22:27 | Lunes 25 de Mayo de 2013 | Entre Ríos

Por

“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Entre Ríos - 23-10-2020 / 12:10

QUIEREN USAR EL CASO ETCHEVEHERE COMO OTRA 125

Patrones de campo ofrecen salvoconductos como si fueran dueños del país

Este jueves, de madrugada, Dolores recibió un extraño recado de parte de uno de los movilizados en respaldo del ex ministro macrista. Le ofreció un "salvoconducto" para "tratar de salir de la provincia sin ningún problema, sin que nadie los toque ni nada". El negociador voluntario le explicó en tono amenazante que "yo puedo estar muy tranquilo, pero no todos están tranquilos acá", tras lo cual le informó que ya había hablado con la Policía para que "se puedan ir sin problemas".

Como ocurrió con el caso Vicentin, la política infiltrada en grupos rurales y la oposición histórica al peronismo de los productores de la zona núcleo, está llevando un conflicto privado y de nexos familiares a una batalla contra el Gobierno Nacional.

En el marco de de una denuncia de Dolores Etchevehere contra su hermano, el ex ministro de Agricultura de Cambiemos, Luis Miguel Etchevehere, por presuntos delitos económicos, estafa, falsificación de firmas y vaciamiento de compañías de la familia, se inició una campaña para vincular al Ejecutivo que conduce Alberto Fernández a una supuesta maniobra de aval a la ocupación de tierras. Además de armar una épica para una "nueva 125, más dura que la del 2008".

"Vienen por todo, a quedarse con lo nuestro, hay que defender la propiedad privada", escribió un dirigente rural en el grupo de Whatsapp Gurú Ganadero, que nuclea a empresarios, terratenientes y ex funcionarios del PRO. Se le pegó otro criador de ganado, quien agitó "una nueva 125, más dura que la del 2008".

El tono del mensaje fue unánime en ese grupo y en los que tienen las Sociedades Rurales de todo el país. Los más entusiastas llamaron incluso a un banderazo el 8 de noviembre, aprovechando la próxima protesta de Juntos por el Cambio contra el Gobierno Nacional.

Este jueves, de madrugada, Dolores recibió un extraño recado de parte de uno de los movilizados en respaldo del ex ministro macrista. Le ofreció un "salvoconducto" para "tratar de salir de la provincia sin ningún problema, sin que nadie los toque ni nada". El negociador voluntario le explicó en tono amenazante que "yo puedo estar muy tranquilo, pero no todos están tranquilos acá", tras lo cual le informó que ya había hablado con la Policía para que "se puedan ir sin problemas".

No fue la única amenaza recibida por el grupo. La diputada cordobesa de Juntos por el Cambio Patricia De Ferrari se preguntó, en su cuenta de twitter, "Falta mucho para que aparezcan los falcon verde para impartir justicia a la medida de Grabois y compañía?", en clara alusión a los vehículos usados en la última dictadura para "desaparecer" personas. Ante la catarata de repudios, la legisladora retiró el tuit.

Poco sirvieron las gestiones de la política para encausar la situación. En algunas estuvo al frente el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, en contacto con los ruralistas de la zona de Santa Elena, localidad en la que está el campo en cuestión. El dirigente, incluso, sondeó con la Jefatura de Gabinete nacional el asunto de fondo, pero no hubo definiciones sobre un tema que el Ejecutivo observa sin jugar cartas.

Recapitulando, Dolores Etchevehere presentó a inicios de la semana una denuncia contra sus hermanos por delitos cometidos en la provincia de Entre Ríos. Según la hermana del ex ministro, eso la llevó a alejarse y ceder el 40 por ciento de su herencia al Proyecto Artigas, un modelo de producción agraria sostenible, libre de agrotóxicos y explotación, que funcionaría en el terreno en disputa.

En la denuncia de Dolores hay delitos que van desde usurpación de tierras fiscales y "actos aberrantes contra la integridad física", hasta vaciamiento de sociedades de la familia y diferentes niveles de fraude al Estado.

Naturalmente, el agro tiene lecturas simplistas de los conflictos, entendibles en el marco de la contienda histórica con el peronismo y de relaciones tormentosas con el poder.

