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Nacionales - 17-09-2020 / 10:09
DEBEN DEJAR LA CÁMARA FEDERAL PORTEÑA

Defenestraron a los jueces que Macri designó a dedo para manipular la justicia

Defenestraron a los jueces que Macri designó a dedo para manipular la justicia
El rechazo de las designaciones a dedo de Bruglia, Bertuzzi y Castelli sucedió luego de que la Corte Suprema de Justicia desestimara ayer un pedido de "tratamiento urgente" del amparo presentado por Bruglia y Bertuzzi --y rechazado por un fallo de primera instancia-- para evitar que el Senado revisara sus nombramientos.
El Senado rechazó los traslados de los jueces macristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli  --quienes deberán volver a sus juzgados originales-- con el voto unánime del Frente de Todos y de Juntos Somos Río Negro, ante la ausencia del interbloque de Juntos por el Cambio. Los opositores se desconectaron de la sesión en protesta por la prórroga del trabajo remoto por otros 60 días sin su acuerdo ni sus condicionamientos.
 
La senadora mendocina y presidenta de la comisión de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti, sostuvo que las designaciones decretadas por el ex presidente Mauricio Macri tuvieron como objetivo "perseguir" opositores y "buscar impunidad" de los funcionarios macristas en su vuelta al llano. Y los definió como "jueces designados a la carta según la conveniencia del Ejecutivo de turno".
 
"Estos tres jueces que se negaron a participar de una audiencia convocada por el Senado demostraron tener un desaire, no solo a una fuerza política, sino al Senado de la Nación, pero sobre todo a la Constitución Nacional que deberían defender", aseguró Fernández Sagasti.
 
Y volvió a cuestionar la "situación de rebeldía" de los camaristas que se negaron a participar de la audiencia pública y "desconocer la composición de la Cámara, de origen popular y federal", como establece la propia Constitución para la designación de jueces, "cuyos cargos son vitalicios".
 

 
La senadora Inés Pilatti Vergara (FdT), recordó que la revisión de los traslado se originó en el Consejo de la Magistratura (que integra). Donde una auditoría sobre 40 traslados en los últimos 4 años concluyó que una decena cumplió los requisitos constitucionales; unos 15 no cumplió algunos de los requisitos y "un grupo de diez en los que no se respetaron los requisitos ni tampoco el acuerdo del Senado". Por lo que el Consejo envió los pliegos al Ejecutivo y el PEN al Senado para aprobar o rechazar sus traslados.
 
El mecanismo de trasladar jueces de un cargo a otro existe pero tiene ciertos requisitos y 10 de ellos habían sido irregulares o ilegales porque no pasaron por el Senado. ¿La razón? Se trataba de traslados que implicaban cambio de competencia, jurisdicción o jerarquía, lo que consideraron contradictorio con dos acordadas de la propia Corte, la 4 y la 7, de marzo y abril de 2018.
 
Dos de ellos eran Bruglia y Bertuzzi, que habían sido movidos del TOF4 a la Cámara Federal, en marzo y septiembre de aquel mismo año respectivamente. Otro era Castelli, que pasó de San Martín a Comodoro Py. La intención de Macri era tener el control de la Cámara por la que pasan todas las causas de Comodoro Py, la Cámara Federal.
 
Antes de abandonar la sesión, la macrista cordobesa Laura Rodríguez Machado, alentó la rebeldía de los magistrados. "El juez Castelli ha dicho que no se va a retirar de su oficina", dijo. Y le envió un mensaje: que "lo estamos respaldando, señor juez, para que usted pueda cumplir sus funciones independientemente en el marco de la Constitución, sus facultades y prerrogativas", en un intento de deslegitimar lo resuelto en la jornada legislativa.
 
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LAWFARE
 
El Senado rechazó los traslados de Bruglia y Bertuzzi: deben dejar la Cámara Federal porteña
  
Los dos jueces habían sido trasladados por el expresidente Mauricio Macri de forma irregular a ese tribunal estratégico de Comodoro Py. El interbloque de Juntos por el Cambio abandonó la sesión antes de la votación.
 
El Senado de la Nación rechazó los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi a la Cámara Federal porteña, por lo que deberán abandonar aquel estratégico tribunal de Comodoro Py al que llegaron de forma irregular  por decisión del entonces presidente Mauricio Macri. Lo mismo resolvieron sobre el magistrado Germán Castelli, quien había sido trasladado al TOF 7.
 
El interbloque de Juntos por el Cambio abandonó la sesión antes de la votación: con una excusa formal buscaron deslegitimar lo que definió la Cámara Alta. El resultado de la votación fue 41 votos a favor del rechazo de los tres traslados. Fue unánime ya que no estuvieron presentes los senadores de Juntos por el Cambio.
 
