Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, cuyos traslados fueron revocados por el Senado. Se define el futuro de los polémicos jueces puestos a dedo por el macrismo para encubrir a Mauricio Macri y sus ex funcionarios. Aun no ha trascendido cómo podrían fallar los magistrados.
 
El alto tribunal se reunirá en medio de una guerra marcada por presiones macristas sobre los supremos, llevada a extremos como en el episodio de escrache fascista al juez Ricardo Lorenzetti, que demuestran cómo un discusión jurídica fue transformada en una pulseada política, marcada por fuertes intereses de fondo.
 
En rigor, se trata de una iniciativa del presidente del máximo tribunal, el ex abogado de Clarín, Carlos Rosenkrantz, en la convicción de que "los planteos de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli son planteos de naturaleza muy excepcional que, por ésta y otras razones, requieren ser analizados con muchísimo detenimiento".
 
En paralelo a los recursos presentados ante la Corte, corren los planteos formulados por los tres jueces ante el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal, que fueron rechazados en primera instancia y aguardan la decisión de Cámara.
 
En ese trámite, Bruglia y Bertuzzi recibieron este lunes un revés ante el pronunciamiento del fiscal general del fuero, Rodrigo Cuesta, quien, tras analizar los argumentos de los magistrados y los hechos, dictaminó que no correspondía otorgar el pedido de amparo, en línea con lo definido en primera instancia por la jueza María Alejandra Biotti.
 
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Nacionales - 29-09-2020 / 09:09
LA CORTE SUPREMA DEBE DEFINIR LOS TRASLADOS DE JUECES NOMBRADOS A DEDO POR MACRI

Presiones mediáticas y políticas sobre los miembros del alto Tribunal

Presiones mediáticas y políticas sobre los miembros del alto Tribunal
A la sombra de los aprietes de Mauricio Macri y con el impulso de Rosenkrantz, la Corte trata hoy el per saltum solicitado por los jueces trasladados a dedo por el macrismo. Lo hace en medio de las presiones mediáticas y políticas sobre los otros miembros del Tribunal, que culminaron con el escrache a Lorenzetti donde participaron referentes de Carrió y de Juntos por el Cambio.
La Corte Suprema de Justicia tratará este martes el pedido de 'per saltum' presentado por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, cuyos traslados fueron revocados por el Senado. Se define el futuro de los polémicos jueces puestos a dedo por el macrismo para encubrir a Mauricio Macri y sus ex funcionarios. Aun no ha trascendido cómo podrían fallar los magistrados.
 
El alto tribunal se reunirá en medio de una guerra marcada por presiones macristas sobre los supremos, llevada a extremos como en el episodio de escrache fascista al juez Ricardo Lorenzetti, que demuestran cómo un discusión jurídica fue transformada en una pulseada política, marcada por fuertes intereses de fondo.
 
En rigor, se trata de una iniciativa del presidente del máximo tribunal, el ex abogado de Clarín, Carlos Rosenkrantz, en la convicción de que "los planteos de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli son planteos de naturaleza muy excepcional que, por ésta y otras razones, requieren ser analizados con muchísimo detenimiento".
 
En paralelo a los recursos presentados ante la Corte, corren los planteos formulados por los tres jueces ante el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal, que fueron rechazados en primera instancia y aguardan la decisión de Cámara.
 
En ese trámite, Bruglia y Bertuzzi recibieron este lunes un revés ante el pronunciamiento del fiscal general del fuero, Rodrigo Cuesta, quien, tras analizar los argumentos de los magistrados y los hechos, dictaminó que no correspondía otorgar el pedido de amparo, en línea con lo definido en primera instancia por la jueza María Alejandra Biotti.
 

 
La Corte tratará este martes, entonces, el pedido de "per saltum" de los jueces para que entienda exclusivamente la instancia más alta de la Justicia, aún cuando ese pedido podría quedar abstracto si la Sala 5 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal define y deja a la Corte como instancia final.
 
Un "per saltum" es un pedido para que un trámite judicial saltee instancias inferiores y llegue rápidamente al máximo tribunal. El pedido de los jueces es que se ratifiquen sus traslados a dedo, por decreto y sin acuerdo del Senado, y lo realizaron ante el fuero en lo Contencioso Administrativo. Si la Corte rechazara el planteo, el pedido de amparo seguiría su curso normal y aguardar un fallo de la Cámara para luego volver a llevar la cuestión de fondo a la Corte. Si la Corte aceptara el pedido definiría el futuro de los magistrados.
 
