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Nacionales - 09-10-2020 / 09:10
LA CORTE SUPREMA TIENE 65 CAUSAS DE LESA HUMANIDAD SIN RESOLVER HACE AÑOS

Más solo que loco malo: rechazo a la jugada de Rosenkrantz

Más solo que loco malo: rechazo a la jugada de Rosenkrantz
Sin la presencia de representantes del Poder Ejecutivo, de Diputados y del Senado y de la mayoría de los organismos de derechos humanos, que entrevieron un intento de aprovechamiento personal por parte del juez supremo y una actitud “oportunista”.
Tras una parálisis de cuatro años, la Comisión Interpoderes, que desde hace más de una década tiene la misión de agilizar los juicios de lesa humanidad, se reunió finamente después de estar congelada durante todo el gobierno de Mauricio Macri.
 
El encuentro por Zoom, al que había convocado el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, el ex abogado de Clarín, tras recibir un pedido de juicio político precisamente por paralizar las causas por crímenes del terrorismo de Estado y no citar a la comisión en cuestión, quedó expuesto en soledad.
 
Sin la presencia de representantes del Poder Ejecutivo, de Diputados y del Senado y de la mayoría de los organismos de derechos humanos, que entrevieron un intento de aprovechamiento personal por parte del juez supremo y una actitud "oportunista", según la nota que enviaron a la Corte la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla. Tampoco estuvo ningún otro miembro del alto tribunal.
 
Entre quienes asistieron, la titular de la Procuraduría de Lesa Humanidad, Ángeles Ramos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Americana de Juristas (AAJ) hicieron los reclamos más fuertes y puntuales frente a la parálisis de la mayoría de los juicios contra represores y las notorias demoras en la propia Corte, donde hay causas estancadas hace más de cuatro años. Rosenkrantz solo propuso por ahora formar comisiones de trabajo.
 

 
El supremo Rosenkrantz se preocupó por decirles a todos los participantes que venía planeando reunir a la Interpoderes desde el mes pasado, ya que era un reclamo de los organismos: "No se convocó a la luz de ningún acontecimiento fortuito". Lo dijo, como es obvio, para intentar desvincular su iniciativa del pedido de juicio político y del contexto de tensión política a raíz de su impulso y respaldo a la apertura de un per saltum a favor de los tres jueces que se quieren quedar atornillados en cargos claves de Comodoro Py.
 
Rosenkrantz --ideólogo del 2x1 a favor de los genocidas represores-- trató también de culpar a sus colegas: "No había voluntad de demorar la reunión sino simplemente por el modo en que funciona la Corte todo trámite administrativo requiere la firma de todos los ministros".
 
Los funcionarios y funcionarias del Gobierno que decidieron no participar dejaron claro en una nota que esperan que la Corte sea "categórica" en relación a las causas de lesa humanidad y que las considere una "verdadera política de Estado" para terminar con una situación de estancamiento, ya que hay gran cantidad de casos sin resolver en el propio tribunal.
 
En Abuelas de Plaza de Mayo, evaluaron que, al no asistir el Ejecutivo y otros poderes, y que el llamado no tenía un fin institucional por los juicios de lesa humanidad, preferían no participar.
 
La Opinión Popular
 
 
La Corte Suprema tiene 65 causas de lesa humanidad sin resolver hace años
 
El dato revela las prioridades del máximo tribunal, en especial desde 2016, que no prioriza los casos vinculados al terrorismo de Estado y abonan a la impunidad biológica de los genocidas que siguen sin sentencia firme.
 
La Corte Suprema tiene al menos 65 causas por delitos de lesa humanidad sin resolver, la mayoría desde 2016 pero hay casos que llevan hasta 9 años en sus cajones. Involucran desde genocidas como Santiago Omar Riveros hasta empresarios como Carlos Blaquier, desde casos emblemáticos como la Masacre de Trelew hasta un ex juez tres veces condenado.
 
La demora en estos casos, denunciada durante años por los organismos de Derechos Humanos, indica que la estrategia es la de la impunidad biológica, que la avanzada edad de los genocidas juegue en tándem con la demora judicial.
 
Los datos surgen de un primer mapeo que realizó la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, a cargo de la fiscala Ángeles Ramos. No es un dato fácil de rastrear: la propia Corte no lo informa y el sistema de consulta judicial para seguir el derrotero de los expedientes es de todo menos práctico.
 