El argumento central por el que se rechazaron los pliegos de Bruglia, Bertuzzi y Castelli en la Cámara Alta fue que vulneraron la Constitución Nacional al no presentarse a la audiencia pública que se realizó en la Comisión de Acuerdos, el 4 de septiembre pasado. En la comisión se analizan los pliegos de 10 magistrados cuyos traslados fueron irregulares según lo determinó el Consejo de la Magistratura.
 
Para remendar ese vicio, el Poder Ejecutivo envió los pliegos de los 10 jueces al Senado, que debía analizarlos. Si les da acuerdo, los magistrados en cuestión se mantendrán en su cargo. Bruglia, Bertuzzi y Castelli decidieron faltar a la audiencia pública, algo que no hicieron los restantes 7 jueces, cuyos pliegos se siguen analizando.
 
"Desoyeron una convocatoria del Senado de la Nación, se negaron a someterse a la audiencia por el solo hecho de considerar que no correspondía a su traslado el acuerdo de este Senado", resaltó la presidenta de la comisión de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti.
 
La senadora aseguró que "avalar los traslados sin que hayan pasado por el Senado es avalar que existen dos sistemas de selección de jueces, uno el de la Constitución Nacional y otro que hizo el Ejecutivo anterior, una selección de jueces a la carta". Fernández Sagasti también señaló respecto a la decisión de Macri de mover a esos magistrados que ahora está claro "que el objetivo de esos traslados fue para buscar impunidad".
 
La vicepresidenta del bloque de senadores del FdT destacó que a la comisión de Acuerdos "fueron 7 de los 10 jueces citados y respondieron preguntas. Muchos fueron muy ilustrativos. Uno relató que pidió sus traslados por las presiones recibidas en el lugar donde ejercía el cargo",  dijo en referencia implícita al testimonio de Eduardo Farah.
 
Farah había descripto las presiones que sufrió tras fallar en contra de los intereses del gobierno macrista en el caso de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa. La particularidad del caso de Farah es que si el Senado rechaza su pliego el lugar al que tendrá que volver es ni más ni menos que la Cámara Federal porteña. 
 
"Incurrieron en una conducta contumaz. Este Senado no puede otorgarles un acuerdo porque mediante sus actuaciones han establecido una ofensa a la Constitución", cerró Fernández Sagasti.
 
El senador Mario País, el segundo orador sobre este tema, señaló: "Entraron por la ventana porque nunca obtuvieron acuerdo del Senado para ese cargo". "Su rebeldía, su no comparecencia, ha consolidado necesariamente el rechazo de estos pliegos", añadió.
 
Por su parte, Alberto Weretilnech destacó que de los 10 traslados analizados 7 se dieron en el macrismo. "Hubo un mal uso de los traslados", sostuvo. Respecto a los casos de Bruglia, Bertuzzi  y Castelli dijo: "Los traslados no cumplen la Constitución Nacional". El senador de Juntos Somos Río Negro también dedicó un párrafo a la actitud de los jueces "al no concurrir a la audiencia pública" y "eligieron para permanecer en sus cargos otra vía, la vía judicial".
 
Para cerrar, el presidente del bloque del Frente de Todos, José Mayans, destacó lo que dijo Castelli de "que no van a acatar lo que diga el Congreso". "Cuando vemos que un juez de la Nación desconoce la función del Congreso es gravísimo", aseguró.
 
Tras la decisión del Senado, ahora resta que el Poder Ejecutivo publique un decreto con la decisión establecida. A partir de ese momento deberán volver a su puesto de origen.
 
 
La ausencia de Cambiemos
 
El interbloque de Juntos por el Cambios abandonó la sesión especial con la excusa de que no se podía votar la aprobación del decreto de prórroga de las sesiones remotas. Justamente, el tema previo al de los traslados de jueces que se trató en esta jornada legislativa.
 
En JxC votaron en contra de las sesiones virtuales para dejar constancia que no se contaba con los dos tercios y se fueron con la amenaza de ir a la Justicia y cuestionar la legitimidad de la sesión.
 
Desde ese sector de la oposición aseguraron que se modificó el reglamento para habilitar las sesiones virtuales, lo que hubiera requerido los dos tercios de los votos. Para el oficialismo no es así. Sostienen que se determinó una medida de emergencia ante la pandemia y que no se reformó el reglamento. Lo que está claro es que en Cambiemos buscaron una excusa formal para invalidar lo que se definió en la Cámara Alta. No es azaroso que Bruglia y Bertuzzi sean considerados dos jueces del Lawfare.
 
En ese sentido, antes de que abandonar la sesión el senador de Cambiemos, Martín Lousteau, afirmó en sintonía con la línea de Clarín: "La agenda de esta sesión no es la agenda de la gente ni la del Gobierno nacional, es la agenda de la presidenta del cuerpo. La agenda de hoy es apartar a tres jueces que entienden en causas en donde está involucrada la vicepresidenta de la Nación. Después lo pueden disfrazar de épica, de democratización de la Justicia, de combate al Lawfare".
 
