18:17 | Martes 15 de Julio de 2013 | Entre Ríos

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“A muerte estoy con los jubilados. Lo que les hacen es una vergüenza. Yo defiendo a los jubilados ¿cómo no los voy a defender? Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados”. Diego Maradona

Nacionales - 09-10-2020 / 09:10

LA CORTE SUPREMA TIENE 65 CAUSAS DE LESA HUMANIDAD SIN RESOLVER HACE AÑOS

Más solo que loco malo: rechazo a la jugada de Rosenkrantz

Sin la presencia de representantes del Poder Ejecutivo, de Diputados y del Senado y de la mayoría de los organismos de derechos humanos, que entrevieron un intento de aprovechamiento personal por parte del juez supremo y una actitud “oportunista”.

Tras una parálisis de cuatro años, la Comisión Interpoderes, que desde hace más de una década tiene la misión de agilizar los juicios de lesa humanidad, se reunió finamente después de estar congelada durante todo el gobierno de Mauricio Macri.

El encuentro por Zoom, al que había convocado el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, el ex abogado de Clarín, tras recibir un pedido de juicio político precisamente por paralizar las causas por crímenes del terrorismo de Estado y no citar a la comisión en cuestión, quedó expuesto en soledad.

Sin la presencia de representantes del Poder Ejecutivo, de Diputados y del Senado y de la mayoría de los organismos de derechos humanos, que entrevieron un intento de aprovechamiento personal por parte del juez supremo y una actitud "oportunista", según la nota que enviaron a la Corte la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla. Tampoco estuvo ningún otro miembro del alto tribunal.

Entre quienes asistieron, la titular de la Procuraduría de Lesa Humanidad, Ángeles Ramos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Americana de Juristas (AAJ) hicieron los reclamos más fuertes y puntuales frente a la parálisis de la mayoría de los juicios contra represores y las notorias demoras en la propia Corte, donde hay causas estancadas hace más de cuatro años. Rosenkrantz solo propuso por ahora formar comisiones de trabajo.

El supremo Rosenkrantz se preocupó por decirles a todos los participantes que venía planeando reunir a la Interpoderes desde el mes pasado, ya que era un reclamo de los organismos: "No se convocó a la luz de ningún acontecimiento fortuito". Lo dijo, como es obvio, para intentar desvincular su iniciativa del pedido de juicio político y del contexto de tensión política a raíz de su impulso y respaldo a la apertura de un per saltum a favor de los tres jueces que se quieren quedar atornillados en cargos claves de Comodoro Py.

Rosenkrantz --ideólogo del 2x1 a favor de los genocidas represores-- trató también de culpar a sus colegas: "No había voluntad de demorar la reunión sino simplemente por el modo en que funciona la Corte todo trámite administrativo requiere la firma de todos los ministros".

Los funcionarios y funcionarias del Gobierno que decidieron no participar dejaron claro en una nota que esperan que la Corte sea "categórica" en relación a las causas de lesa humanidad y que las considere una "verdadera política de Estado" para terminar con una situación de estancamiento, ya que hay gran cantidad de casos sin resolver en el propio tribunal.

En Abuelas de Plaza de Mayo, evaluaron que, al no asistir el Ejecutivo y otros poderes, y que el llamado no tenía un fin institucional por los juicios de lesa humanidad, preferían no participar.

La Opinión Popular

La Corte Suprema tiene 65 causas de lesa humanidad sin resolver hace años

El dato revela las prioridades del máximo tribunal, en especial desde 2016, que no prioriza los casos vinculados al terrorismo de Estado y abonan a la impunidad biológica de los genocidas que siguen sin sentencia firme.

La Corte Suprema tiene al menos 65 causas por delitos de lesa humanidad sin resolver, la mayoría desde 2016 pero hay casos que llevan hasta 9 años en sus cajones. Involucran desde genocidas como Santiago Omar Riveros hasta empresarios como Carlos Blaquier, desde casos emblemáticos como la Masacre de Trelew hasta un ex juez tres veces condenado.

La demora en estos casos, denunciada durante años por los organismos de Derechos Humanos, indica que la estrategia es la de la impunidad biológica, que la avanzada edad de los genocidas juegue en tándem con la demora judicial.

Los datos surgen de un primer mapeo que realizó la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, a cargo de la fiscala Ángeles Ramos. No es un dato fácil de rastrear: la propia Corte no lo informa y el sistema de consulta judicial para seguir el derrotero de los expedientes es de todo menos práctico.

