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El clima en Paraná

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 09-10-2020 / 10:10
PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

Kristalina Georgieva cambia los interlocutores con la Argentina

Kristalina Georgieva cambia los interlocutores con la Argentina
La conmoción que generó en el cuartel general del FMI que se marchitaran tan rápido los brotes verdes que regó con 44.000 millones de dólares durante el último año y medio del mandato de Mauricio Macri tuvo mucho que ver con la selección de los enviados de Kristalina Georgieva que aterrizaron esta semana en Buenos Aires.
La conmoción que generó en el cuartel general del FMI que se marchitaran tan rápido los brotes verdes que regó con 44.000 millones de dólares durante el último año y medio del mandato de Mauricio Macri tuvo mucho que ver con la selección de los enviados de Kristalina Georgieva que aterrizaron esta semana en Buenos Aires.
 
El colapso trocó también los interlocutores que eligió el Fondo para conocer la profundidad de la crisis. A la Unión Industrial Argentina (UIA), que no habían escuchado nunca desde su súbito regreso al país en abril de 2018, la citaron ayer para conversar en el Hilton. Su jefe, Miguel Acevedo, trató de hacer equilibrio.
 
-Sabemos que la situación es difícil pero vemos bien la potencialidad de una recuperación. El tipo de cambio está bien. Alcanza. No hay que pagar deuda, no hay stock frenado de importaciones. Sí hacen falta acuerdos básicos en la política -dijo.
 
Casi sin interrumpirlo -intérprete mediante- asentía Julie Kozack, la número dos del departamento para el Hemisferio Occidental del FMI. Aunque sigue formalmente como director para evitar un conflicto supranacional, el argenmex Alejandro Werner debió cederle a ella el timón apenas asumió Georgieva.
 
Fue un gesto al gobierno argentino, para no forzarlo a renegociar el plazo de repago de esos 44.000 millones con los mismos funcionarios que tomaron la decisión de entregárselos a Macri, en plena campaña electoral y pese a que sus estatutos le prohibían (y le prohíben) financiar a economías que experimenten severas fugas de divisas.
 
Es lo mismo que pasó con el italiano Roberto Cardarelli, el encargado del caso argentino eyectado por Georgieva y reemplazado de un plumazo por el venezolano Luis Cubeddu. Pero por la relación que tejieron con ella durante la renegociación de la deuda con los privados, la preferida de Martín Guzmán y del director por Argentina en el FMI, Sergio Chodos, es Julie. La "compañera Kozack", como la llaman en broma entre ellos.
 

 
Kozack es oriunda de New Jersey y menos consustanciada que otros burócratas del Fondo con los intereses de los ejecutivos de Wall Street, a los que incluso alguna vez contó que desprecia por petulantes, Kozack exhibe su experiencia en Islandia como un diploma de heterodoxa pragmática.
 
Entre 2009 y 2012 fue la encargada de supervisar el rescate financiero al país de Björk y los esquimales, donde por primera vez el FMI avaló un cepo cambiario estricto. Tras derretirse peor que la Argentina con Macri, la economía islandesa salió a flote.
 
En Economía dan por hecho que Georgieva avalará la refinanciación de la deuda antes de marzo, cuando opera el primer vencimiento con el Club de París, atado al Fondo. La pregunta es qué exigirá a cambio. La compañera Julie no dio muchas pistas. En todo momento aclaró que no tenía mandato del directorio para negociar nada. Incluso los industriales llegaron a preguntarse para qué había decidido viajar, en plena pandemia.
 
 
Flexibles
  
Dos de las preguntas que les hizo Kozack a los popes de la UIA y a Matías Kulfas sí pueden servir como anticipo de las condiciones que impondrá Georgieva, su jefa, a la hora de reprogramar los plazos de pago de la deuda que dejó como herencia Macri.
 
Una fue sobre la reciente Ley de Teletrabajo, que en la reunión con la UIA le dio pie a Daniel Funes de Rioja para hablar 20 minutos sobre la necesidad de leyes laborales más flexibles.
 
La otra, sobre la empresa pública que administrará la concesión de la Hidrovía del Paraná, que Fernández anunció que será compartida entre la Nación y las provincias con ribera a ese río. Un cambio que puede leerse desde Washington como una estatización. O peor, como otro avance de China en el manejo de un recurso natural estratégico en Latinoamérica.
 
Son dos temas sobre los cuales el FMI no parece haberse movido de sus posiciones históricas, al menos en el documento que acaba de publicar su staff en Brasil tras concluir la revisión anual que prescribe el Artículo IV de su estatuto.
 
"Se sigue necesitando un renovado impulso para aprobar una reforma fiscal integral, finalizar acuerdos comerciales con la UE y otros socios comerciales y acelerar el ritmo de nuevas concesiones y privatizaciones", le recomendó allí a Jair Bolsonaro.
 
La ortodoxia fiscal del Fondo también luce intacta. El mismo reporte del staff sobre Brasil fechado este lunes reivindica "la reforma previsional histórica que estabilizó el gasto en pensiones como porcentaje del PBI". Ese deber, podría decir Guzmán, ya está cumplido acá con el fin de la movilidad automática.
 
Pero el texto también le reclama a Bolsonaro que recorte gradualmente la Ayuda de Emergencia, su versión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE): "Con cerca de 10 veces el costo anual del plan Bolsa Familia (la asignación por hijo vecina), la Ayuda de Emergencia fue demasiado grande dado el espacio fiscal disponible".
 
