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Nacionales - 30-09-2020 / 10:09
MARCAN LA AGENDA QUE LA DERECHA PRETENDE IMPONER

Una Corte Suprema por encima de la Constitución

Una Corte Suprema por encima de la Constitución
En un fallo que la coloca por encima de los otros poderes y de la propia Constitución, la Corte Suprema aceptó el per saltum presentado por los jueces trasladados a dedo por Macri. Aunque cede ante las presiones políticas y mediáticas y se arroga potestades casi “monárquicas” que prefiguran un posible conflicto con el poder Ejecutivo, aún no se pronunció sobre el fondo de la cuestión, como pretendía Rosenkrantz.
En el marco de la ofensiva de la derecha mediática, política y empresarial, los cinco jueces supremos dejaron de lado sus notorias diferencias para plantar una ficha en el tablero de la política. Con la decisión unánime de hacer lugar a un per saltum y congelar la situación de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli hasta definir el fondo de la cuestión el máximo tribunal se coloca en una posición supraconstitucional de árbitros institucionales, pasando por encima de los procedimientos previstos y la voluntad de los tres poderes del Estado sin haber acreditado una urgencia para hacerlo.
 
Incluso si la sentencia definitiva resuelve que los magistrados deben regresar a los cargos para los que tienen acuerdo, resultará que todo lo actuado por el Consejo de la Magistratura, el Senado, el Presidente de la Nación y los jueces y fiscales de instancias inferiores, siempre de acuerdo a las normas constitucionales, queda supeditado al capricho de una Corte que, cínicamente en nombre de la "República", se adjudica más poderes que los que establece la Constitución. Todo cimentado sobre una legitimidad que otorgan cero votos.
 
Si, por el contrario, falla a favor de los tres jueces que habían sido trasladados a dedo por Mauricio Macri, le darán un golpe mortal al esquema jurídico. Con ese antecedente, todos los cargos vacantes podrían cubrirse a dedo, prescindiendo de los concursos y del acuerdo del Senado, echando por tierra el procedimiento previsto por los constituyentes. En cualquiera de los casos, los cinco supremos se habrán arrogado más facultades que las que ya tienen, que no son escasas: un grosero avance sobre las instituciones.
 
En el gobierno no dudan de que el apuro que mostró el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y al que se plegaron los otros jueces del cuerpo es la prueba que delata el carácter político de la decisión que tomaron para defender la casta judicial. El hecho de que cuatro de los cinco asistieran al Palacio en lugar de acordar de manera telemática, tal como venían haciendo, también se leyó en el mismo sentido. Sabemos la Corte tenemos: una casta macrista, privilegiada y reaccionaria, hostil a todo interés popular.
 

 
"Las maniobras de presión surtieron efecto. Resulta sorprendente que la Corte vea gravedad institucional como para usar el per saltum en esta cuestión pero no hicieron nada durante los cuatro años que el Poder Judicial fue avasallado, persiguieron jueces, se afectaron derechos ciudadanos e incluso se atentó contra el sistema democrático a través de la persecución a opositores, el espionaje ilegal y un show de escuchas telefónicas que se filtraban de la propia Corte", dijo el secretario de Justicia, Juan Martín Mena.
 
Desde la oposición, los responsables de los tres partidos que conforman Juntos por el Cambio celebraron la intervención de la Corte Suprema repitiendo la letanía del republicanismo y la independencia de poderes. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, sostuvo que "la decisión del per saltum genera certezas" y el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, dijo que "la decisión de la Corte da un respiro democrático a nuestras instituciones". Elisa Carrió escribió descaradamente que "la república está muy, muy, muy feliz".
 
Por el contrario, desde el oficialismo fueron cautos y esperan el fallo que defina la cuestión de fondo, aunque la ministra de Justicia, Marcela Losardo, sentaría posición luego de evaluar el asunto con el Presidente. En la Casa Rosada no esperaban el resultado y deberán reajustar los próximos pasos antes de mover las fichas. Se agravó la preocupación por la excesiva influencia de ciertos factores de poder en el máximo tribunal. Es probable que esta decisión deje huellas.
 
La Opinión Popular
 
 
CÓMO FUE EL ACUERDO PARA ACEPTAR EL PER SALTUM Y CÓMO SIGUE LA CAUSA
 
La decisión de la Corte: una concesión a los jueces nombrados a dedo y una carta en la manga
 
Después de las presiones opositoras, la Corte Suprema resolvió aceptar el per saltum con efecto suspensivo solicitado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, quienes habían sido enviados a sus cargos de origen después de que el Congreso, órganos judiciales y el Ejecutivo consideraran irregulares sus traslados realizados por el gobierno de Macri.
 
