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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 16-10-2020 / 10:10
PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

Que la brecha del dólar no tape la cinchada distributiva

Que la brecha del dólar no tape la cinchada distributiva
Una devaluación oficial de un salto como sugiere en voz baja la UIA o un desdoblamiento cambiario formal como el que impulsan Jorge Brito y otros banqueros comprimirían aún más los salarios, que vienen de perder dos años seguidos por paliza frente a la inflación.
Parece un trabalenguas pero no. Mientras la brecha entre el dólar oficial y el paralelo concentra todas las miradas, la puja distributiva empieza a asomarse detrás como si en la foto de la crisis faltara un protagonista. Subyace en el muro que los gerentes de IDEA llenaron de lamentos y también en la marcha (mitad virtual, mitad real) que convoca para este sábado la CGT.
 
Se atisba en la mezquina recomposición que avaló el Gobierno para el salario mínimo y también en la admisión presidencial de que la rebaja de retenciones no alcanzó para que los agroexportadores liquiden las divisas que necesita como agua el Banco Central.
 
Aunque en el círculo rojo les hagan todas las preguntas a los especialistas en finanzas, las respuestas que faltan son cada vez más políticas.
 
¿Cómo planea repartir Alberto Fernández los costos de la reconstrucción post-pandemia, si no es incluso demasiado optimista seguir llamándola así? ¿Cómo le quieren doblar el brazo hacia un lado o hacia el otro los que sienten que ahora pueden? Dos momentos del miércoles alcanzan para describir hasta qué punto se tensó la cuerda de la cinchada.
 
Por un lado, la audacia de los ejecutivos y lobistas que se animaron por primera vez -quizá mareados por la virtualidad- a abuchear en vivo y sin esconderse a un Presidente que les dirigía la palabra, algo casi inédito desde aquel discurso de Raúl Alfonsín en la Rural.
 
Por otro, la decisión de Hugo Moyano y la Corriente Federal de convocar a una caravana de vehículos para evocar mañana el mito fundacional del peronismo y desmentir que Mauricio Macri y sus seguidores hayan "ganado la calle". Un apoyo pero también una aglomeración que desde Olivos habían pedido abiertamente evitar.
 

 
El precio del dólar oficial (al que se atan los precios en primera instancia) y la brecha con los paralelos (que alimenta directa e indirectamente las expectativas de suba del oficial) son el campo de batalla de esa puja.
 
Una devaluación oficial de un salto como sugiere en voz baja la UIA o un desdoblamiento cambiario formal como el que impulsan Jorge Brito y otros banqueros comprimirían aún más los salarios, que vienen de perder dos años seguidos por paliza frente a la inflación, y representarían una transferencia de ingresos -adicional- hacia quienes atesoran dólares o producen bienes con valor atado a la divisa.
 
Pero a la vez, la cotización del billete verde también es el escenario donde se dirime la puja entre fracciones del empresariado.
 
Es un problema estructural de la Argentina que resolvieron los estadounidenses en la batalla de Gettysburg, cuando el norte industrial se impuso decisivamente al sur agrario y rentista, los japoneses casi en simultáneo, con la restauración Meiji, o los alemanes con Otto Von Bismarck. También lo saldaron los brasileños durante su dictadura, cuando el polo fabril de San Pablo sometió a los fazendeiros.
 
El "empate hegemónico" que describió Juan Carlos Portantiero para el cuarto de siglo que siguió al derrocamiento de Perón. Un empate donde ninguno de los sectores de la burguesía argentina logró imponer sus intereses al resto ni legitimarlos ante la sociedad civil.
 
Tanto la agroexportadora tradicional como la fabril mercadointernista como los tecnócratas a cargo de gestionar el capital extranjero vetaban los proyectos de los demás, pero no conseguían imponer los suyos. Desempató la dictadura con su genocidio y también con su industricidio.
 
 
Aprietes y bloopers
  
El tironeo en torno al dólar viene a actualizar esa puja. En términos reales, su valor oficial debería subir a $100 para empatar el de Néstor Kirchner durante todo su mandato. Un dólar que durante esos años se mantuvo "recontra alto", como decían los devaluadores en las postrimerías de la convertibilidad.
 
De ningún modo a $171, el récord que tocó ayer el blue, ni a los $167 del contado con liqui ni a los $156 del dólar bolsa. Y ojo: tampoco a los $136 que pagan los ahorristas que todavía pueden acceder al "dólar ahorro", doble impuesto mediante.
 
