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Entre Ríos - 13-10-2020 / 19:10
IMPUTADO POR LOS DELITOS DE PRESUNTAS NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES, PECULADO Y COHECHO

Sergio Urribarri no realizó declaraciones y presentó un escrito

Sergio Urribarri no realizó declaraciones y presentó un escrito
El embajador argentino en Israel y Chipre, Sergio Urribarri, declaró a través de una plataforma virtual.
 
El ex gobernador y actual embajador argentino en Israel y Chipre, Sergio Urribarri, decidió no realizar declaraciones en el marco de la causa que lo investiga junto al empresario paraguayo y presunto testaferro de Urribarri, Diego Armando Cardona Herreros. Están imputados por los delitos de presuntas Negociaciones incompatibles, peculado y cohecho.
 
Urribarri se presentó formalmente ante la Justicia y desplegó un escrito en donde negó las acusaciones. Su presentación duró tan sólo 20 minutos, ya que se presentó 13.30 y para las 13.50 ya había finalizada la videoconferencia. 
 
"Tengo la tranquilidad de haber hecho las cosas como corresponde y el orgullo de haber llevado adelante una gestión transformadora de la mano de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, quienes escribieron uno de los capítulos más importantes en la historia argentina y entrerriana", manifestó el exgobernador en declaraciones enviadas a la prensa.
 
Aseguró que todos sus actos de gobierno fueron aprobados por los organismos de control, argumento que han utilizado varios dirigentes en el marco de causas que investigan delitos de corrupción y que la Justicia ya ha rechazado como argumento válido: que un órgano de control administrativo no haya detectado irregularidades no tiene una correlación directa con el actuar de la Justicia en la investigación de un posible delito. 
 
 
"Nada va a poder borrar las 154 escuelas nuevas que hicimos, los hospitales, los 1.800 kilómetros de rutas, las 20.000 soluciones habitacionales, los centros de convenciones, los 1.700 kilómetros de fibra óptica, uno de los dos centros de medicina nuclear más avanzados del país, la estación transformadora de energía de Paraná, la reducción de la mortalidad infantil al nivel más bajo de la historia, la declaración de provincia libre de analfabetismo y, en general, una gestión que reparó deudas históricas con acciones que todos los entrerrianos tienen muy presentes", aseveró.
 
Mencionó que entre 2007 y 2015 "Entre Ríos se convirtió en una provincia de perfil agroindustrial, se incentivó el conocimiento, se diversificó la producción, y repasó indicadores tales como el incremento del trabajo registrado en un 21%, del salario real en un 158,6%, la reducción del trabajo infantil en un 66%, el crecimiento de la clase media en un 48%, y la suba de las exportaciones de manufacturas en un 102,8%", expresó una gacetilla de prensa enviada por el propio exgobernador.
 
"En esos años, Entre Ríos fue la principal productora avícola, de cítricos dulces y de arándanos del país; la segunda productora nacional de arroz, del sector apícola y de insumos farmacéuticos y veterinarios; la tercera productora nacional en el sector ganadero y foresto industrial; y la cuarta provincia productora de oleaginosas, lácteos y porcinos", enumeró.
 
Acto seguido, agregó: "Voy a seguir estando siempre a derecho, dando todas las explicaciones que tenga que dar al respecto, y mientras tanto voy a seguir desarrollando con total compromiso y empeño la tarea que hoy tengo como embajador, que representa para mí un inmenso honor y una gran responsabilidad".
 
En un escrito con el que Urribarri acompañó su declaración, el exgobernador se defendió y aseuguró que en la actividad administrativa que es objeto de análisis judicial fue "regular y legal, y que toda la documentación respectiva fue preparada por las líneas técnicas del Estado provincial".
 
Señaló también que "todo el gasto insumido fue erogado con la intervención de todos los órganos de control: Secretaría Legal y Técnica, Contaduría General, Tesorería General, Tribunal de Cuentas y el Poder Legislativo al considerar la cuenta general del ejercicio".
 
Más adelante, se indicó que "las licitaciones analizadas concretaron actos regulares inscriptos en el marco más estricto de las competencias y funciones de gobierno y como tales son definibles como cuestiones políticas no judiciables".
 
"Las contrataciones fueron absolutamente legales y se dispusieron para atender los fines públicos legítimos fijados en los decretos que las ordenaron y las aprobaron, con los fundamentos sólidos que ellos explicitan", finalizó.
 