El tiempo que lleva cada caso en la Corte se calcula desde que tiene sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia penal del país, previa en esos casos al máximo tribunal. Sin fallo de la Corte los genocidas siguen sin sentencia firme.

La mayoría de las demoras coincide temporalmente con los años de Mauricio Macri en la presidencia y la Corte que completó con Carlos Rosenkrantz, el actual presidente del máximo tribunal, y Horacio Rosatti. De las 65 causas, 55 están esperando respuesta de la Corte desde 2016. El resto desde antes.

Este dato es el trasfondo de la fallida reunión de la Comisión Interpoderes convocada por Rosenkrantz. Ese espacio ya podría decirse que no existe. De Interpoderes le quedó solo el nombre, ya que no asistieron ni el Ejecutivo ni el Legislativo, el propio Rosenkrantz no fue acompañado siquiera por el resto de los cortesanos y la mayoría de los organismos de Derechos Humanos declinaron la invitación ante el evidente oportunismo del presidente de la Corte.

La existencia de al menos 65 causas sobre delitos de lesa humanidad que esperan Justicia desde hace décadas y el fracaso de la convocatoria de Rosenkrantz abren una discusión que es tiempo de saldar. La Corte no tiene tiempos ni plazos, queda en evidencia, pero puede a su vez ordenar sus prioridades.

A la vista de este listado de casos en los que no solo benefician a los genocidas sino que se violenta de nuevo a las víctimas, aparece como imperativo que la propia Corte deje por escrito que deben priorizarse. El terrorismo de Estado si tiene gravedad institucional, no los casos de 3 jueces y su pretendido derecho adquirido de ser nombrados a dedo.

Genocidas

Uno de los casos de impunidad biológica es a su vez uno de los que más tiempo lleva en los cajones de la Corte Suprema e implica a uno de los jerarcas de la última dictadura militar. Se trata de la causa que involucraba al general Jorge Olivera Rovere, el temible segundo al mando de Carlos Suárez Mason en el I Cuerpo del Ejército. El caso lleva más de 8 años en la Corte.

Olivera Rovere fue condenado a prisión perpetua en 2009 y en 2013 la Cámara de Casación ratificó la pena por 116 privaciones ilegitimas de libertad y 4 asesinatos con alevosía. Pero Olivera Róvere murió el 14 de febrero de 2015, con esta y otras causas sin resolver.

Hay un caso aún más antiguo en la Corte, que lleva 9 años sin resolución. Se trata de la condena a prisión perpetua al general Pedro Pablo Mansilla por el secuestro, tortura y asesinato de Carlos Labolita en Mar del Plata. Labolita era amigo y compañero de militancia de Néstor Kirchner y CFK.

El poderoso general Santiago Omar Riveros, que acumula condenas por delitos de lesa humanidad, tiene varios expedientes sin resolver en la Corte Suprema. Uno lleva más 8 años en la Corte: es el caso de Floreal "Negrito" Avellaneda, una de las víctimas más jóvenes de la dictadura cívico-militar. Militante de la Federación Juvenil Comunista, el "Negrito" tenía 15 años cuando fue secuestrado, torturado y su cuerpo mutilado apareció en la costa uruguaya en 1976. Su caso tardó 33 años en llegar a juicio oral, el doble de su edad cuando fue asesinado.

Por el caso del "Negrito" Avellaneda en 2009 el Tribunal Oral Federal de San Martín condenó a Riveros, ex jefe del Campo de Mayo, a prisión perpetua y a otros 5 militares a penas entre 8 y 25 años. La Cámara de Casación confirmó la sentencia en 2012, pero desde entonces el expediente está en la Corte.

Riveros también fue condenado en 2017 por los delitos de lesa humanidad, incluidos delitos sexuales, cometidos durante la última dictadura en la comisaria de Villa Ballester. La sentencia fue confirmada por Casación el 16 de mayo de 2018. Desde entonces la Corte tampoco la resuelve.

Riveros junto al dictador Reynaldo Bignone también fueron condenados en otra causa por torturas y asesinatos en Campo de Mayo en 2013, sentencia confirmada por la Cámara de Casación en 2017. La Corte tampoco la trató aun. Lo mismo con las condenas que recibieron Riveros y Bignone por el plan sistemático de robo de bebés en Campo de Mayo, que desde 2017 tiene confirmación de la Cámara de Casación.

