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Nacionales - 10-10-2020 / 10:10
UNA MUESTRA DEL MODELO DE NEGOCIOS DEL MACRISMO

Helicóptero de un amigo de Macri apareció en un caso de narcotráfico en Paraguay

Helicóptero de un amigo de Macri apareció en un caso de narcotráfico en Paraguay
El helicóptero con el ploteo de la Policía Bonaerense apareció, durante un allanamiento, en un hangar en Paraguay. Fue descubierto mientras se realizaba un allanamiento por un caso de narcotráfico. Pertenece a la empresa que trasladó a Macri durante la campaña de 2015 y estaba bajo contrato del entonces gobierno de Vidal.
El modelo de negocios de Mauricio Macri con sus amigos salió otra vez a la luz con la aparición en un hangar de Paraguay de un helicóptero, ploteado con los logos de la Policía Bonaerense. Al lugar arribaron los fiscales investigando la llegada a Paraguay de 400 kilogramos de cocaína provenientes de Bolivia y también a raíz del asesinato de un líder del Comando Vermehlo, la gigantesca organización criminal brasileña.
 
En un aeródromo de Areguá, Paraguay, durante un allanamiento realizado en el marco de un procedimiento de la lucha contra el narcotráfico, apareció el Robinson R-44 II que fue contratado por el gobierno de María Eugenia Vidal, junto con otros helicópteros, para el Operativo Sol, con el argumento de que los aparatos de la Bonaerense no estaban utilizables.
 
En verdad, la propia administración Vidal dejó vencer los mantenimientos y tras cartón sostuvo la cantinela neoliberal que "el Estado no funciona y alquilar los privados es más barato". En escena entró la empresa Beech Flying SA, de un amigo, Leonardo Spokojny, quien estuvo a cargo de los traslados en la campaña Macri 2015, y se le hizo un contrato por unos 100 millones de pesos por el uso de las naves. Además, Joaquín Spokojny, hijo de Leonardo, fue uno de los secretarios de Macri.
 
Durante la campaña electoral 2015, fue el gobierno de la Ciudad quien pagó a Beech Flying los vuelos de campaña a Macri. Más tarde, ya con Vidal en la provincia, la empresa de Spokojny cerró un contrato en la provincia de más de 3.000 horas de vuelo por el servicio de helicópteros como el hallado este jueves en Paraguay.
 
Pero tanto pilotos como combustibles los terminó pagando el Ministerio de Seguridad Bonaerense, lo que -según una denuncia existente en Asuntos Internos de la Bonaerense- constituyó un gigantesco negociado macrista.
 
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Aparición
 
Los fiscales paraguayos Marcelo Pecci y Alicia Sapriza llegaron a un precario hangar en Areguá donde encontraron 12 aviones y un helicóptero. La causa judicial tenía que ver --según el diario Ultima Hora de Asunción-- con envíos de cocaína de Bolivia a Paraguay y con el asesinato de Samura, un líder de la banda llamada Comando Vermehlo, que es minoritaria en tierras guaraníes. Quien tiene el poder, maneja las cárceles y controla parte del narcotráfico es el PCC (Primer Comando Capital), también de origen brasileño.
 
Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos en Paraguay hay uno 22.000 vuelos clandestinos por año, lo que significa unos 60 diarios. El objetivo central -90 por ciento de los vuelos- es Brasil y desde allí a Europa. El resto se distribuye entre Argentina, Uruguay y Bolivia. El centro del narcotráfico es la marihuana, pero el transporte por avión está monopolizado por la cocaína.
 
Como queda claro, los aviones y helicópteros son casi los remises de los narcos, por lo cual el hallazgo no causó sorpresa: lo asombroso fue encontrar un helicóptero ploteado de la Policía Bonaerense. El aparato figura a nombre de la empresa Beech Flying, propiedad de un amigo de Mauricio Macri, Leonardo Spokojny, que se ocupó de los traslados en la campaña presidencial del ex mandatario.
 
 
Empresa
  
Ante el escándalo de la aparición del aparato, Beech Flying emitió un comunicado diciendo que el Robinson estaba en Paraguay porque se vencía el mantenimiento y que quedó allí varado desde hace un año y medio porque lo llevaron al vecino país para un mantenimiento y no consiguieron las autorizaciones para hacerlo.
 
Veteranos pilotos consultados por Página/12 descreen de la versión. Es cierto que a Paraguay se llevan aviones Cessna para mantenimiento porque la empresa tiene allí una sucursal, pero no hay historia de trasladar helicópteros ni que se haga el mantenimiento allí.
 
Según el sitio lapoliticaonline el aparato estaba oculto porque tiene orden de secuestro de la AFIP en razón de su falta de nacionalización y deudas impositivas. Efectivamente el helicóptero, junto a otras tres aeronaves de Beech Flying, son objeto de una causa por contrabando debido a que fueron ingresados al país en forma irregular. La denuncia la hizo la Dirección General de Aduanas.
 
