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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 30-09-2020 / 10:09
MARCAN LA AGENDA QUE LA DERECHA PRETENDE IMPONER

Una Corte Suprema por encima de la Constitución

Una Corte Suprema por encima de la Constitución
En un fallo que la coloca por encima de los otros poderes y de la propia Constitución, la Corte Suprema aceptó el per saltum presentado por los jueces trasladados a dedo por Macri. Aunque cede ante las presiones políticas y mediáticas y se arroga potestades casi “monárquicas” que prefiguran un posible conflicto con el poder Ejecutivo, aún no se pronunció sobre el fondo de la cuestión, como pretendía Rosenkrantz.
En el marco de la ofensiva de la derecha mediática, política y empresarial, los cinco jueces supremos dejaron de lado sus notorias diferencias para plantar una ficha en el tablero de la política. Con la decisión unánime de hacer lugar a un per saltum y congelar la situación de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli hasta definir el fondo de la cuestión el máximo tribunal se coloca en una posición supraconstitucional de árbitros institucionales, pasando por encima de los procedimientos previstos y la voluntad de los tres poderes del Estado sin haber acreditado una urgencia para hacerlo.
 
Incluso si la sentencia definitiva resuelve que los magistrados deben regresar a los cargos para los que tienen acuerdo, resultará que todo lo actuado por el Consejo de la Magistratura, el Senado, el Presidente de la Nación y los jueces y fiscales de instancias inferiores, siempre de acuerdo a las normas constitucionales, queda supeditado al capricho de una Corte que, cínicamente en nombre de la "República", se adjudica más poderes que los que establece la Constitución. Todo cimentado sobre una legitimidad que otorgan cero votos.
 
Si, por el contrario, falla a favor de los tres jueces que habían sido trasladados a dedo por Mauricio Macri, le darán un golpe mortal al esquema jurídico. Con ese antecedente, todos los cargos vacantes podrían cubrirse a dedo, prescindiendo de los concursos y del acuerdo del Senado, echando por tierra el procedimiento previsto por los constituyentes. En cualquiera de los casos, los cinco supremos se habrán arrogado más facultades que las que ya tienen, que no son escasas: un grosero avance sobre las instituciones.
 
En el gobierno no dudan de que el apuro que mostró el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y al que se plegaron los otros jueces del cuerpo es la prueba que delata el carácter político de la decisión que tomaron para defender la casta judicial. El hecho de que cuatro de los cinco asistieran al Palacio en lugar de acordar de manera telemática, tal como venían haciendo, también se leyó en el mismo sentido. Sabemos la Corte tenemos: una casta macrista, privilegiada y reaccionaria, hostil a todo interés popular.
 

 
"Las maniobras de presión surtieron efecto. Resulta sorprendente que la Corte vea gravedad institucional como para usar el per saltum en esta cuestión pero no hicieron nada durante los cuatro años que el Poder Judicial fue avasallado, persiguieron jueces, se afectaron derechos ciudadanos e incluso se atentó contra el sistema democrático a través de la persecución a opositores, el espionaje ilegal y un show de escuchas telefónicas que se filtraban de la propia Corte", dijo el secretario de Justicia, Juan Martín Mena.
 
Desde la oposición, los responsables de los tres partidos que conforman Juntos por el Cambio celebraron la intervención de la Corte Suprema repitiendo la letanía del republicanismo y la independencia de poderes. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, sostuvo que "la decisión del per saltum genera certezas" y el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, dijo que "la decisión de la Corte da un respiro democrático a nuestras instituciones". Elisa Carrió escribió descaradamente que "la república está muy, muy, muy feliz".
 
Por el contrario, desde el oficialismo fueron cautos y esperan el fallo que defina la cuestión de fondo, aunque la ministra de Justicia, Marcela Losardo, sentaría posición luego de evaluar el asunto con el Presidente. En la Casa Rosada no esperaban el resultado y deberán reajustar los próximos pasos antes de mover las fichas. Se agravó la preocupación por la excesiva influencia de ciertos factores de poder en el máximo tribunal. Es probable que esta decisión deje huellas.
 
La Opinión Popular
 
 
CÓMO FUE EL ACUERDO PARA ACEPTAR EL PER SALTUM Y CÓMO SIGUE LA CAUSA
 
La decisión de la Corte: una concesión a los jueces nombrados a dedo y una carta en la manga
 
Después de las presiones opositoras, la Corte Suprema resolvió aceptar el per saltum con efecto suspensivo solicitado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, quienes habían sido enviados a sus cargos de origen después de que el Congreso, órganos judiciales y el Ejecutivo consideraran irregulares sus traslados realizados por el gobierno de Macri.
 
El fallo fue interpretado como una muestra de poder ante el Gobierno, pero aún la Corte debe expedirse sobre la cuestión de fondo. Si bien la resolución fue unánime, los argumentos de los magistrados del máximo tribunal se diferenciaron. El presidente del cuerpo, Carlos Rosenkrantz, quedó solo y alineado con los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli.
 
