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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 16-10-2020 / 10:10
PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

Que la brecha del dólar no tape la cinchada distributiva

Que la brecha del dólar no tape la cinchada distributiva
Una devaluación oficial de un salto como sugiere en voz baja la UIA o un desdoblamiento cambiario formal como el que impulsan Jorge Brito y otros banqueros comprimirían aún más los salarios, que vienen de perder dos años seguidos por paliza frente a la inflación.
Parece un trabalenguas pero no. Mientras la brecha entre el dólar oficial y el paralelo concentra todas las miradas, la puja distributiva empieza a asomarse detrás como si en la foto de la crisis faltara un protagonista. Subyace en el muro que los gerentes de IDEA llenaron de lamentos y también en la marcha (mitad virtual, mitad real) que convoca para este sábado la CGT.
 
Se atisba en la mezquina recomposición que avaló el Gobierno para el salario mínimo y también en la admisión presidencial de que la rebaja de retenciones no alcanzó para que los agroexportadores liquiden las divisas que necesita como agua el Banco Central.
 
Aunque en el círculo rojo les hagan todas las preguntas a los especialistas en finanzas, las respuestas que faltan son cada vez más políticas.
 
¿Cómo planea repartir Alberto Fernández los costos de la reconstrucción post-pandemia, si no es incluso demasiado optimista seguir llamándola así? ¿Cómo le quieren doblar el brazo hacia un lado o hacia el otro los que sienten que ahora pueden? Dos momentos del miércoles alcanzan para describir hasta qué punto se tensó la cuerda de la cinchada.
 
Por un lado, la audacia de los ejecutivos y lobistas que se animaron por primera vez -quizá mareados por la virtualidad- a abuchear en vivo y sin esconderse a un Presidente que les dirigía la palabra, algo casi inédito desde aquel discurso de Raúl Alfonsín en la Rural.
 
Por otro, la decisión de Hugo Moyano y la Corriente Federal de convocar a una caravana de vehículos para evocar mañana el mito fundacional del peronismo y desmentir que Mauricio Macri y sus seguidores hayan "ganado la calle". Un apoyo pero también una aglomeración que desde Olivos habían pedido abiertamente evitar.
 

 
El precio del dólar oficial (al que se atan los precios en primera instancia) y la brecha con los paralelos (que alimenta directa e indirectamente las expectativas de suba del oficial) son el campo de batalla de esa puja.
 
Una devaluación oficial de un salto como sugiere en voz baja la UIA o un desdoblamiento cambiario formal como el que impulsan Jorge Brito y otros banqueros comprimirían aún más los salarios, que vienen de perder dos años seguidos por paliza frente a la inflación, y representarían una transferencia de ingresos -adicional- hacia quienes atesoran dólares o producen bienes con valor atado a la divisa.
 
Pero a la vez, la cotización del billete verde también es el escenario donde se dirime la puja entre fracciones del empresariado.
 
Es un problema estructural de la Argentina que resolvieron los estadounidenses en la batalla de Gettysburg, cuando el norte industrial se impuso decisivamente al sur agrario y rentista, los japoneses casi en simultáneo, con la restauración Meiji, o los alemanes con Otto Von Bismarck. También lo saldaron los brasileños durante su dictadura, cuando el polo fabril de San Pablo sometió a los fazendeiros.
 
El "empate hegemónico" que describió Juan Carlos Portantiero para el cuarto de siglo que siguió al derrocamiento de Perón. Un empate donde ninguno de los sectores de la burguesía argentina logró imponer sus intereses al resto ni legitimarlos ante la sociedad civil.
 
Tanto la agroexportadora tradicional como la fabril mercadointernista como los tecnócratas a cargo de gestionar el capital extranjero vetaban los proyectos de los demás, pero no conseguían imponer los suyos. Desempató la dictadura con su genocidio y también con su industricidio.
 
 
Aprietes y bloopers
  
El tironeo en torno al dólar viene a actualizar esa puja. En términos reales, su valor oficial debería subir a $100 para empatar el de Néstor Kirchner durante todo su mandato. Un dólar que durante esos años se mantuvo "recontra alto", como decían los devaluadores en las postrimerías de la convertibilidad.
 
De ningún modo a $171, el récord que tocó ayer el blue, ni a los $167 del contado con liqui ni a los $156 del dólar bolsa. Y ojo: tampoco a los $136 que pagan los ahorristas que todavía pueden acceder al "dólar ahorro", doble impuesto mediante.
 
¿A qué precio empezarán a vender dólares los argentinos que los tienen guardados, tanto bajo colchones como en cajas de seguridad o cuentas en el exterior?
 
Si el problema no es que falten divisas en el país sino en las reservas del Central, como sugiere internamente Mercedes Marcó del Pont ¿cuánto más hace falta para que la codicia le gane al miedo y empiece a reeditarse aquel círculo virtuoso nestorista que ahora se reivindica unánimemente? ¿Cuánta más devaluación de los sueldos? ¿Cuánta "paciencia", como la que pidió resignada Cecilia Todesca?
 
