18:42 | Jueves 12 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 06-10-2020 / 10:10

TRAS EL PEDIDO DE JUICIO POLÍTICO

El presidente de la Corte Suprema, y ex abogado de Clarín, se victimiza

Días atrás, la diputada nacional -e integrante del Consejo de la Magistratura- Vanesa Siley, había denunciado al juez Carlos Rosenkrantz , ex abogado del Grupo Clarín, por sus resoluciones en las causas por delitos de lesa humanidad. La presentación de la legisladora es anterior al per saltum del máximo tribunal otorgado a los jueces macristas trasladados a dedo por Mauricio Macri.

Días atrás, la diputada nacional -e integrante del Consejo de la Magistratura- Vanesa Siley, había denunciado al juez Carlos Rosenkrantz , ex abogado del Grupo Clarín, por sus resoluciones en las causas por delitos de lesa humanidad. La presentación de la legisladora es anterior al per saltum del máximo tribunal otorgado a los jueces macristas trasladados a dedo por Mauricio Macri.

Sin respaldo público de sus colegas, el presidente de la Corte Suprema, Rosenkrantz, difundió un texto donde cuestiona el pedido de juicio político que presentó en su contra la diputada Siley por demorar causas de lesa humanidad y por no convocar a la Comisión Interpoderes -que depende del alto tribunal- y que no fue citada durante casi los cuatro años de macrismo.

Siley resaltó que Ronsenkrantz mandó invitaciones para activar la comisión recién la semana pasada, después de que ella presentara un nuevo pedido de remoción.

Rosenkrantz escribió un largo texto para victimizarse y denunciar que estaba siendo "blanco de una campaña de desprestigio en distintas publicaciones y de parte de distintas personalidades". Para eso, mezcla el pedido de juicio político presentado el 25 de septiembre por Siley --anclado en su actuación frente a temas de crímenes de lesa humanidad -- con otras denuncias que se le presentaron en el fuero penal. Por ejemplo, una por la supuesta tenencia de 71 cuentas offshore y otra por una quiebra fraudulenta.

En concreto, Siley retomó el pedido de juicio político que se había presentado en su contra en 2017 después de que motorizara el fallo que habilitaba el cálculo del 2x1 para criminales de lesa humanidad.

En su descargo, Rosenkrantz hace gala de una extraña solidaridad con sus colegas Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco -- consortes en la mayoría del 2x1 -- y se pregunta por qué se lo achacan únicamente a él. "Es curioso que se me acuse ahora por la sentencia de "Muiña", que fue dictada hace tres años y que también firmaron otros dos jueces", escribió Rosenkrantz.

"No es que no nos gustan las sentencias de Rosenkrantz, sino que en los casos de lesa humanidad escribe sentencias contrarias al derecho vigente", respondió la diputada Siley en una entrevista con El Destape Radio.

Para ella, la clave es que Rosenkrantz sostuvo su voto en favor del 2x1 aun cuando el Congreso votó una ley que aclaraba expresamente que los delitos de lesa humanidad no podían ser objeto de beneficios como el que él había contemplado en 2017 para el represor del Hospital Posadas Luis Muiña.

Rosenkrantz mantuvo los mismos argumentos en 2018 cuando la Corte revirtió su doctrina en el caso del 2x1 en el caso de Rufino Batalla, un represor condenado por crímenes en el centro clandestino conocido como La Cacha. "Cuando hablamos de delitos de lesa humanidad y genocidio esas penas no pueden tener amnistía ni conmutación", agregó la diputada del Frente de Todes.

Siley le achaca también a Rosenkrantz haber dormido la causa vinculada al ingenio Ledesma, un emblema de la responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad.

Según el supremo, la causa dejó de estar en sus manos en noviembre de 2019 y estuvo sólo un 10 por ciento de los más de cinco años que pasó en la Corte el expediente que debe determinar si estuvo bien concedida la falta de mérito que dictó en 2015 la Cámara Federal de Casación en favor de los directivos del ingenio Ledesma Carlos Pedro Tadeo Blaquier y Alberto Lemos. En una de las vocalías de la Corte le apuntan al presidente supremo por la demora y en otra se hacen los distraídos.

