23:59 | Lunes 23 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 16-10-2020 / 09:10

LOS DISPARATES DEL FISCAL QUE NO QUIERE QUE SE ANALICEN LAS FAKE NEWS Y LOS DISCURSOS DE ODIO

Sin vergüenza: La “justicia” macrista contra el periodismo que no le es complaciente

El fiscal Stornelli, vale recordar, está procesado por asociación ilícita, violación a la ley de inteligencia, coacción e incumplimiento de los deberes de funcionario público en la causa conocida como D'Alessiogate, en la que el juez Alejo Ramos Padilla investiga una organización macrista dedicada al espionaje ilegal, con agentes orgánicos e inorgánicos.

En un insólito dictamen, el fiscal ultra macrista Carlos Stornelli dio curso a una denuncia de diputados de Juntos por el Cambio y, sin producir pruebas, pidió la indagatoria de la titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin, por la decisión de crear un Observatorio de la Desinformación en Medios y Plataformas Digitales (Nodio).

La acusación es por supuesta "censura previa" y ataque a la "libertad de expresión", pero no detalla hechos ocurridos ni derechos afectados. Sólo se basa en la presentación, por parte de la Defensoría, de una línea de trabajo que busca mejorar el debate público, propiciar la información certera y la calidad democrática, sin controlar ni supervisar la tarea de prensa.

Tras una insólita denuncia del sector más duro del PRO contra la Defensoría del Público, el encargado de transformarla en amenaza judicial y mediática contra los funcionarios fue nada menos que Stornelli, el fiscal que eludió a la Justicia durante meses, procesado por espiar, extorsionar e inventar causas para perseguir a opositores y hasta a la ex pareja de su mujer.

Por su parte, los diputados macristas Fernando Iglesias, Waldo Wolff, Jorge Enríquez y Álvaro de Lamadrid denunciaron a la titular de la AFI, Cristina Caamaño, por exhibir la identidad de espías argentinos y pidió a la Justicia que investigue la responsabilidad de los periodistas Roberto Navarro, Ari Lijalad y Franco Mizrahi, todos del portal El Destape, críticos del macrismo. Por esto, y al considerarlo un acto de "censura", desde el oficialismo piden que el legislador renuncie a la presidencia de la Comisión de Libertad de Expresión.

El planteo de Stornelli está inspirado en la denuncia de estos diputados de Juntos por el Cambio, el mismo núcleo que intenta debilitar la causa por espionaje del macrismo que tramita en Lomas de Zamora y que --aunque parezca una paradoja-- atacó con una denuncia penal a periodistas que informan sobre ella.

El fiscal Stornelli, vale recordar, está procesado por asociación ilícita, violación a la ley de inteligencia, coacción e incumplimiento de los deberes de funcionario público en la causa conocida como D'Alessiogate, en la que el juez Alejo Ramos Padilla investiga una organización macrista dedicada al espionaje ilegal, con agentes orgánicos e inorgánicos.

Esta denuncia constituye un hecho grave porque implica persecución al periodismo que no es complaciente o adicto al macrismo y es un ataque directo a la posibilidad de informar. Desde La Opinión Popular manifestamos nuestro repudio, sumándonos al ya expresado por otros periodistas y medios.

La Opinión Popular

A PARTIR DE UNA DENUNCIA DE JUNTOS POR EL CAMBIO

La imputación de Carlos Stornelli a Miriam Lewin: los disparates del fiscal que no quiere que se analicen las fake news y los discursos de odio

En un dictamen que dejó azorados a juristas y colegas, el fiscal federal Carlos Stornelli pidió la indagatoria de Miriam Lewin, titular de la Defensoría del Público, porque considera delictiva la decisión del organismo de presentar como nueva línea de trabajo un Observatorio de la Desinformación en Medios y Plataformas Digitales, llamado Nodio.

Se basa, además, exclusivamente, en una comunicación de la Defensoría que explica que el objetivo del Observatorio es proteger a la ciudadanía de las "noticias falsas, maliciosas y falacias". No alude a ningún hecho ocurrido ni derecho afectado. Stornelli plantea que en este anuncio hay un "posible abuso de autoridad y/o violación de los deberes de funcionario público", "censura previa" y de ataque a la "libertad de expresión".

La presentación, sobre la que deberá decidir la jueza María Eugenia Capuccheti, criminaliza y le imprime un cariz político a una discusión sobre la veracidad de la información y mensajes violentos que trasmiten los medios que atañe a fortaleza del sistema democrático.

