09:26 | Lunes 16 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 09-10-2020 / 09:10

LA CORTE SUPREMA TIENE 65 CAUSAS DE LESA HUMANIDAD SIN RESOLVER HACE AÑOS

Más solo que loco malo: rechazo a la jugada de Rosenkrantz

Sin la presencia de representantes del Poder Ejecutivo, de Diputados y del Senado y de la mayoría de los organismos de derechos humanos, que entrevieron un intento de aprovechamiento personal por parte del juez supremo y una actitud “oportunista”.

Tras una parálisis de cuatro años, la Comisión Interpoderes, que desde hace más de una década tiene la misión de agilizar los juicios de lesa humanidad, se reunió finamente después de estar congelada durante todo el gobierno de Mauricio Macri.

El encuentro por Zoom, al que había convocado el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, el ex abogado de Clarín, tras recibir un pedido de juicio político precisamente por paralizar las causas por crímenes del terrorismo de Estado y no citar a la comisión en cuestión, quedó expuesto en soledad.

Sin la presencia de representantes del Poder Ejecutivo, de Diputados y del Senado y de la mayoría de los organismos de derechos humanos, que entrevieron un intento de aprovechamiento personal por parte del juez supremo y una actitud "oportunista", según la nota que enviaron a la Corte la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla. Tampoco estuvo ningún otro miembro del alto tribunal.

Entre quienes asistieron, la titular de la Procuraduría de Lesa Humanidad, Ángeles Ramos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Americana de Juristas (AAJ) hicieron los reclamos más fuertes y puntuales frente a la parálisis de la mayoría de los juicios contra represores y las notorias demoras en la propia Corte, donde hay causas estancadas hace más de cuatro años. Rosenkrantz solo propuso por ahora formar comisiones de trabajo.

El supremo Rosenkrantz se preocupó por decirles a todos los participantes que venía planeando reunir a la Interpoderes desde el mes pasado, ya que era un reclamo de los organismos: "No se convocó a la luz de ningún acontecimiento fortuito". Lo dijo, como es obvio, para intentar desvincular su iniciativa del pedido de juicio político y del contexto de tensión política a raíz de su impulso y respaldo a la apertura de un per saltum a favor de los tres jueces que se quieren quedar atornillados en cargos claves de Comodoro Py.

Rosenkrantz --ideólogo del 2x1 a favor de los genocidas represores-- trató también de culpar a sus colegas: "No había voluntad de demorar la reunión sino simplemente por el modo en que funciona la Corte todo trámite administrativo requiere la firma de todos los ministros".

Los funcionarios y funcionarias del Gobierno que decidieron no participar dejaron claro en una nota que esperan que la Corte sea "categórica" en relación a las causas de lesa humanidad y que las considere una "verdadera política de Estado" para terminar con una situación de estancamiento, ya que hay gran cantidad de casos sin resolver en el propio tribunal.

En Abuelas de Plaza de Mayo, evaluaron que, al no asistir el Ejecutivo y otros poderes, y que el llamado no tenía un fin institucional por los juicios de lesa humanidad, preferían no participar.

La Opinión Popular

La Corte Suprema tiene 65 causas de lesa humanidad sin resolver hace años

El dato revela las prioridades del máximo tribunal, en especial desde 2016, que no prioriza los casos vinculados al terrorismo de Estado y abonan a la impunidad biológica de los genocidas que siguen sin sentencia firme.

La Corte Suprema tiene al menos 65 causas por delitos de lesa humanidad sin resolver, la mayoría desde 2016 pero hay casos que llevan hasta 9 años en sus cajones. Involucran desde genocidas como Santiago Omar Riveros hasta empresarios como Carlos Blaquier, desde casos emblemáticos como la Masacre de Trelew hasta un ex juez tres veces condenado.

La demora en estos casos, denunciada durante años por los organismos de Derechos Humanos, indica que la estrategia es la de la impunidad biológica, que la avanzada edad de los genocidas juegue en tándem con la demora judicial.

Los datos surgen de un primer mapeo que realizó la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, a cargo de la fiscala Ángeles Ramos. No es un dato fácil de rastrear: la propia Corte no lo informa y el sistema de consulta judicial para seguir el derrotero de los expedientes es de todo menos práctico.

