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Nacionales - 17-09-2020 / 10:09
DEBEN DEJAR LA CÁMARA FEDERAL PORTEÑA

Defenestraron a los jueces que Macri designó a dedo para manipular la justicia

Defenestraron a los jueces que Macri designó a dedo para manipular la justicia
El rechazo de las designaciones a dedo de Bruglia, Bertuzzi y Castelli sucedió luego de que la Corte Suprema de Justicia desestimara ayer un pedido de "tratamiento urgente" del amparo presentado por Bruglia y Bertuzzi --y rechazado por un fallo de primera instancia-- para evitar que el Senado revisara sus nombramientos.
El Senado rechazó los traslados de los jueces macristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli  --quienes deberán volver a sus juzgados originales-- con el voto unánime del Frente de Todos y de Juntos Somos Río Negro, ante la ausencia del interbloque de Juntos por el Cambio. Los opositores se desconectaron de la sesión en protesta por la prórroga del trabajo remoto por otros 60 días sin su acuerdo ni sus condicionamientos.
 
La senadora mendocina y presidenta de la comisión de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti, sostuvo que las designaciones decretadas por el ex presidente Mauricio Macri tuvieron como objetivo "perseguir" opositores y "buscar impunidad" de los funcionarios macristas en su vuelta al llano. Y los definió como "jueces designados a la carta según la conveniencia del Ejecutivo de turno".
 
"Estos tres jueces que se negaron a participar de una audiencia convocada por el Senado demostraron tener un desaire, no solo a una fuerza política, sino al Senado de la Nación, pero sobre todo a la Constitución Nacional que deberían defender", aseguró Fernández Sagasti.
 
Y volvió a cuestionar la "situación de rebeldía" de los camaristas que se negaron a participar de la audiencia pública y "desconocer la composición de la Cámara, de origen popular y federal", como establece la propia Constitución para la designación de jueces, "cuyos cargos son vitalicios".
 

 
La senadora Inés Pilatti Vergara (FdT), recordó que la revisión de los traslado se originó en el Consejo de la Magistratura (que integra). Donde una auditoría sobre 40 traslados en los últimos 4 años concluyó que una decena cumplió los requisitos constitucionales; unos 15 no cumplió algunos de los requisitos y "un grupo de diez en los que no se respetaron los requisitos ni tampoco el acuerdo del Senado". Por lo que el Consejo envió los pliegos al Ejecutivo y el PEN al Senado para aprobar o rechazar sus traslados.
 
El mecanismo de trasladar jueces de un cargo a otro existe pero tiene ciertos requisitos y 10 de ellos habían sido irregulares o ilegales porque no pasaron por el Senado. ¿La razón? Se trataba de traslados que implicaban cambio de competencia, jurisdicción o jerarquía, lo que consideraron contradictorio con dos acordadas de la propia Corte, la 4 y la 7, de marzo y abril de 2018.
 
Dos de ellos eran Bruglia y Bertuzzi, que habían sido movidos del TOF4 a la Cámara Federal, en marzo y septiembre de aquel mismo año respectivamente. Otro era Castelli, que pasó de San Martín a Comodoro Py. La intención de Macri era tener el control de la Cámara por la que pasan todas las causas de Comodoro Py, la Cámara Federal.
 
Antes de abandonar la sesión, la macrista cordobesa Laura Rodríguez Machado, alentó la rebeldía de los magistrados. "El juez Castelli ha dicho que no se va a retirar de su oficina", dijo. Y le envió un mensaje: que "lo estamos respaldando, señor juez, para que usted pueda cumplir sus funciones independientemente en el marco de la Constitución, sus facultades y prerrogativas", en un intento de deslegitimar lo resuelto en la jornada legislativa.
 
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LAWFARE
 
El Senado rechazó los traslados de Bruglia y Bertuzzi: deben dejar la Cámara Federal porteña
  
Los dos jueces habían sido trasladados por el expresidente Mauricio Macri de forma irregular a ese tribunal estratégico de Comodoro Py. El interbloque de Juntos por el Cambio abandonó la sesión antes de la votación.
 
El Senado de la Nación rechazó los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi a la Cámara Federal porteña, por lo que deberán abandonar aquel estratégico tribunal de Comodoro Py al que llegaron de forma irregular  por decisión del entonces presidente Mauricio Macri. Lo mismo resolvieron sobre el magistrado Germán Castelli, quien había sido trasladado al TOF 7.
 
El interbloque de Juntos por el Cambio abandonó la sesión antes de la votación: con una excusa formal buscaron deslegitimar lo que definió la Cámara Alta. El resultado de la votación fue 41 votos a favor del rechazo de los tres traslados. Fue unánime ya que no estuvieron presentes los senadores de Juntos por el Cambio.
 