Eva Arroyo, referente de HIJOS Jujuy, intenta ponerle humor a la demora que hace que la posibilidad de juzgar a los presuntos responsables económicos del genocidio se les empiece a escurrir entre los dedos. "La causa está por terminar el jardín en la Corte", le dice Arroyo a Página/12. "En este juicio que se está dirimiendo en Jujuy (que comenzó en 2018) deberían estar Lemos y Blaquier, pero no están porque la Corte no resuelve nuestros pedidos. Todos sabemos que Carlos Rosenkrantz es el abogado del poder económico y que es absolutamente intencional la demora en la Corte", agregó Arroyo.

En septiembre de 2019, HIJOS Jujuy presentó dos pedidos de pronto despacho para que la Corte resuelva el tema. En julio de este año, hizo lo mismo la Secretaría de Derechos Humanos. El pedido estaba dirigido a la vocalía de Rosenkrantz. A diferencia de los jueces atornillados en Comodoro Py, el caso que involucra secuestros y desapariciones sucedidas hace 44 años no fue planteado como un tema de urgencia ni de gravedad institucional por el presidente de la Corte. "Si hubiese sido una causa endeble, la Corte ya habría resuelto a favor de Blaquier, pero, como está toda la prueba, apuesta a la impunidad biológica", remarcó.

Las miradas apuntan a Rosenkrantz por sus vínculos con la familia Blaquier, un tema que surgió antes de que llegara a la Corte. Cuando defendió su nominación en el Senado, Anabel Fernández Sagasti le consultó por esta relación y él dijo que tenía trato con Nelly Arrieta de Blaquier, casualmente la esposa de Carlos Pedro Tadeo y la verdadera heredera del ingenio, porque era una generosa donante en la Universidad de San Andrés, que él dirigió hasta su llegada al alto tribunal. Su esposa, Agustina Cavanagh, integra la Fundación Cimientos, que según el Observatorio de las Élites CITRA UMET CONICET está ligada al grupo Blaquier. En su descargo, Rosenkrantz dice que es "absurdo", pero Siley sostiene que debió excusarse en esta causa tan sensible.

En el pedido de juicio político, Siley también agrega la reticencia de Rosenkrantz a convocar a la Comisión Interpoderes -- que debe velar por la celeridad en los juicios de lesa humanidad. Esa comisión no se reúne desde 2016. Desde abril de este año y en plena parálisis por la pandemia, la Procuración de Crímenes contra la Humanidad -- que dirige la fiscal Ángeles Ramos -- arrancó con el pedido para que se la convocara frente a una situación de extrema gravedad. En mayo, se sumó la presidenta de la Cámara Federal de Casación, Ángela Ledesma, mientras que los organismos de derechos humanos presentaron al menos cuatro pedidos. Rosenkrantz se decidió a llamarla para el próximo jueves después de que Siley presentara el pedido de remoción y la publicitó en medios amigos. La Corte tiene una importante demora en lo que hace a las causas de lesa humanidad. Según estimaciones a las que accedió este diario, son aproximadamente 65 causas las que deben ser revisadas por el máximo tribunal.

Por Luciana Bertoia y Irina Hauser

La carta de Rosenkrantz completa

Hace tiempo soy blanco de una persistente campaña de desprestigio en distintas publicaciones y por parte de distintas personalidades. Me atribuyen falsamente inconductas, irregularidades y delitos de distinta naturaleza. Así, por ejemplo, me han imputado ante el Juzgado Federal 4 tener nada menos que 71 cuentas en el exterior, todas a mi nombre, para cobrar sobornos en numerosos paraísos fiscales. La imputación no solo es falsa, tal como lo manifesté en una presentación que hice en marzo de este año en dicho tribunal, sino completamente disparatada. Antes enfrenté otras dos acusaciones penales: una por el delito de prevaricato por haber firmado el fallo "Muiña" (en el que se discutía la aplicabilidad de la ley denominada del "2x1") y otra por ser partícipe durante el tiempo en que ejercía la profesión de abogado en una quiebra fraudulenta de una empresa que tenía una franquicia de una hamburguesería en Pinamar y Villa Gesell. Ambas fueron desestimadas por el juez Rafecas.