El tiempo que lleva cada caso en la Corte se calcula desde que tiene sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia penal del país, previa en esos casos al máximo tribunal. Sin fallo de la Corte los genocidas siguen sin sentencia firme.

La mayoría de las demoras coincide temporalmente con los años de Mauricio Macri en la presidencia y la Corte que completó con Carlos Rosenkrantz, el actual presidente del máximo tribunal, y Horacio Rosatti. De las 65 causas, 55 están esperando respuesta de la Corte desde 2016. El resto desde antes.

Este dato es el trasfondo de la fallida reunión de la Comisión Interpoderes convocada por Rosenkrantz. Ese espacio ya podría decirse que no existe. De Interpoderes le quedó solo el nombre, ya que no asistieron ni el Ejecutivo ni el Legislativo, el propio Rosenkrantz no fue acompañado siquiera por el resto de los cortesanos y la mayoría de los organismos de Derechos Humanos declinaron la invitación ante el evidente oportunismo del presidente de la Corte.

La existencia de al menos 65 causas sobre delitos de lesa humanidad que esperan Justicia desde hace décadas y el fracaso de la convocatoria de Rosenkrantz abren una discusión que es tiempo de saldar. La Corte no tiene tiempos ni plazos, queda en evidencia, pero puede a su vez ordenar sus prioridades.

A la vista de este listado de casos en los que no solo benefician a los genocidas sino que se violenta de nuevo a las víctimas, aparece como imperativo que la propia Corte deje por escrito que deben priorizarse. El terrorismo de Estado si tiene gravedad institucional, no los casos de 3 jueces y su pretendido derecho adquirido de ser nombrados a dedo.

Genocidas

Uno de los casos de impunidad biológica es a su vez uno de los que más tiempo lleva en los cajones de la Corte Suprema e implica a uno de los jerarcas de la última dictadura militar. Se trata de la causa que involucraba al general Jorge Olivera Rovere, el temible segundo al mando de Carlos Suárez Mason en el I Cuerpo del Ejército. El caso lleva más de 8 años en la Corte.

Olivera Rovere fue condenado a prisión perpetua en 2009 y en 2013 la Cámara de Casación ratificó la pena por 116 privaciones ilegitimas de libertad y 4 asesinatos con alevosía. Pero Olivera Róvere murió el 14 de febrero de 2015, con esta y otras causas sin resolver.

Hay un caso aún más antiguo en la Corte, que lleva 9 años sin resolución. Se trata de la condena a prisión perpetua al general Pedro Pablo Mansilla por el secuestro, tortura y asesinato de Carlos Labolita en Mar del Plata. Labolita era amigo y compañero de militancia de Néstor Kirchner y CFK.

El poderoso general Santiago Omar Riveros, que acumula condenas por delitos de lesa humanidad, tiene varios expedientes sin resolver en la Corte Suprema. Uno lleva más 8 años en la Corte: es el caso de Floreal "Negrito" Avellaneda, una de las víctimas más jóvenes de la dictadura cívico-militar. Militante de la Federación Juvenil Comunista, el "Negrito" tenía 15 años cuando fue secuestrado, torturado y su cuerpo mutilado apareció en la costa uruguaya en 1976. Su caso tardó 33 años en llegar a juicio oral, el doble de su edad cuando fue asesinado.

Por el caso del "Negrito" Avellaneda en 2009 el Tribunal Oral Federal de San Martín condenó a Riveros, ex jefe del Campo de Mayo, a prisión perpetua y a otros 5 militares a penas entre 8 y 25 años. La Cámara de Casación confirmó la sentencia en 2012, pero desde entonces el expediente está en la Corte.

Riveros también fue condenado en 2017 por los delitos de lesa humanidad, incluidos delitos sexuales, cometidos durante la última dictadura en la comisaria de Villa Ballester. La sentencia fue confirmada por Casación el 16 de mayo de 2018. Desde entonces la Corte tampoco la resuelve.

Riveros junto al dictador Reynaldo Bignone también fueron condenados en otra causa por torturas y asesinatos en Campo de Mayo en 2013, sentencia confirmada por la Cámara de Casación en 2017. La Corte tampoco la trató aun. Lo mismo con las condenas que recibieron Riveros y Bignone por el plan sistemático de robo de bebés en Campo de Mayo, que desde 2017 tiene confirmación de la Cámara de Casación.

