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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Entre Ríos - 09-10-2020 / 18:10

INFORME NACIONAL ELABORADO POR EL COMITÉ PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA

Entre Ríos está entre las seis provincias sin sobrepoblación en cárceles

El informe señala que, según los datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de Pena (Sneep), que solo seis provincias de todo el país no registran exceso de población carcelaria, entre ellas, Entre Ríos.

Un informe de todo el país elaborado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), detalló que Entre Ríos y cinco provincias más, son las únicas que no registran sobrepoblación en las cárceles. Se aclaró que en el resto de la Argentina hay situaciones muy complejas y graves que deben ser atendidas de modo urgente.

Según datos detallados en dicho informe, la provincia se encuentra, junto con Santiago del Estero, Córdoba, Chubut, Tucumán y Catamarca entre las seis que no tiene establecimientos sobrepasados. El resto de los establecimientos penales registran exceso de población.

En el monitoreo, se hizo notar que en 17 provincias existe superpoblación en los penales, además de fallas sanitarias.

Situación nacional

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) advirtió sobre "la extrema gravedad que reviste la posibilidad de contagio en los centros de detención" debido a "la falta de elementos básicos en materia de higiene y salubridad, deficiente infraestructura, sobrepoblación y hacinamiento, así como el riesgo potencial de la violencia que puede desplegarse ante la impotencia de evitar contagios entre las personas privadas de la libertad".

El informe anual del Comité, que se presentó esta semana ante la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo del Congreso, subraya el fuerte crecimiento de las detenciones en los últimos años, que empeoró los índices de sobrepoblación de centros penitenciarios en gran parte de la Argentina, y pone el foco sobre las crecientes "restricciones a los derechos" de las personas privadas de su libertad debido a las medidas de aislamiento.

El informe, publicado recientemente en medios nacionales, señala que hay solo seis provincias en todo el país que no registran exceso de población carcelaria y que las otras 17 están sobrepasadas hasta en un 108% de su capacidad.

Según los últimos datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (Sneep), unificados al 31 de diciembre de 2018, existe una sobrepoblación promedio del 24,9% en las unidades dependientes de servicios penitenciarios provinciales y del 7,8% en el Servicio Penitenciario Federal.

Pero la situación podría ser aún peor. El CNPT alerta que la información de la ocupación de las cárceles es suministrada por los propios servicios penitenciarios o por las autoridades administrativas que toman como variables solo "la cantidad de plazas o camas disponibles" en el lugar.

"De computarse la capacidad de los establecimientos de acuerdo con los estándares internacionales se reflejaría una sobrepoblación muy superior, como se constata al visitar las distintas unidades", indica el comité, desde donde explicaron que para medir el hacinamiento deben tomarse en cuenta otras variables, como la cantidad de metros cuadrados de las celdas y del espacio al aire libre, el acceso a los servicios sanitario y el tipo de actividades recreativas, entre otros puntos.

Según datos que brindaron los servicios penitenciarios provinciales, solo Entre Ríos, Santiago del Estero, Córdoba, Chubut, Tucumán y Catamarca no tienen los establecimientos sobrepasados. El resto de los distritos registró excesos de población de diferente envergadura.

San Juan es la provincia con la situación más delicada, con una sobrepoblación del 108%, seguida de La Rioja (55%), Jujuy (51%), Buenos Aires (44%) y Salta (42%). Tierra del Fuego y Neuquén son las que tienen un menor porcentaje de exceso (1%).

Instan a la prisión domiciliaria

Por eso, en su informe, el Comité instó a "disponer la detención domiciliaria de las personas que ya se encontraban gozando de salidas transitorias o estuvieran en un régimen de semilibertad o semidetención al momento de disponerse el aislamiento y hayan sido obligadas a volver a la unidad; disponer máxima celeridad para los trámites vinculados con excarcelaciones, prisiones domiciliarias, y priorizar las decisiones judiciales relativas a la preservación de la salud", entre otros puntos.

Según el organismo, las medidas de aislamiento preventivo "conllevaron una fuerte restricción de los derechos de las personas privadas de la libertad" debido a que la mayoría de las jurisdicciones suspendió las visitas, las actividades recreativas, laborales y educativas. En algunos casos se intentó compensar esas restricciones con protocolos.

Si bien el nivel de contagios en los establecimientos es menor al promedio de circulación del virus en la sociedad, preocupa al Comité la tasa de mortalidad de personas detenidas infectadas.

"La tasa de contagios está en la mitad de lo que está la tasa de contagios en la sociedad. Sin embargo, observamos que la tasa de fallecimientos se duplica en los lugares de encierro. Esto seguramente tenga que ver con las graves condiciones de acceso a la salud", agregó.