El fallo fue interpretado como una muestra de poder ante el Gobierno, pero aún la Corte debe expedirse sobre la cuestión de fondo. Si bien la resolución fue unánime, los argumentos de los magistrados del máximo tribunal se diferenciaron. El presidente del cuerpo, Carlos Rosenkrantz, quedó solo y alineado con los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli.
 
La Corte Suprema hizo una demostración de fuerza frente al Gobierno al aceptar en forma unánime abrir el per saltum de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, que buscan que el tribunal convalide las designaciones por el mecanismo de traslado que los llevó a cargos claves de Comodoro Py sin acuerdo del Senado durante el gobierno de Mauricio Macri.
 
El tribunal aceptó tratar ese recurso excepcional, pero aún no resolvió nada sobre la discusión de fondo que atañe a la validez de los nombramientos en juego.
 
La decisión combina una cuota de concesión ante las presiones de la oposición política y sus medios afines en las últimas semanas, con una advertencia de que son ellos, los supremos, quienes en definitiva pueden tener la última palabra para disponer la suerte de las designaciones que el oficialismo en la Cámara alta y los decretos del Poder Ejecutivo dejaron sin efecto.
 
La sentencia acelera los tiempos, le prohíbe al Consejo de la Magistratura que reemplace a los jueces atrincherados e insinúa una posible decisión expeditiva, que aún no se sabe si será real o es sólo para tranquilizar a la tribuna y apaciguar escraches y protestas.
 
La Corte tiene acuerdo todos los martes, pero las características de éste en particular fueron forzadas por el presidente supremo, Carlos Rosenkrantz, que le dio carácter de "extraordinario" e impuso el tratamiento del tema del trío "BBC" para saltear instancias. Para su sorpresa, los otros cuatro integrantes del tribunal cerraron filas y decidieron aceptar el per saltum, aunque no lo hicieron exactamente con los mismos argumentos que él, que quedó abiertamente alineado con argumentos de los jueces que esperan conservar sus lugares en los tribunales de Retiro.
 
El plenario fue peculiar, según reconstruyó este diario: cuatro cortesanos estaban de cuerpo presente en el Palacio de Justicia, e incluso tuvieron pequeñas reuniones por separado, pero el acuerdo propiamente dicho se hizo por Zoom. Estaban allí, Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Elena Highton de Nolasco se quedó en su casa. Cerca del mediodía la decisión estaba firmada.
 
En el Gobierno la noticia causó desconcierto, fue leída como un golpe y una afrenta, pero con el correr de las horas algunos funcionarios y funcionarias intentaban poner una dosis de optimismo pensando en que todavía falta la definición central. La semana pasada Alberto Fernández había sido crítico con el tratamiento del per saltum, en especial con la ofensiva de Rosenkrantz.
 
El fallo de la Corte es cuidadoso con los términos: si bien no menciona ni al Senado ni al Poder Ejecutivo, que invalidaron los traslados de BBC, deja planteado tácitamente un conflicto de poderes.
 
 
Laberinto
  
Hasta la semana pasada la mayoría de los integrantes de la Corte dejaban entrever que preferían esperar a que la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo fallara sobre los amparos presentados por Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Los dos primeros estaban en la Sala V, el otro en la Sala III. No veían urgencia ni gravedad para apurarse. Pero después de las presiones por los medios y del escrache a Lorenzetti el fin de semana, parece que el escenario cambió.
 
El argumento que aparece en el fallo es que "las circunstancias originarias se han modificado a la luz de acontecimientos sobrevinientes que implican pasos concretos destinados a obtener la inmediata ejecución de las medidas impugnadas, con el riesgo cierto de tornar ilusorio el derecho cuya tutela procuran los actores privándolos de un acceso efectivo a justicia".
 
Es un poco borrosa esa definición. La Corte pone foco en la posibilidad de que el Consejo de la Magistratura --el primer órgano que consideró inválidos los traslados-- avance en cubrir vacantes en la Cámara Federal, donde estaban trasladados Bruglia y Bertuzzi, ya que estaba abierto el concurso para otros dos cargos (los que tuvieron Eduardo y Horacio Cattani).
 
Para esos puestos ya hay un orden de mérito, pero el Consejo no descartaba ampliar el concurso a los otros dos cargos, que originalmente ocuparon Jorge Ballesteros y Eduardo Farah. Este último le pidió al Senado volver al tribunal, por lo que el enredo es mayor aún, porque su caso está en veremos.
 
El otro argumento, algo curioso, que dio la Corte, es que el "planteo constitucional ventilado en estas actuaciones excede el mero interés de las partes en el presente proceso y atañe al de la comunidad, desde que está en juego a interpretación constitucional de los traslados de jueces federales".
 
