Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, cuyos traslados fueron revocados por el Senado. Se define el futuro de los polémicos jueces puestos a dedo por el macrismo para encubrir a Mauricio Macri y sus ex funcionarios. Aun no ha trascendido cómo podrían fallar los magistrados.
 
El alto tribunal se reunirá en medio de una guerra marcada por presiones macristas sobre los supremos, llevada a extremos como en el episodio de escrache fascista al juez Ricardo Lorenzetti, que demuestran cómo un discusión jurídica fue transformada en una pulseada política, marcada por fuertes intereses de fondo.
 
En rigor, se trata de una iniciativa del presidente del máximo tribunal, el ex abogado de Clarín, Carlos Rosenkrantz, en la convicción de que "los planteos de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli son planteos de naturaleza muy excepcional que, por ésta y otras razones, requieren ser analizados con muchísimo detenimiento".
 
En paralelo a los recursos presentados ante la Corte, corren los planteos formulados por los tres jueces ante el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal, que fueron rechazados en primera instancia y aguardan la decisión de Cámara.
 
En ese trámite, Bruglia y Bertuzzi recibieron este lunes un revés ante el pronunciamiento del fiscal general del fuero, Rodrigo Cuesta, quien, tras analizar los argumentos de los magistrados y los hechos, dictaminó que no correspondía otorgar el pedido de amparo, en línea con lo definido en primera instancia por la jueza María Alejandra Biotti.
 
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Nacionales - 29-09-2020 / 09:09
LA CORTE SUPREMA DEBE DEFINIR LOS TRASLADOS DE JUECES NOMBRADOS A DEDO POR MACRI

Presiones mediáticas y políticas sobre los miembros del alto Tribunal

Presiones mediáticas y políticas sobre los miembros del alto Tribunal
A la sombra de los aprietes de Mauricio Macri y con el impulso de Rosenkrantz, la Corte trata hoy el per saltum solicitado por los jueces trasladados a dedo por el macrismo. Lo hace en medio de las presiones mediáticas y políticas sobre los otros miembros del Tribunal, que culminaron con el escrache a Lorenzetti donde participaron referentes de Carrió y de Juntos por el Cambio.
La Corte Suprema de Justicia tratará este martes el pedido de 'per saltum' presentado por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, cuyos traslados fueron revocados por el Senado. Se define el futuro de los polémicos jueces puestos a dedo por el macrismo para encubrir a Mauricio Macri y sus ex funcionarios. Aun no ha trascendido cómo podrían fallar los magistrados.
 
El alto tribunal se reunirá en medio de una guerra marcada por presiones macristas sobre los supremos, llevada a extremos como en el episodio de escrache fascista al juez Ricardo Lorenzetti, que demuestran cómo un discusión jurídica fue transformada en una pulseada política, marcada por fuertes intereses de fondo.
 
En rigor, se trata de una iniciativa del presidente del máximo tribunal, el ex abogado de Clarín, Carlos Rosenkrantz, en la convicción de que "los planteos de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli son planteos de naturaleza muy excepcional que, por ésta y otras razones, requieren ser analizados con muchísimo detenimiento".
 
En paralelo a los recursos presentados ante la Corte, corren los planteos formulados por los tres jueces ante el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal, que fueron rechazados en primera instancia y aguardan la decisión de Cámara.
 
En ese trámite, Bruglia y Bertuzzi recibieron este lunes un revés ante el pronunciamiento del fiscal general del fuero, Rodrigo Cuesta, quien, tras analizar los argumentos de los magistrados y los hechos, dictaminó que no correspondía otorgar el pedido de amparo, en línea con lo definido en primera instancia por la jueza María Alejandra Biotti.
 

 
La Corte tratará este martes, entonces, el pedido de "per saltum" de los jueces para que entienda exclusivamente la instancia más alta de la Justicia, aún cuando ese pedido podría quedar abstracto si la Sala 5 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal define y deja a la Corte como instancia final.
 