La primera, que como el dirigente social Juan Grabois es abogado de la hermana de Etchevehere, la Nación está jugando. La segunda, que la presencia de Gabriela Carpineti, funcionaria del Ministerio de Justicia, fue una intromisión del Ejecutivo.

Y la tercera, un mito que estalló en los chats: que la titular del Inadi, Victoria Donda, había dormido en el campo con los presuntos ocupantes, una versión luego desmentida. "Si la metieron a Victoria Donda, para mi la hermana es una oKupa más!. Por los hechos te conocereis, escribió otro dirigente del campo sobre Donda.

Ingeniería en conflictos

En esa línea, la agrupación Campo más Ciudad, organizadora de la marcha por Vicentin y la armadora de las que ocurren todos los feriados contra las medidas del Gobierno, elaboró un flyer que circuló en redes y celulares.

Se ve una toma área de tractores y camionetas en la entrada de la chacra de Etchevehere, con la frase: "Resistan entrerrianos, resistan. Todo el país está con ustedes". En paralelo, convocaron a sumar el asunto a las consignas de la marcha del 8N. Este caso llegó a alinear, incluso, a los que desprecian a Etchevehere por haberles subido las retenciones al campo durante el Gobierno de Mauricio Macri.

Ese conglomerado de Campo más Ciudad, activo en Twitter y redes de Whatsapp, concentra al establishment agropecuario, a ex funcionarios de Cambiemos y a financistas de las campañas de los principales dirigentes del PRO. Casi un think tank de Etchevehere y David Lacroze, el ex Sociedad Rural que saltó a la fama por increpar a la entonces presidenta Cristina Fernández y financia al partido de Macri desde su génesis.

En ese sector conocen de primera mano la historia de conflictos en la familia Etchevehere y hasta muchos le dan la razón a la hermana. Fuentes de Campo más Ciudad admitieron ante este diario que "es todo producto de un enfrentamiento de hermanos, que viene de larga data".

Algunos, de hecho, hasta conocen al dedillo que la sucesión de esa familia fue un caso que duró 10 años y recuerdan las disputas entre hermanos que generó el vaciamiento del Diario de Paraná, donde también colisionaron Dolores y Luis Miguel.

"Hay que subirse igual, este gobierno nos está haciendo la vida imposible y se va a poner peor", expresó la misma fuente, mencionando al caso como un hito aprovechable políticamente en plena guerra incipiente con el Ejecutivo.

La mano del partido

El scrum para nacionalizar desde la ruralidad el conflicto de Etchevehere sumó una pata política fuerte. Los legisladores de Cambiemos por Entre Ríos emitieron un comunicado calificando de "pandemia nacional" la toma de tierras y exigiéndole que intervenga en el asunto. Firmaron, entre otros, el mellizo Alfredo De Ángeli, uno de los nexos entre Cambiemos y el campo ultra.

El "Melli, uno de los que saltó a la política tras la disputa por las retenciones móviles, es uno de los alfiles rurales de la titular del PRO, Patricia Bullrich, y tiene mucho predicamento en las entidades del sector de la provincia. Esa influencia se vio reflejada en comunicados masivos de algunas organizaciones.

El temor de que este caso sea un avance sobre la propiedad privada también aglutinó a las Sociedades Rurales, que salieron a jugar fuerte. "Si la Justicia no nos protege, si la Ministra de Seguridad no nos protege, si las fuerzas policiales y de seguridad no nos protegen, no nos quedará más remedio que protegernos solos, unidos y organizados, a estos nos están llevando", redactó la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Gualeguay.

Y remató: "Si la reacción de los ciudadanos no les resultó demostrativa en el año 2008, esta vez tendrá que ser aún más contundente, aún más demostrativa del malestar que nos aqueja, pues esta vez no nos quieren robar la producción, esta vez nos están robando nuestras propiedades, directamente".

También sentó posición la Mesa de Enlace de Santa Fe, que pidió al gobierno garantizar la propiedad privada. Según supo este diario, la Mesa de Enlace nacional, aún enfrentada con Etchevehere, banca la idea de que el caso de los campos de la familia en Entre Ríos reviste gravedad institucional.