"El recurso concierne de modo directo a los procedimientos constitucionales que regulan la integración de los tribunales que --conforme ha señalado esta Corte-- han sido inspirados en móviles superiores de elevada política institucional, con el objeto de impedir el predominio de intereses subalternos sobre el interés supremo de la justicia y de la ley", dice y también habla de "la aspiración de contar con una magistratura independiente e imparcial". Ese es justamente un punto clave de la discusión: si los Gobiernos pueden sacar y poner jueces a su antojo de distintos cargos.
 
En tribunales había quienes no terminaban de interpretar el interés comunitario aludido por la Corte, incluso teniendo en cuenta que a ninguno de los jueces se los estaría dejando sin cargo ni trabajo. Hasta ahora lo que ocurrió fue que el Consejo evaluó que sus traslados y los de otros siete jueces y juezas eran inválidos porque no se había cumplido con el proceso complejo y completo de designación, que requiere acuerdo del Senado.
 
A la vez, una votación de 41 senadores/as rechazó los traslados del tridente BBC en parte porque tampoco cumplieron con la presentación a la audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos, luego el Poder Ejecutivo rechazara sus traslados por decreto, la Cámara de Casación consintió esas disposiciones y los mandó a sus tribunales de origen, lo mismo interpretó la Cámara Federal y en el fuero contencioso administrativo hasta ahora les habían rechazado todos sus planteos.
 
Hoy Bruglia, Bertuzzi y Castelli tienen licencias concedidas en los tribunales donde trabajaban antes de ser trasladados por el gobierno de Macri. Los dos primeros tiene 10 días hábiles desde el 23 de septiembre y el tercero tiene hasta el 6 de octubre. Todo apuntaría a que estas licencias duren mientras esperan la resolución de fondo.
 
 
Los argumentos
  
* Lo concreto es que la decisión la Corte confluye en admitir el recurso per saltum porque habría cuestiones irreparables en juego. Le pide a la Cámara en lo Contencioso el expediente (que es digital), con lo cual ese tribunal ahora ya no puede resolver nada, o si podrá a futuro dependerá de lo que diga la Corte. Ya fue designada por sorteo la jueza Clara Do Pico para desempatar entre Jorge Alemany y Guillero Treacy, pero no se sabe cómo seguirá la historia.
 
* Al admitir el per saltum los jueces dicen que no necesitan dictar ninguna medida cautelar ya que queda automáticamente suspendido el amparo anterior, que los jueces de primera instancia dictaron contra el trío BBC.
 
* Al Consejo de la Magistratura los supremos le advierten que no puede "llevar adelante actos de ejecución de la resolución 183/202 cuya validez se cuestiona" y que es la que había declarado que una decena de traslados habían sido irregulares, y son los que quedaron en manos del análisis del Senado. Es decir, sostiene que el Consejo no puede avanzar con reemplazos en los lugares que ocupaban Bruglia y Bertuzzi.
 
* También le corre traslado al Consejo, como parte demandada, para que en 48 horas responda con su postura. El mismo plazo le da al procurador interino Eduardo Casal, para que dictamine.
 
* Desde uno de los despachos supremos subrayaron que la Corte no opinó sobre el fondo pero se esmeró en sacar una decisión unánime y que la intención es dar seguridad y previsibilidad en las reglas del juego. El último per saltum antes de este contra una sentencia de primera instancia fue en 2013 y sirvió para declarar inconstitucional la reforma judicial que había impulsado Cristina Fernández de Kirchner. En ese caso, había un cronograma electoral de por medio que impactaba en la composición del Consejo, que imponía una urgencia.
 
* La Corte desliza que su intención es expedirse pronto, posiblemente la semana que viene. Es un misterio el cómo. Declarar válidos o inválidos los traslados no sería la única variante. En el Gobierno hay quienes creen que podría evaluar si los traslados son permanentes o no, y habilitar así que los cargos sean concursados.
 
 
El voto de Rosenkrantz
 
El voto de Rosenkrantz, el único que de entrada mostró sus cartas a favor del reclamo de los jueces BBC, además de hacer lugar al per saltum acerca argumentos que parecen adelantar su idea de fondo, coincidente con la del trío: dice que puede estar en juego la "garantía de inamovilidad" y que no sólo se trata de una discusión sobre los traslados sino sobre su "revisión retroactiva".
 
Uno de los argumentos de los jueces en cuestión es que tienen "derechos adquiridos". Más allá de la discusión jurídica, es impresionante como las presiones desde distintos ámbitos han logrado transformar una debate sobre cargos en una gran discusión política movida por intereses mediáticos. La Corte también tiene pendiente la cautelar del gobierno porteño por la coparticipación.
 
