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Nacionales - 16-10-2020 / 09:10
LOS DISPARATES DEL FISCAL QUE NO QUIERE QUE SE ANALICEN LAS FAKE NEWS Y LOS DISCURSOS DE ODIO

Sin vergüenza: La “justicia” macrista contra el periodismo que no le es complaciente

Sin vergüenza: La “justicia” macrista contra el periodismo que no le es complaciente
El fiscal Stornelli, vale recordar, está procesado por asociación ilícita, violación a la ley de inteligencia, coacción e incumplimiento de los deberes de funcionario público en la causa conocida como D'Alessiogate, en la que el juez Alejo Ramos Padilla investiga una organización macrista dedicada al espionaje ilegal, con agentes orgánicos e inorgánicos.
En un insólito dictamen, el fiscal ultra macrista Carlos Stornelli dio curso a una denuncia de diputados de Juntos por el Cambio y, sin producir pruebas, pidió la indagatoria de la titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin, por la decisión de crear un Observatorio de la Desinformación en Medios y Plataformas Digitales (Nodio).  
 
La acusación es por supuesta "censura previa" y ataque a la "libertad de expresión", pero no detalla hechos ocurridos ni derechos afectados. Sólo se basa en la presentación, por parte de la Defensoría, de una línea de trabajo que busca mejorar el debate público, propiciar la información certera y la calidad democrática, sin controlar ni supervisar la tarea de prensa.
 
Tras una insólita denuncia del sector más duro del PRO contra la Defensoría del Público, el encargado de transformarla en amenaza judicial y mediática contra los funcionarios fue nada menos que Stornelli, el fiscal que eludió a la Justicia durante meses, procesado por espiar, extorsionar e inventar causas para perseguir a opositores y hasta a la ex pareja de su mujer.
 
Por su parte, los diputados macristas Fernando Iglesias, Waldo Wolff, Jorge Enríquez y Álvaro de Lamadrid denunciaron a la titular de la AFI, Cristina Caamaño, por exhibir la identidad de espías argentinos y pidió a la Justicia que investigue la responsabilidad de los periodistas Roberto Navarro, Ari Lijalad y Franco Mizrahi, todos del portal El Destape, críticos del macrismo. Por esto, y al considerarlo un acto de "censura", desde el oficialismo piden que el legislador renuncie a la presidencia de la Comisión de Libertad de Expresión. 
 

 
El planteo de Stornelli está inspirado en la denuncia de estos diputados de Juntos por el Cambio, el mismo núcleo que intenta debilitar la causa por espionaje del macrismo que tramita en Lomas de Zamora y que --aunque parezca una paradoja-- atacó con una denuncia penal a periodistas que informan sobre ella.
 
El fiscal Stornelli, vale recordar, está procesado por asociación ilícita, violación a la ley de inteligencia, coacción e incumplimiento de los deberes de funcionario público en la causa conocida como D'Alessiogate, en la que el juez Alejo Ramos Padilla investiga una organización macrista dedicada al espionaje ilegal, con agentes orgánicos e inorgánicos.
 
Esta denuncia constituye un hecho grave porque implica persecución al periodismo que no es complaciente o adicto al macrismo y es un ataque directo a la posibilidad de informar. Desde La Opinión Popular manifestamos nuestro repudio, sumándonos al ya expresado por otros periodistas y medios.
 
La Opinión Popular
 
 
A PARTIR DE UNA DENUNCIA DE JUNTOS POR EL CAMBIO
 
La imputación de Carlos Stornelli a Miriam Lewin: los disparates del fiscal que no quiere que se analicen las fake news y los discursos de odio
 
En un dictamen que dejó azorados a juristas y colegas, el fiscal federal Carlos Stornelli pidió la indagatoria de Miriam Lewin, titular de la Defensoría del Público, porque considera delictiva la decisión del organismo de presentar como nueva línea de trabajo un Observatorio de la Desinformación en Medios y Plataformas Digitales, llamado Nodio.
 
