La Opinión Popular
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El clima en Paraná

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 09-10-2020 / 10:10
PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

Kristalina Georgieva cambia los interlocutores con la Argentina

Kristalina Georgieva cambia los interlocutores con la Argentina
La conmoción que generó en el cuartel general del FMI que se marchitaran tan rápido los brotes verdes que regó con 44.000 millones de dólares durante el último año y medio del mandato de Mauricio Macri tuvo mucho que ver con la selección de los enviados de Kristalina Georgieva que aterrizaron esta semana en Buenos Aires.
La conmoción que generó en el cuartel general del FMI que se marchitaran tan rápido los brotes verdes que regó con 44.000 millones de dólares durante el último año y medio del mandato de Mauricio Macri tuvo mucho que ver con la selección de los enviados de Kristalina Georgieva que aterrizaron esta semana en Buenos Aires.
 
El colapso trocó también los interlocutores que eligió el Fondo para conocer la profundidad de la crisis. A la Unión Industrial Argentina (UIA), que no habían escuchado nunca desde su súbito regreso al país en abril de 2018, la citaron ayer para conversar en el Hilton. Su jefe, Miguel Acevedo, trató de hacer equilibrio.
 
-Sabemos que la situación es difícil pero vemos bien la potencialidad de una recuperación. El tipo de cambio está bien. Alcanza. No hay que pagar deuda, no hay stock frenado de importaciones. Sí hacen falta acuerdos básicos en la política -dijo.
 
Casi sin interrumpirlo -intérprete mediante- asentía Julie Kozack, la número dos del departamento para el Hemisferio Occidental del FMI. Aunque sigue formalmente como director para evitar un conflicto supranacional, el argenmex Alejandro Werner debió cederle a ella el timón apenas asumió Georgieva.
 
Fue un gesto al gobierno argentino, para no forzarlo a renegociar el plazo de repago de esos 44.000 millones con los mismos funcionarios que tomaron la decisión de entregárselos a Macri, en plena campaña electoral y pese a que sus estatutos le prohibían (y le prohíben) financiar a economías que experimenten severas fugas de divisas.
 
Es lo mismo que pasó con el italiano Roberto Cardarelli, el encargado del caso argentino eyectado por Georgieva y reemplazado de un plumazo por el venezolano Luis Cubeddu. Pero por la relación que tejieron con ella durante la renegociación de la deuda con los privados, la preferida de Martín Guzmán y del director por Argentina en el FMI, Sergio Chodos, es Julie. La "compañera Kozack", como la llaman en broma entre ellos.
 

 
Kozack es oriunda de New Jersey y menos consustanciada que otros burócratas del Fondo con los intereses de los ejecutivos de Wall Street, a los que incluso alguna vez contó que desprecia por petulantes, Kozack exhibe su experiencia en Islandia como un diploma de heterodoxa pragmática.
 
Entre 2009 y 2012 fue la encargada de supervisar el rescate financiero al país de Björk y los esquimales, donde por primera vez el FMI avaló un cepo cambiario estricto. Tras derretirse peor que la Argentina con Macri, la economía islandesa salió a flote.
 
En Economía dan por hecho que Georgieva avalará la refinanciación de la deuda antes de marzo, cuando opera el primer vencimiento con el Club de París, atado al Fondo. La pregunta es qué exigirá a cambio. La compañera Julie no dio muchas pistas. En todo momento aclaró que no tenía mandato del directorio para negociar nada. Incluso los industriales llegaron a preguntarse para qué había decidido viajar, en plena pandemia.
 
 
Flexibles
  
Dos de las preguntas que les hizo Kozack a los popes de la UIA y a Matías Kulfas sí pueden servir como anticipo de las condiciones que impondrá Georgieva, su jefa, a la hora de reprogramar los plazos de pago de la deuda que dejó como herencia Macri.
 
Una fue sobre la reciente Ley de Teletrabajo, que en la reunión con la UIA le dio pie a Daniel Funes de Rioja para hablar 20 minutos sobre la necesidad de leyes laborales más flexibles.
 
La otra, sobre la empresa pública que administrará la concesión de la Hidrovía del Paraná, que Fernández anunció que será compartida entre la Nación y las provincias con ribera a ese río. Un cambio que puede leerse desde Washington como una estatización. O peor, como otro avance de China en el manejo de un recurso natural estratégico en Latinoamérica.
 
Son dos temas sobre los cuales el FMI no parece haberse movido de sus posiciones históricas, al menos en el documento que acaba de publicar su staff en Brasil tras concluir la revisión anual que prescribe el Artículo IV de su estatuto.
 
"Se sigue necesitando un renovado impulso para aprobar una reforma fiscal integral, finalizar acuerdos comerciales con la UE y otros socios comerciales y acelerar el ritmo de nuevas concesiones y privatizaciones", le recomendó allí a Jair Bolsonaro.
 
La ortodoxia fiscal del Fondo también luce intacta. El mismo reporte del staff sobre Brasil fechado este lunes reivindica "la reforma previsional histórica que estabilizó el gasto en pensiones como porcentaje del PBI". Ese deber, podría decir Guzmán, ya está cumplido acá con el fin de la movilidad automática.
 