Un "per saltum" es un pedido para que un trámite judicial saltee instancias inferiores y llegue rápidamente al máximo tribunal. El pedido de los jueces es que se ratifiquen sus traslados a dedo, por decreto y sin acuerdo del Senado, y lo realizaron ante el fuero en lo Contencioso Administrativo. Si la Corte rechazara el planteo, el pedido de amparo seguiría su curso normal y aguardar un fallo de la Cámara para luego volver a llevar la cuestión de fondo a la Corte. Si la Corte aceptara el pedido definiría el futuro de los magistrados.
 
En julio de este año, el Consejo de la Magistratura giró al Senado la revisión de los traslados de los jueces para que completara el trámite constitucional de nombramiento de jueces federales con su acuerdo. Los tres magistrados fueron convocados por la Cámara alta pero no se presentaron y denunciaron pública y judicialmente la medida.
 
Los jueces obtuvieron el apoyo de sectores de la oposición, principalmente de dirigentes de Juntos por el Cambio y el respaldo de referentes de la denominada "corporación judicial".
 
La Opinión Popular
 
 
SE REÚNE HOY EN UN ACUERDO EXTRAORDINARIO FORZADO POR ROSENKRANTZ
  
La Corte Suprema debe definir los traslados de jueces
 
La Corte Suprema tiene previsto reunirse este martes en un acuerdo especial para el que su presidente Carlos Rosenkrantz impuso como tema central los pedidos de per saltum planteados por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, que buscan que el tribunal los auxilie después de una sucesión de decisiones adversas -del Consejo de la Magistratura, del Senado, el Poder Ejecutivo, la Cámara de Casación, la Cámara Federal, además de jueces y fiscales en lo contencioso administrativo-- que cuestionaron sus nombramientos por traslados en cargos en Comodoro Py, por lo que deben volver a sus puestos de origen.
 
Es difícil saber qué pasará en el plenario previsto, que podría ser presencial. Sólo quedó descartada la posibilidad de que el recurso para saltear instancias sea abstracto, lo que podía ocurrir si había previamente un fallo sobre el fondo en la Cámara en lo Contencioso Administrativo. El fiscal ante ese tribunal fue lapidario en su dictamen al cuestionar los traslados y pedir que se rechace el amparo. 
 
Como informó Página/12, la ofesiva de Rosenkrantz en favor del trío de jueces BBC, dos semanas atrás, cuando abandonó su bajo perfil y dio a entender en declaraciones a La Nación y Clarín que la Corte trataría los recursos de per saltum, un instrumento excpecional, para casos de gravedad institucional.
 
Entre el resto de los supremos reinaba otra tónica: esperar a que la Cámara en lo Contencioso Administrativo resolviera el amparo presentado por Bruglia y Bertuzzi en su intento por conservar los cargos en la Cámara donde fueron trasladados, sin acuerdo del Senado, por el gobierno de Mauricio Macri.
 
La semana pasada, para sumar presión y forzar el tratamiento del tema, el presidente del alto tribunal hizo uso de una de las pocas facultades que el permiten decidir algo en soledad y le dio carácter extraordinario al acuerdo de este martes y estableció que el tema a tratar serían los per saltum. Se podrían sumar los pedidos de licencia de Bruglia y Bertuzzi.
 
Hasta el anochecer del lunes, ninguno de los ministros y ministra de la Corte habían presentado proyecto de voto alguno. Nadie parece querer mostrar sus cartas antes del encuentro, que en algunas vocalías dicen que será virtual y en otras que será presencial. La manifestación en la puerta de la casa de Lorenzetti, con consignas políticas, aumentó el malestar y los niveles de tensión.
 
