21:27 | Domingo 01 de Marzo de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Entre Ríos - 24-10-2020 / 16:10

LA MINISTRA DE GOBIERNO Y JUSTICIA COMPARTIÓ CUÁL ES SU “SENSACIÓN” ANTE EL CASO Y LA DECISIÓN DEL JUEZ

Caso Etchevehere: Las partes deben respetar la decisión de la Justicia, afirmó Rosario Romero

La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, se refirió a las decisiones judiciales en el marco de la causa de disputa de propiedades de la familia Etchevehere en Santa Elena. “Las partes deben respetar la decisión de la Justicia y procurar que se arribe a un acuerdo en el seno familiar”, señaló.

La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, se refirió a las decisiones judiciales en el marco de la causa de disputa de propiedades de la familia Etchevehere en Santa Elena. "Las partes deben respetar la decisión de la Justicia y procurar que se arribe a un acuerdo en el seno familiar", señaló.

"Desde un comienzo hemos situado este caso tal como lo hizo el juez, en un conflicto básicamente familiar que se pretendía presentar como una toma de tierras y que en realidad lo que hay es un fuerte debate en el seno de una familia, la madre y los hermanos contra Dolores Etchevehere; ese debate no saldado, esa puja judicial que todavía no ha terminado, es lo que motivaba y sigue motivando el conflicto", indicó la ministra Romero.

En ese sentido, recordó que como gobierno "siempre dijimos que íbamos a ser respetuosos, esperar la decisión judicial y colaborar, como de hecho lo hicimos y lo seguimos haciendo con la Policía de Entre Ríos, poniéndonos a disposición del juez y de los fiscales".

"Así hemos sostenido una presencia policial en la puerta de la estancia. Ello se debe precisamente a tratar de resguardar la seguridad de todas las partes", indicó y dijo que "la sentencia judicial naturalmente no iba a satisfacer a las dos partes en pugna, pero lo que se debe hacer respetando el Estado de Derecho, es acatarla. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de interponer un recurso".

Audios y orden de restricción

Consultada sobre algunos audios que circularon en la convocatoria a la marcha de productores rurales a la estancia, Romero sostuvo que "infundían miedo", y es por eso que "en el momento que los conocimos, en tanto resultaban despectivos respecto de la gente, segregacionistas, salimos a llamar a la serenidad, la razonabilidad, a situarse en el problema como un problema familiar y a la vista está que muchos lo comprendieron".

"Esos audios fueron, entre otros hechos, los que motivaron la denuncia penal de parte de Dolores Etchevehere que hoy termina con una orden de restricción del juez de Garantías que está actuando, la cual que es fundamentalmente una orden de no agresión en modo alguno, a la hermana de los Etchevehere que está dentro del inmueble", aseguró la ministra.

"La sensación que tengo es la siguiente: Si nos situamos en un Estado de Derecho y si pretendemos ser una República, tenemos que respetar las instituciones, lo que en este caso es decir la justicia. Acá hay una resolución del juez que rechaza ordenar un desalojo. Para el juez determinar un desalojo tenía que apreciar una semiplena prueba o por lo menos que surgiera la verosimilitud del derecho, no lo tuvo a su modo de entender. Lo argumentó en la resolución y la misma debe ser respetada, si bien es recurrible", indicó.

En ese sentido la ministra Romero precisó que "el juez, en una parte de su resolución, el punto séptimo, les dice a las partes que no se trata más que de bienes materiales, que van a quedar en la tierra, los insta a ponerse de acuerdo y a dialogar, ese es el mensaje de la justicia", señaló la ministra Romero.

