12:12 | Jueves 01 de Enero de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 25-09-2020 / 10:09

"EL COSTO DE LAS OBRAS IBA A SER EL TRIPLE DEL QUE CORRESPONDÍA", DENUNCIÓ KATOPODIS

Alberto anuló los abusivos contratos de PPP para autopistas que firmó Macri

El PPP fue una fracasada iniciativa del ex ministro macrista de Transporte, Guillermo Dietrich, que dedicó más de un año y millonarios recursos a un sistema muy polémico por los costos financieros astronómicos que genera, al punto que en el Reino Unido, su país de creación, recibió críticas demoledoras del Parlamento británico.

El Gobierno de Alberto Fernández rescindió este jueves los contratos denominados de Participación Público Privada (PPP) para construir autopistas, en acuerdo con las empresas concesionarias. El PPP fue una fracasada iniciativa del ex ministro macrista de Transporte, Guillermo Dietrich, que dedicó más de un año y millonarios recursos a un sistema muy polémico por los costos financieros astronómicos que genera, al punto que en el Reino Unido, su país de creación, recibió críticas demoledoras del Parlamento británico.

El esquema público-privado del macrismo fue un fracaso y era ruinoso para el Estado. El costo de las obras iba a ser el triple del que correspondía y esos contratos en dólares representaban un gigantesco negocio para unos pocos. Al hacer el anuncio, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, dijo que el "esquema público-privado del macrismo fue un fracaso y era ruinoso para el Estado, ya que beneficiaba al sector financiero y las obras prometidas no se hicieron".

"El costo de las obras iba a ser el triple del que correspondía y esos contratos en dólares representaban un gigantesco negocio para unos pocos", agregó Katopodis. De esa forma, el Ministerio de Obras Públicas llegó a un acuerdo con la contratista a cargo de los corredores E y F, en el marco de un proceso de extinción de los contratos que comenzó en mayo con la intimación a las empresas concesionarias de seis corredores viales.

Así, a dos años de la fallida implementación del esquema de PPP, diseñado en la gestión del ex presidente Mauricio Macri, el Gobierno actual inició un proceso de rescisión de los leoninos contratos con las empresas que están a cargo de las concesiones de seis corredores viales, frente a la detección de "irregularidades e incumplimientos por parte de las concesionarias en sus obligaciones".

Los seis proyectos anulados prometían una inversión de US$ 5.400 millones en cinco años para la construcción de 3.400 km de autopistas y rutas. Sin embargo, el costo total con financiamiento oscilaba entre US$ 10.000 y US$ 13.000 millones, dependiendo del nivel del riesgo país.

De esta manera, este mecanismo de contratación traía aparejado un costo adicional a la construcción de las rutas por el impacto del costo del financiamiento. Asimismo, estos contratos se realizaron en dólares, tanto para el costo del financiamiento como para la ejecución física de las obras, una política que podría perjudicar la administración de las divisas de la Nación, debilitando las reservas del Banco Central.

Actualmente, el nuevo cronograma de avance de obras dispuesto en la adenda tampoco se cumplió y en algunos casos la parálisis es total. Las empresas tampoco han podido realizar el cierre financiero, es decir que el financiamiento privado para las obras sigue sin concretarse, ni han cumplido con el incremento del monto de la garantía de cierre financiero de acuerdo a lo estipulado en los contratos.

La Opinión Popular

Obra pública macrista: Duro informe de la AGN sobre las PPP

La Auditoría General de la Nación aprobó un informe muy crítico sobre el programa de Participación Público Privada que impulsó el gobierno de Mauricio Macri.

El programa de Participación Público Privada (PPP) del macrismo para darle impulso a la obra pública de vialidad estuvo repleto de irregularidades. Así lo determinó la Auditoría General de la Nación (AGN) al analizar contrataciones del proyecto "PPP Red de Autopistas y Rutas Seguras-Rars Etapa 1".

Las PPP fueron la carta fuerte que jugó el gobierno de Mauricio Macri para impulsar las obras viales. "Los principales bancos del mundo confirmaron su participación en el fideicomiso de la PPP", titulaba Clarín en octubre de 2018 al hacerse eco de las palabras del entonces ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. La cuestionada iniciativa terminó en un fracaso rotundo.

El Colegio de Auditores de la AGN sesionó en forma virtual el 16 de septiembre pasado y aprobó un informe muy crítico con el programa destinado a rutas y autopistas que había proyectado la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) macrista.

Entre las irregularidades que marcó la AGN, se destacan:

- Un grosero error en el cálculo de costos. La Dirección de Vialidad estimó un presupuesto de costos por un valor de 5.338 millones de dólares a noviembre de 2017 pero las ofertas se adjudicaron por 9.969 millones de dólares. "Se observa una significativa brecha entre los montos estimados y lo efectivamente contratado. En la actualidad se estima que el costo rondaría los 13.100 millones de dólares, más del doble de lo previsto en los cálculos originales", se especificó desde el organismo de control.

