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Entre Ríos - 23-10-2020 / 12:10
QUIEREN USAR EL CASO ETCHEVEHERE COMO OTRA 125

Patrones de campo ofrecen salvoconductos como si fueran dueños del país

Patrones de campo ofrecen salvoconductos como si fueran dueños del país
Este jueves, de madrugada, Dolores recibió un extraño recado de parte de uno de los movilizados en respaldo del ex ministro macrista. Le ofreció un "salvoconducto" para "tratar de salir de la provincia sin ningún problema, sin que nadie los toque ni nada". El negociador voluntario le explicó en tono amenazante que "yo puedo estar muy tranquilo, pero no todos están tranquilos acá", tras lo cual le informó que ya había hablado con la Policía para que "se puedan ir sin problemas".
Como ocurrió con el caso Vicentin, la política infiltrada en grupos rurales y la oposición histórica al peronismo de los productores de la zona núcleo, está llevando un conflicto privado y de nexos familiares a una batalla contra el Gobierno Nacional.
 
En el marco de de una denuncia de Dolores Etchevehere contra su hermano, el ex ministro de Agricultura de Cambiemos, Luis Miguel Etchevehere, por presuntos delitos económicos, estafa, falsificación de firmas y vaciamiento de compañías de la familia, se inició una campaña para vincular al Ejecutivo que conduce Alberto Fernández a una supuesta maniobra de aval a la ocupación de tierras. Además de armar una épica para una "nueva 125, más dura que la del 2008".
 
"Vienen por todo, a quedarse con lo nuestro, hay que defender la propiedad privada", escribió un dirigente rural en el grupo de Whatsapp Gurú Ganadero, que nuclea a empresarios, terratenientes y ex funcionarios del PRO. Se le pegó otro criador de ganado, quien agitó "una nueva 125, más dura que la del 2008".
 
El tono del mensaje fue unánime en ese grupo y en los que tienen las Sociedades Rurales de todo el país. Los más entusiastas llamaron incluso a un banderazo el 8 de noviembre, aprovechando la próxima protesta de Juntos por el Cambio contra el Gobierno Nacional.
 
Este jueves, de madrugada, Dolores recibió un extraño recado de parte de uno de los movilizados en respaldo del ex ministro macrista. Le ofreció un "salvoconducto" para "tratar de salir de la provincia sin ningún problema, sin que nadie los toque ni nada". El negociador voluntario le explicó en tono amenazante que "yo puedo estar muy tranquilo, pero no todos están tranquilos acá", tras lo cual le informó que ya había hablado con la Policía para que "se puedan ir sin problemas".
 
No fue la única amenaza recibida por el grupo. La diputada cordobesa de Juntos por el Cambio Patricia De Ferrari se preguntó, en su cuenta de twitter, "Falta mucho para que aparezcan los falcon verde para impartir justicia a la medida de Grabois y compañía?", en clara alusión a los vehículos usados en la última dictadura para "desaparecer" personas. Ante la catarata de repudios, la legisladora retiró el tuit.
 

 
Poco sirvieron las gestiones de la política para encausar la situación. En algunas estuvo al frente el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, en contacto con los ruralistas de la zona de Santa Elena, localidad en la que está el campo en cuestión. El dirigente, incluso, sondeó con la Jefatura de Gabinete nacional el asunto de fondo, pero no hubo definiciones sobre un tema que el Ejecutivo observa sin jugar cartas.
 
Recapitulando, Dolores Etchevehere presentó a inicios de la semana una denuncia contra sus hermanos por delitos cometidos en la provincia de Entre Ríos. Según la hermana del ex ministro, eso la llevó a alejarse y ceder el 40 por ciento de su herencia al Proyecto Artigas, un modelo de producción agraria sostenible, libre de agrotóxicos y explotación, que funcionaría en el terreno en disputa.
 
En la denuncia de Dolores hay delitos que van desde usurpación de tierras fiscales y "actos aberrantes contra la integridad física", hasta vaciamiento de sociedades de la familia y diferentes niveles de fraude al Estado.
 
Naturalmente, el agro tiene lecturas simplistas de los conflictos, entendibles en el marco de la contienda histórica con el peronismo y de relaciones tormentosas con el poder.
 
La primera, que como el dirigente social Juan Grabois es abogado de la hermana de Etchevehere, la Nación está jugando. La segunda, que la presencia de Gabriela Carpineti, funcionaria del Ministerio de Justicia, fue una intromisión del Ejecutivo.
 
