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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 06-10-2020 / 10:10
TRAS EL PEDIDO DE JUICIO POLÍTICO

El presidente de la Corte Suprema, y ex abogado de Clarín, se victimiza

El presidente de la Corte Suprema, y ex abogado de Clarín, se victimiza
Días atrás, la diputada nacional -e integrante del Consejo de la Magistratura- Vanesa Siley, había denunciado al juez Carlos Rosenkrantz , ex abogado del Grupo Clarín, por sus resoluciones en las causas por delitos de lesa humanidad. La presentación de la legisladora es anterior al per saltum del máximo tribunal otorgado a los jueces macristas trasladados a dedo por Mauricio Macri.
Días atrás, la diputada nacional -e integrante del Consejo de la Magistratura- Vanesa Siley, había denunciado al juez Carlos Rosenkrantz , ex abogado del Grupo Clarín, por sus resoluciones en las causas por delitos de lesa humanidad. La presentación de la legisladora es anterior al per saltum del máximo tribunal otorgado a los jueces macristas trasladados a dedo por Mauricio Macri.
 
Sin respaldo público de sus colegas, el presidente de la Corte Suprema, Rosenkrantz, difundió un texto donde cuestiona el pedido de juicio político que presentó en su contra la diputada Siley por demorar causas de lesa humanidad y por no convocar a la Comisión Interpoderes -que depende del alto tribunal- y que no fue citada durante casi los cuatro años de macrismo.
 
Siley resaltó que Ronsenkrantz mandó invitaciones para activar la comisión recién la semana pasada, después de que ella presentara un nuevo pedido de remoción.
 
Rosenkrantz escribió un largo texto para victimizarse y denunciar que estaba siendo "blanco de una campaña de desprestigio en distintas publicaciones y de parte de distintas personalidades". Para eso, mezcla el pedido de juicio político presentado el 25 de septiembre por Siley --anclado en su actuación frente a temas de crímenes de lesa humanidad -- con otras denuncias que se le presentaron en el fuero penal. Por ejemplo, una por la supuesta tenencia de 71 cuentas offshore y otra por una quiebra fraudulenta.
 
En concreto, Siley retomó el pedido de juicio político que se había presentado en su contra en 2017 después de que motorizara el fallo que habilitaba el cálculo del 2x1 para criminales de lesa humanidad. 
 

 
En su descargo, Rosenkrantz hace gala de una extraña solidaridad con sus colegas Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco -- consortes en la mayoría del 2x1 -- y se pregunta por qué se lo achacan únicamente a él. "Es curioso que se me acuse ahora por la sentencia de "Muiña", que fue dictada hace tres años y que también firmaron otros dos jueces", escribió Rosenkrantz.
 
"No es que no nos gustan las sentencias de Rosenkrantz, sino que en los casos de lesa humanidad escribe sentencias contrarias al derecho vigente", respondió la diputada Siley en una entrevista con El Destape Radio.
 
Para ella, la clave es que Rosenkrantz sostuvo su voto en favor del 2x1 aun cuando el Congreso votó una ley que aclaraba expresamente que los delitos de lesa humanidad no podían ser objeto de beneficios como el que él había contemplado en 2017 para el represor del Hospital Posadas Luis Muiña.
 
Rosenkrantz mantuvo los mismos argumentos en 2018 cuando la Corte revirtió su doctrina en el caso del 2x1 en el caso de Rufino Batalla, un represor condenado por crímenes en el centro clandestino conocido como La Cacha. "Cuando hablamos de delitos de lesa humanidad y genocidio esas penas no pueden tener amnistía ni conmutación", agregó la diputada del Frente de Todes.
 
Siley le achaca también a Rosenkrantz haber dormido la causa vinculada al ingenio Ledesma, un emblema de la responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad.
 
Según el supremo, la causa dejó de estar en sus manos en noviembre de 2019 y estuvo sólo un 10 por ciento de los más de cinco años que pasó en la Corte el expediente que debe determinar si estuvo bien concedida la falta de mérito que dictó en 2015 la Cámara Federal de Casación en favor de los directivos del ingenio Ledesma Carlos Pedro Tadeo Blaquier y Alberto Lemos. En una de las vocalías de la Corte le apuntan al presidente supremo por la demora y en otra se hacen los distraídos.
 
