18:17 | Domingo 28 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 09-10-2020 / 09:10

LA CORTE SUPREMA TIENE 65 CAUSAS DE LESA HUMANIDAD SIN RESOLVER HACE AÑOS

Más solo que loco malo: rechazo a la jugada de Rosenkrantz

Sin la presencia de representantes del Poder Ejecutivo, de Diputados y del Senado y de la mayoría de los organismos de derechos humanos, que entrevieron un intento de aprovechamiento personal por parte del juez supremo y una actitud “oportunista”.

Tras una parálisis de cuatro años, la Comisión Interpoderes, que desde hace más de una década tiene la misión de agilizar los juicios de lesa humanidad, se reunió finamente después de estar congelada durante todo el gobierno de Mauricio Macri.

El encuentro por Zoom, al que había convocado el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, el ex abogado de Clarín, tras recibir un pedido de juicio político precisamente por paralizar las causas por crímenes del terrorismo de Estado y no citar a la comisión en cuestión, quedó expuesto en soledad.

Sin la presencia de representantes del Poder Ejecutivo, de Diputados y del Senado y de la mayoría de los organismos de derechos humanos, que entrevieron un intento de aprovechamiento personal por parte del juez supremo y una actitud "oportunista", según la nota que enviaron a la Corte la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla. Tampoco estuvo ningún otro miembro del alto tribunal.

Entre quienes asistieron, la titular de la Procuraduría de Lesa Humanidad, Ángeles Ramos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Americana de Juristas (AAJ) hicieron los reclamos más fuertes y puntuales frente a la parálisis de la mayoría de los juicios contra represores y las notorias demoras en la propia Corte, donde hay causas estancadas hace más de cuatro años. Rosenkrantz solo propuso por ahora formar comisiones de trabajo.

El supremo Rosenkrantz se preocupó por decirles a todos los participantes que venía planeando reunir a la Interpoderes desde el mes pasado, ya que era un reclamo de los organismos: "No se convocó a la luz de ningún acontecimiento fortuito". Lo dijo, como es obvio, para intentar desvincular su iniciativa del pedido de juicio político y del contexto de tensión política a raíz de su impulso y respaldo a la apertura de un per saltum a favor de los tres jueces que se quieren quedar atornillados en cargos claves de Comodoro Py.

Rosenkrantz --ideólogo del 2x1 a favor de los genocidas represores-- trató también de culpar a sus colegas: "No había voluntad de demorar la reunión sino simplemente por el modo en que funciona la Corte todo trámite administrativo requiere la firma de todos los ministros".

Los funcionarios y funcionarias del Gobierno que decidieron no participar dejaron claro en una nota que esperan que la Corte sea "categórica" en relación a las causas de lesa humanidad y que las considere una "verdadera política de Estado" para terminar con una situación de estancamiento, ya que hay gran cantidad de casos sin resolver en el propio tribunal.

En Abuelas de Plaza de Mayo, evaluaron que, al no asistir el Ejecutivo y otros poderes, y que el llamado no tenía un fin institucional por los juicios de lesa humanidad, preferían no participar.

La Opinión Popular

La Corte Suprema tiene 65 causas de lesa humanidad sin resolver hace años

El dato revela las prioridades del máximo tribunal, en especial desde 2016, que no prioriza los casos vinculados al terrorismo de Estado y abonan a la impunidad biológica de los genocidas que siguen sin sentencia firme.

La Corte Suprema tiene al menos 65 causas por delitos de lesa humanidad sin resolver, la mayoría desde 2016 pero hay casos que llevan hasta 9 años en sus cajones. Involucran desde genocidas como Santiago Omar Riveros hasta empresarios como Carlos Blaquier, desde casos emblemáticos como la Masacre de Trelew hasta un ex juez tres veces condenado.

La demora en estos casos, denunciada durante años por los organismos de Derechos Humanos, indica que la estrategia es la de la impunidad biológica, que la avanzada edad de los genocidas juegue en tándem con la demora judicial.

Los datos surgen de un primer mapeo que realizó la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, a cargo de la fiscala Ángeles Ramos. No es un dato fácil de rastrear: la propia Corte no lo informa y el sistema de consulta judicial para seguir el derrotero de los expedientes es de todo menos práctico.

El tiempo que lleva cada caso en la Corte se calcula desde que tiene sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia penal del país, previa en esos casos al máximo tribunal. Sin fallo de la Corte los genocidas siguen sin sentencia firme.

La mayoría de las demoras coincide temporalmente con los años de Mauricio Macri en la presidencia y la Corte que completó con Carlos Rosenkrantz, el actual presidente del máximo tribunal, y Horacio Rosatti. De las 65 causas, 55 están esperando respuesta de la Corte desde 2016. El resto desde antes.

