Nacionales - 30-09-2020 / 10:09
MARCAN LA AGENDA QUE LA DERECHA PRETENDE IMPONER
Una Corte Suprema por encima de la Constitución
En un fallo que la coloca por encima de los otros poderes y de la propia Constitución, la Corte Suprema aceptó el per saltum presentado por los jueces trasladados a dedo por Macri. Aunque cede ante las presiones políticas y mediáticas y se arroga potestades casi “monárquicas” que prefiguran un posible conflicto con el poder Ejecutivo, aún no se pronunció sobre el fondo de la cuestión, como pretendía Rosenkrantz.
En el marco de la ofensiva de la derecha mediática, política y empresarial, los cinco jueces supremos dejaron de lado sus notorias diferencias para plantar una ficha en el tablero de la política. Con la decisión unánime de hacer lugar a un per saltum y congelar la situación de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli hasta definir el fondo de la cuestión el máximo tribunal se coloca en una posición supraconstitucional de árbitros institucionales, pasando por encima de los procedimientos previstos y la voluntad de los tres poderes del Estado sin haber acreditado una urgencia para hacerlo.
Incluso si la sentencia definitiva resuelve que los magistrados deben regresar a los cargos para los que tienen acuerdo, resultará que todo lo actuado por el Consejo de la Magistratura, el Senado, el Presidente de la Nación y los jueces y fiscales de instancias inferiores, siempre de acuerdo a las normas constitucionales, queda supeditado al capricho de una Corte que, cínicamente en nombre de la "República", se adjudica más poderes que los que establece la Constitución. Todo cimentado sobre una legitimidad que otorgan cero votos.
Si, por el contrario, falla a favor de los tres jueces que habían sido trasladados a dedo por Mauricio Macri, le darán un golpe mortal al esquema jurídico. Con ese antecedente, todos los cargos vacantes podrían cubrirse a dedo, prescindiendo de los concursos y del acuerdo del Senado, echando por tierra el procedimiento previsto por los constituyentes. En cualquiera de los casos, los cinco supremos se habrán arrogado más facultades que las que ya tienen, que no son escasas: un grosero avance sobre las instituciones.
En el gobierno no dudan de que el apuro que mostró el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y al que se plegaron los otros jueces del cuerpo es la prueba que delata el carácter político de la decisión que tomaron para defender la casta judicial. El hecho de que cuatro de los cinco asistieran al Palacio en lugar de acordar de manera telemática, tal como venían haciendo, también se leyó en el mismo sentido. Sabemos la Corte tenemos: una casta macrista, privilegiada y reaccionaria, hostil a todo interés popular.
"Las maniobras de presión surtieron efecto. Resulta sorprendente que la Corte vea gravedad institucional como para usar el per saltum en esta cuestión pero no hicieron nada durante los cuatro años que el Poder Judicial fue avasallado, persiguieron jueces, se afectaron derechos ciudadanos e incluso se atentó contra el sistema democrático a través de la persecución a opositores, el espionaje ilegal y un show de escuchas telefónicas que se filtraban de la propia Corte", dijo el secretario de Justicia, Juan Martín Mena.
Desde la oposición, los responsables de los tres partidos que conforman Juntos por el Cambio celebraron la intervención de la Corte Suprema repitiendo la letanía del republicanismo y la independencia de poderes. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, sostuvo que "la decisión del per saltum genera certezas" y el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, dijo que "la decisión de la Corte da un respiro democrático a nuestras instituciones". Elisa Carrió escribió descaradamente que "la república está muy, muy, muy feliz".
Por el contrario, desde el oficialismo fueron cautos y esperan el fallo que defina la cuestión de fondo, aunque la ministra de Justicia, Marcela Losardo, sentaría posición luego de evaluar el asunto con el Presidente. En la Casa Rosada no esperaban el resultado y deberán reajustar los próximos pasos antes de mover las fichas. Se agravó la preocupación por la excesiva influencia de ciertos factores de poder en el máximo tribunal. Es probable que esta decisión deje huellas.
La Opinión Popular
CÓMO FUE EL ACUERDO PARA ACEPTAR EL PER SALTUM Y CÓMO SIGUE LA CAUSA
La decisión de la Corte: una concesión a los jueces nombrados a dedo y una carta en la manga
Después de las presiones opositoras, la Corte Suprema resolvió aceptar el per saltum con efecto suspensivo solicitado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, quienes habían sido enviados a sus cargos de origen después de que el Congreso, órganos judiciales y el Ejecutivo consideraran irregulares sus traslados realizados por el gobierno de Macri.