En julio de este año, el Consejo de la Magistratura giró al Senado la revisión de los traslados de los jueces para que completara el trámite constitucional de nombramiento de jueces federales con su acuerdo. Los tres magistrados fueron convocados por la Cámara alta pero no se presentaron y denunciaron pública y judicialmente la medida.
 
Los jueces obtuvieron el apoyo de sectores de la oposición, principalmente de dirigentes de Juntos por el Cambio y el respaldo de referentes de la denominada "corporación judicial".
 
La Opinión Popular
 
 
SE REÚNE HOY EN UN ACUERDO EXTRAORDINARIO FORZADO POR ROSENKRANTZ
  
La Corte Suprema debe definir los traslados de jueces
 
La Corte Suprema tiene previsto reunirse este martes en un acuerdo especial para el que su presidente Carlos Rosenkrantz impuso como tema central los pedidos de per saltum planteados por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, que buscan que el tribunal los auxilie después de una sucesión de decisiones adversas -del Consejo de la Magistratura, del Senado, el Poder Ejecutivo, la Cámara de Casación, la Cámara Federal, además de jueces y fiscales en lo contencioso administrativo-- que cuestionaron sus nombramientos por traslados en cargos en Comodoro Py, por lo que deben volver a sus puestos de origen.
 
Es difícil saber qué pasará en el plenario previsto, que podría ser presencial. Sólo quedó descartada la posibilidad de que el recurso para saltear instancias sea abstracto, lo que podía ocurrir si había previamente un fallo sobre el fondo en la Cámara en lo Contencioso Administrativo. El fiscal ante ese tribunal fue lapidario en su dictamen al cuestionar los traslados y pedir que se rechace el amparo. 
 
Como informó Página/12, la ofesiva de Rosenkrantz en favor del trío de jueces BBC, dos semanas atrás, cuando abandonó su bajo perfil y dio a entender en declaraciones a La Nación y Clarín que la Corte trataría los recursos de per saltum, un instrumento excpecional, para casos de gravedad institucional.
 
Entre el resto de los supremos reinaba otra tónica: esperar a que la Cámara en lo Contencioso Administrativo resolviera el amparo presentado por Bruglia y Bertuzzi en su intento por conservar los cargos en la Cámara donde fueron trasladados, sin acuerdo del Senado, por el gobierno de Mauricio Macri.
 
La semana pasada, para sumar presión y forzar el tratamiento del tema, el presidente del alto tribunal hizo uso de una de las pocas facultades que el permiten decidir algo en soledad y le dio carácter extraordinario al acuerdo de este martes y estableció que el tema a tratar serían los per saltum. Se podrían sumar los pedidos de licencia de Bruglia y Bertuzzi.
 
Hasta el anochecer del lunes, ninguno de los ministros y ministra de la Corte habían presentado proyecto de voto alguno. Nadie parece querer mostrar sus cartas antes del encuentro, que en algunas vocalías dicen que será virtual y en otras que será presencial. La manifestación en la puerta de la casa de Lorenzetti, con consignas políticas, aumentó el malestar y los niveles de tensión.
 
En el tribunal miraban con atención los pasos que daba la sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que ya les rechazó una cautelar a Bruglia y Bertuzzi pero debe decidir sobre el recurso de amparo planteado por ellos, es decir, si son válidos o no sus traslados desde un tribunal oral a la Cámara Federal de Comodoro Py. Si esa Cámara se expedía antes del acuerdo de los cortesanos, el per saltum perdería razón de ser, quedaría abstracto.
 
Pero ocurrió algo sorpresivo: los dos jueces que analizaban el tema, Jorge Alemany y Guillermo Treacy, quedaron en posiciones enfrentadas: uno quiere anular el fallo de primera instancia de la jueza María Biotti, que rechazó el amparo de los jueces, y para el otro hay que avalarlo y cuestionar los traslados.
 
Esta situación llevó a la necesidad de que se sortee un tercer juez (el otro integrante de la sala está excusado, Pablo Gallegos Fedriani, porque llegó al tribunal por un traslado), pero increíblemente había problemas con el sistema informático y se hará este martes a las 11.30 con un bolillero manual. Las partes están convocadas.
 