Según el informe presentado en el Congreso, se registraron falencias en la entrega de productos de higiene en las unidades penales y en la implementación de medidas de bioseguridad, hubo casos de personal penitenciario sin elementos de protección, se registraron insuficiencias en el acceso a la salud y escasa presencia de personal sanitario. También preocupa la confección de listados de población de riesgo y la falta de información sobre Covid-19 a los internos.

Fuente: Uno Entre Ríos

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El miserable ofrecimiento de aumento salarial de Frigerio

El porteño Rogelio Frigerio y buena parte de los gobernadores escucharon al presidente Javier Milei, quien celebró la supuesta mejora macroeconómica, el control político pleno que La Libertad Avanza logró en el Congreso pese a no tener mayoría, las reformas que él considera irreversibles y el avance de las ideas libertarias, que parecen irrefrenables. Frigerio y los gobernadores escucharon un relato triunfal mientras afrontan la complejidad creciente de sus administraciones provinciales, de la economía real, del derrumbe de los sectores regionales industriales y de la grave situación social.

Esa parte de la realidad, dolorosamente territorial y expulsiva, radica en el interior federal, aunque dependa casi exclusivamente de decisiones que toma Milei. El desfinanciamiento cada vez más pronunciado de las administraciones provinciales les resta posibilidades de acción territorial y política. No obstante, los diputados y senadores de las provincias votan a favor de las leyes de Milei. El oficialismo entrerriano, entre ellos.

El posicionamiento político de Frigerio es cada vez más difícil de clasificar. Intenta calmar los reproches del pueblo, pero en simultáneo avala la reforma laboral. Apoya la macroeconomía de puertas abiertas de par en par, con importaciones indiscriminadas, pero reclama igualdad de condiciones para la golpeada industria provincial. Los diagnósticos son tenebrosos en materia de empleo y de condiciones sociales del amplio sector asalariado entrerriano que desde hace décadas vive de industrias que van perdiendo competitividad, y que el proyecto libertario ha venido a liquidar. Milei lo hace sin complejos: celebra el cierre de empresas, trata de delincuentes a los principales empresarios del país y jamás habla de producción ni de empleo.

Cuando se observa el posicionamiento de Frigerio, su margen político se evidencia dramáticamente reducido. Y las consecuencias en la propia administración son crecientes. Frigerio sostiene el ajuste en los sueldos públicos y en las jubilaciones pese al malestar gremial en alza; intenta amortiguar la caída generalizada de recursos con mayor endeudamiento, con refinanciamiento caro y sobre costos. Mientras, subsiste gracias al intercambio de votos en el Congreso por algún ATN. Se balancea al borde del abismo y la conflictividad se incrementa en todo el territorio provincial.

En ese marco, Nadia Burgos, dirigente del MST en el FIT-U y delegada gremial del Ministerio de Salud se expresó: "La paritaria estatal en Entre Ríos volvió a mostrar el mismo esquema de siempre: el gobierno presenta una oferta que no recompone el salario real y pretende cerrar el conflicto con el aval de UPCN, mientras miles de trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo y en su mayoría con salario de pobreza". La miserable propuesta de Frigerio, del 15,8% sobre sueldo básico de junio 2025, no cubre la inflación acumulada ni garantiza una recuperación del salario, sumado a los 9 meses de salarios congelado junto a los recortes de ingreso de junio 2025. Las sumas fijas, tramos diferidos y promesas de revisión no resuelven el problema de fondo: los sueldos estatales están por debajo de lo necesario para vivir. Frigerio está muy alejado de lo que se vive en los lugares de trabajo: el salario no llega, las condiciones laborales se deterioran y el ajuste se descarga sobre quienes sostienen el funcionamiento del Estado y los jubilados.

Por su parte, para el sector pasivo se otorgará una suma fija de 75.000 pesos que reemplaza la suma fija que venían percibiendo de $40.000. Aumento real: $35.000. Una miseria. Las cifras establecidas están muy debajo de la inflación real y en la mitad de los índices truchos del gobierno de Milei. Y no recomponen el poder de compra de los trabajadores. El Consejo Provincial del Partido Justicialista expresó su "profunda preocupación y rechazo ante el reciente anuncio del gobierno provincial de otorgar incrementos salariales bajo la modalidad de sumas no remunerativas y no bonificables". Resulta contradictorio e injustificable que, en un contexto donde el propio oficialismo impulsa una reforma previsional que afectará directamente a trabajadores activos y jubilados, se dispongan mecanismos salariales que reducen aportes, debilitan el financiamiento del sistema previsional y deterioran el salario real de los empleados públicos.

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