El fallo fue interpretado como una muestra de poder ante el Gobierno, pero aún la Corte debe expedirse sobre la cuestión de fondo. Si bien la resolución fue unánime, los argumentos de los magistrados del máximo tribunal se diferenciaron. El presidente del cuerpo, Carlos Rosenkrantz, quedó solo y alineado con los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli.
La Corte Suprema hizo una demostración de fuerza frente al Gobierno al aceptar en forma unánime abrir el per saltum de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, que buscan que el tribunal convalide las designaciones por el mecanismo de traslado que los llevó a cargos claves de Comodoro Py sin acuerdo del Senado durante el gobierno de Mauricio Macri.
El tribunal aceptó tratar ese recurso excepcional, pero aún no resolvió nada sobre la discusión de fondo que atañe a la validez de los nombramientos en juego.
La decisión combina una cuota de concesión ante las presiones de la oposición política y sus medios afines en las últimas semanas, con una advertencia de que son ellos, los supremos, quienes en definitiva pueden tener la última palabra para disponer la suerte de las designaciones que el oficialismo en la Cámara alta y los decretos del Poder Ejecutivo dejaron sin efecto.
La sentencia acelera los tiempos, le prohíbe al Consejo de la Magistratura que reemplace a los jueces atrincherados e insinúa una posible decisión expeditiva, que aún no se sabe si será real o es sólo para tranquilizar a la tribuna y apaciguar escraches y protestas.
La Corte tiene acuerdo todos los martes, pero las características de éste en particular fueron forzadas por el presidente supremo, Carlos Rosenkrantz, que le dio carácter de "extraordinario" e impuso el tratamiento del tema del trío "BBC" para saltear instancias. Para su sorpresa, los otros cuatro integrantes del tribunal cerraron filas y decidieron aceptar el per saltum, aunque no lo hicieron exactamente con los mismos argumentos que él, que quedó abiertamente alineado con argumentos de los jueces que esperan conservar sus lugares en los tribunales de Retiro.
El plenario fue peculiar, según reconstruyó este diario: cuatro cortesanos estaban de cuerpo presente en el Palacio de Justicia, e incluso tuvieron pequeñas reuniones por separado, pero el acuerdo propiamente dicho se hizo por Zoom. Estaban allí, Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Elena Highton de Nolasco se quedó en su casa. Cerca del mediodía la decisión estaba firmada.
En el Gobierno la noticia causó desconcierto, fue leída como un golpe y una afrenta, pero con el correr de las horas algunos funcionarios y funcionarias intentaban poner una dosis de optimismo pensando en que todavía falta la definición central. La semana pasada Alberto Fernández había sido crítico con el tratamiento del per saltum, en especial con la ofensiva de Rosenkrantz.
El fallo de la Corte es cuidadoso con los términos: si bien no menciona ni al Senado ni al Poder Ejecutivo, que invalidaron los traslados de BBC, deja planteado tácitamente un conflicto de poderes.
Laberinto
Hasta la semana pasada la mayoría de los integrantes de la Corte dejaban entrever que preferían esperar a que la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo fallara sobre los amparos presentados por Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Los dos primeros estaban en la Sala V, el otro en la Sala III. No veían urgencia ni gravedad para apurarse. Pero después de las presiones por los medios y del escrache a Lorenzetti el fin de semana, parece que el escenario cambió.
El argumento que aparece en el fallo es que "las circunstancias originarias se han modificado a la luz de acontecimientos sobrevinientes que implican pasos concretos destinados a obtener la inmediata ejecución de las medidas impugnadas, con el riesgo cierto de tornar ilusorio el derecho cuya tutela procuran los actores privándolos de un acceso efectivo a justicia".
Es un poco borrosa esa definición. La Corte pone foco en la posibilidad de que el Consejo de la Magistratura --el primer órgano que consideró inválidos los traslados-- avance en cubrir vacantes en la Cámara Federal, donde estaban trasladados Bruglia y Bertuzzi, ya que estaba abierto el concurso para otros dos cargos (los que tuvieron Eduardo y Horacio Cattani).
Para esos puestos ya hay un orden de mérito, pero el Consejo no descartaba ampliar el concurso a los otros dos cargos, que originalmente ocuparon Jorge Ballesteros y Eduardo Farah. Este último le pidió al Senado volver al tribunal, por lo que el enredo es mayor aún, porque su caso está en veremos.
El otro argumento, algo curioso, que dio la Corte, es que el "planteo constitucional ventilado en estas actuaciones excede el mero interés de las partes en el presente proceso y atañe al de la comunidad, desde que está en juego a interpretación constitucional de los traslados de jueces federales".
