17:52 | Martes 18 de Noviembre de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 08-10-2020 / 10:10

NO PARTICIPARÁN DE LA REUNIÓN QUE CONVOCÓ, DESPUÉS DE 4 AÑOS, EL PRESIDENTE DE LA CORTE PARA ANALIZAR EL AVANCE DE LAS CAUSAS DE LESA HUMANIDAD

Portazo al oportunismo del supremo Rosenkrantz

El Gobierno nacional y organismos de derechos humanos decidieron que no asistirán a la reunión de la Comisión Interpoderes, encargada de agilizar los juicios de lesa humanidad, que fue convocada por el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz. El gobierno considera que la convocatoria del supremo es interesada. También rechazaron el convite organismos de derechos humanos, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, Hugo Yasky y el director del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, Martín Fresneda.

La ministra de Justicia Marcela Losardo y el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla anunciaron que declinaron la invitación del presidente de la Corte Carlos Rosenkrantz (ex abogado del Grupo Clarín) para la reunión de la Comisión Interpoderes que debía tratar el estado de las causas por delitos de lesa humanidad, y que no se reunía desde 2016.

En duros términos, el Gobierno de Alberto Fernández pegó un portazo y tensionó la ya tirante relación con Rosenkrantz, a través de una carta que califica de "oportunista" el llamado al encuentro. Señalaron que "no están dadas las condiciones" para asistir, ni que el avance de las causas funcione "de modo adecuado".

"El desempeño de la Corte en esta materia ha sido de enorme retroceso", calificaron y la "repentina" convocatoria tras la insistencia de los organismos de Derechos Humanos durante meses "no deja de resultar oportunista", remarcaron en una carta.

Además, subrayaron "estancamiento" de las causas por delitos de lesa humanidad, lo que estaría sumado a los fallos pendientes de la Corte en casos que han escalado al Tribunal, lo que consolidaría la "impunidad biológica" de los responsables.

La acusaron de no tener un "comportamiento coherente" y apuntaron a los años de demora en las causas de la Masacre de Trelew, Masacre de Capilla del Rosario, Feced y Blaquier.

La Opinión Popular

El Gobierno nacional y varios organismos de derechos humanos decidieron que no asistirán a la reunión de la Comisión Interpoderes, encargada de agilizar los juicios de lesa humanidad, que fue convocada por el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, en medio de la tensión política por el per saltum de los jueces trasladados a cargos estratégicos en Comodoro Py -de quienes se mostró como ferviente defensor-- y de que se presentara un pedido de juicio político en su contra, precisamente por haber "favorecido y asegurado la impunidad de los responsables del terorrismo de Estado".

Esa denuncia de la diputada Vanesa Siley señalaba, además, que el titular del tribunal no reunía a la comisión en cuestión pese a los pedidos de los organismos de derechos humanos. La Interpoderes dejó de tener encuentros durante la presidencia de Mauricio Macri y Rosenkrantz, impulsor entre otras cosas del 2x1 a favor de los genocidas, se acordó de activarla ahora.

El Poder Ejecutivo envió al supremo una nota que dice que su invitación resulta "oportunista" y que la Corte ha mostrado un retroceso en el tratamiento de expedientes sobre crímenes del Terrorismo de Estado, que años atrás el propio tribunal dijo que debían formar parte de una política de Estado.

No estarán en el Zoom ni la ministra de Justicia, Marcela Losardo, ni el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla. Tampoco irán el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Hugo Yasky, ni el director del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, Martín Fresneda.

El gobierno revisó su posición inicial, que apuntaba a asistir, pero después de deliberaciones internas evaluaron que la iniciativa de Rosenkrantz responde a una especulación de posicionamiento personal y le atribuyen un intento de utilizar para eso los juicios de lesa humanidad. Una idea compartida por algunos funcionarios y funcionarias es que la Corte debería dar sus mensajes a través de sus fallos, algo que no sucede.

En el alto tribunal hay al menos medio centenar de causas pendientes sobre crímenes dictatoriales. La nota que envió el Poder Ejecutivo, firmada por Losardo y Pietragalla, señala entre las razones para "declinar la invitación" que desde la última reunión de la Interpoderes, el 23 de septiembre de 2016, "el desempeño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en esta materia ha sido de enorme retroceso.

En este contexto, la repentina convocatoria a una nueva reunión por parte de la Presidencia de la Corte, tras varios meses de insistencia de los organismos de derechos humanos -que son los verdaderos faros en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia-, no deja de resultar oportunista".

El jueves por la tarde los organismos de derechos humanos debatieron sobre qué hacer. Hace tiempo que reclaman que volviera a funcionar Interpoderes (creada en 2008, en la presidencia suprema de Ricardo Lorenzetti) que estuvo cuatro años en pausa.

