23:35 | Lunes 25 de Mayo de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Entre Ríos - 17-09-2020 / 11:09

POR MAL VENDER FABULOSAS PROPIEDADES DEL ESTADO A AMIGOS DEL GOBIERNO DE CAMBIEMOS

Rogelio Frigerio denunciado penalmente por corrupción

Para los amigos y aportantes a la campaña electoral, todo; para el enemigo ni justicia. La Oficina Anticorrupción denunció en la justicia que Mauricio Macri, Marcos Peña, Rogelio Frigerio y otros ex funcionarios operaron para venderle fabulosas propiedades del Estado a sus amigos.

Para los amigos y aportantes a la campaña electoral, todo; para el enemigo ni justicia. La Oficina Anticorrupción denunció en la justicia que Mauricio Macri, Marcos Peña, Rogelio Frigerio y otros ex funcionarios operaron para venderle fabulosas propiedades del Estado a sus amigos, simulando subastas en los que participaba un solo oferente o a veces dos, pero con adjudicaciones a precios muy por debajo del valor puesto por el Tribunal de Tasación.

El perjuicio para el Estado fue de 74.536.889 dólares. Entre los inmuebles con los que se quedaron los íntimos figuran parcelas de enorme valor en Catalinas Norte, o sea los terrenos detrás del Hotel Sheraton en Retiro, a las puertas de Puerto Madero; otras propiedades en CABA y una enorme estancia parcelada en Córdoba.

Los nombres de algunos de los amigos son conocidos: Nicolás Caputo, Mario Quintana, el dueño de la casa en Villa La Angostura donde Macri suele descansar; los titulares del banco Safra, el elegido por Gianfranco Macri en Suiza para depositar los dólares que luego blanqueó; integrantes de la familia Blanco Villegas (vinculados a la madre del ex presidente) y numerosos y poderosos aportantes de la campaña de Cambiemos.

Lo que se repite en el macrismo son los negocios para los amigos. Ocurrió en los peajes, en los parques eólicos, en la venta de las centrales energéticas, en la colocación de la deuda y, por lo que denuncia la Oficina Anticorrupción, con un catastrófico perjuicio de 75 millones de dólares, en la venta de propiedades del Estado. Así gestionó el Gobierno de los Ricos.

Los datos de las irregularidades fueron detectados por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la auditoría interna de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que es la que manejaba esos inmuebles. Sobre esos informes demoledores, la Oficina Anticorrupción (OA) que lidera Félix Crous, presentó la denuncia que recayó en el juez Julián Ercolini --un amigo de Cambiemos-- y en el fiscal Gerardo Pollicita.

El cuerpo central de la denuncia apunta a varias irregularidades:

* Para las subastas se estableció un valor de base 30 por ciento por debajo del fijado por el Tribunal de Tasación. La idea era que en la subasta se llegara al valor de mercado, pero en todos los casos se adjudicaron los terrenos a muchísimo menos de lo que valían. De ahí el perjuicio de casi 75 millones de dólares.

* Las subastas tuvieron una particularidad llamativa. Se interesaron grupos y empresas del mundo entero, pero finalmente a la subasta sólo concurría un oferente o a lo sumo dos. "Mediante el direccionamiento de las subastas garantizaron que no hubiera puja o que la puja fuera aparente", dice la denuncia.

* En todos los casos, se trató de amigos de Macri, de aportantes de su campaña. En ocasiones, para que no se notara que los adjudicatarios eran los mismos, combinaron los mismos nombres en distintas sociedades.

Por supuesto que lo más apetecible fueron los seis terrenos de Catalinas Norte, ubicados a la entrada de Puerto Madero, en la zona inmobiliaria más valorada de la ciudad de Buenos Aires. En la denuncia, la OA hace un perfil de los que se quedaron con esas parcelas millonarias.

* Consultatio S.A., que aportó 850.000 pesos a la campaña de Macri. Las cabezas visibles fueron Eduardo Constantini y Carlos Aníbal Reyes Terrabusi. Este último figura en dos sociedades como socio de Jorge Alberto Blanco Villegas, tio de Macri, y aportante de 1.800.000 pesos a la candidatura de su sobrino.

Uno de los terrenos se les adjudicó a 10,85 por ciento menos del valor fijado por el Tribunal de Tasación, mientras que otro terreno lo consiguieron pagando 19,12 por ciento menos del valor establecido por el Tribunal.

* TGLT, el conglomerado que absorbió a Caputo S.A., la constructora de Nicky Caputo, el amigo de la vida de Macri. Según la denuncia, le cedieron parte de la compra a un fideicomiso encabezado por un primo hermano de Eduardo Cohen Watkins, el dueño de la casa en Cumelén que usa Macri para descansar cuando viaja a La Angostura. TGLT se quedó con una parte y todo el predio se adjudicó a un 24,14 por ciento menos del valor fijado por el Tribunal de Tasación.

* En otra de las parcelas los únicos competidores fueron los mismos, Consultatio y TGLT. Se lo quedó Consultatio con un 24,70 por ciento menos del valor fijado.

* La subasta 3 de 2018 la ganó el fideicomiso BAP, que maneja un fondo encabezado por Edmond Safra, el primo de Cohen Watkins. Se pagó 16,23 por ciento menos del valor del Tribunal de Tasación.

* Hay otra parcela que se quedó el fondo manejado por Edmond Safra, dueño del Banco Safra en el que Gianfranco Macri tenía el dinero no declarado que luego blanqueó en 2016. Se les adjudicó por un 16,23 por ciento de menos.

En la denuncia de OA figura que hubo 15 grupos empresarios interesados en los terrenos de Catalinas Norte, pero sólo 4 fueron habilitados. Todos amigos o vinculados a Macri y uno solo, OPM, que no ganó ninguna subasta, relacionada con Mario Quintana.

El total del perjuicio al Estado en estas ventas fue de más de 52 millones de dólares y la OA imputó a Macri, Peña y Frigerio, firmantes de las adjudicaciones, así como a la cúpula de la AABE, encabezada por Ramón María Lanús.

Las otras operaciones perjudiciales para el Estado se realizaron con predios más chicos y peor ubicados en CABA y una gigantesca estancia --Establecimiento General Paz-- de 12.000 hectáreas en Córdoba, a 250 kilómetros de la capital provincial. Esta inmensa propiedad, que era del Ejército, fue dividida en 51 lotes con la excusa de lograr una pluralidad de compradores.

Resultó que los adjudicatarios fueron pocos, aunque con sociedades distintas, y se quedaron en buena parte de los lotes con hectáreas a 8.900 dólares, cuando el valor fijado por el Tribunal de Tasación era de 15.000.

Hubo lotes que se entregaron por debajo del valor de base, pero se justificó con la aplicación de un ajuste. El mayor comprador (9 lotes) fue La Cebadilla S.A., que la OA vincula con la familia Blanco Villegas. Para colmo, aparecen también relaciones con el titular del AABE.

Por Raúl Kollmann

Fuente: Página12

24-05-2026 / 09:05

Reforma previsional de Frigerio: Michel denuncia que el costo del ajuste lo pagan los trabajadores

Un análisis técnico de Guillermo Michel desnuda la verdadera naturaleza del proyecto de Frigerio: una transferencia forzosa de ingresos desde el bolsillo de los trabajadores hacia las arcas de un Estado que abdica de su responsabilidad social. Michel advierte que no estamos ante una búsqueda de eficiencia, sino ante un "ajuste por goteo" que utiliza la duplicación del período de cálculo y la eliminación de la movilidad sectorial para licuar los haberes. Según el experto legislador, la reforma rompe el principio de sustitutividad, condenando a los futuros jubilados a percibir una tasa de reemplazo que no refleja su trayectoria laboral, mientras se legaliza el perjuicio previsional derivado del empleo no registrado.

