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“A muerte estoy con los jubilados. Lo que les hacen es una vergüenza. Yo defiendo a los jubilados ¿cómo no los voy a defender? Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados”. Diego Maradona
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Nacionales - 06-10-2020 / 10:10
TRAS EL PEDIDO DE JUICIO POLÍTICO

El presidente de la Corte Suprema, y ex abogado de Clarín, se victimiza

El presidente de la Corte Suprema, y ex abogado de Clarín, se victimiza
Días atrás, la diputada nacional -e integrante del Consejo de la Magistratura- Vanesa Siley, había denunciado al juez Carlos Rosenkrantz , ex abogado del Grupo Clarín, por sus resoluciones en las causas por delitos de lesa humanidad. La presentación de la legisladora es anterior al per saltum del máximo tribunal otorgado a los jueces macristas trasladados a dedo por Mauricio Macri.
Días atrás, la diputada nacional -e integrante del Consejo de la Magistratura- Vanesa Siley, había denunciado al juez Carlos Rosenkrantz , ex abogado del Grupo Clarín, por sus resoluciones en las causas por delitos de lesa humanidad. La presentación de la legisladora es anterior al per saltum del máximo tribunal otorgado a los jueces macristas trasladados a dedo por Mauricio Macri.
 
Sin respaldo público de sus colegas, el presidente de la Corte Suprema, Rosenkrantz, difundió un texto donde cuestiona el pedido de juicio político que presentó en su contra la diputada Siley por demorar causas de lesa humanidad y por no convocar a la Comisión Interpoderes -que depende del alto tribunal- y que no fue citada durante casi los cuatro años de macrismo.
 
Siley resaltó que Ronsenkrantz mandó invitaciones para activar la comisión recién la semana pasada, después de que ella presentara un nuevo pedido de remoción.
 
Rosenkrantz escribió un largo texto para victimizarse y denunciar que estaba siendo "blanco de una campaña de desprestigio en distintas publicaciones y de parte de distintas personalidades". Para eso, mezcla el pedido de juicio político presentado el 25 de septiembre por Siley --anclado en su actuación frente a temas de crímenes de lesa humanidad -- con otras denuncias que se le presentaron en el fuero penal. Por ejemplo, una por la supuesta tenencia de 71 cuentas offshore y otra por una quiebra fraudulenta.
 
En concreto, Siley retomó el pedido de juicio político que se había presentado en su contra en 2017 después de que motorizara el fallo que habilitaba el cálculo del 2x1 para criminales de lesa humanidad. 
 

 
En su descargo, Rosenkrantz hace gala de una extraña solidaridad con sus colegas Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco -- consortes en la mayoría del 2x1 -- y se pregunta por qué se lo achacan únicamente a él. "Es curioso que se me acuse ahora por la sentencia de "Muiña", que fue dictada hace tres años y que también firmaron otros dos jueces", escribió Rosenkrantz.
 
"No es que no nos gustan las sentencias de Rosenkrantz, sino que en los casos de lesa humanidad escribe sentencias contrarias al derecho vigente", respondió la diputada Siley en una entrevista con El Destape Radio.
 
Para ella, la clave es que Rosenkrantz sostuvo su voto en favor del 2x1 aun cuando el Congreso votó una ley que aclaraba expresamente que los delitos de lesa humanidad no podían ser objeto de beneficios como el que él había contemplado en 2017 para el represor del Hospital Posadas Luis Muiña.
 
Rosenkrantz mantuvo los mismos argumentos en 2018 cuando la Corte revirtió su doctrina en el caso del 2x1 en el caso de Rufino Batalla, un represor condenado por crímenes en el centro clandestino conocido como La Cacha. "Cuando hablamos de delitos de lesa humanidad y genocidio esas penas no pueden tener amnistía ni conmutación", agregó la diputada del Frente de Todes.
 
Siley le achaca también a Rosenkrantz haber dormido la causa vinculada al ingenio Ledesma, un emblema de la responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad.
 