El argumento central por el que se rechazaron los pliegos de Bruglia, Bertuzzi y Castelli en la Cámara Alta fue que vulneraron la Constitución Nacional al no presentarse a la audiencia pública que se realizó en la Comisión de Acuerdos, el 4 de septiembre pasado. En la comisión se analizan los pliegos de 10 magistrados cuyos traslados fueron irregulares según lo determinó el Consejo de la Magistratura.
 
Para remendar ese vicio, el Poder Ejecutivo envió los pliegos de los 10 jueces al Senado, que debía analizarlos. Si les da acuerdo, los magistrados en cuestión se mantendrán en su cargo. Bruglia, Bertuzzi y Castelli decidieron faltar a la audiencia pública, algo que no hicieron los restantes 7 jueces, cuyos pliegos se siguen analizando.
 
"Desoyeron una convocatoria del Senado de la Nación, se negaron a someterse a la audiencia por el solo hecho de considerar que no correspondía a su traslado el acuerdo de este Senado", resaltó la presidenta de la comisión de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti.
 
La senadora aseguró que "avalar los traslados sin que hayan pasado por el Senado es avalar que existen dos sistemas de selección de jueces, uno el de la Constitución Nacional y otro que hizo el Ejecutivo anterior, una selección de jueces a la carta". Fernández Sagasti también señaló respecto a la decisión de Macri de mover a esos magistrados que ahora está claro "que el objetivo de esos traslados fue para buscar impunidad".
 
La vicepresidenta del bloque de senadores del FdT destacó que a la comisión de Acuerdos "fueron 7 de los 10 jueces citados y respondieron preguntas. Muchos fueron muy ilustrativos. Uno relató que pidió sus traslados por las presiones recibidas en el lugar donde ejercía el cargo",  dijo en referencia implícita al testimonio de Eduardo Farah.
 
Farah había descripto las presiones que sufrió tras fallar en contra de los intereses del gobierno macrista en el caso de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa. La particularidad del caso de Farah es que si el Senado rechaza su pliego el lugar al que tendrá que volver es ni más ni menos que la Cámara Federal porteña. 
 
"Incurrieron en una conducta contumaz. Este Senado no puede otorgarles un acuerdo porque mediante sus actuaciones han establecido una ofensa a la Constitución", cerró Fernández Sagasti.
 
El senador Mario País, el segundo orador sobre este tema, señaló: "Entraron por la ventana porque nunca obtuvieron acuerdo del Senado para ese cargo". "Su rebeldía, su no comparecencia, ha consolidado necesariamente el rechazo de estos pliegos", añadió.
 
Por su parte, Alberto Weretilnech destacó que de los 10 traslados analizados 7 se dieron en el macrismo. "Hubo un mal uso de los traslados", sostuvo. Respecto a los casos de Bruglia, Bertuzzi  y Castelli dijo: "Los traslados no cumplen la Constitución Nacional". El senador de Juntos Somos Río Negro también dedicó un párrafo a la actitud de los jueces "al no concurrir a la audiencia pública" y "eligieron para permanecer en sus cargos otra vía, la vía judicial".
 
Para cerrar, el presidente del bloque del Frente de Todos, José Mayans, destacó lo que dijo Castelli de "que no van a acatar lo que diga el Congreso". "Cuando vemos que un juez de la Nación desconoce la función del Congreso es gravísimo", aseguró.
 
Tras la decisión del Senado, ahora resta que el Poder Ejecutivo publique un decreto con la decisión establecida. A partir de ese momento deberán volver a su puesto de origen.
 
 
La ausencia de Cambiemos
 
El interbloque de Juntos por el Cambios abandonó la sesión especial con la excusa de que no se podía votar la aprobación del decreto de prórroga de las sesiones remotas. Justamente, el tema previo al de los traslados de jueces que se trató en esta jornada legislativa.
 
En JxC votaron en contra de las sesiones virtuales para dejar constancia que no se contaba con los dos tercios y se fueron con la amenaza de ir a la Justicia y cuestionar la legitimidad de la sesión.
 
Desde ese sector de la oposición aseguraron que se modificó el reglamento para habilitar las sesiones virtuales, lo que hubiera requerido los dos tercios de los votos. Para el oficialismo no es así. Sostienen que se determinó una medida de emergencia ante la pandemia y que no se reformó el reglamento. Lo que está claro es que en Cambiemos buscaron una excusa formal para invalidar lo que se definió en la Cámara Alta. No es azaroso que Bruglia y Bertuzzi sean considerados dos jueces del Lawfare.
 
En ese sentido, antes de que abandonar la sesión el senador de Cambiemos, Martín Lousteau, afirmó en sintonía con la línea de Clarín: "La agenda de esta sesión no es la agenda de la gente ni la del Gobierno nacional, es la agenda de la presidenta del cuerpo. La agenda de hoy es apartar a tres jueces que entienden en causas en donde está involucrada la vicepresidenta de la Nación. Después lo pueden disfrazar de épica, de democratización de la Justicia, de combate al Lawfare".
 