El trabajo del Observatorio fue anunciado para el aniversario número 11 de la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, a modo de línea de trabajo e investigación, que sigue el Plan de Acción de Naciones Unidas sobre los discursos de odio y también sus criterios sobre el problema de la desinformación.

Esto incluye las recomendaciones de "reconocer, vigilar y analizar las tendencia relativas al discurso de odio y recopilar datos sobre ella", así como la investigación que vincula la difusión de esos discursos por internet y redes sociales y los actos de violencia.

La presentación de Lewin en la que se basa Stornelli explicaba la complejidad que introduce la convivencia de "los medios convencionales y el mundo digital", lo que "potencia la libertad de expresión" y "mejora los procesos democráticos" al tiempo que contribuye a "la propagación y viralización de desinformación o información maliciosa".

Era taxativa, a su vez, en señalar que lo que propicia la Defensoría en función de los criterios internacionales son "iniciativas ciudadanas con espíritu no punitivo" que involucren a "periodistas, medios, plataformas digitales, verificadoras, universidades y organizaciones de la sociedad civil".

Sin embargo, el fiscal Stornelli interpretó que existe "la aparente finalidad de impedir o estorbar la libre circulación de publicaciones o manifestaciones amparadas por la libertad de prensa y/o la libertad de expresión y/o de alentar o incitar la persecución contra una persona o grupo de personas a causa de sus ideas políticas, impidiendo, obstruyendo, restringiendo o de algún modo menoscabando el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías constitucionales por cuestiones ideológicas u opinión política".

Además de pedir la indagatoria, sin antes tramitar ninguna prueba, el fiscal le requiere a la jueza que dicte una media cautelar para "impedir la producción de cualquier acto administrativo y/o decisión y/o ejecución por parte de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y/o cualquier otro organismo estatal, que pudiera tender a llevar adelante las actividades del citado Observatorio Nodio y que facilitara de esa forma la consolidación de posibles o mayores efectos dañinos".

Lewin ya había explicado, cuando fue presentada la denuncia, que no hay ningún acto administrativo de por medio, que ni siquiera es que se crea un ente (también hay observatorio, por ejemplo, de discriminación) y que la Defensoría no ejercerá "control ni supervisión de la tarea de prensa".

La mayor parte de las corrientes que trabajan --incluso desde el derecho-- en estas problemáticas parte de que la existencia de observatorios que se ocupan de investigar y producir trabajos académicos no tienen bajo ningún punto de vista el objetivo de la persecución penal.

Al revés, la existencia de observatorios y políticas públicas que se ocupen del análisis de los procesos de información y su veracidad se plantea como alternativa a la penalización de la libertad de expresión, para evitar que se persiga judicialmente a quienes pueden mentir, y aunque lo hagan. Son políticas que pretenden mejorar el debate público, propiciar la información certera y la calidad democrática.

Las preguntas del fiscal

Pero en su lectura particular y desconcertante, el fiscal Stornelli se hace preguntas que le transmite a la jueza, en un apartado destinado a "consideraciones finales", como estas: "Una seria inquietud sobrevuela la Argentina, quizás una de las más peligrosas, aquella que se refiere a la amenaza a las libertades individuales.

¿Será que existen grupos cuyo perverso plan sea ese? ¿Será que algún o algunos trasnochados, nostálgicos del Medioevo, quieren avanzar sobre la libertad ambulatoria primero, la de expresión después y finalmente la del pensamiento? ¿Volveremos a los comisarios políticos y a los delatores jefes de manzanas? ¿Se castigará a la prensa, especialmente libre, otorgándosele a la esclava patente de corso?".

En medio de esa sucesión de interrogantes, Stornelli se pone a sí mismo de ejemplo y dice: "Yo mismo he sido objeto de la mentira calumniosa, obscena, violenta y descarada. Jamás cuestionaría la libertad para hacerlo". El fiscal, vale recordar, está procesado por asociación ilícita, violación a la ley de inteligencia, coacción e incumplimiento de los deberes de funcionario público en la causa conocida como D'Alessiogate, en la que el juez Alejo Ramos Padilla investiga una organización dedicada al espionaje ilegal, con agentes orgánicos e inorgánicos.

Estuvo ocho meses en rebeldía sin presentarse a la declaración indagatoria. El juez incluso dijo que le correspondería prisión preventiva si no fuera porque tiene la protección de los fueros por su cargo. En el marco de ese expediente se descubrió que Stornelli hizo espiar al ex marido de su actual pareja, el piloto Jorge Castañón; incluso hay conversaciones donde el fiscal y el falso abogado Marcelo D'Alessio planean plantarle droga y hacerlo detener.

