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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 11-10-2020 / 10:10
LOS DESAFÍOS DEL GOBIERNO Y LAS AGENDAS EN DEBATE

Alberto frente a una oposición intratable y los medios sin escrúpulos

Alberto frente a una oposición intratable y los medios sin escrúpulos
El presidente Alberto Fernández innovó en la táctica sanitaria y retomó, en buena hora, el formato de anuncios anteriores. Resolvió restricciones intensas y transitorias en departamentos de 18 provincias, tras dialogar largas horas con los gobernadores. Lo escenificó acompañado por tres: el radical jujeño Gerardo Morales, el neuquino Omar Gutiérrez, el peronista santafesino Omar Perotti. Medió autocrítica, en acto, de la desangelada presentación de tres semanas atrás.
El gobierno de Alberto Fernández se topó con una coyuntura atroz. En el inventario se agrega una oposición intratable y un sistema de medios hegemónico desprovisto de escrúpulos y de apego a la verdad. Trajina con la indignación, el simplismo.
 
Apela una y otra vez a emociones primitivas (con el odio a la cabeza), a lecturas binarias, a presentar un cuadro de situación terminal con soluciones sencillas, exóticas a la praxis oficial. Responderle en tono y estridencia similar es, cuanto menos, un pelotazo en contra.
 
La agenda opositora viene siendo más eficaz que la oficial. Por astucias propias, por su poder y también por carencias del Gobierno. "No podemos mantener un anuncio auspicioso en agenda por un día", autorretratan funcionarios de primer nivel. Agrava el cuadro la propensión a enzarzarse en polémicas ajenas al sentir y las necesidades acuciantes de los argentinos.
 
La agenda de las realizaciones sufrió los vaivenes de la peste y de su duración impensada. A partir de marzo, el Gobierno abandonó ciertas propuestas valiosas, como el Consejo Económico Social. Demoró demasiado en llevar al Congreso el "impuesto a las grandes fortunas". Discontinuó las tratativas con Rodríguez Larreta sobre la coparticipación excedente que Macri regaló a la CABA. Tardó en reglamentar la "ley de Góndolas". Son errores.
 
Se pospuso una gran promesa de campaña, una bandera de mayorías sociales: la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Existen buenos motivos, desde la desmovilización callejera hasta las prioridades del sistema de Salud. La definición, el sacrificio, se explica como un reconocimiento a las limitaciones.
 
La pobreza, el desempleo, el agravamiento de indicadores sociales, laborales y económicos fuerzan una lógica de "contradicción principal". Cuestiones relevantes se tornaron adjetivas, un gobierno popular tiene que revisar su agenda, reparando en sus aciertos que los hay y pensando en cómo reforzarlos o recalcularlos.
 

 
El presidente Alberto Fernández innovó en la táctica sanitaria y retomó, en buena hora, el formato de anuncios anteriores. Resolvió restricciones intensas y transitorias en departamentos de 18 provincias, tras dialogar largas horas con los gobernadores.
 
Lo escenificó acompañado por tres: el radical jujeño Gerardo Morales, el neuquino Omar Gutiérrez, el peronista santafesino Omar Perotti. Medió autocrítica, en acto, de la desangelada presentación de tres semanas atrás.
 
La abrumadora y abrumada mayoría de los mandatarios provinciales las pidió y avala. El reclamo de intensificar la prevención, restringiendo determinados derechos, tuvo base federal, pluralista. La habían anticipado ministros provinciales de Educación en un encuentro con su par nacional, Nicolás Trotta. De comarcas bien distintas.
 
El cordobés Walter Grahovac y la santafesina Adriana Cantero descollaron fundando el rechazo a un prematuro regreso a las clases presenciales. La realidad de sus terruños los induce a la cautela, lejos de la sobreactuación peligrosa del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
 
Ya que estamos: probando que el ala más transigente de Juntos por el Cambio tampoco representa (ni menos conduce) a autoridades de otros partidos, muy representativos fronteras adentro.
 
Las medidas, cuyo alcance geográfico y detallado se desconoce en detalle, son más acotadas y factibles que el "botón rojo". Alberto Fernández adoptó un camino sofisticado y mutante, como el virus. Responsable, no se resignó a quedarse de brazos cruzados en el peor momento de contagios y muertes. Sensato, tampoco cedió a la tentación de repetir recetas que caducaron.
 
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La gente común:
 
El ánimo colectivo desaconseja una vuelta atrás o, en una de esas, la torna imposible. Los académicos Pablo Semán y Ariel Wilkis formulan un excelente abordaje de la cuestión en El Dipló. "¿Por qué no obedecemos?", interrogan.
 
