16:29 | Domingo 08 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 16-09-2020 / 09:09

SIN PER SALTUM, ENFRENTARÁN LA RESOLUCIÓN DEL SENADO

La Corte desestimó el pedido de Bruglia y Bertuzzi y ya se despiden de Comodoro Py

Los supremos resolvieron tener presente “para el momento final de la causa” el pedido de “urgente intervención” que habían planteado los dos jueces que Macri puso a dedo en el estratégico tribunal de Comodoro Py. Se espera que el Senado rechace sus pliegos este miércoles, por lo que deberían volver a su tribunal de origen. Las resistencias que asoman.

La Corte Suprema les dio una pésima noticia a los jueces macristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi: en una resolución de cinco líneas les dijo que no opinará por ahora sobre su situación, lo que implica que el tribunal dejará que el Senado avance con la decisión, prevista para hoy, de rechazar sus designaciones por el mecanismo que utilizó el gobierno de Mauricio Macri para trasladarlos "a dedo" desde el Tribunal Oral Federal 4 a la estratégica Cámara Federal de Comodoro Py sin que pasaran por un concurso ni por el Congreso para obtener el "acuerdo" que prevé la Constitución.

Cuando se debe cubrir una vacante de juez de cualquier instancia, se presentan solamente para ese cargo los candidatos, los que son sometidos a distintas pruebas (escrita, oral, entrevista) por el Consejo de la Magistratura que elige una terna. De los tres el Ejecutivo elige uno y lo manda al Senado y si este lo aprueba recién accede la persona al cargo. Estos jueces no participaron de concurso alguno ni fueron aprobados por el Senado, los puso Macri "a dedo".

Bruglia y Bertuzzi habían presentado un "per saltum" en un intento de obtener el respaldo supremo para frenar la revisión de sus nombramientos, y el lunes por la noche le pidieron a la Corte su "inmediata intervención". La respuesta fue "téngase presente", algo que en la jerga judicial se traduce como un desaire que, además, significa que los supremos avisan que se quedarán con la última palabra sobre esta polémica que envuelve a los nombramientos de jueces "a dedo".

Hasta ahora ambos camaristas cosecharon todas sentencias en contra, en primera instancia la jueza Ana María Biotti les rechazó el amparo y la Cámara les negó un pedido de medida cautelar para frenar el procedimiento del Senado. Por la misma senda va el juez macrista Germán Castelli, trasladado desde un tribunal de San Martín al Tribunal Oral Federal 7, donde tramita la causa de los cuadernos: la jueza Macarena Marra Giménez rechazó una medida cautelar para impedir la revisión de su nombramiento.

Los cortesanos podrían no haber dicho nada, pero eligieron decir algo y mandar un mensaje. Como queda a la vista, no aceptaron ni rechazaron el "per saltum" de los camaristas atrincherados. Para la Corte es una jugada política mostrar que se queda con un as en la manga en momentos en que una comisión de expertos designada por el Poder Ejecutivo debate su posible reforma, ya sea de composición o mecanismos. El asunto de los traslados de jueces les otorga una herramienta de negociación.

Diga lo que diga la Corte en un futuro, los tres jueces atornillados no consiguieron parar el proceso del Senado con una medida judicial. Una mayoría simple, con la que el oficialismo cuenta, bastará para que sus traslados sean rechazados y deban volver a sus puestos originales.

Los grandes medios porteños: Clarín, La Nación e Infobae, alineados con el macrismo, interpretan este hecho como una ofensiva K para desplazar jueces. Lo cierto es que la historia deja en claro que en un comienzo lo que hubo fue una ingeniería macrista para tener bajo control cargos claves en la Justicia y poder manipularlos a su antojo.

La Opinión Popular

LAWFARE

La Corte Suprema dejó a Bruglia y Bertuzzi con un pie afuera de la Cámara Federal porteña

La Corte Suprema de Justicia dejó pasar con "elegancia" el pedido de "urgente intervención" que realizaron Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, los dos jueces que el entonces presidente Mauricio Macri puso a dedo en la estratégica Cámara Federal porteña, la instancia revisora de todo lo que sucede en Comodoro Py.

En la reunión habitual de todos los martes, los supremos tocaron el tema pero solamente para disponer que se tenga presente el requerimiento "para el momento de la resolución final en la causa".

Es decir, no abordaron el salto de instancia como pretendían los magistrados. El pedido "urgente" de Bruglia y Bertuzzi fue porque mañana se espera que el Senado, en una sesión especial que se convocó ayer, rechace sus pliegos, lo que los obligará a volver a sus cargos de origen.