Entre tanto, el genocida Riveros fue uno de los que pidió (y le rechazaron) el beneficio del 2x1 luego de que la Corte se lo otorgara a Luis Muiña. Y Bignone murió el 7 de marzo de 2018: impunidad biológica.

Luciano Benjamín Menéndez, el genocida con el record de 7 condenas a cadena perpetua, también gozó de las demoras de la Corte. En su caso, hace 7 años que el máximo tribunal no resuelve sobre su condena a perpetua por las desapariciones de 12 personas en Mendoza.

Otro de los represores más sangrientos fue el capitán Héctor Vergez, que llegó incluso a publicar un libro titulado "Yo fui Vargas" donde relató detalles de sus crímenes en tiempos de la impunidad menemista. En 2012 fue condenado a 23 años de prisión, la Cámara de Casación confirmó la sentencia en noviembre de 2016 y desde entonces está en el limbo cortesano.

El caso de la Masacre de Trelew lleva 6 años sin respuesta de la Corte. Se trata del fusilamiento de 16 presos políticos ocurrido el 22 de agosto de 1972 en la Base Almirante Zar. El 19 de marzo de 2014 la Sala III de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Liliana Catucci, Mariano Borinsky y Alejandro Slokar, confirmó las condenas a prisión perpetua contra Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino. Desde entonces, el caso está en la Corte.

Civiles

La Corte no solo demora casos de militares, también de empresarios e incluso uno de la corporación judicial ligados al terrorismo de Estado.

El más paradigmático en los civiles es el de Carlos Blaquier, uno de los ideólogos del terrorismo de Estado y del reformateo económico a punta de pistola y picana. Blaquier fue juzgado por el operativo conocido como Apagón de Ledesma, cuando un grupo de tareas ingresó la planta de Ledesma con vehículos de la propia empresa para secuestrar a varios trabajadores. Pero en este caso Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, con las firmas de Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi, dijo que Blaquier no sabía para qué iban a usar los vehículos.

El ideólogo dictatorial que no sabía de los métodos que había planificado. Desde la agrupación HIJOS plantearon un recurso que llegó a la Corte en 2015 y sigue sin resolverse, por el peso de Blaquier y por las relaciones familiares que tiene con la esposa de Carlos Rosenkrantz.

Otro caso de civiles cómplices del terrorismo de Estado es el de Marcos Levin, quien fue el primer empresario condenado por delitos de lesa humanidad cometidos contra trabajadores de su empresa La Veloz del Norte. En una de las causas contra Levin la Corte resolvió en 2018 que se siguiera investigando.

Pero en otra, donde fue condenado en 2016, la Corte aún tiene que resolver respecto a la resolución de la Cámara de Casación que dijo que los delitos cometidos por Levin y 3 ex policías no eran de lesa humanidad y habían prescripto. Dos de los jueces que dijeron eso fueron Riggi y Gemigniani, los mismos que beneficiaron a Blaquier. El tercero fue Carlos Mahiques, puesto a dedo por Macri.

La corporación judicial se cuida a sí misma y en los delitos de lesa humanidad parece no haber excepción. El ex juez santaffecino Víctor Hermes Brusa tuvo tres condenas por delitos de lesa humanidad. En una de ellas, donde fue condenado en 2009 a 21 años por apremios ilegales de 8 personas, la Corte le confirmó la sentencia en 2013. Pero en otra, condenado a 7 años en 2014, la Corte aún no resolvió.

Los expedientes que llevan años en el máximo tribunal también remiten al Plan Cóndor, a los delitos cometidos en Monte Peloni, en los Centros Clandestinos de Detención Vesubio, Mansión Seré, Base Naval de Mar del Plata, el Arsenal Azcuénaga de Tucumán, La Escuelita de General Roca y Automotores Orletti. Hay expedientes de todo el país.

El espiral recursivo

En el último informe del estado general de las causas de lesa humanidad que realizó la Procuraduría que comanda la fiscala Ramos, que es de diciembre de 2019, hay varios datos para complementar este cuello de botella que genera la Corte. Lo que denominan el "espiral recursivo", las idas y vueltas de los expedientes en las instancias superiores del Poder Judicial.