Pero el texto también le reclama a Bolsonaro que recorte gradualmente la Ayuda de Emergencia, su versión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE): "Con cerca de 10 veces el costo anual del plan Bolsa Familia (la asignación por hijo vecina), la Ayuda de Emergencia fue demasiado grande dado el espacio fiscal disponible".
 
Sobre que no preguntaron demasiado los enviados del Fondo, curiosamente, es sobre las reservas del Banco Central. "Era como si estuvieran esperando que les pidiéramos plata fresca nosotros", contó a BAE Negocios uno de los ministros que los recibió. Es lo que sí pidió Lenin Moreno en Ecuador, por caso, pero que lo obligará a un severo ajuste fiscal el año próximo.
 
En el Gobierno aseguran que los casos son distintos y que el FMI le está diciendo a cada uno lo que quiere escuchar, mientras gana tiempo hasta que se defina quién ocupará la Casa Blanca -y por ende el Tesoro, y por ende el Fondo- los próximos cuatro años. "En Brasil está (el ultraortodoxo Paulo) Guedes, quizá incluso eso del ajuste lo pidió él", arriesgó otra fuente. Es lo que hacía Nicolás Dujovne en la época de Cardarelli.
 
 
Aceitosos
  
Mientras tanto, el equipo económico aguarda que los aceiteros y acopiadores de cereales cumplan con su parte del pacto que se coronó con la rebaja temporaria de retenciones de la semana pasada. Pero algunos lamentan que, al haber habido tantos interlocutores distintos del lado oficial, las concesiones que hizo el Estado no vayan a fructificar en la ansiada liquidación de divisas por parte de ese sector exportador.
 
La más promocionada de esas concesiones fue la rebaja de tres puntos de las retenciones a la exportación de soja, pero la más importante para las multis del sector fue la restitución del diferencial entre las retenciones que paga el grano sin procesar y sus subproductos (harina, aceite y pellets).
 
Ese diferencial fue el que motivó a esas multis a montar el complejo de crushing más importante del mundo, justamente a la vera del Paraná. "Eso no se los estamos cobrando. Ahora vienen por la carne y la leche y es lógico que lo hagan, pero son otros tipos", protesta uno de los que creen que otra vez hubo torpeza en la implementación.
 
¿Dicen la verdad los industriales aceiteros cuando le aseguran, como Gustavo Idígoras a Kulfas anteayer, que son los productores los que no entregan sus granos? ¿Cómo puede ser que se hayan cosechado 50 millones de toneladas y queden sin liquidar 17 millones y los productores tengan apuro por entregarlos?
 
¿Qué margen de rentabilidad tiene un agronegocio que puede darse el lujo de retener indefinidamente el excedente después de liquidado el grano necesario para los gastos de la siguiente siembra?
 
Es lo que ahora buscará testear el Banco Central con sus medidas de ayer. El directorio sacó al agronegocio de los sectores elegibles para créditos a tasas subsidiadas y lo limitó a los sectores castigados por la pandemia.
 
Miguel Pesce sospecha que parte del poder para demorar la liquidación emana del crédito en pesos a tasas negativas que tomaron el año pasado (y que seguían tomando este año) las empresas del campo.
 
 
¿Nestorismo con brecha?
  
Lo difícil será maniobrar la reconstrucción con tantas variables cruzadas. Es el principal escollo para revivir aquella economía pujante del primer kirchnerismo, con sus sueldos bajos pero también con su superávit fiscal y sus tasas chinas.
 
Hoy la economía se convirtió en un archipiélago donde algunas islas están reactivándose a toda velocidad y otras no salen del pozo. Lo prueban los números de septiembre, con la mejor producción de autos desde febrero de 2019, la venta de motos 49% por encima de un año atrás, la de cemento mayor en 13 meses y la de materiales para la construcción en un récord desde 2017. La contracara de los cines, teatros, gimnasios y restaurantes.
 
Tampoco es casual. Tal como consigna el último informe del Centro de Estudios para la Producción (CEP), que dirige Daniel Schteingart, los grandes perdedores son los servicios ligados a la vida fuera del hogar, que pasaron de explicar el 17% del gasto promedio de un hogar a solo el 7%. La demanda se achicó, pero además se reorientó.
 
Los industriales manufactureros ven ahí la veta. Mucho más nítida que los aceiteros, por ejemplo. Muchos compran máquinas y queman ahorros para hacerlo, pensando en aquel tan rentable primer kirchnerismo. Los que pican en punta son los textiles.
 
Pero otros sucumben a inquietudes propias de su clase social, como la que genera el impuesto a las grandes fortunas. A ellos quizá les habló la jefa de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, cuando aclaró ayer que "de ninguna manera el aporte extraordinario va a llevar a algunos de los que tendrán que pagarlo a vender sus campos, su ganado ni sus maquinarias".
 
Sobre el universo potencial de contribuyentes alcanzados por el aporte, dijo Marcó del Pont, solo el 2,4% declara inmuebles rurales. Y ellos mismos tienen disponibilidades líquidas y financieras 25 veces superiores al aporte que deberían pagar.
 
Al menos son trapitos que se ventilan en casa: a la misión del Fondo Monetario, los popes de la UIA no le hablaron de ese impuesto. Tal vez porque ya lo consideren demasiado tarde.
 
Por Alejandro Bercovich
 
Fuente: BAE Negocios
 

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31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

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