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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 11-10-2020 / 10:10
LOS DESAFÍOS DEL GOBIERNO Y LAS AGENDAS EN DEBATE

Alberto frente a una oposición intratable y los medios sin escrúpulos

Alberto frente a una oposición intratable y los medios sin escrúpulos
El presidente Alberto Fernández innovó en la táctica sanitaria y retomó, en buena hora, el formato de anuncios anteriores. Resolvió restricciones intensas y transitorias en departamentos de 18 provincias, tras dialogar largas horas con los gobernadores. Lo escenificó acompañado por tres: el radical jujeño Gerardo Morales, el neuquino Omar Gutiérrez, el peronista santafesino Omar Perotti. Medió autocrítica, en acto, de la desangelada presentación de tres semanas atrás.
El gobierno de Alberto Fernández se topó con una coyuntura atroz. En el inventario se agrega una oposición intratable y un sistema de medios hegemónico desprovisto de escrúpulos y de apego a la verdad. Trajina con la indignación, el simplismo.
 
Apela una y otra vez a emociones primitivas (con el odio a la cabeza), a lecturas binarias, a presentar un cuadro de situación terminal con soluciones sencillas, exóticas a la praxis oficial. Responderle en tono y estridencia similar es, cuanto menos, un pelotazo en contra.
 
La agenda opositora viene siendo más eficaz que la oficial. Por astucias propias, por su poder y también por carencias del Gobierno. "No podemos mantener un anuncio auspicioso en agenda por un día", autorretratan funcionarios de primer nivel. Agrava el cuadro la propensión a enzarzarse en polémicas ajenas al sentir y las necesidades acuciantes de los argentinos.
 
La agenda de las realizaciones sufrió los vaivenes de la peste y de su duración impensada. A partir de marzo, el Gobierno abandonó ciertas propuestas valiosas, como el Consejo Económico Social. Demoró demasiado en llevar al Congreso el "impuesto a las grandes fortunas". Discontinuó las tratativas con Rodríguez Larreta sobre la coparticipación excedente que Macri regaló a la CABA. Tardó en reglamentar la "ley de Góndolas". Son errores.
 
Se pospuso una gran promesa de campaña, una bandera de mayorías sociales: la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Existen buenos motivos, desde la desmovilización callejera hasta las prioridades del sistema de Salud. La definición, el sacrificio, se explica como un reconocimiento a las limitaciones.
 
La pobreza, el desempleo, el agravamiento de indicadores sociales, laborales y económicos fuerzan una lógica de "contradicción principal". Cuestiones relevantes se tornaron adjetivas, un gobierno popular tiene que revisar su agenda, reparando en sus aciertos que los hay y pensando en cómo reforzarlos o recalcularlos.
 

 
El presidente Alberto Fernández innovó en la táctica sanitaria y retomó, en buena hora, el formato de anuncios anteriores. Resolvió restricciones intensas y transitorias en departamentos de 18 provincias, tras dialogar largas horas con los gobernadores.
 
Lo escenificó acompañado por tres: el radical jujeño Gerardo Morales, el neuquino Omar Gutiérrez, el peronista santafesino Omar Perotti. Medió autocrítica, en acto, de la desangelada presentación de tres semanas atrás.
 
La abrumadora y abrumada mayoría de los mandatarios provinciales las pidió y avala. El reclamo de intensificar la prevención, restringiendo determinados derechos, tuvo base federal, pluralista. La habían anticipado ministros provinciales de Educación en un encuentro con su par nacional, Nicolás Trotta. De comarcas bien distintas.
 
El cordobés Walter Grahovac y la santafesina Adriana Cantero descollaron fundando el rechazo a un prematuro regreso a las clases presenciales. La realidad de sus terruños los induce a la cautela, lejos de la sobreactuación peligrosa del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
 
Ya que estamos: probando que el ala más transigente de Juntos por el Cambio tampoco representa (ni menos conduce) a autoridades de otros partidos, muy representativos fronteras adentro.
 
Las medidas, cuyo alcance geográfico y detallado se desconoce en detalle, son más acotadas y factibles que el "botón rojo". Alberto Fernández adoptó un camino sofisticado y mutante, como el virus. Responsable, no se resignó a quedarse de brazos cruzados en el peor momento de contagios y muertes. Sensato, tampoco cedió a la tentación de repetir recetas que caducaron.
 
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La gente común:
 
El ánimo colectivo desaconseja una vuelta atrás o, en una de esas, la torna imposible. Los académicos Pablo Semán y Ariel Wilkis formulan un excelente abordaje de la cuestión en El Dipló. "¿Por qué no obedecemos?", interrogan.
 