Por Leandro Renou

Fuente: Página12

24-05-2026 / 09:05

Reforma previsional de Frigerio: Michel denuncia que el costo del ajuste lo pagan los trabajadores

Un análisis técnico de Guillermo Michel desnuda la verdadera naturaleza del proyecto de Frigerio: una transferencia forzosa de ingresos desde el bolsillo de los trabajadores hacia las arcas de un Estado que abdica de su responsabilidad social. Michel advierte que no estamos ante una búsqueda de eficiencia, sino ante un "ajuste por goteo" que utiliza la duplicación del período de cálculo y la eliminación de la movilidad sectorial para licuar los haberes. Según el experto legislador, la reforma rompe el principio de sustitutividad, condenando a los futuros jubilados a percibir una tasa de reemplazo que no refleja su trayectoria laboral, mientras se legaliza el perjuicio previsional derivado del empleo no registrado.

Para Michel, el costo de este "equilibrio" fiscal es una regresión patrimonial sin precedentes que ensancha la brecha entre activos y pasivos. El análisis subraya que la delegación de facultades al Ejecutivo y la creación de aportes "solidarios" sobre jubilados no son medidas de emergencia, sino el andamiaje de un estatuto permanente de excepción. En términos de Michel, la gestión de Frigerio opta por el camino más corto y doloroso: castigar la biografía laboral del trabajador entrerriano -especialmente de las mujeres y regímenes especiales- para cumplir con metas de austeridad que ignoran la protección constitucional del salario diferido.

En forma lapidaria, Guillermo Michel concluyó: "Frigerio está construyendo el expediente político para ser recordado como el peor gobernador de Entre Ríos desde la vuelta de la democracia. Y con esta ley ratifica que también lo será para los trabajadores".

24-05-2026 / 09:05

Ajuste Previsional en Entre Ríos: El Proyecto de Frigerio avanza contra los derechos sociales

Bajo el rótulo tecnocrático de "Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional", el gobierno de Rogelio Frigerio ha enviado a la Legislatura un proyecto de ley que, tras el análisis minucioso de su articulado, se revela como un programa de ajuste estructural sin precedentes. No estamos ante una reforma técnica de sostenibilidad; estamos ante un desmantelamiento sistemático de la Ley N° 8732 y un retroceso histórico que vulnera el principio de no regresividad amparado por nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos.

El proyecto de Rogelio Frigerio es un asalto ataque a la seguridad social de los entrerrianos. Bajo el paraguas de la "sustentabilidad", el Ejecutivo pretende legalizar un ajuste estructural que confisca el salario de los trabajadores activos y licúa el haber de los jubilados, enmarcando los cambios en la Caja de Jubilaciones más al servicio del déficit cero que de los derechos sociales de los pasivos de la provincia. Se trata de una embestida que descarga el peso de una crisis que los trabajadores no generaron sobre sus propias espaldas, mediante un sistema de castigo que licúa ingresos y destruye la movilidad.

Esta ofensiva gubernamental no solo desmantela el 82% móvil y el enganche sectorial, sino que consagra una autocracia financiera donde los derechos constitucionales quedan supeditados a decretos del Ejecutivo. Al elevar la edad jubilatoria hasta umbrales biológicamente altísimos y ensañarse particularmente con las mujeres y los sectores más vulnerables, la gestión provincial firma una iniciativa que generará abierta polémica. Es, en esencia, un programa de ajuste que abdica del rol protector del Estado para arrojarse a una lógica de mercado contable que se no contempló los derechos constitucionales de los entrerrianos.

De la redacción de La Opinión Popular

18-05-2026 / 20:05

Frigerio y el costo de la "Era Milei": Por primera vez, el Gobernador tiene saldo negativo en las encuestas

El reciente desplome en los indicadores de imagen de Rogelio Frigerio es, fundamentalmente, la traducción en números del costo de su disciplinamiento político ante la Casa Rosada. La gestión entrerriana ha pasado de ser un proyecto con llegó con sello propio a convertirse en el laboratorio del ajuste de Javier Milei, y los ciudadanos han comenzado a pasar la factura.

El informe publicado por Sociedad Política revela una erosión acelerada del capital político que Frigerio supo construir. Lo que antes era un activo —su perfil moderado y técnico— hoy se diluye ante la percepción de una gestión paralizada por su adhesión al gobierno nacional. Hoy, el diferencial de imagen en las encuestas es deficitario. La desaprobación ya supera a la aprobación, rompiendo el "piso de cristal" que el gobernador mantuvo desde que llegó a la gobernación. "Por primera vez, la imagen de Frigerio tiene saldo negativo. El relevamiento marca un punto de inflexión en la consideración pública del mandatario entrerriano".

