20:45 | Sabado 20 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos

Por

“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 04-10-2020 / 10:10

EL PRESIDENTE DE LA CORTE CONVOCÓ A LA COMISIÓN SOBRE LOS JUICIOS DE LESA HUMANIDAD, PARALIZADA EN EL MACRISMO

Rosenkrantz se acordó de las causas por los crímenes de la dictadura para eludir el juicio político

La diputada Vanesa Siley le pidió el juicio político a Carlos Rosenkrantz por promover el 2x1 para los genocidas, favorecer al empresario Carlos Blaquier, acusado por los secuestros en el Ingenio Ledesma y paralizar la Comisión Interpoderes. La primera reacción del presidente de la Corte fue convocarla.

El presidente de la Corte Suprema, el ex abogado de Clarín Carlos Rosenkrantz, no para de dar sorpresas incluso a sus propios colegas. Mientras desplegaba su ofensiva por rescatar con un per saltum a los tres jueces nombrados a dedo y atornillados a sus cargos en Comodoro Py, enviaba al resto de los supremos un e-mail que anunciaba que convocaría a la Comisión Interpoderes, la encargada de agilizar los juicios de lesa humanidad que dejó de reunirse durante casi todo el gobierno de Mauricio Macri.

La iniciativa fue prolijamente anunciada por los verdaderos jefes de Rosenkrantz en el diario Clarín y responde a un reclamo específico de los organismos de derechos humanos, pero fue puesta en marcha ahora por una necesidad personal de Rosenkrantz, sobre quién recayó el 25 de septiembre un pedido de juicio político promovido por la diputada Vanesa Siley (Frente de Todos) precisamente por haber "favorecido y muchas veces asegurado la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado".

Hay más de 50 causas de este tipo estancadas en el alto tribunal. El viernes último los medios más afines a la oposición publicaron la noticia cual logro del titular de la Corte, que desde unos días antes hizo circular que su idea es cuidar los derechos de todas las partes, no sea cosa que los represores se asusten.

La diputada Siley presentó el pedido de juicio político por el desempeño de Rosenkrantz en causas de lesa humanidad y por los conflictos de interés que acumula como presidente de la Corte. La primera reunión por Zoom será el jueves próximo y la ministra de Justicia, Marcela Losardo, ya confirmó su presencia remota. Los organismos afinan su agenda después de cuatro años de silencio supremo.

La Opinión Popular

Parece una gran paradoja que la reunión de la "Interpoderes" sea organizada después de tanto tiempo en un contexto en que la Corte, y con especial ímpetu el propio Rosenkrantz, acaba de dejar planteado un escenario de conflicto de poderes alrededor de la discusión sobre la validez de las designaciones por el mecanismos de traslado, sin pasar por el Senado, que en 2018 obtuvieron los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli (los dos primeros a la Cámara Federal porteña y el tercero al Tribunal Oral Federal 7).

La apertura del per saltum, que además prohibió por ahora que los tres jueces sean reemplazados, fue un golpe sorpresivo para el Poder Ejecutivo, que por decreto había ratificado lo decidido por el Senado: el rechazo a los tres traslados.

Falta la decisión de fondo de la Corte, pero el procurador interino Eduardo Casal dictaminó anoche a favor de los tres jueces, lo cual no es vinculante para la Corte. Todavía hay final abierto, aunque la situación del tribunal con el Gobierno sea de alta tensión.

Pese al clima de tensión, desde el Ejecutivo remarcan que el pedido de juicio político contra Rosenkrantz, presentado por Siley, nada tuvo que ver con que la Corte admitiera el per saltum del trío. De hecho, la presentación de Siley fue el viernes 25 de septiembre y la decisión del máximo tribunal tuvo lugar el martes 29. Las fechas no coinciden con la idea de represalia que se pretende instalar desde los medios y la oposición, aliados estratégicos del juez Rosenkrantz.

