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Nacionales - 08-10-2020 / 10:10
NO PARTICIPARÁN DE LA REUNIÓN QUE CONVOCÓ, DESPUÉS DE 4 AÑOS, EL PRESIDENTE DE LA CORTE PARA ANALIZAR EL AVANCE DE LAS CAUSAS DE LESA HUMANIDAD

Portazo al oportunismo del supremo Rosenkrantz

Portazo al oportunismo del supremo Rosenkrantz
El Gobierno nacional y organismos de derechos humanos decidieron que no asistirán a la reunión de la Comisión Interpoderes, encargada de agilizar los juicios de lesa humanidad, que fue convocada por el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz. El gobierno considera que la convocatoria del supremo es interesada. También rechazaron el convite organismos de derechos humanos, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, Hugo Yasky y el director del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, Martín Fresneda.
La ministra de Justicia Marcela Losardo y el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla anunciaron que declinaron la invitación del presidente de la Corte Carlos Rosenkrantz (ex abogado del Grupo Clarín) para la reunión de la Comisión Interpoderes que debía tratar el estado de las causas por delitos de lesa humanidad, y que no se reunía desde 2016.
 
En duros términos, el Gobierno de Alberto Fernández pegó un portazo y tensionó la ya tirante relación con Rosenkrantz, a través de una carta que califica de "oportunista" el llamado al encuentro. Señalaron que "no están dadas las condiciones" para asistir, ni que el avance de las causas funcione "de modo adecuado".
 
"El desempeño de la Corte en esta materia ha sido de enorme retroceso", calificaron y la "repentina" convocatoria tras la insistencia de los organismos de Derechos Humanos durante meses "no deja de resultar oportunista", remarcaron en una carta.
 
Además, subrayaron "estancamiento" de las causas por delitos de lesa humanidad, lo que estaría sumado a los fallos pendientes de la Corte en casos que han escalado al Tribunal, lo que consolidaría la "impunidad biológica" de los responsables.
 
La acusaron de no tener un "comportamiento coherente" y apuntaron a los años de demora en las causas de la Masacre de Trelew, Masacre de Capilla del Rosario, Feced y Blaquier.
 
La Opinión Popular
 

 
El Gobierno nacional y varios organismos de derechos humanos decidieron que no asistirán a la reunión de la Comisión Interpoderes, encargada de agilizar los juicios de lesa humanidad, que fue convocada por el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, en medio de la tensión política por el per saltum de los jueces trasladados a cargos estratégicos en Comodoro Py -de quienes se mostró como ferviente defensor-- y de que se presentara un pedido de juicio político en su contra, precisamente por haber "favorecido y asegurado la impunidad de los responsables del terorrismo de Estado".
 
Esa denuncia de la diputada Vanesa Siley señalaba, además, que el titular del tribunal no reunía a la comisión en cuestión pese a los pedidos de los organismos de derechos humanos. La Interpoderes dejó de tener encuentros durante la presidencia de Mauricio Macri y Rosenkrantz, impulsor entre otras cosas del 2x1 a favor de los genocidas, se acordó de activarla ahora.
 
El Poder Ejecutivo envió al supremo una nota que dice que su invitación resulta "oportunista" y que la Corte ha mostrado un retroceso en el tratamiento de expedientes sobre crímenes del Terrorismo de Estado, que años atrás el propio tribunal dijo que debían formar parte de una política de Estado.
 
No estarán en el Zoom ni la ministra de Justicia, Marcela Losardo, ni el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla. Tampoco irán el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Hugo Yasky, ni el director del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, Martín Fresneda.
 
El gobierno revisó su posición inicial, que apuntaba a asistir, pero después de deliberaciones internas evaluaron que la iniciativa de Rosenkrantz responde a una especulación de posicionamiento personal y le atribuyen un intento de utilizar para eso los juicios de lesa humanidad. Una idea compartida por algunos funcionarios y funcionarias es que la Corte debería dar sus mensajes a través de sus fallos, algo que no sucede.
 
En el alto tribunal hay al menos medio centenar de causas pendientes sobre crímenes dictatoriales. La nota que envió el Poder Ejecutivo, firmada por Losardo y Pietragalla, señala entre las razones para "declinar la invitación" que desde la última reunión de la Interpoderes, el 23 de septiembre de 2016, "el desempeño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en esta materia ha sido de enorme retroceso.
 
