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El clima en Paraná

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“A muerte estoy con los jubilados. Lo que les hacen es una vergüenza. Yo defiendo a los jubilados ¿cómo no los voy a defender? Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados”. Diego Maradona
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Nacionales - 26-09-2020 / 08:09
LÍMITES DEMOCRÁTICOS Y AÑO ELECTORAL

Las marchas piruchas de la oposición son piantavotos

Las marchas piruchas de la oposición son piantavotos
En contra de lo que opinan kirchneristas y macristas, las marchas anticuarentena son piantavotos. El ciudadano entre conservador y moderado, que oscila con su voto, rechaza el negacionismo de la enfermedad mezclado con el odio político. El riesgo para la oposición es fabricar una burbuja con la avalancha de columnistas indignados y creer que es un clima extendido.
La repetición de marchas de Juntos por el Cambio, como la del miércoles en Tribunales, con el cardumen estrafalario y agresivo que convocan, se ha vuelto cada vez menos influyente. La sociedad se acostumbró a esos discursos exaltados y fuera de caja y los colocó en el estante de la rutina.
 
Cuando el abuso ya produjo acostumbramiento, el peligro es creer que esas performances del grotesco equivalen a ganar la calle en un sentido político. En particular, el riesgo para la oposición es fabricar una burbuja con la avalancha de columnistas indignados y creer que es un clima extendido. Por otro lado, la sobredosis de marchas y periodistas inflamados muestra el lanzamiento de la oposición al año electoral.
 
"La estrepitosa caída de la imagen presidencial", fue el título de una columna en La Nación esta semana. Dice que el fenómeno se relaciona con la confirmación del poder de Cristina en el gobierno (que no demuestra) y despliegan una encuesta de Synopsis que marca 41 por ciento de imagen positiva para Alberto Fernández. La semana pasada distribuyeron otra de Management & Fit que daba la misma cifra.
 
La frase de Patricia Bullrich donde les dice a sus correligionarios que la sociedad ya los visualiza como el reemplazo del actual gobierno forma parte de esta estrategia que busca disipar el derrotismo que se extendió en las filas de Juntos por el Cambio, donde muchos decían que se iban del país. La idea de irse después de la derrota fue una expresión de despecho y derrotismo como la del novio abandonado en plena boda.
 
La derecha intenta capitalizar un clima raro en la sociedad que está más relacionado con la pandemia que con las marchas piruchas de los anticuarentena. 
 

 
Después de haber acompañado en forma masiva las decisiones del gobierno resulta evidente el agotamiento por una larga cuarentena que prácticamente ya no se respeta. No es una cuestión de razonamiento. Es el cansancio por un lado y al mismo tiempo el miedo a contagiarse. Es la mezcla que se produce en la calle. A los que se suman los que tienen la necesidad de trabajar.
 
Al principio de la cuarentena, transgredirla era una cuestión ideológica. Ahora es más por cansancio. Muchos de los que salen a la calle, en su fuero interno piensan que no tendrían que hacerlo. En esas escenas de bares con parroquianos sin barbijos ni distanciamiento social se reproducen comportamientos por imitación más que por convicción.
 
Son mundos opuestos y esquizos: el de estas actitudes sociales, el de las marchas de los anticuarentena, el de la población de riesgo que mantiene las precauciones contra el contagio y el mundo de los trabajadores de la salud desquiciado por el nivel de contagio y muerte. Son universos diferentes, que tienen poco contacto entre sí pero que se contraponen en muchos aspectos.
 
En contra de lo que opinan kirchneristas y macristas, las marchas anticuarentena son piantavotos. El ciudadano entre conservador y moderado, que oscila con su voto, rechaza el negacionismo de la enfermedad mezclado con el odio político.
 
Pero ese escenario de mundos tan separados y opuestos da una resultante mayoritaria de confusión y temor, ya sea por la enfermedad, como por la situación laboral y económica. No es un panorama cómodo para el gobierno, cuando las cifras de contagios y muerte se han disparado en todo el país.
 