En el tribunal miraban con atención los pasos que daba la sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que ya les rechazó una cautelar a Bruglia y Bertuzzi pero debe decidir sobre el recurso de amparo planteado por ellos, es decir, si son válidos o no sus traslados desde un tribunal oral a la Cámara Federal de Comodoro Py. Si esa Cámara se expedía antes del acuerdo de los cortesanos, el per saltum perdería razón de ser, quedaría abstracto.
 
Pero ocurrió algo sorpresivo: los dos jueces que analizaban el tema, Jorge Alemany y Guillermo Treacy, quedaron en posiciones enfrentadas: uno quiere anular el fallo de primera instancia de la jueza María Biotti, que rechazó el amparo de los jueces, y para el otro hay que avalarlo y cuestionar los traslados.
 
Esta situación llevó a la necesidad de que se sortee un tercer juez (el otro integrante de la sala está excusado, Pablo Gallegos Fedriani, porque llegó al tribunal por un traslado), pero increíblemente había problemas con el sistema informático y se hará este martes a las 11.30 con un bolillero manual. Las partes están convocadas.
 
El fiscal ante la Cámara, Rodrigo Cuesta, había presentado un rato antes del enredo de votos un dictamen durísimo contra Bruglia y Bertuzzi, coincidente con la posición del Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo, el Senado y la Cámara de Casación, que sostiene el rechazo a los traslados y que deben volver a sus cargos originales. Cuesta recordó que la la propia Cámara Federal que integraron a dedo se había opuesto a sus traslados en el momento en que fueron concretados.
 
El dictamen recuerda que la propia Corte dijo que el sistema de traslados es de "marcada excepcionalidad, que en ningun caso podría desnaturalizar el procedimiento constitucional de selección de magistrados". Para él es claro que los traslados de Bruglia y Bertuzzi no cumplen los requisitos que podrían eximirlos del acuerdo del Senado (ser mudados a la misma juridicción y competencia y en materia y grado).
 
Así, hay varios posibles desenlaces en puerta: uno es que los supremos se junten pero no lleguen a ninguna decisión (la tradición es que los per saltum se resuelven rápido y estos llevan varias semanas).
 
Otro es no abrir ese recurso pero exhortar a la Cámara en lo Contencioso a que resuelva de manera urgente (con lo que quedarían bien con varias audiencias). Otra alternativa sería aceptar el per saltum pero tomarse mucho tiempo para resolverlo, lo que sería atípico. También podría rechazarlo sin más.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 

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26-02-2026 / 11:02
En una de las marchas más convocantes del año, los jubilados volvieron a alzar la voz frente al Congreso de la Nación, como acostumbran a hacerlo cada miércoles. En esta ocasión contaron con el apoyo de organizaciones gremiales, con vistas a una nueva marcha en rechazo al proyecto de reforma laboral que debatirá el Senado el próximo viernes. Advirtieron sobre el impacto del funesto Fondo de Asistencia Laboral (FAL) en el financiamiento de las jubilaciones.
 
El gobierno de Javier "el Loco" Milei avanza con la aprobada reforma laboral y, en el centro del proyecto, aparece el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Bajo la promesa de "aliviar" a las empresas, el esquema permitirá distribuir el costo de las desvinculaciones a lo largo de la relación laboral. El Fondo de Asistencia Laboral reducirá aportes patronales y restará 0,37 por ciento del PBI a la Anses, superando lo destinado a ciencia, salud y discapacidad.
 
En los hechos, implicará un recorte anual de 2.600 millones de dólares a la Anses, equivalente al 0,37 por ciento del PBI. El mecanismo es sencillo: las empresas deberán destinar un 2,5 por ciento del salario en el caso de pymes y un 1 por ciento en grandes firmas a un fondo individual.
 
Pero esa erogación será compensada con una reducción equivalente en las cargas patronales. Resultado: el despido queda virtualmente a costo cero para el empleador y el agujero lo absorbe el sistema previsional. Según el Instituto Argentina Grande, con datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, la pérdida supera ampliamente partidas que el Ejecutivo consideró inviables por falta de recursos.
 