Y la tercera, un mito que estalló en los chats: que la titular del Inadi, Victoria Donda, había dormido en el campo con los presuntos ocupantes, una versión luego desmentida. "Si la metieron a Victoria Donda, para mi la hermana es una oKupa más!. Por los hechos te conocereis, escribió otro dirigente del campo sobre Donda.
 
 
Ingeniería en conflictos
  
En esa línea, la agrupación Campo más Ciudad, organizadora de la marcha por Vicentin y la armadora de las que ocurren todos los feriados contra las medidas del Gobierno, elaboró un flyer que circuló en redes y celulares.
 
Se ve una toma área de tractores y camionetas en la entrada de la chacra de Etchevehere, con la frase: "Resistan entrerrianos, resistan. Todo el país está con ustedes". En paralelo, convocaron a sumar el asunto a las consignas de la marcha del 8N. Este caso llegó a alinear, incluso, a los que desprecian a Etchevehere por haberles subido las retenciones al campo durante el Gobierno de Mauricio Macri.
 
Ese conglomerado de Campo más Ciudad, activo en Twitter y redes de Whatsapp, concentra al establishment agropecuario, a ex funcionarios de Cambiemos y a financistas de las campañas de los principales dirigentes del PRO. Casi un think tank de Etchevehere y David Lacroze, el ex Sociedad Rural que saltó a la fama por increpar a la entonces presidenta Cristina Fernández y financia al partido de Macri desde su génesis.
 
En ese sector conocen de primera mano la historia de conflictos en la familia Etchevehere y hasta muchos le dan la razón a la hermana. Fuentes de Campo más Ciudad admitieron ante este diario que "es todo producto de un enfrentamiento de hermanos, que viene de larga data".
 
Algunos, de hecho, hasta conocen al dedillo que la sucesión de esa familia fue un caso que duró 10 años y recuerdan las disputas entre hermanos que generó el vaciamiento del Diario de Paraná, donde también colisionaron Dolores y Luis Miguel.
 
 "Hay que subirse igual, este gobierno nos está haciendo la vida imposible y se va a poner peor", expresó la misma fuente, mencionando al caso como un hito aprovechable políticamente en plena guerra incipiente con el Ejecutivo.
 
 
La mano del partido
  
El scrum para nacionalizar desde la ruralidad el conflicto de Etchevehere sumó una pata política fuerte. Los legisladores de Cambiemos por Entre Ríos emitieron un comunicado calificando de "pandemia nacional" la toma de tierras y exigiéndole que intervenga en el asunto. Firmaron, entre otros, el mellizo Alfredo De Ángeli, uno de los nexos entre Cambiemos y el campo ultra.
 
El "Melli, uno de los que saltó a la política tras la disputa por las retenciones móviles, es uno de los alfiles rurales de la titular del PRO, Patricia Bullrich, y tiene mucho predicamento en las entidades del sector de la provincia. Esa influencia se vio reflejada en comunicados masivos de algunas organizaciones.
 
El temor de que este caso sea un avance sobre la propiedad privada también aglutinó a las Sociedades Rurales, que salieron a jugar fuerte. "Si la Justicia no nos protege, si la Ministra de Seguridad no nos protege, si las fuerzas policiales y de seguridad no nos protegen, no nos quedará más remedio que protegernos solos, unidos y organizados, a estos nos están llevando", redactó la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Gualeguay.
 
Y remató: "Si la reacción de los ciudadanos no les resultó demostrativa en el año 2008, esta vez tendrá que ser aún más contundente, aún más demostrativa del malestar que nos aqueja, pues esta vez no nos quieren robar la producción, esta vez nos están robando nuestras propiedades, directamente".
 
También sentó posición la Mesa de Enlace de Santa Fe, que pidió al gobierno garantizar la propiedad privada. Según supo este diario, la Mesa de Enlace nacional, aún enfrentada con Etchevehere, banca la idea de que el caso de los campos de la familia en Entre Ríos reviste gravedad institucional.
 
Por Leandro Renou
 
Fuente: Página12
 

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03-05-2026 / 10:05
29-04-2026 / 22:04
El reciente informe del Centro de Estudio de Desarrollo Macroeconómico (Cedma) advierte que la reforma previsional impulsada por el gobernador Frigerio en Entre Ríos trasciende lo técnico para convertirse en una definición política sobre quién paga la crisis. Bajo la bandera de la "sustentabilidad", el oficialismo justifica el endurecimiento de las condiciones de acceso —como el aumento de la edad jubilatoria y los años de aporte— omitiendo que el déficit actual responde a desfinanciaciones históricas y deudas del Estado nacional.