Eva Arroyo, referente de HIJOS Jujuy, intenta ponerle humor a la demora que hace que la posibilidad de juzgar a los presuntos responsables económicos del genocidio se les empiece a escurrir entre los dedos. "La causa está por terminar el jardín en la Corte", le dice Arroyo a Página/12. "En este juicio que se está dirimiendo en Jujuy (que comenzó en 2018) deberían estar Lemos y Blaquier, pero no están porque la Corte no resuelve nuestros pedidos. Todos sabemos que Carlos Rosenkrantz es el abogado del poder económico y que es absolutamente intencional la demora en la Corte", agregó Arroyo.
 
En septiembre de 2019, HIJOS Jujuy presentó dos pedidos de pronto despacho para que la Corte resuelva el tema. En julio de este año, hizo lo mismo la Secretaría de Derechos Humanos. El pedido estaba dirigido a la vocalía de Rosenkrantz. A diferencia de los jueces atornillados en Comodoro Py, el caso que involucra secuestros y desapariciones sucedidas hace 44 años no fue planteado como un tema de urgencia ni de gravedad institucional por el presidente de la Corte. "Si hubiese sido una causa endeble, la Corte ya habría resuelto a favor de Blaquier, pero, como está toda la prueba, apuesta a la impunidad biológica", remarcó.
 
Las miradas apuntan a Rosenkrantz por sus vínculos con la familia Blaquier, un tema que surgió antes de que llegara a la Corte. Cuando defendió su nominación en el Senado, Anabel Fernández Sagasti le consultó por esta relación y él dijo que tenía trato con Nelly Arrieta de Blaquier, casualmente la esposa de Carlos Pedro Tadeo y la verdadera heredera del ingenio, porque era una generosa donante en la Universidad de San Andrés, que él dirigió hasta su llegada al alto tribunal. Su esposa, Agustina Cavanagh, integra la Fundación Cimientos, que según el Observatorio de las Élites CITRA UMET CONICET está ligada al grupo Blaquier. En su descargo, Rosenkrantz dice que es "absurdo", pero Siley sostiene que debió excusarse en esta causa tan sensible.
 
En el pedido de juicio político, Siley también agrega la reticencia de Rosenkrantz a convocar a la Comisión Interpoderes -- que debe velar por la celeridad en los juicios de lesa humanidad. Esa comisión no se reúne desde 2016. Desde abril de este año y en plena parálisis por la pandemia, la Procuración de Crímenes contra la Humanidad -- que dirige la fiscal Ángeles Ramos -- arrancó con el pedido para que se la convocara frente a una situación de extrema gravedad. En mayo, se sumó la presidenta de la Cámara Federal de Casación, Ángela Ledesma, mientras que los organismos de derechos humanos presentaron al menos cuatro pedidos. Rosenkrantz se decidió a llamarla para el próximo jueves después de que Siley presentara el pedido de remoción y la publicitó en medios amigos. La Corte tiene una importante demora en lo que hace a las causas de lesa humanidad. Según estimaciones a las que accedió este diario, son aproximadamente 65 causas las que deben ser revisadas por el máximo tribunal.
 
Por Luciana Bertoia y Irina Hauser
 
 
 
La carta de Rosenkrantz completa
  
Hace tiempo soy blanco de una persistente campaña de desprestigio en distintas publicaciones y por parte de distintas personalidades. Me atribuyen falsamente inconductas, irregularidades y delitos de distinta naturaleza. Así, por ejemplo, me han imputado ante el Juzgado Federal 4 tener nada menos que 71 cuentas en el exterior, todas a mi nombre, para cobrar sobornos en numerosos paraísos fiscales. La imputación no solo es falsa, tal como lo manifesté en una presentación que hice en marzo de este año en dicho tribunal, sino completamente disparatada. Antes enfrenté otras dos acusaciones penales: una por el delito de prevaricato por haber firmado el fallo "Muiña" (en el que se discutía la aplicabilidad de la ley denominada del "2x1") y otra por ser partícipe durante el tiempo en que ejercía la profesión de abogado en una quiebra fraudulenta de una empresa que tenía una franquicia de una hamburguesería en Pinamar y Villa Gesell. Ambas fueron desestimadas por el juez Rafecas.
 