En este contexto, la repentina convocatoria a una nueva reunión por parte de la Presidencia de la Corte, tras varios meses de insistencia de los organismos de derechos humanos -que son los verdaderos faros en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia-, no deja de resultar oportunista".
 
El jueves por la tarde los organismos de derechos humanos debatieron sobre qué hacer. Hace tiempo que reclaman que volviera a funcionar Interpoderes (creada en 2008, en la presidencia suprema de Ricardo Lorenzetti) que estuvo cuatro años en pausa.
 
Pero una mayoría, que integran Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, planteaban que no irán, algunos en consonancia con la mirada del Gobierno, otros suman que rechazan que se ponga al frente el juez que ideó el fallo de 2x1 a favor de los genocidas. "Rosenkrantz ofende a nuestros hijos y a los 30.000", dijeron en Madres Línea Fundadora.
 
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sostuvo que su posición era asistir. La liga Argentina por los Derechos del Hombre "decidió que solo participa en la reunión si están presentes los tres poderes del Estado que deben constituir la interpoderes. En caso de realizarse la reunión con presencia de todes, nosotros llevaríamos nuestra exigencia de que en primer lugar la Corte Suprema deje de sabotear el proceso de memoria verdad y justicia con sus maniobras de no convalidar las sentencias, no ordenar el proceso judicial permitiendo que se aplique la impunidad biológica, por falta de juicios, la impunidad de los condenados ya que más de la mitad ya está en su casa y la impunidad del poder económico como en el caso de Blaquier y Ledesma pero también en la causa Acindar en la que llevamos querellando diez años y todavía no hay juicio", señaló José Schulman, de la Liga.
 
También están convocados el Consejo de la Magistratura y la Cámara de Casación Penal Federal que aguardaban con cautela los pasos del resto de los invitados.
 
Algunos conceptos claves de la nota del Ministerio de Justicia y la Secretaria de Derechos Humanos son estos:
 
"No están dadas las condiciones para que este imprescindible espacio de articulación entre todas las agencias del Estado involucradas en el avance de los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país pueda funcionar de modo adecuado"
 
"Las causas que se sustancian para juzgar los crímenes de lesa humanidad atraviesan un período de notorio estancamiento. Esta preocupante situación se ve agravada por el contexto de la pandemia. Es sabido que el letargo en el que se encuentran sumergidas estas causas -muchas de ellas pendientes de un fallo de la Corte Suprema hace varios años- implica necesariamente la consolidación de la "impunidad biológica": los responsables de estos aberrantes delitos mueren sin condena; y las víctimas y familiares también fallecen sin alcanzar la justicia que el Estado les debe garantizar como forma de reparación"
 
"La respuesta de la Corte Suprema debería ser categórica. Una verdadera política de Estado no se puede basar en convocatorias oportunistas; sino en un desempeño coherente, que incluya por parte del Alto Tribunal de nuestro país medidas institucionales sostenibles y fallos rápidos y respetuosos de los compromisos internacionales de derechos humanos.
 
"El proceso de memoria, verdad y justicia necesita una Corte Suprema realmente comprometida; que, por ejemplo, resuelva cuanto antes las decenas de causas emblemáticas por crímenes de lesa humanidad que se encuentran a su estudio hace ya varios años, como la de la "Masacre de Trelew"; la de la "Masacre de Capilla del Rosario"; o la de "Feced II". A pesar de los reiterados pedidos de pronto despacho, el tribunal tampoco ha dictado sentencia en la causa conocida como "La Noche del Apagón", en la que debe determinar la situación procesal de Carlos Pedro Tadeo Blaquier (de más de 90 años) y Alberto Enrique Lemos, ambos directivos de la empresa Ledesma".
 
El caso "Blaquier" integra el pedido de juicio político de Siley a Ronsekrantz. Está en la Corte desde 2016. El supremo dice que lo retuvo sólo 10 por ciento del tiempo del trámite, pero nunca ni él ni sus pares respondieron a los reclamos de pronto despacho de HIJOS Jujuy ni la Secretaría de Derechos Humanos. La relación del presidente supremo con los Blaquier es conocida y fue informada por este diario. Por ahora los anfitriones de lo que quede de la reunión convocada, si es que se concreta, serán Rosenkrantz y su vice, Elena Highton de Nolasco.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 

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13-12-2025 / 09:12
El proyecto de país que perfila el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei tomó el aspecto de una sociedad sin derechos organizada por el mercado. El mercado elimina el concepto de soberanía y decidirá quién irá preso y quién se tomará vacaciones. A su vez, el mercado está organizado por una escala jerárquica según el poder económico.
 
