19:48 | Lunes 02 de Marzo de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Entre Ríos - 16-10-2020 / 10:10

BUSCA TOMAR DISTANCIA DEL EX PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD RURAL Y EXMINISTRO DE MACRI, A QUIEN ACUSA DE CORRUPTO

Su propia hermana denuncia al macrista Etchevehere y a su familia y dona parte de su herencia

Luis Miguel Etchevehere - Dolores Etchevehere. La hermana denunció que el exministro del gobierno de Macri y presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, la mantuvo excluida y hasta le negó el acceso a su herencia.

"Hoy, luego de once años de investigación, denuncia e impunidad, creo que es necesario contar mi historia. Una historia que está atravesada por los crímenes cometidos por mis hermanos, contra mí, pero también contra muchas otras personas víctimas del poder e incluso, contra el Estado".

En un video de ocho minutos, Dolores Etchevehere denuncia una larga lista de delitos cometidos por una de las familias más poderosas de Entre Ríos, que la llevaron a alejarse y ceder el 40 por ciento de su herencia al Proyecto Artigas, un modelo de producción agraria sostenible, libre de agrotóxicos y explotación, en las antípodas de lo que su familia representa.

El 4 de agosto de 2009, Luis Félix Etchevehere se encontraba internado y entubado en Buenos Aires, luchando por su vida. Sin embargo, según el acta de directorio de Las Margaritas S.A. estaba en Paraná, presente en la reunión donde le delega a Leonor Barbero Marcial (su esposa) la administración de la principal empresa del Grupo Etchevehere, dueña de 5.000 hectáreas de campo.

Este es apenas un fragmento en la historia de los "Etchevehere corruptos", como llama Dolores a sus tres hermanos: Sebastián, Juan Diego y el ex presidente de la Sociedad Rural y ministro de Agroindustria durante el gobierno de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere.

Y resume cómo los portadores de uno de los apellidos más tradicionales de la oligarquía agropecuaria usaron su poder económico y sus contactos políticos, empresarios, judiciales y mediáticos para realizar actos de corrupción, violencia e impunidad, que incluyen falsificación de firmas, administración fraudulenta, evasión fiscal por cuentas en el exterior no declaradas, lavado de dinero, explotación laboral, acceso a tierras fiscales a precios viles y violencia económica.

¿Algún gorila saldrá defender a este integrante del "mejor equipo de los últimos 50 años"?

Pesada herencia

Con la falsificación de su firma y la de su padre, la única heredera mujer de la familia perdió el derecho a la administración de los bienes familiares. "Desde siempre soy testigo del manejo fraudulento, que me avergüenza: el total desprecio por los demás, sobre todo por las personas humildes trabajadoras y las mujeres. Mi familia ha cometido actos aberrantes contra la integridad física no solamente de las mujeres que trabajaban en mi casa sino también contra la de sus vínculos personales", expresa Dolores.

Durante diez años, la hermana mujer denunció sin éxito la usurpación de tierras fiscales. Uno de los casos paradigmáticos, y protagonistas del Proyecto Artigas, es el de Casa Nueva, uno de los cinco campos de la familia Etchevehere, ubicado en la entrada de una ciudad fábrica que creció alrededor del Frigorífico Santa Elena.

En la década del 80 el frigorífico pasó a manos estatales y cerró en 1993. El Estado despidió a los trabajadores entregándoles tierras como parte de la indemnización, pero sin título de propiedad. En 2004, el gobernador Busti decidió liquidar los bienes del frigorífico, incluidas las tierras donde producían los ex trabajadores.

Tres años después, los hermanos Etchevehere obtuvieron 370 hectáreas de estas tierras a solo un 10 por ciento de su valor, gracias a contactos políticos y judiciales. Los arrendatarios fueron desalojados a punta de escopeta por un grupo armado con Juan Diego Etchevehere a la cabeza.

