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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 11-10-2020 / 11:10
GOBERNAR Y PERSUADIR: EL DESAFÍO DE ENCONTRAR UNA NARRATIVA PARA ESTA ÉPOCA

Lucha popular contra la concentración de la riqueza

Lucha popular contra la concentración de la riqueza
Hay algo más que caracteriza a esta microclase de súpericos argentinos: en la inmensa mayoría de los casos, sus papás son supericos y sus abuelos también. Y además lo tienen todo afuera. Un relevamiento muestra que esos multimillonarios tienen el 83 por ciento de su dinero en el exterior.
En Argentina, unas pocas manos concentran una cantidad enorme de riqueza, con el agravante de que esa riqueza la sacan del sistema para dolarizarse y fugarla, de manera tal que sus fortunas quedaron desenganchadas del destino del país.
 
Si al país le va bien, a ellos les va bien, como sucedió durante los doce años de gobiernos peronistas, en los que amasaron ganancias récord. Si al país le va mal, en cambio, a ellos les va mejor, como pasó recientemente en el gobierno de Mauricio Macri. No tienen ningún incentivo para apostar por el desarrollo; más bien todo lo contrario.
 
Hay algo más que caracteriza a esta microclase de súpericos argentinos: en la inmensa mayoría de los casos, sus papás son supericos y sus abuelos también. Y además lo tienen todo afuera. Un relevamiento muestra que esos multimillonarios tienen el 83 por ciento de su dinero en el exterior.
 
La resistencia cerrada de la oposición al impuesto a esos millonarios, desnuda el problema que paraliza a la política argentina desde hace una década, y es que existe un formidable aparato mediático y cultural cuyo fin último es convencer al 99,9 por ciento de la sociedad de que sus intereses coinciden con los del 0,1 más rico. Que todos van a verse beneficiados por sus ganancias. Que las regulaciones son malas. Que los sueldos argentinos estaban caros. 
 
Spoiler: ese 0,1 por ciento es la misma élite que ha tomado siempre las decisiones importantes sobre el rumbo del país, con escasas excepciones, a mediados del siglo pasado y comienzos de este, que coinciden con los momentos de mayor crecimiento con redistribución de la historia.
 
Fueron las políticas adoptadas por esa casta las que causaron cada una de las grandes crisis que mancaron la economía argentina desde la década del 70, desviando al país de la senda del desarrollo. De cada una de esas crisis, ellos salieron más ricos y el resto salimos más pobres.
 

 
El lunes, el dólar negro comenzará la semana alrededor de los 170 pesos, 20 pesos más que un lunes antes y casi 50 pesos más que hace un mes. El Banco Central no controla el precio de la moneda ni puede contener la sangría de reservas.
 
Las respuestas erráticas del gobierno se demuestran insuficientes para doblar la muñeca de los especuladores que inflan artificialmente el valor local de la divisa norteamericana (que en el mundo real, por el contrario, está devaluándose) con la doble intención de desestabilizar al peronismo en el poder y en el interín embolsar pingües ganancias.
 
La corrida no es contra el peso, es contra el valor del trabajo de (casi) todos los argentinos, perpetrada por unos pocos, que tienen su patrimonio dolarizado y se vuelven más ricos con cada salto de esa moneda.
 
Son los mismos que ganaron durante los cuatro años de macrismo apostando a la bicicleta, mientras la economía real se convertía en tierra arrasada. El resultado en ambos casos es igual: ricos que se vuelven cada vez más ricos y el resto de la sociedad que se desliza de manera inexorable hacia la base de una pirámide cada vez más ancha y puntiaguda.
 
Esa parece ser la fórmula global de esta etapa tardía del capitalismo del siglo XXI. Esta semana se conoció un estudio publicado por la consultora PwC y el banco suizo UBC que reporta que el patrimonio acumulado de las personas con una fortuna superior a los mil millones de dólares creció un 27,5 por ciento durante la pandemia.
 
En simultáneo, el Banco Mundial daba a conocer un informe en el que estiman que en el mismo período hubo 150 millones de personas en el mundo que cayeron en la pobreza extrema. El coronavirus acelera cambios que son más profundos y ya estaban en marcha.
 
Otros reportes muestran escenarios aún más complejos: la ONG yanqui Oxfam, de lucha contra el hambre, habla de 500 millones de nuevos pobres mientras las 32 corporaciones más grandes del planeta acumularon beneficios por 109 mil millones de dólares en 2020.
 
Un ejercicio creativo ayuda a ilustrar el estado de la situación. Si Jeff Bezos, el hombre más rico de la Tierra, le otorgara a cada uno de los 875 mil empleados que tiene su firma Amazon un bono por única vez de 100 mil dólares, el balance de su cuenta todavía tendría más dinero que el que tenía antes de marzo.
 
Es difícil predecir hasta dónde se puede estirar esa brecha sin que las cosas empiecen a ponerse (más) violentas, pero es más difícil aún imaginarse un desenlace diferente.
 