Plan rescate

En la vocalía de Rosenkrantz se trabajó hasta tarde el viernes 25. Los teléfonos de sus secretarios más cercanos ardieron hasta pasada la medianoche. Estaban preocupados por avisar que el supremo mandaría pronto las invitaciones al Gobierno, a la Procuración General, a la Cámara Federal de Casación, al Consejo de la Magistratura, al Congreso y a los organismos de derechos humanos para convocar.

Todos ellos integraron la Comisión Interpoderes desde que fue creada en 2008 por el antecesor en la presidencia suprema, Ricardo Lorenzetti, cuando la Corte todavía decía que los juicios de lesa humanidad eran una política de Estado. La última vez que se reunió la Comisión fue en 2016 y sólo participaron Lorenzetti y Horacio Rosatti, que era todavía un recién llegado al Palacio.

En realidad, no fue que a Rosenkrantz le agarró un ataque repentino de interés por las causas de lesa humanidad, sino que se preocupó por contrarrestar el pedido de juicio político que había presentado Siley ese mismo día. La diputada --que también integra el Consejo de la Magistratura-- lo acusó de favorecer la impunidad de los genocidas.

Su presentación decía que cuatro casos de lesa humanidad que fueron resueltos o están por resolverse en la Corte muestran cuáles son las verdaderas intenciones de su presidente. Por ejemplo, el del cálculo del 2x1 que favoreció al represor del Hospital Posadas Luis Muiña, que fue motorizado por Rosenkrantz y contó con los votos de Rosatti y Elena Highton.

Sus dos colegas cambiaron de opinión después de que el Congreso aprobara una ley interpretativa y de movilizaciones masivas que ningún supremo había previsto. Rosenkrantz, no. Se empacó y dijo que el beneficio le correspondía a Rufino Batalla, un represor condenado por crímenes en el centro clandestino conocido como La Cacha.

En plena feria, recordó Siley, Rosenkrantz remitió a un tribunal oral federal de Rosario un planteo del represor Juan Daniel Amelong para que le otorgaran domiciliaria.

El cuarto caso es el del dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, al que Rosenkrantz le aplica un tratamiento de cronoterapia en su vocalía desde hace un año. El otro punto en el que se basaba el pedido de juicio político era la reticencia de Rosenkrantz a convocar a la Comisión Interpoderes.

Tienes un e-mail

Rosenkrantz, que tiene escaso poder dentro de la Corte ya que la mayoría de las decisiones se deben tomar con tres votos, aprovecha el contexto de la pandemia para informar por correo electrónico a sus colegas aquellas cosas que puede decidir en soledad. Así como informó de ese modo el llamado a la Interpoderes, convocó a acuerdo extraordinario donde impuso el tratamiento del per saltum del tridente BBC.

En uno de los acuerdos previos había informado que tenía varios reclamos para hacer la reunión por las causas de lesa humanidad, quizá el tema que más incomoda al jurista. Los pedidos se acumulan en el cuarto piso del Palacio desde hace, al menos, cuatro meses.

Los organismos de derechos humanos hicieron cuatro presentaciones, incluso la presidenta de la Cámara de Casación Federal, Ángela Ledesma, le hizo llegar su preocupación al máximo tribunal por el parate en el que estaban los juicios en mayo pasado después de una presentación de la titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, la fiscal Ángeles Ramos.

Los demás supremos se hicieron los distraídos ante la convocatoria a la Interpoderes. Ante el silencio sepulcral del resto de sus colegas, la jueza Highton se ofreció a acompañar a Rosenkrantz en el evento, un poco obligada por su cargo de vicepresidenta del cuerpo. Lorenzetti mastica bronca porque fue él quien creó la Comisión y siempre manejó la relación con los organismos. El enfrentamiento que mantiene con Rosenkrantz desde que en 2018 fue desplazado de la presidencia tiñe todas las discusiones. Rosatti y Maqueda miran de lejos, por si acaso.

La idea de Rosenkrantz es hacer una reunión breve, que vaya al punto y evitar los discursos encendidos de los organismos, que inevitablemente le reprocharán haber sido el alma pater del 2x1.

El supremo también se comunicó con algunos jueces de la Casación Federal, por lo que se presume que podría querer pasarle la posta de la Interpoderes al máximo tribunal penal del país.