Según el supremo, la causa dejó de estar en sus manos en noviembre de 2019 y estuvo sólo un 10 por ciento de los más de cinco años que pasó en la Corte el expediente que debe determinar si estuvo bien concedida la falta de mérito que dictó en 2015 la Cámara Federal de Casación en favor de los directivos del ingenio Ledesma Carlos Pedro Tadeo Blaquier y Alberto Lemos. En una de las vocalías de la Corte le apuntan al presidente supremo por la demora y en otra se hacen los distraídos.
 
Eva Arroyo, referente de HIJOS Jujuy, intenta ponerle humor a la demora que hace que la posibilidad de juzgar a los presuntos responsables económicos del genocidio se les empiece a escurrir entre los dedos. "La causa está por terminar el jardín en la Corte", le dice Arroyo a Página/12. "En este juicio que se está dirimiendo en Jujuy (que comenzó en 2018) deberían estar Lemos y Blaquier, pero no están porque la Corte no resuelve nuestros pedidos. Todos sabemos que Carlos Rosenkrantz es el abogado del poder económico y que es absolutamente intencional la demora en la Corte", agregó Arroyo.
 
En septiembre de 2019, HIJOS Jujuy presentó dos pedidos de pronto despacho para que la Corte resuelva el tema. En julio de este año, hizo lo mismo la Secretaría de Derechos Humanos. El pedido estaba dirigido a la vocalía de Rosenkrantz. A diferencia de los jueces atornillados en Comodoro Py, el caso que involucra secuestros y desapariciones sucedidas hace 44 años no fue planteado como un tema de urgencia ni de gravedad institucional por el presidente de la Corte. "Si hubiese sido una causa endeble, la Corte ya habría resuelto a favor de Blaquier, pero, como está toda la prueba, apuesta a la impunidad biológica", remarcó.
 
Las miradas apuntan a Rosenkrantz por sus vínculos con la familia Blaquier, un tema que surgió antes de que llegara a la Corte. Cuando defendió su nominación en el Senado, Anabel Fernández Sagasti le consultó por esta relación y él dijo que tenía trato con Nelly Arrieta de Blaquier, casualmente la esposa de Carlos Pedro Tadeo y la verdadera heredera del ingenio, porque era una generosa donante en la Universidad de San Andrés, que él dirigió hasta su llegada al alto tribunal. Su esposa, Agustina Cavanagh, integra la Fundación Cimientos, que según el Observatorio de las Élites CITRA UMET CONICET está ligada al grupo Blaquier. En su descargo, Rosenkrantz dice que es "absurdo", pero Siley sostiene que debió excusarse en esta causa tan sensible.
 
En el pedido de juicio político, Siley también agrega la reticencia de Rosenkrantz a convocar a la Comisión Interpoderes -- que debe velar por la celeridad en los juicios de lesa humanidad. Esa comisión no se reúne desde 2016. Desde abril de este año y en plena parálisis por la pandemia, la Procuración de Crímenes contra la Humanidad -- que dirige la fiscal Ángeles Ramos -- arrancó con el pedido para que se la convocara frente a una situación de extrema gravedad. En mayo, se sumó la presidenta de la Cámara Federal de Casación, Ángela Ledesma, mientras que los organismos de derechos humanos presentaron al menos cuatro pedidos. Rosenkrantz se decidió a llamarla para el próximo jueves después de que Siley presentara el pedido de remoción y la publicitó en medios amigos. La Corte tiene una importante demora en lo que hace a las causas de lesa humanidad. Según estimaciones a las que accedió este diario, son aproximadamente 65 causas las que deben ser revisadas por el máximo tribunal.
 
Por Luciana Bertoia y Irina Hauser
 
 
 
La carta de Rosenkrantz completa
  
Hace tiempo soy blanco de una persistente campaña de desprestigio en distintas publicaciones y por parte de distintas personalidades. Me atribuyen falsamente inconductas, irregularidades y delitos de distinta naturaleza. Así, por ejemplo, me han imputado ante el Juzgado Federal 4 tener nada menos que 71 cuentas en el exterior, todas a mi nombre, para cobrar sobornos en numerosos paraísos fiscales. La imputación no solo es falsa, tal como lo manifesté en una presentación que hice en marzo de este año en dicho tribunal, sino completamente disparatada. Antes enfrenté otras dos acusaciones penales: una por el delito de prevaricato por haber firmado el fallo "Muiña" (en el que se discutía la aplicabilidad de la ley denominada del "2x1") y otra por ser partícipe durante el tiempo en que ejercía la profesión de abogado en una quiebra fraudulenta de una empresa que tenía una franquicia de una hamburguesería en Pinamar y Villa Gesell. Ambas fueron desestimadas por el juez Rafecas.
 