El uso de la primera persona del plural en el título precede a un análisis sereno y matizado, palabras que usamos como sinónimos. Parafraseamos algunos conceptos.
 
La pandemia fue inesperada, tanto como su duración. La anuencia inicial al discurso presidencial, el saber de los epidemiólogos y la consigna "quedate en casa" fueron objeto de relecturas.
 
Escriben Semán y Wilkis: "Las personas han incorporado activamente el conocimiento epidemiológico integrándolo a la vida cotidiana, lo que dio lugar a una epidemiología 'popular' o 'cotidiana' que es parte constitutiva del uso real de la norma".
 
Y rematan su intervención: "Las experiencias de la sociedad no pueden ser desconocidas, rechazadas ni negadas. Deben ser comprendidas (...) las expectativas políticas y sanitarias deben ajustarse a estos conocimientos, superando la inercia de las narrativas épicas, la metáfora de la guerra y la ilusión de que todo el mundo podría comportarse como un epidemiólogo todo el tiempo".
 
La mudanza de las conductas sociales no es consecuencia de la prédica del ala extrema de la oposición de derecha. Mejor dicho: no es exclusiva consecuencia ni ésta es su principal causa. Una de las fallas de la comunicación oficial es engolosinarse en enfrentar a ese adversario, magnificándolo. Atribuirle un consenso del que carece, lejos.
 
Los reflejos colectivos, de personas de diversas edades, clases sociales, laburos o desempleos, territorios, no obedecen a las minorías excitadas que participan en los banderazos. La gente común existe, quizás distante de las polémicas favoritas de la subcultura política.
 
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Comunicación es política y viceversa:
 
Cualquier comunicación oficial precisa una narrativa aunque (o porque) está condenada al cotejo con las realizaciones. "Decir" y "hacer" no son categorías sencillamente diferenciables, como en la consigna famosa. Siempre es un bajón comunicar en contextos adversos, transmitir malas noticias. No hay manera de transformarlas en mensajes gratificantes.
 
 
Mirando en perspectiva, perdió sentido la Reforma Judicial. La cuestión es exótica cuando impera la covid-19. No impactará en el cotidiano de la gente de pie hasta dentro de un par de años, en el mejor de los supuestos. La movida era deseable, en diciembre o en marzo. Devino anacrónica o desconectada durante la anormalidad.
 
En cuestiones así, tener razón no basta para convencer a la audiencia, ajena al tópico en cuestión. Ganar ese debate es una quimera. A esta altura, el oficialismo solo puede minimizar costos. Lo hace, de alguna manera, demorando el tratamiento en Diputados.
 
Podrá replicarse que estos comentarios se formulan con el diario del lunes. Desde ya. Así se escriben la historia, las crónicas y se piensa la política por venir.
 
De nuevo, solo como ejemplos. El Presupuesto 2021 correctamente mantiene las partidas para ayuda alimentaria, aunque se puede suponer que la demanda podrá atenuarse un poco. Pero no asigna recursos para sostener el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
 
Hace cuatro o cinco meses varíes funcionarios promovían un Ingreso Ciudadano, por esencia universal, complejo y costoso. Se desistió, por motivos pragmáticos, razonables. Desbaratar el IFE deja la sensación de ser excesivo, un avance de la lógica de los equilibrios fiscales sobre la política social del Frente de Todos (FdT).
 
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Confrontar, saber ganar:
 
Los debates públicos presuponen jerarquías e implican antagonismos. Se discute para atraer voluntades tanto para mejorar la correlación de fuerzas. Robustecer el campo propio y debilitar o dividir al rival, objetivos perennes.
 
El oficialismo, cuando se enfrasca en temas poco atractivos, abroquela al adversario. Las internas del FdT son más resonantes que las de la oposición. Hay algunas propias de la división de roles como las que enfrentan al titular del Banco Central, Miguel Pesce, y al ministro de Economía, Martín Guzmán. La opo hinca el diente en ellas...  Eppur existen y se divulgan con fallas notorias.
 
La omnipresencia de Cristina, un caballito de batalla falaz de los contrincantes, a menudo es fomentada por dichos y querellas del equipo de gobierno.
 
La fruición por el tuit veloz es disfuncional para una comunicación armónica, sincronizada. La profesionalidad raya alto entre los deberes de los funcionarios. Ceder al impulso, una jactancia de los individualistas.
 
El mismo AF se apresuró a criticar al presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, cuando el tribunal analizaba el pedido de per saltum referido al relevo de los tres jueces federales. Rosenkrantz merece un container de reproches... sería astuto saber administrarlos.
 