También denunció el vaciamiento de la Sociedad Anónima Entre Ríos, empresa dueña de El Diario de Paraná, históricamente perteneciente a la familia Etchevehere.

Este acto, que implicó el traspaso de alrededor de seis propiedades a la empresa fantasma "Construcciones del Paraná" sobre la que Dolores no tiene incidencia, incluyó el despido de 70 trabajadores de El Diario y un fraude al Estado: le pidieron al Banco Itaú tres préstamos por un total de 500.000 de dólares para productores de soja a tasa subsidiada por el Estado, cuyo garante fue el grupo Los Grobo S.A.

Ese dinero terminó luego en las arcas de AMUS, la Asociación Mutual del empresario Walter Grenón, ex propietario del 66 por ciento de las acciones de Sociedad Anónima Entre Ríos, para solventar financieramente la operación de vaciamiento de El Diario.

Para pagar la deuda con Itaú, los hermanos tomaron un crédito del Banco Nación por un total de 900.000 pesos a tasa subsidiada por el Estado para que pequeños productores cubran los daños ocasionados por inundaciones. Por supuesto, inundaciones que no afectaron los campos de los Etchevehere. Por este préstamo fue imputado el entonces director del Banco Nación, Carlos Melconián.

Otra denuncia pública realizada en el medio de esta disputa familiar fue la de los hermanos Sergio y Antonio Cornejo, explotados durante 38 años en uno de los campos de la familia Etchevehere.

Fueron encontrados en 2014 viviendo sin agua potable ni luz eléctrica y cobrando 450 pesos mensuales cada uno por cualquier tipo de trabajo, incluso desmonte o la manipulación de agroquímicos perjudiciales para su salud.

Mientras investigaba, Dolores sufría violencia económica: con la intención de despojarla de sus derechos hereditarios, los hermanos Etchevehere cometieron actos intimidatorios, amenazas y abuso de poder.

Lo hicieron mientras la asfixiaban económicamente, a ella y a sus hijos, como modo de extorsión: cuando en 2010 Dolores Etchevehere solicitó parte de su herencia para afrontar una situación económica difícil a causa de un tumor, su madre le puso como condición que le cediera parte de su herencia.

El Caso Etchevehere está en manos de Juan Grabois, a quien Dolores define como "uno de los pocos que se planta contra los que oprimen a los demás".

Este jueves 15 de octubre, con la conformación del Proyecto Artigas recuperaron una parte de la Estancia Casa Nueva para conformar una cooperativa agropecuaria bajo un modelo productivo sustentable y desplegaron acciones legales simultáneas en todos los juzgados donde están iniciadas las causas del caso.

Piden la recusación de jueces y fiscales por faltar al principio de imparcialidad en su función; la remoción de aquellos que garantizan sistemáticamente la impunidad a favor de una minoría privilegiada; y la reparación del daño ocasionado por la administración fraudulenta de los bienes heredados.

"Esto es una clara muestra del contubernio entre sectores de poder. En estas estafas hay involucrados bancos, jueces, sectores de la política reaccionaria y medios de comunicación. Es el principio de un trabajo que tenemos bastante avanzado y vamos a ir divulgando por etapas e incorporando pruebas a medida que se sustancien los oficios y avancen las distintas instancias judiciales", informa Grabois en diálogo con PáginaI12.

Y concluye: "Con la bandera de la propiedad privada privan de su propiedad privada a otros: pequeños campesinos, arrendatarios, a su propia familia. Con el argumento del librecambismo y la libertad de empresa han construido fortunas sobre la base de la apropiación de bienes públicos".

Por Natalí Risso

Fuente: Página12

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El miserable ofrecimiento de aumento salarial de Frigerio

El porteño Rogelio Frigerio y buena parte de los gobernadores escucharon al presidente Javier Milei, quien celebró la supuesta mejora macroeconómica, el control político pleno que La Libertad Avanza logró en el Congreso pese a no tener mayoría, las reformas que él considera irreversibles y el avance de las ideas libertarias, que parecen irrefrenables. Frigerio y los gobernadores escucharon un relato triunfal mientras afrontan la complejidad creciente de sus administraciones provinciales, de la economía real, del derrumbe de los sectores regionales industriales y de la grave situación social.

