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Nacionales - 07-10-2020 / 10:10
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Causa de los cuadernos: la fiscalía confirmó que no hay grabaciones de los arrepentidos

Causa de los cuadernos: la fiscalía confirmó que no hay grabaciones de los arrepentidos
Lo que hay son actas, es decir las declaraciones firmadas por el propio arrepentido, sus abogados y el fiscal Carlos Stornelli. De esa manera queda sin saberse lo ocurrido realmente en cada una de las audiencias, porque se podría haber comprado la declaración con dinero o se podría haber coaccionado al imputado --como varios lo denunciaron-- diciéndole "declara contra Cristina o duerme en el calabozo".
Después de pasarse la pelota unos a otros, finalmente la fiscal de juicio Fabiana León envió un escrito a la Sala I de la Cámara de Casación confirmando lo que ya era público y notorio: que no existen ni grabaciones ni videos ni registros de ningún tipo de las declaraciones de los arrepentidos en la causa de las fotocopias de los cuadernos.
 
Lo que hay son actas, es decir las declaraciones firmadas por el propio arrepentido, sus abogados y el fiscal Carlos Stornelli. De esa manera queda sin saberse lo ocurrido realmente en cada una de las audiencias, porque se podría haber comprado la declaración con dinero o se podría haber coaccionado al imputado --como varios lo denunciaron-- diciéndole "declara contra Cristina o duerme en el calabozo".
 
Estas formas de sacarle el arrepentimiento al arrepentido debieron quedar registradas según lo sostiene la ley. Se hicieron dos planteos a los integrantes del tribunal:
 
* Que no se puede aplicar en el caso la Ley del Arrepentido porque la extensión de esa norma a los casos de corrupción se produjo en octubre de 2016, siendo que los hechos reflejados en las fotocopias de los cuadernos se produjeron entre 2007 y 2015. Los abogados, por lo tanto, sostuvieron que no se puede aplicar una ley de forma retroactiva.
 
* El segundo planteo fue que la ley exige que "las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice una evaluación posterior". El espíritu de este párrafo es que quede grabada la audiencia justamente para evitar coacciones o compras de declaraciones. Cuando habla de "registro técnico" está claro que no se refiere a lo habitual, que son actas escritas.
 

 
Ahora la Sala I de Casación deberá resolver sobre la validez de las declaraciones, que constituyen una prueba central del expediente. Los magistrados decidirían a principios de noviembre.
 
La polémica arrancó en la audiencia concretada hace dos semanas cuando varios de los abogados de los imputados --Maximiliano Rusconi, Gabriel Palmeiro, Eduardo Barcesat, Laura Fechino y Marcelo Mónaco-- les hicieron dos planteos a los integrantes del tribunal, Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña:
 
Como se sabe, quien encabezó la instrucción de la causa, el fallecido juez Claudio Bonadio, era famoso en Comodoro Py porque aplicaba su propio código procesal, de manera que convalidó lo hecho por el fiscal Stornelli, alineado con el macrismo y de estrecha relación con el ex presidente. La revisión quedó a cargo de los ahora famosos Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, trasladados a la Cámara Federal sin acuerdo del Senado y sin sorteo alguno: los pusieron a dedo.
 
Tras el planteo de los abogados defensores, la presidenta de la Sala I, Ana María Figueroa, le pidió las grabaciones al juez que sucedió a Bonadio, Marcelo Martínez de Giorgi. Este contestó que en el expediente no hay nada, pero le mandó un oficio a Stornelli para que diga dónde están las grabaciones o filmaciones. El fiscal respondió que él tampoco las tiene porque se las mandó a la fiscal de juicio, pero que se cumplió con lo que --según él-- requería la ley.
 
En el camino intercedió el fiscal de Cámara, Raúl Plee, también integrante de la troupe macrista de Comodoro Py y le exigió a la Sala I que cesara en su intención de pedir las grabaciones o registros. El Tribunal le contestó que debió expresar su postura en la audiencia, pero que como Plee no concurrió, no podía oponerse fuera de término y fuera del ámbito que correspondía.
 
Finalmente este martes, la fiscal de juicio, Fabiana León, envió un escrito a Casación diciéndole que lo que tiene son los legajos de cada uno de los 31 arrepentidos y que los magistrados pueden acceder a esa documentación que, además, está digitalizada.
 
Los legajos son carpetas en que están archivadas las actas de cada una de las audiencias con los arrepentidos y sólo figura la declaración del imputado de ese día, con la firma del propio arrepentido, el fiscal y el abogado. Nada parecido a un registro técnico.
 
Las defensas afirman que la inexistencia de grabaciones, videos o registros viola en forma taxativa la exigencia de la ley porque, precisamente, la norma buscaba controlar la negociación entre un funcionario público --el fiscal-- y una persona imputada, es decir que para la Justicia había cometido delitos.
 
Para muchos juristas, la misma negociación con un acusado carece de ética y más bien prueba las ineficiencias del Estado para probar un delito. Por de pronto, otros jueces --como Alejo Ramos Padilla-- adoptaron posturas distintas. El magistrado de Dolores acordó con el fiscal Juan Pablo Juri que debía haber un video de las audiencias y fue reacio a aceptar a los imputados como arrepentidos.
 
El grave problema para la causa de las fotocopias es que las declaraciones de los arrepentidos son una prueba de máxima importancia porque otras evidencias entraron en crisis. Los propios cuadernos, por ejemplo, pasaron de estar quemados --como afirmó el presunto autor, el chofer Oscar Centeno-- a aparecer, inexplicablemente, sin rastros de fuego. Ese hecho demolió, al menos hasta ahora, la ya limada credibilidad de Centeno.
 
