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Nacionales - 30-09-2020 / 10:09
MARCAN LA AGENDA QUE LA DERECHA PRETENDE IMPONER

Una Corte Suprema por encima de la Constitución

Una Corte Suprema por encima de la Constitución
En un fallo que la coloca por encima de los otros poderes y de la propia Constitución, la Corte Suprema aceptó el per saltum presentado por los jueces trasladados a dedo por Macri. Aunque cede ante las presiones políticas y mediáticas y se arroga potestades casi “monárquicas” que prefiguran un posible conflicto con el poder Ejecutivo, aún no se pronunció sobre el fondo de la cuestión, como pretendía Rosenkrantz.
En el marco de la ofensiva de la derecha mediática, política y empresarial, los cinco jueces supremos dejaron de lado sus notorias diferencias para plantar una ficha en el tablero de la política. Con la decisión unánime de hacer lugar a un per saltum y congelar la situación de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli hasta definir el fondo de la cuestión el máximo tribunal se coloca en una posición supraconstitucional de árbitros institucionales, pasando por encima de los procedimientos previstos y la voluntad de los tres poderes del Estado sin haber acreditado una urgencia para hacerlo.
 
Incluso si la sentencia definitiva resuelve que los magistrados deben regresar a los cargos para los que tienen acuerdo, resultará que todo lo actuado por el Consejo de la Magistratura, el Senado, el Presidente de la Nación y los jueces y fiscales de instancias inferiores, siempre de acuerdo a las normas constitucionales, queda supeditado al capricho de una Corte que, cínicamente en nombre de la "República", se adjudica más poderes que los que establece la Constitución. Todo cimentado sobre una legitimidad que otorgan cero votos.
 
Si, por el contrario, falla a favor de los tres jueces que habían sido trasladados a dedo por Mauricio Macri, le darán un golpe mortal al esquema jurídico. Con ese antecedente, todos los cargos vacantes podrían cubrirse a dedo, prescindiendo de los concursos y del acuerdo del Senado, echando por tierra el procedimiento previsto por los constituyentes. En cualquiera de los casos, los cinco supremos se habrán arrogado más facultades que las que ya tienen, que no son escasas: un grosero avance sobre las instituciones.
 
En el gobierno no dudan de que el apuro que mostró el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y al que se plegaron los otros jueces del cuerpo es la prueba que delata el carácter político de la decisión que tomaron para defender la casta judicial. El hecho de que cuatro de los cinco asistieran al Palacio en lugar de acordar de manera telemática, tal como venían haciendo, también se leyó en el mismo sentido. Sabemos la Corte tenemos: una casta macrista, privilegiada y reaccionaria, hostil a todo interés popular.
 

 
"Las maniobras de presión surtieron efecto. Resulta sorprendente que la Corte vea gravedad institucional como para usar el per saltum en esta cuestión pero no hicieron nada durante los cuatro años que el Poder Judicial fue avasallado, persiguieron jueces, se afectaron derechos ciudadanos e incluso se atentó contra el sistema democrático a través de la persecución a opositores, el espionaje ilegal y un show de escuchas telefónicas que se filtraban de la propia Corte", dijo el secretario de Justicia, Juan Martín Mena.
 
Desde la oposición, los responsables de los tres partidos que conforman Juntos por el Cambio celebraron la intervención de la Corte Suprema repitiendo la letanía del republicanismo y la independencia de poderes. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, sostuvo que "la decisión del per saltum genera certezas" y el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, dijo que "la decisión de la Corte da un respiro democrático a nuestras instituciones". Elisa Carrió escribió descaradamente que "la república está muy, muy, muy feliz".
 
Por el contrario, desde el oficialismo fueron cautos y esperan el fallo que defina la cuestión de fondo, aunque la ministra de Justicia, Marcela Losardo, sentaría posición luego de evaluar el asunto con el Presidente. En la Casa Rosada no esperaban el resultado y deberán reajustar los próximos pasos antes de mover las fichas. Se agravó la preocupación por la excesiva influencia de ciertos factores de poder en el máximo tribunal. Es probable que esta decisión deje huellas.
 
La Opinión Popular
 
 
CÓMO FUE EL ACUERDO PARA ACEPTAR EL PER SALTUM Y CÓMO SIGUE LA CAUSA
 
La decisión de la Corte: una concesión a los jueces nombrados a dedo y una carta en la manga
 
Después de las presiones opositoras, la Corte Suprema resolvió aceptar el per saltum con efecto suspensivo solicitado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, quienes habían sido enviados a sus cargos de origen después de que el Congreso, órganos judiciales y el Ejecutivo consideraran irregulares sus traslados realizados por el gobierno de Macri.
 