Al momento de justificar su interés por ocuparse del tema ahora, Rosenkrantz y su equipo explican que hay una "afectación de derechos", dando a entender que quizá estén especialmente interesados en la situación de los imputados o condenados por crímenes aberrantes.

La convocatoria a la Interpoderes no quedó por fuera de la interna palaciega que se vive en la Corte. Rosenkrantz se ocupó de correr a quienes habían manejado hasta entonces la relación con los organismos o con las partes interesadas en las causas de lesa humanidad aduciendo que respondían a Lorenzetti. Quizá fue por eso que los organismos de derechos humanos no recibieron llamado alguno para convocarlos a la reunión a la Corte, sólo un correo enviado desde la secretaría privada de la presidencia del tribunal.

A los funcionarios los llamó Agustín María Casares, otro hombre de confianza del presidente de la Corte. A ninguno de los invitados les comunicaron un temario, sólo a algunos les anticiparon que la idea de la Corte es dividir el trabajo en grupos temáticos.

El sello Rosenkrantz

Rosenkrantz conformó el voto mayoritario en dos fallos emblemáticos de la era Macri: el del 2x1 --que motorizó él mismo-- y el fallo Ingenieros, por el cual la Corte le negó una reparación a la hija de un trabajador de Techint desaparecido durante la dictadura. Después, en general, Rosenkrantz ha encarnado la minoría automática en cuestiones de lesa humanidad. En general, cuando circulan los expedientes sobre crímenes de la dictadura, Rosenkrantz suele escribir a mano "No firmo".

Desde hace un año, Rosenkrantz está sentado sobre una causa especialmente sensible, la de la responsabilidad de las máximas autoridades del ingenio Ledesma con secuestros producidos durante "los apagones" de 1976. En 2015, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación anuló los procesamientos de Blaquier y de Alberto Lemos y dispuso su falta de mérito. El fiscal de Casación Javier De Luca recurrió la decisión y dijo que se trataba de un sobreseimiento encubierto. La procuradora ante la Corte, Adriana García Netto apoyó la postura de De Luca. Sin embargo, la Corte nunca trató el tema.

Todas las miradas apuntan a Rosenkrantz por la relación que su esposa, Agustina Cavanagh, tiene con los Blaquier. Cavanagh presidió la fundación Cimientos hasta que Rosenkrantz llegó a la Corte y actualmente integra el consejo de esa organización, que según el Observatorio de las Élites CITRA - UMET - CONICET está ligada a los Blaquier. Cuando defendió su nominación en el Senado, Rosenkrantz dijo que su única relación con la familia era a través de Nelly Arrieta de Blaquier por ser donante en la Universidad de San Andrés, la que él dirigió hasta su mudanza a la Corte. Nelly está casada justamente con Carlos Pedro. Los Blaquier también tienen casa en el selecto country Cumelén de Villa La Angostura, donde Cavanagh heredó una casa y al supremo le gusta vacacionar.

Siley y el juicio político

"Carlos Rosenkrantz nunca citó después de siete pedidos de los organismos de derechos humanos a la Comisión Interpoderes, que es la encargada de garantizar la celeridad y el acceso a justicia real para todo lo que es delitos de lesa humanidad, y o hace ahora, luego de anoticiarse de este nuevo pedido de juicio político. Es una actitud claramente hipócrita", le dice a Página|12 Vanesa Siley, diputada del Frente de Todes, que el viernes 25 de septiembre presentó un nuevo pedido de juicio político contra el presidente de la Corte. La presentación de Siley sigue la misma línea de los tres pedidos que se habían presentado en 2017 después de que Rosenkrantz junto con Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti firmaran el fallo del 2x1, que abría la puerta para una liberación temprana de cientos de represores.

"¿Cómo puede tener una Corte Suprema gravedad institucional la situación de tres jueces trasladados y no tener gravedad institucional las causas de lesa humanidad, como la causa Ledesma, donde está imputado Carlos Pedro Blaquier?", pregunta Siley. "Esa causa la tiene la vocalía de Rosenkrantz y no fue tratada. Para la sociedad argentina y la democracia es fundamental determinar la complicidad civil en la última dictadura cívico-militar, pero para él no es un tema de urgencia. Ahí hay relaciones familiares en juego entre la esposa de Rosenkrantz que integra la misma Fundación Cimientos que la familia Blaquier", agrega.

