La Opinión Popular
                  23:42  |  Domingo 04 de Enero de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná

Por
“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
Recomendar Imprimir
Nacionales - 17-09-2020 / 10:09
DEBEN DEJAR LA CÁMARA FEDERAL PORTEÑA

Defenestraron a los jueces que Macri designó a dedo para manipular la justicia

Defenestraron a los jueces que Macri designó a dedo para manipular la justicia
El rechazo de las designaciones a dedo de Bruglia, Bertuzzi y Castelli sucedió luego de que la Corte Suprema de Justicia desestimara ayer un pedido de "tratamiento urgente" del amparo presentado por Bruglia y Bertuzzi --y rechazado por un fallo de primera instancia-- para evitar que el Senado revisara sus nombramientos.
El Senado rechazó los traslados de los jueces macristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli  --quienes deberán volver a sus juzgados originales-- con el voto unánime del Frente de Todos y de Juntos Somos Río Negro, ante la ausencia del interbloque de Juntos por el Cambio. Los opositores se desconectaron de la sesión en protesta por la prórroga del trabajo remoto por otros 60 días sin su acuerdo ni sus condicionamientos.
 
La senadora mendocina y presidenta de la comisión de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti, sostuvo que las designaciones decretadas por el ex presidente Mauricio Macri tuvieron como objetivo "perseguir" opositores y "buscar impunidad" de los funcionarios macristas en su vuelta al llano. Y los definió como "jueces designados a la carta según la conveniencia del Ejecutivo de turno".
 
"Estos tres jueces que se negaron a participar de una audiencia convocada por el Senado demostraron tener un desaire, no solo a una fuerza política, sino al Senado de la Nación, pero sobre todo a la Constitución Nacional que deberían defender", aseguró Fernández Sagasti.
 
Y volvió a cuestionar la "situación de rebeldía" de los camaristas que se negaron a participar de la audiencia pública y "desconocer la composición de la Cámara, de origen popular y federal", como establece la propia Constitución para la designación de jueces, "cuyos cargos son vitalicios".
 

 
La senadora Inés Pilatti Vergara (FdT), recordó que la revisión de los traslado se originó en el Consejo de la Magistratura (que integra). Donde una auditoría sobre 40 traslados en los últimos 4 años concluyó que una decena cumplió los requisitos constitucionales; unos 15 no cumplió algunos de los requisitos y "un grupo de diez en los que no se respetaron los requisitos ni tampoco el acuerdo del Senado". Por lo que el Consejo envió los pliegos al Ejecutivo y el PEN al Senado para aprobar o rechazar sus traslados.
 
El mecanismo de trasladar jueces de un cargo a otro existe pero tiene ciertos requisitos y 10 de ellos habían sido irregulares o ilegales porque no pasaron por el Senado. ¿La razón? Se trataba de traslados que implicaban cambio de competencia, jurisdicción o jerarquía, lo que consideraron contradictorio con dos acordadas de la propia Corte, la 4 y la 7, de marzo y abril de 2018.
 
Dos de ellos eran Bruglia y Bertuzzi, que habían sido movidos del TOF4 a la Cámara Federal, en marzo y septiembre de aquel mismo año respectivamente. Otro era Castelli, que pasó de San Martín a Comodoro Py. La intención de Macri era tener el control de la Cámara por la que pasan todas las causas de Comodoro Py, la Cámara Federal.
 
Antes de abandonar la sesión, la macrista cordobesa Laura Rodríguez Machado, alentó la rebeldía de los magistrados. "El juez Castelli ha dicho que no se va a retirar de su oficina", dijo. Y le envió un mensaje: que "lo estamos respaldando, señor juez, para que usted pueda cumplir sus funciones independientemente en el marco de la Constitución, sus facultades y prerrogativas", en un intento de deslegitimar lo resuelto en la jornada legislativa.
 
La Opinión Popular
 
 
 
LAWFARE
 
El Senado rechazó los traslados de Bruglia y Bertuzzi: deben dejar la Cámara Federal porteña
  
Los dos jueces habían sido trasladados por el expresidente Mauricio Macri de forma irregular a ese tribunal estratégico de Comodoro Py. El interbloque de Juntos por el Cambio abandonó la sesión antes de la votación.
 
El Senado de la Nación rechazó los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi a la Cámara Federal porteña, por lo que deberán abandonar aquel estratégico tribunal de Comodoro Py al que llegaron de forma irregular  por decisión del entonces presidente Mauricio Macri. Lo mismo resolvieron sobre el magistrado Germán Castelli, quien había sido trasladado al TOF 7.
 
