La Opinión Popular
                  17:48  |  Miercoles 31 de Diciembre de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná

Por
“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
Recomendar Imprimir
Nacionales - 03-10-2020 / 11:10
ALGUNOS NÚMEROS

Pobreza en Argentina: ¿Qué hay de nuevo?

Pobreza en Argentina: ¿Qué hay de nuevo?
El aumento de la pobreza en el primer semestre de 2020 con relación al mismo período de 2019 significó que 2.650.792 personas cayeran en esa condición. Pero si se compara el crecimiento entre 2018 y 2019, suman 3.761.305 las personas que pasaron a ser pobres. Queda muy claro que el macrismo, en su último año, generó 1.110.513 más pobres que el actual gobierno lidiando con la pandemia.
El aumento de la pobreza en Argentina y el mundo es una muestra cabal de lo fuerte que ha golpeado la pandemia de coronavirus en todas las economías.
 
Pero también resulta muy oportuno citar algunos datos ignorados por los grandes medios alineados con la derecha política. Son pocos números pero muy significativos: El aumento de la pobreza en el primer semestre de 2020 con relación al mismo período de 2019 significó que 2.650.792 personas cayeran en esa condición.
 
Pero si se compara el crecimiento entre 2018 y 2019, suman 3.761.305 las personas que pasaron a ser pobres. Queda muy claro que el macrismo, en su último año, generó 1.110.513 más pobres que el actual gobierno lidiando con la pandemia.
 
Los datos son muy ilustrativos porque le dan sustento numérico a una apreciación considerada contrafáctica por la derecha. Esto es, si el macrismo hubiera ganado la elección del año pasado y hoy estuviera en el gobierno nacional afrontando la pandemia, las consecuencias hubieran sido mucho peores para la mayoría de los argentinos.
 
En verdad, no hace falta una gran inteligencia para darse cuenta, alcanza con afinar un poco la capacidad de observar la política.
 

 
Semanas atrás se habían divulgado informes de la evolución del producto bruto interno (PBI) de varios países, como también del desempleo, y ambos indicadores ya mostraban registros muy preocupantes que hacían presumir el incremento de la población con necesidades básicas insatisfechas que hoy muestran las estadísticas.
 
Si se habla de pobreza en Argentina hay mucho para decir, incluso por afuera del complicado escenario que plantea el Covid-19. En diciembre de 2015 Mauricio Macri asumió el gobierno con la resonante promesa de "pobreza cero".
 
Cuando finalizó su mandato el país tenía muchos más pobres de los que había encontrado; como también una inflación mucho más alta, el doble de desempleados, el salario promedio en dólares serruchado a la mitad y un endeudamiento externo descomunal entre tantas otras calamidades.
 
Ninguna de sus promesas de campaña pudo cumplir en lo que será recordado como el mayor engaño cometido contra el electorado argentino.
 
Hoy en la oposición, la derecha no abandona su estrategia de mentir y, con el respaldo de las corporaciones mediáticas más poderosas, viene hostigando al gobierno del Frente de Todos sin reparar en métodos.
 
Ni siquiera ha dudado en usar la pandemia para sus objetivos políticos incitando a romper las medidas de aislamiento social convocando a movilizaciones callejeras, apelando al descrédito de las autoridades sanitarias o insuflando el odio como instrumento político.
 
Esa irracional estrategia que apela al "vale todo" no se detiene ante la mentira. De ahí que debamos escuchar alegatos demenciales que niegan la gravedad de la pandemia o la necesidad del cuidado propio y ajeno, y hasta llamados a boicotear las medidas sanitarias.
 
El juego es perverso porque con esas arengas se promueven conductas sociales que favorecen la propagación del virus, y luego se le imputa al gobierno la responsabilidad por las consecuencias.
 
La Opinión Popular
 
 
 
 
Pobreza en Argentina: ¿Qué hay de nuevo?
 
El 30 de septiembre fueron dados a conocer en Argentina los datos de la Encuesta Permanente de Hogares. Los datos son estremecedores y expresan cambios profundos en la configuración de la sociedad argentina. ¿Con qué sociedad nos encontramos hoy? ¿Quiénes y cuántos perdieron con la pandemia?
 
El INDEC mide la pobreza y la indigencia a través de una cuantificación de hogares y personas que se encuentran bajo la línea de pobreza (LP) y bajo la línea de Indigencia (LI). Esto es, de entrada, toda una decisión ya que existen otras maneras de medirla y sobre todo de comprender en forma multidimensional sus causas. La LP toma en consideración la condición de vida según ingresos e incorporan para su actualización el Índice de Precios al Consumidor.
 
La forma de medición es sencilla, a partir de la suma del total de ingresos de un hogar se analiza si tienen capacidad de satisfacer -por medio de la compra de bienes y servicios- un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales. Las necesidades alimentarias asumen la forma de una Canasta Básica de Alimentos, cuando esta se amplía, incluyendo bienes y servicios no alimentarios como vestimenta, transporte, educación, salud, se obtiene el valor de la canasta básica total.
 