¿A qué precio empezarán a vender dólares los argentinos que los tienen guardados, tanto bajo colchones como en cajas de seguridad o cuentas en el exterior?
 
Si el problema no es que falten divisas en el país sino en las reservas del Central, como sugiere internamente Mercedes Marcó del Pont ¿cuánto más hace falta para que la codicia le gane al miedo y empiece a reeditarse aquel círculo virtuoso nestorista que ahora se reivindica unánimemente? ¿Cuánta más devaluación de los sueldos? ¿Cuánta "paciencia", como la que pidió resignada Cecilia Todesca?
 
La situación, desde ya, es muy distinta a la de aquel dólar recontraalto. Martín Guzmán apenas ganó tiempo con la deuda, porque los vencimientos a partir de 2024 son cuantiosísimos. La emisión de pesos era un problema también en 2005 pero porque el Banco Central compraba dólares, justamente para mantenerlo caro.
 
Escudado en que recién estaba "saliendo del infierno", Néstor Kirchner amarrocó un superávit fiscal del 3%, algo impensable en plena pandemia y con el Estado sosteniendo la economía en todo el planeta.
 
También pudo sacarse de encima la tutela del FMI, que ahora lejos de irse empieza a recordarle a Fernández que le debe 44 mil millones de dólares. Y a preguntarle abiertamente, como esta semana desde Washington y la semana pasada en algunas de las reuniones más tensas de sus enviados con ministros, cómo piensa pagarlos.
 
No es el único apriete del mundo de las finanzas. En las últimas tres semanas hubo una ola de ventas de bonos ajustados por CER y compras de dólares en el "contado con liqui". Quienes la llevaron adelante especulan con que se viene una devaluación oficial y que eso no va a ordenar la puja sino a desordenarla, porque se trasladará a precios y luego a costos.
 
Pero al mismo tiempo quedan en el país unos U$S 8.000 millones de grandes fondos de Wall Street que vinieron a pedalear en la bicicleta financiera de las LELIQ y que siguen atrapados por el cepo. Ahí anida la presión sobre la brecha, según coinciden Miguel Pesce, Todesca, Marcó del Pont y también Sergio Chodos, hombre clave del equipo de Guzmán.
 
A esos fondos, Pesce les entornó la puerta de salida al paralelo cuando les bloqueó operar directamente a través de agentes de Bolsa. Pero ahora quiere cerrársela del todo, porque siguieron pugnando por salir a través de fondos de inversión de bancos y eso disparó el precio del "contado con liqui".
 
Ahí está la grieta interna hoy: Guzmán sugiere lo contrario, apuntalado desde el mercado por colegas como Emmanuel Álvarez Agis. Abrirles esa puerta entornada a los demandantes para que también entren oferentes.
 
En el medio aparecen propuestas inviables, como la de los agroexportadores que pretenden liquidar una parte de la cosecha al precio del "contado con liqui" y aseguran que así bajaría. Tampoco ayudan bloopers como el del decreto 790/2020, que rebajó las retenciones al complejo sojero.
 
Como su artículo 1º está mal redactado, les permite que con la alícuota de octubre exporten en diciembre e introduce así un estímulo para que sigan sin exportar. Ayer mismo, Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA), le envió una carta de dos páginas a la titular de la Aduana, María Silvia Traverso, con cuatro preguntas sobre el texto del decreto.
 
 
La IDEA fija
  
No parecen tensiones que puedan administrarse sin conflicto. La cuestión es el voltaje al que llegará ese conflicto. El desprecio por la investidura presidencial que se vivió en el coloquio virtual de IDEA y el tono de la arenga antikirchnerista de Mauricio Macri en su regreso a la arena pública no parecen buenos augurios.
 
En el coloquio siguen sin participar los verdaderos dueños de la Argentina, que prefieren enviar a sus gerentes de marketing o de relaciones corporativas y que lo sienten como un lobby devaluado desde que dejaron de asistir funcionarios con los cuales confraternizar.
 
Este año, para peor, la pandemia lo forzó a sacrificar un roce de cuerpos que atraía como la miel a las abejas a muchos y muchas que viven del devaluado oficio periodístico: el contacto con los administradores de pautas publicitarias privadas.
 
Sin voces nuevas ni ideas disruptivas, el encuentro se hundió en su propia espiral militante. Sobre Fernández, mientras hablaba, un consultor escribió en el muro que "su palabra está tan devaluada que no es creíble". Otro le sugirió "que se junte con sus compañeros competentes".
 