"A la presentación digital de los doctores Bertuzzi y Bruglia del 14 de septiembre del 2020, téngase presente para el momento de la resolución final de la causa por esta Corte, de acuerdo a la vía que este tribunal oportunamente determine", dice la providencia que emitió el Alto Tribunal este martes.

Este lunes, la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, convocó a una sesión especial para el miércoles. En el temario se incluyó los casos de Bruglia y Bertuzzi. Esto motivó que ayer mismo, los dos jueces apelaran con urgencia a la Corte a través de un per saltum extraordinario en pos de lograr un recurso que evite que se los corra del cargo. No lo obtuvieron.

Tal como se prevé, el Frente de Todos que tiene mayoría en la Cámara Alta, no le dará el acuerdo que necesitan Bruglia y Bertuzzi para mantenerse como camaristas luego de que ambos no concurrieran a la audiencia pública que se realizó en la comisión de Acuerdos, el pasado 4 de septiembre. Esto los obligará a volver a sus tribunales de origen.

Escenarios

La decisión de la Corte deja a Bruglia y Bertuzzi con un pie afuera de Comodoro Py. No obstante, el interrogante que se abre es qué sucede si el Senado vota rechazar sus pliegos y se les ordena a los dos jueces regresar a sus puestos de origen pero ambos desconocen esa decisión. Estarían forzando, nuevamente, un conflicto de poderes.

Los medios hegemónicos como Clarín e Infobae interpretaron el fallo cortesano como un "mensaje al Gobierno". Por ejemplo, el matutino porteño sostuvo que "la Corte Suprema decidió que resolverá sobre los jueces que quiere correr Cristina Kirchner". Una invitación a que Bruglia y Bertuzzi se queden en el cargo.

"Desde el minuto cero se sabía que la vía del Per Saltum no era la adecuada. Eso iba a significar que la Corte se metiese en un proceso que hoy está en cabeza de otro poder. Se infló tanto y metieron tanta presión que parecía que el Per Saltum se iba a aceptar", indicaron desde una de las vocalías cortesanas a este medio.

Todo indica que Bruglia y Bertuzzi buscarán llegar a la Corte a través de un recurso extraordinario, luego de que la Cámara en los Contencioso Administrativo resuelva su planteo. Pero el Tribunal Supremo no tiene plazos para resolver esos recursos por lo que todo estará atado a si los dos jueces logran que una mayoría en la Corte respalde su posición, algo que hoy no está para nada claro que vaya a suceder.

Desde el Consejo de la Magistratura aseguraron a El Destape que si los dos magistrados desoyen la voz del Senado, el Ejecutivo y el propio consejo sin un respaldo judicial, se podría pedir su juicio político o presentarse una denuncia penal en su contra. En la actualidad no estarían los votos para avanzar con la primera de las medidas mencionadas.

La decisión del Senado

El disparador del per saltum extraorinario que presentaron Bruglia y Bertuzzi fue que este lunes la presidenta del Senado convocó a una sesión especial para el miércoles a las 14 y en el temario figuró el abordaje de sus pliegos.

También se tratará el pliego de Germán Castelli, quien fue trasladado de forma irregular al TOF 7 y no concurrió a la audiencia pública como sí lo hicieron otros siete magistrados cuyos pliegos se están analizando. Si en el recinto se confirma lo que dictaminó la comisión de Acuerdos, Bruglia, Bertuzzi y Castelli deberán volver a sus tribunales de origen.

"Cumplidos los procedimientos legales, habiendo remitido los pliegos el Poder Ejecutivo, convocada la Audiencia de modo reglamentario en la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación y verificando que dichos magistrados no acataron lo establecido por la Constitución Nacional, la Comisión de Acuerdos presidida por la Senadora Anabel Fernández Sagasti firmó el rechazo a sus traslados", comunicó el bloque del Frente de Todos, el viernes 4 de septiembre.

Los pliegos de estos diez jueces llegaron a la Cámara Alta luego de que en el Consejo de la Magistratura se analizaran los movimientos de magistrados del último tiempo. Tras estudiar decenas de casos, se llegó a la conclusión de que hubo diez traslados irregulares y que para legitimarse debían tener el acuerdo del Senado, tal como lo establece la Constitución Nacional. Así que se giraron los casos al Poder Ejecutivo y este los reenvió al Congreso. Aquellos jueces que no obtengan el acuerdo deben volver a su cargo de origen.