Se basa, además, exclusivamente, en una comunicación de la Defensoría que explica que el objetivo del Observatorio es proteger a la ciudadanía de las "noticias falsas, maliciosas y falacias". No alude a ningún hecho ocurrido ni derecho afectado. Stornelli plantea que en este anuncio hay un "posible abuso de autoridad y/o violación de los deberes de funcionario público", "censura previa" y de ataque a la "libertad de expresión".
 
La presentación, sobre la que deberá decidir la jueza María Eugenia Capuccheti, criminaliza y le imprime un cariz político a una discusión sobre la veracidad de la información y mensajes violentos que trasmiten los medios que atañe a fortaleza del sistema democrático.
 
El trabajo del Observatorio fue anunciado para el aniversario número 11 de la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, a modo de línea de trabajo e investigación, que sigue el Plan de Acción de Naciones Unidas sobre los discursos de odio y también sus criterios sobre el problema de la desinformación.
 
Esto incluye las recomendaciones de "reconocer, vigilar y analizar las tendencia relativas al discurso de odio y recopilar datos sobre ella", así como la investigación que vincula la difusión de esos discursos por internet y redes sociales y los actos de violencia.
 
La presentación de Lewin en la que se basa Stornelli explicaba la complejidad que introduce la convivencia de "los medios convencionales y el mundo digital", lo que "potencia la libertad de expresión" y "mejora los procesos democráticos" al tiempo que contribuye a "la propagación y viralización de desinformación o información maliciosa".
 
Era taxativa, a su vez, en señalar que lo que propicia la Defensoría en función de los criterios internacionales son "iniciativas ciudadanas con espíritu no punitivo" que involucren a "periodistas, medios, plataformas digitales, verificadoras, universidades y organizaciones de la sociedad civil".
 
Sin embargo, el fiscal Stornelli interpretó que existe "la aparente finalidad de impedir o estorbar la libre circulación de publicaciones o manifestaciones amparadas por la libertad de prensa y/o la libertad de expresión y/o de alentar o incitar la persecución contra una persona o grupo de personas a causa de sus ideas políticas, impidiendo, obstruyendo, restringiendo o de algún modo menoscabando el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías constitucionales por cuestiones ideológicas u opinión política".
 
Además de pedir la indagatoria, sin antes tramitar ninguna prueba, el fiscal le requiere a la jueza que dicte una media cautelar para "impedir la producción de cualquier acto administrativo y/o decisión y/o ejecución por parte de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y/o cualquier otro organismo estatal, que pudiera tender a llevar adelante las actividades del citado Observatorio Nodio y que facilitara de esa forma la consolidación de posibles o mayores efectos dañinos".
 
Lewin ya había explicado, cuando fue presentada la denuncia, que no hay ningún acto administrativo de por medio, que ni siquiera es que se crea un ente (también hay observatorio, por ejemplo, de discriminación) y que la Defensoría no ejercerá "control ni supervisión de la tarea de prensa".
 
La mayor parte de las corrientes que trabajan --incluso desde el derecho-- en estas problemáticas parte de que la existencia de observatorios que se ocupan de investigar y producir trabajos académicos no tienen bajo ningún punto de vista el objetivo de la persecución penal.
 
Al revés, la existencia de observatorios y políticas públicas que se ocupen del análisis de los procesos de información y su veracidad se plantea como alternativa a la penalización de la libertad de expresión, para evitar que se persiga judicialmente a quienes pueden mentir, y aunque lo hagan. Son políticas que pretenden mejorar el debate público, propiciar la información certera y la calidad democrática.
 
 
Las preguntas del fiscal
  
Pero en su lectura particular y desconcertante, el fiscal Stornelli se hace preguntas que le transmite a la jueza, en un apartado destinado a "consideraciones finales", como estas: "Una seria inquietud sobrevuela la Argentina, quizás una de las más peligrosas, aquella que se refiere a la amenaza a las libertades individuales.
 
¿Será que existen grupos cuyo perverso plan sea ese? ¿Será que algún o algunos trasnochados, nostálgicos del Medioevo, quieren avanzar sobre la libertad ambulatoria primero, la de expresión después y finalmente la del pensamiento? ¿Volveremos a los comisarios políticos y a los delatores jefes de manzanas? ¿Se castigará a la prensa, especialmente libre, otorgándosele a la esclava patente de corso?".
 