Al 1 de diciembre de 2019 había 589 causas por delitos de lesa humanidad en trámite. De esas, 238 tienen sentencia pero el 67% está en alguna instancia recursiva, sea en la Cámara de Casación o en la Corte. Pero lo notable es que en esas instancias es donde más se demora. Según el informe, el tiempo promedio en la instrucción de los juicios es de 7 mesas. Entre la elevación a juicio y el veredicto el promedio son 2,4 años. Pero el promedio entre la sentencia y el fallo del último recurso ante la Corte llega a 3,6 años.

"Si se considera que más del 90% de las sentencias se recurren ante la CSJN, lo cierto es que a los tiempos de tramitación se le suma en todos los casos casi 4 años más, sólo para confirmar o no lo dispuesto por el Tribunal Oral", plantea el informe de la Procuraduría. Y evidencia, una vez más, que debería sentarse una prioridad para resolver de una vez por todas los casos pendientes del terrorismo de Estado.

Por Ari Lijalad

Fuente: El Destape

15-07-2025 / 08:07

La jueza yanqui Loretta Preska rechazó el pedido del gobierno de Milei en la causa YPF

Una vez más, el sistema judicial yanqui avanza como ariete de los fondos buitre contra la soberanía de nuestro país. La jueza Loretta Preska, que es incapaz de distinguir entre países y empresas, rechazó este lunes el pedido del gobierno de Javier Milei para frenar la ejecución de una sentencia que ordena la entrega del 51 por ciento de las acciones de YPF a los especuladores.

El fallo responde a una demanda impulsada por los fondos buitre: Burford Capital y Eton Park, quienes no son en realidad los "damnificados" por la expropiación de la petrolera estatal en 2012, sino capitales especulativos que "compraron" el derecho a litigar de los dueños originales. El cipayo Milei les dio la razón a los buitres.

La sentencia de Preska, quien durante todo el proceso ha mostrado sus vínculos con los buitres sin tapujo y que no ha tenido la menor consideración sobre el derecho de soberanía argentino, representa un ataque directo a la independencia política, jurídica y económica de nuestro país. Aunque el Gobierno de Milei ya presentó una apelación ante la Cámara del Segundo Circuito y se prepara para llegar, si es necesario, a la Corte Suprema de Estados Unidos, Preska dejó en claro que la presión económica no dará tregua.

Su decisión de no suspender el fallo permite avanzar con medidas que, en los hechos, significarían un vaciamiento del control estatal sobre la principal empresa energética del país. Todo esto, en nombre de una exorbitante "compensación" de más de 16 mil millones de dólares por una decisión soberana tomada por el Congreso argentino en 2012 con amplio respaldo legislativo.

La defensa argentina argumentó que se trata de un caso excepcional, sin antecedentes jurídicos claros, donde incluso el propio gobierno de Estados Unidos expresó reparos a la interpretación del tribunal. El temor en Washington no es menor: que una jurisprudencia tan agresiva siente un precedente peligroso, que habilite a otros países a embargar activos yanquis en futuros litigios. El fallo de Preska podría volverse un búmeran para el propio imperio que lo impulsa.

Además, los representantes legales de la Argentina advirtieron que ejecutar la sentencia implicaría violar la legislación nacional, ya que, según la ley de expropiación aprobada en 2012, las acciones de YPF no pueden transferirse sin una ley del Congreso votada por dos tercios. Preska estaría ordenando al Estado argentino a quebrantar su propio marco legal para cumplir con una orden foránea. Es una intromisión inadmisible en los asuntos internos de un país soberano.

A todo esto, se suma el hecho de que los demandantes no demostrarían un perjuicio inmediato si se posterga la ejecución, mientras que la afectación al interés público argentino sería mayúscula: pérdida de control estratégico sobre recursos energéticos, impacto en provincias accionistas y en bonistas internacionales, y la posibilidad de activar cláusulas contractuales perjudiciales para YPF.

Es evidente que la sentencia de Preska, lejos de hacer justicia, profundiza una lógica de subordinación colonial a los intereses del capital financiero internacional. En juego no está solo la propiedad de una empresa. Está la soberanía energética, el respeto a las decisiones democráticas y la dignidad de un país frente a tribunales que actúan como garantes del saqueo imperialista.

La Opinión Popular

14-07-2025 / 08:07

Las “Fuerzas del Cielo” de los Hermanos Milei se encontraron con algunos límites

El presidente Javier "el Loco" Milei está preso de que un proyecto sin sustentos y eso quedó más que claro durante la semana que pasó. El entusiasmo mileísta, de a poco, abre paso a la resignación. Ahora resta saber si ese vacío de entusiasmo podrá ser llenado por un nuevo Nosotros.