Este proyecto, redactado por los abogados de las grandes empresas, es nefasto si se lo compara con que el Presupuesto 2026 prevé 1.107 millones de dólares para ciencia, tecnología e innovación, apenas 0,16 por ciento del PBI. Para el Hospital Garrahan asigna 162 millones de dólares, 0,023 por ciento del producto.
 
La comparación se vuelve más áspera al recordar que el Presidente vetó el aumento del 7,2 por ciento a jubilados, la suba del bono a 110.000 pesos y la extensión de la moratoria, con impactos fiscales muy inferiores. También rechazó la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuyo costo estimado oscilaba entre 0,25 por ciento y 0,45 por ciento del PBI.
 
La apuesta oficial sostiene la falsedad que la reforma generará más empleo formal y fortalecerá el sistema jubilatorio. Sin embargo, la economía acumula dos meses de caída según el EMAE del Indec, y no hay señales de expansión que anticipen una compensación rápida del rojo previsional.
 
¿Y cómo se detiene esta agresividad del gobierno libertario? Seguir dándole pelea, saliendo a la calle, llenando las plazas, protestando, con los partidos populares, con los movimientos sociales, que tienen que hacerles temblar el piso a los dueños del poder y del dinero. La calle a coro, plena, con las voces de la valentía civil.
 
La Opinión Popular
 

25-02-2026 / 11:02
Mientras el Gobierno de Javier "el Loco" Milei apura el tratamiento de la reforma laboral en el Senado en el tramo final de las sesiones extraordinarias, el Gobierno libertario ya deja expuesto el próximo frente de conflicto que pretende abrir en el Congreso: un recorte al régimen de licencias médicas, bajo el argumento de combatir supuestos abusos. Insiste en recortar salarios y derechos laborales bajo el argumento de combatir "abusos" en las licencias médicas.
 
El anticipo llegó de boca del presidente provisional del Senado de la Nación Argentina, Bartolomé Abdala, quien confirmó que el Ejecutivo buscará impulsar durante el período ordinario una ley específica para modificar las licencias por enfermedad. Se trata del mismo capítulo que el Gobierno debió retirar de la reforma laboral original ante el rechazo generalizado de la oposición e incluso de sectores "dialoguistas" que suelen acompañar al oficialismo.
 
El eje de la polémica fue el artículo 44 del proyecto inicial, que introducía una rebaja en el pago de salarios durante licencias por enfermedades o accidentes no laborales. La redacción encendió alarmas por su impacto directo sobre los ingresos de los trabajadores y terminó siendo eliminada para evitar que naufragara el resto de la iniciativa.
 
Lejos de dar marcha atrás, Abdala admitió que la Casa Rosada planea retomar el tema más adelante. "Lo de las licencias es algo menor dentro de una ley mucho más amplia", intentó minimizar el senador puntano, al tiempo que defendió la reforma laboral que se votará el viernes 27 de febrero. Sin embargo, sus declaraciones dejaron en claro que el Gobierno no abandona la idea de avanzar sobre un derecho sensible, alineado con la lógica de ajuste y desregulación de la gestión libertaria.
 
Luego de que Patricia Bullrich admitiera que la retirada del cuestionado artículo 44 sirvió para "blindar" el FAL y otros puntos, el senador Abdalá adelantó que buscarán aprobar una ley en el período ordinario para recortar las licencias pagas. Según Abdala, en el oficialismo existe "preocupación" por licencias extensas, presuntos abusos y certificados médicos irregulares, tanto en el sector público como en el privado.
 
El artículo 44 que generó el escándalo proponía un esquema de pago diferenciado durante las licencias. Para enfermedades o accidentes no vinculados con el trabajo, el trabajador solo percibía una parte del salario. Si la dolencia era consecuencia de una acción considerada voluntaria y riesgosa -como una lesión deportiva-, el ingreso se reducía al 50 por ciento del sueldo por tres meses, o seis si tenía familiares a cargo. En el caso de enfermedades crónicas, además, se endurecían las condiciones para reconocer recaídas.
 
