18:00 | Domingo 08 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 25-09-2020 / 10:09

PANORAMA EMPRESARIO SEMANAL

Trastienda del poder para intentar que no se apruebe el impuesto a las grandes fortunas

La trama secreta del cabildeo está a punto de cumplir seis meses e incluye a banqueros, industriales, supermercadistas, contratistas, barones de la energía, jueces, fiscales, diputados y senadores. Y por supuesto, también al binomio presidencial.

El diputado Carlos Heller viene de enfrentar el lobby más poderoso y simultáneo que se haya ejercido este año sobre los tres poderes del estado. El resultado de esas gestiones corporativas terminará de conocerse hoy, cuando la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja finalmente emita su dictamen sobre el proyecto con su firma y la de Máximo Kirchner para establecer un impuesto por única vez sobre las grandes fortunas de más de $200 millones.

Pero la trama secreta del cabildeo está a punto de cumplir seis meses e incluye a banqueros, industriales, supermercadistas, contratistas, barones de la energía, jueces, fiscales, diputados y senadores. Y por supuesto, también al binomio presidencial.

El episodio más tenso se vivió en un almuerzo en la City dos semanas atrás, cuando Heller recibió en su oficina del Credicoop al dueño del Macro, Jorge Brito, con quien compitió durante casi 40 años y con quien discutió en ese lapso decenas de leyes, decretos y resoluciones de distintos gobiernos.

Brito expuso su plan A: quería que el oficialismo retirara el proyecto y lo cambiara por una sobrealícuota de Ganancias por única vez para hacer frente a los gastos derivados de la pandemia. Aseguró que con ese instrumento el Estado podría cosechar la misma recaudación y no ahuyentar inversiones ni darle a la oposición elementos para agitar fantasmas de expropiaciones masivas.

Ante la negativa de Heller, Brito acudió a Máximo Kirchner con otra impugnación al proyecto teñida de un súbito orgullo nacionalista: que pretende gravar a los dueños de grandes fortunas argentinos pero no a los dueños extranjeros de empresas radicadas en el país. Puso como ejemplo a Alfredo Coto, quien debería oblar la alícuota máxima del 3,5% en caso de aprobarse el tributo, pero cuyos competidores extranjeros -los dueños de Carrefour o Walmart, por caso- no estarían alcanzados.

La misma "injusticia" que podría interpretarse que hay entre él y a Ana Botín, la heredera del imperio Santander, si se analizara solamente el DNI de cada uno y no un proyecto de emergencia para cubrir una cuarta parte del costo que tuvo para el fisco el paquete de medidas para sostener a la economía durante el peor cimbronazo desde el crac de 2001-2002.

Quien planteó la misma objeción pero por interpósita persona fue Marcos Marcelo Mindlin, factótum del grupo Pampa Energía y discreto comprador de IECSA, la constructora insignia del grupo Macri que comandó hasta 2017 el primo hermano de Mauricio, Ángelo Calcaterra.

"Marcelo", como lo llamó afectuosamente Alberto Fernández cuando inauguraron juntos su última usina eléctrica a fines de junio, hizo llegar su inquietud directamente a Olivos. Tampoco obtuvo respuesta inmediata.

Troyano

Máximo Kirchner escuchó a Brito y le prometió estudiar el asunto. Lo que le expuso era su plan B: lograr que bajara la alícuota para los "nacionales" y se cobrara un 0,5% a los "extranjeros", bajo la forma de una retención de Ganancias a cuenta de ese aporte.

Ya había recibido a otros empresarios top que llegaron a su secretario privado a través de Sergio Massa, su nuevo sherpa en el establishment. Pero no dejó de reprocharle el tiempo que le había tomado esa objeción. "Esperé 110 días a que me trajeran una propuesta alternativa. ¿Ahora se acuerdan? ¿En los últimos metros?", le preguntó.

Brito se excusó en la pandemia. No mintió, porque fue de los primeros infectados en el país, aunque para cuando cenó con otros magnates y con el propio jefe de la bancada oficialista en su mansión de San Isidro -casi tres meses atrás- ya había sido dado de alta.

Otro de los ejecutivos que entendió el último mes que el proyecto iba en serio y que también activó sus contactos para bloquearlo le dijo al primogénito de Néstor y Cristina que con una ley así, jamás cumpliría su sueño de ser Presidente. Lo narró el domingo pasado Nancy Pazos en su columna dominical y lo confirmaron a BAE Negocios desde el despacho del diputado. "¿Y quién te dijo que yo quiero ser presidente?", se limitó a responder.

La cúpula de la UIA, consustanciada con el argumento nacionalista de Brito, incluso llegó a redactar la cláusula con la que pretendía compensar esa injusticia y gravar a los extranjeros.

Tal como se publicó la semana pasada en esta columna, el texto llegó hasta el despacho de Massa y desde allí irradió a toda la comisión de Presupuesto y Hacienda. Quien ordenó archivarlo y dar por terminada la discusión fue el propio Kirchner. "Esto es un troyano para que se caiga la ley", laudó.