O sea: la libertad de los libertarios es como la milanesa tucumana hecha con papel higiénico. Y de postre: inflación. Si alguno pensó que el esfuerzo valía la pena, el 2,5 de inflación -medido por un Indec que todo el mundo sabe trucho-- le dio una mala noticia: se quedó sin trabajo, se quedó sin empresa, y además tiene inflación.
 
En la misma semana asumió Joaquín Mogaburu como subsecretario de Derechos Humanos y se presentó el proyecto de reforma laboral en el Congreso. El nuevo funcionario es un personaje ligado a los represores y da cursos en los cuarteles sobre "memoria completa".
  
Mogaburu aboga por la conciliación y el perdón a los genocidas. El combo es coherente con el protocolo de seguridad que criminalizó la protesta social, el decreto que permitió a las fuerzas armadas intervenir en conflictos internos y la eliminación del derecho a huelga y otros derechos como lo estipula la reforma laboral enviada al Congreso.
 
Durante el mes hubo decenas de actos sobre derechos humanos en centros culturales, casas de la memoria y en plazas de todo el país. Y el jueves se realizó un festival en la Plaza de Mayo encabezado por Madres, Abuelas y el Serpaj de Adolfo Pérez Esquivel. Al mismo tiempo, la CGT anunciaba un acto público para oponerse al proyecto de ley enviado al Congreso.
 
No hay derechos humanos y no hay derechos laborales. No hay derecho a la protesta y no hay derecho que proteja contra la tortura y la violación como reclaman los que piden la libertad de torturadores y violadores que actuaron tras haber usurpado el Estado durante el golpe genocida. No hay sujetos de derecho en esta sociedad que conciben los libertarios y que ha sido votada por muchos que perderán los derechos que tenían.
 
Con el mercado se come, con el mercado se educa, con el mercado se cura. Si eso era difícil con la democracia, el mercado ni se lo plantea porque el único derecho que reconoce es el del que tiene más capital. El mercado habla de méritos, pero los derechos no se ganan. Los derechos implican también responsabilidades, pero no se ganan por méritos. Al menos la democracia reconoce que todos tienen derecho a comer, a la educación y a la salud. Después dependerá de los gobiernos proveer esos derechos.
 
Los libertarios inventaron una democracia con voto, pero sin derechos. Y los derechos son para todos porque son inherentes a la condición del ser humano. Si son para pocos, no califica. La democracia se construye sobre los derechos ciudadanos. Sin esos derechos básicos no hay sistema democrático. Este gobierno habla de democracia y libertad, pero cuando hace la milanesa, le pone papel higiénico en vez de libertad y democracia.
 

12-12-2025 / 10:12
El gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei mandó al Senado un proyecto de contrarreforma para eliminar derechos laborales, sindicales y de huelga que atrasa un siglo. Contra la Constitución desconoce hasta la jornada de 8 horas y el derecho a huelga. Redactado por los abogados de las grandes empresas, de Paolo Rocca, Galperin y Eurnekian, en cada rubro empeora la posición de los trabajadores. Perjudica también a monotributistas e informales y se propone financiar los despidos con la plata de los jubilados.
 
El gobierno libertario demoró la presentación de la contrareforma laboral, que no registra precedentes desde la dictadura genocida de 1976, para estirar los tiempos de negociación y definir cuán a fondo iría en su ofensiva contra los trabajadores y el sindicalismo. El proyecto que ingresó al Senado retoma lo peor de todas las versiones anteriores y lo condensa en 71 páginas y 191 artículos.
 
Enmascarada en una supuesta "modernización", la iniciativa retrocede más de un siglo y desconoce pilares básicos del derecho laboral como la jornada de ocho horas y restringe el derecho a huelga. Lejos de mejorar la vida de los trabajadores, crear empleo o incorporar a los informales al mercado formal, la reforma sólo busca abaratar costos para que el empleador pueda despedir y amplía la desprotección sobre el sector más débil.
 
