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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 03-10-2020 / 11:10
ALGUNOS NÚMEROS

Pobreza en Argentina: ¿Qué hay de nuevo?

Pobreza en Argentina: ¿Qué hay de nuevo?
El aumento de la pobreza en el primer semestre de 2020 con relación al mismo período de 2019 significó que 2.650.792 personas cayeran en esa condición. Pero si se compara el crecimiento entre 2018 y 2019, suman 3.761.305 las personas que pasaron a ser pobres. Queda muy claro que el macrismo, en su último año, generó 1.110.513 más pobres que el actual gobierno lidiando con la pandemia.
El aumento de la pobreza en Argentina y el mundo es una muestra cabal de lo fuerte que ha golpeado la pandemia de coronavirus en todas las economías.
 
Pero también resulta muy oportuno citar algunos datos ignorados por los grandes medios alineados con la derecha política. Son pocos números pero muy significativos: El aumento de la pobreza en el primer semestre de 2020 con relación al mismo período de 2019 significó que 2.650.792 personas cayeran en esa condición.
 
Pero si se compara el crecimiento entre 2018 y 2019, suman 3.761.305 las personas que pasaron a ser pobres. Queda muy claro que el macrismo, en su último año, generó 1.110.513 más pobres que el actual gobierno lidiando con la pandemia.
 
Los datos son muy ilustrativos porque le dan sustento numérico a una apreciación considerada contrafáctica por la derecha. Esto es, si el macrismo hubiera ganado la elección del año pasado y hoy estuviera en el gobierno nacional afrontando la pandemia, las consecuencias hubieran sido mucho peores para la mayoría de los argentinos.
 
En verdad, no hace falta una gran inteligencia para darse cuenta, alcanza con afinar un poco la capacidad de observar la política.
 

 
Semanas atrás se habían divulgado informes de la evolución del producto bruto interno (PBI) de varios países, como también del desempleo, y ambos indicadores ya mostraban registros muy preocupantes que hacían presumir el incremento de la población con necesidades básicas insatisfechas que hoy muestran las estadísticas.
 
Si se habla de pobreza en Argentina hay mucho para decir, incluso por afuera del complicado escenario que plantea el Covid-19. En diciembre de 2015 Mauricio Macri asumió el gobierno con la resonante promesa de "pobreza cero".
 
Cuando finalizó su mandato el país tenía muchos más pobres de los que había encontrado; como también una inflación mucho más alta, el doble de desempleados, el salario promedio en dólares serruchado a la mitad y un endeudamiento externo descomunal entre tantas otras calamidades.
 
Ninguna de sus promesas de campaña pudo cumplir en lo que será recordado como el mayor engaño cometido contra el electorado argentino.
 
Hoy en la oposición, la derecha no abandona su estrategia de mentir y, con el respaldo de las corporaciones mediáticas más poderosas, viene hostigando al gobierno del Frente de Todos sin reparar en métodos.
 
Ni siquiera ha dudado en usar la pandemia para sus objetivos políticos incitando a romper las medidas de aislamiento social convocando a movilizaciones callejeras, apelando al descrédito de las autoridades sanitarias o insuflando el odio como instrumento político.
 
Esa irracional estrategia que apela al "vale todo" no se detiene ante la mentira. De ahí que debamos escuchar alegatos demenciales que niegan la gravedad de la pandemia o la necesidad del cuidado propio y ajeno, y hasta llamados a boicotear las medidas sanitarias.
 
El juego es perverso porque con esas arengas se promueven conductas sociales que favorecen la propagación del virus, y luego se le imputa al gobierno la responsabilidad por las consecuencias.
 
La Opinión Popular
 
 
 
 
Pobreza en Argentina: ¿Qué hay de nuevo?
 
El 30 de septiembre fueron dados a conocer en Argentina los datos de la Encuesta Permanente de Hogares. Los datos son estremecedores y expresan cambios profundos en la configuración de la sociedad argentina. ¿Con qué sociedad nos encontramos hoy? ¿Quiénes y cuántos perdieron con la pandemia?
 
El INDEC mide la pobreza y la indigencia a través de una cuantificación de hogares y personas que se encuentran bajo la línea de pobreza (LP) y bajo la línea de Indigencia (LI). Esto es, de entrada, toda una decisión ya que existen otras maneras de medirla y sobre todo de comprender en forma multidimensional sus causas. La LP toma en consideración la condición de vida según ingresos e incorporan para su actualización el Índice de Precios al Consumidor.
 
La forma de medición es sencilla, a partir de la suma del total de ingresos de un hogar se analiza si tienen capacidad de satisfacer -por medio de la compra de bienes y servicios- un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales. Las necesidades alimentarias asumen la forma de una Canasta Básica de Alimentos, cuando esta se amplía, incluyendo bienes y servicios no alimentarios como vestimenta, transporte, educación, salud, se obtiene el valor de la canasta básica total.
 
