"Son casos muy excepcionales que toma la Corte, pero normalmente cuando la Corte estima -con su discrecionalidad- que hay un interés o una gravedad institucional toma el caso", indicó.
 
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Entre Ríos - 30-09-2020 / 11:09

Miguel Augusto Carlín: La Justicia Federal, con ese antro de Comodoro Py, necesita una modificación

Miguel Augusto Carlín: La Justicia Federal, con ese antro de Comodoro Py, necesita una modificación
El ex vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Miguel Augusto “Chacho” Carlín, analizó la realidad de la justicia argentina en el marco de la reforma judicial.
 
El ex vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Miguel Augusto "Chacho" Carlín, analizó la realidad de la justicia argentina en el marco de la reforma judicial que propone el gobierno nacional y las últimas instancias en relación con el traslado de jueces federales.
 
Se refirió a la situación de la Justicia Federal y el accionar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y explicó que "el per saltum no es una cosa nueva sino que la gestó Dromi en la década del '90 con la privatización de Aerolíneas Argentinas y después terminó siendo tomada por una reforma del Código Procesal de Capital y hoy el salto de instancia ya es una cosa regular, incluso procesalmente".
 
"Son casos muy excepcionales que toma la Corte, pero normalmente cuando la Corte estima -con su discrecionalidad- que hay un interés o una gravedad institucional toma el caso", indicó.
 
 
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Carlín analizó que en la justicia entrerriana "hay una dinámica muy distinta a la que había en la época en que integraba el Tribunal".
 
Recordó que "hace más de 12 años" que se jubiló y celebró que "la gente joven le ha impreso otro ritmo al funcionamiento de la justicia, que es interesante" aunque aclaró que desconoce "los detalles domésticos internos de funcionamiento del Tribunal y menos en lo logístico". "Me parece bien que haya gente capaz que esté moviendo los distintos procesos", resumió.
 
De todos modos, apuntó que "el traslado de jueces no es una cuestión nueva" y recordó: "El Consejo de la Magistratura local, estando yo en su integración hace unos cuatro años, resolvió varios casos de agentes fiscales, defensores e incluso de jueces, que ya tenían acuerdo senatorial y habían pedido el traslado para ejercer el mismo cargo en otro lugar, lo cual se denegó porque considerar que eso desnaturalizaba el sistema y el acuerdo era para un caso concreto".
 
Agregó que "la Acordada cuatro de 2018 citando a German Bidart Campos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el voto mayoritario de Lorenzetti, Rosatti y Maqueda dijeron que el acuerdo es para un cargo concreto de tal suerte que haría falta un nuevo acuerdo para el traslado de ese cargo".
 
"Esto no es una cuestión menor. El sistema instrumentado por el artículo 99 inciso cuarto impone que para el nombramiento de un juez haga falta la decisión del Consejo de la Magistratura, previo concurso, la elección por el Poder Ejecutivo de un candidato de una terna vinculante y el acuerdo senatorial. No se puede desnaturalizar eso con otro sistema", consideró.
 
También rememoró que "el primer caso que se dio en el último tiempo, que provocó la Acordada cuatro, ratificada por la Acordada siete de 2018, es cuando le inventaron una Sala nueve de un tribunal oral para que juzgara a Cristina Kirchner". "Esos desmanejos deben ser solucionados y una de las formas de solucionarlo es evitar que, por vía del traslado, se desnaturalice el sistema constitucional de nombramiento de jueces", explicitó.
 
 
Reforma judicial
 
Por otra parte, opinó que "está bien que haya una reforma" aunque aclaró: "No entro a hilar fino en todos los detalles y apreciaciones, y sobre todo si la creación de un montón de organismos es bueno o no".
 
"Lo cierto es que la situación de la Justicia Federal de Capital, con ese antro que es Comodoro Py, necesita tener una modificación", sentenció.
 
Al respecto, analizó que "la reforma de 1994 de la Constitución Nacional provoca un diseño del Consejo de la Magistratura destinado a evitar la partidización o la politización en el nombramiento de jueces, y el diseño que toma el Consejo de la magistratura en el artículo 114 de la Constitución Nacional es el más saludable porque se mantiene a nivel nacional la partidización en el funcionamiento y el manejo de los cargos nacionales".
 
"Eso no es bueno y parte de un error conceptual y esencial que ha sido el diseño que ha instrumentado por el 114 de la Constitución Nacional, y por esa situación errónea ninguna de las provincias ha tomado ese diseño de la carta fundamental", advirtió.
 
Marcó que "esto no es igual a lo que sucede en las provincias, y lo de Comodoro Py es una situación anómala y la intención de modificarlo no es una cuestión menor, sino que hace a la salud moral, institucional y jurídica del país".
 
