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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Entre Ríos - 09-10-2020 / 18:10

INFORME NACIONAL ELABORADO POR EL COMITÉ PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA

Entre Ríos está entre las seis provincias sin sobrepoblación en cárceles

El informe señala que, según los datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de Pena (Sneep), que solo seis provincias de todo el país no registran exceso de población carcelaria, entre ellas, Entre Ríos.

Un informe de todo el país elaborado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), detalló que Entre Ríos y cinco provincias más, son las únicas que no registran sobrepoblación en las cárceles. Se aclaró que en el resto de la Argentina hay situaciones muy complejas y graves que deben ser atendidas de modo urgente.

Según datos detallados en dicho informe, la provincia se encuentra, junto con Santiago del Estero, Córdoba, Chubut, Tucumán y Catamarca entre las seis que no tiene establecimientos sobrepasados. El resto de los establecimientos penales registran exceso de población.

En el monitoreo, se hizo notar que en 17 provincias existe superpoblación en los penales, además de fallas sanitarias.

Situación nacional

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) advirtió sobre "la extrema gravedad que reviste la posibilidad de contagio en los centros de detención" debido a "la falta de elementos básicos en materia de higiene y salubridad, deficiente infraestructura, sobrepoblación y hacinamiento, así como el riesgo potencial de la violencia que puede desplegarse ante la impotencia de evitar contagios entre las personas privadas de la libertad".

El informe anual del Comité, que se presentó esta semana ante la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo del Congreso, subraya el fuerte crecimiento de las detenciones en los últimos años, que empeoró los índices de sobrepoblación de centros penitenciarios en gran parte de la Argentina, y pone el foco sobre las crecientes "restricciones a los derechos" de las personas privadas de su libertad debido a las medidas de aislamiento.

El informe, publicado recientemente en medios nacionales, señala que hay solo seis provincias en todo el país que no registran exceso de población carcelaria y que las otras 17 están sobrepasadas hasta en un 108% de su capacidad.

Según los últimos datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (Sneep), unificados al 31 de diciembre de 2018, existe una sobrepoblación promedio del 24,9% en las unidades dependientes de servicios penitenciarios provinciales y del 7,8% en el Servicio Penitenciario Federal.

Pero la situación podría ser aún peor. El CNPT alerta que la información de la ocupación de las cárceles es suministrada por los propios servicios penitenciarios o por las autoridades administrativas que toman como variables solo "la cantidad de plazas o camas disponibles" en el lugar.

"De computarse la capacidad de los establecimientos de acuerdo con los estándares internacionales se reflejaría una sobrepoblación muy superior, como se constata al visitar las distintas unidades", indica el comité, desde donde explicaron que para medir el hacinamiento deben tomarse en cuenta otras variables, como la cantidad de metros cuadrados de las celdas y del espacio al aire libre, el acceso a los servicios sanitario y el tipo de actividades recreativas, entre otros puntos.

Según datos que brindaron los servicios penitenciarios provinciales, solo Entre Ríos, Santiago del Estero, Córdoba, Chubut, Tucumán y Catamarca no tienen los establecimientos sobrepasados. El resto de los distritos registró excesos de población de diferente envergadura.

San Juan es la provincia con la situación más delicada, con una sobrepoblación del 108%, seguida de La Rioja (55%), Jujuy (51%), Buenos Aires (44%) y Salta (42%). Tierra del Fuego y Neuquén son las que tienen un menor porcentaje de exceso (1%).

Instan a la prisión domiciliaria

Por eso, en su informe, el Comité instó a "disponer la detención domiciliaria de las personas que ya se encontraban gozando de salidas transitorias o estuvieran en un régimen de semilibertad o semidetención al momento de disponerse el aislamiento y hayan sido obligadas a volver a la unidad; disponer máxima celeridad para los trámites vinculados con excarcelaciones, prisiones domiciliarias, y priorizar las decisiones judiciales relativas a la preservación de la salud", entre otros puntos.

Según el organismo, las medidas de aislamiento preventivo "conllevaron una fuerte restricción de los derechos de las personas privadas de la libertad" debido a que la mayoría de las jurisdicciones suspendió las visitas, las actividades recreativas, laborales y educativas. En algunos casos se intentó compensar esas restricciones con protocolos.

Si bien el nivel de contagios en los establecimientos es menor al promedio de circulación del virus en la sociedad, preocupa al Comité la tasa de mortalidad de personas detenidas infectadas.

"La tasa de contagios está en la mitad de lo que está la tasa de contagios en la sociedad. Sin embargo, observamos que la tasa de fallecimientos se duplica en los lugares de encierro. Esto seguramente tenga que ver con las graves condiciones de acceso a la salud", agregó.