Entre tanto, el genocida Riveros fue uno de los que pidió (y le rechazaron) el beneficio del 2x1 luego de que la Corte se lo otorgara a Luis Muiña. Y Bignone murió el 7 de marzo de 2018: impunidad biológica.

Luciano Benjamín Menéndez, el genocida con el record de 7 condenas a cadena perpetua, también gozó de las demoras de la Corte. En su caso, hace 7 años que el máximo tribunal no resuelve sobre su condena a perpetua por las desapariciones de 12 personas en Mendoza.

Otro de los represores más sangrientos fue el capitán Héctor Vergez, que llegó incluso a publicar un libro titulado "Yo fui Vargas" donde relató detalles de sus crímenes en tiempos de la impunidad menemista. En 2012 fue condenado a 23 años de prisión, la Cámara de Casación confirmó la sentencia en noviembre de 2016 y desde entonces está en el limbo cortesano.

El caso de la Masacre de Trelew lleva 6 años sin respuesta de la Corte. Se trata del fusilamiento de 16 presos políticos ocurrido el 22 de agosto de 1972 en la Base Almirante Zar. El 19 de marzo de 2014 la Sala III de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Liliana Catucci, Mariano Borinsky y Alejandro Slokar, confirmó las condenas a prisión perpetua contra Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino. Desde entonces, el caso está en la Corte.

Civiles

La Corte no solo demora casos de militares, también de empresarios e incluso uno de la corporación judicial ligados al terrorismo de Estado.

El más paradigmático en los civiles es el de Carlos Blaquier, uno de los ideólogos del terrorismo de Estado y del reformateo económico a punta de pistola y picana. Blaquier fue juzgado por el operativo conocido como Apagón de Ledesma, cuando un grupo de tareas ingresó la planta de Ledesma con vehículos de la propia empresa para secuestrar a varios trabajadores. Pero en este caso Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, con las firmas de Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi, dijo que Blaquier no sabía para qué iban a usar los vehículos.

El ideólogo dictatorial que no sabía de los métodos que había planificado. Desde la agrupación HIJOS plantearon un recurso que llegó a la Corte en 2015 y sigue sin resolverse, por el peso de Blaquier y por las relaciones familiares que tiene con la esposa de Carlos Rosenkrantz.

Otro caso de civiles cómplices del terrorismo de Estado es el de Marcos Levin, quien fue el primer empresario condenado por delitos de lesa humanidad cometidos contra trabajadores de su empresa La Veloz del Norte. En una de las causas contra Levin la Corte resolvió en 2018 que se siguiera investigando.

Pero en otra, donde fue condenado en 2016, la Corte aún tiene que resolver respecto a la resolución de la Cámara de Casación que dijo que los delitos cometidos por Levin y 3 ex policías no eran de lesa humanidad y habían prescripto. Dos de los jueces que dijeron eso fueron Riggi y Gemigniani, los mismos que beneficiaron a Blaquier. El tercero fue Carlos Mahiques, puesto a dedo por Macri.

La corporación judicial se cuida a sí misma y en los delitos de lesa humanidad parece no haber excepción. El ex juez santaffecino Víctor Hermes Brusa tuvo tres condenas por delitos de lesa humanidad. En una de ellas, donde fue condenado en 2009 a 21 años por apremios ilegales de 8 personas, la Corte le confirmó la sentencia en 2013. Pero en otra, condenado a 7 años en 2014, la Corte aún no resolvió.

Los expedientes que llevan años en el máximo tribunal también remiten al Plan Cóndor, a los delitos cometidos en Monte Peloni, en los Centros Clandestinos de Detención Vesubio, Mansión Seré, Base Naval de Mar del Plata, el Arsenal Azcuénaga de Tucumán, La Escuelita de General Roca y Automotores Orletti. Hay expedientes de todo el país.

El espiral recursivo

En el último informe del estado general de las causas de lesa humanidad que realizó la Procuraduría que comanda la fiscala Ramos, que es de diciembre de 2019, hay varios datos para complementar este cuello de botella que genera la Corte. Lo que denominan el "espiral recursivo", las idas y vueltas de los expedientes en las instancias superiores del Poder Judicial.