No tiene mayor sentido detenerse en los aspectos técnicos, o de cálculos transeros, acerca de lo sucedido en el Congreso. Sí lo tiene comprender que la presunta aplanadora de las Fuerzas del Cielo comenzó a encontrar algunos límites.

Podrá acontecer que algunos favores presidenciales, a algunas provincias y aliados solícitos, alleguen votos para sostener vetos. Podrá ocurrir que nunca faltará un Kueider por acá, un símil por allá, dispuestos al qué pretende usted de mí. Podrán ofertar todas las Banelco de época que se quieran.

Pero ya no habría retorno, nodal, de que al Gobierno empezaron a entrarle las balas (propias). A uno no le gusta esa figura, y sobre todo cuando las guerrillas digitales del neofascismo convocan a la violencia. Se acepta por razones de imagen expresiva.

Es impactante la sucesión de errores y horrores ejecutivos que cometieron los adolescentes de Casa Rosada, tal vez porque se acumularon en una misma semana.

Puede admitirse, cómo no, que el capital de Javier Milei es permanecer como un intransigente disruptivo a toda costa. Pero de ahí a carecer de todo rasgo de inteligencia política, siquiera para tener fusibles que lo amparen, hay mucha distancia.

Podría mantener al personaje y dejar que por abajo negocien lo que fuere, a fines de salvar las papas en instancias determinadas. Por ejemplo, para haber evitado una derrota parlamentaria que se transformó -él transformó- en crisis de alcances inciertos.

Hubiera bastado con que no se sometiera al papelón de refugiarse en la niebla, para justificar su ausencia en Tucumán. Juntaba dos, tres, cuatro gobernadores, con algún caramelito de liberar fondos básicos, y prácticamente listo.

Pero Milei no sabe. No quiere. No entiende nada, porque siente que le sobra con que todo es cuestión de ganar en las redes, de que su hermana se cargue a quien viniere y de que un coro de bufones corporativos lo aplauda sin percibir que da vergüenza ajena.

Sin embargo, eso podría llevar a la conclusión de que el Presidente está preso de sí mismo. No. Eso es una mirada psicologista, que antes de válida es insuficiente. Está preso de que lo que encarna no tiene ni pies ni cabeza como proyecto sustentable. Y como incumbe a la Argentina, con su cultura bimonetaria, le saltó la ficha desde las perspectivas con el dólar.

El domingo pasado, bajo la pregunta de si se puede sostener el modelo cambiario, Hernán Letcher describe el panorama de los próximos meses con precisión quirúrgica. Comienza por la canchereada de Caputo Toto ("Si creés que está barato, agarrá los pesos y comprá dólares, campeón"). Fue apenas unos días antes de que el mismo Toto, con imagen desvencijada, apareciera de urgencia en uno de los programas de la televisión oficial.

13-07-2025 / 11:07

Milei avanza contra la democracia misma, vacía las instituciones y amenaza con cerrar el Congreso si no logra imponer su voluntad

El presidente Javier "el Loco" Milei avanza contra el Congreso nacional y la democracia misma, opera para vaciar las instituciones y amenaza con cerrar el Legislativo si no logra imponer su voluntad; lejos de moderarse, su estrategia es profundizar la confrontación y tensar el sistema hasta forzar una ruptura o afianzarse en el poder absoluto.

Nadie podrá decir que no estaba prevenido. Milei avisó en campaña que las convicciones democráticas no eran parte de su repertorio. Una burda lectura del teorema de la imposibilidad de Arrow era la excusa en la que se refugiaba para no decir, con todas las letras, que su anarcocapitalismo ideal requiere de otras formas de gobierno, menos sensibles a las necesidades de las mayorías.

Para el presidente, el Poder Legislativo es un objetivo estratégico desde el primer día. Pero no a partir de la búsqueda de construcción de consensos para consolidar sus decisiones ejecutivas sino como un obstáculo a su poder que debía ser corrido o anulado. Esa escalada recrudeció este jueves, luego de sufrir una histórica paliza en el Senado, pero no es nueva, ni es casual, ni está fuera de libreto.

El 10 de diciembre de 2023 Milei asumió su cargo de espaldas al Congreso, rompiendo la tradición centenaria de inaugurar el mandato con una asamblea legislativa. Todavía era el presidente que venía a prender fuego el Banco Central y terminar con la casta. Hoy la imagen es muy distinta: el Central mantiene el dólar planchado y la casta finge demencia y se enriquece en medio de la destrucción.