Para Michel, el costo de este "equilibrio" fiscal es una regresión patrimonial sin precedentes que ensancha la brecha entre activos y pasivos. El análisis subraya que la delegación de facultades al Ejecutivo y la creación de aportes "solidarios" sobre jubilados no son medidas de emergencia, sino el andamiaje de un estatuto permanente de excepción. En términos de Michel, la gestión de Frigerio opta por el camino más corto y doloroso: castigar la biografía laboral del trabajador entrerriano -especialmente de las mujeres y regímenes especiales- para cumplir con metas de austeridad que ignoran la protección constitucional del salario diferido.

En forma lapidaria, Guillermo Michel concluyó: "Frigerio está construyendo el expediente político para ser recordado como el peor gobernador de Entre Ríos desde la vuelta de la democracia. Y con esta ley ratifica que también lo será para los trabajadores".

24-05-2026 / 09:05

Ajuste Previsional en Entre Ríos: El Proyecto de Frigerio avanza contra los derechos sociales

Bajo el rótulo tecnocrático de "Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional", el gobierno de Rogelio Frigerio ha enviado a la Legislatura un proyecto de ley que, tras el análisis minucioso de su articulado, se revela como un programa de ajuste estructural sin precedentes. No estamos ante una reforma técnica de sostenibilidad; estamos ante un desmantelamiento sistemático de la Ley N° 8732 y un retroceso histórico que vulnera el principio de no regresividad amparado por nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos.

El proyecto de Rogelio Frigerio es un asalto ataque a la seguridad social de los entrerrianos. Bajo el paraguas de la "sustentabilidad", el Ejecutivo pretende legalizar un ajuste estructural que confisca el salario de los trabajadores activos y licúa el haber de los jubilados, enmarcando los cambios en la Caja de Jubilaciones más al servicio del déficit cero que de los derechos sociales de los pasivos de la provincia. Se trata de una embestida que descarga el peso de una crisis que los trabajadores no generaron sobre sus propias espaldas, mediante un sistema de castigo que licúa ingresos y destruye la movilidad.

Esta ofensiva gubernamental no solo desmantela el 82% móvil y el enganche sectorial, sino que consagra una autocracia financiera donde los derechos constitucionales quedan supeditados a decretos del Ejecutivo. Al elevar la edad jubilatoria hasta umbrales biológicamente altísimos y ensañarse particularmente con las mujeres y los sectores más vulnerables, la gestión provincial firma una iniciativa que generará abierta polémica. Es, en esencia, un programa de ajuste que abdica del rol protector del Estado para arrojarse a una lógica de mercado contable que se no contempló los derechos constitucionales de los entrerrianos.

De la redacción de La Opinión Popular

18-05-2026 / 20:05

Frigerio y el costo de la "Era Milei": Por primera vez, el Gobernador tiene saldo negativo en las encuestas

El reciente desplome en los indicadores de imagen de Rogelio Frigerio es, fundamentalmente, la traducción en números del costo de su disciplinamiento político ante la Casa Rosada. La gestión entrerriana ha pasado de ser un proyecto con llegó con sello propio a convertirse en el laboratorio del ajuste de Javier Milei, y los ciudadanos han comenzado a pasar la factura.

El informe publicado por Sociedad Política revela una erosión acelerada del capital político que Frigerio supo construir. Lo que antes era un activo —su perfil moderado y técnico— hoy se diluye ante la percepción de una gestión paralizada por su adhesión al gobierno nacional. Hoy, el diferencial de imagen en las encuestas es deficitario. La desaprobación ya supera a la aprobación, rompiendo el "piso de cristal" que el gobernador mantuvo desde que llegó a la gobernación. "Por primera vez, la imagen de Frigerio tiene saldo negativo. El relevamiento marca un punto de inflexión en la consideración pública del mandatario entrerriano".

