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Nacionales - 07-10-2020 / 10:10
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Causa de los cuadernos: la fiscalía confirmó que no hay grabaciones de los arrepentidos

Causa de los cuadernos: la fiscalía confirmó que no hay grabaciones de los arrepentidos
Lo que hay son actas, es decir las declaraciones firmadas por el propio arrepentido, sus abogados y el fiscal Carlos Stornelli. De esa manera queda sin saberse lo ocurrido realmente en cada una de las audiencias, porque se podría haber comprado la declaración con dinero o se podría haber coaccionado al imputado --como varios lo denunciaron-- diciéndole "declara contra Cristina o duerme en el calabozo".
Después de pasarse la pelota unos a otros, finalmente la fiscal de juicio Fabiana León envió un escrito a la Sala I de la Cámara de Casación confirmando lo que ya era público y notorio: que no existen ni grabaciones ni videos ni registros de ningún tipo de las declaraciones de los arrepentidos en la causa de las fotocopias de los cuadernos.
 
Lo que hay son actas, es decir las declaraciones firmadas por el propio arrepentido, sus abogados y el fiscal Carlos Stornelli. De esa manera queda sin saberse lo ocurrido realmente en cada una de las audiencias, porque se podría haber comprado la declaración con dinero o se podría haber coaccionado al imputado --como varios lo denunciaron-- diciéndole "declara contra Cristina o duerme en el calabozo".
 
Estas formas de sacarle el arrepentimiento al arrepentido debieron quedar registradas según lo sostiene la ley. Se hicieron dos planteos a los integrantes del tribunal:
 
* Que no se puede aplicar en el caso la Ley del Arrepentido porque la extensión de esa norma a los casos de corrupción se produjo en octubre de 2016, siendo que los hechos reflejados en las fotocopias de los cuadernos se produjeron entre 2007 y 2015. Los abogados, por lo tanto, sostuvieron que no se puede aplicar una ley de forma retroactiva.
 
* El segundo planteo fue que la ley exige que "las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice una evaluación posterior". El espíritu de este párrafo es que quede grabada la audiencia justamente para evitar coacciones o compras de declaraciones. Cuando habla de "registro técnico" está claro que no se refiere a lo habitual, que son actas escritas.
 

 
Ahora la Sala I de Casación deberá resolver sobre la validez de las declaraciones, que constituyen una prueba central del expediente. Los magistrados decidirían a principios de noviembre.
 
La polémica arrancó en la audiencia concretada hace dos semanas cuando varios de los abogados de los imputados --Maximiliano Rusconi, Gabriel Palmeiro, Eduardo Barcesat, Laura Fechino y Marcelo Mónaco-- les hicieron dos planteos a los integrantes del tribunal, Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña:
 
Como se sabe, quien encabezó la instrucción de la causa, el fallecido juez Claudio Bonadio, era famoso en Comodoro Py porque aplicaba su propio código procesal, de manera que convalidó lo hecho por el fiscal Stornelli, alineado con el macrismo y de estrecha relación con el ex presidente. La revisión quedó a cargo de los ahora famosos Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, trasladados a la Cámara Federal sin acuerdo del Senado y sin sorteo alguno: los pusieron a dedo.
 
Tras el planteo de los abogados defensores, la presidenta de la Sala I, Ana María Figueroa, le pidió las grabaciones al juez que sucedió a Bonadio, Marcelo Martínez de Giorgi. Este contestó que en el expediente no hay nada, pero le mandó un oficio a Stornelli para que diga dónde están las grabaciones o filmaciones. El fiscal respondió que él tampoco las tiene porque se las mandó a la fiscal de juicio, pero que se cumplió con lo que --según él-- requería la ley.
 
En el camino intercedió el fiscal de Cámara, Raúl Plee, también integrante de la troupe macrista de Comodoro Py y le exigió a la Sala I que cesara en su intención de pedir las grabaciones o registros. El Tribunal le contestó que debió expresar su postura en la audiencia, pero que como Plee no concurrió, no podía oponerse fuera de término y fuera del ámbito que correspondía.
 
Finalmente este martes, la fiscal de juicio, Fabiana León, envió un escrito a Casación diciéndole que lo que tiene son los legajos de cada uno de los 31 arrepentidos y que los magistrados pueden acceder a esa documentación que, además, está digitalizada.
 
Los legajos son carpetas en que están archivadas las actas de cada una de las audiencias con los arrepentidos y sólo figura la declaración del imputado de ese día, con la firma del propio arrepentido, el fiscal y el abogado. Nada parecido a un registro técnico.
 