Dos semanas atrás, el fiscal quedó en el foco de atención de la Sala I de la Cámara de Casación Penal, que pidió los registros "técnicos" (filmaciones o grabaciones) de las declaraciones de los "arrepentidos" de la causa de las fotocopias de los cuadernos, que dispone la ley, pero que en este expediente no existen. La fiscal que tiene a cargo encarar el juicio oral, Fabiana León, confirmó que solo hay "legajos" digitalizados. Casación debe decidir si toma una determinación que podría hacer tambalear el caso.

La denuncia contra Lewin que Stornelli tomó al pie de la letra fue presentada por los diputados del oficialismo Waldo Wolff -que preside la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados--, Fernando Adolfo Iglesias, Graciela Ocaña, José Luis Patino, Julio Enrique Sahad, Adriana Noemí Ruarte, Héctor Antonio Stefani, Martín Grande, Omar De Marchi, Alvaro de Lamadrid y Jorge Ricardo Enríquez.

La lógica (o ilógica) del planteo se parece a la que dio origen a otras causas, donde a decisiones de gobierno o incluso del Congreso se las trató como delitos: como la causa del Memorándum con Irán, basada en la denuncia que hizo el fiscal fallecido Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner y Héctor Timerman; o también la causas conocida como la del "dólar futuro" --ambas están elevadas a juicio oral--. El mismo Stornelli imputó a Félix Crous por desistir de querellas como titular de la Oficina Anticorrupción.

El caso de la denuncia contra la Defensoría tiene el ingrediente de una insólita interpretación de una tarea que, al revés de lo que se denuncia, apunta a garantizar la libertad de expresión, su no persecución judicial, y la calidad informativa. El equipo jurídico de la Defensoría del Público aguarda la notificación judicial y prepara una presentación. Además, Lewin se presentará el próximo lunes ante la Comisión bicameral permanente de promoción y seguimiento de la Comunicación audiovisual, las Tecnologías de las telecomunicaciones y la Digitalización.

Por Irina Hauser

Fuente: Página12

23-02-2026 / 09:02

Los tránsfugas, traidores y canallas, que llegaron a la banca con discursos y valores opuestos, fueron claves para el Loco Milei

Como era de prever, el debate y votación por la reforma laboral ratificaron al Congreso en un rol de actor secundario frente a las ambiciones del gobierno de Javier "el Loco" Milei. Los tránsfugas del peronismo, sin siquiera sonrojarse, lo consiguieron nuevamente. Los cómplices -los que llegaron a la banca con discursos y valores opuestos- fueron claves para lograr el quórum que La Libertad Avanza no hubiera conseguido con el aporte de sus aliados tradicionales y, luego, para la media sanción.

La política, entre traidores y canallas, tras la votación de la reforma laboral libertaria. Fueron claves, primero, para lograr el quórum que La Libertad Avanza no hubiera conseguido con el aporte de sus aliados tradicionales. Diputados santacruceños, tucumanos, salteños, catamarqueños, misioneros, llegados a sus bancas en 2023 y 2025 gracias a pertenencias partidarias y/o discursos inversos a lo que sostuvieron, deberían acentuar el señalamiento acerca de la facilidad con que pasan de manos.

Myriam Bregman lo resaltó en su también destacada exposición, pero aportó cierto aditamento al remarcar que "cuando la conducta política se repite, cuando los de Tucumán y otras provincias estaban con Milei antes de las elecciones de octubre y vuelven a estar después, ¿no se aplica la reiterancia y reincidencia para la conducta política? ¿Por qué son traidores? Son canallas". Se preguntó qué pasaría "si a la clase política, a la casta política, les aplicaran lo mismo; a los que dicen que la vienen a combatir, y a los que les votan las leyes y la retroalimentan".

Traidores y canallas son términos complementarios, pero ese apunte de Bregman sirve para reforzar el cinismo "corporativo" (quizás sin comillas) de esos adefesios. Las bancas les pertenecen en su individualidad. Eso es correcto y debe quedar claro. Pero tal cosa no implica que la alianza o partido que les facilitó su acceso parlamentario no deba expulsarlos, sin más ni más.

¿Por qué no puede hacerlo? Porque, sin entrar a la discusión sobre cómo se conformaron Unión por la Patria y Fuerza Patria, ni tampoco a la de las contradicciones que surcan al peronismo, es objetivo que esa fuerza carece hoy de, casi, cualquier atisbo de conducción. Está virtualmente a la deriva y, como bien reconoció y advirtió Axel Kicillof una vez que se le ¿despejó? el camino de la interna bonaerense, lo que se (le) viene no es un año de campaña, sino de construcción. Pueden ir de la mano, pero no son lo mismo.