Ahora una diputada oficialista presentó un pedido de juicio político en el que considera configurada la causal de mal desempeño que habilitaría la apertura del procedimiento en la Cámara de Diputados para investigar esos hechos y, en su caso, avanzar con mi destitución.
 
Las acusaciones son completamente infundadas. No he incumplido deber funcional alguno.
 
La diputada considera que incurrí en la causal de mal desempeño prevista en el artículo 53 de la Constitución Nacional por haber suscripto mis votos en los casos "Muiña" y "Batalla" (2x1). Afirma que vulneré el bloque de constitucionalidad que obliga a perseguir y condenar delitos de lesa humanidad y también el consenso social. Sostiene que frustré "gravemente el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución al haber favorecido y muchas veces asegurado la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado mediante sentencias contrarias al derecho vigente". Dice que me conduje con "ostensible desprecio por la sensibilidad y consciencia ciudadana" por haber mantenido mi postura sobre el 2x1 después de las protestas ciudadanas de 2017 y la sanción de la ley 27.362. También sostiene que demostré una "palmaria incomprensión del derecho normativo vigente" porque mi voto en "Batalla" no repara en que los delitos de lesa humanidad son inamnistiables o pasibles de indulto o conmutación de pena.
 
Es curioso que se me acuse ahora por la sentencia de "Muiña", que fue dictada hace tres años y que también firmaron otros dos jueces. También es llamativo que se me acuse por no ceder frente a las protestas en las calles. En cualquier caso, lo cierto es que, contrariamente a lo que afirma la diputada denunciante, los lineamientos jurídicos defendidos en mis decisiones sobre el "2x1" (tanto en "Muiña" como en "Batalla") encuentran su apoyo en la Constitución Argentina, en el derecho interamericano y el derecho internacional de los derechos humanos. Los argumentos están en los fallos y no quiero repetirlos aquí. Solo quiero insistir en que, en general, expresan mi convicción profunda de que la Constitución consagra garantías penales en favor de los acusados, incluyendo a aquellos que perpretaron los crímenes más horrendos en la historia de nuestro país. Y quiero decir, en particular, que la acusación de que "no reparé" en que los delitos de lesa humanidad no son pasibles de amnistía, indulto o conmutación de pena revela que la legisladora ni siquiera ha leído mi voto. Expliqué expresamente en los considerandos 20 y 21 de mi disidencia en "Batalla" por qué el cómputo de pena discutido en ese caso, según lo veo, no es en absoluto asimilable a una amnistía, a un indulto o a una conmutación de pena.
 
La legisladora también me acusa de demorar la resolución de la causa "Blaquier", un expediente que está en trámite, en lo que califica como una "obstrucción flagrante de la labor jurisdiccional". Indica que la causa en cuestión está hace mucho tiempo y actualmente en mi vocalía "dilatando de esa forma la resolución de la causa y negando de forma injustificada la justicia". Además, me cuestiona por "los vínculos explícitos ... con la poderosa familia Blaquier" porque mi esposa integra el Consejo de Administración de la ONG "Cimientos" junto a un sobrino del acusado.
 
La información sobre el movimiento del expediente que inspiró esta acusación es totalmente errónea aunque, curiosamente, la información correcta está disponible en la web. Tal como surge del Sistema de Gestión Judicial (LEX 100), el expediente ingresó a la Corte Suprema el 5 de junio de 2015, es decir, más de un año antes de mi incorporación como Ministro el 22 de agosto de 2016. Por otro lado, tuve la causa en estudio en dos oportunidades: del 2 de mayo de 2019 al 11 de julio de 2019 y luego entre el 5 de agosto de 2019 y el 15 de noviembre de 2019. Al devolver el expediente el 15 de noviembre de 2019 solicité a la Secretaría Judicial n° 3 que la causa siguiera su trámite. No volví a solicitarla y no hubo obstrucción de ningún tipo. De los 53 meses que transcurrieron con el legajo en la Corte, la causa solo estuvo en mi Vocalía menos del 10% del tiempo total.
 
