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Nacionales - 17-09-2020 / 10:09
DEBEN DEJAR LA CÁMARA FEDERAL PORTEÑA

Defenestraron a los jueces que Macri designó a dedo para manipular la justicia

Defenestraron a los jueces que Macri designó a dedo para manipular la justicia
El rechazo de las designaciones a dedo de Bruglia, Bertuzzi y Castelli sucedió luego de que la Corte Suprema de Justicia desestimara ayer un pedido de "tratamiento urgente" del amparo presentado por Bruglia y Bertuzzi --y rechazado por un fallo de primera instancia-- para evitar que el Senado revisara sus nombramientos.
El Senado rechazó los traslados de los jueces macristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli  --quienes deberán volver a sus juzgados originales-- con el voto unánime del Frente de Todos y de Juntos Somos Río Negro, ante la ausencia del interbloque de Juntos por el Cambio. Los opositores se desconectaron de la sesión en protesta por la prórroga del trabajo remoto por otros 60 días sin su acuerdo ni sus condicionamientos.
 
La senadora mendocina y presidenta de la comisión de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti, sostuvo que las designaciones decretadas por el ex presidente Mauricio Macri tuvieron como objetivo "perseguir" opositores y "buscar impunidad" de los funcionarios macristas en su vuelta al llano. Y los definió como "jueces designados a la carta según la conveniencia del Ejecutivo de turno".
 
"Estos tres jueces que se negaron a participar de una audiencia convocada por el Senado demostraron tener un desaire, no solo a una fuerza política, sino al Senado de la Nación, pero sobre todo a la Constitución Nacional que deberían defender", aseguró Fernández Sagasti.
 
Y volvió a cuestionar la "situación de rebeldía" de los camaristas que se negaron a participar de la audiencia pública y "desconocer la composición de la Cámara, de origen popular y federal", como establece la propia Constitución para la designación de jueces, "cuyos cargos son vitalicios".
 

 
La senadora Inés Pilatti Vergara (FdT), recordó que la revisión de los traslado se originó en el Consejo de la Magistratura (que integra). Donde una auditoría sobre 40 traslados en los últimos 4 años concluyó que una decena cumplió los requisitos constitucionales; unos 15 no cumplió algunos de los requisitos y "un grupo de diez en los que no se respetaron los requisitos ni tampoco el acuerdo del Senado". Por lo que el Consejo envió los pliegos al Ejecutivo y el PEN al Senado para aprobar o rechazar sus traslados.
 
El mecanismo de trasladar jueces de un cargo a otro existe pero tiene ciertos requisitos y 10 de ellos habían sido irregulares o ilegales porque no pasaron por el Senado. ¿La razón? Se trataba de traslados que implicaban cambio de competencia, jurisdicción o jerarquía, lo que consideraron contradictorio con dos acordadas de la propia Corte, la 4 y la 7, de marzo y abril de 2018.
 
Dos de ellos eran Bruglia y Bertuzzi, que habían sido movidos del TOF4 a la Cámara Federal, en marzo y septiembre de aquel mismo año respectivamente. Otro era Castelli, que pasó de San Martín a Comodoro Py. La intención de Macri era tener el control de la Cámara por la que pasan todas las causas de Comodoro Py, la Cámara Federal.
 
Antes de abandonar la sesión, la macrista cordobesa Laura Rodríguez Machado, alentó la rebeldía de los magistrados. "El juez Castelli ha dicho que no se va a retirar de su oficina", dijo. Y le envió un mensaje: que "lo estamos respaldando, señor juez, para que usted pueda cumplir sus funciones independientemente en el marco de la Constitución, sus facultades y prerrogativas", en un intento de deslegitimar lo resuelto en la jornada legislativa.
 
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LAWFARE
 
El Senado rechazó los traslados de Bruglia y Bertuzzi: deben dejar la Cámara Federal porteña
  
Los dos jueces habían sido trasladados por el expresidente Mauricio Macri de forma irregular a ese tribunal estratégico de Comodoro Py. El interbloque de Juntos por el Cambio abandonó la sesión antes de la votación.
 