El propio Miguel Blanco, director de Swiss Medical y capitán del Foro de Convergencia Empresarial, apuntó que "sostener que la intervención de la burocracia estatal puede agregar competencia en un sector tan dinámico como las telecomunicaciones es ignorar los efectos negativos de 70 años de intervencionismo estatal en sectores como la energía".
 
Lo llamativo, más que la indisimulada impronta neoliberal de los discursos y la nostalgia por altri tempi -a fines de 2010, los asistentes al coloquio eligieron por abrumadora mayoría al de Carlos Menem como el mejor gobierno democrático de la historia-, fue la locuacidad de los managers. Para explicarla hay que volver a la historia: IDEA nació en los años 60, justamente para terciar en ese empate de Portantiero. Son las multinacionales que también se acomodan en la cinchada.
 
Por Alejandro Bercovich
 
Fuente: BAE Negocios
 

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04-01-2026 / 17:01
La doctrina "Donroe" (Donald + Monroe) arrasa con la prevención que tuvo hasta George W. Bush para no ser confundido con la ilegalidad de los setenta en América Latina. Al amigo narco de Honduras, todo; al dictador "comunista" de Venezuela, ni justicia. Sin épica, ni coherencia, ni discurso; prima la violencia de los hechos. Milei se recluye en el papel que se asignó: rabia y goce.
 
Aunque Trump gaste algunas palabras sin convicción, no promete la victoria de la libertad frente al totalitarismo como en la Guerra Fría, ni la primacía de la razón en el choque de civilizaciones desatado tras la caída del Muro de Berlín. Vocifera la guerra contra el comunismo, un enemigo casi inexistente. En rigor, el magnate no dedica mucha energía al engaño: quiere asegurar(se) negocios.
 
Ayer se cumplió un mes del indulto de Trump a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York. Testimonios tomados en cuenta por el jurado indican que Hernández recibió al menos USD 1 millón del Chapo Guzmán y que se vanagloriaba de "meter la droga a los gringos en sus narices".
 
El fallo del jurado fue unánime, pero, como Hernández es derechista y su delegado en la elección reciente de Honduras, Nasry Asfura, promete seguir la agenda ultra, Trump lo dejó en libertad. Maduro será trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico en los próximos días. Probablemente le tocará el mismo tribunal que juzgó a Hernández, pero éste lo mirará desde alguna finca de lujo entre Florida o Tegucigalpa.
 
Tampoco hay que prestar atención a los versículos sobre el amor por la democracia y contra los crímenes de lesa humanidad. Ello no está en la agenda real de Trump ni de Milei. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene pedido de captura de la Corte Penal Internacional por sus supuestos crímenes de lesa humanidad, mientras Israel como Estado es juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia.
 
Son procesos que se rigen por el derecho internacional, con acusaciones, testigos, expertos y defensas garantizados por la ley. El presidente estadounidense no sólo desconoce esos procesos, sino que activa sanciones abusivas contra investigadores, jueces y fiscales que los llevan a cabo.
 
Maduro se transformó en un dictador y está acusado de delitos contra la humanidad, pero nadie puede sospechar que un mandatario, Trump, que dispara misiles contra barcazas y coquetea con supremacistas de su país tiene alguna intención real de combatir el narcotráfico ni los abusos de los derechos humanos. Qué decir de Milei, gozador patológico con los apaleamientos a jubilados y familiares de discapacitados, y negacionista del terrorismo de Estado.
 
El Presidente y los suyos entraron en éxtasis ayer por la mañana. Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y uno de los fieles de mayor peso de gurú Santiago Caputo, se sintió poseído por un protagonismo hollywoodense para explicar la razón real del ataque de Trump a Venezuela.
 
"Why? Because we fucking can. And if we can, we do" ("¿Por qué? Porque podemos, carajo. Y si podemos, lo hacemos"). Su segundo mensaje fue contra Axel Kicillof. "Sos un zurdo hijo de puta que defiende dictadores, asesinos y narcotraficantes. No metas a los bonaerenses en tu mierda, forro", posteó el jefe de la oposición de la principal provincia argentina ante la condena del gobernador de Buenos Aires a la intervención armada yanqui.
 
No se trató de un arrebato circunscripto a un integrista católico enardecido como Romo. Pablo Quirno, veterano del JP Morgan, ahora ocupa el cargo de canciller. También se dirigió a Kicillof a través de un reposteo. "Ya que les gusta tanto el derecho, empezá por cerrar bien el orto, enano comunista". La brutalidad de la época avergüenza, pero la historia demostró que no concluye en sus destellos más revulsivos.
 

02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

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