 
La "gambeta" de la Corte
 
Este martes, la Corte Suprema de Justicia había dejado con un pie afuera de la Cámara Federal a Bruglia y Bertuzzi al "gambetear" el per saltum extraordinario que habían pedido los jueces al enterarse de la sesión especial de este miércoles.
 
Los ministros supremos dejaron pasar con "elegancia" el pedido de "urgente intervención" que habían realizado Bruglia y Bertuzzi. En la reunión habitual de todos los martes, los cortesanos tocaron el tema pero solamente para disponer que se tenga presente el requerimiento "para el momento de la resolución final en la causa". Es decir, no abordaron el salto de instancia como pretendían los magistrados.
 
"A la presentación digital de los doctores Bertuzzi y Bruglia del 14 de septiembre del 2020, téngase presente para el momento de la resolución final de la causa por esta Corte, de acuerdo a la vía que este tribunal oportunamente determine", dice la providencia que emitió el Alto Tribunal este martes.
 
Esto implica que los cortesanos abordarían el caso ante un eventual recurso extraordinario, es decir, si la Cámara en los Contencioso Administrativo rechaza el planteo de Bruglia y Bertuzzi. Fuentes del Palacio de Tribunales aseguraron que hay interés en la Corte en abordar el tema. No es un dato menor: el Alto Tribunal no tiene plazos para expedirse.
 
 
Escenarios
 
El interrogante que se abre con la decisión del Senado es cómo reaccionarán estos tres magistrados que no recibieron acuerdo este miércoles.
 
Los medios hegemónicos como Clarín e Infobae interpretaron el fallo cortesano como un "mensaje al Gobierno". Por ejemplo, el matutino porteño sostuvo que "la Corte Suprema decidió que resolverá sobre los jueces que quiere correr Cristina Kirchner". Una interpretación forzada de los resuelto el martes por la Corte y una invitación a que Bruglia y Bertuzzi se queden en el cargo a "resistir" en lugar de aceptar lo resuelto por el Congreso.
 
"Si no se modifica la decisión del Poder Ejecutivo, el Senado y el Consejo de la Magistratura, ellos debieran entregar el cargo y volver a su tribunal anterior", indicaron fuentes judiciales respecto a la situación de los tres magistrados cuyos pliegos fueron rechazados.
 
Desde el Consejo de la Magistratura aseguraron a El Destape que si los dos magistrados desoyen la voz del Senado, el Ejecutivo y el propio Consejo sin un respaldo judicial, se podría pedir su juicio político o presentarse una denuncia penal en su contra.
 
 
Emblemas del Lawfare
 
Bruglia y Bertuzzi son considerados dos jueces del Lawfare. Ambos llegaron a la Cámara Federal porteña por decisión de Macri. Desde su lugar en ese tribunal con asiento en Comodoro Py, ambos (al igual que Martín Irurzun) legitimaron todo lo realizado por Claudio Bonadío. Los dos revisaron la causa de las fotocopias de los Cuadernos.
 
El primero, por ejemplo, también intervino en el caso de la Obra Pública, en la que se involucró a CFK. En el debate oral de ese caso, el 2 de diciembre pasado, Cristina dio un fuerte alegato de impacto político y mediático. En una ponencia de más de 3 horas y media cuestionó con dureza la acusación en su contra y atribuyó su situación judicial a la persecución judicial.
 
Bertuzzi, por su parte, fue el presidente del tribunal que envió al exvicepresidente de la Nación, Amado Boudou, a la cárcel. Según Boudou, su llegada a la Cámara Federal porteña fue el premio que el macrismo le dio por haber resuelto su detención.
 
Una de las últimas intervenciones de Bruglia en la Cámara Federal  fue declarar nulo el procesamiento de los exministros macristas Guillermo Dietrich, Nicolás Dujovne y Javier Iguacel en el caso de los peajes y las autopistas vinculadas al Grupo Macri. Junto a Irurzun, revocó la decisión que había tomado Rodolfo Canicoba Corral (ahora jubilado) porque consideró que se le ocultó pruebas a los imputados.
 
Un fallo muy particular para alguien que nunca revocó en los años macristas un procesamiento importante de Bonadío, paradigma del Lawfare y a quien muchos colegas apodaban "embajada" porque en su juzgado de Comodoro Py no aplicaba la ley argentina.
 
El viernes pasado, la vicepresidenta se hizo eco de aquel fallo y tuiteó: "AYER se comprobó que a Bruglia y Bertuzzi los quieren mantener ilegalmente en la Cámara Federal para garantizar la impunidad de Macri y sus funcionarios. Uno de ellos anuló el procesamiento de Dietrich, Iguacel y Dujovne, por la estafa de las autopistas de más de USD600 millones".
 
El tuit de CFK bien podría explicar la retirada de Cambiemos de la sesión de este miércoles y su intento de deslegitimar lo resuelto en la jornada legislativa.
 
Por Franco Mizrahi
 
Fuentes: El Destape y Página12
 

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18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

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