Según el informe presentado en el Congreso, se registraron falencias en la entrega de productos de higiene en las unidades penales y en la implementación de medidas de bioseguridad, hubo casos de personal penitenciario sin elementos de protección, se registraron insuficiencias en el acceso a la salud y escasa presencia de personal sanitario. También preocupa la confección de listados de población de riesgo y la falta de información sobre Covid-19 a los internos.

Fuente: Uno Entre Ríos

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La reforma laboral esclavista de Milei, que el pelele Frigerio apoya, perjudica a las y los trabajadores entrerrianos

El gobernador Rogelio Frigerio, el títere entrerriano de Javier Milei, reunido con el ministro del Interior, Diego Santilli, en el marco de las rondas que realiza el Ejecutivo Nacional para lograr, mediante extorsión, los votos necesarios para aprobar el polémico proyecto, le dio su apoyo a la reforma laboral esclavista, que no crea empleo y es inconstitucional. Frigerio lo hizo con la falsa excusa de que estaría "orientada a promover el empleo formal". Es el verso patronal de que esta reforma va a generar empleo y blanquear trabajadores, de lo que no hay ni un antecedente. Porqué seguir quitando derechos laborales empeora las condiciones de vida del conjunto, deteriora la economía, destruye el consuno, genera desempleos y sólo engrosa los bolsillos empresarios.

Frente a esta iniciativa libertaria que promueve bajar el costo salarial para beneficiar a las grandes empresas, precarizando, flexibilizando y esclavizando a las y los trabajadores, el Partido Justicialista de Entre Ríos rechazó enfáticamente el proyecto de reforma laboral anarco capitalista de Milei, llamó a los legisladores nacionales entrerrianos a que voten en contra y cuestionó el acompañamiento obsecuente y acrítico del gobernador Frigerio, manifestado ante la prensa en la conferencia junto al ministro Santilli.

El proyecto de Milei, con la complicidad de Frigerio, se impulsa en medio de la caída del consumo, cierre de empresas, reducción y despido de personal, turnos de trabajo más cortos, endeudamiento récord de familias, mora en pagos de pymes, obra pública nacional extinta, salarios y jubilaciones por el piso, una inflación todavía alta para una actividad económica muy retraída, quita de subsidios al transporte, el gas y la electricidad y aumento de combustibles... Y la baja de contribuciones patronales, el fondo para bancar los despidos privados y los recortes impositivos previstos desfinancian a las provincias.

"El proyecto de reforma laboral de Javier Milei es otra iniciativa destinada a beneficiar exclusivamente a los más ricos del país, quitarles derechos a los trabajadores, generar más pobreza e indigencia y hacer crecer los índices de desempleo en el pueblo argentino", destacó el PJ de Entre Ríos. "Del repaso del proyecto de Ley se advierte que prácticamente todas las reformas son lisa y llanamente quita o retroceso en materia de derechos laborales, beneficios a los empleadores -en particular a las grandes empresas- y derogaciones de legislaciones que fueron conquistas de largas luchas obreras en nuestro país. No es una reforma laboral, es un nuevo proyecto de flexibilización de los derechos de los trabajadores".

"Como peronistas es imposible acompañar este atropello al legado histórico de Juan Perón y el Peronismo, que hicieron efectivos estos derechos que hoy son atacados por el gobierno ultraderechista y neoliberal de Milei", agregaron desde el PJ entrerriano.

"La legislación sobre el banco de horas solo condicionará a los trabajadores para que extiendan su jornada laboral resignando su tiempo personal y familiar de vida. La indemnización por despido convertida en un Fondo de Cese Laboral facilitará echar trabajadores, haciendo los despidos más baratos para las empresas más poderosas. La extensión del periodo de prueba para las trabajadoras de casas particulares, sumada a la eliminación de las multas por falta de registración, dará luz verde al trabajo en negro en el empleo doméstico", enumeraron desde el PJ de Entre Ríos en su documento.

Luego, añadieron: "La regulación del empleo de las plataformas tecnológicas, -como Pedidos Ya, Rappi o Uber por dar ejemplos-, permitiendo que las empresas que controlan las plataformas no estén obligadas a proveer a los trabajadores de elementos de seguridad, ni a pagar seguros de accidentes de trabajo, es un abuso de poder injustificable".

"A estos puntos se deben sumar el fin de la ultra actividad de los Convenios Colectivos de Trabajo, la imposición de límites a asambleas y tutelas gremiales limitando el derecho a huelga, la nueva forma de cálculo de las indemnizaciones con la finalidad de achicar, aún más, el monto de la indemnización, etc. No hay nada bueno para los trabajadores. Todo el proyecto es contrario al Art. 14 bis de la Constitución Nacional y confiamos que muchas de las reformas, en caso de ser aprobadas, serán cuestionadas en la Justicia".