El interbloque de Juntos por el Cambio abandonó la sesión antes de la votación: con una excusa formal buscaron deslegitimar lo que definió la Cámara Alta. El resultado de la votación fue 41 votos a favor del rechazo de los tres traslados. Fue unánime ya que no estuvieron presentes los senadores de Juntos por el Cambio.
 
El argumento central por el que se rechazaron los pliegos de Bruglia, Bertuzzi y Castelli en la Cámara Alta fue que vulneraron la Constitución Nacional al no presentarse a la audiencia pública que se realizó en la Comisión de Acuerdos, el 4 de septiembre pasado. En la comisión se analizan los pliegos de 10 magistrados cuyos traslados fueron irregulares según lo determinó el Consejo de la Magistratura.
 
Para remendar ese vicio, el Poder Ejecutivo envió los pliegos de los 10 jueces al Senado, que debía analizarlos. Si les da acuerdo, los magistrados en cuestión se mantendrán en su cargo. Bruglia, Bertuzzi y Castelli decidieron faltar a la audiencia pública, algo que no hicieron los restantes 7 jueces, cuyos pliegos se siguen analizando.
 
"Desoyeron una convocatoria del Senado de la Nación, se negaron a someterse a la audiencia por el solo hecho de considerar que no correspondía a su traslado el acuerdo de este Senado", resaltó la presidenta de la comisión de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti.
 
La senadora aseguró que "avalar los traslados sin que hayan pasado por el Senado es avalar que existen dos sistemas de selección de jueces, uno el de la Constitución Nacional y otro que hizo el Ejecutivo anterior, una selección de jueces a la carta". Fernández Sagasti también señaló respecto a la decisión de Macri de mover a esos magistrados que ahora está claro "que el objetivo de esos traslados fue para buscar impunidad".
 
La vicepresidenta del bloque de senadores del FdT destacó que a la comisión de Acuerdos "fueron 7 de los 10 jueces citados y respondieron preguntas. Muchos fueron muy ilustrativos. Uno relató que pidió sus traslados por las presiones recibidas en el lugar donde ejercía el cargo",  dijo en referencia implícita al testimonio de Eduardo Farah.
 
Farah había descripto las presiones que sufrió tras fallar en contra de los intereses del gobierno macrista en el caso de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa. La particularidad del caso de Farah es que si el Senado rechaza su pliego el lugar al que tendrá que volver es ni más ni menos que la Cámara Federal porteña. 
 
"Incurrieron en una conducta contumaz. Este Senado no puede otorgarles un acuerdo porque mediante sus actuaciones han establecido una ofensa a la Constitución", cerró Fernández Sagasti.
 
El senador Mario País, el segundo orador sobre este tema, señaló: "Entraron por la ventana porque nunca obtuvieron acuerdo del Senado para ese cargo". "Su rebeldía, su no comparecencia, ha consolidado necesariamente el rechazo de estos pliegos", añadió.
 
Por su parte, Alberto Weretilnech destacó que de los 10 traslados analizados 7 se dieron en el macrismo. "Hubo un mal uso de los traslados", sostuvo. Respecto a los casos de Bruglia, Bertuzzi  y Castelli dijo: "Los traslados no cumplen la Constitución Nacional". El senador de Juntos Somos Río Negro también dedicó un párrafo a la actitud de los jueces "al no concurrir a la audiencia pública" y "eligieron para permanecer en sus cargos otra vía, la vía judicial".
 
Para cerrar, el presidente del bloque del Frente de Todos, José Mayans, destacó lo que dijo Castelli de "que no van a acatar lo que diga el Congreso". "Cuando vemos que un juez de la Nación desconoce la función del Congreso es gravísimo", aseguró.
 
Tras la decisión del Senado, ahora resta que el Poder Ejecutivo publique un decreto con la decisión establecida. A partir de ese momento deberán volver a su puesto de origen.
 
 
La ausencia de Cambiemos
 
El interbloque de Juntos por el Cambios abandonó la sesión especial con la excusa de que no se podía votar la aprobación del decreto de prórroga de las sesiones remotas. Justamente, el tema previo al de los traslados de jueces que se trató en esta jornada legislativa.
 
En JxC votaron en contra de las sesiones virtuales para dejar constancia que no se contaba con los dos tercios y se fueron con la amenaza de ir a la Justicia y cuestionar la legitimidad de la sesión.
 
Desde ese sector de la oposición aseguraron que se modificó el reglamento para habilitar las sesiones virtuales, lo que hubiera requerido los dos tercios de los votos. Para el oficialismo no es así. Sostienen que se determinó una medida de emergencia ante la pandemia y que no se reformó el reglamento. Lo que está claro es que en Cambiemos buscaron una excusa formal para invalidar lo que se definió en la Cámara Alta. No es azaroso que Bruglia y Bertuzzi sean considerados dos jueces del Lawfare.
 