Al 1 de diciembre de 2019 había 589 causas por delitos de lesa humanidad en trámite. De esas, 238 tienen sentencia pero el 67% está en alguna instancia recursiva, sea en la Cámara de Casación o en la Corte. Pero lo notable es que en esas instancias es donde más se demora. Según el informe, el tiempo promedio en la instrucción de los juicios es de 7 mesas. Entre la elevación a juicio y el veredicto el promedio son 2,4 años. Pero el promedio entre la sentencia y el fallo del último recurso ante la Corte llega a 3,6 años.

"Si se considera que más del 90% de las sentencias se recurren ante la CSJN, lo cierto es que a los tiempos de tramitación se le suma en todos los casos casi 4 años más, sólo para confirmar o no lo dispuesto por el Tribunal Oral", plantea el informe de la Procuraduría. Y evidencia, una vez más, que debería sentarse una prioridad para resolver de una vez por todas los casos pendientes del terrorismo de Estado.

Por Ari Lijalad

Fuente: El Destape

16-02-2026 / 09:02

¿Anti casta?: Milei se metió sus denuncias retóricas contra “las ratas de los senadores” en el culo

Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.

Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.

Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.

Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.

Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.

Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.

Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.

Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.

Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.

Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.

15-02-2026 / 09:02

El cipayo Milei pretende que Argentina sea una colonia de los yanquis

Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial.

El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.

Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.

Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.

¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.

El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.

La Opinión Popular

14-02-2026 / 10:02

$Libra: 20 preguntas tremendas para el estafador Javier Milei (si lo llamaran de Comodoro Py)

Hace 12 meses, Javier "el Loco" Milei promocionó el lanzamiento de la memecoin $Libra: hizo perder decenas millones de dólares a inversores en distintos continentes. Quedan flotando en el aire al menos 20 preguntas distintas que el Jefe de Estado debería responder, pero en la causa $Libra, en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano quienes aún no han citado a ninguno de los sospechosos.

La inacción llegó a tal punto que la Sala I de la Cámara Federal que le imprimiera celeridad a una acción que tiene como imputados al norteamericano Hayden Davis y los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Por el escándalo están denunciados también el propio Jefe de Estado; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el empresario Julian Peh y Sergio Morales, ex funcionario de la Comisión Nacional de Valores.

1-¿Por qué dijo que consiguió el código alfa numérico para hacer la inversión desde internet si esa fuente de números y letras nunca había tomado estado público antes que él posteara? Ahora, se sabe que el mensaje exclusivo nació en Dallas y contenía un código de 44 dígitos que alternaba mayúsculas, minúsculas y números.

Servía como llave para comprar la recién creada criptomoneda $LIBRA. Sin ese mensaje, el precio del token no se hubiese disparado. - ¿Por qué el ex jefe de gabinete Guillermo Francos tampoco respondió cuando fue citado por el Congreso Nacional cómo accedió Milei al "contrato"? La respuesta del experimentado funcionario fue tan escueta como inverosímil: "No sé dónde estaba ese código".

2-Si $Libra se creó el 14 de febrero a las 18:38 horas. ¿Cómo puede ser que a las 19:00 horas (22 minutos más tarde) 74 billeteras compraron US$ 13 millones en cripto antes del tuit de Milei? ¿Tenían información privilegiada? Uno de los grandes ganadores del truco financiero embolsó US$ 8 millones en ganancias. Cabe recordar que el tuit del Jefe de Estado se produjo a las 19:01, apenas un minuto después que las posiciones estuvieron consolidadas.

3-¿Por qué borró su posteo a las 00.36 horas del sábado 15 de febrero si la baja estrepitosa de la cotización ya llevaba más de 4 horas "masacrando" inversores que confiaron en Milei a lo largo y ancho de todo el mundo? Alcanzó un monto de US$ 280 millones la recaudación en apenas 5 horas de la nueva cripto.

4-¿Por qué su posteo se materializó un viernes de San Valentín a una hora de la tarde/noche cuando los mercados estarían cerrados hasta las llegada del lunes 17 de febrero de 2025?

5-¿Por qué promocionó un producto de un "empresario" como Hayden Davis, quien ya tenía antecedentes negativos en el mercado cripto? Este pseudo financista, minutos después de la publicación de Milei en redes, hizo movimientos de blockchain: 2 transferencias por US$ 507.000 cada una enviadas a una billetera virtual perteneciente a un hombre de 75 años, señalado como intermediario en la conversión de criptos a moneda tradicional.