Ahora una diputada oficialista presentó un pedido de juicio político en el que considera configurada la causal de mal desempeño que habilitaría la apertura del procedimiento en la Cámara de Diputados para investigar esos hechos y, en su caso, avanzar con mi destitución.
 
Las acusaciones son completamente infundadas. No he incumplido deber funcional alguno.
 
La diputada considera que incurrí en la causal de mal desempeño prevista en el artículo 53 de la Constitución Nacional por haber suscripto mis votos en los casos "Muiña" y "Batalla" (2x1). Afirma que vulneré el bloque de constitucionalidad que obliga a perseguir y condenar delitos de lesa humanidad y también el consenso social. Sostiene que frustré "gravemente el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución al haber favorecido y muchas veces asegurado la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado mediante sentencias contrarias al derecho vigente". Dice que me conduje con "ostensible desprecio por la sensibilidad y consciencia ciudadana" por haber mantenido mi postura sobre el 2x1 después de las protestas ciudadanas de 2017 y la sanción de la ley 27.362. También sostiene que demostré una "palmaria incomprensión del derecho normativo vigente" porque mi voto en "Batalla" no repara en que los delitos de lesa humanidad son inamnistiables o pasibles de indulto o conmutación de pena.
 
Es curioso que se me acuse ahora por la sentencia de "Muiña", que fue dictada hace tres años y que también firmaron otros dos jueces. También es llamativo que se me acuse por no ceder frente a las protestas en las calles. En cualquier caso, lo cierto es que, contrariamente a lo que afirma la diputada denunciante, los lineamientos jurídicos defendidos en mis decisiones sobre el "2x1" (tanto en "Muiña" como en "Batalla") encuentran su apoyo en la Constitución Argentina, en el derecho interamericano y el derecho internacional de los derechos humanos. Los argumentos están en los fallos y no quiero repetirlos aquí. Solo quiero insistir en que, en general, expresan mi convicción profunda de que la Constitución consagra garantías penales en favor de los acusados, incluyendo a aquellos que perpretaron los crímenes más horrendos en la historia de nuestro país. Y quiero decir, en particular, que la acusación de que "no reparé" en que los delitos de lesa humanidad no son pasibles de amnistía, indulto o conmutación de pena revela que la legisladora ni siquiera ha leído mi voto. Expliqué expresamente en los considerandos 20 y 21 de mi disidencia en "Batalla" por qué el cómputo de pena discutido en ese caso, según lo veo, no es en absoluto asimilable a una amnistía, a un indulto o a una conmutación de pena.
 
La legisladora también me acusa de demorar la resolución de la causa "Blaquier", un expediente que está en trámite, en lo que califica como una "obstrucción flagrante de la labor jurisdiccional". Indica que la causa en cuestión está hace mucho tiempo y actualmente en mi vocalía "dilatando de esa forma la resolución de la causa y negando de forma injustificada la justicia". Además, me cuestiona por "los vínculos explícitos ... con la poderosa familia Blaquier" porque mi esposa integra el Consejo de Administración de la ONG "Cimientos" junto a un sobrino del acusado.
 
La información sobre el movimiento del expediente que inspiró esta acusación es totalmente errónea aunque, curiosamente, la información correcta está disponible en la web. Tal como surge del Sistema de Gestión Judicial (LEX 100), el expediente ingresó a la Corte Suprema el 5 de junio de 2015, es decir, más de un año antes de mi incorporación como Ministro el 22 de agosto de 2016. Por otro lado, tuve la causa en estudio en dos oportunidades: del 2 de mayo de 2019 al 11 de julio de 2019 y luego entre el 5 de agosto de 2019 y el 15 de noviembre de 2019. Al devolver el expediente el 15 de noviembre de 2019 solicité a la Secretaría Judicial n° 3 que la causa siguiera su trámite. No volví a solicitarla y no hubo obstrucción de ningún tipo. De los 53 meses que transcurrieron con el legajo en la Corte, la causa solo estuvo en mi Vocalía menos del 10% del tiempo total.
 