Cada uno de esos mundos tiene su reclamo. Resulta enervante escuchar a algún dirigente de la oposición decir estupideces como "recuperar la libertad" cuando se refieren a la cuarentena. Pero hay allí un reclamo.
 
Otros que reclaman trabajar o recuperar una rutina con sus seres queridos. Y el mundo de la salud, el de los enfermos y el de la población de riesgo, a su vez exige lo contrario. Si se satisface uno, se perjudica al otro, cualquiera sea la elección.
 
La contradicción estimula una decisión perversa a favor de la inercia de la mayoría hacia el levantamiento de las precauciones, como de alguna manera hace el gobierno de CABA.
 
Esta decisión tiene un núcleo de crueldad que lleva implícito el consejo que le dio Mauricio Macri al presidente Alberto Fernández: "que se mueran los que tengan que morirse": mayores de 60 años, o menores de esa edad con diabetes, obesidad, cardíacos, asmáticos, inmunodeprimidos o con otras enfermedades, trabajadores de la salud e incluso algunos jóvenes y niños que han sido víctimas de la pandemia.
 
Hay una tensión muy fuerte entre el instinto social y el de sobrevivencia, necesidades primarias, que van más allá de la conciencia individual. Y no existe una respuesta contundente como fue la cuarentena al principio de la peste.
 
En ese panorama de riesgo y confusión, al gobierno sólo le queda una actitud muy contenedora que proteja y resguarde al máximo a los trabajadores de la salud, que mantenga la cuarentena de la población de riesgo y que permita que la población que sale de la cuarentena para socializar o trabajar, mantenga las medidas de precaución y no las abandone por imitación o comodidad.
 
La sociedad está más enfocada en esa problemática que en los incidentes de la política. Esta semana se produjo el hallazgo de más evidencias sobre la red de espionaje usada en forma sistemática durante la gestión de Mauricio Macri. Fue una herramienta antidemocrática de su gobierno que llegó a vigilar a los familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan.
 
En vez de abrazar y dar consuelo, el gobierno mandaba espiar a los familiares de las víctimas del submarino que se hundió en el cumplimiento de una misión ordenada por ese mismo gobierno. Además de antidemocrática, tiene ribetes perversos y paranoicos.
 
Los familiares vigilados confirmaron que tenían esa sospecha. Macri nunca se reunió oficialmente con ellos, pero los hacía vigilar como si se tratara de enemigos de la patria. El espionaje es una herramienta de gobierno sólo en las dictaduras.
 
No es una denuncia que inicia una causa. Es la confirmación de un hecho. Lo que se difundió no fueron las denuncias, sino las evidencias. Esos familiares fueron espiados.
 
Desde la recuperación de la democracia no existen antecedentes tan categóricos de un gobierno que haya utilizado esta herramienta ilegal en forma sistemática y permanente como durante el gobierno de Macri. No es un problema del actual oficialismo, también lo es de la oposición macrista. Hay legislación que viene de los gobiernos de Raúl Alfonsín y de Cristina Kirchner que prohíben esta práctica propia de las dictaduras.
 
El espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan es una acción tan canallesca como en su momento lo fue con los familiares de las víctimas de la AMIA, en la que también estuvo involucrado Mauricio Macri. Juntos por el Cambio ha preferido mirar para otro lado. Si no son capaces de repudiar esta metodología, la sociedad puede esperar que la repitan si vuelven a ganar las elecciones.
 
Se crea así una democracia desigual donde un sector puede designar jueces por decreto y el otro ni siquiera lo puede hacer por la vía institucional y donde el mismo sector espía a mansalva a la oposición y hasta a sus disidentes, y el otro le saca a los espías los gastos reservados.
 
Las conductas políticas de Juntos por el Cambio se alejan cada vez más de la convivencia democrática. Demonizaron al adversario y lo presentaron como delincuente para promover un discurso de odio hacia los que no piensan como ellos. De esa manera justifican una línea de actitudes antidemocráticas, como la designación irregular de jueces adictos o un esquema de espionaje sistemático sobre la sociedad.
 