El fiscal ante la Cámara, Rodrigo Cuesta, había presentado un rato antes del enredo de votos un dictamen durísimo contra Bruglia y Bertuzzi, coincidente con la posición del Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo, el Senado y la Cámara de Casación, que sostiene el rechazo a los traslados y que deben volver a sus cargos originales. Cuesta recordó que la la propia Cámara Federal que integraron a dedo se había opuesto a sus traslados en el momento en que fueron concretados.
 
El dictamen recuerda que la propia Corte dijo que el sistema de traslados es de "marcada excepcionalidad, que en ningun caso podría desnaturalizar el procedimiento constitucional de selección de magistrados". Para él es claro que los traslados de Bruglia y Bertuzzi no cumplen los requisitos que podrían eximirlos del acuerdo del Senado (ser mudados a la misma juridicción y competencia y en materia y grado).
 
Así, hay varios posibles desenlaces en puerta: uno es que los supremos se junten pero no lleguen a ninguna decisión (la tradición es que los per saltum se resuelven rápido y estos llevan varias semanas).
 
Otro es no abrir ese recurso pero exhortar a la Cámara en lo Contencioso a que resuelva de manera urgente (con lo que quedarían bien con varias audiencias). Otra alternativa sería aceptar el per saltum pero tomarse mucho tiempo para resolverlo, lo que sería atípico. También podría rechazarlo sin más.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 

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19-11-2025 / 09:11
Ornella Calvete, la hija de Miguel Calvette -uno de los principales involucrados en el escándalo de las coimas- renunció al ministerio que conduce Luis Caputo luego de que se conociera que habían encontrado 700 mil dólares en su domicilio durante un allanamiento. Ocupaba un cargo relevante dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, que depende del Ministerio de Economía. Este martes su padre se negó a declarar en la causa que lo tiene como presunto nexo entre el organismo que lideraba Diego Spagnuolo y las droguerías.
 
La renuncia se conoció luego de que autoridades judiciales inspeccionaron el domicilio de la ahora ex funcionaria, y encontraron alrededor de 700.000 dólares y otras divisas. Las máximas autoridades del ministerio que encabeza Luis Caputo entendieron que la continuidad de Calvete resultaba incompatible con el hallazgo en su vivienda, en el marco del escándalo por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
 
La causa judicial que involucra a Calvete derivó de la pesquisa sobre retornos en la Andis y como parte de las investigaciones el Ministerio Público Fiscal pidió una serie de allanamientos en inmuebles de los principales apuntados que revistaban con cargos en organismos estatales.
 
Tras los procedimientos, se conoció que en la propiedad de Calvete se secuestraron dinero en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos, hechos que alimentaron la sospecha de maniobras de corrupción vinculadas a contratos con proveedores públicos y posibles retornos ilícitos.
 
Según reconstruyeron los investigadores, Ornella Calvete alertó a su padre, mediante un mensaje a su celular, Miguel Ángel Calvete, sobre la presencia de la policía en la planta baja de su vivienda el 12 de septiembre de 2025. En el mismo diálogo, el padre le aconsejó seguir instrucciones y abordó temas vinculados a la situación financiera de la firma Indecom y la disponibilidad de "cash blanco".
 
El dictamen fiscal demostró que, en esa conversación entre padre e hija, Miguel Ángel Calvete sugirió qué responder si le preguntaban por el dinero: "por si entran acá y me ven con mosca" o "digo que me lo prestó alguien, olvidate".
 
La investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi apunta a un verdadero manual de corrupción: compras direccionadas a través de la ANDIS, con coimas millonarias pagadas por droguerías y proveedoras de insumos médicos a cambio de contratos estatales.
 
Las "Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia" (PACBI) -operaciones de altísimo valor para tratamientos y medicamentos de enfermedades "raras"- eran el terreno preferido para el saqueo. Picardi acusa a Calvete padre, Spagnuolo (amigo personal y abogado de Javier Milei) y otros 14 exfuncionarios de integrar una banda que digitaba compras, inflaba precios y lavaba dinero público.
 
Según lo que se conoce hasta ahora por los audios filtrados de Spagnuolo, el mecanismo era simple: las droguerías pagaban retornos fijos del 5 al 8% del monto de los contratos, llegando a embolsar hasta 800 mil dólares mensuales. Ese dinero, según el propio exfuncionario, terminaba en los bolsillos de Karina Milei, "Lule" Menem y otros miembros del círculo presidencial.
 
La Opinión Popular
 

18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

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