Ahora una diputada oficialista presentó un pedido de juicio político en el que considera configurada la causal de mal desempeño que habilitaría la apertura del procedimiento en la Cámara de Diputados para investigar esos hechos y, en su caso, avanzar con mi destitución.

Las acusaciones son completamente infundadas. No he incumplido deber funcional alguno.

La diputada considera que incurrí en la causal de mal desempeño prevista en el artículo 53 de la Constitución Nacional por haber suscripto mis votos en los casos "Muiña" y "Batalla" (2x1). Afirma que vulneré el bloque de constitucionalidad que obliga a perseguir y condenar delitos de lesa humanidad y también el consenso social. Sostiene que frustré "gravemente el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución al haber favorecido y muchas veces asegurado la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado mediante sentencias contrarias al derecho vigente". Dice que me conduje con "ostensible desprecio por la sensibilidad y consciencia ciudadana" por haber mantenido mi postura sobre el 2x1 después de las protestas ciudadanas de 2017 y la sanción de la ley 27.362. También sostiene que demostré una "palmaria incomprensión del derecho normativo vigente" porque mi voto en "Batalla" no repara en que los delitos de lesa humanidad son inamnistiables o pasibles de indulto o conmutación de pena.

Es curioso que se me acuse ahora por la sentencia de "Muiña", que fue dictada hace tres años y que también firmaron otros dos jueces. También es llamativo que se me acuse por no ceder frente a las protestas en las calles. En cualquier caso, lo cierto es que, contrariamente a lo que afirma la diputada denunciante, los lineamientos jurídicos defendidos en mis decisiones sobre el "2x1" (tanto en "Muiña" como en "Batalla") encuentran su apoyo en la Constitución Argentina, en el derecho interamericano y el derecho internacional de los derechos humanos. Los argumentos están en los fallos y no quiero repetirlos aquí. Solo quiero insistir en que, en general, expresan mi convicción profunda de que la Constitución consagra garantías penales en favor de los acusados, incluyendo a aquellos que perpretaron los crímenes más horrendos en la historia de nuestro país. Y quiero decir, en particular, que la acusación de que "no reparé" en que los delitos de lesa humanidad no son pasibles de amnistía, indulto o conmutación de pena revela que la legisladora ni siquiera ha leído mi voto. Expliqué expresamente en los considerandos 20 y 21 de mi disidencia en "Batalla" por qué el cómputo de pena discutido en ese caso, según lo veo, no es en absoluto asimilable a una amnistía, a un indulto o a una conmutación de pena.

La legisladora también me acusa de demorar la resolución de la causa "Blaquier", un expediente que está en trámite, en lo que califica como una "obstrucción flagrante de la labor jurisdiccional". Indica que la causa en cuestión está hace mucho tiempo y actualmente en mi vocalía "dilatando de esa forma la resolución de la causa y negando de forma injustificada la justicia". Además, me cuestiona por "los vínculos explícitos ... con la poderosa familia Blaquier" porque mi esposa integra el Consejo de Administración de la ONG "Cimientos" junto a un sobrino del acusado.

La información sobre el movimiento del expediente que inspiró esta acusación es totalmente errónea aunque, curiosamente, la información correcta está disponible en la web. Tal como surge del Sistema de Gestión Judicial (LEX 100), el expediente ingresó a la Corte Suprema el 5 de junio de 2015, es decir, más de un año antes de mi incorporación como Ministro el 22 de agosto de 2016. Por otro lado, tuve la causa en estudio en dos oportunidades: del 2 de mayo de 2019 al 11 de julio de 2019 y luego entre el 5 de agosto de 2019 y el 15 de noviembre de 2019. Al devolver el expediente el 15 de noviembre de 2019 solicité a la Secretaría Judicial n° 3 que la causa siguiera su trámite. No volví a solicitarla y no hubo obstrucción de ningún tipo. De los 53 meses que transcurrieron con el legajo en la Corte, la causa solo estuvo en mi Vocalía menos del 10% del tiempo total.

Por otro lado, la acusación relativa a mis vínculos "explícitos" con la familia Blaquier basada en que mi esposa integra una junta directiva en una ONG sin fines de lucro dedicada a brindar becas a estudiantes secundarios de bajos recursos con alguien que sería el sobrino del imputado es completamente absurda.