Fuente: Prensa Gobierno de Entre Ríos

01-03-2026 / 20:03

El miserable ofrecimiento de aumento salarial de Frigerio

El porteño Rogelio Frigerio y buena parte de los gobernadores escucharon al presidente Javier Milei, quien celebró la supuesta mejora macroeconómica, el control político pleno que La Libertad Avanza logró en el Congreso pese a no tener mayoría, las reformas que él considera irreversibles y el avance de las ideas libertarias, que parecen irrefrenables. Frigerio y los gobernadores escucharon un relato triunfal mientras afrontan la complejidad creciente de sus administraciones provinciales, de la economía real, del derrumbe de los sectores regionales industriales y de la grave situación social.

Esa parte de la realidad, dolorosamente territorial y expulsiva, radica en el interior federal, aunque dependa casi exclusivamente de decisiones que toma Milei. El desfinanciamiento cada vez más pronunciado de las administraciones provinciales les resta posibilidades de acción territorial y política. No obstante, los diputados y senadores de las provincias votan a favor de las leyes de Milei. El oficialismo entrerriano, entre ellos.

El posicionamiento político de Frigerio es cada vez más difícil de clasificar. Intenta calmar los reproches del pueblo, pero en simultáneo avala la reforma laboral. Apoya la macroeconomía de puertas abiertas de par en par, con importaciones indiscriminadas, pero reclama igualdad de condiciones para la golpeada industria provincial. Los diagnósticos son tenebrosos en materia de empleo y de condiciones sociales del amplio sector asalariado entrerriano que desde hace décadas vive de industrias que van perdiendo competitividad, y que el proyecto libertario ha venido a liquidar. Milei lo hace sin complejos: celebra el cierre de empresas, trata de delincuentes a los principales empresarios del país y jamás habla de producción ni de empleo.

Cuando se observa el posicionamiento de Frigerio, su margen político se evidencia dramáticamente reducido. Y las consecuencias en la propia administración son crecientes. Frigerio sostiene el ajuste en los sueldos públicos y en las jubilaciones pese al malestar gremial en alza; intenta amortiguar la caída generalizada de recursos con mayor endeudamiento, con refinanciamiento caro y sobre costos. Mientras, subsiste gracias al intercambio de votos en el Congreso por algún ATN. Se balancea al borde del abismo y la conflictividad se incrementa en todo el territorio provincial.

En ese marco, Nadia Burgos, dirigente del MST en el FIT-U y delegada del Ministerio de Salud se expresó: "La paritaria estatal en Entre Ríos volvió a mostrar el mismo esquema de siempre: el gobierno presenta una oferta que no recompone el salario real y pretende cerrar el conflicto con el aval de UPCN, mientras miles de trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo y en su mayoría con salario de pobreza". La miserable propuesta de Frigerio, del 15,8% sobre sueldo básico de junio 2025, no cubre la inflación acumulada ni garantiza una recuperación del salario, sumado a los 9 meses de salarios congelado junto a los recortes de ingreso de junio 2025. Las sumas fijas, tramos diferidos y promesas de revisión no resuelven el problema de fondo: los sueldos estatales están por debajo de lo necesario para vivir. Frigerio está muy alejado de lo que se vive en los lugares de trabajo: el salario no llega, las condiciones laborales se deterioran y el ajuste se descarga sobre quienes sostienen el funcionamiento del Estado y los jubilados.

Por su parte, para el sector pasivo se otorgará una suma fija de 75.000 pesos que reemplaza la suma fija que venían percibiendo de $40.000. Aumento real: $35.000. Una miseria. Las cifras establecidas están muy debajo de la inflación real y en la mitad de los índices truchos del gobierno de Milei. Y no recomponen el poder de compra de los trabajadores. El Consejo Provincial del Partido Justicialista expresó su "profunda preocupación y rechazo ante el reciente anuncio del gobierno provincial de otorgar incrementos salariales bajo la modalidad de sumas no remunerativas y no bonificables". Resulta contradictorio e injustificable que, en un contexto donde el propio oficialismo impulsa una reforma previsional que afectará directamente a trabajadores activos y jubilados, se dispongan mecanismos salariales que reducen aportes, debilitan el financiamiento del sistema previsional y deterioran el salario real de los empleados públicos.

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