Pero una mayoría, que integran Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, planteaban que no irán, algunos en consonancia con la mirada del Gobierno, otros suman que rechazan que se ponga al frente el juez que ideó el fallo de 2x1 a favor de los genocidas. "Rosenkrantz ofende a nuestros hijos y a los 30.000", dijeron en Madres Línea Fundadora.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sostuvo que su posición era asistir. La liga Argentina por los Derechos del Hombre "decidió que solo participa en la reunión si están presentes los tres poderes del Estado que deben constituir la interpoderes. En caso de realizarse la reunión con presencia de todes, nosotros llevaríamos nuestra exigencia de que en primer lugar la Corte Suprema deje de sabotear el proceso de memoria verdad y justicia con sus maniobras de no convalidar las sentencias, no ordenar el proceso judicial permitiendo que se aplique la impunidad biológica, por falta de juicios, la impunidad de los condenados ya que más de la mitad ya está en su casa y la impunidad del poder económico como en el caso de Blaquier y Ledesma pero también en la causa Acindar en la que llevamos querellando diez años y todavía no hay juicio", señaló José Schulman, de la Liga.

También están convocados el Consejo de la Magistratura y la Cámara de Casación Penal Federal que aguardaban con cautela los pasos del resto de los invitados.

Algunos conceptos claves de la nota del Ministerio de Justicia y la Secretaria de Derechos Humanos son estos:

"No están dadas las condiciones para que este imprescindible espacio de articulación entre todas las agencias del Estado involucradas en el avance de los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país pueda funcionar de modo adecuado"

"Las causas que se sustancian para juzgar los crímenes de lesa humanidad atraviesan un período de notorio estancamiento. Esta preocupante situación se ve agravada por el contexto de la pandemia. Es sabido que el letargo en el que se encuentran sumergidas estas causas -muchas de ellas pendientes de un fallo de la Corte Suprema hace varios años- implica necesariamente la consolidación de la "impunidad biológica": los responsables de estos aberrantes delitos mueren sin condena; y las víctimas y familiares también fallecen sin alcanzar la justicia que el Estado les debe garantizar como forma de reparación"

"La respuesta de la Corte Suprema debería ser categórica. Una verdadera política de Estado no se puede basar en convocatorias oportunistas; sino en un desempeño coherente, que incluya por parte del Alto Tribunal de nuestro país medidas institucionales sostenibles y fallos rápidos y respetuosos de los compromisos internacionales de derechos humanos.

"El proceso de memoria, verdad y justicia necesita una Corte Suprema realmente comprometida; que, por ejemplo, resuelva cuanto antes las decenas de causas emblemáticas por crímenes de lesa humanidad que se encuentran a su estudio hace ya varios años, como la de la "Masacre de Trelew"; la de la "Masacre de Capilla del Rosario"; o la de "Feced II". A pesar de los reiterados pedidos de pronto despacho, el tribunal tampoco ha dictado sentencia en la causa conocida como "La Noche del Apagón", en la que debe determinar la situación procesal de Carlos Pedro Tadeo Blaquier (de más de 90 años) y Alberto Enrique Lemos, ambos directivos de la empresa Ledesma".

El caso "Blaquier" integra el pedido de juicio político de Siley a Ronsekrantz. Está en la Corte desde 2016. El supremo dice que lo retuvo sólo 10 por ciento del tiempo del trámite, pero nunca ni él ni sus pares respondieron a los reclamos de pronto despacho de HIJOS Jujuy ni la Secretaría de Derechos Humanos. La relación del presidente supremo con los Blaquier es conocida y fue informada por este diario. Por ahora los anfitriones de lo que quede de la reunión convocada, si es que se concreta, serán Rosenkrantz y su vice, Elena Highton de Nolasco.

Por Irina Hauser

Fuente: Página12

18-11-2025 / 10:11

Las pruebas de la participación de Milei en la estafa $LIBRA ya está en las manos de la justicia

De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.

Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.

La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.

Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.

Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.

En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.

La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.

Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.

En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

17-11-2025 / 10:11

El plan de la derecha cipaya para convertir Argentina en la colonia yanqui de Trump

16-11-2025 / 09:11

Coimeros: Macri, Milei, Spagnuolo y la trama detrás de los sobre precios increíbles y el 3% para la hermana Karina

El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.

Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.

Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.

En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".

La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.

Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.

A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.

El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.

15-11-2025 / 10:11

La falacia de los precios y la pobreza: la inflación sigue subiendo, pero el Indec no refleja la realidad

Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.

Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.

Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.

La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.

La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.

La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.

En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.

La Opinión Popular

15-11-2025 / 09:11

Miserable sumisión del gobierno del cipayo Javier Milei a Donald Trump

En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza.

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".

Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.

Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.

En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.

No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.

Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.

La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.

La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía.