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Nacionales - 10-10-2020 / 10:10
UNA MUESTRA DEL MODELO DE NEGOCIOS DEL MACRISMO

Helicóptero de un amigo de Macri apareció en un caso de narcotráfico en Paraguay

Helicóptero de un amigo de Macri apareció en un caso de narcotráfico en Paraguay
El helicóptero con el ploteo de la Policía Bonaerense apareció, durante un allanamiento, en un hangar en Paraguay. Fue descubierto mientras se realizaba un allanamiento por un caso de narcotráfico. Pertenece a la empresa que trasladó a Macri durante la campaña de 2015 y estaba bajo contrato del entonces gobierno de Vidal.
El modelo de negocios de Mauricio Macri con sus amigos salió otra vez a la luz con la aparición en un hangar de Paraguay de un helicóptero, ploteado con los logos de la Policía Bonaerense. Al lugar arribaron los fiscales investigando la llegada a Paraguay de 400 kilogramos de cocaína provenientes de Bolivia y también a raíz del asesinato de un líder del Comando Vermehlo, la gigantesca organización criminal brasileña.
 
En un aeródromo de Areguá, Paraguay, durante un allanamiento realizado en el marco de un procedimiento de la lucha contra el narcotráfico, apareció el Robinson R-44 II que fue contratado por el gobierno de María Eugenia Vidal, junto con otros helicópteros, para el Operativo Sol, con el argumento de que los aparatos de la Bonaerense no estaban utilizables.
 
En verdad, la propia administración Vidal dejó vencer los mantenimientos y tras cartón sostuvo la cantinela neoliberal que "el Estado no funciona y alquilar los privados es más barato". En escena entró la empresa Beech Flying SA, de un amigo, Leonardo Spokojny, quien estuvo a cargo de los traslados en la campaña Macri 2015, y se le hizo un contrato por unos 100 millones de pesos por el uso de las naves. Además, Joaquín Spokojny, hijo de Leonardo, fue uno de los secretarios de Macri.
 
Durante la campaña electoral 2015, fue el gobierno de la Ciudad quien pagó a Beech Flying los vuelos de campaña a Macri. Más tarde, ya con Vidal en la provincia, la empresa de Spokojny cerró un contrato en la provincia de más de 3.000 horas de vuelo por el servicio de helicópteros como el hallado este jueves en Paraguay.
 
Pero tanto pilotos como combustibles los terminó pagando el Ministerio de Seguridad Bonaerense, lo que -según una denuncia existente en Asuntos Internos de la Bonaerense- constituyó un gigantesco negociado macrista.
 
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Aparición
 
Los fiscales paraguayos Marcelo Pecci y Alicia Sapriza llegaron a un precario hangar en Areguá donde encontraron 12 aviones y un helicóptero. La causa judicial tenía que ver --según el diario Ultima Hora de Asunción-- con envíos de cocaína de Bolivia a Paraguay y con el asesinato de Samura, un líder de la banda llamada Comando Vermehlo, que es minoritaria en tierras guaraníes. Quien tiene el poder, maneja las cárceles y controla parte del narcotráfico es el PCC (Primer Comando Capital), también de origen brasileño.
 
Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos en Paraguay hay uno 22.000 vuelos clandestinos por año, lo que significa unos 60 diarios. El objetivo central -90 por ciento de los vuelos- es Brasil y desde allí a Europa. El resto se distribuye entre Argentina, Uruguay y Bolivia. El centro del narcotráfico es la marihuana, pero el transporte por avión está monopolizado por la cocaína.
 
Como queda claro, los aviones y helicópteros son casi los remises de los narcos, por lo cual el hallazgo no causó sorpresa: lo asombroso fue encontrar un helicóptero ploteado de la Policía Bonaerense. El aparato figura a nombre de la empresa Beech Flying, propiedad de un amigo de Mauricio Macri, Leonardo Spokojny, que se ocupó de los traslados en la campaña presidencial del ex mandatario.
 
 
Empresa
  
Ante el escándalo de la aparición del aparato, Beech Flying emitió un comunicado diciendo que el Robinson estaba en Paraguay porque se vencía el mantenimiento y que quedó allí varado desde hace un año y medio porque lo llevaron al vecino país para un mantenimiento y no consiguieron las autorizaciones para hacerlo.
 
Veteranos pilotos consultados por Página/12 descreen de la versión. Es cierto que a Paraguay se llevan aviones Cessna para mantenimiento porque la empresa tiene allí una sucursal, pero no hay historia de trasladar helicópteros ni que se haga el mantenimiento allí.
 