"El tema de la designación de los jueces no deja de ser un tema de lucha por el poder, y cuando Argentina toma el artículo 99 de la Constitución española para crear el Consejo de la Magistratura local no toma el ejemplo más feliz sino probablemente el más discutible si lo que se quiere evitar es la partidización en el nombramiento de los funcionarios judiciales", refirió.
 
Finalmente, consideró que "para preservar la independencia del Poder Judicial, la Constitución reformada en el ´94 le quita potestades y facultades a la Corte y se las entrega a un órgano con un diseño muy peculiar como es el Consejo de la Magistratura".
 
Fuente: Análisis Digital
 
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Gracias a un auxilio inédito y extraordinario del Tesoro de los Estados Unidos, el gobierno de los Hermanos Milei ganó las elecciones, pero los problemas económicos siguen ahí y no se van a resolver solos: la inflación viene en alza, crece el desempleo y el poder adquisitivo está al límite. La dificultad es que La Libertad Avanza, con sus aliados, representa el 40 por ciento del 67 por ciento que votó, que es el 26 por ciento del padrón. El resultado es un país dividido de tres tercios: los libertarios y sus aliados, un poco menos el peronismo y sus aliados y un poco más el ausentismo. No es una ecuación que permita eliminar el diálogo como ejercicio democrático.
 
Pero el diálogo no figura en la caja de herramientas de Javier Milei. Su objetivo es la anulación o la destrucción del que no se subordina. Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) pidieron que el oficialismo construya estabilidad. El gobierno cumple esa exigencia con la demolición del que piensa diferente. La primera iniciativa postelectoral de Milei fue convocar a los gobernadores, pero dejó fuera a Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), excluyendo así no sólo a los que votaron por esos mandatarios, sino a la totalidad de sus gobernados. Fue un acto de discriminación ideológica como parte de su estrategia de destrucción de la oposición.
 
Al mismo tiempo, la invitación incluyó a gobernadores con cercanía al PJ (como los de Santiago del Estero y La Pampa) y a otros peronistas con posturas más distantes. En este contexto, resulta difícil vislumbrar un diálogo fructífero que permita a las provincias reclamar por temas fundamentales como las cajas de jubilaciones, las universidades, el boleto educativo, el crédito productivo o la obra pública. Más aún, cuando la premisa gubernamental es la aprobación total y sin reparos de sus imposiciones.
 
La reciente designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete ha generado inquietud entre gobernadores, quienes veían en Guillermo Francos un aliado para el diálogo con el Gobierno nacional. La salida de Francos y su círculo cercano indica un refuerzo de la línea dura de Karina Milei, socavando la posibilidad de una "nueva mayoría" oficialista en el Congreso. La hermana del Presidente nunca mostró inclinación alguna hacia la apertura o la convivencia con otras expresiones políticas. Y los resultados le dieron la razón.
 
De hecho, fue Karina, en su rol de arquitecta del armado electoral de La Libertad Avanza en todo el país, quien impulsó la estrategia de listas libertarias "puras" para las legislativas de medio término. Mandatarios provinciales advierten que no apoyarán sin cuestionamientos los proyectos clave del Gobierno, como el Presupuesto 2026 y las reformas: laboral, tributaria y del Código Penal. La discusión por los recursos será áspera, mientras Milei se enfrenta a demandas del FMI sobre control fiscal, complicando futuras negociaciones. ¿Qué hará Frigerio en ese marco?
 
Por medio de sus legisladores, los jefes de Estado provinciales se plantaron ante Milei y lograron sancionar una Ley para distribuir, bajo la fórmula de la coparticipación los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), pero fue vetada por el libertario. Hoy, a dos meses de que termine el año, aún quedan casi la mitad de los ATN sin repartir, según cálculos de la consultora Analytica. ¿Cuánto debe el gobierno nacional a las provincias? "El fondo de ATN recaudó $776.775 millones entre enero y octubre, lo que implica que aún restan $644.894 millones disponibles para distribuir", marcaron en el informe. Esa plata es parte del superávit que exhibe Milei, ya sea en el BNA o en el BCRA.
 
Son cifras a las que se llegaron luego de que en octubre cinco provincias recibieran giros por parte del Gobierno Nacional. En el mes de las elecciones, la Entre Ríos de Frigerio recibió solo $3.000 millones. Monedas, que no alcanzan a compensar el fuerte freno de la obra pública y la caída de las transferencias discrecionales que el Ejecutivo libertario mantiene congeladas desde diciembre de 2023. Los envíos acumulados del 2025 son los segundos más bajos para ese período desde el 2006. Un saqueo al interior federal.
 

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