En medio de esa sucesión de interrogantes, Stornelli se pone a sí mismo de ejemplo y dice: "Yo mismo he sido objeto de la mentira calumniosa, obscena, violenta y descarada. Jamás cuestionaría la libertad para hacerlo". El fiscal, vale recordar, está procesado por asociación ilícita, violación a la ley de inteligencia, coacción e incumplimiento de los deberes de funcionario público en la causa conocida como D'Alessiogate, en la que el juez Alejo Ramos Padilla investiga una organización dedicada al espionaje ilegal, con agentes orgánicos e inorgánicos.
 
Estuvo ocho meses en rebeldía sin presentarse a la declaración indagatoria. El juez incluso dijo que le correspondería prisión preventiva si no fuera porque tiene la protección de los fueros por su cargo. En el marco de ese expediente se descubrió que Stornelli hizo espiar al ex marido de su actual pareja, el piloto Jorge Castañón; incluso hay conversaciones donde el fiscal y el falso abogado Marcelo D'Alessio planean plantarle droga y hacerlo detener.
 
Dos semanas atrás, el fiscal quedó en el foco de atención de la Sala I de la Cámara de Casación Penal, que pidió los registros "técnicos" (filmaciones o grabaciones) de las declaraciones de los "arrepentidos" de la causa de las fotocopias de los cuadernos, que dispone la ley, pero que en este expediente no existen. La fiscal que tiene a cargo encarar el juicio oral, Fabiana León, confirmó que solo hay "legajos" digitalizados. Casación debe decidir si toma una determinación que podría hacer tambalear el caso.
 
La denuncia contra Lewin que Stornelli tomó al pie de la letra fue presentada por los diputados del oficialismo Waldo Wolff -que preside la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados--, Fernando Adolfo Iglesias, Graciela Ocaña, José Luis Patino, Julio Enrique Sahad, Adriana Noemí Ruarte, Héctor Antonio Stefani, Martín Grande, Omar De Marchi, Alvaro de Lamadrid y Jorge Ricardo Enríquez.
 
La lógica (o ilógica) del planteo se parece a la que dio origen a otras causas, donde a decisiones de gobierno o incluso del Congreso se las trató como delitos: como la causa del Memorándum con Irán, basada en la denuncia que hizo el fiscal fallecido Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner y Héctor Timerman; o también la causas conocida como la del "dólar futuro" --ambas están elevadas a juicio oral--. El mismo Stornelli imputó a Félix Crous por desistir de querellas como titular de la Oficina Anticorrupción.
 
El caso de la denuncia contra la Defensoría tiene el ingrediente de una insólita interpretación de una tarea que, al revés de lo que se denuncia, apunta a garantizar la libertad de expresión, su no persecución judicial, y la calidad informativa. El equipo jurídico de la Defensoría del Público aguarda la notificación judicial y prepara una presentación. Además, Lewin se presentará el próximo lunes ante la Comisión bicameral permanente de promoción y seguimiento de la Comunicación audiovisual, las Tecnologías de las telecomunicaciones y la Digitalización.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 

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02-02-2026 / 11:02
El secuestro de Nicolás Maduro se transmitió en tiempo real por televisión y redes sociales, en una estudiada coreografía que hacía parecer toda la escena como parte de la última mega producción de Hollywood. A eso se sumó luego una campaña virtual de Donald Trump en la que se presentaba al mandatario como una especie de dueño del continente entero, incluyendo -sobre todo- a Groenlandia. El spin-off local de Trump no se queda atrás. Javier Milei, otra figura nacida en un set de TV, mezcla su presidencia con recitales masivos, romances fogosos y una cultura memética permanente en redes sociales. En todo el planeta es el momento de la política comic show, un juego que, a la vez, es mucho más que eso.
 
Milei construyó su llegada al poder desde los paneles de televisión. Allí mezcló gritos violentos, peleas salvajes y un aporte original: la capacidad de discutir autores económicos en prime time desde una matriz libertaria extrema. Su figura se nutrió además de otros condimentos: obras de teatro durante los veranos, noviazgos mediáticos -en 2018 salió con Daniela Mori, exintegrante de la banda de cumbia Las Primas-, revelaciones perturbadoras sobre su sexualidad tántrica, covers de temas de rock y clásicos, apariciones disfrazado como superhéroe y, por supuesto, su marca registrada: su extraña cabellera.
 