- Problemas de financiamiento. "Los ingresos para financiar las obras de PPP son en pesos, pero las erogaciones se cotizan en dólares, las que además son ajustadas por el riesgo país .Bajo este esquema, no se hace mención alguna al riesgo cambiario al que se expone el Estado Nacional al comprometer pagos en dólares respecto de fuentes de ingresos en pesos", se indicó.

- Perjudica al Estado. Los recursos para hacer frente a los pagos en dólares provienen de un fondo que recibe pesos de los impuestos sobre el gasoil y los combustibles líquidos. "Para cubrir un eventual déficit, se comprometieron aportes adicionales del Estado Nacional que nunca fueron cuantificados, comprometiendo con ello los recursos del Presupuesto Nacional", se cuestionó desde la AGN.

- Impacto fiscal. No se realizó un análisis del impacto fiscal para que los legisladores y la ciudadanía pudiesen conocer cuánto se iba a gastar o invertir, como lo dispone la ley.

- Disuelve el control estatal. "El Contrato PPP restringe las condiciones en las cuales el ente contratante puede ejercer la facultad de extinguir anticipadamente el contrato por razones de interés público", se remarcó.

- Problema de fondos. Tampoco se previó que las empresas aseguren los fondos para las obras antes de la firma de los contratos, "con lo cual la ejecución de los mismos quedó expuesta a variaciones desfavorables del contexto macroeconómico".

- Incertidumbre. El informe señala también que "el gobierno de Macri concedió prórrogas y modificaciones contractuales que agravaron la situación de incertidumbre, llevando los contratos hasta la actualidad, a pesar de que las empresas todavía no han asegurado el financiamiento y cuentan con un bajísimo grado de ejecución en las obras".

- Finalmente, se señaló que "los contratos, con todas estas imprevisiones, fueron llevados adelante en el contexto de la negociación del acuerdo con el FMI, de una fuerte devaluación y cierre de los mercados financieros, por lo que el régimen PPP aparece desvirtuado, empleado como un fin en sí mismo, y desviándose del objetivo principal a satisfacer: el interés público".

La reunión del colegio de auditores en la que se trató el informe de las PPP fue presidida por el titular del organismo, Jesús Rodríguez, quien estuvo acompañado por los auditores generales Juan Ignacio Forlón, Graciela De la Rosa, Javier Fernández, Gabriel Mihura Estrada, Alejandro Nieva y Miguel Pichetto.

La votación en pos de aprobar el informe crítico terminó 4 a 3, con los votos a favor de Forlón, De la Rosa, Fernández y Mihura Estrada. Nieva, Pichetto y Rodríguez firmaron un proyecto de minoría. Ambos se comunicarán a la Comisión Revisora de Cuentas.

El período que se auditó abarcó desde los actos preparatorios, en 2017, hasta la firma de los contratos PPP en seis corredores.

Otro hallazgo

Al auditar las PPP, desde la AGN remarcaron que no se encuentran justificadas "las razones por las cuales el interés público se atenderá mejor mediante el régimen de los PPP". Por ejemplo, se señaló que entre los 52 proyectos PPP previstos en el Presupuesto del 2018, se priorizaron las autopistas y las rutas, pero no se tuvieron en cuenta los criterios que consideran las necesidades a nivel nacional.

En esa línea, se subrayó que por un decreto de necesidad y urgencia, el gobierno de Mauricio Macri "destinó al proyecto PPP el 100% de los recursos del SISVIAL, un fondo que financia obras y subsidios en todo el país".

Por Franco Mizrahi

Fuente: El Destape

En un nuevo revés a la gestión de Cambiemos, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, afirmó hoy que el programa de Participación Público-Privada (PPP) creado por el Gobierno de Mauricio Macri es «absolutamente ruinoso». «Después de casi tres años de que se lanzó el programa de las PPP, no vemos posibilidades de que ahora se pueda ejecutar, pero las obras las vamos a hacer», dijo y agregó: «Licitaremos las obras como estamos haciendo con otros corredores de todo el país».

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".

28-12-2025 / 12:12

Al revés de lo que pretende Milei, las empresas remarcan para amortiguar caída de ventas y pérdidas millonarias

Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.

Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.

Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.

Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.

Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.

Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.

PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.

Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.

En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.

Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.

27-12-2025 / 09:12

Defendiendo lo indefendible: El apoyo a Milei fue contra los intereses de la mayoría que lo votó, aunque ellos se ilusionan con lo contrario

Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.

Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.

El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.

Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.

En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.

Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.

Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.

Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.

En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza.