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Entre Ríos - 17-09-2020 / 12:09
SERIAN MÁS DE 2 MILLONES POR MES

Grave denuncia: Durante 15 años, la Caja de Jubilaciones le habría seguido pagando a personas fallecidas

Grave denuncia: Durante 15 años, la Caja de Jubilaciones le habría seguido pagando a personas fallecidas
Daniel Elías, ex titular de la Caja de Jubilaciones.
 
La Revista Análisis reveló en su edición impresa de este jueves que -en principio- se encontró un grupo de 80 jubilados ya fallecidos, a quienes la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos le seguía abonando los haberes, mes tras mes, durante 15 años.
 
De esa primera lista, surge que significaban un egreso de 2,5 millones de pesos mensuales. La mayoría son de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Se busca determinar si hubo fallas en el sistema o fueron desvíos organizados sistemáticamente, para bolsillos de unos pocos. La situación habría sido clave para el pedido de renuncia a Daniel Elías.
 
La historia -cuenta el periodista Daniel Enz- arrancó a mediados de mayo de este año, a escasas semanas del inicio de la cuarentena por el avance del Covid19, pero se escondió bajo siete llaves porque se sabía que era una información sensible e impactante.
 
En el IOSPER, detectaron que un lote importante de personas fallecidas seguía con el beneficio de la obra social. Cuando profundizaron al respecto, notaron que la situación era más grave de lo pensado: eran todos jubilados muertos, la mayoría de ellos con domicilio fuera de Entre Ríos, donde "alguien" cercano a cada una de las personas seguía percibiendo la remuneración pertinente, pese a estar bajo tierra.
 
 
Cuando en el IOSPER miraron un poco más profundo notaron que en el padrón aparecían por lo menos 80 casos, muchos de ellos desde 2013 (aunque algunos eran de diez años antes) y que representaba para la Caja de Jubilaciones algo así como 2,5 millones de pesos por mes, que iban para gente no determinada que percibían beneficios por alrededor de 40 mil pesos mensuales.
 
"Son algo así como 30 millones de pesos anuales que llevaba ese mecanismo", se indicó. El Registro Civil había informado en su momento al IOSPER que tales personas habían fallecido, pero en la Caja de Jubilaciones seguía figurando y por ende se exigía el aporte de la obra social.
 
--¿Pero aparecían casos de años anteriores?
 
--Entiendo que el mecanismo venía llevándose a cabo desde 2003. Hay dos casos de ese año y luego otro nombre en el 2004 -se explicó.
 
El caso de 2003 es de la ciudad de Colón; el restante, de Federal. No obstante, la mayoría de los muertos vivos son de Capital Federal, Córdoba, Santa Fe y lugares de la provincia de Buenos Aires. Los más salientes eran dos jubilaciones mensuales por 143.622 pesos y otro de 113.759 pesos. El primero estaba fallecido desde el 24 de julio de 2009; el restante, el 15 de junio del mismo año.
 
Hay quienes sostienen que el gobernador Gustavo Bordet estalló de bronca cuando le llegó la documentación y le comentó al fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, que había que disponer urgente una investigación y que desde el organismo de Andrés Pazos y Corrientes había que dar una respuesta. También fue notificado de la situación el ministro de Economía, Hugo Ballay.
 
No pocos pensaron que los días de Daniel Elías, a partir de esta situación, estaban contados, porque la bronca era demasiado grande. Que esta vez no iba a tener retorno. No iban a alcanzar con sus 16 años de permanencia al frente del organismo previsional (desde inicios de 2004); ni con su reconocimiento nacional en el tema jubilatorio ni con los cientos de miles de seguidores en las redes sociales, como Instagram o Tik tok, donde cada semana, aparece bailando junto a sus hijos -tanto en su coqueta residencia de Paraná como en su aún más preciada casa en Nordelta, en el Tigre-, lo que también traía dolores de cabeza en el Poder Ejecutivo, en medio de la peor crisis de la caja entrerriana y las interminables quejas de los jubilados, más aún con la emergencia declarada en la provincia y los descuentos pertinentes.
 
