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Nacionales - 11-10-2020 / 10:10
LOS DESAFÍOS DEL GOBIERNO Y LAS AGENDAS EN DEBATE

Alberto frente a una oposición intratable y los medios sin escrúpulos

Alberto frente a una oposición intratable y los medios sin escrúpulos
El presidente Alberto Fernández innovó en la táctica sanitaria y retomó, en buena hora, el formato de anuncios anteriores. Resolvió restricciones intensas y transitorias en departamentos de 18 provincias, tras dialogar largas horas con los gobernadores. Lo escenificó acompañado por tres: el radical jujeño Gerardo Morales, el neuquino Omar Gutiérrez, el peronista santafesino Omar Perotti. Medió autocrítica, en acto, de la desangelada presentación de tres semanas atrás.
El gobierno de Alberto Fernández se topó con una coyuntura atroz. En el inventario se agrega una oposición intratable y un sistema de medios hegemónico desprovisto de escrúpulos y de apego a la verdad. Trajina con la indignación, el simplismo.
 
Apela una y otra vez a emociones primitivas (con el odio a la cabeza), a lecturas binarias, a presentar un cuadro de situación terminal con soluciones sencillas, exóticas a la praxis oficial. Responderle en tono y estridencia similar es, cuanto menos, un pelotazo en contra.
 
La agenda opositora viene siendo más eficaz que la oficial. Por astucias propias, por su poder y también por carencias del Gobierno. "No podemos mantener un anuncio auspicioso en agenda por un día", autorretratan funcionarios de primer nivel. Agrava el cuadro la propensión a enzarzarse en polémicas ajenas al sentir y las necesidades acuciantes de los argentinos.
 
La agenda de las realizaciones sufrió los vaivenes de la peste y de su duración impensada. A partir de marzo, el Gobierno abandonó ciertas propuestas valiosas, como el Consejo Económico Social. Demoró demasiado en llevar al Congreso el "impuesto a las grandes fortunas". Discontinuó las tratativas con Rodríguez Larreta sobre la coparticipación excedente que Macri regaló a la CABA. Tardó en reglamentar la "ley de Góndolas". Son errores.
 
Se pospuso una gran promesa de campaña, una bandera de mayorías sociales: la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Existen buenos motivos, desde la desmovilización callejera hasta las prioridades del sistema de Salud. La definición, el sacrificio, se explica como un reconocimiento a las limitaciones.
 
La pobreza, el desempleo, el agravamiento de indicadores sociales, laborales y económicos fuerzan una lógica de "contradicción principal". Cuestiones relevantes se tornaron adjetivas, un gobierno popular tiene que revisar su agenda, reparando en sus aciertos que los hay y pensando en cómo reforzarlos o recalcularlos.
 

 
El presidente Alberto Fernández innovó en la táctica sanitaria y retomó, en buena hora, el formato de anuncios anteriores. Resolvió restricciones intensas y transitorias en departamentos de 18 provincias, tras dialogar largas horas con los gobernadores.
 
Lo escenificó acompañado por tres: el radical jujeño Gerardo Morales, el neuquino Omar Gutiérrez, el peronista santafesino Omar Perotti. Medió autocrítica, en acto, de la desangelada presentación de tres semanas atrás.
 
La abrumadora y abrumada mayoría de los mandatarios provinciales las pidió y avala. El reclamo de intensificar la prevención, restringiendo determinados derechos, tuvo base federal, pluralista. La habían anticipado ministros provinciales de Educación en un encuentro con su par nacional, Nicolás Trotta. De comarcas bien distintas.
 
El cordobés Walter Grahovac y la santafesina Adriana Cantero descollaron fundando el rechazo a un prematuro regreso a las clases presenciales. La realidad de sus terruños los induce a la cautela, lejos de la sobreactuación peligrosa del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
 
Ya que estamos: probando que el ala más transigente de Juntos por el Cambio tampoco representa (ni menos conduce) a autoridades de otros partidos, muy representativos fronteras adentro.
 
Las medidas, cuyo alcance geográfico y detallado se desconoce en detalle, son más acotadas y factibles que el "botón rojo". Alberto Fernández adoptó un camino sofisticado y mutante, como el virus. Responsable, no se resignó a quedarse de brazos cruzados en el peor momento de contagios y muertes. Sensato, tampoco cedió a la tentación de repetir recetas que caducaron.
 