El tiempo que lleva cada caso en la Corte se calcula desde que tiene sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia penal del país, previa en esos casos al máximo tribunal. Sin fallo de la Corte los genocidas siguen sin sentencia firme.
 
La mayoría de las demoras coincide temporalmente con los años de Mauricio Macri en la presidencia y la Corte que completó con Carlos Rosenkrantz, el actual presidente del máximo tribunal, y Horacio Rosatti. De las 65 causas, 55 están esperando respuesta de la Corte desde 2016. El resto desde antes.
 
Este dato es el trasfondo de la fallida reunión de la Comisión Interpoderes convocada por Rosenkrantz. Ese espacio ya podría decirse que no existe. De Interpoderes le quedó solo el nombre, ya que no asistieron ni el Ejecutivo ni el Legislativo, el propio Rosenkrantz no fue acompañado siquiera por el resto de los cortesanos y la mayoría de los organismos de Derechos Humanos declinaron la invitación ante el evidente oportunismo del presidente de la Corte.
 
La existencia de al menos 65 causas sobre delitos de lesa humanidad que esperan Justicia desde hace décadas y el fracaso de la convocatoria de Rosenkrantz abren una discusión que es tiempo de saldar. La Corte no tiene tiempos ni plazos, queda en evidencia, pero puede a su vez ordenar sus prioridades.
 
A la vista de este listado de casos en los que no solo benefician a los genocidas sino que se violenta de nuevo a las víctimas, aparece como imperativo que la propia Corte deje por escrito que deben priorizarse. El terrorismo de Estado si tiene gravedad institucional, no los casos de 3 jueces y su pretendido derecho adquirido de ser nombrados a dedo.
 
 
Genocidas
 
Uno de los casos de impunidad biológica es a su vez uno de los que más tiempo lleva en los cajones de la Corte Suprema e implica a uno de los jerarcas de la última dictadura militar. Se trata de la causa que involucraba al general Jorge Olivera Rovere, el temible segundo al mando de Carlos Suárez Mason en el I Cuerpo del Ejército. El caso lleva más de 8 años en la Corte.
 
Olivera Rovere fue condenado a prisión perpetua en 2009 y en 2013 la Cámara de Casación ratificó la pena por 116 privaciones ilegitimas de libertad y 4 asesinatos con alevosía. Pero Olivera Róvere murió el 14 de febrero de 2015, con esta y otras causas sin resolver.
 
Hay un caso aún más antiguo en la Corte, que lleva 9 años sin resolución. Se trata de la condena a prisión perpetua al general Pedro Pablo Mansilla por el secuestro, tortura y asesinato de Carlos Labolita en Mar del Plata. Labolita era amigo y compañero de militancia de Néstor Kirchner y CFK.
 
El poderoso general Santiago Omar Riveros, que acumula condenas por delitos de lesa humanidad, tiene varios expedientes sin resolver en la Corte Suprema.  Uno lleva más 8 años en la Corte: es el caso de Floreal "Negrito" Avellaneda, una de las víctimas más jóvenes de la dictadura cívico-militar. Militante de la Federación Juvenil Comunista, el "Negrito" tenía 15 años cuando fue secuestrado, torturado y su cuerpo mutilado apareció en la costa uruguaya en 1976. Su caso tardó 33 años en llegar a juicio oral, el doble de su edad cuando fue asesinado.
 
Por el caso del "Negrito" Avellaneda en 2009 el Tribunal Oral Federal de San Martín condenó a Riveros, ex jefe del Campo de Mayo, a prisión perpetua y a otros 5 militares a penas entre 8 y 25 años. La Cámara de Casación confirmó la sentencia en 2012, pero desde entonces el expediente está en la Corte.
 
Riveros también fue condenado en 2017 por los delitos de lesa humanidad, incluidos delitos sexuales, cometidos durante la última dictadura en la comisaria de Villa Ballester. La sentencia fue confirmada por Casación el 16 de mayo de 2018. Desde entonces la Corte tampoco la resuelve.
 
Riveros junto al dictador Reynaldo Bignone también fueron condenados en otra causa por torturas y asesinatos en Campo de Mayo en 2013, sentencia confirmada por la Cámara de Casación en 2017. La Corte tampoco la trató aun. Lo mismo con las condenas que recibieron Riveros y Bignone por el plan sistemático de robo de bebés en Campo de Mayo, que desde 2017 tiene confirmación de la Cámara de Casación.
 