Fuente: Revista Análisis
 
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El porteño Rogelio Frigerio y buena parte de los gobernadores escucharon al presidente Javier Milei, quien celebró la supuesta mejora macroeconómica, el control político pleno que La Libertad Avanza logró en el Congreso pese a no tener mayoría, las reformas que él considera irreversibles y el avance de las ideas libertarias, que parecen irrefrenables. Frigerio y los gobernadores escucharon un relato triunfal mientras afrontan la complejidad creciente de sus administraciones provinciales, de la economía real, del derrumbe de los sectores regionales industriales y de la grave situación social.
 
Esa parte de la realidad, dolorosamente territorial y expulsiva, radica en el interior federal, aunque dependa casi exclusivamente de decisiones que toma Milei. El desfinanciamiento cada vez más pronunciado de las administraciones provinciales les resta posibilidades de acción territorial y política. No obstante, los diputados y senadores de las provincias votan a favor de las leyes de Milei. El oficialismo entrerriano, entre ellos.
 
El posicionamiento político de Frigerio es cada vez más difícil de clasificar. Intenta calmar los reproches del pueblo, pero en simultáneo avala la reforma laboral. Apoya la macroeconomía de puertas abiertas de par en par, con importaciones indiscriminadas, pero reclama igualdad de condiciones para la golpeada industria provincial. Los diagnósticos son tenebrosos en materia de empleo y de condiciones sociales del amplio sector asalariado entrerriano que desde hace décadas vive de industrias que van perdiendo competitividad, y que el proyecto libertario ha venido a liquidar. Milei lo hace sin complejos: celebra el cierre de empresas, trata de delincuentes a los principales empresarios del país y jamás habla de producción ni de empleo.
 
Cuando se observa el posicionamiento de Frigerio, su margen político se evidencia dramáticamente reducido. Y las consecuencias en la propia administración son crecientes. Frigerio sostiene el ajuste en los sueldos públicos y en las jubilaciones pese al malestar gremial en alza; intenta amortiguar la caída generalizada de recursos con mayor endeudamiento, con refinanciamiento caro y sobre costos. Mientras, subsiste gracias al intercambio de votos en el Congreso por algún ATN. Se balancea al borde del abismo y la conflictividad se incrementa en todo el territorio provincial.
 
En ese marco, Nadia Burgos, dirigente del MST en el FIT-U y delegada gremial del Ministerio de Salud se expresó: "La paritaria estatal en Entre Ríos volvió a mostrar el mismo esquema de siempre: el gobierno presenta una oferta que no recompone el salario real y pretende cerrar el conflicto con el aval de UPCN, mientras miles de trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo y en su mayoría con salario de pobreza". La miserable propuesta de Frigerio, del 15,8% sobre sueldo básico de junio 2025, no cubre la inflación acumulada ni garantiza una recuperación del salario, sumado a los 9 meses de salarios congelado junto a los recortes de ingreso de junio 2025. Las sumas fijas, tramos diferidos y promesas de revisión no resuelven el problema de fondo: los sueldos estatales están por debajo de lo necesario para vivir. Frigerio está muy alejado de lo que se vive en los lugares de trabajo: el salario no llega, las condiciones laborales se deterioran y el ajuste se descarga sobre quienes sostienen el funcionamiento del Estado y los jubilados.
 
Por su parte, para el sector pasivo se otorgará una suma fija de 75.000 pesos que reemplaza la suma fija que venían percibiendo de $40.000. Aumento real: $35.000. Una miseria. Las cifras establecidas están muy debajo de la inflación real y en la mitad de los índices truchos del gobierno de Milei. Y no recomponen el poder de compra de los trabajadores. El Consejo Provincial del Partido Justicialista expresó su "profunda preocupación y rechazo ante el reciente anuncio del gobierno provincial de otorgar incrementos salariales bajo la modalidad de sumas no remunerativas y no bonificables". Resulta contradictorio e injustificable que, en un contexto donde el propio oficialismo impulsa una reforma previsional que afectará directamente a trabajadores activos y jubilados, se dispongan mecanismos salariales que reducen aportes, debilitan el financiamiento del sistema previsional y deterioran el salario real de los empleados públicos.
 

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