Esta última define el ingreso estandarizado en la línea de pobreza, o sea, quienes reciben ingresos mayores a ese total son considerados no pobres, quienes no alcanzan ese valor, se consideran pobres. Los índices de pobreza e indigencia, se elaboran en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y el relevamiento se compara con el mismo período del año anterior.
 
El año pasado, durante el primer semestre, la pobreza alcanzaba a un 35,4% de la población del país. Significa que 1 de cada 3 personas, era pobre. Recientemente, en el primer semestre de 2020 la pobreza creció 5,5 puntos porcentuales más, o sea, los y las pobres representan un 40,9% en Argentina.
 
La indigencia en cambio, pasó de 7,7% en 2019 a un 10,5% de la población. Este dato es central porque se trata, ni más ni menos, que de la gente en el país que pasa hambre. Lo cierto es que de estos datos pensados en contexto pueden desprenderse algunas otras consideraciones:
 
En primer lugar, los datos de la actual medición muestran una mayor incidencia de la pobreza que de la indigencia. Esto es, la pobreza aumentó 5,5 puntos porcentuales mientras que la indigencia sólo 2,8 puntos.
 
Una de las posibles causas de este desacelere de la indigencia a nivel país, o sea, de la gente que pasa hambre, es la manutención de programas sociales gubernamentales que mitigaron los efectos de la crisis. La tarjeta alimentar tuvo un rol importante en este sentido, así como el IFE y las mejoras en las jubilaciones, la persistencia de la AUH, la ATP y la prohibición de despidos.
 
Ahora bien, los datos de la actual medición se recogieron a través de llamadas telefónicas. Es sabido que no es igual el muestreo via telefónica que el realizado cara a cara. La veracidad propia de una comunicación mediada, la disponibilidad de tiempo para responder por teléfono, la manutención de la propia llamada y el tener o no teléfono, son aspectos que restringen el margen de afirmaciones. Estos aspectos no son menores, sobre todo a los fines comparativos con el periodo equivalente del año anterior.
 
Y claro, la EPH actual, cuyos resultados se dieron a conocer, son semestrales, contemplando información relativa al primer trimestre del 2020 y al segundo trimestre del mismo año. Una fracción de tiempo sin pandemia ni periodo ASPO y otro con medidas de aislamiento social.
 
Las ponderaciones, percepciones y disposición a la hora de responder a funcionarios de una institución que realiza mediciones oficiales fluctúan, se vinculan a otras percepciones propias del encierro y no reflejan necesariamente la misma veracidad de tiempos menos afectados.
 
Un dato interesante es que en el año 2016 se actualizaron a través de análisis del INDEC las Canastas de Alimentos Regionales en el país, precisando la información relativa al consumo y hábitos de las distintas provincias. Este cambio de metodología fue objeto de críticas, pues, impide mediciones que van en una línea temporal, más atrás que el años 2016 a los fines comparativos. Esto significa que es difícil obtener el dato de cuál es el año con mayor nivel de pobreza en una provincia específica, por ejemplo.
 
No obstante, un dato insoslayable y del todo crucial es que la mayor proporción de pobres de nuestro país, está en los niñxs de 0 a 14 años. El porcentaje de chiques pobres aumentó de 52,6% a 56,3% en tan sólo 12 meses.
 
Esto es de extrema gravedad, pues debería redefinir agendas y prioridades. Se trata de casi 6 de cada 10 niñes que compondrán en los próximos años la Población Económicamente Activa del país. Es una hipoteca del futuro pero además, un drama de cuerpos y cerebros en desarrollo.
 
Vale decir que de la medición de este primer semestre de 2020 se desprende un sector antes invisibilizado, y es una enorme cantidad de nuevos pobres. Son hombres y mujeres que atraviesan situaciones de pobreza por tener bajos ingresos, con hábitos de consumo y cultura propio de sectores medios. Este sector social guarda hábitos, disposiciones y proyecciones de futuro que hoy están en crisis. Analizarlos como grupo distintivo, parece ser la clave.
 
Finalmente, el aumento de personas que efectivamente está pasando hambre, sobre todo en Concordia y en el Conurbano bonaerense donde la incidencia de la indigencia aumentó un 7% debe necesariamente conducir a una toma de conciencia urgente respecto de la insuficiencia de políticas sociales aisladas y la necesidad de mayores y mejores políticas económicas que garanticen la inclusión social a través de empleo digno.
 
Organizaciones sociales, movimientos sociales y gobierno sólo pueden trabajar de manera complementaria en este sentido, redimensionando el peso de la crisis, jerarquizando agendas y analizando sin tapujos el tamaño de los problemas que enfrentamos.
 
Por Victoria Darling
 
Fuentes: El Destape y La Arena 
 

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07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
La Opinión Popular
 

05-02-2026 / 11:02
Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.
 
Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.
 
El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.
 
Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.
 
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.
 
Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.
 
La Opinión Popular
 

04-02-2026 / 11:02
A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).
 
Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".
 
En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.
 
Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).
 
Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.
 
Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.
 
Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".
 
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