Fuente: Análisis Digital
 
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Lo que debía convertirse en el primer triunfo del nuevo Congreso libertario se transformó en una seria complicación y atenuó la euforia del gobierno de los Hermanos Milei, que pasó de celebrar con estrépito una victoria a advertir que había sufrido otra derrota, en ambas cámaras del Congreso y también en las calles. La media sanción que obtuvo en Diputados el proyecto de Presupuesto de ajuste resultó un tiro en el pie del programa económico, debido a que los legisladores rechazaron el Capítulo 11 que hacía caer una serie de gastos necesarios, incluidos áreas como educación, discapacidad y asignaciones familiares, pero incompatibles con la política libertaria. Rogelio Frigerio, el cómplice que apoyó todo, quedó helado.
 
La derrota fue consecuencia de una errónea estrategia parlamentaria. El proyecto fue aprobado en general, pero la votación fue negativa para el renglón que incluía la derogación del financiamiento universitario, fondos para atender la discapacidad, el recorte de subsidios energéticos (zona fría), el pago de compensaciones a Cammesa y el giro de la cuota de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires (añadido a último momento para salvar la votación).
 
Los diputados alineados con Frigerio y los sectores que acompañan la gestión de Milei votaron a favor del proyecto: Beltrán Benedit (La Libertad Avanza), Andrés Laumann (La Libertad Avanza), Alicia Fregonese (PRO) y Francisco Morchio (Encuentro Federal / PRO-ER), Estos legisladores votaron el Presupuesto 2026 sin decir una sola palabra en su defensa, siguiendo al gobernador en su apoyo total al anarco capitalista y su nefasto experimento económico. Un silencio cómplice que perjudica a Entre Ríos. Frigerio tendrá que gestionar la provincia con menores recursos, el PRO diluido y La Libertad Avanza al acecho de la gobernación en 2027, que de momento no piensan en compartir la fórmula.
 
Pero el bochorno mayor fue la compra de voluntades con los ATN previo a la votación. A lo Kueider. Pero los ATN no son un premio ni deben comprar nada; son de las provincias. El Presupuesto aprobado ha generado una fuerte controversia por su impacto negativo en las arcas provinciales. Aunque el Gobierno de Milei logró el apoyo de varios gobernadores a cambio de "limosnas" en ATN, el esquema general profundiza un modelo de saqueo fiscal que recae directamente sobre el interior federal. Veamos un detalle de los puntos por los cuales este presupuesto perjudica a las provincias:
 
- Continua el "cepo" a la Obra Pública. El presupuesto 2026 consolida la decisión de no iniciar nuevas obras públicas con fondos nacionales. La mayoría de las provincias dependen de los giros de la Nación para infraestructura (rutas, escuelas, cloacas). El nuevo esquema traslada esa responsabilidad financiera a las provincias o al sector privado, lo cual es inviable para muchas jurisdicciones del interior. Incluso el mantenimiento de rutas nacionales carece de partidas suficientes en términos reales, lo que se traduce en accidentes y muertes.
 
- Siguen las transferencias discrecionales como "Moneda de Cambio". Si bien las transferencias automáticas (ley de coparticipación) se mantienen, las transferencias no automáticas (fondos discrecionales y ATN) se han convertido en una herramienta de extorsión política. El presupuesto le da a Milei un amplio margen para decidir a quién enviar fondos extras (Aportes del Tesoro Nacional - ATN). Esto obliga a los gobernadores a negociar "voto a voto" y apoyar cada ley en el Congreso para obtener fondos que antes llegaban de forma regular.
 
- Se profundiza el desfinanciamiento de educación y salud. Aunque el Congreso logró rechazar el artículo que derogaba la Ley de Financiamiento Universitario, el presupuesto general mantiene techos de gasto muy bajos. La eliminación definitiva de fondos que antes cubría Nación obliga a las provincias a usar recursos propios para pagar salarios docentes si no quieren que los sueldos caigan mucho frente a la inflación. Además, varias provincias (incluida Entre Ríos) mantienen el reclamo por la falta de giro de fondos para cubrir los déficits de sus cajas de jubilaciones no transferidas, un punto que el presupuesto 2026 no resuelve de manera automática. Esto obligará a mayores ajustes provinciales.
 
Uno de los puntos más críticos, denunciado por el entrerriano Guillermo Michel, es la Reducción de la Coparticipación en la Reforma Laboral truculenta, que no tiene nada a favor de los trabajadores y que se trata en el Senado, y afecta al presupuesto. La reducción de contribuciones patronales y cambios en el Impuesto a las Ganancias de sociedades, para beneficiar a los más ricos, implica una caída en la recaudación nacional. Al ser impuestos coparticipables, cualquier baja en su recaudación reduce automáticamente la masa de dinero que la Nación envía a las provincias. Se estima que esta reforma podría costar cerca del 0,8% del PBI, afectando directamente los fondos que reciben las provincias. 
 

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