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La gente común:
 
El ánimo colectivo desaconseja una vuelta atrás o, en una de esas, la torna imposible. Los académicos Pablo Semán y Ariel Wilkis formulan un excelente abordaje de la cuestión en El Dipló. "¿Por qué no obedecemos?", interrogan.
 
El uso de la primera persona del plural en el título precede a un análisis sereno y matizado, palabras que usamos como sinónimos. Parafraseamos algunos conceptos.
 
La pandemia fue inesperada, tanto como su duración. La anuencia inicial al discurso presidencial, el saber de los epidemiólogos y la consigna "quedate en casa" fueron objeto de relecturas.
 
Escriben Semán y Wilkis: "Las personas han incorporado activamente el conocimiento epidemiológico integrándolo a la vida cotidiana, lo que dio lugar a una epidemiología 'popular' o 'cotidiana' que es parte constitutiva del uso real de la norma".
 
Y rematan su intervención: "Las experiencias de la sociedad no pueden ser desconocidas, rechazadas ni negadas. Deben ser comprendidas (...) las expectativas políticas y sanitarias deben ajustarse a estos conocimientos, superando la inercia de las narrativas épicas, la metáfora de la guerra y la ilusión de que todo el mundo podría comportarse como un epidemiólogo todo el tiempo".
 
La mudanza de las conductas sociales no es consecuencia de la prédica del ala extrema de la oposición de derecha. Mejor dicho: no es exclusiva consecuencia ni ésta es su principal causa. Una de las fallas de la comunicación oficial es engolosinarse en enfrentar a ese adversario, magnificándolo. Atribuirle un consenso del que carece, lejos.
 
Los reflejos colectivos, de personas de diversas edades, clases sociales, laburos o desempleos, territorios, no obedecen a las minorías excitadas que participan en los banderazos. La gente común existe, quizás distante de las polémicas favoritas de la subcultura política.
 
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Comunicación es política y viceversa:
 
Cualquier comunicación oficial precisa una narrativa aunque (o porque) está condenada al cotejo con las realizaciones. "Decir" y "hacer" no son categorías sencillamente diferenciables, como en la consigna famosa. Siempre es un bajón comunicar en contextos adversos, transmitir malas noticias. No hay manera de transformarlas en mensajes gratificantes.
 
 
Mirando en perspectiva, perdió sentido la Reforma Judicial. La cuestión es exótica cuando impera la covid-19. No impactará en el cotidiano de la gente de pie hasta dentro de un par de años, en el mejor de los supuestos. La movida era deseable, en diciembre o en marzo. Devino anacrónica o desconectada durante la anormalidad.
 
En cuestiones así, tener razón no basta para convencer a la audiencia, ajena al tópico en cuestión. Ganar ese debate es una quimera. A esta altura, el oficialismo solo puede minimizar costos. Lo hace, de alguna manera, demorando el tratamiento en Diputados.
 
Podrá replicarse que estos comentarios se formulan con el diario del lunes. Desde ya. Así se escriben la historia, las crónicas y se piensa la política por venir.
 
De nuevo, solo como ejemplos. El Presupuesto 2021 correctamente mantiene las partidas para ayuda alimentaria, aunque se puede suponer que la demanda podrá atenuarse un poco. Pero no asigna recursos para sostener el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
 
Hace cuatro o cinco meses varíes funcionarios promovían un Ingreso Ciudadano, por esencia universal, complejo y costoso. Se desistió, por motivos pragmáticos, razonables. Desbaratar el IFE deja la sensación de ser excesivo, un avance de la lógica de los equilibrios fiscales sobre la política social del Frente de Todos (FdT).
 
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Confrontar, saber ganar:
 
Los debates públicos presuponen jerarquías e implican antagonismos. Se discute para atraer voluntades tanto para mejorar la correlación de fuerzas. Robustecer el campo propio y debilitar o dividir al rival, objetivos perennes.
 
El oficialismo, cuando se enfrasca en temas poco atractivos, abroquela al adversario. Las internas del FdT son más resonantes que las de la oposición. Hay algunas propias de la división de roles como las que enfrentan al titular del Banco Central, Miguel Pesce, y al ministro de Economía, Martín Guzmán. La opo hinca el diente en ellas...  Eppur existen y se divulgan con fallas notorias.
 
La omnipresencia de Cristina, un caballito de batalla falaz de los contrincantes, a menudo es fomentada por dichos y querellas del equipo de gobierno.
 
La fruición por el tuit veloz es disfuncional para una comunicación armónica, sincronizada. La profesionalidad raya alto entre los deberes de los funcionarios. Ceder al impulso, una jactancia de los individualistas.
 