Los especialistas coinciden en que "invierte la presunción de laborabilidad" perjudicando a monotributistas y trabajadores "independientes". El texto final del proyecto confirma la transferencia regresiva de los derechos de los trabajadores en favor del gran capital, debilita su capacidad de organización y faculta al empleador para modificar condiciones laborales según sus necesidades.
 
La reforma laboral, firmada por Milei, fue elevada al Congreso de manera errónea por parte de Gobierno. Legisladores opositores y abogados laboralistas cuestionaron el ingreso por el Senado, ya que la reforma laboral contiene un capítulo tributario que modifica impuestos centrales. Al respecto, la Constitución fija que toda ley de carácter impositivo debe originarse en Diputados.
 
La reforma laboral que impulsa Milei atrasa porque reinstala un modelo previo al propio nacimiento del derecho laboral. La abogada Natalia Salvo advierte que es "una novedad de museo que nos devuelve a un tiempo sin normas". El proyecto permite jornadas de hasta 12 horas, un retroceso a antes de la Ley 11.544, conquistada después de las huelgas y masacres de la Patagonia y la Semana Trágica.

También elimina ítems remunerativos para achicar aguinaldo y vacaciones, ahora fraccionadas como en etapas de precariedad anteriores a cualquier estándar moderno. Al mismo tiempo, remarca que la iniciativa desconoce los avances globales sobre las plataformas: mientras en Europa los tribunales y países como España o Portugal ya reconocen a esos trabajadores como dependientes, aquí se los deja en un limbo jurídico. Modernizar sería ampliar la protección, no recortarla. Con un 43 por ciento de informalidad, el proyecto empuja al país hacia un pasado sin resguardo, donde la relación laboral quedaba librada a la voluntad de la patronal.

Un Gobierno que miente en todo, presenta el argumento principal en la supuesta "creación de trabajo formal". Silogismo falaz, acaba de ser refutado por un hombre del gran capital, el abogado Julián de Diego. Dijo que "sin crecimiento, no habrá generación de empleo". Ese crecimiento se presenta, como promesa lejana, relato de un provenir etéreo, medido en décadas. Equiparada a Irlanda, Alemania, y otras naciones. Por ahora, lo que hay es recesión, inflación en alza y deuda. Cada vez más deuda.

La Opinión Popular


11-12-2025 / 10:12
Turismo "con la nuestra". Nuevo papelón internacional de Javier "el Loco" Milei que fue a perder el tiempo a Noruega disfrazado con el mameluco de YPF, viajó 25.000 kilómetros para sacarse una foto... y se volvió sin nada. María Corina Machado faltó a su premiación como Nobel de la Paz. Viajó con su hermana Karina a Oslo en el avión presidencial, en un viaje que cuesta 300 mil dólares, y se alojó en el Gran Hotel de Oslo, en donde una habitación cuesta mil euros por noche. "El Peluca" volvió a las apuradas y de inmediato puso su firma en el funesto proyecto que apunta contra la justicia social y modifica la regulación de horas extras, vacaciones e indemnizaciones.
 
El fugaz y costoso paseo de Milei por Noruega terminó en un traspié político que expuso improvisación y falta de estrategia. La salida apresurada dejó al libertario sin el rédito simbólico que buscaba y reforzó las críticas sobre un viaje reducido a gestos vacíos, sin resultados concretos ni agenda internacional consistente. Tenía una agenda que incluía reuniones con el primer ministro y con el rey, además de la posibilidad de un encuentro cara a cara con Corina Machado, y los dejó "de garpe". Cosa de loco.
 
Milei regresó de apuro para evitar que una interna ponga en riesgo el tratamiento de la reforma laboral. Las explicaciones oficiales, en off the record, hablaban de la necesidad de "firmar la ley de reforma laboral" después de hacer "algún ajuste de último momento", sin embargo, tanto los cambios como la firma se pueden gestionar de manera remota. Lo que sucedió en realidad es que una nueva interna en el gobierno casi hace volar por los aires la Ley Rifle. Lo más llamativo, en este caso, es que los que frenaron el proyecto son dos enemigos íntimos: Santiago Caputo y Martín Menem.
 
Ellos son los dos interlocutores más fluidos que tiene la CGT dentro de la estructura libertaria y vienen advirtiendo desde hace tiempo que así como la estaba planteando Federico Sturzenegger, la reforma laboral corre el riesgo de empantanarse en el Congreso y terminar siendo rechazada, modificada hasta volverla irreconocible o aprobada a un costo demasiado alto. El recuerdo de la reforma previsional de Mauricio Macri en 2017 está presente en todos los cálculos.
 
Las partes observadas son justamente las que apuntan contra el andamiaje financiero y normativo que sostiene a los sindicatos, los llamados "derechos colectivos" que la CGT prioriza antes que las condiciones de trabajo individuales. De hecho, este lunes Sturzenegger estuvo reunido con los diputados de LLA, en un encuentro del que Menem no participó, y ante las consultas sobre estos asuntos el ministro prometió una "versión light", más sencilla de aprobar.
 
Sin embargo, el anuncio que hizo el vocero con sueldo de jefe de gabinete, Manuel Adorni, al día siguiente, no contempla la mayoría de esos recortes e incluye cláusulas inaceptables para el más dialoguista de los líderes gremiales. Dicen en la Casa Rosada que la orden de ir a fondo la dio el mismo Milei. El proyecto ya estaba listo para ingresar al Senado cuando Caputo y los Menem lograron frenarlo. Ese fue el motivo por el que el presidente tuvo que volver de apuro.
 
Patricia Bullrich, en tanto, defiende la redacción de Stuzenegger pero reclama que la situación se destrabe porque cree que si la reforma no tiene un tratamiento express y media sanción antes de las fiestas, después puede empantanarse. Su plan original de dictaminar esta misma semana, incluso el viernes a última hora, se fue diluyendo con el correr de las horas. El escenario más optimista apunta a sesionar en vísperas de noche buena. Sería un verdadero milagro navideño, mientras la CGT y el peronismo se abroquelan contra la reforma laboral anti obrera y pro patronal de Milei.
 
La Opinión Popular
 

10-12-2025 / 09:12
La denuncia por la compra de chatarra militar suma un nuevo capítulo. A la venta por un euro de los F-16 a Rumania, se añade el inminente acuerdo entre Polonia y Estados Unidos para la comprar de 250 vehículos blindados Stryker por sólo el valor simbólico de un dólar.
 
Los Stryker forman parte del catálogo militar yanqui que fueron utilizados en Afganistán e Irak y están diseñados para el transporte ágil de tropas y equipamiento. Según versiones oficiales, la elección del modelo responde a una planificación que prioriza la movilidad, la protección y la capacidad de respuesta ante diversas situaciones operativas.
 
Se trata de unidades adaptadas a distintos escenarios urbanos y misiones, con posibilidad de implementación progresiva conforme a los requerimientos logísticos y de capacitación establecidos por el Ejército Argentino.
 
Ya en julio que había opciones mejores que estaban siendo barajadas como el Guaraní de Brasil, que son vehículos muy similares a los que se usan en Argentina con el aditamento que los componentes mecánicos son argentinos como el motor y transmisión de IVECO.
 
Según publicó el medio ecuatoriano El Universal en base a un informe de Interesting Engineering, con esta oferta se pretende que los Strykers, que actualmente están desplegados en Europa, no vuelvan a territorio estadounidense, sino que sean entregados directamente a Polonia como parte del proceso de disminución de presencia militar norteamericana en la región.
 
Un análisis de Breaking Defense detalla que los Strykers llegarían en condiciones deterioradas, lo que implicaría reparaciones costosas, modernización y la creación de un nuevo sistema de soporte y entrenamiento, especialmente complejo para una plataforma que Argentina nunca operó.
 
Por otra parte, sostiene el informe, también hay dudas sobre el impacto industrial que traería la llegada de estos blindados, ya que puede desplazar la demanda de vehículos de fabricación nacional, como el Rosomak. En efecto, como ocurre con los F-16, se confirma que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN están deshaciéndose de la buena parte de su material militar por considerarlo vetusto y desactualizado.
 
Por eso, en el Ejército argentino preferían El Guaraní brasileño dado no se impone límite de cantidad, son nuevos, se transfiere tecnología de fabricación de partes y es interoperable con Brasil.
 
"Los EEUU limitan la cantidad, nos entregan un lote de usados que Chile descartó oportunamente. No son anfibios y puede ser que venga una flota final heterogénea, con menor ciclo de vida útil y mayor costo de mantenimiento. Es relevante que no sean anfibios. No van a poder varear nuestros ríos", detalló un militar activo en ese momento.
 