6-¿Tampoco conocía los antecedentes de Novelli y Terrones quienes estuvieron involucrados en "esquemas ponzi"?

7-¿Por qué no se pusieron los hermanos Milei a disposición inmediata de la justicia y la comisión parlamentaria investigadora del caso? ¿No hubiera ayudado su completa colaboración en lugar de plantear chicanas para evitar que Karina tuviera que comparecer en el Congreso Nacional?

8-¿No le llamó nunca la atención que todos los involucrados en $LIBRA haya escogido el silencio absoluto frente a los requerimientos de la Comisión Investigadora y todavía no fueron citados por la Justicia?

13-02-2026 / 10:02

Los derechos con los que arrasa la miserable reforma laboral esclavista de Milei

Con un discurso que es música para los oídos de los ricos empresarios, el gobierno ultra derechista de Javier "el Loco" Milei aprobó en la Cámara Alta el proyecto de Reforma Laboral esclavista que es la continuidad de la Motosierra aplicada desde su asunción. Empezó con el DNU 70/2023, siguió con la Ley Bases y otros engendros como el desfinanciamiento en Educación y en Discapacidad; y ahora remata con el recorte y hasta la eliminación de conquistas históricas de justicia social obtenidas tras décadas de lucha obrera y resistencia popular, que costó muchas vidas.

La reforma laboral del Gobierno ultra derechista de Milei destruye el derecho de las y los trabajadores por tres grandes vías. Ataca el contrato individual -con la creación del banco de horas, el fraccionamiento de las vacaciones o el recorte a las licencias por enfermedad-, debilita la acción sindical -con los límites al derecho a huelga, o la prohibición de las asambleas- y por último, también ataca a la justicia laboral -con, por ejemplo, el traspaso a los tribunales a la Ciudad de Buenos Aires-.

Una encerrona a la que la administración del fascista Milei pretende llevar a los empleados formales, pero también a los informales, a los que deja tanto o más desprotegidos de lo que estaban hasta ahora. Ni trabajadores de aplicaciones ni monotributistas, el proyecto libertario no tiene beneficiarios entre la masa trabajadora.

"Si te lastimaste jugando al fútbol, tu jefe no tiene nada que ver". La frase del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, resume el argumento libertario para romper con un derecho histórico: las licencias por enfermedad. Si la ley se sanciona, aquella persona que tenga una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de las tareas laborales cobrará solo el 50 por ciento del sueldo que percibía al momento del accidente durante 3 meses o 6 si tiene personas a cargo.

Los libertarios fueron un poco más generosos con aquellos que padezcan "enfermedades no voluntarias", es decir, que no sean consecuencia de actividades voluntarias riesgosas. En ese caso, el empleado tendrá derecho a percibir el 75 por ciento del salario. Una situación a la que la senadora de Fuerza Patria Cristina López calificó como "esclavitud laboral". "Si te enfermás, perdés. Si tu cuerpo no da más perdés, igual que en el siglo XIX", dijo.

El proyecto que Bullrich logró sancionar en el Senado habla de una "negociación dinámica" del salario, es decir, que los gremios o los trabajadores particulares pueden acordar con las empresas extras como bonos o compensaciones que estén vinculados a niveles de productividad o de objetivos. También habilita el "banco de horas", que hace que el empleado sume las extras y acumule una especie de saldo para después canjear por días libres o jornadas de trabajo reducidas.

Es decir, pone a trabajadores y empresarios en igualdad de condiciones para poder negociar en una relación que es desigual, en la que las fuerzas son distintas. Para el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas, Matías Cremonte, "la ley lo que hace es volver a desequilibrar la balanza en favor de los empresarios". Al modificar la Ley de Contrato de Trabajo, el Gobierno busca que las vacaciones se fraccionen por un mínimo de 7 días (antes eran por 15) y que el trabajador tenga, al menos, un período de vacaciones en verano cada 3 años. Una complicación a la hora de combinar con el ritmo escolar en los casos de quienes tienen hijos.