Este dato es el trasfondo de la fallida reunión de la Comisión Interpoderes convocada por Rosenkrantz. Ese espacio ya podría decirse que no existe. De Interpoderes le quedó solo el nombre, ya que no asistieron ni el Ejecutivo ni el Legislativo, el propio Rosenkrantz no fue acompañado siquiera por el resto de los cortesanos y la mayoría de los organismos de Derechos Humanos declinaron la invitación ante el evidente oportunismo del presidente de la Corte.

La existencia de al menos 65 causas sobre delitos de lesa humanidad que esperan Justicia desde hace décadas y el fracaso de la convocatoria de Rosenkrantz abren una discusión que es tiempo de saldar. La Corte no tiene tiempos ni plazos, queda en evidencia, pero puede a su vez ordenar sus prioridades.

A la vista de este listado de casos en los que no solo benefician a los genocidas sino que se violenta de nuevo a las víctimas, aparece como imperativo que la propia Corte deje por escrito que deben priorizarse. El terrorismo de Estado si tiene gravedad institucional, no los casos de 3 jueces y su pretendido derecho adquirido de ser nombrados a dedo.

Genocidas

Uno de los casos de impunidad biológica es a su vez uno de los que más tiempo lleva en los cajones de la Corte Suprema e implica a uno de los jerarcas de la última dictadura militar. Se trata de la causa que involucraba al general Jorge Olivera Rovere, el temible segundo al mando de Carlos Suárez Mason en el I Cuerpo del Ejército. El caso lleva más de 8 años en la Corte.

Olivera Rovere fue condenado a prisión perpetua en 2009 y en 2013 la Cámara de Casación ratificó la pena por 116 privaciones ilegitimas de libertad y 4 asesinatos con alevosía. Pero Olivera Róvere murió el 14 de febrero de 2015, con esta y otras causas sin resolver.

Hay un caso aún más antiguo en la Corte, que lleva 9 años sin resolución. Se trata de la condena a prisión perpetua al general Pedro Pablo Mansilla por el secuestro, tortura y asesinato de Carlos Labolita en Mar del Plata. Labolita era amigo y compañero de militancia de Néstor Kirchner y CFK.

El poderoso general Santiago Omar Riveros, que acumula condenas por delitos de lesa humanidad, tiene varios expedientes sin resolver en la Corte Suprema. Uno lleva más 8 años en la Corte: es el caso de Floreal "Negrito" Avellaneda, una de las víctimas más jóvenes de la dictadura cívico-militar. Militante de la Federación Juvenil Comunista, el "Negrito" tenía 15 años cuando fue secuestrado, torturado y su cuerpo mutilado apareció en la costa uruguaya en 1976. Su caso tardó 33 años en llegar a juicio oral, el doble de su edad cuando fue asesinado.

Por el caso del "Negrito" Avellaneda en 2009 el Tribunal Oral Federal de San Martín condenó a Riveros, ex jefe del Campo de Mayo, a prisión perpetua y a otros 5 militares a penas entre 8 y 25 años. La Cámara de Casación confirmó la sentencia en 2012, pero desde entonces el expediente está en la Corte.

Riveros también fue condenado en 2017 por los delitos de lesa humanidad, incluidos delitos sexuales, cometidos durante la última dictadura en la comisaria de Villa Ballester. La sentencia fue confirmada por Casación el 16 de mayo de 2018. Desde entonces la Corte tampoco la resuelve.

Riveros junto al dictador Reynaldo Bignone también fueron condenados en otra causa por torturas y asesinatos en Campo de Mayo en 2013, sentencia confirmada por la Cámara de Casación en 2017. La Corte tampoco la trató aun. Lo mismo con las condenas que recibieron Riveros y Bignone por el plan sistemático de robo de bebés en Campo de Mayo, que desde 2017 tiene confirmación de la Cámara de Casación.

Entre tanto, el genocida Riveros fue uno de los que pidió (y le rechazaron) el beneficio del 2x1 luego de que la Corte se lo otorgara a Luis Muiña. Y Bignone murió el 7 de marzo de 2018: impunidad biológica.

Luciano Benjamín Menéndez, el genocida con el record de 7 condenas a cadena perpetua, también gozó de las demoras de la Corte. En su caso, hace 7 años que el máximo tribunal no resuelve sobre su condena a perpetua por las desapariciones de 12 personas en Mendoza.

Otro de los represores más sangrientos fue el capitán Héctor Vergez, que llegó incluso a publicar un libro titulado "Yo fui Vargas" donde relató detalles de sus crímenes en tiempos de la impunidad menemista. En 2012 fue condenado a 23 años de prisión, la Cámara de Casación confirmó la sentencia en noviembre de 2016 y desde entonces está en el limbo cortesano.

El caso de la Masacre de Trelew lleva 6 años sin respuesta de la Corte. Se trata del fusilamiento de 16 presos políticos ocurrido el 22 de agosto de 1972 en la Base Almirante Zar. El 19 de marzo de 2014 la Sala III de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Liliana Catucci, Mariano Borinsky y Alejandro Slokar, confirmó las condenas a prisión perpetua contra Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino. Desde entonces, el caso está en la Corte.