Para armas, plata hay. De los 27 vehículos que el gobierno le compró a Estados Unidos el valor total fue de 100 millones de dólares. La propuesta de Brasil por los Guaraní era de 161 vehículos (156 + 5 de entrenamiento) por 400 millones de dólares, quedando cada unidad en valor de 2,5 millones de dólares cada uno contra los 3,7 de los Stryker. Es decir, si se hubiesen comprado la misma cantidad a Brasil, hubiera gastado 67 millones, 32 millones menos que lo que gastó ahora. ¿Aliados a EEUU? Las pelotas... A Milei, los yanquis lo toman de gil.

 

 

09-12-2025 / 08:12
La compra de los 24 aviones F-16 daneses, que entregarán 6 por año, expone el negociado millonario de Javier Milei con los aviones chatarra que no cambian la correlación estratégica ante un eventual conflicto en el Atlántico Sur. Los F-16 son antiguos e inútiles para nuestra principal hipótesis de conflicto. El avión elegido carece de misiles modernos de largo alcance, capacidades SEAD/DEAD, apoyo AWACS y autonomía suficiente para operar a grandes distancias. Y la infraestructura de mantenimiento de la Fuerza Aérea está por debajo de los estándares necesarios. La OTAN jamás lo permitiría.
 
Estados Unidos y el Reino Unido -ambos miembros de la OTAN- mantienen restricciones tecnológicas que limitan cualquier avance argentino en términos de disuasión real. Seguimos igual de indefensos que antes, a pesar de la celebración marketinera del Gobierno libertario. Las críticas a la compra de los aviones F-16 por parte de Argentina son variadas y provienen de diferentes sectores, abarcando aspectos económicos, militares y geopolíticos. Un resumen de los principales puntos de crítica:
 
Alto Costo de Operación: la hora de vuelo de un F-16 es muy cara (rondan entre los $10.000 y $20.000 dólares). En un contexto de ajuste fiscal, esto generaría dudas sobre si el país tendrá los fondos necesarios para mantener los aviones operativos y entrenar adecuadamente a los pilotos.

Prioridades de Gasto: Hay críticas sobre destinar una suma importante del presupuesto de defensa (alrededor de $650 millones de dólares para el paquete completo contra un euro que pagó Rumania) a aviones, en lugar de utilizar esos recursos en áreas con mayores necesidades sociales o productivas. Esos dólares que nos prestan no son para un Procrear, son para comprar aviones obsoletos y equipos en mal estado.

Inversión en Infraestructura: Además del costo de compra y operación, se requiere una inversión adicional significativa para actualizar y readecuar las bases aéreas, pistas, talleres y sistemas logísticos para poder soportar la operación de estas aeronaves.

Aviones Usados y Desfase Tecnológico: Aunque modernizados, los aviones son de segunda mano (Europa los está reemplazando por F-35 de quinta generación) y tienen 40 años de antigüedad. Esto no representa la "última tecnología" y Argentina queda rezagada frente a los avances en aviación de combate, cuando los drones y los sistemas no tripulados están redefiniendo el combate aéreo.

Insuficiente para la Extensión Territorial: Argentina es el octavo país más extenso del mundo. Una flota de 24 aviones no es suficiente para cubrir eficazmente todo el territorio nacional y su espacio aéreo.
 
Limitaciones Logísticas y Técnicas: el F-16 tiene un sistema de reabastecimiento en vuelo por pértiga rígida, lo cual es un problema, ya que la Fuerza Aérea Argentina utiliza un sistema de cesta y manguera, lo que obligaría a readecuar la flota de tanqueros o a depender exclusivamente del sistema rígido.
 
La compra de armamento estadounidense fomenta un claro alineamiento cipayo con Estados Unidos y la OTAN. Esto limita la soberanía en política exterior y que todo el control logístico, mantenimiento y la provisión de repuestos queden sujetos al visto bueno de los EEUU (y a las restricciones impuestas por el Reino Unido), como ha ocurrido históricamente con otras ventas militares. La elección del F-16 priorizó el alineamiento internacional por sobre otras opciones, como los aviones chinos JF-17 (más modernos y que incluían armamento), los cuales fueron objetados por Gran Bretaña.
 
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