Por otro lado, la acusación relativa a mis vínculos "explícitos" con la familia Blaquier basada en que mi esposa integra una junta directiva en una ONG sin fines de lucro dedicada a brindar becas a estudiantes secundarios de bajos recursos con alguien que sería el sobrino del imputado es completamente absurda.
 
La acusación me atribuye además un "intencionado menosprecio por los derechos humanos", lo que se manifestaría en el hecho de que la Comisión Interpoderes para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad nunca se reunió desde que asumí la presidencia de la Corte pese a que diversos organismos de derechos humanos solicitaron reiteradamente su urgente puesta en funcionamiento. Agrega que desde que asumí la presidencia del cuerpo gran parte de mis decisiones jurisdiccionales y administrativas "estuvieron orientadas a cercenar las conquistas y las luchas que buscan reivindicar el movimiento de derechos humanos".
 
Nuevamente, la acusación es infundada. La legisladora no señaló ninguna decisión específica adoptada en mi carácter de Presidente que haya atentado contra los objetivos que señala. Asumí como juez en agosto de 2016. La última reunión de la Comisión ocurrió en septiembre de 2016. Fui electo titular del cuerpo en septiembre de 2018. Como es sabido, el esquema decisorio colegiado que rige desde diciembre de 2018 por el dictado de la Acordada 44/2018 impone que las decisiones administrativas y de superintendencia judicial se adoptan con la voluntad de al menos tres Ministros. De todas maneras, lo cierto es que este año, tras un pedido de algunos organismos de derechos humanos, la Corte, por decisión de sus Ministros, reimpulsó este espacio de coordinación para agilizar el trámite y resolución de los casos de lesa humanidad y afrontar cuestiones logísticas de estos procesos. En ese marco convoqué a una reunión de la Comisión Interpoderes para este jueves 8 de octubre.
 
La promoción del juicio político también menciona imprecisamente presuntos conflictos de intereses que supuestamente me obligaban a excusarme en distintos casos. Nunca intervine en una causa en la que tuviera obligación alguna de excusarme. Desde que fui designado juez, me excusé en todas las causas en las que se configuraban las causales de excusación obligatoria. Respecto de la excusación voluntaria, adopté como criterio excusarme o abstenerme de participar cuando consideré que mi participación en la causa podía generar dudas sobre mi imparcialidad en una persona razonable y, con ello, afectar la decisión que habría de adoptar la Corte.
 
Finalmente la diputada cuestiona mi intervención en el expediente "Amelong". Señala que mi postura priorizó indebidamente la situación de condenados por lesa humanidad. Menciona que se trató de una "decisión inexplicable jurídicamente y absolutamente arbitraria y discrecional" porque durante la feria extraordinaria en virtud de la pandemia resolví unipersonalmente como juez de feria que no correspondía habilitar la feria para tratar ese caso pero habilité unilateralmente que el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario revisase si era procedente el otorgamiento de la prisión domiciliaria por ser el peticionante paciente de riesgo por ser grupo de riesgo en el marco de la pandemia.
 
En realidad, el 1 de abril de este año en la causa mencionada rechacé la habilitación de feria propuesta por el imputado, que cuestionaba la restricción de su libertad, por considerar que no había cumplido con la carga de demostrar la existencia de un gravamen irreparable para que prosperara la habilitación de feria. No obstante lo anterior, en cuanto el planteo del imputado se vinculaba con la situación de riesgo personal por la pandemia dada su edad, historia clínica y deteriorada condición de salud, ordené la remisión urgente de su pedido al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Rosario, para que los jueces adoptaran la decisión que consideraran procedente. El mismo procedimiento se adoptó con otros imputados.
 
En suma, las acusaciones son infundadas. Quiero subrayar, finalmente, que en su denuncia la legisladora evocó una cita de doctrina que afirma que "es un procedimiento político, con propósitos políticos, que está fundado en causas políticas, cuya consideración incumbe a un cuerpo político y subordinado a un juzgamiento político". Según lo veo, la legisladora incurre en una equivocación fundamental: una cosa es el juicio político, que apunta a destituir a un juez por incumplimiento de sus deberes, y otra cosa es el juicio motivado por intereses políticos, sectoriales o de otro tipo. No he incumplido deber funcional alguno.
 