La acusación me atribuye además un "intencionado menosprecio por los derechos humanos", lo que se manifestaría en el hecho de que la Comisión Interpoderes para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad nunca se reunió desde que asumí la presidencia de la Corte pese a que diversos organismos de derechos humanos solicitaron reiteradamente su urgente puesta en funcionamiento. Agrega que desde que asumí la presidencia del cuerpo gran parte de mis decisiones jurisdiccionales y administrativas "estuvieron orientadas a cercenar las conquistas y las luchas que buscan reivindicar el movimiento de derechos humanos".

Nuevamente, la acusación es infundada. La legisladora no señaló ninguna decisión específica adoptada en mi carácter de Presidente que haya atentado contra los objetivos que señala. Asumí como juez en agosto de 2016. La última reunión de la Comisión ocurrió en septiembre de 2016. Fui electo titular del cuerpo en septiembre de 2018. Como es sabido, el esquema decisorio colegiado que rige desde diciembre de 2018 por el dictado de la Acordada 44/2018 impone que las decisiones administrativas y de superintendencia judicial se adoptan con la voluntad de al menos tres Ministros. De todas maneras, lo cierto es que este año, tras un pedido de algunos organismos de derechos humanos, la Corte, por decisión de sus Ministros, reimpulsó este espacio de coordinación para agilizar el trámite y resolución de los casos de lesa humanidad y afrontar cuestiones logísticas de estos procesos. En ese marco convoqué a una reunión de la Comisión Interpoderes para este jueves 8 de octubre.

La promoción del juicio político también menciona imprecisamente presuntos conflictos de intereses que supuestamente me obligaban a excusarme en distintos casos. Nunca intervine en una causa en la que tuviera obligación alguna de excusarme. Desde que fui designado juez, me excusé en todas las causas en las que se configuraban las causales de excusación obligatoria. Respecto de la excusación voluntaria, adopté como criterio excusarme o abstenerme de participar cuando consideré que mi participación en la causa podía generar dudas sobre mi imparcialidad en una persona razonable y, con ello, afectar la decisión que habría de adoptar la Corte.

Finalmente la diputada cuestiona mi intervención en el expediente "Amelong". Señala que mi postura priorizó indebidamente la situación de condenados por lesa humanidad. Menciona que se trató de una "decisión inexplicable jurídicamente y absolutamente arbitraria y discrecional" porque durante la feria extraordinaria en virtud de la pandemia resolví unipersonalmente como juez de feria que no correspondía habilitar la feria para tratar ese caso pero habilité unilateralmente que el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario revisase si era procedente el otorgamiento de la prisión domiciliaria por ser el peticionante paciente de riesgo por ser grupo de riesgo en el marco de la pandemia.

En realidad, el 1 de abril de este año en la causa mencionada rechacé la habilitación de feria propuesta por el imputado, que cuestionaba la restricción de su libertad, por considerar que no había cumplido con la carga de demostrar la existencia de un gravamen irreparable para que prosperara la habilitación de feria. No obstante lo anterior, en cuanto el planteo del imputado se vinculaba con la situación de riesgo personal por la pandemia dada su edad, historia clínica y deteriorada condición de salud, ordené la remisión urgente de su pedido al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Rosario, para que los jueces adoptaran la decisión que consideraran procedente. El mismo procedimiento se adoptó con otros imputados.

En suma, las acusaciones son infundadas. Quiero subrayar, finalmente, que en su denuncia la legisladora evocó una cita de doctrina que afirma que "es un procedimiento político, con propósitos políticos, que está fundado en causas políticas, cuya consideración incumbe a un cuerpo político y subordinado a un juzgamiento político". Según lo veo, la legisladora incurre en una equivocación fundamental: una cosa es el juicio político, que apunta a destituir a un juez por incumplimiento de sus deberes, y otra cosa es el juicio motivado por intereses políticos, sectoriales o de otro tipo. No he incumplido deber funcional alguno.

