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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 11-10-2020 / 10:10
LOS DESAFÍOS DEL GOBIERNO Y LAS AGENDAS EN DEBATE

Alberto frente a una oposición intratable y los medios sin escrúpulos

Alberto frente a una oposición intratable y los medios sin escrúpulos
El presidente Alberto Fernández innovó en la táctica sanitaria y retomó, en buena hora, el formato de anuncios anteriores. Resolvió restricciones intensas y transitorias en departamentos de 18 provincias, tras dialogar largas horas con los gobernadores. Lo escenificó acompañado por tres: el radical jujeño Gerardo Morales, el neuquino Omar Gutiérrez, el peronista santafesino Omar Perotti. Medió autocrítica, en acto, de la desangelada presentación de tres semanas atrás.
El gobierno de Alberto Fernández se topó con una coyuntura atroz. En el inventario se agrega una oposición intratable y un sistema de medios hegemónico desprovisto de escrúpulos y de apego a la verdad. Trajina con la indignación, el simplismo.
 
Apela una y otra vez a emociones primitivas (con el odio a la cabeza), a lecturas binarias, a presentar un cuadro de situación terminal con soluciones sencillas, exóticas a la praxis oficial. Responderle en tono y estridencia similar es, cuanto menos, un pelotazo en contra.
 
La agenda opositora viene siendo más eficaz que la oficial. Por astucias propias, por su poder y también por carencias del Gobierno. "No podemos mantener un anuncio auspicioso en agenda por un día", autorretratan funcionarios de primer nivel. Agrava el cuadro la propensión a enzarzarse en polémicas ajenas al sentir y las necesidades acuciantes de los argentinos.
 
La agenda de las realizaciones sufrió los vaivenes de la peste y de su duración impensada. A partir de marzo, el Gobierno abandonó ciertas propuestas valiosas, como el Consejo Económico Social. Demoró demasiado en llevar al Congreso el "impuesto a las grandes fortunas". Discontinuó las tratativas con Rodríguez Larreta sobre la coparticipación excedente que Macri regaló a la CABA. Tardó en reglamentar la "ley de Góndolas". Son errores.
 
Se pospuso una gran promesa de campaña, una bandera de mayorías sociales: la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Existen buenos motivos, desde la desmovilización callejera hasta las prioridades del sistema de Salud. La definición, el sacrificio, se explica como un reconocimiento a las limitaciones.
 
La pobreza, el desempleo, el agravamiento de indicadores sociales, laborales y económicos fuerzan una lógica de "contradicción principal". Cuestiones relevantes se tornaron adjetivas, un gobierno popular tiene que revisar su agenda, reparando en sus aciertos que los hay y pensando en cómo reforzarlos o recalcularlos.
 

 
El presidente Alberto Fernández innovó en la táctica sanitaria y retomó, en buena hora, el formato de anuncios anteriores. Resolvió restricciones intensas y transitorias en departamentos de 18 provincias, tras dialogar largas horas con los gobernadores.
 
Lo escenificó acompañado por tres: el radical jujeño Gerardo Morales, el neuquino Omar Gutiérrez, el peronista santafesino Omar Perotti. Medió autocrítica, en acto, de la desangelada presentación de tres semanas atrás.
 
La abrumadora y abrumada mayoría de los mandatarios provinciales las pidió y avala. El reclamo de intensificar la prevención, restringiendo determinados derechos, tuvo base federal, pluralista. La habían anticipado ministros provinciales de Educación en un encuentro con su par nacional, Nicolás Trotta. De comarcas bien distintas.
 
El cordobés Walter Grahovac y la santafesina Adriana Cantero descollaron fundando el rechazo a un prematuro regreso a las clases presenciales. La realidad de sus terruños los induce a la cautela, lejos de la sobreactuación peligrosa del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
 
Ya que estamos: probando que el ala más transigente de Juntos por el Cambio tampoco representa (ni menos conduce) a autoridades de otros partidos, muy representativos fronteras adentro.
 
Las medidas, cuyo alcance geográfico y detallado se desconoce en detalle, son más acotadas y factibles que el "botón rojo". Alberto Fernández adoptó un camino sofisticado y mutante, como el virus. Responsable, no se resignó a quedarse de brazos cruzados en el peor momento de contagios y muertes. Sensato, tampoco cedió a la tentación de repetir recetas que caducaron.
 
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La gente común:
 
El ánimo colectivo desaconseja una vuelta atrás o, en una de esas, la torna imposible. Los académicos Pablo Semán y Ariel Wilkis formulan un excelente abordaje de la cuestión en El Dipló. "¿Por qué no obedecemos?", interrogan.
 