Por otro lado, la acusación relativa a mis vínculos "explícitos" con la familia Blaquier basada en que mi esposa integra una junta directiva en una ONG sin fines de lucro dedicada a brindar becas a estudiantes secundarios de bajos recursos con alguien que sería el sobrino del imputado es completamente absurda.
 
La acusación me atribuye además un "intencionado menosprecio por los derechos humanos", lo que se manifestaría en el hecho de que la Comisión Interpoderes para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad nunca se reunió desde que asumí la presidencia de la Corte pese a que diversos organismos de derechos humanos solicitaron reiteradamente su urgente puesta en funcionamiento. Agrega que desde que asumí la presidencia del cuerpo gran parte de mis decisiones jurisdiccionales y administrativas "estuvieron orientadas a cercenar las conquistas y las luchas que buscan reivindicar el movimiento de derechos humanos".
 
Nuevamente, la acusación es infundada. La legisladora no señaló ninguna decisión específica adoptada en mi carácter de Presidente que haya atentado contra los objetivos que señala. Asumí como juez en agosto de 2016. La última reunión de la Comisión ocurrió en septiembre de 2016. Fui electo titular del cuerpo en septiembre de 2018. Como es sabido, el esquema decisorio colegiado que rige desde diciembre de 2018 por el dictado de la Acordada 44/2018 impone que las decisiones administrativas y de superintendencia judicial se adoptan con la voluntad de al menos tres Ministros. De todas maneras, lo cierto es que este año, tras un pedido de algunos organismos de derechos humanos, la Corte, por decisión de sus Ministros, reimpulsó este espacio de coordinación para agilizar el trámite y resolución de los casos de lesa humanidad y afrontar cuestiones logísticas de estos procesos. En ese marco convoqué a una reunión de la Comisión Interpoderes para este jueves 8 de octubre.
 
La promoción del juicio político también menciona imprecisamente presuntos conflictos de intereses que supuestamente me obligaban a excusarme en distintos casos. Nunca intervine en una causa en la que tuviera obligación alguna de excusarme. Desde que fui designado juez, me excusé en todas las causas en las que se configuraban las causales de excusación obligatoria. Respecto de la excusación voluntaria, adopté como criterio excusarme o abstenerme de participar cuando consideré que mi participación en la causa podía generar dudas sobre mi imparcialidad en una persona razonable y, con ello, afectar la decisión que habría de adoptar la Corte.
 
Finalmente la diputada cuestiona mi intervención en el expediente "Amelong". Señala que mi postura priorizó indebidamente la situación de condenados por lesa humanidad. Menciona que se trató de una "decisión inexplicable jurídicamente y absolutamente arbitraria y discrecional" porque durante la feria extraordinaria en virtud de la pandemia resolví unipersonalmente como juez de feria que no correspondía habilitar la feria para tratar ese caso pero habilité unilateralmente que el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario revisase si era procedente el otorgamiento de la prisión domiciliaria por ser el peticionante paciente de riesgo por ser grupo de riesgo en el marco de la pandemia.
 
En realidad, el 1 de abril de este año en la causa mencionada rechacé la habilitación de feria propuesta por el imputado, que cuestionaba la restricción de su libertad, por considerar que no había cumplido con la carga de demostrar la existencia de un gravamen irreparable para que prosperara la habilitación de feria. No obstante lo anterior, en cuanto el planteo del imputado se vinculaba con la situación de riesgo personal por la pandemia dada su edad, historia clínica y deteriorada condición de salud, ordené la remisión urgente de su pedido al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Rosario, para que los jueces adoptaran la decisión que consideraran procedente. El mismo procedimiento se adoptó con otros imputados.
 
En suma, las acusaciones son infundadas. Quiero subrayar, finalmente, que en su denuncia la legisladora evocó una cita de doctrina que afirma que "es un procedimiento político, con propósitos políticos, que está fundado en causas políticas, cuya consideración incumbe a un cuerpo político y subordinado a un juzgamiento político". Según lo veo, la legisladora incurre en una equivocación fundamental: una cosa es el juicio político, que apunta a destituir a un juez por incumplimiento de sus deberes, y otra cosa es el juicio motivado por intereses políticos, sectoriales o de otro tipo. No he incumplido deber funcional alguno.
 