En esta ocasión, la crítica unificó (provisionalmente) a los cortesanos. El espíritu corporativo tira más que una yunta de bueyes. Los Supremos reaccionaron ante el embate de afuera con cohesión de la que carecen o que tienen pegada... con materia perecedera y poco agradable.
 
"¿Es más importante Bruglia que Guernica?", interroga el periodista Martín Rodríguez en La Política Online. Una pregunta inteligente fomenta respuestas acordes. En la carencia, los mejores objetivos tienen que ser percibidos de volea por los ciudadanos.
 
Cuando amaneció en la Casa Rosada el añorado presidente Néstor Kirchner sabía afirmar: "Todos los días tenemos que tomar una medida pro- gente". La contingencia era menos grave que la actual, el apotegma sigue en pie.
 
Tomando la pregunta de Rodríguez uno piensa que mil nuevos puestos de trabajo (una cifra infinitesimal en la crudeza macro) valen más que diez Bruglias. Y la gente lo captaría bien, en especial los beneficiarios.
 
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El rumbo y las tácticas:
 
El inminente aniversario de la partida de Néstor Kirchner aviva reinterpretaciones. Hombre de convicciones firmes, supo elegir cuándo y cómo confrontar. Se jugó a fondo contra la Corte Suprema, recién llegado y arriesgando.
 
Pulseó firme con los bonistas privados, desoyendo el canto de sirena de los gurúes económicos. Hizo caso omiso a las amenazas del Fondo Monetario Internacional (FMI), del que se desvinculó pagando la totalidad de la deuda. Privilegió la real politik cediendo ante Juan Carlos Blumberg porque leía que estaba en juego la gobernabilidad. Quien les habla disintió aquella vez, porque cada cual tiene su lugar y sus deberes.
 
Kirchner intentó la transversalidad, que no pudo concretar. Confrontó con el ex presidente Eduardo Duhalde mientras tejía alianzas con una dirigencia peronista que estaba bastante a su derecha. Armó la Concertación Plural.
 
La reseña incompleta recorre cambios en la hoja de ruta, en un contorno más propicio que el actual.
 
El mapa argentino y el mundial se convulsionaron demasiadas veces desde diciembre de 2019. Redibujar la hoja de ruta es necesidad y urgencia. Un elenco pensado para otro planeta tal vez debe ser remozado para afrontar la nueva anormalidad. La capacidad del Gabinete para comunicar y reforzar la palabra presidencial tiene que ser mejorada.
 
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Responsabilidad y convicciones:
 
Días atrás el psiquiatra Santiago A. Levin escribió en Página/12: "El campo comunicacional queda librado al sector que medra con la confusión y con el caos, y la estrategia sanitaria fracasa (...)  La prioridad sanitaria en este momento es el diseño de una política de comunicación estatal que unifique, que conduzca y que informe".
 
"Que conciba a la responsabilidad sanitaria no solo como una libre decisión individual, sino principalmente como el resultado de una apelación a construir tejido social a partir de la consideración del otro, de la ternura hacia el otro, del amor por el bienestar de todos y de todas. Y ello se logra con palabras, con metáforas y con gestos dirigidos al conjunto. Esta operación se llama comunicación social, y es la pieza clave que nos está faltando".
 
La columna citada versa sobre política sanitaria pero puede proyectarse de modo más general. Con un añadido sustancial: para comunicar mejor es necesario hacer pie en medidas de orientación progresista y popular. El "impuesto a las grandes fortunas", por caso, podrá ser objetado o judicializado pero son nítidas su intención y los campos que delimita. Mucha gente lo comprende o comprenderá.
 
La disputa de fondos entre la Nación y la CABA dirime recursos escasos, con justicia distributiva.
 
Ese sentido debe orientar un mini plan de acción para los meses venideros en los que la gente común tiene en mira vacaciones, mejorar un poco en materia de ingresos, recuperar trabajo, ver si los pibes van a la escuela. Afanes comprensibles que se deben conjugar con las restricciones sanitarias... menudo problema.
 
Los intereses concentrados atacan siempre, gritan como el tero por "la Justicia" mientras empujan una devaluación catastrófica. El colega David Cufré pintó bien esa pugna, con final abierto y peligroso.
 
Contra viento y marea, debiendo asumir que las herramientas y las metas tienen que aggiornarse, Alberto Fernández conserva la posibilidad de hacer revisando aciertos y fallas de los meses recientes.
 
La iniciativa es patrimonio de los gobiernos, su mayor recurso para atender al mandato de las urnas. Que sigue siendo claro aunque la malaria haya reformulado las demandas.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

15-02-2026 / 09:02
Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial. 
 
El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.
 
Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.
 
Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.
 
¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.
 
El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.
 
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