El fallo fue interpretado como una muestra de poder ante el Gobierno, pero aún la Corte debe expedirse sobre la cuestión de fondo. Si bien la resolución fue unánime, los argumentos de los magistrados del máximo tribunal se diferenciaron. El presidente del cuerpo, Carlos Rosenkrantz, quedó solo y alineado con los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli.
 
La Corte Suprema hizo una demostración de fuerza frente al Gobierno al aceptar en forma unánime abrir el per saltum de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, que buscan que el tribunal convalide las designaciones por el mecanismo de traslado que los llevó a cargos claves de Comodoro Py sin acuerdo del Senado durante el gobierno de Mauricio Macri.
 
El tribunal aceptó tratar ese recurso excepcional, pero aún no resolvió nada sobre la discusión de fondo que atañe a la validez de los nombramientos en juego.
 
La decisión combina una cuota de concesión ante las presiones de la oposición política y sus medios afines en las últimas semanas, con una advertencia de que son ellos, los supremos, quienes en definitiva pueden tener la última palabra para disponer la suerte de las designaciones que el oficialismo en la Cámara alta y los decretos del Poder Ejecutivo dejaron sin efecto.
 
La sentencia acelera los tiempos, le prohíbe al Consejo de la Magistratura que reemplace a los jueces atrincherados e insinúa una posible decisión expeditiva, que aún no se sabe si será real o es sólo para tranquilizar a la tribuna y apaciguar escraches y protestas.
 
La Corte tiene acuerdo todos los martes, pero las características de éste en particular fueron forzadas por el presidente supremo, Carlos Rosenkrantz, que le dio carácter de "extraordinario" e impuso el tratamiento del tema del trío "BBC" para saltear instancias. Para su sorpresa, los otros cuatro integrantes del tribunal cerraron filas y decidieron aceptar el per saltum, aunque no lo hicieron exactamente con los mismos argumentos que él, que quedó abiertamente alineado con argumentos de los jueces que esperan conservar sus lugares en los tribunales de Retiro.
 
El plenario fue peculiar, según reconstruyó este diario: cuatro cortesanos estaban de cuerpo presente en el Palacio de Justicia, e incluso tuvieron pequeñas reuniones por separado, pero el acuerdo propiamente dicho se hizo por Zoom. Estaban allí, Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Elena Highton de Nolasco se quedó en su casa. Cerca del mediodía la decisión estaba firmada.
 
En el Gobierno la noticia causó desconcierto, fue leída como un golpe y una afrenta, pero con el correr de las horas algunos funcionarios y funcionarias intentaban poner una dosis de optimismo pensando en que todavía falta la definición central. La semana pasada Alberto Fernández había sido crítico con el tratamiento del per saltum, en especial con la ofensiva de Rosenkrantz.
 
El fallo de la Corte es cuidadoso con los términos: si bien no menciona ni al Senado ni al Poder Ejecutivo, que invalidaron los traslados de BBC, deja planteado tácitamente un conflicto de poderes.
 
 
Laberinto
  
Hasta la semana pasada la mayoría de los integrantes de la Corte dejaban entrever que preferían esperar a que la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo fallara sobre los amparos presentados por Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Los dos primeros estaban en la Sala V, el otro en la Sala III. No veían urgencia ni gravedad para apurarse. Pero después de las presiones por los medios y del escrache a Lorenzetti el fin de semana, parece que el escenario cambió.
 
El argumento que aparece en el fallo es que "las circunstancias originarias se han modificado a la luz de acontecimientos sobrevinientes que implican pasos concretos destinados a obtener la inmediata ejecución de las medidas impugnadas, con el riesgo cierto de tornar ilusorio el derecho cuya tutela procuran los actores privándolos de un acceso efectivo a justicia".
 
Es un poco borrosa esa definición. La Corte pone foco en la posibilidad de que el Consejo de la Magistratura --el primer órgano que consideró inválidos los traslados-- avance en cubrir vacantes en la Cámara Federal, donde estaban trasladados Bruglia y Bertuzzi, ya que estaba abierto el concurso para otros dos cargos (los que tuvieron Eduardo y Horacio Cattani).
 
Para esos puestos ya hay un orden de mérito, pero el Consejo no descartaba ampliar el concurso a los otros dos cargos, que originalmente ocuparon Jorge Ballesteros y Eduardo Farah. Este último le pidió al Senado volver al tribunal, por lo que el enredo es mayor aún, porque su caso está en veremos.
 
El otro argumento, algo curioso, que dio la Corte, es que el "planteo constitucional ventilado en estas actuaciones excede el mero interés de las partes en el presente proceso y atañe al de la comunidad, desde que está en juego a interpretación constitucional de los traslados de jueces federales".
 
"El recurso concierne de modo directo a los procedimientos constitucionales que regulan la integración de los tribunales que --conforme ha señalado esta Corte-- han sido inspirados en móviles superiores de elevada política institucional, con el objeto de impedir el predominio de intereses subalternos sobre el interés supremo de la justicia y de la ley", dice y también habla de "la aspiración de contar con una magistratura independiente e imparcial". Ese es justamente un punto clave de la discusión: si los Gobiernos pueden sacar y poner jueces a su antojo de distintos cargos.
 