"El recurso concierne de modo directo a los procedimientos constitucionales que regulan la integración de los tribunales que --conforme ha señalado esta Corte-- han sido inspirados en móviles superiores de elevada política institucional, con el objeto de impedir el predominio de intereses subalternos sobre el interés supremo de la justicia y de la ley", dice y también habla de "la aspiración de contar con una magistratura independiente e imparcial". Ese es justamente un punto clave de la discusión: si los Gobiernos pueden sacar y poner jueces a su antojo de distintos cargos.
En tribunales había quienes no terminaban de interpretar el interés comunitario aludido por la Corte, incluso teniendo en cuenta que a ninguno de los jueces se los estaría dejando sin cargo ni trabajo. Hasta ahora lo que ocurrió fue que el Consejo evaluó que sus traslados y los de otros siete jueces y juezas eran inválidos porque no se había cumplido con el proceso complejo y completo de designación, que requiere acuerdo del Senado.
A la vez, una votación de 41 senadores/as rechazó los traslados del tridente BBC en parte porque tampoco cumplieron con la presentación a la audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos, luego el Poder Ejecutivo rechazara sus traslados por decreto, la Cámara de Casación consintió esas disposiciones y los mandó a sus tribunales de origen, lo mismo interpretó la Cámara Federal y en el fuero contencioso administrativo hasta ahora les habían rechazado todos sus planteos.
Hoy Bruglia, Bertuzzi y Castelli tienen licencias concedidas en los tribunales donde trabajaban antes de ser trasladados por el gobierno de Macri. Los dos primeros tiene 10 días hábiles desde el 23 de septiembre y el tercero tiene hasta el 6 de octubre. Todo apuntaría a que estas licencias duren mientras esperan la resolución de fondo.
Los argumentos
* Lo concreto es que la decisión la Corte confluye en admitir el recurso per saltum porque habría cuestiones irreparables en juego. Le pide a la Cámara en lo Contencioso el expediente (que es digital), con lo cual ese tribunal ahora ya no puede resolver nada, o si podrá a futuro dependerá de lo que diga la Corte. Ya fue designada por sorteo la jueza Clara Do Pico para desempatar entre Jorge Alemany y Guillero Treacy, pero no se sabe cómo seguirá la historia.
* Al admitir el per saltum los jueces dicen que no necesitan dictar ninguna medida cautelar ya que queda automáticamente suspendido el amparo anterior, que los jueces de primera instancia dictaron contra el trío BBC.
* Al Consejo de la Magistratura los supremos le advierten que no puede "llevar adelante actos de ejecución de la resolución 183/202 cuya validez se cuestiona" y que es la que había declarado que una decena de traslados habían sido irregulares, y son los que quedaron en manos del análisis del Senado. Es decir, sostiene que el Consejo no puede avanzar con reemplazos en los lugares que ocupaban Bruglia y Bertuzzi.
* También le corre traslado al Consejo, como parte demandada, para que en 48 horas responda con su postura. El mismo plazo le da al procurador interino Eduardo Casal, para que dictamine.
* Desde uno de los despachos supremos subrayaron que la Corte no opinó sobre el fondo pero se esmeró en sacar una decisión unánime y que la intención es dar seguridad y previsibilidad en las reglas del juego. El último per saltum antes de este contra una sentencia de primera instancia fue en 2013 y sirvió para declarar inconstitucional la reforma judicial que había impulsado Cristina Fernández de Kirchner. En ese caso, había un cronograma electoral de por medio que impactaba en la composición del Consejo, que imponía una urgencia.
* La Corte desliza que su intención es expedirse pronto, posiblemente la semana que viene. Es un misterio el cómo. Declarar válidos o inválidos los traslados no sería la única variante. En el Gobierno hay quienes creen que podría evaluar si los traslados son permanentes o no, y habilitar así que los cargos sean concursados.
El voto de Rosenkrantz
El voto de Rosenkrantz, el único que de entrada mostró sus cartas a favor del reclamo de los jueces BBC, además de hacer lugar al per saltum acerca argumentos que parecen adelantar su idea de fondo, coincidente con la del trío: dice que puede estar en juego la "garantía de inamovilidad" y que no sólo se trata de una discusión sobre los traslados sino sobre su "revisión retroactiva".
Uno de los argumentos de los jueces en cuestión es que tienen "derechos adquiridos". Más allá de la discusión jurídica, es impresionante como las presiones desde distintos ámbitos han logrado transformar una debate sobre cargos en una gran discusión política movida por intereses mediáticos. La Corte también tiene pendiente la cautelar del gobierno porteño por la coparticipación.
Por Irina Hauser
Por Nicolás Lantos
Fuentes: Página12 y El Destape