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Entre Ríos - 19-10-2020 / 11:10

En rechazo al aumento por decreto, docentes entrerrianos inician el tercer paro virtual de octubre

En rechazo al aumento por decreto, docentes entrerrianos inician el tercer paro virtual de octubre
 
Este lunes y martes la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) realizan una nueva desconexión virtual, en rechazo a la decisión del Gobierno provincial de otorgar por decreto una suma no remunerativa, tras el fracaso de las paritarias. Cuestionan que ese monto "no alcanza a equiparar los índices de inflación".
 
En esta oportunidad, la desconexión virtual será por 48 horas. Es el tercero de los cuatro paros virtuales previstos por Agmer para octubre, de acuerdo al plan de lucha definido en Plenario de secretarios generales, que suma en total ocho días de desconexión durante este mes.
 
 
El primer paro, de 24 horas, se cumplió el viernes 9 de octubre. El segundo, de 48 horas, se concretó el miércoles 14 y jueves 15 de octubre. El último, en tanto, será de 72 horas y se realizará los días miércoles 28, jueves 29 y viernes 30.
 
Además, continúan con las transmisiones radiales organizadas por las seccionales, de las que participan otros gremios que conforman el Frente Gremial, y con la campaña de difusión con pasacalles, distribución de un video informativo en medios locales y por autos parlantes para dar a conocer el reclamo.
 
Desde AMET cuestionan que el aumento decretado por el Gobierno provincial "no alcanza a cubrir los índices de inflación". Por ese motivo, seguirán "insistiendo para que los salarios de los maestros y profesores, que también toca a los jubilados, al menos equiparen los índices de inflación y no se pierda poder adquisitivo", apuntó el secretario general del gremio, Andrés Besel, en declaraciones realizadas días atrás a esta Agencia.
 
Fuente: El Entre Ríos 
 
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El porteño Rogelio Frigerio y buena parte de los gobernadores escucharon al presidente Javier Milei, quien celebró la supuesta mejora macroeconómica, el control político pleno que La Libertad Avanza logró en el Congreso pese a no tener mayoría, las reformas que él considera irreversibles y el avance de las ideas libertarias, que parecen irrefrenables. Frigerio y los gobernadores escucharon un relato triunfal mientras afrontan la complejidad creciente de sus administraciones provinciales, de la economía real, del derrumbe de los sectores regionales industriales y de la grave situación social.
 
Esa parte de la realidad, dolorosamente territorial y expulsiva, radica en el interior federal, aunque dependa casi exclusivamente de decisiones que toma Milei. El desfinanciamiento cada vez más pronunciado de las administraciones provinciales les resta posibilidades de acción territorial y política. No obstante, los diputados y senadores de las provincias votan a favor de las leyes de Milei. El oficialismo entrerriano, entre ellos.
 
El posicionamiento político de Frigerio es cada vez más difícil de clasificar. Intenta calmar los reproches del pueblo, pero en simultáneo avala la reforma laboral. Apoya la macroeconomía de puertas abiertas de par en par, con importaciones indiscriminadas, pero reclama igualdad de condiciones para la golpeada industria provincial. Los diagnósticos son tenebrosos en materia de empleo y de condiciones sociales del amplio sector asalariado entrerriano que desde hace décadas vive de industrias que van perdiendo competitividad, y que el proyecto libertario ha venido a liquidar. Milei lo hace sin complejos: celebra el cierre de empresas, trata de delincuentes a los principales empresarios del país y jamás habla de producción ni de empleo.
 
Cuando se observa el posicionamiento de Frigerio, su margen político se evidencia dramáticamente reducido. Y las consecuencias en la propia administración son crecientes. Frigerio sostiene el ajuste en los sueldos públicos y en las jubilaciones pese al malestar gremial en alza; intenta amortiguar la caída generalizada de recursos con mayor endeudamiento, con refinanciamiento caro y sobre costos. Mientras, subsiste gracias al intercambio de votos en el Congreso por algún ATN. Se balancea al borde del abismo y la conflictividad se incrementa en todo el territorio provincial.
 
En ese marco, Nadia Burgos, dirigente del MST en el FIT-U y delegada gremial del Ministerio de Salud se expresó: "La paritaria estatal en Entre Ríos volvió a mostrar el mismo esquema de siempre: el gobierno presenta una oferta que no recompone el salario real y pretende cerrar el conflicto con el aval de UPCN, mientras miles de trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo y en su mayoría con salario de pobreza". La miserable propuesta de Frigerio, del 15,8% sobre sueldo básico de junio 2025, no cubre la inflación acumulada ni garantiza una recuperación del salario, sumado a los 9 meses de salarios congelado junto a los recortes de ingreso de junio 2025. Las sumas fijas, tramos diferidos y promesas de revisión no resuelven el problema de fondo: los sueldos estatales están por debajo de lo necesario para vivir. Frigerio está muy alejado de lo que se vive en los lugares de trabajo: el salario no llega, las condiciones laborales se deterioran y el ajuste se descarga sobre quienes sostienen el funcionamiento del Estado y los jubilados.
 
Por su parte, para el sector pasivo se otorgará una suma fija de 75.000 pesos que reemplaza la suma fija que venían percibiendo de $40.000. Aumento real: $35.000. Una miseria. Las cifras establecidas están muy debajo de la inflación real y en la mitad de los índices truchos del gobierno de Milei. Y no recomponen el poder de compra de los trabajadores. El Consejo Provincial del Partido Justicialista expresó su "profunda preocupación y rechazo ante el reciente anuncio del gobierno provincial de otorgar incrementos salariales bajo la modalidad de sumas no remunerativas y no bonificables". Resulta contradictorio e injustificable que, en un contexto donde el propio oficialismo impulsa una reforma previsional que afectará directamente a trabajadores activos y jubilados, se dispongan mecanismos salariales que reducen aportes, debilitan el financiamiento del sistema previsional y deterioran el salario real de los empleados públicos.
 

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