Según el sitio lapoliticaonline el aparato estaba oculto porque tiene orden de secuestro de la AFIP en razón de su falta de nacionalización y deudas impositivas. Efectivamente el helicóptero, junto a otras tres aeronaves de Beech Flying, son objeto de una causa por contrabando debido a que fueron ingresados al país en forma irregular. La denuncia la hizo la Dirección General de Aduanas.
 
 
Pilotos
  
Quienes pilotaron los helicópteros contaron la secuencia de lo ocurrido con los Robinson y un Bell 206 de Beech Flying, exhibidos como un orgullo frente a la Playa Bristol en el Operativo Sol. La maniobra fue descripta en una denuncia ante Asuntos Internos de la Bonaerense el año pasado.
 
*El gobierno de Vidal dejó vencer los mantenimientos de la flota de helicópteros y aviones. Las piezas vitales tienen horas o tiempos de mantenimiento. Por ejemplo, un rotor podría tener 3.000 horas de vuelo o un año de tiempo. Vencidas cualquiera de las dos cosas, el mantenimiento es obligatorio y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) no permite que siga volando.
 
*Sin el mantenimiento, los aparatos quedan en tierra.
 
*En esa instancia entran los discursos del estilo "el estado no funciona, es más barato alquilar un privado".
 
*Según los pilotos, una hora de vuelo de los helicópteros de la flota bonaerense cuesta unos 650 dólares y una hora de alquiler del privado unos 3.600 dólares.
 
*Tras el discurso anti-estado siguió la contratación de una empresa amiga, justito la que prestó los servicios en la campaña de Mauricio Macri.
 
*Se concretó una ofensiva sobre los pilotos de los helicópteros, que pasaron a ser policías para evitar que se mantengan en el sindicato.
 
*Según el ministro Sergio Berni, el contrato con el amigo de Macri y Vidal sumó nada menos que 100 millones de pesos.
 
*Algo parecido se hizo con los aviones. Se dejó en tierra la flota de la Dirección Aeronáutica Bonaerense, que tiene más antigüedad que Aerolíneas Argentinas, y los vuelos se hicieron con empresas privadas. Un vuelo Buenos Aires-Mar del Plata cuesta entre 10.000 y 12.000 dólares sostienen los pilotos.
 
*Según la denuncia en Asuntos Internos, el alquiler incluía la provisión de aparatos, combustible y el pago a los pilotos. "Un grupito selecto de pilotos-policías, cercano al macrismo" terminó volando los aparatos, con sueldo pagado por el Ministerio de Seguridad. Y también el combustible se habría pagado con fondos del estado.
 
En cualquier caso, el modus operandi es similar a la de peajes, parques eólicos, la negociación de la deuda externa y las ventas de terrenos privilegiados: el negocio es para los amigos y con enormes desventajas para el estado.
 
 
Ploteo
 
La explicación más débil fue la que dio a conocer Beech Flying respecto del ploteo. Afirman que se les vencía el mantenimiento, llevaron el helicóptero a Paraguay y en el apuro no tuvieron tiempo de sacarle el ploteo. Parece poco creíble: pasó un año y, además, en el interin desarmaron una parte del motor.
 
Un aspecto decisivo es la relación con el narcotráfico o el homicidio del líder del Comando Vermehlo. Habrá que ver si los fiscales Pecci y Sapriza encuentran algún vínculo. Los medios de Paraguay lo dan por seguro y creen que lo más posible es que el aparato fue llevado allí por los problemas fiscales y de mantenimiento y lo terminó comprando algún narco. Beech Flying lo desmiente.
 
A las autoridades argentinas el operativo en Aguará les llamó la atención porque son tiempos de tirantez en la relación entre las fuerzas de seguridad de Paraguay y el gobierno argentino. Sucede que el mes pasado el ejército paraguayo asesinó a dos niñas argentinas de 11 años, Liliana y María del Carmen Villalba, hijas de militantes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), pero que vivían en Misiones con sus abuelos y tios.
 
Lo más grave es que después de la sanguinaria operación en un precario campamento del EPP, las autoridades guaraníes dieron a entender que la Argentina entrenaba a las niñas, mientras que la cancillería advirtió que era imposible que las fuerzas armadas paraguayas no se dieran cuenta de que se trataba de dos criaturas de 11 años.
 