El mismo AF se apresuró a criticar al presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, cuando el tribunal analizaba el pedido de per saltum referido al relevo de los tres jueces federales. Rosenkrantz merece un container de reproches... sería astuto saber administrarlos.
 
En esta ocasión, la crítica unificó (provisionalmente) a los cortesanos. El espíritu corporativo tira más que una yunta de bueyes. Los Supremos reaccionaron ante el embate de afuera con cohesión de la que carecen o que tienen pegada... con materia perecedera y poco agradable.
 
"¿Es más importante Bruglia que Guernica?", interroga el periodista Martín Rodríguez en La Política Online. Una pregunta inteligente fomenta respuestas acordes. En la carencia, los mejores objetivos tienen que ser percibidos de volea por los ciudadanos.
 
Cuando amaneció en la Casa Rosada el añorado presidente Néstor Kirchner sabía afirmar: "Todos los días tenemos que tomar una medida pro- gente". La contingencia era menos grave que la actual, el apotegma sigue en pie.
 
Tomando la pregunta de Rodríguez uno piensa que mil nuevos puestos de trabajo (una cifra infinitesimal en la crudeza macro) valen más que diez Bruglias. Y la gente lo captaría bien, en especial los beneficiarios.
 
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El rumbo y las tácticas:
 
El inminente aniversario de la partida de Néstor Kirchner aviva reinterpretaciones. Hombre de convicciones firmes, supo elegir cuándo y cómo confrontar. Se jugó a fondo contra la Corte Suprema, recién llegado y arriesgando.
 
Pulseó firme con los bonistas privados, desoyendo el canto de sirena de los gurúes económicos. Hizo caso omiso a las amenazas del Fondo Monetario Internacional (FMI), del que se desvinculó pagando la totalidad de la deuda. Privilegió la real politik cediendo ante Juan Carlos Blumberg porque leía que estaba en juego la gobernabilidad. Quien les habla disintió aquella vez, porque cada cual tiene su lugar y sus deberes.
 
Kirchner intentó la transversalidad, que no pudo concretar. Confrontó con el ex presidente Eduardo Duhalde mientras tejía alianzas con una dirigencia peronista que estaba bastante a su derecha. Armó la Concertación Plural.
 
La reseña incompleta recorre cambios en la hoja de ruta, en un contorno más propicio que el actual.
 
El mapa argentino y el mundial se convulsionaron demasiadas veces desde diciembre de 2019. Redibujar la hoja de ruta es necesidad y urgencia. Un elenco pensado para otro planeta tal vez debe ser remozado para afrontar la nueva anormalidad. La capacidad del Gabinete para comunicar y reforzar la palabra presidencial tiene que ser mejorada.
 
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Responsabilidad y convicciones:
 
Días atrás el psiquiatra Santiago A. Levin escribió en Página/12: "El campo comunicacional queda librado al sector que medra con la confusión y con el caos, y la estrategia sanitaria fracasa (...)  La prioridad sanitaria en este momento es el diseño de una política de comunicación estatal que unifique, que conduzca y que informe".
 
"Que conciba a la responsabilidad sanitaria no solo como una libre decisión individual, sino principalmente como el resultado de una apelación a construir tejido social a partir de la consideración del otro, de la ternura hacia el otro, del amor por el bienestar de todos y de todas. Y ello se logra con palabras, con metáforas y con gestos dirigidos al conjunto. Esta operación se llama comunicación social, y es la pieza clave que nos está faltando".
 
La columna citada versa sobre política sanitaria pero puede proyectarse de modo más general. Con un añadido sustancial: para comunicar mejor es necesario hacer pie en medidas de orientación progresista y popular. El "impuesto a las grandes fortunas", por caso, podrá ser objetado o judicializado pero son nítidas su intención y los campos que delimita. Mucha gente lo comprende o comprenderá.
 
La disputa de fondos entre la Nación y la CABA dirime recursos escasos, con justicia distributiva.
 
Ese sentido debe orientar un mini plan de acción para los meses venideros en los que la gente común tiene en mira vacaciones, mejorar un poco en materia de ingresos, recuperar trabajo, ver si los pibes van a la escuela. Afanes comprensibles que se deben conjugar con las restricciones sanitarias... menudo problema.
 
Los intereses concentrados atacan siempre, gritan como el tero por "la Justicia" mientras empujan una devaluación catastrófica. El colega David Cufré pintó bien esa pugna, con final abierto y peligroso.
 