Mientras por un lado agita la violencia con invitaciones permanentes a "odiar más" y compara a sus rivales con monos o cucarachas, por el otro ofrece circo: el recital en el Movistar Arena, su show en el festival de Jesús María, una aparición en un canal de streaming oficialista junto a su perro clonado, un beso fogoso con su entonces pareja en un teatro costero, cuadros en la Quinta de Olivos donde se compara con Wolverine y con un león, una bizarra cuenta en inglés presentada mediante un cómic donde aparece volando sobre Buenos Aires como superhéroe.
 
A esta lista se suma su escasa preocupación por la higiene y el recambio de vestuario -con el mameluco de YPF como emblema, incluso en Davos- y su llanto desconsolado en el Muro de los Lamentos, una postal inédita para un presidente argentino. Con matices, todos estos episodios -los extravagantes y los violentos- comparten algo en común: arrastran la atención popular, dominan redes sociales y colonizan la agenda mediática y política, mientras corren los límites de lo decible en la sociedad argentina. "La primera estrategia de esta derecha es polarizar a la sociedad", explica el historiador Steven Forti en Extrema derecha 2.0. "No se trata de excentricidades, sino de una estrategia bien pensada."
 
Ese manual fue adoptado por la administración libertaria desde su llegada al poder. Cuando no fue el cierre del INADI o de Télam, fue un ataque a la comunidad homosexual, al periodismo o a alguna artista musical. Y cuando no había escándalo político, lo había estético: cuatro camperas en pleno verano, intentos de ocultar la papada o defensas públicas de películas de Guillermo Francella. De una u otra forma, siempre provocaba bronca, perplejidad o fascinación, emociones ideales que premian lo ruidoso.
 
Lo explica Giuliano da Empoli en Los ingenieros del caos, libro de cabecera del asesor presidencial Santiago Caputo: "El megáfono de Trump era la indignación de los medios." Con Trump y Milei ocurre lo mismo: se los puede amar o detestar, pero no ignorar.  Richard Nixon lo llamaba "la teoría del loco". Fingir irracionalidad para volverse imprevisible y, por eso mismo, temible. Trump lo dijo sin rodeos: "Xi Jinping sabe que estoy totalmente loco."
 
La pregunta es inevitable: ¿estamos ante líderes desbordados o ante personajes cuidadosamente construidos? "La banalidad de la locura", la llama el politólogo Brian Klaas: una saturación de exabruptos que termina anestesiando a la sociedad.
 
La Opinión Popular
 

01-02-2026 / 10:02
Desde su llegada a la Casa Rosada, Javier "Pinocho" Milei construyó un relato épico de gestión que, al ser contrastado con datos verificables, empieza a mostrar fisuras cada vez más profundas. Promesas infladas, cifras manipuladas, logros magnificados y afirmaciones directamente falsas forman parte de un patrón comunicacional que ya no puede explicarse como simples errores.
 
Se trata, cada vez más claramente, de una estrategia política basada en la distorsión sistemática de la realidad. Organizaciones especializadas en verificación de datos, como Chequeado, desmintieron en reiteradas oportunidades afirmaciones centrales del discurso presidencial. Uno de los ejemplos más notorios fue la declaración en la que Milei aseguró haber sacado a diez millones de argentinos de la pobreza.
 
El número, ampliamente difundido por el oficialismo, resultó ser metodológicamente incorrecto, engañoso y sin respaldo estadístico sólido. Si bien algunos indicadores mostraron leves mejoras, la magnitud del cambio real está muy lejos del relato triunfalista que el prescindente intenta instalar. Algo similar ocurrió con su afirmación de haber eliminado los piquetes en todo el país. Lejos de desaparecer, los cortes de calles continuaron registrándose, aunque con menor visibilidad y mayor intervención de las fuerzas de seguridad.
 