En tribunales había quienes no terminaban de interpretar el interés comunitario aludido por la Corte, incluso teniendo en cuenta que a ninguno de los jueces se los estaría dejando sin cargo ni trabajo. Hasta ahora lo que ocurrió fue que el Consejo evaluó que sus traslados y los de otros siete jueces y juezas eran inválidos porque no se había cumplido con el proceso complejo y completo de designación, que requiere acuerdo del Senado.
 
A la vez, una votación de 41 senadores/as rechazó los traslados del tridente BBC en parte porque tampoco cumplieron con la presentación a la audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos, luego el Poder Ejecutivo rechazara sus traslados por decreto, la Cámara de Casación consintió esas disposiciones y los mandó a sus tribunales de origen, lo mismo interpretó la Cámara Federal y en el fuero contencioso administrativo hasta ahora les habían rechazado todos sus planteos.
 
Hoy Bruglia, Bertuzzi y Castelli tienen licencias concedidas en los tribunales donde trabajaban antes de ser trasladados por el gobierno de Macri. Los dos primeros tiene 10 días hábiles desde el 23 de septiembre y el tercero tiene hasta el 6 de octubre. Todo apuntaría a que estas licencias duren mientras esperan la resolución de fondo.
 
 
Los argumentos
  
* Lo concreto es que la decisión la Corte confluye en admitir el recurso per saltum porque habría cuestiones irreparables en juego. Le pide a la Cámara en lo Contencioso el expediente (que es digital), con lo cual ese tribunal ahora ya no puede resolver nada, o si podrá a futuro dependerá de lo que diga la Corte. Ya fue designada por sorteo la jueza Clara Do Pico para desempatar entre Jorge Alemany y Guillero Treacy, pero no se sabe cómo seguirá la historia.
 
* Al admitir el per saltum los jueces dicen que no necesitan dictar ninguna medida cautelar ya que queda automáticamente suspendido el amparo anterior, que los jueces de primera instancia dictaron contra el trío BBC.
 
* Al Consejo de la Magistratura los supremos le advierten que no puede "llevar adelante actos de ejecución de la resolución 183/202 cuya validez se cuestiona" y que es la que había declarado que una decena de traslados habían sido irregulares, y son los que quedaron en manos del análisis del Senado. Es decir, sostiene que el Consejo no puede avanzar con reemplazos en los lugares que ocupaban Bruglia y Bertuzzi.
 
* También le corre traslado al Consejo, como parte demandada, para que en 48 horas responda con su postura. El mismo plazo le da al procurador interino Eduardo Casal, para que dictamine.
 
* Desde uno de los despachos supremos subrayaron que la Corte no opinó sobre el fondo pero se esmeró en sacar una decisión unánime y que la intención es dar seguridad y previsibilidad en las reglas del juego. El último per saltum antes de este contra una sentencia de primera instancia fue en 2013 y sirvió para declarar inconstitucional la reforma judicial que había impulsado Cristina Fernández de Kirchner. En ese caso, había un cronograma electoral de por medio que impactaba en la composición del Consejo, que imponía una urgencia.
 
* La Corte desliza que su intención es expedirse pronto, posiblemente la semana que viene. Es un misterio el cómo. Declarar válidos o inválidos los traslados no sería la única variante. En el Gobierno hay quienes creen que podría evaluar si los traslados son permanentes o no, y habilitar así que los cargos sean concursados.
 
 
El voto de Rosenkrantz
 
El voto de Rosenkrantz, el único que de entrada mostró sus cartas a favor del reclamo de los jueces BBC, además de hacer lugar al per saltum acerca argumentos que parecen adelantar su idea de fondo, coincidente con la del trío: dice que puede estar en juego la "garantía de inamovilidad" y que no sólo se trata de una discusión sobre los traslados sino sobre su "revisión retroactiva".
 
Uno de los argumentos de los jueces en cuestión es que tienen "derechos adquiridos". Más allá de la discusión jurídica, es impresionante como las presiones desde distintos ámbitos han logrado transformar una debate sobre cargos en una gran discusión política movida por intereses mediáticos. La Corte también tiene pendiente la cautelar del gobierno porteño por la coparticipación.
 
Por Irina Hauser
Por Nicolás Lantos
 
Fuentes: Página12 y El Destape
 

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10-02-2026 / 11:02
El Senado tratará el miércoles el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier "el Loco" Milei, cuestionado por sectores opositores por su avanzada brutal contra los derechos de los trabajadores. Pero los focos no solo estarán puestos en el Congreso: afuera, múltiples sectores, encabezados por la Confederación General del Trabajo (CGT), protestarán con el objetivo de que su voz sea escuchada.
 