La Corte Suprema hizo una demostración de fuerza frente al Gobierno al aceptar en forma unánime abrir el per saltum de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, que buscan que el tribunal convalide las designaciones por el mecanismo de traslado que los llevó a cargos claves de Comodoro Py sin acuerdo del Senado durante el gobierno de Mauricio Macri.
 
El tribunal aceptó tratar ese recurso excepcional, pero aún no resolvió nada sobre la discusión de fondo que atañe a la validez de los nombramientos en juego.
 
La decisión combina una cuota de concesión ante las presiones de la oposición política y sus medios afines en las últimas semanas, con una advertencia de que son ellos, los supremos, quienes en definitiva pueden tener la última palabra para disponer la suerte de las designaciones que el oficialismo en la Cámara alta y los decretos del Poder Ejecutivo dejaron sin efecto.
 
La sentencia acelera los tiempos, le prohíbe al Consejo de la Magistratura que reemplace a los jueces atrincherados e insinúa una posible decisión expeditiva, que aún no se sabe si será real o es sólo para tranquilizar a la tribuna y apaciguar escraches y protestas.
 
La Corte tiene acuerdo todos los martes, pero las características de éste en particular fueron forzadas por el presidente supremo, Carlos Rosenkrantz, que le dio carácter de "extraordinario" e impuso el tratamiento del tema del trío "BBC" para saltear instancias. Para su sorpresa, los otros cuatro integrantes del tribunal cerraron filas y decidieron aceptar el per saltum, aunque no lo hicieron exactamente con los mismos argumentos que él, que quedó abiertamente alineado con argumentos de los jueces que esperan conservar sus lugares en los tribunales de Retiro.
 
El plenario fue peculiar, según reconstruyó este diario: cuatro cortesanos estaban de cuerpo presente en el Palacio de Justicia, e incluso tuvieron pequeñas reuniones por separado, pero el acuerdo propiamente dicho se hizo por Zoom. Estaban allí, Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Elena Highton de Nolasco se quedó en su casa. Cerca del mediodía la decisión estaba firmada.
 
En el Gobierno la noticia causó desconcierto, fue leída como un golpe y una afrenta, pero con el correr de las horas algunos funcionarios y funcionarias intentaban poner una dosis de optimismo pensando en que todavía falta la definición central. La semana pasada Alberto Fernández había sido crítico con el tratamiento del per saltum, en especial con la ofensiva de Rosenkrantz.
 
El fallo de la Corte es cuidadoso con los términos: si bien no menciona ni al Senado ni al Poder Ejecutivo, que invalidaron los traslados de BBC, deja planteado tácitamente un conflicto de poderes.
 
 
Laberinto
  
Hasta la semana pasada la mayoría de los integrantes de la Corte dejaban entrever que preferían esperar a que la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo fallara sobre los amparos presentados por Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Los dos primeros estaban en la Sala V, el otro en la Sala III. No veían urgencia ni gravedad para apurarse. Pero después de las presiones por los medios y del escrache a Lorenzetti el fin de semana, parece que el escenario cambió.
 
El argumento que aparece en el fallo es que "las circunstancias originarias se han modificado a la luz de acontecimientos sobrevinientes que implican pasos concretos destinados a obtener la inmediata ejecución de las medidas impugnadas, con el riesgo cierto de tornar ilusorio el derecho cuya tutela procuran los actores privándolos de un acceso efectivo a justicia".
 
Es un poco borrosa esa definición. La Corte pone foco en la posibilidad de que el Consejo de la Magistratura --el primer órgano que consideró inválidos los traslados-- avance en cubrir vacantes en la Cámara Federal, donde estaban trasladados Bruglia y Bertuzzi, ya que estaba abierto el concurso para otros dos cargos (los que tuvieron Eduardo y Horacio Cattani).
 
Para esos puestos ya hay un orden de mérito, pero el Consejo no descartaba ampliar el concurso a los otros dos cargos, que originalmente ocuparon Jorge Ballesteros y Eduardo Farah. Este último le pidió al Senado volver al tribunal, por lo que el enredo es mayor aún, porque su caso está en veremos.
 
El otro argumento, algo curioso, que dio la Corte, es que el "planteo constitucional ventilado en estas actuaciones excede el mero interés de las partes en el presente proceso y atañe al de la comunidad, desde que está en juego a interpretación constitucional de los traslados de jueces federales".
 
"El recurso concierne de modo directo a los procedimientos constitucionales que regulan la integración de los tribunales que --conforme ha señalado esta Corte-- han sido inspirados en móviles superiores de elevada política institucional, con el objeto de impedir el predominio de intereses subalternos sobre el interés supremo de la justicia y de la ley", dice y también habla de "la aspiración de contar con una magistratura independiente e imparcial". Ese es justamente un punto clave de la discusión: si los Gobiernos pueden sacar y poner jueces a su antojo de distintos cargos.
 