Cuando la causa no se atribuía a una conducta voluntaria, el porcentaje subía al 75 por ciento, aunque siempre con plazos limitados. El texto también aclaraba que eventuales suspensiones económicas o disciplinarias no interrumpían ese pago reducido, consolidando un esquema de menor protección para el trabajador enfermo.
 
Aunque el vergonzoso capítulo fue retirado del dictamen que llegará al recinto, el mensaje político es claro: el Gobierno de Milei solo postergó el conflicto. El debate por las licencias médicas volverá durante el período ordinario, como parte de una agenda que insiste en trasladar el costo del ajuste a los trabajadores, incluso cuando se trata de situaciones de enfermedad. Para el Loco Milei y su pandilla de explotadores, los trabajadores, no tienen derecho a enfermarse.
 
La Opinión Popular
 

24-02-2026 / 09:02
Por decisión unánime, el Comité Ejecutivo de la AFA suspendió la fecha 9 de La Liga Profesional, que va del 5 al 8 de marzo, en repudio a la denuncia de ARCA contra los dirigentes de la institución. La AFA sostiene que "está todo pago" y que, en realidad, el Gobierno del Loco Milei "le está declarando la guerra al fútbol para imponer las Sociedades Anónimas Deportivas que los clubes no quieren", y de la que el Gato Macri se quiere beneficiar. La Asociación refutó las acusaciones contra sus principales dirigentes y votó suspender las fechas que se iban a jugar entre el jueves 5 y el domingo 8. "Se está declarando una guerra contra el fútbol", expresó el presidente de Vélez.
 
El enfrentamiento entre el Gobierno libertario y la alta dirigencia del fútbol argentino se recalentó este lunes a partir de la decisión del Comité Ejecutivo de la AFA de suspender toda la actividad del fútbol local entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo en protesta por la acusación de evasión impositiva hacia las máximas autoridades de la casa madre del fútbol. El parate, de características inéditas en la historia del fútbol argentino, abarcará a la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional y a todas las restantes categorías, incluso formativas, que deberán ser reprogramadas oportunamente.
 
El jueves 5 de marzo, primero del cese de actividades futbolísticas, es el día en el que está prevista la declaración del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico en la causa abierta el 12 de diciembre pasado, a partir de una denuncia del ARCA, el ente recaudador a nivel nacional, por una presunta omisión sistemática en el pago de tributos y la retención de aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. El monto estimado superaría los 19 mil millones de pesos.
 
El cronograma de audiencias indagatorias comenzará el jueves 5 con la declaración de Tapia y proseguirá un día más tarde con las de Toviggino y Gustavo Lorenzo, director general de la AFA. Mientras que el lunes 9 deberán presentarse Víctor Blanco Rodríguez, expresidente de Racing y anterior secretario general de la entidad, y Cristian Malaspina, actual titular de Argentinos Juniors. La pelota estará parada mientras duren estas audiencias.
 
La decisión de la alta dirigencia del fútbol argentino se disparó en la reunión de Comité Ejecutivo desarrollada en la mañana de este lunes en el predio Lionel Messi de Ezeiza. En ese encuentro, Gustavo Lorenzo, director general de la AFA y uno de los acusados, presentó una captura de la página oficial de ARCA que, de acuerdo con sus palabras, demostraba que la AFA no registra deudas ni tiene declaraciones juradas pendientes.
 
A partir de este documento, los dirigentes sostuvieron que la deuda que motivó la causa judicial no existe. Por lo cual, los representantes de la Primera División resolvieron impulsar el paro como señal de respaldo institucional e iniciar una ronda de consultas con las mesas de las diferentes divisionales para que adhieran a la medida.
 