Entre tanto, el genocida Riveros fue uno de los que pidió (y le rechazaron) el beneficio del 2x1 luego de que la Corte se lo otorgara a Luis Muiña. Y Bignone murió el 7 de marzo de 2018: impunidad biológica.
 
Luciano Benjamín Menéndez, el genocida con el record de 7 condenas a cadena perpetua, también gozó de las demoras de la Corte. En su caso, hace 7 años que el máximo tribunal no resuelve sobre su condena a perpetua por las desapariciones de 12 personas en Mendoza.
 
Otro de los represores más sangrientos fue el capitán Héctor Vergez, que llegó incluso a publicar un libro titulado "Yo fui Vargas" donde relató detalles de sus crímenes en tiempos de la impunidad menemista. En 2012 fue condenado a 23 años de prisión, la Cámara de Casación confirmó la sentencia en noviembre de 2016 y desde entonces está en el limbo cortesano.
 
El caso de la Masacre de Trelew lleva 6 años sin respuesta de la Corte. Se trata del fusilamiento de 16 presos políticos ocurrido el 22 de agosto de 1972 en la Base Almirante Zar. El 19 de marzo de 2014 la Sala III de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Liliana Catucci, Mariano Borinsky y  Alejandro Slokar, confirmó las condenas a prisión perpetua contra Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino. Desde entonces, el caso está en la Corte.
 
 
Civiles
 
La Corte no solo demora casos de militares, también de empresarios e incluso uno de la corporación judicial ligados al terrorismo de Estado.
 
El más paradigmático en los civiles es el de Carlos Blaquier, uno de los ideólogos del terrorismo de Estado y del reformateo económico a punta de pistola y picana. Blaquier fue juzgado por el operativo conocido como Apagón de Ledesma, cuando un grupo de tareas ingresó la planta de Ledesma con vehículos de la propia empresa para secuestrar a varios trabajadores. Pero en este caso Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, con las firmas de Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi, dijo que Blaquier no sabía para qué iban a usar los vehículos.
 
El ideólogo dictatorial que no sabía de los métodos que había planificado. Desde la agrupación HIJOS plantearon un recurso que llegó a la Corte en 2015 y sigue sin resolverse, por el peso de Blaquier y por las relaciones familiares que tiene con la esposa de Carlos Rosenkrantz.
 
Otro caso de civiles cómplices del terrorismo de Estado es el de Marcos Levin, quien fue el primer empresario condenado por delitos de lesa humanidad cometidos contra trabajadores de su empresa La Veloz del Norte. En una de las causas contra Levin la Corte resolvió en 2018 que se siguiera investigando.
 
Pero en otra, donde fue condenado en 2016, la Corte aún tiene que resolver respecto a la resolución de la Cámara de Casación que dijo que los delitos cometidos por Levin y 3 ex policías no eran de lesa humanidad y habían prescripto. Dos de los jueces que dijeron eso fueron Riggi y Gemigniani, los mismos que beneficiaron a Blaquier. El tercero fue Carlos Mahiques, puesto a dedo por Macri.
 
La corporación judicial se cuida a sí misma y en los delitos de lesa humanidad parece no haber excepción. El ex juez santaffecino Víctor Hermes Brusa tuvo tres condenas por delitos de lesa humanidad. En una de ellas, donde fue condenado en 2009 a 21 años por apremios ilegales de 8 personas, la Corte le confirmó la sentencia en 2013. Pero en otra, condenado a 7 años en 2014, la Corte aún no resolvió.
 
Los expedientes que llevan años en el máximo tribunal también remiten al Plan Cóndor, a los delitos cometidos en Monte Peloni, en los Centros Clandestinos de Detención Vesubio, Mansión Seré, Base Naval de Mar del Plata, el Arsenal Azcuénaga de Tucumán, La Escuelita de General Roca y Automotores Orletti. Hay expedientes de todo el país.
 
 
El espiral recursivo
 
En el último informe del estado general de las causas de lesa humanidad que realizó la Procuraduría que comanda la fiscala Ramos, que es de diciembre de 2019, hay varios datos para complementar este cuello de botella que genera la Corte. Lo que denominan el "espiral recursivo", las idas y vueltas de los expedientes en las instancias superiores del Poder Judicial.
 