Hasta que eso no comience a suceder, es de una ingenuidad supina imaginar que pueda haber alguna decisión, unificada, así sea respecto de cuestiones estratégicas. Para reiterar, lo subrayó que el bloque de Fuerza Patria se partió casi exactamente al medio en la votación sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Esa ausencia conductiva, de lo que aspiraría a ser una oposición auténtica, se revela también en la facilidad con que los Milei imponen la agenda de su desorden hasta ahora bien ordenado. O bien ejecutivo.

Desde ya que tienen sus "fugas" o sobregiros, como los del coloso Sturzenegger mandado por las suyas a elogiar el voto sobre las licencias por enfermedad. Despertó la reacción de opositores ¡y oficialistas!, a quienes en el Senado no se les ocurrió leer lo que votaban. Este aspecto, el de quedar presos de la ofensiva gubernamental en todas las direcciones sin saber privilegiar cuáles son los ítems principales, abarca al debate sobre la reforma laboral.

Hubo firmeza y muy buenas intervenciones desde el bloque de Fuerza Patria (Germán Martínez, Julia Strada, Vanesa Siley, Máximo Kirchner, entre otros), pero no alcanzó ante los cómplices gubernamentales.

22-02-2026 / 09:02

El Loco Milei y sus fanáticos del subdesarrollo y la dependencia

Todavía falta para que el desastroso gobierno de Javier "el Loco" Milei haga todo el daño que su restauración conservadora pretende. Ni siquiera se ha llegado a la mitad del camino. La reforma laboral que sancionó la Cámara de Diputados esta semana y que volverá a debatirse en el Senado es un punto central, pero todavía falta.

Hay un encadenamiento en la demolición. Se van derribando uno por uno los pilares civilizatorios de la sociedad argentina y la justificación para hacerlo se repite en todos los casos. Las universidades públicas, se argumentó en su momento, se financian con el IVA que pagan los sectores populares al comprar un kilo de pan. Y a estudiar asisten sectores de clase media. El razonamiento es que los pobres financian a sectores más pudientes. Entonces hay desfinanciar las universidades. Para el INCA, motor de la industria del cine nacional, se utilizó un argumento similar.

Luego llegó el turno de los industriales. El sector textil está siendo arrasado por el combo de la política económica de Milei, dólar barato en base al endeudamiento, aumento de los servicios públicos, apertura de las importaciones. Es la tormenta perfecta. Ya se sabe. Ya se hizo. Ya fracasó. El argumento para justificar la situación crítica del sector es que no se puede sacrificar a 50 millones de argentinos a comprar ropa más cara para sostener una industria en la que trabajan 500 mil personas. Lo dijo, entre otros fundamentalistas del neoliberalismo, el economista Miguel Boggiano.

En los próximos días se aplicará la misma excusa para el sector del neumático, la industria automotriz, la del calzado, y la lista sigue. La pregunta es: ¿dónde van a trabajar los argentinos? Si el razonamiento es que se está defendiendo a los consumidores, ¿cómo van a consumir los que pierden el empleo? Es tan obvio que parece absurdo decirlo. Pero la argentina mileísta tiene una buena dosis de delirio así que hay que explicar lo obvio. Quieren destruir la clase media y latinoamericanizar la Argentina.

Un breve desvío del tema: es habitual que entre los fundamentalistas del supuesto libre mercado haya muchos nenes de papás que fueron funcionarios de los lugares más privilegiados del sector público. En el caso de Boggiano su padre fue ministro de la Corte Suprema, el lugar más selecto de la casta estatal. Puede agregarse el ejemplo del exmarido de la modelo Pampita, Roberto García Moritán. Su padre tiene el mismo nombre y tuvo una larga carrera como diplomático. Fue embajador en Suiza hasta 1987. Se ve que es fácil jugar al neoliberalismo habiendo crecido en una casa donde papá recibía en su cuenta un sueldo de miles de dólares todos los meses pagado por los contribuyentes.

Volviendo al tema, todavía falta para que Milei alcance sus objetivos de destrucción, si se toma en cuenta los modelos de país que sus funcionarios tienen como ejemplo. El actual presidente del Banco Central, Santiago Bausili, dijo en el streaming Carajo que su modelo era Perú. El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, estaba sentado al lado de Bausili y asentía con risa cómplice.

Perú tiene 70,1% de trabajadores informales según las últimas estadísticas del INEI (el INDEC peruano). La Argentina tiene 43%. Creció desde que asumió Milei. Todavía faltan 27 puntos para llegar a la meta, unos 4 millones de trabajadores más deben pasar a la informalidad. Desde el punto de vista político la situación de Perú es caótica. Del 2016 a febrero de 2026 hubo 9 presidentes. Al último, José Jerí, lo removieron del cargo el martes de la semana pasada.