Sobre que no preguntaron demasiado los enviados del Fondo, curiosamente, es sobre las reservas del Banco Central. "Era como si estuvieran esperando que les pidiéramos plata fresca nosotros", contó a BAE Negocios uno de los ministros que los recibió. Es lo que sí pidió Lenin Moreno en Ecuador, por caso, pero que lo obligará a un severo ajuste fiscal el año próximo.
 
En el Gobierno aseguran que los casos son distintos y que el FMI le está diciendo a cada uno lo que quiere escuchar, mientras gana tiempo hasta que se defina quién ocupará la Casa Blanca -y por ende el Tesoro, y por ende el Fondo- los próximos cuatro años. "En Brasil está (el ultraortodoxo Paulo) Guedes, quizá incluso eso del ajuste lo pidió él", arriesgó otra fuente. Es lo que hacía Nicolás Dujovne en la época de Cardarelli.
 
 
Aceitosos
  
Mientras tanto, el equipo económico aguarda que los aceiteros y acopiadores de cereales cumplan con su parte del pacto que se coronó con la rebaja temporaria de retenciones de la semana pasada. Pero algunos lamentan que, al haber habido tantos interlocutores distintos del lado oficial, las concesiones que hizo el Estado no vayan a fructificar en la ansiada liquidación de divisas por parte de ese sector exportador.
 
La más promocionada de esas concesiones fue la rebaja de tres puntos de las retenciones a la exportación de soja, pero la más importante para las multis del sector fue la restitución del diferencial entre las retenciones que paga el grano sin procesar y sus subproductos (harina, aceite y pellets).
 
Ese diferencial fue el que motivó a esas multis a montar el complejo de crushing más importante del mundo, justamente a la vera del Paraná. "Eso no se los estamos cobrando. Ahora vienen por la carne y la leche y es lógico que lo hagan, pero son otros tipos", protesta uno de los que creen que otra vez hubo torpeza en la implementación.
 
¿Dicen la verdad los industriales aceiteros cuando le aseguran, como Gustavo Idígoras a Kulfas anteayer, que son los productores los que no entregan sus granos? ¿Cómo puede ser que se hayan cosechado 50 millones de toneladas y queden sin liquidar 17 millones y los productores tengan apuro por entregarlos?
 
¿Qué margen de rentabilidad tiene un agronegocio que puede darse el lujo de retener indefinidamente el excedente después de liquidado el grano necesario para los gastos de la siguiente siembra?
 
Es lo que ahora buscará testear el Banco Central con sus medidas de ayer. El directorio sacó al agronegocio de los sectores elegibles para créditos a tasas subsidiadas y lo limitó a los sectores castigados por la pandemia.
 
Miguel Pesce sospecha que parte del poder para demorar la liquidación emana del crédito en pesos a tasas negativas que tomaron el año pasado (y que seguían tomando este año) las empresas del campo.
 
 
¿Nestorismo con brecha?
  
Lo difícil será maniobrar la reconstrucción con tantas variables cruzadas. Es el principal escollo para revivir aquella economía pujante del primer kirchnerismo, con sus sueldos bajos pero también con su superávit fiscal y sus tasas chinas.
 
Hoy la economía se convirtió en un archipiélago donde algunas islas están reactivándose a toda velocidad y otras no salen del pozo. Lo prueban los números de septiembre, con la mejor producción de autos desde febrero de 2019, la venta de motos 49% por encima de un año atrás, la de cemento mayor en 13 meses y la de materiales para la construcción en un récord desde 2017. La contracara de los cines, teatros, gimnasios y restaurantes.
 
Tampoco es casual. Tal como consigna el último informe del Centro de Estudios para la Producción (CEP), que dirige Daniel Schteingart, los grandes perdedores son los servicios ligados a la vida fuera del hogar, que pasaron de explicar el 17% del gasto promedio de un hogar a solo el 7%. La demanda se achicó, pero además se reorientó.
 
Los industriales manufactureros ven ahí la veta. Mucho más nítida que los aceiteros, por ejemplo. Muchos compran máquinas y queman ahorros para hacerlo, pensando en aquel tan rentable primer kirchnerismo. Los que pican en punta son los textiles.
 
Pero otros sucumben a inquietudes propias de su clase social, como la que genera el impuesto a las grandes fortunas. A ellos quizá les habló la jefa de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, cuando aclaró ayer que "de ninguna manera el aporte extraordinario va a llevar a algunos de los que tendrán que pagarlo a vender sus campos, su ganado ni sus maquinarias".
 
Sobre el universo potencial de contribuyentes alcanzados por el aporte, dijo Marcó del Pont, solo el 2,4% declara inmuebles rurales. Y ellos mismos tienen disponibilidades líquidas y financieras 25 veces superiores al aporte que deberían pagar.
 
Al menos son trapitos que se ventilan en casa: a la misión del Fondo Monetario, los popes de la UIA no le hablaron de ese impuesto. Tal vez porque ya lo consideren demasiado tarde.
 
Por Alejandro Bercovich
 
Fuente: BAE Negocios
 

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18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

15-02-2026 / 09:02
Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial. 
 
El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.
 
Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.
 
Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.
 
¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.
 
El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.
 
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