La semana pasada, el Consejo Directivo de la CGT convocó a marchar contra la reforma laboral, que ya tiene dictamen desde fin del año pasado y que podría tener media sanción el miércoles. "El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias. Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja", indicó la CGT en redes sociales.
 
La principal central obrera citó a las 14.30 en Yrigoyen y Solís, frente al edificio en el que los senadores comenzarán a definir el camino legislativo de la iniciativa. "Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja. No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle", agregó el comunicado.
 
El plan de lucha de la CGT tuvo cuestionamientos de algunos sectores sindicales, como el de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, criticó que la marcha no esté acompañada de un paro general. "El miércoles todos los trabajadores tienen que parar igual. Aunque la CGT no convoque, tienen cobertura legal", advirtió Aguiar y ratificó el paro nacional de estatales para el miércoles.
 
"Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica. Sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga. Tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores".
 
Mientras crece la bronca por abajo, Patricia Bullrich negocia la reforma laboral esclavista con gobernadores y senadores "dialoguistas" que cada vez se parecen más a los libertarios. Este lunes la ex ministra se reunión con senadores y senadoras de los bloques cómplices. Buscan acordar algunos artículos mientras mantienen lo esencial de los ataques contra la clase trabajadora. Cedería con Ganancias y conformaría así a los gobernadores y a los legisladores que responden a las provincias. En proteger alguno de los derechos de los trabajadores que correrán riesgo a partir de la probable sanción, eso sí, nadie gastó saliva.
 
La Reforma laboral esclavista del gobierno para los ricos de Milei es para profundizar esta política de transferencia masiva de recursos económicos y políticos de los trabajadores a los empresarios, que busca además debilitar la organización sindical y el poder de los trabajadores. Trabajar más y con menos derechos, en beneficios de las patronales. Son los millonarios o loe trabajadores. El miércoles 11 de febrero, sumate a la lucha por tus derechos y las futuras generaciones.
 
La Opinión Popular
 

09-02-2026 / 09:02
Karina Milei quiere concretar cambios en la cúpula del poder para tener el "control total" de lo que ocurre en el gobierno. La hermana presidencial, influenciada por los Menem, busca desalojar del sistema de decisión libertario a Santiago Caputo, a más tardar en marzo.
 
Pero no está fácil. El asesor tiene acceso directo al presidente Milei, que valora sus aportes. De hecho, en las últimas semanas, lejos de perder poder lo acrecentó. Se quedó con el control total de la agencia recaudadora (ARCA) y amplió las competencias de la SIDE, luego de desplazar al empleado infiel Sergio Neiffert y ubicar en su lugar a su contador, Cristian Aguadra.
 
Santiago Caputo incluso estaría aumentando su influencia sobre los aparatos militares y de seguridad. En las últimas semanas afianzó su relación con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, Carlos Presti.
 
"Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares", explicó un funcionario libertario.
 
Esta situación enardece a los Menem e impacta en el ánimo de Karina Milei, que tiene dificultades para entender que la idea del "control total" de un funcionario no votado como ella, no sintoniza con el espíritu democrático.
 
La molestia de la hermana presidencial quedó en evidencia este domingo: le avisó a su hermano que no lo acompañara a otro viaje más de subordinación trumpista. El presidente tenía pensado viajar este lunes a la cumbre de un supuesto trumpismo latino en Mar-a-Lago.
 
Karina le avisó a su hermano que no cuente con ella y Milei anunció que cancelaba su participación. "Javier no puede viajar sin la hermana", exageran en la Casa Rosada. Acaso más exacto sea que la hermana no quiera someterse a otro papelón como la última vez que fueron al club de la Florida de Trump, que suele alquilar su salón a distintos aventureros.
 
 De paso, no se confirmó aún su asistencia el 18 de febrero a la nueva "presentación oficial" del Board of Peace de Trump en Washington. El republicano se vio forzado a repetir el evento luego del fiasco de su lanzamiento en Davos, que juntó a Milei con una serie de "plutócratas afines a Putin", según el prestigioso diario inglés Financial Times.
 
La decisión de Karina Milei se suma a un dato muy interesante que publicó Perfil este domingo: en diciembre pasado la hermana del presidente no visitó Olivos.
 
"Ella está presionando a fondo para que le de el control total", sintetizó un dirigente libertario que conoce de cerca a los Milei. El asesor rehúye la pelea con la hermana y prefiere mantener la tensión a nivel de los Menem.
 
Karina no oculta su entusiasmo por la obediencia absoluta. La semana que pasó envió un mensaje claro a las bases libertarias. Su hombre en la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja, dijo en un encuentro con militantes en Mar del Plata: "No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades y tiene su manual disciplinario. El que ventile sus diferencias, está fuera del espacio".
 

07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
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