Según el análisis del Mg. Cr. Álvaro Gabás, la estrategia elegida busca reducir el gasto futuro a costa de los trabajadores, desplazando la discusión sobre fuentes alternativas de financiamiento o la eliminación de privilegios reales. La "clave política" del proyecto radica en la modificación del cálculo del haber inicial: al extender el período de referencia de los últimos 10 años a 30, el gobierno mantiene la retórica del 82% móvil pero lo vacia de contenido, resultando en jubilaciones significativamente menores. Se estima que esta maniobra podría representar una pérdida de ingresos superior al 25% respecto al sistema vigente. Sin estudios actuariales públicos ni un consenso social sólido, la reforma se perfila como una decisión que redefine el contrato social, convirtiendo nuevamente al salario diferido de los trabajadores en la variable de ajuste fiscal. A continuación la nota completa.


De la redacción de La Opinión Popular

29-04-2026 / 14:04
La política entrerriana atraviesa un sismo cuyas réplicas amenazan con sepultar el proyecto de Rogelio Frigerio antes de lo previsto. Según el reciente informe de Página Política, el gobernador se encuentra atrapado en una encerrona estratégica: mientras intenta gesticular una administración "moderada", su alineamiento con el ajuste de Javier Milei lo ha vaciado de capital propio, dejándolo relegado a un tercer puesto que lo transforma en un espectador de su propio destino. Las conclusiones son de una encuesta realizada por la consultora Aresco, la firma dirigida por Julio y Federico Aurelio, una de las mas influyentes del país.
 
Lo más paradójico es que se trata del mismo escenario de tercios con el cual Frigerio logró acceder a la gobernación en 2023, pero con un orden de factores que invierte su suerte: aquel esquema que lo llevó a la victoria hoy lo deposita en un tercer cómodo puesto. En apenas unos meses de gestión, el "arquitecto del cambio" ha dilapidado su ventaja competitiva, siendo fagocitado por la misma ola libertaria que antes le sirvió de impulso y quedando hoy por debajo de un peronismo que, lejos de extinguirse, recupera centralidad.
 
Este escenario expone la claudicación de la "tercera vía" entrerriana. Al no ofrecer una resistencia real al modelo nacional ni soluciones tangibles a la crisis local, Frigerio ha pasado de ser el líder de la oposición al peronismo a convertirse en un donante de sangre para La Libertad Avanza, quien con estos numeros pensará en poner un candidato a gobernador propio. Mientras tanto, el PJ resiste en un empate técnico por la cima, demostrando que su anclaje territorial y la gestión de sus intendencias son el único dique de contención frente al experimento de la motosierra.
 
De la redacción de La Opinión Popular 

29-04-2026 / 14:04
26-04-2026 / 10:04
El colapso económico que pregonan Milei y Frigerio ha dejado de ser una estadística para convertirse en una tragedia humanitaria que empuja a los trabajadores estatales de Entre Ríos al abismo de la quiebra judicial. Mientras el gobierno nacional asfixia las provincias con un ajuste salvaje, la administración de Rogelio Frigerio ha decidido abandonar a su suerte a los empleados públicos, condenándolos a sueldos de miseria que ni siquiera cubren la canasta básica. Este escenario es el resultado directo de una política de "motosierra" que utiliza el hambre de las familias entrerrianas como variable de ajuste fiscal. El resultado judicial es mas quiebras de trabajadores.

La proliferación de resoluciones judiciales que declaran la quiebra de agentes estatales es la prueba obscena de un modelo que quebró el contrato social. Con salarios pulverizados por la inflación y una inacción total por parte del gobierno provincial para recomponer el poder adquisitivo, los trabajadores se ven atrapados en una espiral de sobreendeudamiento simplemente para sobrevivir. Frigerio, alineado al plan economíco de Milei, observa con indiferencia cómo quienes sostienen el funcionamiento de la provincia caen en el despojo patrimonial, demostrando que para este modelo, la dignidad del trabajador es un gasto prescindible en el altar del déficit cero.
 
Lo más alarmante es que, lejos de haber tocado fondo, el panorama bajo el modelo de Milei y la anuencia de Frigerio amenaza con profundizarse hacia niveles de exclusión nunca vistos. La combinación de una inflación que no da tregua a los artículos de primera necesidad y una política salarial que utiliza el congelamiento como ancla fiscal, proyecta un efecto dominó de ruina económica sobre el resto de la planta estatal. Sin un cambio de rumbo que priorice la subsistencia de quienes garantizan la salud, la educación y la seguridad en Entre Ríos, la provincia se encamina a una parálisis sistémica donde el trabajador, despojado de su presente y su futuro, termina siendo la principal víctima de un experimento ideológico que desprecia la vida humana y los derechos de los entrerrianos.
 
De la Opinión Popular

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