 
Pilotos
  
Quienes pilotaron los helicópteros contaron la secuencia de lo ocurrido con los Robinson y un Bell 206 de Beech Flying, exhibidos como un orgullo frente a la Playa Bristol en el Operativo Sol. La maniobra fue descripta en una denuncia ante Asuntos Internos de la Bonaerense el año pasado.
 
*El gobierno de Vidal dejó vencer los mantenimientos de la flota de helicópteros y aviones. Las piezas vitales tienen horas o tiempos de mantenimiento. Por ejemplo, un rotor podría tener 3.000 horas de vuelo o un año de tiempo. Vencidas cualquiera de las dos cosas, el mantenimiento es obligatorio y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) no permite que siga volando.
 
*Sin el mantenimiento, los aparatos quedan en tierra.
 
*En esa instancia entran los discursos del estilo "el estado no funciona, es más barato alquilar un privado".
 
*Según los pilotos, una hora de vuelo de los helicópteros de la flota bonaerense cuesta unos 650 dólares y una hora de alquiler del privado unos 3.600 dólares.
 
*Tras el discurso anti-estado siguió la contratación de una empresa amiga, justito la que prestó los servicios en la campaña de Mauricio Macri.
 
*Se concretó una ofensiva sobre los pilotos de los helicópteros, que pasaron a ser policías para evitar que se mantengan en el sindicato.
 
*Según el ministro Sergio Berni, el contrato con el amigo de Macri y Vidal sumó nada menos que 100 millones de pesos.
 
*Algo parecido se hizo con los aviones. Se dejó en tierra la flota de la Dirección Aeronáutica Bonaerense, que tiene más antigüedad que Aerolíneas Argentinas, y los vuelos se hicieron con empresas privadas. Un vuelo Buenos Aires-Mar del Plata cuesta entre 10.000 y 12.000 dólares sostienen los pilotos.
 
*Según la denuncia en Asuntos Internos, el alquiler incluía la provisión de aparatos, combustible y el pago a los pilotos. "Un grupito selecto de pilotos-policías, cercano al macrismo" terminó volando los aparatos, con sueldo pagado por el Ministerio de Seguridad. Y también el combustible se habría pagado con fondos del estado.
 
En cualquier caso, el modus operandi es similar a la de peajes, parques eólicos, la negociación de la deuda externa y las ventas de terrenos privilegiados: el negocio es para los amigos y con enormes desventajas para el estado.
 
 
Ploteo
 
La explicación más débil fue la que dio a conocer Beech Flying respecto del ploteo. Afirman que se les vencía el mantenimiento, llevaron el helicóptero a Paraguay y en el apuro no tuvieron tiempo de sacarle el ploteo. Parece poco creíble: pasó un año y, además, en el interin desarmaron una parte del motor.
 
Un aspecto decisivo es la relación con el narcotráfico o el homicidio del líder del Comando Vermehlo. Habrá que ver si los fiscales Pecci y Sapriza encuentran algún vínculo. Los medios de Paraguay lo dan por seguro y creen que lo más posible es que el aparato fue llevado allí por los problemas fiscales y de mantenimiento y lo terminó comprando algún narco. Beech Flying lo desmiente.
 
A las autoridades argentinas el operativo en Aguará les llamó la atención porque son tiempos de tirantez en la relación entre las fuerzas de seguridad de Paraguay y el gobierno argentino. Sucede que el mes pasado el ejército paraguayo asesinó a dos niñas argentinas de 11 años, Liliana y María del Carmen Villalba, hijas de militantes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), pero que vivían en Misiones con sus abuelos y tios.
 
Lo más grave es que después de la sanguinaria operación en un precario campamento del EPP, las autoridades guaraníes dieron a entender que la Argentina entrenaba a las niñas, mientras que la cancillería advirtió que era imposible que las fuerzas armadas paraguayas no se dieran cuenta de que se trataba de dos criaturas de 11 años.
 
Los organismos de derechos humanos de Paraguay cuestionaron lo hecho por las fuerzas especiales que, además, enterraron los cuerpos sin hacerles autopsias y ni siquiera permitieron la identificación como corresponde. En el caso está interviniendo hasta la ONU. Al Equipo Argentino de Antropología Forense, por ejemplo, se le pusieron trabas de todo tipo y hubo una queja presentada formalmente por el embajador argentino.
 
En fuentes estatales piensan que en el hallazgo del helicóptero hay algo de revancha por los reclamos por la muerte de las niñas. Lo relevante, sin embargo, es que el descubrimiento del Robinson 44 desnudó, una vez más, la grotesca matriz de negocios del macrismo con sus empresarios amigos.
 
Por Raúl Kollmann
 
Fuente: Página12
 

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26-12-2025 / 07:12
Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.
 
Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.
 
Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".
 
Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".
 
Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.
 
El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.
 
El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).
 
A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.
 
"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.
 
La Opinión Popular
 

24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
La Opinión Popular
 

23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
La Opinión Popular
 

22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

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