En ese sentido, antes de que abandonar la sesión el senador de Cambiemos, Martín Lousteau, afirmó en sintonía con la línea de Clarín: "La agenda de esta sesión no es la agenda de la gente ni la del Gobierno nacional, es la agenda de la presidenta del cuerpo. La agenda de hoy es apartar a tres jueces que entienden en causas en donde está involucrada la vicepresidenta de la Nación. Después lo pueden disfrazar de épica, de democratización de la Justicia, de combate al Lawfare".
 
 
La "gambeta" de la Corte
 
Este martes, la Corte Suprema de Justicia había dejado con un pie afuera de la Cámara Federal a Bruglia y Bertuzzi al "gambetear" el per saltum extraordinario que habían pedido los jueces al enterarse de la sesión especial de este miércoles.
 
Los ministros supremos dejaron pasar con "elegancia" el pedido de "urgente intervención" que habían realizado Bruglia y Bertuzzi. En la reunión habitual de todos los martes, los cortesanos tocaron el tema pero solamente para disponer que se tenga presente el requerimiento "para el momento de la resolución final en la causa". Es decir, no abordaron el salto de instancia como pretendían los magistrados.
 
"A la presentación digital de los doctores Bertuzzi y Bruglia del 14 de septiembre del 2020, téngase presente para el momento de la resolución final de la causa por esta Corte, de acuerdo a la vía que este tribunal oportunamente determine", dice la providencia que emitió el Alto Tribunal este martes.
 
Esto implica que los cortesanos abordarían el caso ante un eventual recurso extraordinario, es decir, si la Cámara en los Contencioso Administrativo rechaza el planteo de Bruglia y Bertuzzi. Fuentes del Palacio de Tribunales aseguraron que hay interés en la Corte en abordar el tema. No es un dato menor: el Alto Tribunal no tiene plazos para expedirse.
 
 
Escenarios
 
El interrogante que se abre con la decisión del Senado es cómo reaccionarán estos tres magistrados que no recibieron acuerdo este miércoles.
 
Los medios hegemónicos como Clarín e Infobae interpretaron el fallo cortesano como un "mensaje al Gobierno". Por ejemplo, el matutino porteño sostuvo que "la Corte Suprema decidió que resolverá sobre los jueces que quiere correr Cristina Kirchner". Una interpretación forzada de los resuelto el martes por la Corte y una invitación a que Bruglia y Bertuzzi se queden en el cargo a "resistir" en lugar de aceptar lo resuelto por el Congreso.
 
"Si no se modifica la decisión del Poder Ejecutivo, el Senado y el Consejo de la Magistratura, ellos debieran entregar el cargo y volver a su tribunal anterior", indicaron fuentes judiciales respecto a la situación de los tres magistrados cuyos pliegos fueron rechazados.
 
Desde el Consejo de la Magistratura aseguraron a El Destape que si los dos magistrados desoyen la voz del Senado, el Ejecutivo y el propio Consejo sin un respaldo judicial, se podría pedir su juicio político o presentarse una denuncia penal en su contra.
 
 
Emblemas del Lawfare
 
Bruglia y Bertuzzi son considerados dos jueces del Lawfare. Ambos llegaron a la Cámara Federal porteña por decisión de Macri. Desde su lugar en ese tribunal con asiento en Comodoro Py, ambos (al igual que Martín Irurzun) legitimaron todo lo realizado por Claudio Bonadío. Los dos revisaron la causa de las fotocopias de los Cuadernos.
 
El primero, por ejemplo, también intervino en el caso de la Obra Pública, en la que se involucró a CFK. En el debate oral de ese caso, el 2 de diciembre pasado, Cristina dio un fuerte alegato de impacto político y mediático. En una ponencia de más de 3 horas y media cuestionó con dureza la acusación en su contra y atribuyó su situación judicial a la persecución judicial.
 
Bertuzzi, por su parte, fue el presidente del tribunal que envió al exvicepresidente de la Nación, Amado Boudou, a la cárcel. Según Boudou, su llegada a la Cámara Federal porteña fue el premio que el macrismo le dio por haber resuelto su detención.
 
Una de las últimas intervenciones de Bruglia en la Cámara Federal  fue declarar nulo el procesamiento de los exministros macristas Guillermo Dietrich, Nicolás Dujovne y Javier Iguacel en el caso de los peajes y las autopistas vinculadas al Grupo Macri. Junto a Irurzun, revocó la decisión que había tomado Rodolfo Canicoba Corral (ahora jubilado) porque consideró que se le ocultó pruebas a los imputados.
 
Un fallo muy particular para alguien que nunca revocó en los años macristas un procesamiento importante de Bonadío, paradigma del Lawfare y a quien muchos colegas apodaban "embajada" porque en su juzgado de Comodoro Py no aplicaba la ley argentina.
 