Algo más que un simple retraso

La convocatoria del presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, a los organismos de derechos humanos después de cuatro años de haber desactivado la Comisión Interpoderes se da en un contexto de importante retraso por parte del propio máximo tribunal a la hora de confirmar las sentencias por crímenes cometidos durante los años del terrorismo de Estado.

Según estimaciones, la Corte tiene más de 50 sentencias por revisar referidas a crímenes contra la humanidad. En el tribunal, estiman que los expedientes rondan los 500 porque hay varios recursos por causa. Todavía resta a la Corte resolver varios planteos de represores que pedían que les aplicaran el cálculo del 2x1. En esos casos, la respuesta del tribunal es prácticamente automática porque remiten al fallo Hidalgo Garzón, en el cual la mayoría de los supremos --con la estoica oposición de Rosenkrantz-- consideró que ese beneficio no era aplicable a criminales de lesa humanidad.

Algunas de las causas para revisar llevan más de cinco años en el Palacio, como es el caso de la sentencia por la Masacre de Trelew, en la que la Corte deberá confirmar la caracterización como delitos de lesa humanidad hechos ocurridos antes del golpe de Estado de 1976. Una situación similar es la llamada masacre de Capilla del Rosario de 1974, en la que catorce militantes fueron asesinados, pero la Sala III de la Casación no entendió como delitos de lesa humanidad y anuló la condena de tres militares. Ese caso tiene dictamen del actual procurador interino Eduardo Casal que pide que se revierta la decisión del máximo tribunal penal del país.

Desde febrero de 2017, los cortesanos tienen para estudiar un caso emblemático sobre delitos sexuales: la causa Martel, de San Juan. Al revisar las condenas en 2016, la Sala III de la Casación sostuvo que los abusos sexuales debían ser considerados como delitos de propia mano. Es decir, solamente achacables a quienes perpetran el crimen pero no a sus superiores. Otro caso que espera el análisis de la Corte tiene que ver con el Plan Cóndor, un juicio histórico que terminó en 2016 y en el que el Tribunal Oral Federal 1 describió al Cóndor como una asociación ilícita regional.

Varias causas vinculadas a la apropiación de niñes durante el terrorismo de Estado siguen en la Corte. Por ejemplo, los supremos deberían revisar la absolución del médico Raúl Martín en el segundo juicio por la maternidad clandestina de Campo de Mayo y las condenas por la apropiación de Elena Gallinari Abinet, la primera nieta nacida en cautiverio encontrada por las Abuelas. Ese juicio terminó en 2013 en La Plata. Esa jurisdicción tiene atrasos significativos en la revisión de las sentencias, especialmente en la Casación Federal, que todavía no analizó ni las condenas por Circuito Camps de 2012 ni de La Cacha de 2014.

Por Irina Hauser y Luciana Bertoia

Fuente: Página 12

La diputada nacional del Frente de Todos, Vanesa Siley, presentó el pasado 25 de septiembre un pedido de juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, y lo fundamentó en un cuestionamiento a la actuación que tuvo el magistrado en la causa de la "Noche del Apagón" del Ingenio Ledesma, según dio a conocer este sábado.

20-12-2025 / 10:12

Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas Milei dilapidó el resultado de las urnas

Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.

El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.

Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.

La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.

Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.

El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.

Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.

Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.

Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.

19-12-2025 / 10:12

Se puede derrotar al Loco Milei: Cagados en las patas, patearon la Reforma Laboral para febrero

La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional. El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.

"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.

Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.

Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.

Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.

El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.

Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.

La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.

La Opinión Popular

18-12-2025 / 08:12

Tremendo golpe al Loco Milei: la oposición salvó las universidades y la emergencia en discapacidad

Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.

El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.

Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.

Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.

Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.

A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.

Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".