Fuente: Página12
 

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23-11-2025 / 11:11
El gobierno de Javier "el Loco" Milei puede durar tres meses o dos años o diez, mientras Donald Trump siga facilitando ayuda en forma de nueva deuda, mientras Luis Caputo siga convenciendo a los conejos que se metan en la galera, mientras la sociedad argentina siga ejercitando su proverbial paciencia.
 
No fue una buena semana para Toto Caputo. El jueves por la tarde el Wall Street Journal informó que la banca privada decidió dar de baja el plan para ayudar al gobierno argentino con un préstamo de 20 mil millones de dólares y ahora negocian un repo por la cuarta parte de ese valor, sin el cual, aparentemente, el Banco Central no tiene fondos para hacer frente a los vencimientos de enero. Un usuario anónimo en la red X replicó la noticia preguntándose "¿qué mierda es esto?" y el ministro de Economía atinó a comentar apenas: "Excelente pregunta".
 
Tampoco hay reservas para pagarle al FMI: esta semana las estadísticas del Tesoro de Estados Unidos dieron cuenta del último vencimiento de intereses ante ese organismo se afrontó con DEGs norteamericanos, aunque ninguno de los dos gobiernos dio información al respecto. El plan de Scott Bessent y Caputo sigue siendo, como antes de las elecciones, poner parches sobre parches hasta que en algún momento se abra el mercado de capitales. Cada parche es carísimo y la cuenta la paga el pueblo argentino, que no ve ninguno de los beneficios.
 
A esta altura del partido queda claro que el esquema económico de Milei sólo funciona montado sobre una aspiradora de dólares: 20 mil millones del FMI, 20 mil millones del swap con Bessent, casi 25 mil millones de otros organismos internacionales, más el fruto del blanqueo, la cosecha de este año, incluyendo la liquidación extraordinaria por la baja de retenciones en septiembre, los 5 mil millones del oro que no sabemos dónde está, y todavía no aparece la luz al final del túnel. Caputo, mientras tanto, sigue buscando nuevas fuentes de financiamiento.
 
Incluso con ese flujo extraordinario de divisas, que no va a durar para siempre, los límites del plan siguen resultando evidentes en las dos variables clave que Milei no puede negociar: la inflación, que no pudo romper el piso de dos por ciento y lleva medio año a la suba, y el riesgo país, que encuentra resistencia en los 600 puntos, todavía muy lejos del acceso al crédito, sin importar las garantías de Estados Unidos, el Fondo y el propio gobierno argentino, notoriamente consustanciado con el pago de las obligaciones. Son obstáculos que no pudo resolver ni puede ignorar.
 
En el gobierno podrán buscar todas las excusas que quieran, y cuentan para ello con la ayuda inestimable de buena parte del sistema de medios, del círculo rojo y hasta de parte de la oposición, sin embargo, es cada vez más claro que esos límites no son riesgo kuka sino exclusivamente responsabilidad de Milei y Caputo. Esta semana la ciudad de Buenos Aires se endeudó exitosamente en mercados internacionales a tasa de 7,8 por ciento. Varias provincias e importantes empresas también tienen acceso a deuda en buenas condiciones. Milei y Caputo no.
 
Existe un correlato lineal entre el aumento de la deuda externa del país y el endeudamiento cada vez más pronunciado de los hogares argentinos en el marco de la segunda recesión en dos años de este gobierno. De acuerdo a los últimos datos oficiales del Banco Central, la morosidad en el sistema financiero prácticamente se triplicó en el último año. Mientras que en septiembre del 24 sólo el 2,6 por ciento del crédito destinado a las familias estaba en mora, un año más tarde ese número se disparó hasta el 7,3 por ciento del total de las deudas.
 
La consultora Mercier publicó un estudio que da cuenta de que siete de cada diez argentinos sufren estrés financiero. Uno de cada cinco encuestados, prácticamente, admite que a menudo necesita pedir dinero prestado para llegar a fin de mes. Otro tanto siente que perdió el control de sus cuentas. 
 

22-11-2025 / 10:11
Con un movimiento de prestidigitación, Estados Unidos hizo quedar a los argentinos como indigentes intelectuales y empujó las elecciones a un resultado favorable a sus intereses. Se habló de 40 mil millones que conseguiría Washington para apuntalar a Javier Milei, la gente votó como quería el presidente yanqui Donald Trump, pasaron las elecciones, pero la plata no llegó, y el país está más endeudado que antes.
 