El Senado de la Nación rechazó los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi a la Cámara Federal porteña, por lo que deberán abandonar aquel estratégico tribunal de Comodoro Py al que llegaron de forma irregular  por decisión del entonces presidente Mauricio Macri. Lo mismo resolvieron sobre el magistrado Germán Castelli, quien había sido trasladado al TOF 7.
 
El interbloque de Juntos por el Cambio abandonó la sesión antes de la votación: con una excusa formal buscaron deslegitimar lo que definió la Cámara Alta. El resultado de la votación fue 41 votos a favor del rechazo de los tres traslados. Fue unánime ya que no estuvieron presentes los senadores de Juntos por el Cambio.
 
El argumento central por el que se rechazaron los pliegos de Bruglia, Bertuzzi y Castelli en la Cámara Alta fue que vulneraron la Constitución Nacional al no presentarse a la audiencia pública que se realizó en la Comisión de Acuerdos, el 4 de septiembre pasado. En la comisión se analizan los pliegos de 10 magistrados cuyos traslados fueron irregulares según lo determinó el Consejo de la Magistratura.
 
Para remendar ese vicio, el Poder Ejecutivo envió los pliegos de los 10 jueces al Senado, que debía analizarlos. Si les da acuerdo, los magistrados en cuestión se mantendrán en su cargo. Bruglia, Bertuzzi y Castelli decidieron faltar a la audiencia pública, algo que no hicieron los restantes 7 jueces, cuyos pliegos se siguen analizando.
 
"Desoyeron una convocatoria del Senado de la Nación, se negaron a someterse a la audiencia por el solo hecho de considerar que no correspondía a su traslado el acuerdo de este Senado", resaltó la presidenta de la comisión de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti.
 
La senadora aseguró que "avalar los traslados sin que hayan pasado por el Senado es avalar que existen dos sistemas de selección de jueces, uno el de la Constitución Nacional y otro que hizo el Ejecutivo anterior, una selección de jueces a la carta". Fernández Sagasti también señaló respecto a la decisión de Macri de mover a esos magistrados que ahora está claro "que el objetivo de esos traslados fue para buscar impunidad".
 
La vicepresidenta del bloque de senadores del FdT destacó que a la comisión de Acuerdos "fueron 7 de los 10 jueces citados y respondieron preguntas. Muchos fueron muy ilustrativos. Uno relató que pidió sus traslados por las presiones recibidas en el lugar donde ejercía el cargo",  dijo en referencia implícita al testimonio de Eduardo Farah.
 
Farah había descripto las presiones que sufrió tras fallar en contra de los intereses del gobierno macrista en el caso de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa. La particularidad del caso de Farah es que si el Senado rechaza su pliego el lugar al que tendrá que volver es ni más ni menos que la Cámara Federal porteña. 
 
"Incurrieron en una conducta contumaz. Este Senado no puede otorgarles un acuerdo porque mediante sus actuaciones han establecido una ofensa a la Constitución", cerró Fernández Sagasti.
 
El senador Mario País, el segundo orador sobre este tema, señaló: "Entraron por la ventana porque nunca obtuvieron acuerdo del Senado para ese cargo". "Su rebeldía, su no comparecencia, ha consolidado necesariamente el rechazo de estos pliegos", añadió.
 
Por su parte, Alberto Weretilnech destacó que de los 10 traslados analizados 7 se dieron en el macrismo. "Hubo un mal uso de los traslados", sostuvo. Respecto a los casos de Bruglia, Bertuzzi  y Castelli dijo: "Los traslados no cumplen la Constitución Nacional". El senador de Juntos Somos Río Negro también dedicó un párrafo a la actitud de los jueces "al no concurrir a la audiencia pública" y "eligieron para permanecer en sus cargos otra vía, la vía judicial".
 