Días más tarde anunciaba el DNU 70/23, con el que se adjudicó facultades legislativas en un espectro muy amplio, usurpando, de facto, el rol del Congreso. La ley de Bases, en tanto, con cientos de artículos, se trató en despachos exprés de sólo cuatro comisiones y, en el recinto, se votó por bloques para evitar que se cayeran los aspectos más escandalosos de la letra chica.

Durante el tratamiento de esa ley, que duró varios meses, Milei trató de ratas y de corruptos a los diputados y senadores mientras era el oficialismo el que cambiaba el sentido de algunos votos clave a partir de mecanismos nunca aclarados. Uno de ellos, el senador Eduardo Kueider, está detenido en Paraguay desde el año pasado. Lo encontraron tratando de cruzar la frontera con 200 mil dólares.

Cuando los aprietes y la corrupción no alcanzaban para frenar iniciativas contrarias a los intereses del gobierno, el presidente recurrió al veto. Para sostenerlo necesita un tercio de los votos en una de los dos cámaras. En el Senado siempre estuvo lejos. En la cámara baja pudo reunir 87 "héroes", con aliados radicales, del PRO y de algunas provincias, que le permitieron imponerse. Lo celebraron con un gran asado.

Esa pólvora está mojada. En la Casa Rosada admiten que no pueden garantizar el tercio que blinda las decisiones de Milei. Por eso recurren a otro recurso: bloquear el funcionamiento del Congreso, incluso mediante la violencia. Clausuran las comisiones para evitar dictámenes en proyectos que no quieren tratar e intentan levantar las sesiones por escándalo (esto es literal) para ahorrarse derrotas. Era una táctica con patas cortas.

12-07-2025 / 09:07

Neblina mental: Las insólitas anomalías del Loco Milei

Desde el "no fui por la neblina" de Javier "el Loco" Milei, hasta el hurto de fusibles del tablero del Senado, más tuiteros rentados, empleados por el gobierno, pidiendo que "saquen los tanques a la calle" y que "dinamiten el Congreso", todo fue mugriento y tosco. Fantino y JP Morgan empezaron la escalada que aisló al gobierno en sus limitaciones y vilezas destinadas a ahogar a las provincias, saquear a los jubilados y abandonar a enfermos, discapacitados y a víctimas de la tragedia de Bahía Blanca.

El desquiciado Milei decidió no concurrir al acto central por el 9 de Julio en Tucumán cuando se enteró que no irían los gobernadores. Pero como no podía confesarlo, dijo que no iba por la neblina. Hizo un día espectacular y para que se notara más, la vicepresidenta se tomó un avión y llegó con pleno sol.

Victoria Villarruel puso en evidencia a Milei -quien la considera una "traidora"- y puso en un aprieto al ubicuo gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, interesado en reclamar lo que incumplió el gobierno nacional, pero poco dispuesto a intervenir en la interna entre el presidente y su vice.

Lejos quedó la imagen de la doble fila de gobernadores serviciales que recibió a Milei en la Casa Histórica de Tucumán el año pasado. Le votaron poderes especiales, una inconstitucional ley bases y el RIGI que entrega riquezas. A cambio recibieron promesas de financiamientos e inversiones que nunca llegaron.

La rebelión de los gobernadores un año después de aquel acto de sumisión demostró la explosión de la crisis en sus provincias con descalabros en las economías regionales, en las rutas, la educación o la seguridad. Pero también fue un indicio de que las expectativas de la sociedad en el gobierno se redujeron con respecto al 2024.

Tras ganar las elecciones, las expectativas de la sociedad en el gobierno de Milei crecieron más que los votos con los que había ganado. Los gobernadores miden esos climas y por eso se sumaron al circo del año pasado. Ahora le dijeron que sin ellos no puede ganar porque esas ilusiones están a la baja.

Pero, horror, los gobernadores radicales y del PRO iban a coincidir con sus colegas del kirchnerismo, que resistieron desde el primer día el saqueo a los jubilados y la crueldad de desfinanciar el sistema de atención a la discapacidad o abandonar a las víctimas de tragedias como la de Bahía Blanca.