La reducción de protestas no equivale a su erradicación, pero Milei optó por presentar una victoria absoluta que los datos desmienten. La manipulación también alcanza el terreno histórico. En reiteradas ocasiones, el mandatario afirmó que la Argentina fue uno de los 3 países más ricos del mundo, una afirmación que no resiste el menor análisis serio de los registros económicos internacionales.
 
Esta construcción mítica, repetida hasta el cansancio, busca reforzar la narrativa del "paraíso perdido" arruinado por la política tradicional, aun cuando carece de sustento empírico. El uso irresponsable de información falsa no se limita a discursos oficiales. En redes sociales, Milei llegó a difundir encuestas inexistentes, atribuidas falsamente a la Fundación FOPEA, con el objetivo de desacreditar al periodismo.
 
La propia organización salió a desmentir públicamente la información, dejando al descubierto una práctica preocupante: la utilización deliberada de datos falsos para atacar a la prensa crítica. Este comportamiento no es aislado. Forma parte de una lógica de comunicación basada en la confrontación permanente, la exageración de logros, la victimización y la construcción de enemigos internos.
 
La distorsión de cifras y hechos se convierte así en una herramienta política para sostener un relato épico que muchas veces choca contra la realidad cotidiana de millones de argentinos. Mientras la inflación continúa afectando el poder adquisitivo, la recesión golpea al consumo y el ajuste impacta con fuerza en jubilados, trabajadores y sectores medios, el discurso presidencial insiste en mostrar una Argentina idealizada que pocos logran reconocer en su vida diaria.
 
En este contexto, la manipulación informativa no solo erosiona la credibilidad del Gobierno, sino que también debilita el debate democrático y el derecho ciudadano a estar informado con veracidad. Gobernar a base de datos falsos puede rendir frutos comunicacionales de corto plazo, pero tiene costos profundos. Cuando la mentira se convierte en política de Estado, la confianza pública se deteriora, la institucionalidad se debilita y el vínculo entre gobernantes y sociedad se vuelve cada vez más frágil. En definitiva, más que errores ocasionales, las distorsiones discursivas de Milei parecen responder a una estrategia clara: imponer un relato antes que explicar la realidad. Una apuesta peligrosa que, tarde o temprano, termina chocando contra los hechos.
 
La Opinión Popular
 

31-01-2026 / 09:01
Décadas de globalización con la lógica del mercado se desplomaron sobre los argentinos con Javier Milei gritando el Rock del Gato mientras cinco provincias se incendiaban fuera de control y la mayoría de los gobernadores se sometían a ser extorsionados para aprobar la reforma laboral.
 
Décadas de erosión de la democracia y el medio ambiente cayeron sobre los argentinos con el florecimiento del libertarismo autoritario, que es como decir silencio atronador o fuego helado. Las dos cosas no van juntas. El resultado es libertad para pocos y autoritarismo para los demás.
 
Rocca, Magnetto y Galperín fueron algunos de los creadores del Golem esquizofrénico. Lo construyeron para que los proteja, financiaron sus campañas, le dieron letra con leyes para proteger sus intereses y publicaron loas en los medios que controlan. Pero en este momento parte de sus intereses entraron en colisión con el rumbo aperturista total del gobierno y sus alianzas.
 
Las elecciones de medio término en una sociedad que perdió el sentido, fragmentada, extenuada por la inflación y la pandemia, le dieron un impulso que se multiplicó con el respaldo de la Casa Blanca.
 
Ese paralelismo crispado de un imperio en decadencia encontró un aliado incondicional en la subordinación total de Milei. No hay término medio en las Casas Blanca y Rosada. Una decisión absoluta de dominio se complementó con una decisión absoluta de sumisión.
 
Con la apertura que impulsaron los grandes empresarios, y que implementó este Gobierno, entró una avalancha de productos chinos. El capital concentrado creyó que tenía espalda para sobrevivir al exterminio de sus competidores de la pequeña y mediana industria y comercio y que podría deglutir esos espacios que quedaban libres.
 
Pero el ímpetu del comercio chino, ultra tecnológico, con cadenas de suministro ultra coordinadas y eficientes, se llevó puestos hasta los tubos de Techint y metió en problemas a la gran aplicación comercial de Marcos Galperín, el hombre más rico del país.
 