Para cerrar, el presidente del bloque del Frente de Todos, José Mayans, destacó lo que dijo Castelli de "que no van a acatar lo que diga el Congreso". "Cuando vemos que un juez de la Nación desconoce la función del Congreso es gravísimo", aseguró.
 
Tras la decisión del Senado, ahora resta que el Poder Ejecutivo publique un decreto con la decisión establecida. A partir de ese momento deberán volver a su puesto de origen.
 
 
La ausencia de Cambiemos
 
El interbloque de Juntos por el Cambios abandonó la sesión especial con la excusa de que no se podía votar la aprobación del decreto de prórroga de las sesiones remotas. Justamente, el tema previo al de los traslados de jueces que se trató en esta jornada legislativa.
 
En JxC votaron en contra de las sesiones virtuales para dejar constancia que no se contaba con los dos tercios y se fueron con la amenaza de ir a la Justicia y cuestionar la legitimidad de la sesión.
 
Desde ese sector de la oposición aseguraron que se modificó el reglamento para habilitar las sesiones virtuales, lo que hubiera requerido los dos tercios de los votos. Para el oficialismo no es así. Sostienen que se determinó una medida de emergencia ante la pandemia y que no se reformó el reglamento. Lo que está claro es que en Cambiemos buscaron una excusa formal para invalidar lo que se definió en la Cámara Alta. No es azaroso que Bruglia y Bertuzzi sean considerados dos jueces del Lawfare.
 
En ese sentido, antes de que abandonar la sesión el senador de Cambiemos, Martín Lousteau, afirmó en sintonía con la línea de Clarín: "La agenda de esta sesión no es la agenda de la gente ni la del Gobierno nacional, es la agenda de la presidenta del cuerpo. La agenda de hoy es apartar a tres jueces que entienden en causas en donde está involucrada la vicepresidenta de la Nación. Después lo pueden disfrazar de épica, de democratización de la Justicia, de combate al Lawfare".
 
 
La "gambeta" de la Corte
 
Este martes, la Corte Suprema de Justicia había dejado con un pie afuera de la Cámara Federal a Bruglia y Bertuzzi al "gambetear" el per saltum extraordinario que habían pedido los jueces al enterarse de la sesión especial de este miércoles.
 
Los ministros supremos dejaron pasar con "elegancia" el pedido de "urgente intervención" que habían realizado Bruglia y Bertuzzi. En la reunión habitual de todos los martes, los cortesanos tocaron el tema pero solamente para disponer que se tenga presente el requerimiento "para el momento de la resolución final en la causa". Es decir, no abordaron el salto de instancia como pretendían los magistrados.
 
"A la presentación digital de los doctores Bertuzzi y Bruglia del 14 de septiembre del 2020, téngase presente para el momento de la resolución final de la causa por esta Corte, de acuerdo a la vía que este tribunal oportunamente determine", dice la providencia que emitió el Alto Tribunal este martes.
 
Esto implica que los cortesanos abordarían el caso ante un eventual recurso extraordinario, es decir, si la Cámara en los Contencioso Administrativo rechaza el planteo de Bruglia y Bertuzzi. Fuentes del Palacio de Tribunales aseguraron que hay interés en la Corte en abordar el tema. No es un dato menor: el Alto Tribunal no tiene plazos para expedirse.
 
 
Escenarios
 
El interrogante que se abre con la decisión del Senado es cómo reaccionarán estos tres magistrados que no recibieron acuerdo este miércoles.
 
Los medios hegemónicos como Clarín e Infobae interpretaron el fallo cortesano como un "mensaje al Gobierno". Por ejemplo, el matutino porteño sostuvo que "la Corte Suprema decidió que resolverá sobre los jueces que quiere correr Cristina Kirchner". Una interpretación forzada de los resuelto el martes por la Corte y una invitación a que Bruglia y Bertuzzi se queden en el cargo a "resistir" en lugar de aceptar lo resuelto por el Congreso.
 
"Si no se modifica la decisión del Poder Ejecutivo, el Senado y el Consejo de la Magistratura, ellos debieran entregar el cargo y volver a su tribunal anterior", indicaron fuentes judiciales respecto a la situación de los tres magistrados cuyos pliegos fueron rechazados.
 