Fuente: Página12
 

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06-07-2025 / 09:07
El presidente Javier "el Psicótico" Milei se encuentra en el ojo del huracán tras haber difundido en sus redes sociales la promoción de una criptomoneda denominada $LIBRA, que pasó de ser presentada como una herramienta para financiar pequeñas empresas a convertirse en el epicentro de un fraude multi millonario.
 
Hasta ahora, las imágenes de las cajas de seguridad del empresario Mauricio Novelli, uno de los protagonistas del caso $Libra que perjudicó a miles de inversores, mostraban a su madre y a su hermana en el momento en que se llevaban de la bóveda una mochila y un bolso llenos. Fue el primer día hábil después del lanzamiento del token, que había sido el 14 de febrero.
 
Este viernes se sumaron al expediente otros videos donde el propio Novelli aparece junto a ellas, pero diez días antes del escándalo. Es decir, son filmaciones del 4 de febrero, cuando el trader dio de alta las cajas y autorizó a ambas mujeres a tener acceso. En esta ocasión, ingresaron los tres al subsuelo, aunque hicieron movimientos por separado. Llevaban dos mochilas y un bolso, que habrían llegado llenos y fueron descargados allí.
 
Novelli es un joven empresario del mundo cripto muy vinculado a Javier "el Psicótico" Milei, quien daba clases en su academia de negocios. En 2024, junto con su socio Manuel Terrones Godoy, conectó al Presidente con el estadounidense Hayden Davis, creador de la estafa de la criptomoneda $Libra.
 
Novelli entró nueve veces a la Casa Rosada durante la administración libertaria, la mayoría con autorización de Karina "la Recaudadora" Milei, secretaria presidencial, y fue otras tres a la quinta de Olivos. Estuvo en tres de esas reuniones en la sede de gobierno con Davis, una de ellas ya este año, el 30 de enero.
 
Todo indica que habría sido un encuentro para avanzar en el lanzamiento de $Libra. Para el estadounidense era una instancia clave en su plan, que incluía hasta instalar oficinas propias en Buenos Aires y desarrollar la "tokenización" de la economía argentina.
 
Cuatro días después de aquel cónclave en la Rosada --después del cual Milei compartió en sus redes sociales una foto con Davis-- Novelli abrió dos cajas de seguridad en la sucursal Martínez del Banco Galicia, de acuerdo a documentos en manos de la fiscalía de Eduardo Taiano.
 
Las imágenes del informe de la División Lavado de Activos de la Policía Federal, que fue agregado el viernes último al expediente, constatan que ese 4 de febrero Novelli ingresó al banco con su hermana María Pía Novelli, y su mamá, María Alicia Rafaele.
 
Los tres hicieron movimientos con las cajas de seguridad y esto incluiría una tercera, a nombre de la madre. Ya se sabía que el 17 de febrero las mujeres habían ido con bolsos vacíos, que sacaron llenos después de pasar por la bóveda, según el reporte policial. Las capturas del video fueron reveladas por Página/12. El caso $LIBRA es el gran escándalo de corrupción de la Presidencia de Milei, con investigaciones en marcha y crecientes denuncias que cruzan fronteras.
 
La Opinión Popular


05-07-2025 / 09:07
El atropello brutal de la jueza ultra macrista Sandra Arroyo Salgado contra los militantes acusados de realizar un escrache al diputado José Luis Espert es un síntoma de descomposición. Lula da Silva, presidente de Brasil, el principal vecino y socio comercial del país, visitó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner condenada por la Corte, pero no quiso mantener una bilateral con el presidente Javier "el Loco" Milei. Fue otro síntoma de descomposición. El alto ausentismo en las elecciones provinciales es un indicador que confirma que todo huele mal en el país de la Libertad al Carajo y por eso JP Morgan anunció que se bajaba de la bicicleta financiera.
 