Por Irina Hauser
Por Nicolás Lantos
 
Fuentes: Página12 y El Destape
 

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06-01-2026 / 12:01
Efecto motosierra. Denuncian que el Ejecutivo despidió a los especialistas que coordinan el plan a nivel nacional. Unos 7.000 bebés nacen con malformaciones cardíacas cada año. El cruel gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei vació el Programa de Cardiopatías Congénitas y miles de niños luchan por sus vidas. En 2023, el desquiciado Milei había votado en contra de la ley.
 
Un repentino recorte en el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC) encendió las alarmas en el sector de salud en toda la Argentina. Sin aviso previo, el Gobierno de Milei instrumentó un fuerte ajuste sobre el plan, que cada año asiste a unos 7.000 bebés que nacen con malformaciones en el corazón, y despidió al equipo de especialistas que coordina el proyecto en el país. Médicos advierten por la "situación crítica" en el área.
 
En los últimos días, el Gobierno libertario ordenó el desmantelamiento del PNCC a través de una medida imprevista como parte de los recortes en la órbita del Ministerio de Salud. El Programa fue creado en 2008 y ayudó a reducir drásticamente la mortalidad por causas de cardiopatías congénitas, según informó la Federación Argentina de Cardiología (FAC) luego de que se diera a conocer la resolución.
 
En concreto, Milei autorizó la desvinculación de los profesionales especializados que conducen el plan a nivel nacional. En un comunicado publicado por la Asociación Argentina de Salud Pública, médicos y personal de salud denunciaron que "se procedió al despido de integrantes fundamentales para el sostén de las actividades" del área, lo que "desencadenó la dimisión del resto del equipo coordinador".
 
Dada esa situación, el PNCC quedó diezmado y ahora crece la preocupación por el futuro del Programa que ayuda a tratar tanto a niños como a adultos en todo el país. Cabe destacar que, en 2023, cuando todavía era diputado, Milei votó en contra de la Ley de Cardiopatías Congénitas ya que "implicaba más presencia del Estado" y "más gastos", y, principalmente, el proyecto "interfería en la vida de los individuos". Una ridiculez.
 
Organizaciones científicas, asociaciones médicas y organizaciones de familias se encuentran promoviendo acciones de divulgación y plan de lucha para revertir esta inhumana decisión del miserable Gobierno de Milei que una vez más afecta a los más débiles.
 
La Opinión Popular
 

05-01-2026 / 11:01
El Congreso de Estados Unidos planteó reparos al swap de 20 mil millones de dólares que la administración de Donald Trump le otorgó al gobierno argentino. Los congresistas estadounidenses advirtieron que la gestión de Javier Milei aún no puede garantizar la sostenibilidad de sus reformas, el pago de la deuda a tiempo ni la relevancia como socio comercial.
 
Estos planteos fueron plasmados por el Servicio de Investigación del Congreso (CRS) estadounidense en un informe. El mismo se centró en la asistencia financiera del gobierno de Estados Unidos a Argentina, y expone que el principal obstáculo para la política económica argentina es la limitada disponibilidad de divisas.
 
En este sentido, el documento destacó que el swap se implementó en un contexto de presión sobre el valor del peso y creciente oposición en el Congreso argentino. Además, advirtió que dicho instrumento financiero es la principal fuente de divisas de Argentina, ya que el país "no cuenta con un superávit comercial sólido".
 
Dicho esto, el análisis alertó que "con el peso cerca del techo de la banda y pagos de deuda en aumento para los próximos tres años, el Gobierno podría enfrentar nuevos obstáculos para profundizar las reformas".
 
Asimismo, proyectó que "si el Gobierno queda sin fondos suficientes para los pagos de deuda y para sostener la política cambiaria, podría enfrentar decisiones difíciles, como un décimo default o permitir una mayor flexibilidad en el valor del peso".
 
En ese escenario, señaló que "el gobierno podría buscar apoyo adicional de Estados Unidos, el FMI (Fondo Monetario Internacional) u otros organismos", al remarcar que "las perspectivas de obtener ese apoyo no son claras, dadas las dudas sobre la disposición del FMI para ampliar la asistencia, considerando su alta exposición a Argentina en comparación con otros países miembros".
 
Al mismo tiempo, el informe sostuvo que "también existen dudas sobre la importancia de Argentina como socio comercial para Estados Unidos, ya que sus crisis previas no han tenido efectos de contagio significativos para la economía estadounidense ni global".
 