La Opinión Popular

17-12-2025 / 09:12

El Loco Milei quiere derogar las leyes de discapacidad y financiamiento universitario

A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.

En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.

Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.

De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.

Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.

Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.

Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.

Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.

16-12-2025 / 10:12

Contra la reforma laboral pro patronal y humanamente aberrante, la CGT se prepara para una marcha multitudinaria

Las reformas que impulsa el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei, en especial la laboral, buscan sin disimulo convertir a nuestro país en una economía colonial de enclave, productor de materias primas, sin industria y en donde sobre más de la mitad de los argentinos. En el país cierra una empresa por hora y 400 trabajadores por día se quedan sin empleo. El cálculo surge de tomar en cuenta que "el Peluca" y su motosierra destruyeron 19.114 firmas dejando en la calle a algo más que 264 mil asalariados registrados en sus dos primeros años de gobierno.

Para Argentina es un cambio dramático, pues es uno de los países en donde la legislación laboral del siglo XX más avanzó en el sentido de proteger a los trabajadores. Por esa razón, por ese "mal ejemplo" para la región latinoamericana, el objetivo del FMI de retroceder más de un siglo en las condiciones bajo las cuales se desenvuelve el mundo laboral, haya sido tomado con tanta energía por los últimos gobiernos de derecha y mucho más ahora bajo el modelo reaccionario extremo que impulsan los desquiciados Milei, Sturzenegger, Caputo y cía.

Todos y cada uno de los puntos del extenso proyecto que acaba de aterrizar en el Congreso es un muestrario de la ideología conservadora y retrógrada que alienta a este gobierno como fiel representante de la elite económico-financiera también conocida como "círculo rojo". A tal extremo esto es así que el gobierno ni se molestó en desmentir lo que hace un tiempo se conoció: los autores materiales de este engendro son los estudios de abogados que prestan sus servicios a las corporaciones más poderosas, los llamados "dueños de la Argentina". Es el gobierno para los ricos.

El sueño húmedo de esta minoría enferma de codicia es voltear, una por una, todas las protecciones legales que tienen los trabajadores argentinos, aunque también debe decirse que buena parte de ellas ya fueron demolidas de hecho por el propio accionar de un mercado laboral que, con independencia de los gobiernos que se sucedieron desde el estallido social y la gran crisis económica de 2001, dejaron a casi la mitad de los asalariados desempeñándose "en negro", al margen de la formalidad.

Lo que veremos en las próximas horas en el Congreso les dejará en claro a los argentinos quiénes son los senadores y diputados dignos de ser llamados oposición y quiénes se someterán ante las ofertas de dinero que ya está circulando por oscuras vías. Gobernadores dialoguistas también estarán en el "toma y daca" que este gobierno puso en marcha sin que la gran prensa porteña, convertida en vocera oficial de la Casa Rosada, hable como lo hacía habitualmente de "látigo y billetera" con otros gobiernos que nunca llegaron a extremos de manipulación de los recursos fiscales como el actual.

El triunfo electoral de octubre de Milei es el combustible que aceleró la decisión de avanzar con este proyecto y con otros que también buscan reconfigurar en profundidad el diseño social, económico e institucional de la Argentina. La llamada ley de tierras, de glaciares, la reforma educativa, la tributaria, etc. conforman una ofensiva de los sectores concentrados de la economía contra el conjunto social. Convertir a este país en una economía colonial, sin industria, sin ciencia, sin educación de calidad, sin protección social ni laboral para las mayorías populares es una meta que está en las mentes de los libertarios. La política de tierra arrasada que se proponen les resulta indiferente, pues la ambición de poder -político y económico- está por encima de todo.

La CGT convocó a una movilización a la Plaza de Mayo para el jueves a la que adhirieron las dos CTA, ATE y otros gremios, el peronismo, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda. Para aterrorizar, la especialidad del mileísmo, aplicarán el protocolo antipiquetes. Si la movilización es masiva, cuesta creer que la amenaza de represión violenta se cumpla. Crispar el clima social en vísperas de fin de año, en nuestro país, nunca tuvo buenos resultados para los gobiernos.

La Opinión Popular