El uso de la primera persona del plural en el título precede a un análisis sereno y matizado, palabras que usamos como sinónimos. Parafraseamos algunos conceptos.
 
La pandemia fue inesperada, tanto como su duración. La anuencia inicial al discurso presidencial, el saber de los epidemiólogos y la consigna "quedate en casa" fueron objeto de relecturas.
 
Escriben Semán y Wilkis: "Las personas han incorporado activamente el conocimiento epidemiológico integrándolo a la vida cotidiana, lo que dio lugar a una epidemiología 'popular' o 'cotidiana' que es parte constitutiva del uso real de la norma".
 
Y rematan su intervención: "Las experiencias de la sociedad no pueden ser desconocidas, rechazadas ni negadas. Deben ser comprendidas (...) las expectativas políticas y sanitarias deben ajustarse a estos conocimientos, superando la inercia de las narrativas épicas, la metáfora de la guerra y la ilusión de que todo el mundo podría comportarse como un epidemiólogo todo el tiempo".
 
La mudanza de las conductas sociales no es consecuencia de la prédica del ala extrema de la oposición de derecha. Mejor dicho: no es exclusiva consecuencia ni ésta es su principal causa. Una de las fallas de la comunicación oficial es engolosinarse en enfrentar a ese adversario, magnificándolo. Atribuirle un consenso del que carece, lejos.
 
Los reflejos colectivos, de personas de diversas edades, clases sociales, laburos o desempleos, territorios, no obedecen a las minorías excitadas que participan en los banderazos. La gente común existe, quizás distante de las polémicas favoritas de la subcultura política.
 
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Comunicación es política y viceversa:
 
Cualquier comunicación oficial precisa una narrativa aunque (o porque) está condenada al cotejo con las realizaciones. "Decir" y "hacer" no son categorías sencillamente diferenciables, como en la consigna famosa. Siempre es un bajón comunicar en contextos adversos, transmitir malas noticias. No hay manera de transformarlas en mensajes gratificantes.
 
 
Mirando en perspectiva, perdió sentido la Reforma Judicial. La cuestión es exótica cuando impera la covid-19. No impactará en el cotidiano de la gente de pie hasta dentro de un par de años, en el mejor de los supuestos. La movida era deseable, en diciembre o en marzo. Devino anacrónica o desconectada durante la anormalidad.
 
En cuestiones así, tener razón no basta para convencer a la audiencia, ajena al tópico en cuestión. Ganar ese debate es una quimera. A esta altura, el oficialismo solo puede minimizar costos. Lo hace, de alguna manera, demorando el tratamiento en Diputados.
 
Podrá replicarse que estos comentarios se formulan con el diario del lunes. Desde ya. Así se escriben la historia, las crónicas y se piensa la política por venir.
 
De nuevo, solo como ejemplos. El Presupuesto 2021 correctamente mantiene las partidas para ayuda alimentaria, aunque se puede suponer que la demanda podrá atenuarse un poco. Pero no asigna recursos para sostener el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
 
Hace cuatro o cinco meses varíes funcionarios promovían un Ingreso Ciudadano, por esencia universal, complejo y costoso. Se desistió, por motivos pragmáticos, razonables. Desbaratar el IFE deja la sensación de ser excesivo, un avance de la lógica de los equilibrios fiscales sobre la política social del Frente de Todos (FdT).
 
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Confrontar, saber ganar:
 
Los debates públicos presuponen jerarquías e implican antagonismos. Se discute para atraer voluntades tanto para mejorar la correlación de fuerzas. Robustecer el campo propio y debilitar o dividir al rival, objetivos perennes.
 
El oficialismo, cuando se enfrasca en temas poco atractivos, abroquela al adversario. Las internas del FdT son más resonantes que las de la oposición. Hay algunas propias de la división de roles como las que enfrentan al titular del Banco Central, Miguel Pesce, y al ministro de Economía, Martín Guzmán. La opo hinca el diente en ellas...  Eppur existen y se divulgan con fallas notorias.
 
La omnipresencia de Cristina, un caballito de batalla falaz de los contrincantes, a menudo es fomentada por dichos y querellas del equipo de gobierno.
 
La fruición por el tuit veloz es disfuncional para una comunicación armónica, sincronizada. La profesionalidad raya alto entre los deberes de los funcionarios. Ceder al impulso, una jactancia de los individualistas.
 
El mismo AF se apresuró a criticar al presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, cuando el tribunal analizaba el pedido de per saltum referido al relevo de los tres jueces federales. Rosenkrantz merece un container de reproches... sería astuto saber administrarlos.
 
En esta ocasión, la crítica unificó (provisionalmente) a los cortesanos. El espíritu corporativo tira más que una yunta de bueyes. Los Supremos reaccionaron ante el embate de afuera con cohesión de la que carecen o que tienen pegada... con materia perecedera y poco agradable.
 