Fuente: Página12

12-02-2026 / 10:02

No es reforma, es esclavitud y represión: crónica del gas, las balas y la subasta de derechos

El aire pica, arde, lastima la garganta. No se puede respirar. Lágrimas y ojos rojos. Corridas. Un rato antes de las cuatro de la tarde, la calma tensa de la Plaza del Congreso estalló en pedazos. A mansalva, el pelotón de gendarmes dispara sus escopetas desde la avenida Entre Ríos mientras los camiones hidrantes escupen agua para despejar lo que la política no pudo convencer. Llueven las bombas lacrimógenas sobre una plaza que, apenas una hora antes, era un hervidero de trabajadores protestando contra una reforma laboral que se dice moderna pero es esclavista y decimonónica: un viaje sin escalas al siglo XIX.

Otra vez el panic show mileísta: un despliegue de detenciones y balas de goma para vaciar la calle mientras adentro, en el palacio legislativo de mármol, se ejecuta el remate de la dignidad de los laburantes. La jornada había comenzado con un blanco nuclear. No era el sol de la justicia, sino el resplandor de una subasta que no admite ofertas en pesos, solo se liquida con el lomo del que labura. Obreros, docentes, judiciales, bancarios, jubilados...

A las dos de la tarde, las columnas de los gremios empezaron a ganar la calle, y para las tres, la Plaza ya era un mar de banderas y espanto bajo un sol tremendo. Los gendarmes, alineados con una simetría maníaca, exhiben botas con un brillo obsceno, casi un espejo donde podés peinarte antes de que te partan el alma. Estaban agazapados tras las vallas, custodiando un Congreso enjaulado como pajarera de lujo.

En el corralito antes del Palacio, el ingenio popular intentó ganarle al cinismo: un cartel gritaba "Saluden a las horas extras que se van", mientras otro advertía: "Con el banco de horas despedite de tu familia". Hay carteles más directos que se agitan sobre las cabezas: "Quitar derechos laborales viola la Constitución Nacional".

Bajo un celeste furioso, los paraguas de los ferroviarios servían para taparse del sol mientras una señora repartía estampitas de la Virgen de Luján "para que nos salve". Luis, operario metalúrgico de Quilmes, buscaba un resto de sombra bajo un ombú: "Si te pueden pagar el sueldo con fideos o fraccionarte las vacaciones, lo único que liberan es la mano del patrón para apretarnos más fuerte". Gabriel Espósito, delegado de ATE en Atucha, miraba las vallas con preocupación: "Estamos peleando para tirar atrás esta reforma que nos regresa cien años en el tiempo. Es un capítulo más de un proyecto que quiere ver a los sectores populares de rodillas".

Mientras en la calle se ponía el cuerpo, en los pasillos del Senado se pulía el desguace. El clan Caputo y los Menem cerraron el canje de Ganancias por la Reforma Laboral. La perversión es quirúrgica: se derogan estatutos y se liquida la indemnización plena. Pablo Luna, jubilado de YPF, no lo podía creer: "Se están pasando el 14 bis por las pelotas. ¡Qué futuro les espera a los chicos!".

Antes de que el gas lo cubriera todo, un solo grito unificaba las columnas: "¡Paro, paro, paro... paro general!". Era el reclamo de la calle que el Parlamento se negaba a escuchar. Pasadas las cuatro, el escenario mutó en pesadilla. Un grupo de encapuchados protagonizó incidentes contra el vallado, la excusa perfecta para que la represión se volviera cacería. El avance de la Gendarmería y de los cosacos de la Ciudad convirtió la Plaza en un territorio ocupado. El "modelo Milei" consiguió su victoria de papel entre nubes de tóxicos.

En el asfalto caliente, donde todavía flota el ácido del gas pimienta, el aire se volvió irrespirable. Adentro del Congreso brinda la casta mileísta; afuera, el pueblo mastica el polvo de una traición. La patria no se vende, se defiende, y esta tarde la defensa se escribió con el cuero aguantando el fuego del amo. Pero no seremos su esclavo: sean eternos los derechos que supimos conseguir.

La Opinión Popular

11-02-2026 / 11:02

Rebelión policial en Santa Fe por salarios de miseria, corrupción y malos tratos

La crisis policial volvió a estallar en Santa Fé, continúa también en la Federal y amenaza con extenderse a otras provincias y otras fuerzas. Se viene alertando sobre la situación desde hace 10 días. La base excluyente es la cuestión salarial -suboficiales que cobran 850.000 pesos-, pero deriva en un feroz endeudamiento y, casi de inmediato, en problemas psiquiátricos.