La víctima colateral, que corre un riesgo mayúsculo en esta época, es la democracia tal como la conocimos en el final del siglo XX, que ya no es la herramienta ideal para proteger los intereses de la élite y tampoco sirve para garantizar los derechos básicos de la abrumadora mayoría.
 
Gestionar ese conflicto es el desafío de la política en estos años que nos toca vivir. Si fracasa, vendrá algo nuevo; cuesta imaginar que sea mejor.
 
 
Las crisis de los meritócratas de papá
 
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) está preparando un estudio completo sobre la evolución de las principales fortunas del país durante la pandemia.
 
Algunos datos preliminares sobre la situación previa a la llegada del virus dan cuenta del grado de concentración: "En la Argentina hay 440 personas, un 0,001 por ciento de la población, que acumulan un patrimonio que representa entre el 6,5 y el 9 por ciento del total la riqueza", explica su director Hernán Lechter.
 
"Y además lo tienen todo afuera". El mismo relevamiento muestra que esos multimillonarios tienen el 83 por ciento de su dinero en el exterior.
 
El estudio que realizó el diputado Carlos Heller como paso previo al tratamiento del proyecto de ley de impuesto extraordinario a las principales fortunas del país muestra un escenario similar. 9 mil personas, con más de 200 millones de pesos declarados en blanco, están alcanzadas.
 
Entre ellas, sólo 253 caen en la alícuota más alta (más de 3 mil millones de pesos de patrimonio) y su aporte representa la mitad de los 300 mil millones de pesos que el gobierno espera recaudar en total. Es un paso en el camino correcto, que debe pavimentarse con una reforma tributaria progresiva y que simplifique el babélico sistema fiscal argentino.
 
Hay algo más que caracteriza a esta microclase de super ricos argentinos: en la inmensa mayoría de los casos, sus papás son super ricos y sus abuelos también.
 
Según un estudio realizado en el año 2017 por el Instituto Peterson de Economía Internacional, con sede en Washington e insospechado de kukismo, la herencia es el origen del 80 por ciento de las fortunas del país que superan los mil millones de dólares, una marca altísima comparada con Brasil (47,7%), México (37,5%), España (53,8%), Italia (37,1%) o los Estados Unidos (28,9%). El 20 por ciento que se hizo a sí mismo, lo hizo en el sector financiero. Méritos.
 
 
Un Presidente en búsqueda de una narrativa propia
 
Esta semana, todos recordaremos a Perón. De todas las citas que van a poder leer, hay una que adquiere relevancia en este contexto histórico: "Mandar es obligar, gobernar es persuadir. Y al hombre es mejor persuadirlo que obligarlo. Esa es nuestra tarea: ir persuadiendo a todos los argentinos para que comencemos a patear todos para el mismo arco; es decir, hacia los objetivos de nuestro país, hacia las necesidades de nuestro pueblo".
 
Descuento que cuando hablaba de "todos", Perón estaba haciendo un redondeo grosero. Hay quienes no se dejarán persuadir nunca. El 0,1%. Pero son muy pocos.
 
Lo interesante de esa premisa, "gobernar es persuadir", es que ahorra un montón de discusiones estériles entre la diferencia de los problemas políticos y los problemas de comunicación. Si gobernar es persuadir, gestionar y comunicar la gestión son una misma cosa, indivisible.
 
Todo gobierno necesita un relato, una narración que explique de manera sencilla y contundente quiénes son y hacia dónde van y cuáles son las herramientas que vale usar en la búsqueda de ese objetivo. Este es un gobierno que se deja relatar por otros, que no se narra a sí mismo, y que cuando lo intentó no pudo sostenerlo.
 
El relato inicial prometía dejar atrás la grieta, pero fue bombardeado desde el primer día por la oposición, que no está interesada en consensos sino en capitulaciones. La pandemia dejó en offside el relato de volver a poner de pie la economía del país y una floja gestión de política sanitaria después de los primeros cien días echó por tierra el relato de cuidar las vidas antes que la economía.
 
Hoy tenemos 25 mil muertos y la economía no termina de arrancar. Consecuencias políticas, concretas, de problemas de comunicación. Hacer, cuidar y persuadir. Las tres tareas irrenunciables de cualquier gobierno.
 
El período más virtuoso del ciclo kirchnerista tuvo lugar entre 2009 y 2011. Un gobierno con minoría en el Congreso, una oposición saboteadora, saliendo de una crisis financiera brutal y en guerra abierta con los grupos empresarios y mediáticos, tuvo sus mejores años, logrando avanzar en iniciativas clave que expandían su base de apoyo electoral, metían cuña en la unidad opositora, tomaban la agenda por asalto y repercutían en una mejora concreta en la vida de los argentinos.
 
El resultado de eso fue un plebiscito en primera vuelta con más del 54 por ciento de aprobación del electorado, un caudal histórico.
 
El relato que sirvió como guía para esa formidable resurrección del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner era "democracia contra corporaciones". Fue tan potente que la única forma que encontró la oposición de derrotarla en las urnas era proyectar, a través de su dispositivo mediático y cultural, un escenario en el que la corporación más poderosa y la que mayor peligro representaba para la democracia era el propio kirchnerismo.
 
Es hora de que Alberto Fernández encuentre su propia narrativa, que no puede ser la de Alfonsín, ni la de los Kirchner, si quiere tener un final diferente.
 
Y ahí están estos super ricos que no se rigen por las mismas leyes que nos controlan a nosotros, que no caminan por las mismas calles, ni viajan en los mismos vehículos, una auténtica casta que se coloca más allá del principio mismo de ciudadanía, que guarda para sí recursos capaces de solucionar buena parte de los problemas de los 50 millones de argentinos, en cuentas secretas en guaridas fiscales, inertes, sin producir otra cosa que no sea intereses.
 
El adversario perfecto para una saga de proporciones épicas. Una gesta a la altura de aquella que esta semana cumple 75 octubres.
 
Por Nicolás Lantos
 
Fuente: El Destape
 

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04-01-2026 / 17:01
La doctrina "Donroe" (Donald + Monroe) arrasa con la prevención que tuvo hasta George W. Bush para no ser confundido con la ilegalidad de los setenta en América Latina. Al amigo narco de Honduras, todo; al dictador "comunista" de Venezuela, ni justicia. Sin épica, ni coherencia, ni discurso; prima la violencia de los hechos. Milei se recluye en el papel que se asignó: rabia y goce.
 
Aunque Trump gaste algunas palabras sin convicción, no promete la victoria de la libertad frente al totalitarismo como en la Guerra Fría, ni la primacía de la razón en el choque de civilizaciones desatado tras la caída del Muro de Berlín. Vocifera la guerra contra el comunismo, un enemigo casi inexistente. En rigor, el magnate no dedica mucha energía al engaño: quiere asegurar(se) negocios.
 
Ayer se cumplió un mes del indulto de Trump a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York. Testimonios tomados en cuenta por el jurado indican que Hernández recibió al menos USD 1 millón del Chapo Guzmán y que se vanagloriaba de "meter la droga a los gringos en sus narices".
 
El fallo del jurado fue unánime, pero, como Hernández es derechista y su delegado en la elección reciente de Honduras, Nasry Asfura, promete seguir la agenda ultra, Trump lo dejó en libertad. Maduro será trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico en los próximos días. Probablemente le tocará el mismo tribunal que juzgó a Hernández, pero éste lo mirará desde alguna finca de lujo entre Florida o Tegucigalpa.
 
Tampoco hay que prestar atención a los versículos sobre el amor por la democracia y contra los crímenes de lesa humanidad. Ello no está en la agenda real de Trump ni de Milei. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene pedido de captura de la Corte Penal Internacional por sus supuestos crímenes de lesa humanidad, mientras Israel como Estado es juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia.
 
Son procesos que se rigen por el derecho internacional, con acusaciones, testigos, expertos y defensas garantizados por la ley. El presidente estadounidense no sólo desconoce esos procesos, sino que activa sanciones abusivas contra investigadores, jueces y fiscales que los llevan a cabo.
 
Maduro se transformó en un dictador y está acusado de delitos contra la humanidad, pero nadie puede sospechar que un mandatario, Trump, que dispara misiles contra barcazas y coquetea con supremacistas de su país tiene alguna intención real de combatir el narcotráfico ni los abusos de los derechos humanos. Qué decir de Milei, gozador patológico con los apaleamientos a jubilados y familiares de discapacitados, y negacionista del terrorismo de Estado.
 
El Presidente y los suyos entraron en éxtasis ayer por la mañana. Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y uno de los fieles de mayor peso de gurú Santiago Caputo, se sintió poseído por un protagonismo hollywoodense para explicar la razón real del ataque de Trump a Venezuela.
 
"Why? Because we fucking can. And if we can, we do" ("¿Por qué? Porque podemos, carajo. Y si podemos, lo hacemos"). Su segundo mensaje fue contra Axel Kicillof. "Sos un zurdo hijo de puta que defiende dictadores, asesinos y narcotraficantes. No metas a los bonaerenses en tu mierda, forro", posteó el jefe de la oposición de la principal provincia argentina ante la condena del gobernador de Buenos Aires a la intervención armada yanqui.
 
No se trató de un arrebato circunscripto a un integrista católico enardecido como Romo. Pablo Quirno, veterano del JP Morgan, ahora ocupa el cargo de canciller. También se dirigió a Kicillof a través de un reposteo. "Ya que les gusta tanto el derecho, empezá por cerrar bien el orto, enano comunista". La brutalidad de la época avergüenza, pero la historia demostró que no concluye en sus destellos más revulsivos.
 

02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

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