Habrá que ver cómo continúa el camino hacia el juicio oral, pero es muy probable que termine en la Corte Suprema toda la controversia sobre los arrepentidos y la constitucionalidad de la aplicación de la ley del arrepentido en este caso.
 
Por Raúl Kollmann
 
Fuente: Página12
 

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24-03-2026 / 13:03
24-03-2026 / 13:03
24-03-2026 / 12:03
Mientras la mayor parte de los argentinos dormían, en la madrugada del miércoles 24 de marzo de 1976, me desperté sobresaltado por los golpes en la puerta de mi casa. El "Chueco", un viejo compañero de militancia, me vino a comunicar que las Fuerzas Armadas habían derrocado al gobierno constitucional del peronismo.
 
Me vestí apresuradamente, me cambié el peinado, me afeite los bigotes y salí inmediatamente a alertar a otros compañeros. La primera casa a la que llegué, la de Rodolfo "Rody" Vittar, no existía más. Horas antes un comando paramilitar había llegado para detenerlo, y como no lo encontró, instaló explosivos y voló la vivienda hasta los cimientos.
 
La represión en Córdoba fue muy dura, igual que en muchos otros lugares del país. Este proceso desembocó en una sangrienta y larga noche de males, que dejó como saldo miles desaparecidos, una guerra perdida a manos de Gran Bretaña y un país económicamente quebrado, entre otras cosas.
 
Por eso, en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia, en este nuevo aniversario del golpe militar genocida, quiero recordar y rendir un recóndito homenaje a tres queridos compañeros y amigos, asesinados ese siniestro 24 de marzo.

Ellos son: Víctor Lorenzo, Concejal en Córdoba Capital por la Juventud Revolucionaria Peronista, quien fuera ejecutado, el día del golpe, de un tiro en la cabeza en la cárcel local; don Luis Carnevale, Senador Nacional por la misma provincia, secuestrado y desaparecido ese mismo día; y el mayor Bernardo Alberte, ex Delegado Personal de Juan Perón, quien fuera arrojado a través de la ventana de su departamento, en un sexto piso, por una patrulla militar, la madrugada del siniestro Golpe de Estado.

Hay muertes, que por ser las primeras, son todo un símbolo. Los militares asesinos los eligieron primero porque eran peronistas. Y no se lo perdonaron. Pero, a pesar de las cárceles y los fusilamientos, de los compañeros muertos y los desaparecidos, nunca fuimos vencidos. Continuamos invariablemente las luchas que emprendieron Eva y Juan Perón.

Compañeros Víctor Lorenzo, Luis Carnevale y Bernardo Alberte, Presentes. Hasta la victoria, siempre.

Por Blas García para La Opinión Popular 

24-03-2026 / 12:03
El 24 de marzo de 1976 una sublevación cívico-militar derrocó a la presidenta constitucional, María Estela Martínez, instalando una dictadura de tipo permanente autodenominada "Proceso de Reorganización Nacional", gobernada por una Junta Militar integrada por tres jerarcas militares, uno por cada fuerza. La junta designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla.
 
El gobierno militar suprimió los derechos civiles de los ciudadanos y las libertades públicas, anuló las garantías constitucionales, suspendió la actividad política, vedó los derechos de los trabajadores, intervino los sindicatos y la CGT, prohibió las huelgas, disolvió el Congreso y los partidos políticos, y destituyó la Corte Suprema de Justicia.

 
La dictadura impuso el terrorismo de Estado como método sistemático, un régimen de represión ilegal, violencia indiscriminada, persecuciones, tortura sistematizada y desaparición forzada de personas, en el que se violaron masivamente los derechos humanos y se produjeron, en un verdadero genocidio, decenas de miles de desaparecidos.

 
Pero la dictadura no se instaló sólo para torturar y matar gente, sino para posibilitar una transferencia masiva de riquezas hacia los núcleos más concentrados de la economía, quienes se apropiaron además de buena parte de los negocios públicos. Durante el proceso militar, por ejemplo, el grupo Macri pasó de tener 7 a 47 empresas, mostrando que el golpe no fue solo accionar de fuerzas represivas. Y los empresarios que mandaban en 1976, siguen mandando.

 
Para imponer un régimen alejado de los intereses nacionales y populares, el golpe militar fue ejecutado en contra del Pueblo y del peronismo en su conjunto, institucional, política e individualmente. Pensado en función del molde agro exportador de fines del siglo XIX que, dados los cambios internacionales, derivó en el programa pro financiero y desindustrializador, el modelo neoliberal. Hoy Javier Milei y Victoria Villaruel expresan muchos de esos ideales de Videla y Martínez de Hoz, pero también de los grandes empresarios, eternos dueños del país.

 
El Terrorismo de Estado produjo miles de desaparecidos. Hubo 30.000 luchadores sociales barridos por la represión, de todos los sectores políticos populares y revolucionarios. La inmensa mayoría de las víctimas fueron jóvenes, la inmensa mayoría fueron cuadros y militantes de la clase trabajadora, la inmensa mayoría fueron peronistas.


El Proceso puso fin al "Estado de Bienestar" fundado por Juan Perón y al Proyecto Nacional y Popular concebido por el justicialismo desde la década del 40, dejando en lamentable estado la convivencia democrática, la economía, la sociedad y las instituciones, abriendo profundas grietas que recién después de más de cuatro décadas empiezan a ser curadas.


A 50 años de aquel infausto 24 de marzo, en el contexto de un gobierno anarco capitalista que niega, justifica o exalta los crímenes cometidos por las fuerzas represivas, convocamos a mantener viva la memoria del Pueblo en apoyo a la continuidad de la búsqueda de memoria, verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos y en defensa de los Derechos Constitucionales, los Derechos Humanos y las Libertades individuales de ayer, de hoy y de siempre.


Carlos Morales para La Opinión Popular 

23-03-2026 / 10:03
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