La Opinión Popular
 

23-02-2026 / 09:02
Como era de prever, el debate y votación por la reforma laboral ratificaron al Congreso en un rol de actor secundario frente a las ambiciones del gobierno de Javier "el Loco" Milei. Los tránsfugas del peronismo, sin siquiera sonrojarse, lo consiguieron nuevamente. Los cómplices -los que llegaron a la banca con discursos y valores opuestos- fueron claves para lograr el quórum que La Libertad Avanza no hubiera conseguido con el aporte de sus aliados tradicionales y, luego, para la media sanción.
 
La política, entre traidores y canallas, tras la votación de la reforma laboral libertaria. Fueron claves, primero, para lograr el quórum que La Libertad Avanza no hubiera conseguido con el aporte de sus aliados tradicionales. Diputados santacruceños, tucumanos, salteños, catamarqueños, misioneros, llegados a sus bancas en 2023 y 2025 gracias a pertenencias partidarias y/o discursos inversos a lo que sostuvieron, deberían acentuar el señalamiento acerca de la facilidad con que pasan de manos.
 
Myriam Bregman lo resaltó en su también destacada exposición, pero aportó cierto aditamento al remarcar que "cuando la conducta política se repite, cuando los de Tucumán y otras provincias estaban con Milei antes de las elecciones de octubre y vuelven a estar después, ¿no se aplica la reiterancia y reincidencia para la conducta política? ¿Por qué son traidores? Son canallas". Se preguntó qué pasaría "si a la clase política, a la casta política, les aplicaran lo mismo; a los que dicen que la vienen a combatir, y a los que les votan las leyes y la retroalimentan".
 
Traidores y canallas son términos complementarios, pero ese apunte de Bregman sirve para reforzar el cinismo "corporativo" (quizás sin comillas) de esos adefesios. Las bancas les pertenecen en su individualidad. Eso es correcto y debe quedar claro. Pero tal cosa no implica que la alianza o partido que les facilitó su acceso parlamentario no deba expulsarlos, sin más ni más.
 
¿Por qué no puede hacerlo? Porque, sin entrar a la discusión sobre cómo se conformaron Unión por la Patria y Fuerza Patria, ni tampoco a la de las contradicciones que surcan al peronismo, es objetivo que esa fuerza carece hoy de, casi, cualquier atisbo de conducción. Está virtualmente a la deriva y, como bien reconoció y advirtió Axel Kicillof una vez que se le ¿despejó? el camino de la interna bonaerense, lo que se (le) viene no es un año de campaña, sino de construcción. Pueden ir de la mano, pero no son lo mismo.
 
Hasta que eso no comience a suceder, es de una ingenuidad supina imaginar que pueda haber alguna decisión, unificada, así sea respecto de cuestiones estratégicas. Para reiterar, lo subrayó que el bloque de Fuerza Patria se partió casi exactamente al medio en la votación sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Esa ausencia conductiva, de lo que aspiraría a ser una oposición auténtica, se revela también en la facilidad con que los Milei imponen la agenda de su desorden hasta ahora bien ordenado. O bien ejecutivo.
 
Desde ya que tienen sus "fugas" o sobregiros, como los del coloso Sturzenegger mandado por las suyas a elogiar el voto sobre las licencias por enfermedad. Despertó la reacción de opositores ¡y oficialistas!, a quienes en el Senado no se les ocurrió leer lo que votaban. Este aspecto, el de quedar presos de la ofensiva gubernamental en todas las direcciones sin saber privilegiar cuáles son los ítems principales, abarca al debate sobre la reforma laboral.
 
Hubo firmeza y muy buenas intervenciones desde el bloque de Fuerza Patria (Germán Martínez, Julia Strada, Vanesa Siley, Máximo Kirchner, entre otros), pero no alcanzó ante los cómplices gubernamentales.
 