Contra viento y marea, debiendo asumir que las herramientas y las metas tienen que aggiornarse, Alberto Fernández conserva la posibilidad de hacer revisando aciertos y fallas de los meses recientes.
 
La iniciativa es patrimonio de los gobiernos, su mayor recurso para atender al mandato de las urnas. Que sigue siendo claro aunque la malaria haya reformulado las demandas.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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11-02-2026 / 11:02
La crisis policial volvió a estallar en Santa Fé, continúa también en la Federal y amenaza con extenderse a otras provincias y otras fuerzas. Se viene alertando sobre la situación desde hace 10 días. La base excluyente es la cuestión salarial -suboficiales que cobran 850.000 pesos-, pero deriva en un feroz endeudamiento y, casi de inmediato, en problemas psiquiátricos.
 
Los mayores dramas terminan en una oleada de suicidios, 2 en los últimos 8 días en Rosario. A esto se agregan los malos tratos y la corrupción. En Santa Fé, la mayoría de los policías son del norte provincial y deben viajar entre 200 y 600 kilómetros para prestar servicio en Rosario.
 
Para eso les ponen micros en estado deplorable y las travesías suelen tardar 8 horas. Los bajos salarios derivaron en que casi no se reclutan hombres y la mayoría de los policías son mujeres, que tienen que recorrer esas distancias para ver a sus hijos. La protesta masiva y explosiva era previsible. Este diario recibió una nueva denuncia judicial sobre las increíbles maniobras de los jefes de una Unidad Operativa de la Federal.
 
Los llaman "la corona" y esos superiores se quedan con dinero de las horas adicionales, informan de efectivos que no existen, "rodean una zona con un policía" (sic), desarman investigaciones para concentrarse en narcomenudeo y hacer estadísticas para conformar al Ministerio de Seguridad y hasta liberan vastas zonas en acuerdo con un jefe narco regional. "Sólo hay plata para los proyectiles antidisturbios", dicen los rebeldes.
 
Durante la semana pasada se produjo el encadenamiento a la reja de la Casa Rosada del cabo Miguel Ángel Montiel, de la Policía Federal. El efectivo reclamaba por la situación salarial y también por la corrupción en la Superintendencia de Transporte, que integran los policías que custodian el ferrocarril. Los jefes de la Federal filtraron que Montiel estuvo con carpeta psiquiátrica y que por eso realizaba la protesta.
 
Página/12 relató la trastienda de la crisis policial, con la cuestión salarial como punto clave -lo que le sucede a todos los estatales-, pero con tramas de ribetes escandalosos: destinos fantasmas, es decir jefes que les dan horas extras a unos y no a otros, efectivos que ni siquiera concurren y comparten lo que cobran con los superiores; brutales acosos a las mujeres y groseras trampas para no realizar investigaciones de narcotráfico.
 
La crisis policial se expandía de manera silenciosa en la Federal y en otras fuerzas. En Santa Fé se vio algo inédito: ya no protestaron las familias y los retirados, sino efectivos en actividad, con los patrulleros, las sirenas, las motos y hasta los micros. El movimiento en Santa Fé desnuda una situación que no se ve a simple vista. Los que protestan son policías de calle y de las comisarías, con sus patrulleros. Es decir, los que están en la seguridad cotidiana de los vecinos.
 
Del otro lado, los que mayoritariamente respondieron al gobierno de Pullaro fueron los cuerpos especiales, Operaciones Especiales, Asalto Táctico, Infantería, que reciben bonos y adicionales de manera masiva. Ellos constituyen la estructura más orientada a la represión de los jubilados o cualquier otra protesta. Eso va en línea con lo que señala una de las denuncias: "para lo único que hay dinero es para los proyectiles antidisturbios".
 

10-02-2026 / 11:02
El Senado tratará el miércoles el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier "el Loco" Milei, cuestionado por sectores opositores por su avanzada brutal contra los derechos de los trabajadores. Pero los focos no solo estarán puestos en el Congreso: afuera, múltiples sectores, encabezados por la Confederación General del Trabajo (CGT), protestarán con el objetivo de que su voz sea escuchada.
 
La semana pasada, el Consejo Directivo de la CGT convocó a marchar contra la reforma laboral, que ya tiene dictamen desde fin del año pasado y que podría tener media sanción el miércoles. "El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias. Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja", indicó la CGT en redes sociales.
 