En el ambiente de Comodoro PRO, al que nadie podrá acusar de piel delicada, sorprendió la sobreactuación de Arroyo Salgado, empujada por Espert, el hombre que hizo sus campañas con el respaldo de un reconocido narco traficante, luego detenido en Neuquén, y por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
 
Los detenidos fueron acusados de participar en el escrache que consistió en colgar un pasacalle y dejar bosta de caballo en la puerta de la casa de Espert, pero ni siquiera está probada la participación de ninguno de ellos. La carátula que les encajó la jueza fue: participar en una organización que busca imponer sus ideas por la fuerza, como si fueran terroristas del califato mundial.
 
El escrache se produjo días después que Espert fuera expulsado de la Universidad Católica por calificar de hija de puta a Florencia Kirchner. La consigna de Espert en su campaña es "cárcel o bala", al estilo de las viejas consignas del nacionalsocialismo alemán hitleriano.
 
Ese tipo de consignas surgen cuando el sistema empieza a derrapar. Mucha bala, mucha bala, pero Espert nunca explicó su relación con el narco Fred Machado, quien financió su campaña y puso a su disposición el avión particular y otros vehículos con los que se trasladaba el candidato y de los que tenía la cédula azul. Machado fue detenido por pedido de los Estados Unidos.
 
Lo de la cédula azul viene al caso, porque la madre de Alexia Abaigar fue detenida durante un día entero en la alcaldía de los tribunales de San Isidro por poseer la cédula azul del automóvil de su hija.
 
La jueza Arroyo Salgado fue pareja del fiscal Alberto Nisman, que había hecho carrera de la mano del jefe de los espías Antonio Stiuso. En el mundillo judicial sugieren que su nombramiento en un juzgado estratégico como el de San Isidro tuvo ese origen.
 
La consigna "cárcel o bala", parece la exageración de una mala película sobre el nazismo. Borra la Justicia. Es la imagen de una banda de camorreros con cachiporras. Cárcel o bala puede ser para cualquiera que fuera señalado. El ejemplo es lo que hizo Arroyo Salgado a instancias de Espert y Bullrich.
 
Como dice el escrito que presentaron Mariano Recalde y Vanesa Siley en el Consejo de la Magistratura, el escrache que supuestamente cometieron no pasa de ser una contravención municipal. No tendrían que estar detenidos y menos en una cárcel de alta seguridad ni tendría que haber allanamientos en la madrugada, como hacia la dictadura. 
 

04-07-2025 / 10:07
El presidente brasileño, Lula da Silva, esquivó el almuerzo de la cumbre del Mercosur, con Javier "el Psicótico" Milei como anfitrión, y fue a visitar a Cristina Kirchner a su lugar de detención domiciliaria. Le pidió sostener su "lucha por la justicia". La ex presidenta aprovechó para referirse en duros términos a la actual situación, que denominó "terrorismo de Estado de baja intensidad". La defensa de CFK busca darle visibilidad a su detención a nivel internacional.
 
Lula estuvo apenas unas horas en la Argentina, pero se encargó de hacer algunos gestos fuertes. No disimuló su incomodidad cada vez que debió saludar a Milei en la cumbre del Mercosur. El presidente argentino no suele caracterizarse por su bonomía, ni por sus dotes de anfitrión, pero el brasileño sí. Terminada la cumbre, que cerró con un abrazo muy forzado entre ambos cuando intercambiaron los atributos de presidencia pro témpore del bloque regional, Lula esquivó el almuerzo de rigor y fue directo a visitar a Cristina en su prisión domiciliaria.
 
Más allá de las palabras de cariño y solidaridad, la instó a sostener su "lucha por la justicia". No pudo ir más allá sin generar un conflicto diplomático, pero su partido -el PT- emitió una declaración en la que habló de una "guerra legal" contra líderes populares como que en su momento sufrió Lula, a quien finalmente debieron dejar en libertad. La defensa de Cristina viene planteando la estrategia de visibilizar la detención y proscripción de CFK a nivel internacional.
 
La ex presidenta aprovechó para despacharse contra el gobierno del desquiciado Milei y el Poder Judicial. "Argentina vive una auténtica deriva autoritaria de la mano del gobierno de Milei, en lo que podemos identificar como terrorismo de Estado de baja intensidad", afirmó en el párrafo más duro del texto que subió a las redes sociales.
 