Al 1 de diciembre de 2019 había 589 causas por delitos de lesa humanidad en trámite. De esas, 238 tienen sentencia pero el 67% está en alguna instancia recursiva, sea en la Cámara de Casación o en la Corte. Pero lo notable es que en esas instancias es donde más se demora. Según el informe, el tiempo promedio en la instrucción de los juicios es de 7 mesas. Entre la elevación a juicio y el veredicto el promedio son 2,4 años. Pero el promedio entre la sentencia y el fallo del último recurso ante la Corte llega a 3,6 años.
 
"Si se considera que más del 90% de las sentencias se recurren ante la CSJN, lo cierto es que a los tiempos de tramitación se le suma en todos los casos casi 4 años más, sólo para confirmar o no lo dispuesto por el Tribunal Oral", plantea el informe de la Procuraduría. Y evidencia, una vez más, que debería sentarse una prioridad para resolver de una vez por todas los casos pendientes del terrorismo de Estado.
 
Por Ari Lijalad
 
Fuente: El Destape
 

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30-10-2020 / 12:10
Las disputas intrafamiliares del clan Macri por la herencia del fundador de Socma y los manejos turbios del ex presidente deberán dirimirse en la justicia comercial. Mariano Macri, quien no oculta el desprecio por su hermano Mauricio, al que le reclama su parte en los negocios familiares, inició la semana pasada una demanda contra quienes considera testaferros del exjefe de Estado, como sus tres hijos mayores y el hermano Gianfranco, por considerar que "faltaron a la lealtad, la buena fe, la verdad, el trato equilibrado y demás normas de conducta" al negarse a transparentar "la transferencia del 20 por ciento de las acciones de Socma Americana y de Macri Investment Group SA" heredadas por el exlíder del Pro.
 
El abogado del hermano díscolo, Héctor Raúl Trevisán Palacios, solicitó la nulidad del laudo suscripto el 1 de octubre por el "Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires" --que convalidó esa operación en el marco de un proceso denominado paradójicamente "amigables componedores"--, reclamó a la justicia que los condene a "exhibir toda la documentación motivo de la transferencia" y que les cargue a los demandados las costas del proceso.
 
Los hechos que sustentan la denuncia arrancan con un acuerdo firmado por los cinco hijos de Franco --de los cuales falleció Sandra-- como accionistas de Socma Americana SA y de Macri Investment Group SA, por el que decidieron someter cualquier diferencia, incluidas las relacionadas con la venta de sus acciones, al tribunal de arbitraje de la Bolsa de Comercio.
 
La operación que derivó en su intervención fue la cesión del 20 por ciento de las acciones de Mauricio a sus hijos mayores: Gimena, Agustina y Francisco Juan. El acuerdo establecía un complejo mecanismo por el cual si un accionista quería vender su parte debía formular una propuesta irrevocable a los otros cuatro.
 
La venta que propuso el expresidente sólo fue aceptada por Gianfranco. La rechazaron Mariano, Florencia y los hijos de Sandra. Ahora Mariano sostiene que el precio pagado en los hechos no es el que figuraba en la oferta de sus tres sobrinos.
 

30-10-2020 / 11:10
Las negociaciones secretas que llevan adelante Darío Martínez con las petroleras para que no falte gas el invierno que viene o Sergio Chodos con el FMI en Washington por la deuda que dejó Mauricio Macri también mantienen un ojo en las urnas.
 
El principal desafío es el que enfrenta el empoderado Martín Guzmán, a quien esta semana llenó de elogios el consultor Emmanuel Álvarez Agis pero a quien critican cada vez más encarnizadamente desde las cercanías de Máximo y a quien le llegaron reproches en voz alta desde Olivos por la disparada del dólar blue a $195.
 
El ministro no solo necesita que la economía vuelva a crecer antes de que empiece la campaña sino que precisa que crezca fuerte y que compense la "consolidación fiscal" con la que busca seducir a Kristalina Georgieva.
 
Es decir, el ajuste del gasto que implica pasar de un déficit primario del 7,5% del PBI a uno del 4,5%, en un año que contendrá todavía al menos un trimestre sin vacuna contra el coronavirus.  
 