Galperín reside en Uruguay para no pagar impuestos en Argentina, donde creció su empresa, Mercado Libre. Impulsó con entusiasmo el discurso libertario contra los subsidios estatales y contra la regulación de los mercados.
 
Desde la pandemia, el campeón antisubsidios recibió subsidios por 370 millones de dólares. Y ahora, el también campeón de la apertura de las importaciones, le exigió al gobierno que regule a Temu, la aplicación de comercio china que le arrebató una porción de la torta.
 
Paolo Rocca, que colocó a su ex empleado Horacio Marín como CEO de YPF, recurrió a la Justicia por la licitación de tubos para un gasoducto que perdió ante una firma india que fabrica tubos con acero chino. Galperín hizo lo mismo con Temu. Y Magnetto afronta problemas parecidos con la compra de Telefónica por el Grupo Clarín.
 
Son contradicciones fuertes en el capital hegemónico, que el gobierno sobrelleva con enormes ofrendas, como la reforma laboral. El triunfalismo que invadió a la Casa Rosada por el resultado electoral se enfocó en su primera cosecha. La ley de trabajo propuesta incluyó un artículo sobre el impuesto a las ganancias que saca coparticipación a las provincias.
 
El Gobierno mandó a Diego Santilli a discutir con los gobernadores, pero le advirtió que no hará ninguna concesión. Y Santilli les prometió que los premios llegarían después de la aprobación en el Congreso. 
 

30-01-2026 / 09:01
Se ve que Javier "Nerón" Milei suelta la mosca solamente a las piñas: fondos tardíos para el sur que ya se chamuscó como chorizo en la parrilla. Con incendios forestales activos en distintas zonas de la Patagonia y tras reiterados reclamos de gobernadores y dirigentes opositores, el irresponsable Milei, que al igual que el emperador Nerón se dedicó a cantar mientras se incendiaba su país, finalmente destrabó fondos para el sistema de Bomberos Voluntarios y confirmó que declarará la Emergencia Ígnea mediante un DNU. 50 días y 230 mil hectáreas quemadas después.
 
Desde los primeros días de enero la Patagonia arde por los incendios forestales; después de que el fuego arrasara -hasta ahora- más de 230 mil hectáreas; después de la pérdida irrecuperable en parques nacionales, que son patrimonio de la humanidad, y con la población en serio riesgo de perder lo poco que les queda, Milei evaluó hacer algo. La decisión llega luego de semanas marcadas por cuestionamientos sobre la ausencia total en la respuesta estatal nacional frente a una crisis ambiental que ya afectó miles de hectáreas, provocó evacuaciones y generó pérdidas materiales y económicas en distintas localidades del sur argentino.
 
La medida quedó formalizada a través de la resolución 91/2026 publicada en el Boletín Oficial y firmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que autoriza un desembolso de 100.810.319.998 pesos destinados a organizaciones de bomberos voluntarios en todo el país. A ello se suman transferencias por 7.754.639.995 pesos para entidades provinciales de segundo grado y un monto equivalente para programas de capacitación y fortalecimiento operativo.
 
Los recursos estarán dirigidos a la compra de equipamiento, vehículos, herramientas, vestimenta ignífuga, insumos técnicos y materiales necesarios para enfrentar incendios forestales, una demanda histórica de los cuarteles voluntarios que, en muchos casos, operan con equipamiento limitado y dependen de aportes locales para sostener su funcionamiento cotidiano.
 
En paralelo, el Gobierno libertario confirmó que declarará la Emergencia Ígnea a través de un DNU, evitando así el paso por el Congreso. El argumento oficial sostiene que se trata de un mecanismo para acelerar la asistencia y evitar demoras administrativas, aunque desde distintos sectores políticos remarcaron que la declaración fue exigida por los gobernadores patagónicos días atrás y que el Ejecutivo resistía avanzar en esa dirección hasta que el costo político se volvió evidente e insostenible.
 