Esa parte de la realidad, dolorosamente territorial y expulsiva, radica en el interior federal, aunque dependa casi exclusivamente de decisiones que toma Milei. El desfinanciamiento cada vez más pronunciado de las administraciones provinciales les resta posibilidades de acción territorial y política. No obstante, los diputados y senadores de las provincias votan a favor de las leyes de Milei. El oficialismo entrerriano, entre ellos.

El posicionamiento político de Frigerio es cada vez más difícil de clasificar. Intenta calmar los reproches del pueblo, pero en simultáneo avala la reforma laboral. Apoya la macroeconomía de puertas abiertas de par en par, con importaciones indiscriminadas, pero reclama igualdad de condiciones para la golpeada industria provincial. Los diagnósticos son tenebrosos en materia de empleo y de condiciones sociales del amplio sector asalariado entrerriano que desde hace décadas vive de industrias que van perdiendo competitividad, y que el proyecto libertario ha venido a liquidar. Milei lo hace sin complejos: celebra el cierre de empresas, trata de delincuentes a los principales empresarios del país y jamás habla de producción ni de empleo.

Cuando se observa el posicionamiento de Frigerio, su margen político se evidencia dramáticamente reducido. Y las consecuencias en la propia administración son crecientes. Frigerio sostiene el ajuste en los sueldos públicos y en las jubilaciones pese al malestar gremial en alza; intenta amortiguar la caída generalizada de recursos con mayor endeudamiento, con refinanciamiento caro y sobre costos. Mientras, subsiste gracias al intercambio de votos en el Congreso por algún ATN. Se balancea al borde del abismo y la conflictividad se incrementa en todo el territorio provincial.

En ese marco, Nadia Burgos, dirigente del MST en el FIT-U y delegada gremial del Ministerio de Salud se expresó: "La paritaria estatal en Entre Ríos volvió a mostrar el mismo esquema de siempre: el gobierno presenta una oferta que no recompone el salario real y pretende cerrar el conflicto con el aval de UPCN, mientras miles de trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo y en su mayoría con salario de pobreza". La miserable propuesta de Frigerio, del 15,8% sobre sueldo básico de junio 2025, no cubre la inflación acumulada ni garantiza una recuperación del salario, sumado a los 9 meses de salarios congelado junto a los recortes de ingreso de junio 2025. Las sumas fijas, tramos diferidos y promesas de revisión no resuelven el problema de fondo: los sueldos estatales están por debajo de lo necesario para vivir. Frigerio está muy alejado de lo que se vive en los lugares de trabajo: el salario no llega, las condiciones laborales se deterioran y el ajuste se descarga sobre quienes sostienen el funcionamiento del Estado y los jubilados.

Por su parte, para el sector pasivo se otorgará una suma fija de 75.000 pesos que reemplaza la suma fija que venían percibiendo de $40.000. Aumento real: $35.000. Una miseria. Las cifras establecidas están muy debajo de la inflación real y en la mitad de los índices truchos del gobierno de Milei. Y no recomponen el poder de compra de los trabajadores. El Consejo Provincial del Partido Justicialista expresó su "profunda preocupación y rechazo ante el reciente anuncio del gobierno provincial de otorgar incrementos salariales bajo la modalidad de sumas no remunerativas y no bonificables". Resulta contradictorio e injustificable que, en un contexto donde el propio oficialismo impulsa una reforma previsional que afectará directamente a trabajadores activos y jubilados, se dispongan mecanismos salariales que reducen aportes, debilitan el financiamiento del sistema previsional y deterioran el salario real de los empleados públicos.

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