Desde el Consejo de la Magistratura aseguraron a El Destape que si los dos magistrados desoyen la voz del Senado, el Ejecutivo y el propio Consejo sin un respaldo judicial, se podría pedir su juicio político o presentarse una denuncia penal en su contra.
 
 
Emblemas del Lawfare
 
Bruglia y Bertuzzi son considerados dos jueces del Lawfare. Ambos llegaron a la Cámara Federal porteña por decisión de Macri. Desde su lugar en ese tribunal con asiento en Comodoro Py, ambos (al igual que Martín Irurzun) legitimaron todo lo realizado por Claudio Bonadío. Los dos revisaron la causa de las fotocopias de los Cuadernos.
 
El primero, por ejemplo, también intervino en el caso de la Obra Pública, en la que se involucró a CFK. En el debate oral de ese caso, el 2 de diciembre pasado, Cristina dio un fuerte alegato de impacto político y mediático. En una ponencia de más de 3 horas y media cuestionó con dureza la acusación en su contra y atribuyó su situación judicial a la persecución judicial.
 
Bertuzzi, por su parte, fue el presidente del tribunal que envió al exvicepresidente de la Nación, Amado Boudou, a la cárcel. Según Boudou, su llegada a la Cámara Federal porteña fue el premio que el macrismo le dio por haber resuelto su detención.
 
Una de las últimas intervenciones de Bruglia en la Cámara Federal  fue declarar nulo el procesamiento de los exministros macristas Guillermo Dietrich, Nicolás Dujovne y Javier Iguacel en el caso de los peajes y las autopistas vinculadas al Grupo Macri. Junto a Irurzun, revocó la decisión que había tomado Rodolfo Canicoba Corral (ahora jubilado) porque consideró que se le ocultó pruebas a los imputados.
 
Un fallo muy particular para alguien que nunca revocó en los años macristas un procesamiento importante de Bonadío, paradigma del Lawfare y a quien muchos colegas apodaban "embajada" porque en su juzgado de Comodoro Py no aplicaba la ley argentina.
 
El viernes pasado, la vicepresidenta se hizo eco de aquel fallo y tuiteó: "AYER se comprobó que a Bruglia y Bertuzzi los quieren mantener ilegalmente en la Cámara Federal para garantizar la impunidad de Macri y sus funcionarios. Uno de ellos anuló el procesamiento de Dietrich, Iguacel y Dujovne, por la estafa de las autopistas de más de USD600 millones".
 
El tuit de CFK bien podría explicar la retirada de Cambiemos de la sesión de este miércoles y su intento de deslegitimar lo resuelto en la jornada legislativa.
 
Por Franco Mizrahi
 
Fuentes: El Destape y Página12
 

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10-02-2026 / 11:02
El Senado tratará el miércoles el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier "el Loco" Milei, cuestionado por sectores opositores por su avanzada brutal contra los derechos de los trabajadores. Pero los focos no solo estarán puestos en el Congreso: afuera, múltiples sectores, encabezados por la Confederación General del Trabajo (CGT), protestarán con el objetivo de que su voz sea escuchada.
 
La semana pasada, el Consejo Directivo de la CGT convocó a marchar contra la reforma laboral, que ya tiene dictamen desde fin del año pasado y que podría tener media sanción el miércoles. "El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias. Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja", indicó la CGT en redes sociales.
 
La principal central obrera citó a las 14.30 en Yrigoyen y Solís, frente al edificio en el que los senadores comenzarán a definir el camino legislativo de la iniciativa. "Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja. No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle", agregó el comunicado.
 
El plan de lucha de la CGT tuvo cuestionamientos de algunos sectores sindicales, como el de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, criticó que la marcha no esté acompañada de un paro general. "El miércoles todos los trabajadores tienen que parar igual. Aunque la CGT no convoque, tienen cobertura legal", advirtió Aguiar y ratificó el paro nacional de estatales para el miércoles.
 
"Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica. Sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga. Tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores".
 
Mientras crece la bronca por abajo, Patricia Bullrich negocia la reforma laboral esclavista con gobernadores y senadores "dialoguistas" que cada vez se parecen más a los libertarios. Este lunes la ex ministra se reunión con senadores y senadoras de los bloques cómplices. Buscan acordar algunos artículos mientras mantienen lo esencial de los ataques contra la clase trabajadora. Cedería con Ganancias y conformaría así a los gobernadores y a los legisladores que responden a las provincias. En proteger alguno de los derechos de los trabajadores que correrán riesgo a partir de la probable sanción, eso sí, nadie gastó saliva.
 
La Reforma laboral esclavista del gobierno para los ricos de Milei es para profundizar esta política de transferencia masiva de recursos económicos y políticos de los trabajadores a los empresarios, que busca además debilitar la organización sindical y el poder de los trabajadores. Trabajar más y con menos derechos, en beneficios de las patronales. Son los millonarios o loe trabajadores. El miércoles 11 de febrero, sumate a la lucha por tus derechos y las futuras generaciones.
 
La Opinión Popular
 

09-02-2026 / 09:02
Karina Milei quiere concretar cambios en la cúpula del poder para tener el "control total" de lo que ocurre en el gobierno. La hermana presidencial, influenciada por los Menem, busca desalojar del sistema de decisión libertario a Santiago Caputo, a más tardar en marzo.
 
Pero no está fácil. El asesor tiene acceso directo al presidente Milei, que valora sus aportes. De hecho, en las últimas semanas, lejos de perder poder lo acrecentó. Se quedó con el control total de la agencia recaudadora (ARCA) y amplió las competencias de la SIDE, luego de desplazar al empleado infiel Sergio Neiffert y ubicar en su lugar a su contador, Cristian Aguadra.
 
Santiago Caputo incluso estaría aumentando su influencia sobre los aparatos militares y de seguridad. En las últimas semanas afianzó su relación con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, Carlos Presti.
 
"Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares", explicó un funcionario libertario.
 
Esta situación enardece a los Menem e impacta en el ánimo de Karina Milei, que tiene dificultades para entender que la idea del "control total" de un funcionario no votado como ella, no sintoniza con el espíritu democrático.
 
La molestia de la hermana presidencial quedó en evidencia este domingo: le avisó a su hermano que no lo acompañara a otro viaje más de subordinación trumpista. El presidente tenía pensado viajar este lunes a la cumbre de un supuesto trumpismo latino en Mar-a-Lago.
 
Karina le avisó a su hermano que no cuente con ella y Milei anunció que cancelaba su participación. "Javier no puede viajar sin la hermana", exageran en la Casa Rosada. Acaso más exacto sea que la hermana no quiera someterse a otro papelón como la última vez que fueron al club de la Florida de Trump, que suele alquilar su salón a distintos aventureros.
 
 De paso, no se confirmó aún su asistencia el 18 de febrero a la nueva "presentación oficial" del Board of Peace de Trump en Washington. El republicano se vio forzado a repetir el evento luego del fiasco de su lanzamiento en Davos, que juntó a Milei con una serie de "plutócratas afines a Putin", según el prestigioso diario inglés Financial Times.
 
La decisión de Karina Milei se suma a un dato muy interesante que publicó Perfil este domingo: en diciembre pasado la hermana del presidente no visitó Olivos.
 
"Ella está presionando a fondo para que le de el control total", sintetizó un dirigente libertario que conoce de cerca a los Milei. El asesor rehúye la pelea con la hermana y prefiere mantener la tensión a nivel de los Menem.
 
Karina no oculta su entusiasmo por la obediencia absoluta. La semana que pasó envió un mensaje claro a las bases libertarias. Su hombre en la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja, dijo en un encuentro con militantes en Mar del Plata: "No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades y tiene su manual disciplinario. El que ventile sus diferencias, está fuera del espacio".
 

07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
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