Los primeros 20 mil millones se transformaron en un swap que ya se usó, en parte para pagarle deuda e intereses a Estados Unidos. Ahora el Wall Street Journal dijo que los bancos que se habían comprometido a poner la otra parte se echaron atrás.
 
Las promesas falsas, los anuncios en el aire y las palmaditas en la espalda decidieron el voto de miles, frenaron la corrida al dólar para arriba y la caída de los bonos. Abracadabra, nada por aquí, nada por allá. No es para tener vergu?enza, porque así funciona gran parte del capitalismo occidental, con ilusiones y espejismos en las bolsas de valores.
 
No es para tener vergu?enza no, pero sí para tener pánico porque los espejismos se rompen y las burbujas se pinchan y porque esa forma de funcionar ha sido la que determinó la decadencia de Occidente ante el ascenso de economías basadas en la producción de riqueza real.
 
Para que funcione el ilusionismo hay que hacer creíble lo increíble. Por eso, un adulto inteligente sabe que un mago es lo menos creíble porque su función es mentirte, o ilusionarte. A la economía argentina la manejan varios "magos" de las finanzas, como Luis Caputo o Federico Sturzenegger. O sea, está en el horno.
 
No es un juego de palabras barato. Lo sería si en este momento hubiera 40 mil millones de dólares en el Banco Central. Los economistas hablan de "expectativas de los mercados" que movilizan cientos de miles de millones de dólares para arriba o para abajo, todos los días, en las bolsas de todo el planeta.
 
Las expectativas son "predicciones o creencias" de las personas, inversionistas o gobiernos. Y las predicciones y las creencias son volubles y manipulables. El juego consiste en que Juan le haga creer a José lo que le conviene a Juan, aunque no le convenga a José. A veces José gana y a veces pierde. Pero Juan gana siempre, y más.
 
Fue lo que hizo Milei con la criptomoneda $Libra basándose en su prestigio como Presidente de los argentinos, según la comisión parlamentaria que investigó esta estafa. Una ilusión que motivó a miles de personas a comprar algo que al poco tiempo no valía ni la milésima parte de lo que habían pagado por creer en la palabra de Milei. Y fue lo que hizo Estados Unidos con los argentinos para que decidieran un voto que les costará muy caro.
 
Con este dispositivo infectaron también a la política y pusieron a la ilusión como base de la esperanza. O sea, se genera una expectativa sobre la base de algo que no es cierto, una imagen que es una mentira envuelta en celofán para hacerla creíble. Ese mecanismo necesita primero hacer increíble lo creíble, o sea destruir la parte de la política que funciona sobre realidades concretas: si esas realidades son buenas, nos va bien, y si son malas, nos va mal.
 

21-11-2025 / 10:11
El gobierno de Javier "el Loco" Milei y algunos de sus medios de comunicación amigos transmiten un triunfalismo a prueba de balas para avanzar a fondo en sus planes anarco capitalistas, que no se condice con la realidad, ni con las dudas que existen sobre un modelo neoliberal libertario que tiene muchas líneas de falla. Donald Trump rescató a Milei pero no se sabe quién rescatará a Trump que cae en picada por la economía mientras crece la preocupación por el costo de vida y por el caso Epstein que lastran su popularidad.
 
En el complicado marco de dificultades que tiene Trump, no sorprendió que el préstamo de USD 20.000 millones que estaba estructurando el JP Morgan se cayera. Ahora el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, intenta que ese banco junto al Citigroup y el Bank of America le consigan un préstamo repo de USD 5.000 millones. Se le escapó la tortuga y la debilidad quedó expuesta.
 
La noticia, que golpea abajo de la línea de flotación al equipo económico, fue confirmada por el Wall Street Journal, en base a fuentes directas de los bancos involucrados en la operación. La urgencia de Caputo por cerrar un repo de USD 5.000 millones tiene un destino claro: en enero próximo tiene que pagar vencimientos por USD 4.000 millones y como él mismo reconoció, no tiene los dólares.
 