 
La "gambeta" de la Corte
 
Este martes, la Corte Suprema de Justicia había dejado con un pie afuera de la Cámara Federal a Bruglia y Bertuzzi al "gambetear" el per saltum extraordinario que habían pedido los jueces al enterarse de la sesión especial de este miércoles.
 
Los ministros supremos dejaron pasar con "elegancia" el pedido de "urgente intervención" que habían realizado Bruglia y Bertuzzi. En la reunión habitual de todos los martes, los cortesanos tocaron el tema pero solamente para disponer que se tenga presente el requerimiento "para el momento de la resolución final en la causa". Es decir, no abordaron el salto de instancia como pretendían los magistrados.
 
"A la presentación digital de los doctores Bertuzzi y Bruglia del 14 de septiembre del 2020, téngase presente para el momento de la resolución final de la causa por esta Corte, de acuerdo a la vía que este tribunal oportunamente determine", dice la providencia que emitió el Alto Tribunal este martes.
 
Esto implica que los cortesanos abordarían el caso ante un eventual recurso extraordinario, es decir, si la Cámara en los Contencioso Administrativo rechaza el planteo de Bruglia y Bertuzzi. Fuentes del Palacio de Tribunales aseguraron que hay interés en la Corte en abordar el tema. No es un dato menor: el Alto Tribunal no tiene plazos para expedirse.
 
 
Escenarios
 
El interrogante que se abre con la decisión del Senado es cómo reaccionarán estos tres magistrados que no recibieron acuerdo este miércoles.
 
Los medios hegemónicos como Clarín e Infobae interpretaron el fallo cortesano como un "mensaje al Gobierno". Por ejemplo, el matutino porteño sostuvo que "la Corte Suprema decidió que resolverá sobre los jueces que quiere correr Cristina Kirchner". Una interpretación forzada de los resuelto el martes por la Corte y una invitación a que Bruglia y Bertuzzi se queden en el cargo a "resistir" en lugar de aceptar lo resuelto por el Congreso.
 
"Si no se modifica la decisión del Poder Ejecutivo, el Senado y el Consejo de la Magistratura, ellos debieran entregar el cargo y volver a su tribunal anterior", indicaron fuentes judiciales respecto a la situación de los tres magistrados cuyos pliegos fueron rechazados.
 
Desde el Consejo de la Magistratura aseguraron a El Destape que si los dos magistrados desoyen la voz del Senado, el Ejecutivo y el propio Consejo sin un respaldo judicial, se podría pedir su juicio político o presentarse una denuncia penal en su contra.
 
 
Emblemas del Lawfare
 
Bruglia y Bertuzzi son considerados dos jueces del Lawfare. Ambos llegaron a la Cámara Federal porteña por decisión de Macri. Desde su lugar en ese tribunal con asiento en Comodoro Py, ambos (al igual que Martín Irurzun) legitimaron todo lo realizado por Claudio Bonadío. Los dos revisaron la causa de las fotocopias de los Cuadernos.
 
El primero, por ejemplo, también intervino en el caso de la Obra Pública, en la que se involucró a CFK. En el debate oral de ese caso, el 2 de diciembre pasado, Cristina dio un fuerte alegato de impacto político y mediático. En una ponencia de más de 3 horas y media cuestionó con dureza la acusación en su contra y atribuyó su situación judicial a la persecución judicial.
 
Bertuzzi, por su parte, fue el presidente del tribunal que envió al exvicepresidente de la Nación, Amado Boudou, a la cárcel. Según Boudou, su llegada a la Cámara Federal porteña fue el premio que el macrismo le dio por haber resuelto su detención.
 
Una de las últimas intervenciones de Bruglia en la Cámara Federal  fue declarar nulo el procesamiento de los exministros macristas Guillermo Dietrich, Nicolás Dujovne y Javier Iguacel en el caso de los peajes y las autopistas vinculadas al Grupo Macri. Junto a Irurzun, revocó la decisión que había tomado Rodolfo Canicoba Corral (ahora jubilado) porque consideró que se le ocultó pruebas a los imputados.
 
Un fallo muy particular para alguien que nunca revocó en los años macristas un procesamiento importante de Bonadío, paradigma del Lawfare y a quien muchos colegas apodaban "embajada" porque en su juzgado de Comodoro Py no aplicaba la ley argentina.
 
El viernes pasado, la vicepresidenta se hizo eco de aquel fallo y tuiteó: "AYER se comprobó que a Bruglia y Bertuzzi los quieren mantener ilegalmente en la Cámara Federal para garantizar la impunidad de Macri y sus funcionarios. Uno de ellos anuló el procesamiento de Dietrich, Iguacel y Dujovne, por la estafa de las autopistas de más de USD600 millones".
 
El tuit de CFK bien podría explicar la retirada de Cambiemos de la sesión de este miércoles y su intento de deslegitimar lo resuelto en la jornada legislativa.
 
Por Franco Mizrahi
 
Fuentes: El Destape y Página12
 

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24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
La Opinión Popular
 

23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
La Opinión Popular
 

22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

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