Las defensas afirman que la inexistencia de grabaciones, videos o registros viola en forma taxativa la exigencia de la ley porque, precisamente, la norma buscaba controlar la negociación entre un funcionario público --el fiscal-- y una persona imputada, es decir que para la Justicia había cometido delitos.
 
Para muchos juristas, la misma negociación con un acusado carece de ética y más bien prueba las ineficiencias del Estado para probar un delito. Por de pronto, otros jueces --como Alejo Ramos Padilla-- adoptaron posturas distintas. El magistrado de Dolores acordó con el fiscal Juan Pablo Juri que debía haber un video de las audiencias y fue reacio a aceptar a los imputados como arrepentidos.
 
El grave problema para la causa de las fotocopias es que las declaraciones de los arrepentidos son una prueba de máxima importancia porque otras evidencias entraron en crisis. Los propios cuadernos, por ejemplo, pasaron de estar quemados --como afirmó el presunto autor, el chofer Oscar Centeno-- a aparecer, inexplicablemente, sin rastros de fuego. Ese hecho demolió, al menos hasta ahora, la ya limada credibilidad de Centeno.
 
Habrá que ver cómo continúa el camino hacia el juicio oral, pero es muy probable que termine en la Corte Suprema toda la controversia sobre los arrepentidos y la constitucionalidad de la aplicación de la ley del arrepentido en este caso.
 
Por Raúl Kollmann
 
Fuente: Página12
 

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30-10-2020 / 12:10
Las disputas intrafamiliares del clan Macri por la herencia del fundador de Socma y los manejos turbios del ex presidente deberán dirimirse en la justicia comercial. Mariano Macri, quien no oculta el desprecio por su hermano Mauricio, al que le reclama su parte en los negocios familiares, inició la semana pasada una demanda contra quienes considera testaferros del exjefe de Estado, como sus tres hijos mayores y el hermano Gianfranco, por considerar que "faltaron a la lealtad, la buena fe, la verdad, el trato equilibrado y demás normas de conducta" al negarse a transparentar "la transferencia del 20 por ciento de las acciones de Socma Americana y de Macri Investment Group SA" heredadas por el exlíder del Pro.
 
El abogado del hermano díscolo, Héctor Raúl Trevisán Palacios, solicitó la nulidad del laudo suscripto el 1 de octubre por el "Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires" --que convalidó esa operación en el marco de un proceso denominado paradójicamente "amigables componedores"--, reclamó a la justicia que los condene a "exhibir toda la documentación motivo de la transferencia" y que les cargue a los demandados las costas del proceso.
 
Los hechos que sustentan la denuncia arrancan con un acuerdo firmado por los cinco hijos de Franco --de los cuales falleció Sandra-- como accionistas de Socma Americana SA y de Macri Investment Group SA, por el que decidieron someter cualquier diferencia, incluidas las relacionadas con la venta de sus acciones, al tribunal de arbitraje de la Bolsa de Comercio.
 
La operación que derivó en su intervención fue la cesión del 20 por ciento de las acciones de Mauricio a sus hijos mayores: Gimena, Agustina y Francisco Juan. El acuerdo establecía un complejo mecanismo por el cual si un accionista quería vender su parte debía formular una propuesta irrevocable a los otros cuatro.
 
La venta que propuso el expresidente sólo fue aceptada por Gianfranco. La rechazaron Mariano, Florencia y los hijos de Sandra. Ahora Mariano sostiene que el precio pagado en los hechos no es el que figuraba en la oferta de sus tres sobrinos.
 

30-10-2020 / 11:10
Las negociaciones secretas que llevan adelante Darío Martínez con las petroleras para que no falte gas el invierno que viene o Sergio Chodos con el FMI en Washington por la deuda que dejó Mauricio Macri también mantienen un ojo en las urnas.
 
El principal desafío es el que enfrenta el empoderado Martín Guzmán, a quien esta semana llenó de elogios el consultor Emmanuel Álvarez Agis pero a quien critican cada vez más encarnizadamente desde las cercanías de Máximo y a quien le llegaron reproches en voz alta desde Olivos por la disparada del dólar blue a $195.
 
El ministro no solo necesita que la economía vuelva a crecer antes de que empiece la campaña sino que precisa que crezca fuerte y que compense la "consolidación fiscal" con la que busca seducir a Kristalina Georgieva.
 