¿Qué es lo bueno? Desde la óptica clásica de la derecha argentina lo positivo es que la economía está centrada en los productos de exportación, principalmente la minería, que no hay desarrollo industrial y por lo tanto no hay sindicalismo que pueda generar una puja distributiva potente. Además, se cumplen las instrucciones del sistema financiero internacional. ¿Podría Perú disminuir ese 70% de informalidad? Con ese modelo parece imposible. Lo están aplicando los últimos 30 años y los resultados están a la vista.

Por Demián Verduga

21-02-2026 / 10:02

Esclavos argentinos: Pese al masivo paro y a la oposición del peronismo, el Loco Milei avanzó con la reforma laboral

Mundo desequilibrado. Discuten el futuro de Palestina para convertirla en una Miami del Medio Oriente, pero no consultan a los palestinos. En Argentina, el gobierno de Javier "el Loco" Milei organiza el trabajo como una Disneylandia para empresarios, y no consulta a los trabajadores. A diferente escala, porque en el primer caso se oculta un genocidio. Pero los argentinos trajinan sus propias tragedias con el cierre brutal de empresas y miles de trabajadores lanzados a la calle.

El jueves, cuando en Buenos Aires Diputados aprobaba la reforma laboral, en el marco de un paro nacional muy masivo, en Washington el cipayo Milei, se deshacía en elogios al mandatario estadounidense Donald Trump, que se autoproclamó presidente vitalicio del Consejo de la Paz. Trump habló de sus proyectos inmobiliarios de pacificación en Gaza, sin hablar de desmilitarizarla primero, al mismo tiempo que amenazaba, pacíficamente, con bombardear a Irán.

En este Occidente en decadencia y tan desigual y desequilibrado suceden cosas insólitas. En medio de su relajado discurso, en el que insistió que "no me interesa el premio Nobel de la Paz, me importa salvar vidas, que quede claro", Trump detuvo su alocución para piropear al presidente paraguayo, Santiago Peña: "un joven hermoso y apuesto, pero a mí no me gustan los hombres jóvenes y apuestos, a mí me gustan las mujeres".

Al Consejo de la Paz se unieron 27 países, aunque a la reunión del jueves asistieron también representantes de la mayoría de los latinoamericanos y europeos, que prefirieron mantenerse en calidad de observadores.

El martes, cuando Milei abandonó el país, la empresa FATE anunció que cerraba las puertas de su fábrica de neumáticos y dejaba en la calle a 920 obreros. La mayoría de ellos tenía varias décadas de antigüedad en una empresa que se fundó hace 80 años y ha exportado neumáticos a Estados Unidos y Europa, pero no pudo resistir la apertura de las importaciones.

La destrucción de la Argentina productiva avanzó a velocidad de la luz con Milei. Primero fue la industria textil, después la de electrodomésticos, y ahora tocó el turno a industrias más consolidadas, como Techint de Paolo Rocca, o Fate de los Madanes.

Techint se trasnacionalizó, pero el sesgo progresista distinguió el crecimiento de Fate, con Aluar. El ministro de Economía de Perón, José Ber Gelbard fue socio de los Madanes en Aluar, cuando la empresa acogió a científicos que habían sido expulsados de Ciencias Exactas e Ingeniería por la dictadura de Onganía, como Manuel Sadovsky, Carlos Varsavsky y el ingeniero Humberto Ciancaglini.

En ese momento los titulares de la empresa eran Adolfo y Manuel Madanes, quien impulsó la participación de Gelbard y después las de Sadovsky y Varsavsky. Adolfo se resistía a las implicancias políticas que tenía el proyecto de su hermano. El actual dueño, Javier Madanes, es hijo de Adolfo y sobrino de Manuel.

Desde la gerencia de Investigación y Desarrollo impulsada por Sadovsky y Varsavsky se crearon mecanismos propios para la producción de aluminio, y se convocó a un grupo de ingenieros que décadas más tarde formaría parte del que fue el emprendimiento privado más estratégico de innovación tecnológica.

20-02-2026 / 10:02

El paro fue contundente y la movilización reprimida, pero la lucha recién comienza

La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.

El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.

La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.

Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.

Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.

Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.

Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.

La Opinión Popular

18-02-2026 / 10:02

Industricidio de Milei: FATE cierra su histórica fábrica y despide a 920 trabajadores

Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.

Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.

En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.

"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.

La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.

Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.

En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".

"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.

La Opinión Popular