Guzmán consiguió instalar que aplacó la corrida de los dólares financieros con una dosis tolerable de ortodoxia. Así presentó la suba de tasas para aspirar los pesos emitidos por la pandemia y el aviso de que el año que viene también gastará e imprimirá menos billetes.
 
Pero lo que surtió efecto inmediato fueron las ventas de bonos en dólares por parte de "manos amigas" (la ANSES y el Banco Nación) y una medida complementaria, bastante más heterodoxa: el pedido a las agencias de bolsa para que "se corran un rato" del mercado.
 
Fue un encargo informal que les llegó desde la Secretaría de Finanzas de boca de un viejo amigo: el subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, un economista que estudió con Guzmán en La Plata pero que hizo carrera en el Merval y hasta diciembre fungía como la mano derecha del gerente general de ByMA, Jorge de Carli.
 
De haber operado 6,2 millones de dólares en el mercado del "cable" o "contado con liqui" el lunes de la semana pasada, las agencias pasaron a operar menos de 2 millones el viernes y un monto similar el lunes. Fue ese día que empezaron a ceder las cotizaciones paralelas. 
 

29-10-2020 / 11:10
29-10-2020 / 10:10
Efectivos de la Policía Bonaerense desplegaron el operativo de desalojo de las tierras ocupadas en la localidad de Guernica, en el partido de Presidente Perón. Al predio de 100 hectáreas tomado en julio concurrieron 4000 efectivos policiales que derribaron casillas y cortaron los alambres con que se delimitaron los lotes. Hubo detenidos y enfrentamientos y los momentos de tensión con los ocupantes continúan.
 
El operativo comenzó a la madrugada, cuando los efectivos policiales rodearon la zona y comenzaron a derribar algunas casillas que se habían instalado en el lugar. El desalojo da cumplimiento a la orden del juez Martín Rizzo. El magistrado había fijado el 30 de octubre como límite para la desocupar el predio.
 
El desalojo fue resistido por los ocupantes que, con piedras y palos, intentaron frenar el accionar policial. Tres horas después de la llegada de la policía al lugar aún había algunos enfrentamientos. Los manifestantes resistían con piedras el avance de los efectivos policiales que disparaban con balas de goma y arrojaban gases.
 
El operativo se da luego de varias semanas en que el Gobierno bonaerense entabló negociaciones con los ocupantes, realizó un censo y logró el desalojo pacífico de la mayoría de ellos.
 
En el marco del trabajado desarrollado por el Gobierno bonaerense, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad -junto con representantes de organismos de derechos humanos, Madres de Plaza de Mayo y organizaciones sociales de izquierda que apoyan a los que aún están en los terrenos- realizaron en los últimos días un último relevamiento para determinar el número de familias que debían dejar el lugar y a los que se les procura dar una solución a sus problemas habitacionales.
 

28-10-2020 / 10:10
La fila de autos que ingresa por Avenida de Mayo desde el Obelisco no parece terminar más. Bocinazos, cantos, dedos en V que responden a otros dedos en V, niños con medio cuerpo afuera del auto que agitan banderas argentinas, la marcha peronista al palo, la cara de Néstor pegada sobre los vidrios de cada vehículo que, en procesión, se acerca a la plaza de Mayo a rendir su homenaje.
 
A lo largo de toda la tarde, la "Caravana de las mil flores" inundó el centro porteño, con cientos de familias, parejas y grupos de amigues que, a diez años de la muerte de Néstor Kirchner, se movilizaron y dejaron en la Casa Rosada una flor como muestra de cariño al ex presidente. La jornada se extendió hasta la noche y contó con la breve aparición del presidente Alberto Fernández, saludando desde el balcón de la Rosada.
 
Las celebraciones mezclaron actos oficiales con caravanas, en un día laborable. El ojímetro, las redes sociales, los grafitti, el medidor costumbrista de las llamadas de oyentes a las radios, confirmaron la peculiar vigencia del presidente inesperado y prematuramente fallecido.
 
Los actos oficiales tienen sentido, la estatua de UNASUR recupera memoria y reivindica. El principal homenaje, el más particular y más entrañable, es la gente común acercándose, ofrendando, honrando a un ser querido.
 
Por todo lo que Néstor hizo por el pueblo, ayer miles de argentinos y argentinas lo recordaron con una mezcla rara de alegría y congoja.
 
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