Los mayores dramas terminan en una oleada de suicidios, 2 en los últimos 8 días en Rosario. A esto se agregan los malos tratos y la corrupción. En Santa Fé, la mayoría de los policías son del norte provincial y deben viajar entre 200 y 600 kilómetros para prestar servicio en Rosario.

Para eso les ponen micros en estado deplorable y las travesías suelen tardar 8 horas. Los bajos salarios derivaron en que casi no se reclutan hombres y la mayoría de los policías son mujeres, que tienen que recorrer esas distancias para ver a sus hijos. La protesta masiva y explosiva era previsible. Este diario recibió una nueva denuncia judicial sobre las increíbles maniobras de los jefes de una Unidad Operativa de la Federal.

Los llaman "la corona" y esos superiores se quedan con dinero de las horas adicionales, informan de efectivos que no existen, "rodean una zona con un policía" (sic), desarman investigaciones para concentrarse en narcomenudeo y hacer estadísticas para conformar al Ministerio de Seguridad y hasta liberan vastas zonas en acuerdo con un jefe narco regional. "Sólo hay plata para los proyectiles antidisturbios", dicen los rebeldes.

Durante la semana pasada se produjo el encadenamiento a la reja de la Casa Rosada del cabo Miguel Ángel Montiel, de la Policía Federal. El efectivo reclamaba por la situación salarial y también por la corrupción en la Superintendencia de Transporte, que integran los policías que custodian el ferrocarril. Los jefes de la Federal filtraron que Montiel estuvo con carpeta psiquiátrica y que por eso realizaba la protesta.

Página/12 relató la trastienda de la crisis policial, con la cuestión salarial como punto clave -lo que le sucede a todos los estatales-, pero con tramas de ribetes escandalosos: destinos fantasmas, es decir jefes que les dan horas extras a unos y no a otros, efectivos que ni siquiera concurren y comparten lo que cobran con los superiores; brutales acosos a las mujeres y groseras trampas para no realizar investigaciones de narcotráfico.

La crisis policial se expandía de manera silenciosa en la Federal y en otras fuerzas. En Santa Fé se vio algo inédito: ya no protestaron las familias y los retirados, sino efectivos en actividad, con los patrulleros, las sirenas, las motos y hasta los micros. El movimiento en Santa Fé desnuda una situación que no se ve a simple vista. Los que protestan son policías de calle y de las comisarías, con sus patrulleros. Es decir, los que están en la seguridad cotidiana de los vecinos.

Del otro lado, los que mayoritariamente respondieron al gobierno de Pullaro fueron los cuerpos especiales, Operaciones Especiales, Asalto Táctico, Infantería, que reciben bonos y adicionales de manera masiva. Ellos constituyen la estructura más orientada a la represión de los jubilados o cualquier otra protesta. Eso va en línea con lo que señala una de las denuncias: "para lo único que hay dinero es para los proyectiles antidisturbios".

10-02-2026 / 11:02

Contra la Reforma laboral esclavista de Milei, los trabajadores marchan al Congreso para exigir por sus derechos

El Senado tratará el miércoles el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier "el Loco" Milei, cuestionado por sectores opositores por su avanzada brutal contra los derechos de los trabajadores. Pero los focos no solo estarán puestos en el Congreso: afuera, múltiples sectores, encabezados por la Confederación General del Trabajo (CGT), protestarán con el objetivo de que su voz sea escuchada.

La semana pasada, el Consejo Directivo de la CGT convocó a marchar contra la reforma laboral, que ya tiene dictamen desde fin del año pasado y que podría tener media sanción el miércoles. "El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias. Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja", indicó la CGT en redes sociales.

La principal central obrera citó a las 14.30 en Yrigoyen y Solís, frente al edificio en el que los senadores comenzarán a definir el camino legislativo de la iniciativa. "Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja. No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle", agregó el comunicado.

El plan de lucha de la CGT tuvo cuestionamientos de algunos sectores sindicales, como el de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, criticó que la marcha no esté acompañada de un paro general. "El miércoles todos los trabajadores tienen que parar igual. Aunque la CGT no convoque, tienen cobertura legal", advirtió Aguiar y ratificó el paro nacional de estatales para el miércoles.

"Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica. Sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga. Tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores".

Mientras crece la bronca por abajo, Patricia Bullrich negocia la reforma laboral esclavista con gobernadores y senadores "dialoguistas" que cada vez se parecen más a los libertarios. Este lunes la ex ministra se reunión con senadores y senadoras de los bloques cómplices. Buscan acordar algunos artículos mientras mantienen lo esencial de los ataques contra la clase trabajadora. Cedería con Ganancias y conformaría así a los gobernadores y a los legisladores que responden a las provincias. En proteger alguno de los derechos de los trabajadores que correrán riesgo a partir de la probable sanción, eso sí, nadie gastó saliva.

La Reforma laboral esclavista del gobierno para los ricos de Milei es para profundizar esta política de transferencia masiva de recursos económicos y políticos de los trabajadores a los empresarios, que busca además debilitar la organización sindical y el poder de los trabajadores. Trabajar más y con menos derechos, en beneficios de las patronales. Son los millonarios o loe trabajadores. El miércoles 11 de febrero, sumate a la lucha por tus derechos y las futuras generaciones.

La Opinión Popular

09-02-2026 / 09:02

¿Quién la votó?: Karina quiere el control total del gobierno y tensiona con Javier Milei

Karina Milei quiere concretar cambios en la cúpula del poder para tener el "control total" de lo que ocurre en el gobierno. La hermana presidencial, influenciada por los Menem, busca desalojar del sistema de decisión libertario a Santiago Caputo, a más tardar en marzo.

Pero no está fácil. El asesor tiene acceso directo al presidente Milei, que valora sus aportes. De hecho, en las últimas semanas, lejos de perder poder lo acrecentó. Se quedó con el control total de la agencia recaudadora (ARCA) y amplió las competencias de la SIDE, luego de desplazar al empleado infiel Sergio Neiffert y ubicar en su lugar a su contador, Cristian Aguadra.

Santiago Caputo incluso estaría aumentando su influencia sobre los aparatos militares y de seguridad. En las últimas semanas afianzó su relación con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, Carlos Presti.

"Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares", explicó un funcionario libertario.

Esta situación enardece a los Menem e impacta en el ánimo de Karina Milei, que tiene dificultades para entender que la idea del "control total" de un funcionario no votado como ella, no sintoniza con el espíritu democrático.

La molestia de la hermana presidencial quedó en evidencia este domingo: le avisó a su hermano que no lo acompañara a otro viaje más de subordinación trumpista. El presidente tenía pensado viajar este lunes a la cumbre de un supuesto trumpismo latino en Mar-a-Lago.

Karina le avisó a su hermano que no cuente con ella y Milei anunció que cancelaba su participación. "Javier no puede viajar sin la hermana", exageran en la Casa Rosada. Acaso más exacto sea que la hermana no quiera someterse a otro papelón como la última vez que fueron al club de la Florida de Trump, que suele alquilar su salón a distintos aventureros.

De paso, no se confirmó aún su asistencia el 18 de febrero a la nueva "presentación oficial" del Board of Peace de Trump en Washington. El republicano se vio forzado a repetir el evento luego del fiasco de su lanzamiento en Davos, que juntó a Milei con una serie de "plutócratas afines a Putin", según el prestigioso diario inglés Financial Times.

La decisión de Karina Milei se suma a un dato muy interesante que publicó Perfil este domingo: en diciembre pasado la hermana del presidente no visitó Olivos.

"Ella está presionando a fondo para que le de el control total", sintetizó un dirigente libertario que conoce de cerca a los Milei. El asesor rehúye la pelea con la hermana y prefiere mantener la tensión a nivel de los Menem.

Karina no oculta su entusiasmo por la obediencia absoluta. La semana que pasó envió un mensaje claro a las bases libertarias. Su hombre en la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja, dijo en un encuentro con militantes en Mar del Plata: "No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades y tiene su manual disciplinario. El que ventile sus diferencias, está fuera del espacio".

07-02-2026 / 19:02

Cero credibilidad por el escándalo del Indec que dejó a Javier Milei y a Toto Caputo con el culo al aire

Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.

El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.

Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".

Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.

El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.

El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.

La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.

Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."