El Wall Street Journal reveló que Caputo está prometiendo devolver rápido esos USD 5.000 millones, con la idea que pronto empezará a bajar el riesgo país -este jueves subió- y entonces les ofrecería a esos mismos bancos el negocio de emitir deuda soberana y pagarse el repo. "Sin embargo, las entidades quedarían expuestas si las condiciones de mercado se deterioran y el país no logra colocar nuevos títulos ni obtener otras fuentes de financiamiento", advirtió el diario rector de Wall Street.
 
La noticia descolocó tanto al equipo económico que el propio Caputo no pudo ocultar su sorpresa. Cuando el tuitero libertario financiero, El Oráculo de Trenque Lauquen, ¿posteó la nota del WSJ y se preguntó "Qué mierda es esto?", el propio Caputo le respondió: "Excelente pregunta".
 
El préstamo que iba a estructurar el JP Morgan fue anunciado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, como parte del salvataje de la administración Trump a Milei antes de las elecciones, que incluyó el anuncio de un swap del Tesoro con el Banco Central por otros USD 20.000 millones, que tampoco termina de concretarse.
 
Luego que Bessent anunciara el préstamo del JP Morgan, el CEO de ese grupo, Jamie Dimon, empezó a enfriar las expectativas ante el presente griego que le giraba el Tesoro. Con cuidado de no dejar expuesto al secretario del Tesoro, Dimon empezó a darle largas al asunto y a exigir garantías, cada vez en voz más alta, para prestarle semejante montaña de dólares a un incumplidor serial como la Argentina.
 
Inicialmente, Caputo había intentado que el Tesoro respaldara ese préstamo con los DEGs que tiene del FMI, pero la administración de Trump se negó a dar ese paso. En su lugar, intervino directamente en el mercado spot de Buenos Aires vendiendo dólares antes de ls elecciones por más de USD 2.000 millones, para planchar su precio.
 
Una vez que Milei ganó las elecciones, el Tesoro se desprendió de sus pesos, se supone colocados en una letra que le dio Caputo; y se embolsó la diferencia del carry trade. Ante el total oscurantismo de Caputo en torno a esta operación, no se sabe cómo continúa el swap ni que porción de este se puede utilizar, si es que se puede.
 
La Opinión Popular
 

20-11-2025 / 10:11
Por mayoría, la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado rechazó el pliego de Lorena Villaverde. El dictamen de todas formas no es vinculante, y el 28 de noviembre será cuando la Cámara alta vote si la senadora libertaria vinculada al narco Fred Machado y detenida en Miami por narcotráfico, puede asumir o no la banca.
 
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado aprobó los títulos de 23 senadores electos, pero dejó afuera a Villaverde. Su rechazo fue firmado por 12 senadores de diversos bloques, incluyendo Unión por la Patria y sectores de la oposición. Sin embargo, el dictamen no es vinculante: la última palabra la tendrá la sesión del 28 de noviembre. Para impedir que Villaverde asuma, el peronismo va a necesitar sumar aliados, ya que el resultado se define por mayoría simple.
 
Las acusaciones contra Villaverde no son menores: fue detenida en Estados Unidos en 2002 por presunto tráfico de drogas y mantiene vínculos con Claudio Ciccarelli, relacionado al narco Fred Machado, ambos investigados en causas de fraude inmobiliario y préstamos truchos.
 
En el debate algunos aliados del Gobierno también votaron en contra de la aspirante a senadora vinculada al narco. A pesar de que Luis Juez salió a bancar a Villaverde negando todo, la mayoría de la comisión sostuvo que no tiene idoneidad para ocupar una banca.
 
Lorena Villaverde es una dirigente política de La Libertad Avanza en la provincia de Río Negro, que en 2025 se vio envuelta en un fuerte escándalo por sus vínculos con el narcotráfico y una causa judicial en Estados Unidos. El caso salió a la luz cuando se conoció que José Luis Espert fue denunciado por recibir fondos de Fred Machado, empresario acusado de narcotráfico, y que Villaverde tenía un estrecho vínculo afectivo y laboral con Claudio Ciccarelli, primo y hombre de confianza de Machado.
 
La situación se agravó con la difusión de documentos judiciales estadounidenses que la involucran en una operación encubierta de drogas en Miami. Aunque el juicio fue suspendido por irregularidades, versiones periodísticas sostienen que Villaverde habría colaborado con la DEA antes de salir de Estados Unidos.
 