La encuesta ramarca una caída en los sectores medios. El segmento que fue la base de su victoria en 2023 es el que más rápido le ha soltado la mano, agobiado por el aumento de precios, tarifas y la licuación de los salarios de estatales provinciales.

La caída de Frigerio es la consecuencia natural de un gobernador que ha decidido —por convicción o por asfixia financiera— ser un alumno aplicado del ajuste libertario. Al alinearse de forma casi incondicional con los proyectos legislativos de la Nación y aceptar sin mayores resistencias el recorte de transferencias, Frigerio está mimetizando su suerte con la de Milei.

De la redacción de La Opinión Popular

17-05-2026 / 20:05

Los polémicos argumentos del gobierno de Frigerio sobre los cotos de caza

El gobierno de Rogelio Frigerio ha vuelto a cruzar una línea polémica en materia de preservación ambiental y ética pública. En una reciente entrevista que desató el rechazo de organizaciones socioambientales y de la ciudadanía entrerriana, el Ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, blindó la polémica habilitación de la temporada de caza menor en la provincia recurriendo a un argumento tan insólito como jurídicamente insostenible: “La Constitución lo permite, no lo podemos prohibir”.

El discurso de Bernaudo tiene un error técnico, pero también un polémico juicio ético y jurídico. Es un error dado que se pretende disfrazar de "derecho constitucional" lo que en realidad es una concesión a empresas que trabajan en buena parte con extranjeros.

Al invocar una supuesta protección legal para la matanza de fauna, el funcionario parece confundir la normativa entrerriana con la Segunda Enmienda estadounidense, importando una retórica libertaria que Milei utilizó en su campaña presidencial, la que prioriza el negocio extractivo por sobre el deber constitucional de preservar la biodiversidad y los derechos de los seres sintientes.

Es cuestionable que se intente justificar el "turismo de caza" bajo la exagerada promesa de generación de empleo que, en la práctica, suele estar matizado por la precarización laboral en enclaves cerrados para extranjeros. Mientras el Estado admite su incapacidad de control mediante fiscalizaciones aleatorias, Entre Ríos queda expuesta como un territorio donde la vida silvestre se remata al mejor postor, ignorando el avance global hacia la protección animal y consolidando un modelo económico que deja ganancias en pocas manos. Es un tema que merece una profunda discusión.

De la redacción de La Opinión Popular

17-05-2026 / 14:05

Adrián Fuertes: "En la vida hay límites y las sanciones en el PJ son necesarias"

En una reciente entrevista en el Programa Cuestión de Fondo, el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, dejó definiciones que sacudieron el tablero interno del Partido Justicialista de Entre Ríos. Con una mezcla de pragmatismo y firmeza discursiva, el dirigente no esquivó el bulto ante la polémica por las sanciones disciplinarias y apuntó directamente contra quienes, según su visión, utilizan al partido como una plataforma de "agresión permanente".

Al ser consultado sobre las sanciones que el Tribunal de Disciplina ha comenzado a aplicar, Fuertes fue tajante: "Sí, estoy de acuerdo. Por supuesto que estoy de acuerdo". Para el villaguayense, la libertad de participación no es un cheque en blanco para el ataque sistemático hacia la conducción o los pares. "En la vida hay límites. Si lo que hay es una permanente agresión a los dirigentes del peronismo, están las normativas de sanción", disparó Fuertes.

Uno de los puntos más álgidos de su alocución fue la mención al sector de Héctor María Maya. Fuertes denunció lo que considera una estrategia de "división" orquestada desde afuera. Acusó a este sector de no cumplir con la Carta Orgánica y, acto seguido, utilizar sellos de partidos vinculados al oficialismo provincial para competir contra el peronismo. La metáfora del zapallo: "Le dieron el sello como si le dieran un zapallo... tomá, usalo para dividir al peronismo", graficó con ironía. En un dardo al Socialismo, el intendente del PJ uestionó que una fuerza de la coalición gobernante actual "alquilara" su personería para intervenir en la interna peronista sin un proceso orgánico claro.