El viernes pasado, la vicepresidenta se hizo eco de aquel fallo y tuiteó: "AYER se comprobó que a Bruglia y Bertuzzi los quieren mantener ilegalmente en la Cámara Federal para garantizar la impunidad de Macri y sus funcionarios. Uno de ellos anuló el procesamiento de Dietrich, Iguacel y Dujovne, por la estafa de las autopistas de más de USD600 millones".
 
El tuit de CFK bien podría explicar la retirada de Cambiemos de la sesión de este miércoles y su intento de deslegitimar lo resuelto en la jornada legislativa.
 
Por Franco Mizrahi
 
Fuentes: El Destape y Página12
 

Agreganos como amigo a Facebook
04-01-2026 / 17:01
La doctrina "Donroe" (Donald + Monroe) arrasa con la prevención que tuvo hasta George W. Bush para no ser confundido con la ilegalidad de los setenta en América Latina. Al amigo narco de Honduras, todo; al dictador "comunista" de Venezuela, ni justicia. Sin épica, ni coherencia, ni discurso; prima la violencia de los hechos. Milei se recluye en el papel que se asignó: rabia y goce.
 
Aunque Trump gaste algunas palabras sin convicción, no promete la victoria de la libertad frente al totalitarismo como en la Guerra Fría, ni la primacía de la razón en el choque de civilizaciones desatado tras la caída del Muro de Berlín. Vocifera la guerra contra el comunismo, un enemigo casi inexistente. En rigor, el magnate no dedica mucha energía al engaño: quiere asegurar(se) negocios.
 
Ayer se cumplió un mes del indulto de Trump a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York. Testimonios tomados en cuenta por el jurado indican que Hernández recibió al menos USD 1 millón del Chapo Guzmán y que se vanagloriaba de "meter la droga a los gringos en sus narices".
 
El fallo del jurado fue unánime, pero, como Hernández es derechista y su delegado en la elección reciente de Honduras, Nasry Asfura, promete seguir la agenda ultra, Trump lo dejó en libertad. Maduro será trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico en los próximos días. Probablemente le tocará el mismo tribunal que juzgó a Hernández, pero éste lo mirará desde alguna finca de lujo entre Florida o Tegucigalpa.
 
Tampoco hay que prestar atención a los versículos sobre el amor por la democracia y contra los crímenes de lesa humanidad. Ello no está en la agenda real de Trump ni de Milei. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene pedido de captura de la Corte Penal Internacional por sus supuestos crímenes de lesa humanidad, mientras Israel como Estado es juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia.
 
Son procesos que se rigen por el derecho internacional, con acusaciones, testigos, expertos y defensas garantizados por la ley. El presidente estadounidense no sólo desconoce esos procesos, sino que activa sanciones abusivas contra investigadores, jueces y fiscales que los llevan a cabo.
 
Maduro se transformó en un dictador y está acusado de delitos contra la humanidad, pero nadie puede sospechar que un mandatario, Trump, que dispara misiles contra barcazas y coquetea con supremacistas de su país tiene alguna intención real de combatir el narcotráfico ni los abusos de los derechos humanos. Qué decir de Milei, gozador patológico con los apaleamientos a jubilados y familiares de discapacitados, y negacionista del terrorismo de Estado.
 
El Presidente y los suyos entraron en éxtasis ayer por la mañana. Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y uno de los fieles de mayor peso de gurú Santiago Caputo, se sintió poseído por un protagonismo hollywoodense para explicar la razón real del ataque de Trump a Venezuela.
 
"Why? Because we fucking can. And if we can, we do" ("¿Por qué? Porque podemos, carajo. Y si podemos, lo hacemos"). Su segundo mensaje fue contra Axel Kicillof. "Sos un zurdo hijo de puta que defiende dictadores, asesinos y narcotraficantes. No metas a los bonaerenses en tu mierda, forro", posteó el jefe de la oposición de la principal provincia argentina ante la condena del gobernador de Buenos Aires a la intervención armada yanqui.
 
No se trató de un arrebato circunscripto a un integrista católico enardecido como Romo. Pablo Quirno, veterano del JP Morgan, ahora ocupa el cargo de canciller. También se dirigió a Kicillof a través de un reposteo. "Ya que les gusta tanto el derecho, empezá por cerrar bien el orto, enano comunista". La brutalidad de la época avergüenza, pero la historia demostró que no concluye en sus destellos más revulsivos.
 

02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

NicoSal soluciones web

© Copyright 2009 LA OPINIÓN POPULAR – www.laopinionpopular.com.ar - Todos los derechos reservados.

E-mail: contacto@laopinionpopular.com.ar