La principal central obrera citó a las 14.30 en Yrigoyen y Solís, frente al edificio en el que los senadores comenzarán a definir el camino legislativo de la iniciativa. "Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja. No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle", agregó el comunicado.
 
El plan de lucha de la CGT tuvo cuestionamientos de algunos sectores sindicales, como el de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, criticó que la marcha no esté acompañada de un paro general. "El miércoles todos los trabajadores tienen que parar igual. Aunque la CGT no convoque, tienen cobertura legal", advirtió Aguiar y ratificó el paro nacional de estatales para el miércoles.
 
"Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica. Sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga. Tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores".
 
Mientras crece la bronca por abajo, Patricia Bullrich negocia la reforma laboral esclavista con gobernadores y senadores "dialoguistas" que cada vez se parecen más a los libertarios. Este lunes la ex ministra se reunión con senadores y senadoras de los bloques cómplices. Buscan acordar algunos artículos mientras mantienen lo esencial de los ataques contra la clase trabajadora. Cedería con Ganancias y conformaría así a los gobernadores y a los legisladores que responden a las provincias. En proteger alguno de los derechos de los trabajadores que correrán riesgo a partir de la probable sanción, eso sí, nadie gastó saliva.
 
La Reforma laboral esclavista del gobierno para los ricos de Milei es para profundizar esta política de transferencia masiva de recursos económicos y políticos de los trabajadores a los empresarios, que busca además debilitar la organización sindical y el poder de los trabajadores. Trabajar más y con menos derechos, en beneficios de las patronales. Son los millonarios o loe trabajadores. El miércoles 11 de febrero, sumate a la lucha por tus derechos y las futuras generaciones.
 
La Opinión Popular
 

09-02-2026 / 09:02
Karina Milei quiere concretar cambios en la cúpula del poder para tener el "control total" de lo que ocurre en el gobierno. La hermana presidencial, influenciada por los Menem, busca desalojar del sistema de decisión libertario a Santiago Caputo, a más tardar en marzo.
 
Pero no está fácil. El asesor tiene acceso directo al presidente Milei, que valora sus aportes. De hecho, en las últimas semanas, lejos de perder poder lo acrecentó. Se quedó con el control total de la agencia recaudadora (ARCA) y amplió las competencias de la SIDE, luego de desplazar al empleado infiel Sergio Neiffert y ubicar en su lugar a su contador, Cristian Aguadra.
 
Santiago Caputo incluso estaría aumentando su influencia sobre los aparatos militares y de seguridad. En las últimas semanas afianzó su relación con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, Carlos Presti.
 
"Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares", explicó un funcionario libertario.
 
Esta situación enardece a los Menem e impacta en el ánimo de Karina Milei, que tiene dificultades para entender que la idea del "control total" de un funcionario no votado como ella, no sintoniza con el espíritu democrático.
 
La molestia de la hermana presidencial quedó en evidencia este domingo: le avisó a su hermano que no lo acompañara a otro viaje más de subordinación trumpista. El presidente tenía pensado viajar este lunes a la cumbre de un supuesto trumpismo latino en Mar-a-Lago.
 
Karina le avisó a su hermano que no cuente con ella y Milei anunció que cancelaba su participación. "Javier no puede viajar sin la hermana", exageran en la Casa Rosada. Acaso más exacto sea que la hermana no quiera someterse a otro papelón como la última vez que fueron al club de la Florida de Trump, que suele alquilar su salón a distintos aventureros.
 
 De paso, no se confirmó aún su asistencia el 18 de febrero a la nueva "presentación oficial" del Board of Peace de Trump en Washington. El republicano se vio forzado a repetir el evento luego del fiasco de su lanzamiento en Davos, que juntó a Milei con una serie de "plutócratas afines a Putin", según el prestigioso diario inglés Financial Times.
 
La decisión de Karina Milei se suma a un dato muy interesante que publicó Perfil este domingo: en diciembre pasado la hermana del presidente no visitó Olivos.
 
"Ella está presionando a fondo para que le de el control total", sintetizó un dirigente libertario que conoce de cerca a los Milei. El asesor rehúye la pelea con la hermana y prefiere mantener la tensión a nivel de los Menem.
 
Karina no oculta su entusiasmo por la obediencia absoluta. La semana que pasó envió un mensaje claro a las bases libertarias. Su hombre en la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja, dijo en un encuentro con militantes en Mar del Plata: "No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades y tiene su manual disciplinario. El que ventile sus diferencias, está fuera del espacio".
 

07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

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