La situación, desde ya, es muy distinta a la de aquel dólar recontraalto. Martín Guzmán apenas ganó tiempo con la deuda, porque los vencimientos a partir de 2024 son cuantiosísimos. La emisión de pesos era un problema también en 2005 pero porque el Banco Central compraba dólares, justamente para mantenerlo caro.
 
Escudado en que recién estaba "saliendo del infierno", Néstor Kirchner amarrocó un superávit fiscal del 3%, algo impensable en plena pandemia y con el Estado sosteniendo la economía en todo el planeta.
 
También pudo sacarse de encima la tutela del FMI, que ahora lejos de irse empieza a recordarle a Fernández que le debe 44 mil millones de dólares. Y a preguntarle abiertamente, como esta semana desde Washington y la semana pasada en algunas de las reuniones más tensas de sus enviados con ministros, cómo piensa pagarlos.
 
No es el único apriete del mundo de las finanzas. En las últimas tres semanas hubo una ola de ventas de bonos ajustados por CER y compras de dólares en el "contado con liqui". Quienes la llevaron adelante especulan con que se viene una devaluación oficial y que eso no va a ordenar la puja sino a desordenarla, porque se trasladará a precios y luego a costos.
 
Pero al mismo tiempo quedan en el país unos U$S 8.000 millones de grandes fondos de Wall Street que vinieron a pedalear en la bicicleta financiera de las LELIQ y que siguen atrapados por el cepo. Ahí anida la presión sobre la brecha, según coinciden Miguel Pesce, Todesca, Marcó del Pont y también Sergio Chodos, hombre clave del equipo de Guzmán.
 
A esos fondos, Pesce les entornó la puerta de salida al paralelo cuando les bloqueó operar directamente a través de agentes de Bolsa. Pero ahora quiere cerrársela del todo, porque siguieron pugnando por salir a través de fondos de inversión de bancos y eso disparó el precio del "contado con liqui".
 
Ahí está la grieta interna hoy: Guzmán sugiere lo contrario, apuntalado desde el mercado por colegas como Emmanuel Álvarez Agis. Abrirles esa puerta entornada a los demandantes para que también entren oferentes.
 
En el medio aparecen propuestas inviables, como la de los agroexportadores que pretenden liquidar una parte de la cosecha al precio del "contado con liqui" y aseguran que así bajaría. Tampoco ayudan bloopers como el del decreto 790/2020, que rebajó las retenciones al complejo sojero.
 
Como su artículo 1º está mal redactado, les permite que con la alícuota de octubre exporten en diciembre e introduce así un estímulo para que sigan sin exportar. Ayer mismo, Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA), le envió una carta de dos páginas a la titular de la Aduana, María Silvia Traverso, con cuatro preguntas sobre el texto del decreto.
 
 
La IDEA fija
  
No parecen tensiones que puedan administrarse sin conflicto. La cuestión es el voltaje al que llegará ese conflicto. El desprecio por la investidura presidencial que se vivió en el coloquio virtual de IDEA y el tono de la arenga antikirchnerista de Mauricio Macri en su regreso a la arena pública no parecen buenos augurios.
 
En el coloquio siguen sin participar los verdaderos dueños de la Argentina, que prefieren enviar a sus gerentes de marketing o de relaciones corporativas y que lo sienten como un lobby devaluado desde que dejaron de asistir funcionarios con los cuales confraternizar.
 
Este año, para peor, la pandemia lo forzó a sacrificar un roce de cuerpos que atraía como la miel a las abejas a muchos y muchas que viven del devaluado oficio periodístico: el contacto con los administradores de pautas publicitarias privadas.
 
Sin voces nuevas ni ideas disruptivas, el encuentro se hundió en su propia espiral militante. Sobre Fernández, mientras hablaba, un consultor escribió en el muro que "su palabra está tan devaluada que no es creíble". Otro le sugirió "que se junte con sus compañeros competentes".
 
El propio Miguel Blanco, director de Swiss Medical y capitán del Foro de Convergencia Empresarial, apuntó que "sostener que la intervención de la burocracia estatal puede agregar competencia en un sector tan dinámico como las telecomunicaciones es ignorar los efectos negativos de 70 años de intervencionismo estatal en sectores como la energía".
 
Lo llamativo, más que la indisimulada impronta neoliberal de los discursos y la nostalgia por altri tempi -a fines de 2010, los asistentes al coloquio eligieron por abrumadora mayoría al de Carlos Menem como el mejor gobierno democrático de la historia-, fue la locuacidad de los managers. Para explicarla hay que volver a la historia: IDEA nació en los años 60, justamente para terciar en ese empate de Portantiero. Son las multinacionales que también se acomodan en la cinchada.
 
Por Alejandro Bercovich
 
Fuente: BAE Negocios
 

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20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

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