Si no están dispuestos a convivir en forma democrática y eliminan esas prácticas, esa estrategia solamente puede desembocar en violencia o en situaciones golpistas.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página12
 

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16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
La Opinión Popular

13-11-2025 / 09:11
Se perdieron más de 220.000 puestos de trabajo durante el gobierno cipayo, vende patria y pro oligarca de Javier "el Loco" Milei. Es la caída de empleo registrado privado, público y trabajadoras de casas particulares en agosto en relación a noviembre de 2023. En el mismo período creció el monotributo (+121.740). La precarización laboral avanza. En ese marco, Milei puso nuevamente en agenda la reforma laboral con el falso argumento de crear empleo. En la historia del país ya se demostró que eso no ocurrió, solo avanzó la precarización laboral, con salarios por el piso, que aumentó las ganancias de los empresarios.
 
El impensable y contundente resultado electoral de hace unos domingos atrás agrandó al gobierno anarco capitalista, que pasó a la ofensiva. La punta de lanza de esta ofensiva es la promocionada reforma laboral. ¿Se trata de una modernización equitativa y democrática de las relaciones capital trabajo, o se trata de una regresión a formas de dominio absoluto del capital sobre el trabajo?
 
Aprovechando el envión dado por las urnas, Milei está decidido a cumplir con las imposiciones del FMI. Que el Congreso apruebe el presupuesto 2026 en las sesiones extraordinarias de diciembre y sancione las leyes que impongan las reformas laboral esclavista y la tributaria, también exigidas por el Círculo Rojo, en enero. La previsional quedaría para más adelante.
 
Así como desde el inicio de su gestión creó una suerte de sentido común acerca de las bondades del equilibrio fiscal, que ya nadie en la oposición sistémica discute. Así ha buscado imponer un ambiente favorable a las reformas, particularmente la que tiene que ver en contra de los derechos del trabajo.
 
Los argumentos son por demás conocidos. Modernizar la legislación y sus normativas que estarían obsoletas frente a los nuevos procesos de producción y comercialización, que no se adaptarían a las nuevas tecnologías en continuo cambio, que su rigidez impediría la creación de empleo y por lo tanto obstaculizaría la reducción de la informalidad. Cuando el desempleo en Argentina llegó al 7,9% en el primer trimestre de 2025, según el INDEC. Casi 1,8 millones de personas estuvieron sin trabajo en ese período.
 
No se trata de ninguna modernización, es una regresión a las condiciones laborales del pre peronismo, si se quiere de fines del siglo XIX y principios del XX, que maximizan las ganancias de las empresas sobre la base de rebajar aún más el ingreso de los trabajadores. La experiencia demuestra que este tipo de reformas solo traen más precarización y pérdida de derechos. (Recordar "Ley de Empleo", 1991 y "Ley de Empleo, productividad y equidad", 2000 (Ley Banelco). La creación de empleos formales, que baja la informalidad, no depende de este tipo de normativas sino del crecimiento de la inversión productiva y la expansión de la actividad económica.
 
¿Qué tipo de reforma es necesaria? Una que compense la asimetría entre capital y trabajo, que no incline la cancha más de lo que está. Que por ejemplo reduzca la jornada para crear empleo. Que reconozca la calidad de trabajadores y por lo tanto sus derechos a quiénes se desempeñan en los servicios de plataformas. Que otorgue derechos a quienes trabajan en la Economía Popular. Que reconozca las licencias por paternidad y regule las tareas de cuidados...
 
Las condiciones de vida de los trabajadores no mejorarán con la reforma laboral de Milei, hay que rechazar el proyecto y conquistar trabajo con derecho para todos. No hay nada que negociar. Por el contrario, hay que resistir y luchar contra esta reforma antiobrera y antisindical que beneficia a los ricos y perjudica a los pobres. 
 
La Opinión Popular
 

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