La encuesta ramarca una caída en los sectores medios. El segmento que fue la base de su victoria en 2023 es el que más rápido le ha soltado la mano, agobiado por el aumento de precios, tarifas y la licuación de los salarios de estatales provinciales.

La caída de Frigerio es la consecuencia natural de un gobernador que ha decidido —por convicción o por asfixia financiera— ser un alumno aplicado del ajuste libertario. Al alinearse de forma casi incondicional con los proyectos legislativos de la Nación y aceptar sin mayores resistencias el recorte de transferencias, Frigerio está mimetizando su suerte con la de Milei.

De la redacción de La Opinión Popular

17-05-2026 / 20:05

Los polémicos argumentos del gobierno de Frigerio sobre los cotos de caza

El gobierno de Rogelio Frigerio ha vuelto a cruzar una línea polémica en materia de preservación ambiental y ética pública. En una reciente entrevista que desató el rechazo de organizaciones socioambientales y de la ciudadanía entrerriana, el Ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, blindó la polémica habilitación de la temporada de caza menor en la provincia recurriendo a un argumento tan insólito como jurídicamente insostenible: “La Constitución lo permite, no lo podemos prohibir”.

El discurso de Bernaudo tiene un error técnico, pero también un polémico juicio ético y jurídico. Es un error dado que se pretende disfrazar de "derecho constitucional" lo que en realidad es una concesión a empresas que trabajan en buena parte con extranjeros.

Al invocar una supuesta protección legal para la matanza de fauna, el funcionario parece confundir la normativa entrerriana con la Segunda Enmienda estadounidense, importando una retórica libertaria que Milei utilizó en su campaña presidencial, la que prioriza el negocio extractivo por sobre el deber constitucional de preservar la biodiversidad y los derechos de los seres sintientes.

Es cuestionable que se intente justificar el "turismo de caza" bajo la exagerada promesa de generación de empleo que, en la práctica, suele estar matizado por la precarización laboral en enclaves cerrados para extranjeros. Mientras el Estado admite su incapacidad de control mediante fiscalizaciones aleatorias, Entre Ríos queda expuesta como un territorio donde la vida silvestre se remata al mejor postor, ignorando el avance global hacia la protección animal y consolidando un modelo económico que deja ganancias en pocas manos. Es un tema que merece una profunda discusión.

De la redacción de La Opinión Popular

17-05-2026 / 14:05

Adrián Fuertes: "En la vida hay límites y las sanciones en el PJ son necesarias"

En una reciente entrevista en el Programa Cuestión de Fondo, el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, dejó definiciones que sacudieron el tablero interno del Partido Justicialista de Entre Ríos. Con una mezcla de pragmatismo y firmeza discursiva, el dirigente no esquivó el bulto ante la polémica por las sanciones disciplinarias y apuntó directamente contra quienes, según su visión, utilizan al partido como una plataforma de "agresión permanente".

Al ser consultado sobre las sanciones que el Tribunal de Disciplina ha comenzado a aplicar, Fuertes fue tajante: "Sí, estoy de acuerdo. Por supuesto que estoy de acuerdo". Para el villaguayense, la libertad de participación no es un cheque en blanco para el ataque sistemático hacia la conducción o los pares. "En la vida hay límites. Si lo que hay es una permanente agresión a los dirigentes del peronismo, están las normativas de sanción", disparó Fuertes.

Uno de los puntos más álgidos de su alocución fue la mención al sector de Héctor María Maya. Fuertes denunció lo que considera una estrategia de "división" orquestada desde afuera. Acusó a este sector de no cumplir con la Carta Orgánica y, acto seguido, utilizar sellos de partidos vinculados al oficialismo provincial para competir contra el peronismo. La metáfora del zapallo: "Le dieron el sello como si le dieran un zapallo... tomá, usalo para dividir al peronismo", graficó con ironía. En un dardo al Socialismo, el intendente del PJ uestionó que una fuerza de la coalición gobernante actual "alquilara" su personería para intervenir en la interna peronista sin un proceso orgánico claro.