El CRS repasó la "larga historia de turbulencia económica" argentina y lo calificó como un país con una alta dependencia del FMI e historial de defaults. Asimismo, si bien destacó las reformas implementadas por la gestión de Milei, señaló que se vienen dando resultados ambiguos.
 
El escrito también exhibe las críticas de algunos congresistas estadounidenses sobre el swap. Los mismos señalan que desfavorece a los exportadores estadounidenses que compiten con Argentina, que utiliza dinero de los contribuyentes para financiar a un país con un historial de incumplimiento de pagos, y que podría ejercer una influencia indebida en las elecciones democráticas extranjeras o beneficiar a inversores privados.
 
El CRS concluye que el futuro de la estabilidad económica y el pago de la deuda argentina sigue envuelto en un manto de "duda", y aún está por verse hasta qué punto el Congreso estadounidense apoyará las medidas de asistencia económica de Trump.
 
La Opinión Popular
 

04-01-2026 / 17:01
La doctrina "Donroe" (Donald + Monroe) arrasa con la prevención que tuvo hasta George W. Bush para no ser confundido con la ilegalidad de los setenta en América Latina. Al amigo narco de Honduras, todo; al dictador "comunista" de Venezuela, ni justicia. Sin épica, ni coherencia, ni discurso; prima la violencia de los hechos. Milei se recluye en el papel que se asignó: rabia y goce.
 
Aunque Trump gaste algunas palabras sin convicción, no promete la victoria de la libertad frente al totalitarismo como en la Guerra Fría, ni la primacía de la razón en el choque de civilizaciones desatado tras la caída del Muro de Berlín. Vocifera la guerra contra el comunismo, un enemigo casi inexistente. En rigor, el magnate no dedica mucha energía al engaño: quiere asegurar(se) negocios.
 
Ayer se cumplió un mes del indulto de Trump a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York. Testimonios tomados en cuenta por el jurado indican que Hernández recibió al menos USD 1 millón del Chapo Guzmán y que se vanagloriaba de "meter la droga a los gringos en sus narices".
 
El fallo del jurado fue unánime, pero, como Hernández es derechista y su delegado en la elección reciente de Honduras, Nasry Asfura, promete seguir la agenda ultra, Trump lo dejó en libertad. Maduro será trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico en los próximos días. Probablemente le tocará el mismo tribunal que juzgó a Hernández, pero éste lo mirará desde alguna finca de lujo entre Florida o Tegucigalpa.
 
Tampoco hay que prestar atención a los versículos sobre el amor por la democracia y contra los crímenes de lesa humanidad. Ello no está en la agenda real de Trump ni de Milei. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene pedido de captura de la Corte Penal Internacional por sus supuestos crímenes de lesa humanidad, mientras Israel como Estado es juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia.
 
Son procesos que se rigen por el derecho internacional, con acusaciones, testigos, expertos y defensas garantizados por la ley. El presidente estadounidense no sólo desconoce esos procesos, sino que activa sanciones abusivas contra investigadores, jueces y fiscales que los llevan a cabo.
 
Maduro se transformó en un dictador y está acusado de delitos contra la humanidad, pero nadie puede sospechar que un mandatario, Trump, que dispara misiles contra barcazas y coquetea con supremacistas de su país tiene alguna intención real de combatir el narcotráfico ni los abusos de los derechos humanos. Qué decir de Milei, gozador patológico con los apaleamientos a jubilados y familiares de discapacitados, y negacionista del terrorismo de Estado.
 
El Presidente y los suyos entraron en éxtasis ayer por la mañana. Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y uno de los fieles de mayor peso de gurú Santiago Caputo, se sintió poseído por un protagonismo hollywoodense para explicar la razón real del ataque de Trump a Venezuela.
 
"Why? Because we fucking can. And if we can, we do" ("¿Por qué? Porque podemos, carajo. Y si podemos, lo hacemos"). Su segundo mensaje fue contra Axel Kicillof. "Sos un zurdo hijo de puta que defiende dictadores, asesinos y narcotraficantes. No metas a los bonaerenses en tu mierda, forro", posteó el jefe de la oposición de la principal provincia argentina ante la condena del gobernador de Buenos Aires a la intervención armada yanqui.
 
No se trató de un arrebato circunscripto a un integrista católico enardecido como Romo. Pablo Quirno, veterano del JP Morgan, ahora ocupa el cargo de canciller. También se dirigió a Kicillof a través de un reposteo. "Ya que les gusta tanto el derecho, empezá por cerrar bien el orto, enano comunista". La brutalidad de la época avergüenza, pero la historia demostró que no concluye en sus destellos más revulsivos.
 

02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

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