Recalcó con mayúsculas un dato central: "su visita fue mucho más que un gesto personal: fue un acto político de solidaridad". Hizo un racconto de las situaciones de autoritarismo registradas en las últimas semanas -con la detención de varias mujeres militantes por un escrache al diputado Espert en primer plano- que calificó como "un plan preventivo contra la capacidad del pueblo de organizarse".
 
Comparó la situación con la vivida en Brasil por el campo popular con la detención de Lula, quien luego pudo volver a representarlos. "Lula lo demostró en Brasil. Y nosotros también lo haremos", confió.
 
Lula, que venía de una cumbre incómoda con Milei, estuvo más contenido en su tuit, pero firme en expresar su solidaridad. Su fuerza, el Partido de los Trabajadores (PT), marcó con énfasis que "Cristina ha estado sufriendo la guerra legal igual que nuestro presidente Lula". También que "Cristina es blanco del mismo odio clasista y de un sistema que no tolera a líderes populares comprometidos con la justicia social, los más pobres y la soberanía nacional".
 
Con un Poder Judicial Macrista que tiene a la ex presidenta como uno de sus blancos predilectos y amenaza sumarle condenas con otros juicios, el cristinismo busca exponer su situación en el campo internacional. Que un líder de la talla de Lula se solidarice y comparen la situación de la ex presidenta con la que debió soportar él, sin duda es una enorme colaboración.
 

03-07-2025 / 08:07
El Ministerio de Seguridad, con la complicidad de la jueza Arroyo Salgado, le cumplió el deseo al diputado libertario de encarcelar a sus opositores, a lo que sumaron una serie de entraderas violentas con la Federal en casas de familiares de los militantes. Este miércoles se sumaron cuatro detenidos, que se suman a Alexia Abaigar. La avanzada recuerda los peores tiempos del terror distatorial. "Aunque tengamos miedo, estamos acá, la lucha sigue", dijeron sus compañeros en una conferencia de prensa en Diputados.
 
El Ministerio de Seguridad, a través de la Policía Federal, y la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, desataron un show de allanamientos y detenciones en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires a pedido del diputado libertario José Luis "Dolape" Espert, para quien sus opositores solo merecen "cárcel o bala", como suele decir.
 
La cacería incluyó la detención de cuatro personas que a última hora de este miércoles permanecían incomunicadas, que se suman a Alexia Abaigar, quien lleva una semana presa, ahora alojada en el penal de Ezeiza. Todo este despliegue es producto de una denuncia de Espert por un pasacalle con un insulto colocado frente a su casa en Beccar y bosta desparramada en la vereda.
 
En una conferencia de prensa convocada por el bloque de Diputados de Unión por la Patria, el rector de la Universidad de Lomas de Zamora, Diego Molea, y el presidente de los colegios de Abogados de Quilmes y de la Provincia de Buenos Aires, Bienvenido Rodríguez Basalo, denunciaron la "ilegalidad" de las detenciones, por lo que reclamaron la libertad de las/los encarcelados. Hablaron sus familiares y describieron operativos violentos, totalmente fuera de lugar, que incluso se replicaron en viviendas de otros parientes, en una especie de cadena del terror.
 
"Mi vieja es una militante barrial, que escucha a cualquiera que se acerque y que le pide una mano. Mi vieja es Eva Mieri", dice Marcos, su hijo, y se le quiebra la voz. Mieri, de 40 años, es concejala del Partido Justicialista en Quilmes y fue detenida tras un allanamiento en su casa. Hubo otro allanamiento en su oficina en la Municipalidad. La policía del régimen libertario le secuestró el teléfono y una computadora. "Aunque tengamos miedo, estamos acá, la lucha sigue", convocó el joven a quienes lo escuchaban y rompieron en aplausos. "Fue un día muy terrible. No es fácil despertarse con golpes de un operativo de diez o quince policías", relató Fernando, "compañero de vida y de militancia" de Eva.
 
La ministra Patricia "Chaborra" Bullrich y la jueza Arroyo Salgado desataron un show de detenciones ilegales y allanamientos a pedido del diputado Espert. Con la excusa de un pasacalle y bosta derramada frente a su casa, ya pusieron en la cárcel a cinco opositoras, incluida una concejal de Quilmes. La protesta contra el atropello llegó al Congreso nacional en busca de evitar que se valide la frase preferida de Espert: "Cárcel o bala" para los opositores.
 