Esta última define el ingreso estandarizado en la línea de pobreza, o sea, quienes reciben ingresos mayores a ese total son considerados no pobres, quienes no alcanzan ese valor, se consideran pobres. Los índices de pobreza e indigencia, se elaboran en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y el relevamiento se compara con el mismo período del año anterior.
 
El año pasado, durante el primer semestre, la pobreza alcanzaba a un 35,4% de la población del país. Significa que 1 de cada 3 personas, era pobre. Recientemente, en el primer semestre de 2020 la pobreza creció 5,5 puntos porcentuales más, o sea, los y las pobres representan un 40,9% en Argentina.
 
La indigencia en cambio, pasó de 7,7% en 2019 a un 10,5% de la población. Este dato es central porque se trata, ni más ni menos, que de la gente en el país que pasa hambre. Lo cierto es que de estos datos pensados en contexto pueden desprenderse algunas otras consideraciones:
 
En primer lugar, los datos de la actual medición muestran una mayor incidencia de la pobreza que de la indigencia. Esto es, la pobreza aumentó 5,5 puntos porcentuales mientras que la indigencia sólo 2,8 puntos.
 
Una de las posibles causas de este desacelere de la indigencia a nivel país, o sea, de la gente que pasa hambre, es la manutención de programas sociales gubernamentales que mitigaron los efectos de la crisis. La tarjeta alimentar tuvo un rol importante en este sentido, así como el IFE y las mejoras en las jubilaciones, la persistencia de la AUH, la ATP y la prohibición de despidos.
 
Ahora bien, los datos de la actual medición se recogieron a través de llamadas telefónicas. Es sabido que no es igual el muestreo via telefónica que el realizado cara a cara. La veracidad propia de una comunicación mediada, la disponibilidad de tiempo para responder por teléfono, la manutención de la propia llamada y el tener o no teléfono, son aspectos que restringen el margen de afirmaciones. Estos aspectos no son menores, sobre todo a los fines comparativos con el periodo equivalente del año anterior.
 
Y claro, la EPH actual, cuyos resultados se dieron a conocer, son semestrales, contemplando información relativa al primer trimestre del 2020 y al segundo trimestre del mismo año. Una fracción de tiempo sin pandemia ni periodo ASPO y otro con medidas de aislamiento social.
 
Las ponderaciones, percepciones y disposición a la hora de responder a funcionarios de una institución que realiza mediciones oficiales fluctúan, se vinculan a otras percepciones propias del encierro y no reflejan necesariamente la misma veracidad de tiempos menos afectados.
 
Un dato interesante es que en el año 2016 se actualizaron a través de análisis del INDEC las Canastas de Alimentos Regionales en el país, precisando la información relativa al consumo y hábitos de las distintas provincias. Este cambio de metodología fue objeto de críticas, pues, impide mediciones que van en una línea temporal, más atrás que el años 2016 a los fines comparativos. Esto significa que es difícil obtener el dato de cuál es el año con mayor nivel de pobreza en una provincia específica, por ejemplo.
 
No obstante, un dato insoslayable y del todo crucial es que la mayor proporción de pobres de nuestro país, está en los niñxs de 0 a 14 años. El porcentaje de chiques pobres aumentó de 52,6% a 56,3% en tan sólo 12 meses.
 
Esto es de extrema gravedad, pues debería redefinir agendas y prioridades. Se trata de casi 6 de cada 10 niñes que compondrán en los próximos años la Población Económicamente Activa del país. Es una hipoteca del futuro pero además, un drama de cuerpos y cerebros en desarrollo.
 
Vale decir que de la medición de este primer semestre de 2020 se desprende un sector antes invisibilizado, y es una enorme cantidad de nuevos pobres. Son hombres y mujeres que atraviesan situaciones de pobreza por tener bajos ingresos, con hábitos de consumo y cultura propio de sectores medios. Este sector social guarda hábitos, disposiciones y proyecciones de futuro que hoy están en crisis. Analizarlos como grupo distintivo, parece ser la clave.
 
Finalmente, el aumento de personas que efectivamente está pasando hambre, sobre todo en Concordia y en el Conurbano bonaerense donde la incidencia de la indigencia aumentó un 7% debe necesariamente conducir a una toma de conciencia urgente respecto de la insuficiencia de políticas sociales aisladas y la necesidad de mayores y mejores políticas económicas que garanticen la inclusión social a través de empleo digno.
 
Organizaciones sociales, movimientos sociales y gobierno sólo pueden trabajar de manera complementaria en este sentido, redimensionando el peso de la crisis, jerarquizando agendas y analizando sin tapujos el tamaño de los problemas que enfrentamos.
 
Por Victoria Darling
 
Fuentes: El Destape y La Arena 
 

Agreganos como amigo a Facebook
31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

NicoSal soluciones web

© Copyright 2009 LA OPINIÓN POPULAR – www.laopinionpopular.com.ar - Todos los derechos reservados.

E-mail: contacto@laopinionpopular.com.ar