Es decir, el ajuste del gasto que implica pasar de un déficit primario del 7,5% del PBI a uno del 4,5%, en un año que contendrá todavía al menos un trimestre sin vacuna contra el coronavirus.  
 
Guzmán consiguió instalar que aplacó la corrida de los dólares financieros con una dosis tolerable de ortodoxia. Así presentó la suba de tasas para aspirar los pesos emitidos por la pandemia y el aviso de que el año que viene también gastará e imprimirá menos billetes.
 
Pero lo que surtió efecto inmediato fueron las ventas de bonos en dólares por parte de "manos amigas" (la ANSES y el Banco Nación) y una medida complementaria, bastante más heterodoxa: el pedido a las agencias de bolsa para que "se corran un rato" del mercado.
 
Fue un encargo informal que les llegó desde la Secretaría de Finanzas de boca de un viejo amigo: el subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, un economista que estudió con Guzmán en La Plata pero que hizo carrera en el Merval y hasta diciembre fungía como la mano derecha del gerente general de ByMA, Jorge de Carli.
 
De haber operado 6,2 millones de dólares en el mercado del "cable" o "contado con liqui" el lunes de la semana pasada, las agencias pasaron a operar menos de 2 millones el viernes y un monto similar el lunes. Fue ese día que empezaron a ceder las cotizaciones paralelas. 
 

29-10-2020 / 11:10
29-10-2020 / 10:10
Efectivos de la Policía Bonaerense desplegaron el operativo de desalojo de las tierras ocupadas en la localidad de Guernica, en el partido de Presidente Perón. Al predio de 100 hectáreas tomado en julio concurrieron 4000 efectivos policiales que derribaron casillas y cortaron los alambres con que se delimitaron los lotes. Hubo detenidos y enfrentamientos y los momentos de tensión con los ocupantes continúan.
 
El operativo comenzó a la madrugada, cuando los efectivos policiales rodearon la zona y comenzaron a derribar algunas casillas que se habían instalado en el lugar. El desalojo da cumplimiento a la orden del juez Martín Rizzo. El magistrado había fijado el 30 de octubre como límite para la desocupar el predio.
 
El desalojo fue resistido por los ocupantes que, con piedras y palos, intentaron frenar el accionar policial. Tres horas después de la llegada de la policía al lugar aún había algunos enfrentamientos. Los manifestantes resistían con piedras el avance de los efectivos policiales que disparaban con balas de goma y arrojaban gases.
 
El operativo se da luego de varias semanas en que el Gobierno bonaerense entabló negociaciones con los ocupantes, realizó un censo y logró el desalojo pacífico de la mayoría de ellos.
 
En el marco del trabajado desarrollado por el Gobierno bonaerense, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad -junto con representantes de organismos de derechos humanos, Madres de Plaza de Mayo y organizaciones sociales de izquierda que apoyan a los que aún están en los terrenos- realizaron en los últimos días un último relevamiento para determinar el número de familias que debían dejar el lugar y a los que se les procura dar una solución a sus problemas habitacionales.
 

28-10-2020 / 10:10
La fila de autos que ingresa por Avenida de Mayo desde el Obelisco no parece terminar más. Bocinazos, cantos, dedos en V que responden a otros dedos en V, niños con medio cuerpo afuera del auto que agitan banderas argentinas, la marcha peronista al palo, la cara de Néstor pegada sobre los vidrios de cada vehículo que, en procesión, se acerca a la plaza de Mayo a rendir su homenaje.
 
A lo largo de toda la tarde, la "Caravana de las mil flores" inundó el centro porteño, con cientos de familias, parejas y grupos de amigues que, a diez años de la muerte de Néstor Kirchner, se movilizaron y dejaron en la Casa Rosada una flor como muestra de cariño al ex presidente. La jornada se extendió hasta la noche y contó con la breve aparición del presidente Alberto Fernández, saludando desde el balcón de la Rosada.
 
Las celebraciones mezclaron actos oficiales con caravanas, en un día laborable. El ojímetro, las redes sociales, los grafitti, el medidor costumbrista de las llamadas de oyentes a las radios, confirmaron la peculiar vigencia del presidente inesperado y prematuramente fallecido.
 
Los actos oficiales tienen sentido, la estatua de UNASUR recupera memoria y reivindica. El principal homenaje, el más particular y más entrañable, es la gente común acercándose, ofrendando, honrando a un ser querido.
 
Por todo lo que Néstor hizo por el pueblo, ayer miles de argentinos y argentinas lo recordaron con una mezcla rara de alegría y congoja.
 
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