"¿Es más importante Bruglia que Guernica?", interroga el periodista Martín Rodríguez en La Política Online. Una pregunta inteligente fomenta respuestas acordes. En la carencia, los mejores objetivos tienen que ser percibidos de volea por los ciudadanos.
 
Cuando amaneció en la Casa Rosada el añorado presidente Néstor Kirchner sabía afirmar: "Todos los días tenemos que tomar una medida pro- gente". La contingencia era menos grave que la actual, el apotegma sigue en pie.
 
Tomando la pregunta de Rodríguez uno piensa que mil nuevos puestos de trabajo (una cifra infinitesimal en la crudeza macro) valen más que diez Bruglias. Y la gente lo captaría bien, en especial los beneficiarios.
 
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El rumbo y las tácticas:
 
El inminente aniversario de la partida de Néstor Kirchner aviva reinterpretaciones. Hombre de convicciones firmes, supo elegir cuándo y cómo confrontar. Se jugó a fondo contra la Corte Suprema, recién llegado y arriesgando.
 
Pulseó firme con los bonistas privados, desoyendo el canto de sirena de los gurúes económicos. Hizo caso omiso a las amenazas del Fondo Monetario Internacional (FMI), del que se desvinculó pagando la totalidad de la deuda. Privilegió la real politik cediendo ante Juan Carlos Blumberg porque leía que estaba en juego la gobernabilidad. Quien les habla disintió aquella vez, porque cada cual tiene su lugar y sus deberes.
 
Kirchner intentó la transversalidad, que no pudo concretar. Confrontó con el ex presidente Eduardo Duhalde mientras tejía alianzas con una dirigencia peronista que estaba bastante a su derecha. Armó la Concertación Plural.
 
La reseña incompleta recorre cambios en la hoja de ruta, en un contorno más propicio que el actual.
 
El mapa argentino y el mundial se convulsionaron demasiadas veces desde diciembre de 2019. Redibujar la hoja de ruta es necesidad y urgencia. Un elenco pensado para otro planeta tal vez debe ser remozado para afrontar la nueva anormalidad. La capacidad del Gabinete para comunicar y reforzar la palabra presidencial tiene que ser mejorada.
 
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Responsabilidad y convicciones:
 
Días atrás el psiquiatra Santiago A. Levin escribió en Página/12: "El campo comunicacional queda librado al sector que medra con la confusión y con el caos, y la estrategia sanitaria fracasa (...)  La prioridad sanitaria en este momento es el diseño de una política de comunicación estatal que unifique, que conduzca y que informe".
 
"Que conciba a la responsabilidad sanitaria no solo como una libre decisión individual, sino principalmente como el resultado de una apelación a construir tejido social a partir de la consideración del otro, de la ternura hacia el otro, del amor por el bienestar de todos y de todas. Y ello se logra con palabras, con metáforas y con gestos dirigidos al conjunto. Esta operación se llama comunicación social, y es la pieza clave que nos está faltando".
 
La columna citada versa sobre política sanitaria pero puede proyectarse de modo más general. Con un añadido sustancial: para comunicar mejor es necesario hacer pie en medidas de orientación progresista y popular. El "impuesto a las grandes fortunas", por caso, podrá ser objetado o judicializado pero son nítidas su intención y los campos que delimita. Mucha gente lo comprende o comprenderá.
 
La disputa de fondos entre la Nación y la CABA dirime recursos escasos, con justicia distributiva.
 
Ese sentido debe orientar un mini plan de acción para los meses venideros en los que la gente común tiene en mira vacaciones, mejorar un poco en materia de ingresos, recuperar trabajo, ver si los pibes van a la escuela. Afanes comprensibles que se deben conjugar con las restricciones sanitarias... menudo problema.
 
Los intereses concentrados atacan siempre, gritan como el tero por "la Justicia" mientras empujan una devaluación catastrófica. El colega David Cufré pintó bien esa pugna, con final abierto y peligroso.
 
Contra viento y marea, debiendo asumir que las herramientas y las metas tienen que aggiornarse, Alberto Fernández conserva la posibilidad de hacer revisando aciertos y fallas de los meses recientes.
 
La iniciativa es patrimonio de los gobiernos, su mayor recurso para atender al mandato de las urnas. Que sigue siendo claro aunque la malaria haya reformulado las demandas.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
La Opinión Popular
 

05-02-2026 / 11:02
Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.
 
Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.
 
El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.
 
Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.
 
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.
 
Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.
 
La Opinión Popular
 

04-02-2026 / 11:02
A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).
 
Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".
 
En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.
 
Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).
 
Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.
 
Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.
 
Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".
 
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