09:47 | Sabado 25 de Octubre de 2013 | Entre Ríos
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Entre Ríos - 13-10-2020 / 19:10
IMPUTADO POR LOS DELITOS DE PRESUNTAS NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES, PECULADO Y COHECHO
Sergio Urribarri no realizó declaraciones y presentó un escrito
El embajador argentino en Israel y Chipre, Sergio Urribarri, declaró a través de una plataforma virtual.
El ex gobernador y actual embajador argentino en Israel y Chipre, Sergio Urribarri, decidió no realizar declaraciones en el marco de la causa que lo investiga junto al empresario paraguayo y presunto testaferro de Urribarri, Diego Armando Cardona Herreros. Están imputados por los delitos de presuntas Negociaciones incompatibles, peculado y cohecho.
Urribarri se presentó formalmente ante la Justicia y desplegó un escrito en donde negó las acusaciones. Su presentación duró tan sólo 20 minutos, ya que se presentó 13.30 y para las 13.50 ya había finalizada la videoconferencia.
"Tengo la tranquilidad de haber hecho las cosas como corresponde y el orgullo de haber llevado adelante una gestión transformadora de la mano de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, quienes escribieron uno de los capítulos más importantes en la historia argentina y entrerriana", manifestó el exgobernador en declaraciones enviadas a la prensa.
Aseguró que todos sus actos de gobierno fueron aprobados por los organismos de control, argumento que han utilizado varios dirigentes en el marco de causas que investigan delitos de corrupción y que la Justicia ya ha rechazado como argumento válido: que un órgano de control administrativo no haya detectado irregularidades no tiene una correlación directa con el actuar de la Justicia en la investigación de un posible delito.
"Nada va a poder borrar las 154 escuelas nuevas que hicimos, los hospitales, los 1.800 kilómetros de rutas, las 20.000 soluciones habitacionales, los centros de convenciones, los 1.700 kilómetros de fibra óptica, uno de los dos centros de medicina nuclear más avanzados del país, la estación transformadora de energía de Paraná, la reducción de la mortalidad infantil al nivel más bajo de la historia, la declaración de provincia libre de analfabetismo y, en general, una gestión que reparó deudas históricas con acciones que todos los entrerrianos tienen muy presentes", aseveró.
Mencionó que entre 2007 y 2015 "Entre Ríos se convirtió en una provincia de perfil agroindustrial, se incentivó el conocimiento, se diversificó la producción, y repasó indicadores tales como el incremento del trabajo registrado en un 21%, del salario real en un 158,6%, la reducción del trabajo infantil en un 66%, el crecimiento de la clase media en un 48%, y la suba de las exportaciones de manufacturas en un 102,8%", expresó una gacetilla de prensa enviada por el propio exgobernador.
"En esos años, Entre Ríos fue la principal productora avícola, de cítricos dulces y de arándanos del país; la segunda productora nacional de arroz, del sector apícola y de insumos farmacéuticos y veterinarios; la tercera productora nacional en el sector ganadero y foresto industrial; y la cuarta provincia productora de oleaginosas, lácteos y porcinos", enumeró.
Acto seguido, agregó: "Voy a seguir estando siempre a derecho, dando todas las explicaciones que tenga que dar al respecto, y mientras tanto voy a seguir desarrollando con total compromiso y empeño la tarea que hoy tengo como embajador, que representa para mí un inmenso honor y una gran responsabilidad".
En un escrito con el que Urribarri acompañó su declaración, el exgobernador se defendió y aseuguró que en la actividad administrativa que es objeto de análisis judicial fue "regular y legal, y que toda la documentación respectiva fue preparada por las líneas técnicas del Estado provincial".
Señaló también que "todo el gasto insumido fue erogado con la intervención de todos los órganos de control: Secretaría Legal y Técnica, Contaduría General, Tesorería General, Tribunal de Cuentas y el Poder Legislativo al considerar la cuenta general del ejercicio".
Más adelante, se indicó que "las licitaciones analizadas concretaron actos regulares inscriptos en el marco más estricto de las competencias y funciones de gobierno y como tales son definibles como cuestiones políticas no judiciables".
"Las contrataciones fueron absolutamente legales y se dispusieron para atender los fines públicos legítimos fijados en los decretos que las ordenaron y las aprobaron, con los fundamentos sólidos que ellos explicitan", finalizó.
Fuente: Análisis Digital
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