El uso de la primera persona del plural en el título precede a un análisis sereno y matizado, palabras que usamos como sinónimos. Parafraseamos algunos conceptos.
 
La pandemia fue inesperada, tanto como su duración. La anuencia inicial al discurso presidencial, el saber de los epidemiólogos y la consigna "quedate en casa" fueron objeto de relecturas.
 
Escriben Semán y Wilkis: "Las personas han incorporado activamente el conocimiento epidemiológico integrándolo a la vida cotidiana, lo que dio lugar a una epidemiología 'popular' o 'cotidiana' que es parte constitutiva del uso real de la norma".
 
Y rematan su intervención: "Las experiencias de la sociedad no pueden ser desconocidas, rechazadas ni negadas. Deben ser comprendidas (...) las expectativas políticas y sanitarias deben ajustarse a estos conocimientos, superando la inercia de las narrativas épicas, la metáfora de la guerra y la ilusión de que todo el mundo podría comportarse como un epidemiólogo todo el tiempo".
 
La mudanza de las conductas sociales no es consecuencia de la prédica del ala extrema de la oposición de derecha. Mejor dicho: no es exclusiva consecuencia ni ésta es su principal causa. Una de las fallas de la comunicación oficial es engolosinarse en enfrentar a ese adversario, magnificándolo. Atribuirle un consenso del que carece, lejos.
 
Los reflejos colectivos, de personas de diversas edades, clases sociales, laburos o desempleos, territorios, no obedecen a las minorías excitadas que participan en los banderazos. La gente común existe, quizás distante de las polémicas favoritas de la subcultura política.
 
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Comunicación es política y viceversa:
 
Cualquier comunicación oficial precisa una narrativa aunque (o porque) está condenada al cotejo con las realizaciones. "Decir" y "hacer" no son categorías sencillamente diferenciables, como en la consigna famosa. Siempre es un bajón comunicar en contextos adversos, transmitir malas noticias. No hay manera de transformarlas en mensajes gratificantes.
 
 
Mirando en perspectiva, perdió sentido la Reforma Judicial. La cuestión es exótica cuando impera la covid-19. No impactará en el cotidiano de la gente de pie hasta dentro de un par de años, en el mejor de los supuestos. La movida era deseable, en diciembre o en marzo. Devino anacrónica o desconectada durante la anormalidad.
 
En cuestiones así, tener razón no basta para convencer a la audiencia, ajena al tópico en cuestión. Ganar ese debate es una quimera. A esta altura, el oficialismo solo puede minimizar costos. Lo hace, de alguna manera, demorando el tratamiento en Diputados.
 
Podrá replicarse que estos comentarios se formulan con el diario del lunes. Desde ya. Así se escriben la historia, las crónicas y se piensa la política por venir.
 
De nuevo, solo como ejemplos. El Presupuesto 2021 correctamente mantiene las partidas para ayuda alimentaria, aunque se puede suponer que la demanda podrá atenuarse un poco. Pero no asigna recursos para sostener el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
 
Hace cuatro o cinco meses varíes funcionarios promovían un Ingreso Ciudadano, por esencia universal, complejo y costoso. Se desistió, por motivos pragmáticos, razonables. Desbaratar el IFE deja la sensación de ser excesivo, un avance de la lógica de los equilibrios fiscales sobre la política social del Frente de Todos (FdT).
 
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Confrontar, saber ganar:
 
Los debates públicos presuponen jerarquías e implican antagonismos. Se discute para atraer voluntades tanto para mejorar la correlación de fuerzas. Robustecer el campo propio y debilitar o dividir al rival, objetivos perennes.
 
El oficialismo, cuando se enfrasca en temas poco atractivos, abroquela al adversario. Las internas del FdT son más resonantes que las de la oposición. Hay algunas propias de la división de roles como las que enfrentan al titular del Banco Central, Miguel Pesce, y al ministro de Economía, Martín Guzmán. La opo hinca el diente en ellas...  Eppur existen y se divulgan con fallas notorias.
 
La omnipresencia de Cristina, un caballito de batalla falaz de los contrincantes, a menudo es fomentada por dichos y querellas del equipo de gobierno.
 
La fruición por el tuit veloz es disfuncional para una comunicación armónica, sincronizada. La profesionalidad raya alto entre los deberes de los funcionarios. Ceder al impulso, una jactancia de los individualistas.
 
El mismo AF se apresuró a criticar al presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, cuando el tribunal analizaba el pedido de per saltum referido al relevo de los tres jueces federales. Rosenkrantz merece un container de reproches... sería astuto saber administrarlos.
 