Mientras las compañeras y compañeros son perseguidos, Javier "el Loco" Milei, Luis Espert, con la complicidad de la jueza Arroyo Salgado, otros funcionarios y seguidores del gobierno anarco capitalista ejercen violencia dictatorial sobre militantes, periodistas, manifestantes y cualquier persona que cuestiona lo que está pasando en nuestro país sin tener ningún tipo de sanción, incluso para quienes ejercen cargos públicos. Sin libertad política, la democracia está más que en peligro.
 

02-07-2025 / 11:07
El veto presidencial al aumento de las jubilaciones, el que el "hombre papada" Javier Milei firmó con una sonrisa mientras dejaba a millones de viejos en la indigencia, está en riesgo porque ni sus propios socios quieren seguir siendo parte del circo del trastornado. El quiebre ya no es con la oposición, que hace rato lo detesta, sino con gobernadores que lo bancaron y ahora no lo quieren ni ver.
 
¿La razón? Martín y Eduardo Menem, esos herederos del clientelismo noventoso, decidieron armar las listas de La Libertad Avanza con "libertarios puros" y rajaron a todos los aliados provinciales. Un delirio sectario que dejó afuera a radicales "con peluca", a macristas funcionales y a gobernadores que venían poniendo la cara en el Congreso para defender al desequilibrado de la motosierra.
 
En Casa Rosada ya no hay blindaje. Los 87 diputados que sostenían los vetos del prescindente Milei se están cayendo como fichas de dominó. Se hartaron de las humillaciones de Santiago Caputo el trollero, del ninguneo de Karina Milei la recaudadora omnipresente, y de Guillermo Francos, que promete y no cumple. Los armados provinciales de LLA ponen en riesgo la gobernabilidad de Milei en el Congreso. Un gobernador que aún lo trataba con guantes de seda disparó: "Se perdió el foco. Nos tratan como mierda y encima nos quieren imponer candidatos. ¿Quién carajo se creen que son?".
 
Mientras los jubilados esperan que alguien les tire un hueso, el Presidente está más ocupado en ajustar cuentas internas y armar listitas con los Menem que en evitar que su imagen se derrita. Y lo que ardía en Olivos como un "renacimiento liberal" ahora se desintegra entre traiciones, insultos y traqueteo de WhatsApp en estado de asamblea permanente.
 
El colmo es que ni siquiera los radicales que se bajaron los pantalones ante Milei tienen lugar: fueron echados de la UCR, se tatuaron el billete de 100 dólares en el pecho y ahora Milei los deja afuera hasta de la boleta. En Tucumán, Mariano Campero quedó afuera. En Misiones, Martín Arjol jugó solo, sacó 7 puntos y demostró que ni con el aparato libertario te salva Dios si te arma la lista un Menem.
 
En tanto, Luis "Toto" Caputo, en modo negación, desestimó las turbulencias y defendió el tipo de cambio bajo. "Si pensás que está barato, comprá, no te pierdas la oportunidad", dijo el ministro de Economía sobre el dólar en un discurso con tono sobrador. Aseguró que el Gobierno "le presta atención al déficit de cuenta corriente, pero no le preocupa" y ratificó que se avanzará en privatizaciones para saldar la falta de divisas.
 
Los gobernadores lo saben. Milei reparte entre los gobernadores un 35% menos que Macri y un 50% menos que el Frente de Todos. Y por eso preparan la venganza: hacer mierda el veto a los jubilados en el Senado. Ya le ganaron en Diputados con los votos de peronistas, cordobeses, tucumanos jaldistas, macristas rebeldes y radicales renegados. Y el dato más humillante para Milei: nadie del Gobierno los llamó para evitarlo. Porque están tan encerrados en su reality psicótico que ya ni atienden el teléfono.
 
El de LLA no es un gobierno. Es un delirio institucionalizado, un manicomio dirigido por fanáticos, economistas lobotomizados y operadores de quinta con complejo de Winston Churchill. Mientras tanto, el pueblo no ve un mango, los hospitales se caen a pedazos, los comedores no tienen leche y los jubilados viven con miedo. Pero los "libertarios" se pelean entre ellos por sillones que ya ni existen.
 
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