Su aprobación es una dura derrota para el movimiento obrero y los trabajadores precarizados, no se crearán más puestos de trabajo, sino que habrá más precarización laboral y superexplotación, generando más riquezas para los empresarios y más penurias para quienes no tienen más que su fuerza de trabajo.

La Opinión Popular

12-02-2026 / 10:02

No es reforma, es esclavitud y represión: crónica del gas, las balas y la subasta de derechos

El aire pica, arde, lastima la garganta. No se puede respirar. Lágrimas y ojos rojos. Corridas. Un rato antes de las cuatro de la tarde, la calma tensa de la Plaza del Congreso estalló en pedazos. A mansalva, el pelotón de gendarmes dispara sus escopetas desde la avenida Entre Ríos mientras los camiones hidrantes escupen agua para despejar lo que la política no pudo convencer. Llueven las bombas lacrimógenas sobre una plaza que, apenas una hora antes, era un hervidero de trabajadores protestando contra una reforma laboral que se dice moderna pero es esclavista y decimonónica: un viaje sin escalas al siglo XIX.

Otra vez el panic show mileísta: un despliegue de detenciones y balas de goma para vaciar la calle mientras adentro, en el palacio legislativo de mármol, se ejecuta el remate de la dignidad de los laburantes. La jornada había comenzado con un blanco nuclear. No era el sol de la justicia, sino el resplandor de una subasta que no admite ofertas en pesos, solo se liquida con el lomo del que labura. Obreros, docentes, judiciales, bancarios, jubilados...

A las dos de la tarde, las columnas de los gremios empezaron a ganar la calle, y para las tres, la Plaza ya era un mar de banderas y espanto bajo un sol tremendo. Los gendarmes, alineados con una simetría maníaca, exhiben botas con un brillo obsceno, casi un espejo donde podés peinarte antes de que te partan el alma. Estaban agazapados tras las vallas, custodiando un Congreso enjaulado como pajarera de lujo.

En el corralito antes del Palacio, el ingenio popular intentó ganarle al cinismo: un cartel gritaba "Saluden a las horas extras que se van", mientras otro advertía: "Con el banco de horas despedite de tu familia". Hay carteles más directos que se agitan sobre las cabezas: "Quitar derechos laborales viola la Constitución Nacional".

Bajo un celeste furioso, los paraguas de los ferroviarios servían para taparse del sol mientras una señora repartía estampitas de la Virgen de Luján "para que nos salve". Luis, operario metalúrgico de Quilmes, buscaba un resto de sombra bajo un ombú: "Si te pueden pagar el sueldo con fideos o fraccionarte las vacaciones, lo único que liberan es la mano del patrón para apretarnos más fuerte". Gabriel Espósito, delegado de ATE en Atucha, miraba las vallas con preocupación: "Estamos peleando para tirar atrás esta reforma que nos regresa cien años en el tiempo. Es un capítulo más de un proyecto que quiere ver a los sectores populares de rodillas".

Mientras en la calle se ponía el cuerpo, en los pasillos del Senado se pulía el desguace. El clan Caputo y los Menem cerraron el canje de Ganancias por la Reforma Laboral. La perversión es quirúrgica: se derogan estatutos y se liquida la indemnización plena. Pablo Luna, jubilado de YPF, no lo podía creer: "Se están pasando el 14 bis por las pelotas. ¡Qué futuro les espera a los chicos!".

Antes de que el gas lo cubriera todo, un solo grito unificaba las columnas: "¡Paro, paro, paro... paro general!". Era el reclamo de la calle que el Parlamento se negaba a escuchar. Pasadas las cuatro, el escenario mutó en pesadilla. Un grupo de encapuchados protagonizó incidentes contra el vallado, la excusa perfecta para que la represión se volviera cacería. El avance de la Gendarmería y de los cosacos de la Ciudad convirtió la Plaza en un territorio ocupado. El "modelo Milei" consiguió su victoria de papel entre nubes de tóxicos.

En el asfalto caliente, donde todavía flota el ácido del gas pimienta, el aire se volvió irrespirable. Adentro del Congreso brinda la casta mileísta; afuera, el pueblo mastica el polvo de una traición. La patria no se vende, se defiende, y esta tarde la defensa se escribió con el cuero aguantando el fuego del amo. Pero no seremos su esclavo: sean eternos los derechos que supimos conseguir.

La Opinión Popular