Los organismos de derechos humanos de Paraguay cuestionaron lo hecho por las fuerzas especiales que, además, enterraron los cuerpos sin hacerles autopsias y ni siquiera permitieron la identificación como corresponde. En el caso está interviniendo hasta la ONU. Al Equipo Argentino de Antropología Forense, por ejemplo, se le pusieron trabas de todo tipo y hubo una queja presentada formalmente por el embajador argentino.
 
En fuentes estatales piensan que en el hallazgo del helicóptero hay algo de revancha por los reclamos por la muerte de las niñas. Lo relevante, sin embargo, es que el descubrimiento del Robinson 44 desnudó, una vez más, la grotesca matriz de negocios del macrismo con sus empresarios amigos.
 
Por Raúl Kollmann
 
Fuente: Página12
 

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04-01-2026 / 17:01
La doctrina "Donroe" (Donald + Monroe) arrasa con la prevención que tuvo hasta George W. Bush para no ser confundido con la ilegalidad de los setenta en América Latina. Al amigo narco de Honduras, todo; al dictador "comunista" de Venezuela, ni justicia. Sin épica, ni coherencia, ni discurso; prima la violencia de los hechos. Milei se recluye en el papel que se asignó: rabia y goce.
 
Aunque Trump gaste algunas palabras sin convicción, no promete la victoria de la libertad frente al totalitarismo como en la Guerra Fría, ni la primacía de la razón en el choque de civilizaciones desatado tras la caída del Muro de Berlín. Vocifera la guerra contra el comunismo, un enemigo casi inexistente. En rigor, el magnate no dedica mucha energía al engaño: quiere asegurar(se) negocios.
 
Ayer se cumplió un mes del indulto de Trump a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York. Testimonios tomados en cuenta por el jurado indican que Hernández recibió al menos USD 1 millón del Chapo Guzmán y que se vanagloriaba de "meter la droga a los gringos en sus narices".
 
El fallo del jurado fue unánime, pero, como Hernández es derechista y su delegado en la elección reciente de Honduras, Nasry Asfura, promete seguir la agenda ultra, Trump lo dejó en libertad. Maduro será trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico en los próximos días. Probablemente le tocará el mismo tribunal que juzgó a Hernández, pero éste lo mirará desde alguna finca de lujo entre Florida o Tegucigalpa.
 
Tampoco hay que prestar atención a los versículos sobre el amor por la democracia y contra los crímenes de lesa humanidad. Ello no está en la agenda real de Trump ni de Milei. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene pedido de captura de la Corte Penal Internacional por sus supuestos crímenes de lesa humanidad, mientras Israel como Estado es juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia.
 
Son procesos que se rigen por el derecho internacional, con acusaciones, testigos, expertos y defensas garantizados por la ley. El presidente estadounidense no sólo desconoce esos procesos, sino que activa sanciones abusivas contra investigadores, jueces y fiscales que los llevan a cabo.
 
Maduro se transformó en un dictador y está acusado de delitos contra la humanidad, pero nadie puede sospechar que un mandatario, Trump, que dispara misiles contra barcazas y coquetea con supremacistas de su país tiene alguna intención real de combatir el narcotráfico ni los abusos de los derechos humanos. Qué decir de Milei, gozador patológico con los apaleamientos a jubilados y familiares de discapacitados, y negacionista del terrorismo de Estado.
 
El Presidente y los suyos entraron en éxtasis ayer por la mañana. Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y uno de los fieles de mayor peso de gurú Santiago Caputo, se sintió poseído por un protagonismo hollywoodense para explicar la razón real del ataque de Trump a Venezuela.
 
"Why? Because we fucking can. And if we can, we do" ("¿Por qué? Porque podemos, carajo. Y si podemos, lo hacemos"). Su segundo mensaje fue contra Axel Kicillof. "Sos un zurdo hijo de puta que defiende dictadores, asesinos y narcotraficantes. No metas a los bonaerenses en tu mierda, forro", posteó el jefe de la oposición de la principal provincia argentina ante la condena del gobernador de Buenos Aires a la intervención armada yanqui.
 
No se trató de un arrebato circunscripto a un integrista católico enardecido como Romo. Pablo Quirno, veterano del JP Morgan, ahora ocupa el cargo de canciller. También se dirigió a Kicillof a través de un reposteo. "Ya que les gusta tanto el derecho, empezá por cerrar bien el orto, enano comunista". La brutalidad de la época avergüenza, pero la historia demostró que no concluye en sus destellos más revulsivos.
 

02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

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