En tribunales había quienes no terminaban de interpretar el interés comunitario aludido por la Corte, incluso teniendo en cuenta que a ninguno de los jueces se los estaría dejando sin cargo ni trabajo. Hasta ahora lo que ocurrió fue que el Consejo evaluó que sus traslados y los de otros siete jueces y juezas eran inválidos porque no se había cumplido con el proceso complejo y completo de designación, que requiere acuerdo del Senado.
 
A la vez, una votación de 41 senadores/as rechazó los traslados del tridente BBC en parte porque tampoco cumplieron con la presentación a la audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos, luego el Poder Ejecutivo rechazara sus traslados por decreto, la Cámara de Casación consintió esas disposiciones y los mandó a sus tribunales de origen, lo mismo interpretó la Cámara Federal y en el fuero contencioso administrativo hasta ahora les habían rechazado todos sus planteos.
 
Hoy Bruglia, Bertuzzi y Castelli tienen licencias concedidas en los tribunales donde trabajaban antes de ser trasladados por el gobierno de Macri. Los dos primeros tiene 10 días hábiles desde el 23 de septiembre y el tercero tiene hasta el 6 de octubre. Todo apuntaría a que estas licencias duren mientras esperan la resolución de fondo.
 
 
Los argumentos
  
* Lo concreto es que la decisión la Corte confluye en admitir el recurso per saltum porque habría cuestiones irreparables en juego. Le pide a la Cámara en lo Contencioso el expediente (que es digital), con lo cual ese tribunal ahora ya no puede resolver nada, o si podrá a futuro dependerá de lo que diga la Corte. Ya fue designada por sorteo la jueza Clara Do Pico para desempatar entre Jorge Alemany y Guillero Treacy, pero no se sabe cómo seguirá la historia.
 
* Al admitir el per saltum los jueces dicen que no necesitan dictar ninguna medida cautelar ya que queda automáticamente suspendido el amparo anterior, que los jueces de primera instancia dictaron contra el trío BBC.
 
* Al Consejo de la Magistratura los supremos le advierten que no puede "llevar adelante actos de ejecución de la resolución 183/202 cuya validez se cuestiona" y que es la que había declarado que una decena de traslados habían sido irregulares, y son los que quedaron en manos del análisis del Senado. Es decir, sostiene que el Consejo no puede avanzar con reemplazos en los lugares que ocupaban Bruglia y Bertuzzi.
 
* También le corre traslado al Consejo, como parte demandada, para que en 48 horas responda con su postura. El mismo plazo le da al procurador interino Eduardo Casal, para que dictamine.
 
* Desde uno de los despachos supremos subrayaron que la Corte no opinó sobre el fondo pero se esmeró en sacar una decisión unánime y que la intención es dar seguridad y previsibilidad en las reglas del juego. El último per saltum antes de este contra una sentencia de primera instancia fue en 2013 y sirvió para declarar inconstitucional la reforma judicial que había impulsado Cristina Fernández de Kirchner. En ese caso, había un cronograma electoral de por medio que impactaba en la composición del Consejo, que imponía una urgencia.
 
* La Corte desliza que su intención es expedirse pronto, posiblemente la semana que viene. Es un misterio el cómo. Declarar válidos o inválidos los traslados no sería la única variante. En el Gobierno hay quienes creen que podría evaluar si los traslados son permanentes o no, y habilitar así que los cargos sean concursados.
 
 
El voto de Rosenkrantz
 
El voto de Rosenkrantz, el único que de entrada mostró sus cartas a favor del reclamo de los jueces BBC, además de hacer lugar al per saltum acerca argumentos que parecen adelantar su idea de fondo, coincidente con la del trío: dice que puede estar en juego la "garantía de inamovilidad" y que no sólo se trata de una discusión sobre los traslados sino sobre su "revisión retroactiva".
 
Uno de los argumentos de los jueces en cuestión es que tienen "derechos adquiridos". Más allá de la discusión jurídica, es impresionante como las presiones desde distintos ámbitos han logrado transformar una debate sobre cargos en una gran discusión política movida por intereses mediáticos. La Corte también tiene pendiente la cautelar del gobierno porteño por la coparticipación.
 
Por Irina Hauser
Por Nicolás Lantos
 
Fuentes: Página12 y El Destape
 

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21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

19-12-2025 / 10:12
La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional.  El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.
 
"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.
 
Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.
 
Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.
 
Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.
 
El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.
 
Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.
 
La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.
 
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18-12-2025 / 08:12
Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.
 
El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.
 
Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.
 
Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.
 
Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
 
A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.
 
Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".
 
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17-12-2025 / 09:12
A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.
 
En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
 
Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
 
De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.
 
Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.
 
Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.
 
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.
 
Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.
 

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