Un último intento corrió por cuenta de Roberto Urquía, dueño de Aceitera General Deheza, exsenador peronista por Córdoba y cuñado del presidente de la UIA, Miguel Acevedo. Lo propuso primero en privado y después en público, el viernes pasado en una entrevista con Radio Con Vos: que estén exentos del tributo los fondos invertidos en empresas productivas, de tal manera de evitar cobrar "un impuesto a quienes crean empleo".

Curiosamente, el argumento fue recogido por los opositores del PRO que ya anticiparon su voto en contra incluso para que el proyecto llegue a discutirse en el recinto de Diputados. No lo esgrimieron el lavagnismo ni los radicales que se sumaron a la propuesta del oficialismo. Hoy se sabrá quiénes son mayoría, al menos en esa instancia previa al plenario.

De Kristalina a Áñez

La pregunta que quedó flotando de cara al debate es si los casi cuatro meses que demoró el oficialismo en presentar el proyecto no le dieron aire a la oposición para resistirlo en el Congreso y al establishment para intentar voltearlo ante la opinión pública, aun cuando más del 70% de la sociedad apoya la idea de que los más ricos hagan un aporte mayor ante la magnitud de la corona-crisis.

En la Corte Suprema, por caso, hubo sondeos empresariales sobre su constitucionalidad a fines de abril en los despachos de Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, los dos ministros del tribunal que mantienen roce cotidiano con magnates. Desde entonces no se repitieron.

¿No era acaso mucho más defendible un impuesto así en mayo, cuando el hartazgo por la cuarentena no había impactado todavía tanto en el humor social? ¿No habría sido también más oportuno anunciar en ese momento el endurecimiento del control de cambios, cuando a nadie se le habría ocurrido hacer un banderazo contra el descuento de los gastos con tarjeta del cupo de 200 dólares?

¿No era en aquel momento más digerible que el gobierno hablara de "importaciones suntuarias" y de "cuidar los dólares para producir" y no ahora, cuando el hastío y la politización de la pandemia ahondaron la grieta hasta profundidades insondables? ¿No estaba incluso entonces más fresco el recuerdo de cómo la crisis había empezado mucho antes que el virus, bajo la gestión macrista?

El lamento por los problemas de timing es una constante que cruza a todo el gabinete pero que se oye especialmente en la Cancillería, donde leyeron con mucha preocupación la virulencia de las acusaciones de la presidenta de facto Jeanine Áñez contra el "populismo kirchnerista" en plena Asamblea General de la ONU.

No porque la enemistad con Bolivia represente un riesgo per se, sino por la sospecha de que detrás de sus palabras haya podido estar el Departamento de Estado.

Un choque frontal con Estados Unidos es algo que Alberto Fernández sabe que no se puede permitir a las puertas de una negociación decisiva con el Fondo Monetario, donde el Tesoro es el accionista mayoritario con poder de veto.

El embajador en Washington, Jorge Argüello, le aseguró al Presidente que no quedaron rencores después de la fallida postulación de Beliz para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Quien finalmente ganó esa elección, el cubano-estadounidense Mauricio Claver-Carone, le prometió a Argüello ayuda en el FMI "incluso sin que se la pidiéramos", según reveló esta semana Felipe Solá. Pronto se sabrá si cumple.

Lo que ninguno de los dueños de grandes fortunas dejó de preguntarles a Massa, a Heller y a Kirchner es si el tributo se pagaría por única vez o si se repetiría en el futuro. Una consulta algo ingenua si se tiene en cuenta que el año que viene puede debatirse una reforma tributaria integral. Lo interesante será monitorear si en algún momento la consulta deja paso a la conspiración. Y si en el lobby entra alguna embajada extranjera.

Antes del putsch que depuso a Evo Morales y encaramó a Áñez al poder en Bolivia también se agitaban denuncias de fraude electoral sin exhibir pruebas, como hicieron acá primero Macri -por escrito en La Nación- y después, más abierta y torpemente, Esteban Bullrich.

Por Alejandro Bercovich

Fuente: BAE Negocios

07-02-2026 / 19:02

Cero credibilidad por el escándalo del Indec que dejó a Javier Milei y a Toto Caputo con el culo al aire

Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.

El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.

Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".

Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.

El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.

El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.

La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.

Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."

07-02-2026 / 11:02

Apertura comercial indiscriminada y sometimiento al imperialismo: Milei le entrega todo a Trump y no recibe nada a cambio

El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.

La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.

Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.

El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.

En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.

En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.

El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.

06-02-2026 / 09:02

Milei, copiando a Trump, lanza cuenta oficial para desmentir, perseguir y cazar periodistas

Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.

"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.

Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.

Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.

O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.

Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.

En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.

La Opinión Popular

05-02-2026 / 11:02

Milei dejó a las familias al borde del default: la morosidad se disparó a niveles históricos

Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.

Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.

El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.

Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.

Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.

La Opinión Popular

04-02-2026 / 11:02

Caputazo en el Indec: Ilegalidades que afectan a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza

A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).

Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".

En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.

Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).

Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.

Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.

Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".

La Opinión Popular