El acuerdo era dar quórum para iniciar la sesión. Los senadores kirchneristas informaron que además de la devolución de los ATN y de lo que les corresponde del impuesto a las naftas, iban a plantear el aumento a los jubilados, la declaración de emergencia en discapacidad y el rechazo del veto presidencial a la asistencia de las víctimas en Bahía Blanca. La noche previa, los gobernadores radicales y los del PRO dijeron que solamente aprobarían la devolución de los fondos a las provincias.

Como los puntos que le interesaban a estos gobernadores quedaron al final de la agenda porque serían tratados sobre tablas, sin pasar por comisión, los senadores que les respondían se quedaron hasta el final y algunos de ellos, incluso, votaron junto al kirchnerismo los temas sobre Bahía Blanca, jubilaciones y discapacidad. Este gobierno jugó al borde del precipicio desde que asumió. Zafó al principio con una devaluación que demolió salarios, después con un blanqueo exitoso y luego con la ayuda esclavizante del FMI.

11-07-2025 / 09:07

El Loco Milei perdió por paliza: en el Senado aprobaron jubilaciones, moratoria previsional, discapacidad y fondos para provincias

Por paliza, Javier "el Loco" Milei sufrió una seguidilla de derrotas en el Congreso. Pese a las amenazas y las operaciones sucias, el Senado convirtió en ley por unanimidad el aumento a las jubilaciones y la emergencia en discapacidad y por amplia mayoría la moratoria previsional. Además, rechazó el veto al Fondo para Bahía Blanca, defendió las acciones de YPF y votó los proyectos impulsados por los gobernadores. Los oficialistas abandonaron la sesión y el Presidente, acorralado, ya adelantó que vetará las leyes sancionadas, en una nueva muestra de su autoritarismo y de su fanatismo con el ajuste fiscal a costa del hambre de los jubilados y la motosierra contra los sectores más vulnerables.

Enemistado con casi todos los espacios (en las últimas semanas se sumaron los gobernadores), Milei sufrió una derrota tras otra y su gobierno vivió una jornada negra en el Senado. El aumento para los jubilados y la emergencia en discapacidad se aprobaron por unanimidad. La moratoria, con amplia mayoría. Los mandatarios provinciales lograron darle media sanción a la modificación en el reparto de los ATN y en la coparticipación el Impuesto a los Combustibles.

La primera de las leyes aprobadas (contaba ya con media sanción en Diputados) fue el aumento de las jubilaciones y del bono para quienes cobran un haber mínimo, que está congelado en $70 mil desde marzo del 2024. De esta manera, la jubilación mínima pasa de $309 mil a $331 mil, y el bono escala a $110 mil. El aval del dictamen contó con 42 votos a favor, 17 en contra y tres abstenciones, mientras que para su aprobación final sumó 52 votos a favor y 4 abstenciones.

De acuerdo con el Gobierno, este proyecto rompe el equilibrio fiscal. Sin embargo, según la Oficina del Presupuesto del Congreso, el impacto durante este año será de 0,37% del PBI y en 2026 del 0,71%, número inferior al 0,41% que representó la baja de Bienes Personales a los más ricos. Además, la nueva norma prevé cubrir el impacto fiscal mediante la eliminación de exenciones impositivas, la reasignación de partidas de la SIDE, y utilización de recursos provenientes de registros automotores.

La segunda de las leyes que aprobó el Senado es el retorno de la moratoria previsional, con 39 votos afirmativos, 14 negativos y una abstención. De esta forma, se restablece el mecanismo, que venció en marzo de este año, que permite el acceso a una jubilación para quienes no alcanzaron los 30 años de aportes. En tercer lugar, el Senado convirtió en ley por unanimidad la declaración de emergencia para la discapacidad. La propuesta establece la emergencia para el sector hasta diciembre del 2027, que garantiza partidas presupuestarias para incrementar el pago a los prestadores de servicios y saldar la deuda para enfermeros, acompañantes y transportistas. En simultáneo a su tratamiento, diferentes agrupaciones movilizaron al Congreso para presionar su aprobación.

Por otra parte, el Senado rechazó por unanimidad el veto de Milei a una ley que creaba un fondo de $200 millones para la restauración de Bahía Blanca tras la trágica inundación de marzo. Ahora dependerá de la Cámara de Diputados, que en su momento dio media sanción a la ley con 153 votos a favor y la única oposición de LLA. Otra de las derrotas del Gobierno fue la media sanción a los proyectos presentados por los 24 gobernadores, que plantean un nuevo reparto a las provincias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles.

La Opinión Popular