La tensión se profundizó cuando mandatarios provinciales del sur reclamaron públicamente una ley específica contra incendios mientras el anarco capitalista participaba de actividades de fiesta y joda en Mar del Plata, situación que fue interpretada por la oposición como una señal de desconexión total frente a la emergencia. Recién después de esa presión se anunció el plan denominado oficialmente "histórica lucha contra el fuego", que incluye la ampliación presupuestaria y la activación de herramientas administrativas para coordinar recursos federales. Esos recursos, sin embargo, no son suficientes y llegan tarde. El daño causado, según argumentan distintas agrupaciones ambientales y los propios pobladores, ya es irreparable.
 
El episodio vuelve a abrir el debate sobre la capacidad de reacción de Milei frente a emergencias ambientales y el rol del Estado en la prevención y combate de incendios forestales, especialmente en regiones donde cada temporada seca incrementa el riesgo de desastres. Para los bomberos y brigadistas, el financiamiento llega en un momento crítico y permitirá mejorar condiciones operativas, aunque queda la discusión política sobre por qué la respuesta oficial demoró tanto mientras el fuego avanzaba.
 
La Opinión Popular
 

29-01-2026 / 09:01
La Argentina de Javier Milei no se está acercando al desarrollo: está profundizando un modelo rentista que destruye industria, capital humano y movilidad social. El autoritarismo del gobierno libertario nos empuja a repetir la lógica que hundió a Venezuela: vivir de lo que tenemos en vez de construir lo que necesitamos. El EE.UU. de Donald Trump obligó a sus industrias a repatriar sus fábricas para hacer a América grande de nuevo, Argentina las cierra.

En Venezuela la economía se desindustrializó porque era más rentable importar todo. La productividad interna se estancó, la formación técnica y científica quedó relegada, el sector financiero creció más que el productivo. Igual que en la Argentina de Milei
Cerca de 8 millones de venezolanos han salido de su país buscando una vida mejor.


La hoja de ruta es la misma: un tercio de lo que se consume en Argentina depende de importaciones que ya equivalen al 31% del PBI, el nivel más alto en 22 años. Los bienes de consumo importados representan el mayor peso desde 2001. Durante 2024 la producción de local de manufacturas fue 15,09% del PBI, muy por debajo del promedio histórico (1965-2024) del 23,97%. La recaudación cae, el déficit y la inflación se maquillan, el endeudamiento se espiraliza, las infraestructuras de rutas colapsan.

Los discursos mesiánicos del Loco Milei ofrecen en la exclusión de los sectores industriales, manufactureros y el sistema científico/tecnológico el camino más rápido a un destino luminoso: "Argentina será como Irlanda en 20 años", delira el desquiciado.

El salto histórico de Irlanda se apoyó en todo lo que Milei niega: educación técnica masiva, inversión pública sostenida, un estado planificador, políticas industriales activas y una estrategia deliberada para atraer empresas tecnológicas.

Irlanda no apostó a la renta, la informalidad, ni a la desregulación, apostó al capital humano. No redujo su Estado: lo volvió más inteligente, mientras expandía su sistema científico. En tanto la Argentina refuerza un patrón conocido: la dependencia de la renta primaria con especulación financiera y endeudamiento creciente.
 
En el sector agrario, solo tres de cada 10 propietarios cultivan su tierra, el resto es rentista. A diferencia de Brasil, México o EEUU los hidrocarburos los exportamos en un 85% como crudo sin refinar y el 100% del gas sin comprimir, actuamos como proveedores de materias primas energéticas, no como exportadores de combustibles, aceites, productos petroquímicos, fertilizantes, etc. Repetimos el mismo patrón nefasto en las exportaciones de minería, pesca, cereales, frutas, etc.
 
Apostar a la renta más primitiva y azarosa, ligada a las oscilaciones del clima o los mercados internacionales ya ha mostrado sus frutos de estancamiento y depresión económica: entre 2011 y 2024 el PBI per cápita argentina se incrementó el 5,7%, el de Chile en un 13% y el de Uruguay un 51%.
 
En lugar del esperado "derrame" cada vez más "fuga" (u$s 30.000 millones en 2025) de los sectores usureros y especuladores generando desempleo, desinversión y pobreza estructural. Los residentes ricos en la Argentina poseen más de USD 400.000 millones fuera de sus fronteras, una cifra equivalente a casi todo el PBI anual. Así, Argentina jamás será como Irlanda.
 
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