además, afirmó que "hay un claro interés de hacer política con una situación que tiene que resolverse por una vía pacífica y judicial".
 
"Se trata de un conflicto familiar entre herederos que ha tomado dimensión política porque claramente hay partes interesadas en que eso suceda", señaló Giano y remarcó que "el fallo del juez fue contundente y las decisiones judiciales que ha tomado deben respetarse".
 
A su vez, el legislador consideró que "como dijo el juez Flores, no existe una usurpación de tierras ni afectación alguna a propiedad privada" pero opinó que se trata de un antiguo conflicto hereditario "donde los derechos deben acreditarse en la justicia cuyos fallos hay que respetar".
 
"Este es un problema familiar que lleva años sin encontrar una solución Es momento que las partes sean capaces de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la situación conflictiva y tensa que se da fuera del campo, donde se han movilizado y se están convocando terceras personas que nada tienen que ver con el conflicto entre herederos, más bien buscan politizar una disputa por la propiedad privada. La vía judicial y pacífica debe ser el único camino", concluyó Giano.
 
Fuente: Informe Digital
 

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El porteño Rogelio Frigerio y buena parte de los gobernadores escucharon al presidente Javier Milei, quien celebró la supuesta mejora macroeconómica, el control político pleno que La Libertad Avanza logró en el Congreso pese a no tener mayoría, las reformas que él considera irreversibles y el avance de las ideas libertarias, que parecen irrefrenables. Frigerio y los gobernadores escucharon un relato triunfal mientras afrontan la complejidad creciente de sus administraciones provinciales, de la economía real, del derrumbe de los sectores regionales industriales y de la grave situación social.
 
Esa parte de la realidad, dolorosamente territorial y expulsiva, radica en el interior federal, aunque dependa casi exclusivamente de decisiones que toma Milei. El desfinanciamiento cada vez más pronunciado de las administraciones provinciales les resta posibilidades de acción territorial y política. No obstante, los diputados y senadores de las provincias votan a favor de las leyes de Milei. El oficialismo entrerriano, entre ellos.
 
El posicionamiento político de Frigerio es cada vez más difícil de clasificar. Intenta calmar los reproches del pueblo, pero en simultáneo avala la reforma laboral. Apoya la macroeconomía de puertas abiertas de par en par, con importaciones indiscriminadas, pero reclama igualdad de condiciones para la golpeada industria provincial. Los diagnósticos son tenebrosos en materia de empleo y de condiciones sociales del amplio sector asalariado entrerriano que desde hace décadas vive de industrias que van perdiendo competitividad, y que el proyecto libertario ha venido a liquidar. Milei lo hace sin complejos: celebra el cierre de empresas, trata de delincuentes a los principales empresarios del país y jamás habla de producción ni de empleo.
 
Cuando se observa el posicionamiento de Frigerio, su margen político se evidencia dramáticamente reducido. Y las consecuencias en la propia administración son crecientes. Frigerio sostiene el ajuste en los sueldos públicos y en las jubilaciones pese al malestar gremial en alza; intenta amortiguar la caída generalizada de recursos con mayor endeudamiento, con refinanciamiento caro y sobre costos. Mientras, subsiste gracias al intercambio de votos en el Congreso por algún ATN. Se balancea al borde del abismo y la conflictividad se incrementa en todo el territorio provincial.
 
En ese marco, Nadia Burgos, dirigente del MST en el FIT-U y delegada gremial del Ministerio de Salud se expresó: "La paritaria estatal en Entre Ríos volvió a mostrar el mismo esquema de siempre: el gobierno presenta una oferta que no recompone el salario real y pretende cerrar el conflicto con el aval de UPCN, mientras miles de trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo y en su mayoría con salario de pobreza". La miserable propuesta de Frigerio, del 15,8% sobre sueldo básico de junio 2025, no cubre la inflación acumulada ni garantiza una recuperación del salario, sumado a los 9 meses de salarios congelado junto a los recortes de ingreso de junio 2025. Las sumas fijas, tramos diferidos y promesas de revisión no resuelven el problema de fondo: los sueldos estatales están por debajo de lo necesario para vivir. Frigerio está muy alejado de lo que se vive en los lugares de trabajo: el salario no llega, las condiciones laborales se deterioran y el ajuste se descarga sobre quienes sostienen el funcionamiento del Estado y los jubilados.
 
Por su parte, para el sector pasivo se otorgará una suma fija de 75.000 pesos que reemplaza la suma fija que venían percibiendo de $40.000. Aumento real: $35.000. Una miseria. Las cifras establecidas están muy debajo de la inflación real y en la mitad de los índices truchos del gobierno de Milei. Y no recomponen el poder de compra de los trabajadores. El Consejo Provincial del Partido Justicialista expresó su "profunda preocupación y rechazo ante el reciente anuncio del gobierno provincial de otorgar incrementos salariales bajo la modalidad de sumas no remunerativas y no bonificables". Resulta contradictorio e injustificable que, en un contexto donde el propio oficialismo impulsa una reforma previsional que afectará directamente a trabajadores activos y jubilados, se dispongan mecanismos salariales que reducen aportes, debilitan el financiamiento del sistema previsional y deterioran el salario real de los empleados públicos.
 

01-03-2026 / 10:03
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