22-02-2026 / 09:02
Todavía falta para que el desastroso gobierno de Javier "el Loco" Milei haga todo el daño que su restauración conservadora pretende. Ni siquiera se ha llegado a la mitad del camino. La reforma laboral que sancionó la Cámara de Diputados esta semana y que volverá a debatirse en el Senado es un punto central, pero todavía falta.
 
Hay un encadenamiento en la demolición. Se van derribando uno por uno los pilares civilizatorios de la sociedad argentina y la justificación para hacerlo se repite en todos los casos. Las universidades públicas, se argumentó en su momento, se financian con el IVA que pagan los sectores populares al comprar un kilo de pan. Y a estudiar asisten sectores de clase media. El razonamiento es que los pobres financian a sectores más pudientes. Entonces hay desfinanciar las universidades. Para el INCA, motor de la industria del cine nacional, se utilizó un argumento similar.
 
Luego llegó el turno de los industriales. El sector textil está siendo arrasado por el combo de la política económica de Milei, dólar barato en base al endeudamiento, aumento de los servicios públicos, apertura de las importaciones. Es la tormenta perfecta. Ya se sabe. Ya se hizo. Ya fracasó. El argumento para justificar la situación crítica del sector es que no se puede sacrificar a 50 millones de argentinos a comprar ropa más cara para sostener una industria en la que trabajan 500 mil personas. Lo dijo, entre otros fundamentalistas del neoliberalismo, el economista Miguel Boggiano.
 
En los próximos días se aplicará la misma excusa para el sector del neumático, la industria automotriz, la del calzado, y la lista sigue. La pregunta es: ¿dónde van a trabajar los argentinos? Si el razonamiento es que se está defendiendo a los consumidores, ¿cómo van a consumir los que pierden el empleo? Es tan obvio que parece absurdo decirlo. Pero la argentina mileísta tiene una buena dosis de delirio así que hay que explicar lo obvio. Quieren destruir la clase media y latinoamericanizar la Argentina. 
 
Un breve desvío del tema: es habitual que entre los fundamentalistas del supuesto libre mercado haya muchos nenes de papás que fueron funcionarios de los lugares más privilegiados del sector público. En el caso de Boggiano su padre fue ministro de la Corte Suprema, el lugar más selecto de la casta estatal. Puede agregarse el ejemplo del exmarido de la modelo Pampita, Roberto García Moritán. Su padre tiene el mismo nombre y tuvo una larga carrera como diplomático. Fue embajador en Suiza hasta 1987. Se ve que es fácil jugar al neoliberalismo habiendo crecido en una casa donde papá recibía en su cuenta un sueldo de miles de dólares todos los meses pagado por los contribuyentes.
 
Volviendo al tema, todavía falta para que Milei alcance sus objetivos de destrucción, si se toma en cuenta los modelos de país que sus funcionarios tienen como ejemplo. El actual presidente del Banco Central, Santiago Bausili, dijo en el streaming Carajo que su modelo era Perú. El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, estaba sentado al lado de Bausili y asentía con risa cómplice.
 
Perú tiene 70,1% de trabajadores informales según las últimas estadísticas del INEI (el INDEC peruano). La Argentina tiene 43%. Creció desde que asumió Milei. Todavía faltan 27 puntos para llegar a la meta, unos 4 millones de trabajadores más deben pasar a la informalidad. Desde el punto de vista político la situación de Perú es caótica. Del 2016 a febrero de 2026 hubo 9 presidentes. Al último, José Jerí, lo removieron del cargo el martes de la semana pasada.
 
¿Qué es lo bueno? Desde la óptica clásica de la derecha argentina lo positivo es que la economía está centrada en los productos de exportación, principalmente la minería, que no hay desarrollo industrial y por lo tanto no hay sindicalismo que pueda generar una puja distributiva potente. Además, se cumplen las instrucciones del sistema financiero internacional. ¿Podría Perú disminuir ese 70% de informalidad? Con ese modelo parece imposible. Lo están aplicando los últimos 30 años y los resultados están a la vista.
 
Por Demián Verduga
 

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