Además, investigaciones periodísticas revelaron que Villaverde está mencionada en una causa por estafas piramidales contra Enrique Blaskey Señorans, en la que habría conseguido inversores que luego fueron estafados por millones de pesos. En agosto de 2025, fue embargada por 50 millones de pesos por una estafa en la venta de terrenos en Las Grutas, Río Negro.
 
También se la señala por enviar mensajes amenazantes a periodistas que investigaron su caso. Todo este entramado expuso las conexiones entre el espacio libertario y redes de narcotráfico, y tuvo un fuerte impacto electoral, desplomando la imagen de Villaverde y de La Libertad Avanza en la provincia, en medio del escándalo Espert.
 
En resumen, Lorena Villaverde pasó de liderar las encuestas en Río Negro a estar en el centro de un escándalo por sus vínculos con el narcotráfico, estafas y amenazas, lo que generó una crisis de legitimidad en su espacio político a días de las elecciones. Su suerte se sellará en la próxima sesión del Senado, donde la oposición necesitará de aliados para impedir la asunción de la rionegrina.
 
La Opinión Popular
 

19-11-2025 / 09:11
Ornella Calvete, la hija de Miguel Calvette -uno de los principales involucrados en el escándalo de las coimas- renunció al ministerio que conduce Luis Caputo luego de que se conociera que habían encontrado 700 mil dólares en su domicilio durante un allanamiento. Ocupaba un cargo relevante dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, que depende del Ministerio de Economía. Este martes su padre se negó a declarar en la causa que lo tiene como presunto nexo entre el organismo que lideraba Diego Spagnuolo y las droguerías.
 
La renuncia se conoció luego de que autoridades judiciales inspeccionaron el domicilio de la ahora ex funcionaria, y encontraron alrededor de 700.000 dólares y otras divisas. Las máximas autoridades del ministerio que encabeza Luis Caputo entendieron que la continuidad de Calvete resultaba incompatible con el hallazgo en su vivienda, en el marco del escándalo por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
 
La causa judicial que involucra a Calvete derivó de la pesquisa sobre retornos en la Andis y como parte de las investigaciones el Ministerio Público Fiscal pidió una serie de allanamientos en inmuebles de los principales apuntados que revistaban con cargos en organismos estatales.
 
Tras los procedimientos, se conoció que en la propiedad de Calvete se secuestraron dinero en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos, hechos que alimentaron la sospecha de maniobras de corrupción vinculadas a contratos con proveedores públicos y posibles retornos ilícitos.
 
Según reconstruyeron los investigadores, Ornella Calvete alertó a su padre, mediante un mensaje a su celular, Miguel Ángel Calvete, sobre la presencia de la policía en la planta baja de su vivienda el 12 de septiembre de 2025. En el mismo diálogo, el padre le aconsejó seguir instrucciones y abordó temas vinculados a la situación financiera de la firma Indecom y la disponibilidad de "cash blanco".
 
El dictamen fiscal demostró que, en esa conversación entre padre e hija, Miguel Ángel Calvete sugirió qué responder si le preguntaban por el dinero: "por si entran acá y me ven con mosca" o "digo que me lo prestó alguien, olvidate".
 
La investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi apunta a un verdadero manual de corrupción: compras direccionadas a través de la ANDIS, con coimas millonarias pagadas por droguerías y proveedoras de insumos médicos a cambio de contratos estatales.
 
Las "Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia" (PACBI) -operaciones de altísimo valor para tratamientos y medicamentos de enfermedades "raras"- eran el terreno preferido para el saqueo. Picardi acusa a Calvete padre, Spagnuolo (amigo personal y abogado de Javier Milei) y otros 14 exfuncionarios de integrar una banda que digitaba compras, inflaba precios y lavaba dinero público.
 
Según lo que se conoce hasta ahora por los audios filtrados de Spagnuolo, el mecanismo era simple: las droguerías pagaban retornos fijos del 5 al 8% del monto de los contratos, llegando a embolsar hasta 800 mil dólares mensuales. Ese dinero, según el propio exfuncionario, terminaba en los bolsillos de Karina Milei, "Lule" Menem y otros miembros del círculo presidencial.
 
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