Civiles

La Corte no solo demora casos de militares, también de empresarios e incluso uno de la corporación judicial ligados al terrorismo de Estado.

El más paradigmático en los civiles es el de Carlos Blaquier, uno de los ideólogos del terrorismo de Estado y del reformateo económico a punta de pistola y picana. Blaquier fue juzgado por el operativo conocido como Apagón de Ledesma, cuando un grupo de tareas ingresó la planta de Ledesma con vehículos de la propia empresa para secuestrar a varios trabajadores. Pero en este caso Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, con las firmas de Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi, dijo que Blaquier no sabía para qué iban a usar los vehículos.

El ideólogo dictatorial que no sabía de los métodos que había planificado. Desde la agrupación HIJOS plantearon un recurso que llegó a la Corte en 2015 y sigue sin resolverse, por el peso de Blaquier y por las relaciones familiares que tiene con la esposa de Carlos Rosenkrantz.

Otro caso de civiles cómplices del terrorismo de Estado es el de Marcos Levin, quien fue el primer empresario condenado por delitos de lesa humanidad cometidos contra trabajadores de su empresa La Veloz del Norte. En una de las causas contra Levin la Corte resolvió en 2018 que se siguiera investigando.

Pero en otra, donde fue condenado en 2016, la Corte aún tiene que resolver respecto a la resolución de la Cámara de Casación que dijo que los delitos cometidos por Levin y 3 ex policías no eran de lesa humanidad y habían prescripto. Dos de los jueces que dijeron eso fueron Riggi y Gemigniani, los mismos que beneficiaron a Blaquier. El tercero fue Carlos Mahiques, puesto a dedo por Macri.

La corporación judicial se cuida a sí misma y en los delitos de lesa humanidad parece no haber excepción. El ex juez santaffecino Víctor Hermes Brusa tuvo tres condenas por delitos de lesa humanidad. En una de ellas, donde fue condenado en 2009 a 21 años por apremios ilegales de 8 personas, la Corte le confirmó la sentencia en 2013. Pero en otra, condenado a 7 años en 2014, la Corte aún no resolvió.

Los expedientes que llevan años en el máximo tribunal también remiten al Plan Cóndor, a los delitos cometidos en Monte Peloni, en los Centros Clandestinos de Detención Vesubio, Mansión Seré, Base Naval de Mar del Plata, el Arsenal Azcuénaga de Tucumán, La Escuelita de General Roca y Automotores Orletti. Hay expedientes de todo el país.

El espiral recursivo

En el último informe del estado general de las causas de lesa humanidad que realizó la Procuraduría que comanda la fiscala Ramos, que es de diciembre de 2019, hay varios datos para complementar este cuello de botella que genera la Corte. Lo que denominan el "espiral recursivo", las idas y vueltas de los expedientes en las instancias superiores del Poder Judicial.

Al 1 de diciembre de 2019 había 589 causas por delitos de lesa humanidad en trámite. De esas, 238 tienen sentencia pero el 67% está en alguna instancia recursiva, sea en la Cámara de Casación o en la Corte. Pero lo notable es que en esas instancias es donde más se demora. Según el informe, el tiempo promedio en la instrucción de los juicios es de 7 mesas. Entre la elevación a juicio y el veredicto el promedio son 2,4 años. Pero el promedio entre la sentencia y el fallo del último recurso ante la Corte llega a 3,6 años.

"Si se considera que más del 90% de las sentencias se recurren ante la CSJN, lo cierto es que a los tiempos de tramitación se le suma en todos los casos casi 4 años más, sólo para confirmar o no lo dispuesto por el Tribunal Oral", plantea el informe de la Procuraduría. Y evidencia, una vez más, que debería sentarse una prioridad para resolver de una vez por todas los casos pendientes del terrorismo de Estado.

Por Ari Lijalad

Fuente: El Destape

28-12-2025 / 12:12

Al revés de lo que pretende Milei, las empresas remarcan para amortiguar caída de ventas y pérdidas millonarias

Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.

Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.

Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.

Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.

Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.

Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.

PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.

Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.

En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.

Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.

27-12-2025 / 09:12

Defendiendo lo indefendible: El apoyo a Milei fue contra los intereses de la mayoría que lo votó, aunque ellos se ilusionan con lo contrario

Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.

Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.

El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.

Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.

En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.

Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.

Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.

Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.

En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza.

26-12-2025 / 07:12

El Loco Milei contra la Iglesia Católica: Una relación que va de fría a congelada

Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.

Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.

Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".

Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".

Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.

El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.

El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).

A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.

"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.

La Opinión Popular

24-12-2025 / 11:12

Corrupción libertaria en la Agencia Nacional de Discapacidad: El exnúmero dos niega todo y deja a Spagnuolo como el corrompido de las compras truchas

La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.

La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.

En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.

Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.

En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.

Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".

El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.

Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.

La Opinión Popular

23-12-2025 / 09:12

La justicia le exige a Milei que informe donde está el oro de las reservas que se encanutó

Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.

En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.

Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.

Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.

Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.

El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.

Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.

La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.

La Opinión Popular