En esta ocasión, la crítica unificó (provisionalmente) a los cortesanos. El espíritu corporativo tira más que una yunta de bueyes. Los Supremos reaccionaron ante el embate de afuera con cohesión de la que carecen o que tienen pegada... con materia perecedera y poco agradable.
 
"¿Es más importante Bruglia que Guernica?", interroga el periodista Martín Rodríguez en La Política Online. Una pregunta inteligente fomenta respuestas acordes. En la carencia, los mejores objetivos tienen que ser percibidos de volea por los ciudadanos.
 
Cuando amaneció en la Casa Rosada el añorado presidente Néstor Kirchner sabía afirmar: "Todos los días tenemos que tomar una medida pro- gente". La contingencia era menos grave que la actual, el apotegma sigue en pie.
 
Tomando la pregunta de Rodríguez uno piensa que mil nuevos puestos de trabajo (una cifra infinitesimal en la crudeza macro) valen más que diez Bruglias. Y la gente lo captaría bien, en especial los beneficiarios.
 
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El rumbo y las tácticas:
 
El inminente aniversario de la partida de Néstor Kirchner aviva reinterpretaciones. Hombre de convicciones firmes, supo elegir cuándo y cómo confrontar. Se jugó a fondo contra la Corte Suprema, recién llegado y arriesgando.
 
Pulseó firme con los bonistas privados, desoyendo el canto de sirena de los gurúes económicos. Hizo caso omiso a las amenazas del Fondo Monetario Internacional (FMI), del que se desvinculó pagando la totalidad de la deuda. Privilegió la real politik cediendo ante Juan Carlos Blumberg porque leía que estaba en juego la gobernabilidad. Quien les habla disintió aquella vez, porque cada cual tiene su lugar y sus deberes.
 
Kirchner intentó la transversalidad, que no pudo concretar. Confrontó con el ex presidente Eduardo Duhalde mientras tejía alianzas con una dirigencia peronista que estaba bastante a su derecha. Armó la Concertación Plural.
 
La reseña incompleta recorre cambios en la hoja de ruta, en un contorno más propicio que el actual.
 
El mapa argentino y el mundial se convulsionaron demasiadas veces desde diciembre de 2019. Redibujar la hoja de ruta es necesidad y urgencia. Un elenco pensado para otro planeta tal vez debe ser remozado para afrontar la nueva anormalidad. La capacidad del Gabinete para comunicar y reforzar la palabra presidencial tiene que ser mejorada.
 
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Responsabilidad y convicciones:
 
Días atrás el psiquiatra Santiago A. Levin escribió en Página/12: "El campo comunicacional queda librado al sector que medra con la confusión y con el caos, y la estrategia sanitaria fracasa (...)  La prioridad sanitaria en este momento es el diseño de una política de comunicación estatal que unifique, que conduzca y que informe".
 
"Que conciba a la responsabilidad sanitaria no solo como una libre decisión individual, sino principalmente como el resultado de una apelación a construir tejido social a partir de la consideración del otro, de la ternura hacia el otro, del amor por el bienestar de todos y de todas. Y ello se logra con palabras, con metáforas y con gestos dirigidos al conjunto. Esta operación se llama comunicación social, y es la pieza clave que nos está faltando".
 
La columna citada versa sobre política sanitaria pero puede proyectarse de modo más general. Con un añadido sustancial: para comunicar mejor es necesario hacer pie en medidas de orientación progresista y popular. El "impuesto a las grandes fortunas", por caso, podrá ser objetado o judicializado pero son nítidas su intención y los campos que delimita. Mucha gente lo comprende o comprenderá.
 
La disputa de fondos entre la Nación y la CABA dirime recursos escasos, con justicia distributiva.
 
Ese sentido debe orientar un mini plan de acción para los meses venideros en los que la gente común tiene en mira vacaciones, mejorar un poco en materia de ingresos, recuperar trabajo, ver si los pibes van a la escuela. Afanes comprensibles que se deben conjugar con las restricciones sanitarias... menudo problema.
 
Los intereses concentrados atacan siempre, gritan como el tero por "la Justicia" mientras empujan una devaluación catastrófica. El colega David Cufré pintó bien esa pugna, con final abierto y peligroso.
 
Contra viento y marea, debiendo asumir que las herramientas y las metas tienen que aggiornarse, Alberto Fernández conserva la posibilidad de hacer revisando aciertos y fallas de los meses recientes.
 
La iniciativa es patrimonio de los gobiernos, su mayor recurso para atender al mandato de las urnas. Que sigue siendo claro aunque la malaria haya reformulado las demandas.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.
 
La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control jurisdiccional. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.
 
El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU).
 
Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.
 
Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?
 
Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la militarización de la política de defensa; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

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