"Al no haberse presentado en la audiencia pública se rechaza el dictamen solicitado por el Poder Ejecutivo y en consecuencia deberían dejar de estar en la función en que están hoy", explicó una fuente del Consejo de la Magistratura sobre Bruglia, Bertuzzi y Castelli.

"Si no se modifica la decisión del Poder Ejecutivo, el Senado y el Consejo de la Magistratura, ellos debieran entregar el cargo y volver a su tribunal anterior", agregó. La mención de los poderes involucrados y del Consejo de la Magistratura no es azarosa: según varios integrantes del Poder Judicial consultados para esta nota, Bruglia y Bertuzzi están impulsando un conflicto de poderes.

A contramano de Bruglia, Bertuzzi y Castelli hubo siete jueces cuyos traslados fueron irregulares que sí participaron de la audiencia pública del 4 de septiembre en la comisión de Acuerdos del Senado. Es que si se aprueban sus pliegos en la Cámara Alta quedarán legitimados para ejercer la función donde están hoy.

Uno de los presentes fue el camarista Eduardo Farah, quien describió que el pedido de su traslado fue por las presiones que sufrió tras fallar en contra de los intereses del gobierno macrista en el caso de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa. Su cargo en la instancia revisora de Comodoro Py fue ocupado por Bertuzzi.

La particularidad del caso de Farah es que si el Senado rechaza su pliego el lugar al que tendrá que volver es ni más ni menos que la Cámara Federal porteña.

Emblemas del Lawfare

Bruglia y Bertuzzi son considerados dos jueces del Lawfare. Ambos llegaron a la Cámara Federal porteña por decisión de Macri. Desde su lugar en ese tribunal con asiento en Comodoro Py, ambos (al igual que Martín Irurzun) legitimaron todo lo realizado por Claudio Bonadío. Los dos revisaron la causa de las fotocopias de los Cuadernos. El primero, por ejemplo, también intervino en el caso de la Obra Pública, en la que se involucró a CFK.

En el debate oral de ese caso, el 2 de diciembre pasado, Cristina dio un fuerte alegato de impacto político y mediático. En una ponencia de más de 3 horas y media cuestionó con dureza la acusación en su contra y atribuyó su situación judicial a la persecución judicial.

Bertuzzi, por su parte, fue el presidente del tribunal que envió al exvicepresidente de la Nación, Amado Boudou, a la cárcel. Según Boudou, su llegada a la Cámara Federal porteña fue el premio que el macrismo le dio por haber resuelto su detención.

En el marco de esta tensión entre poderes forzada por Bruglia y Bertuzzi, el embajador de los Estados Unidos, Edward Prado, dijo en una conferencia que organizó el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires a fines de agosto que "atacar a un juez es atacar a todo el sistema judicial". No dio nombres. Pero no dejar de ser una frase curiosa: cuando el macrismo persiguió a magistrados con pedidos de juicio político, el representante estadounidense en la Argentina se llamó a silencio.

Nada dijo, por ejemplo, del jury que impulsó Macri contra el juez de Dolores que instruye el D'Alessiogate, Alejo Ramos Padilla. Mucho menos de los que se pidieron contra jueces laborales, tal como publicó este medio en su momento y hoy se conocen con mayor detalle en la causa conocida como Mesa Judicial PRO.

Una de las últimas intervenciones de Bruglia en la Cámara Federal fue declarar nulo el procesamiento de los exministros macristas Guillermo Dietrich, Nicolás Dujovne y Javier Iguacel en el caso de los peajes y las autopistas vinculadas al Grupo Macri. Junto a Irurzun, revocó la decisión que había tomado Rodolfo Canicoba Corral (ahora jubilado) porque consideró que se le ocultó pruebas a los imputados.

Un fallo muy particular para alguien que nunca revocó en los años macristas un procesamiento importante de Bonadío, paradigma del Lawfare y a quien muchos colegas apodaban "embajada" porque en su juzgado de Comodoro Py no aplicaba la ley argentina.

El viernes pasado, la vicepresidenta se hizo eco de aquel fallo y tuiteó: "AYER se comprobó que a Bruglia y Bertuzzi los quieren mantener ilegalmente en la Cámara Federal para garantizar la impunidad de Macri y sus funcionarios. Uno de ellos anuló el procesamiento de Dietrich, Iguacel y Dujovne, por la estafa de las autopistas de más de USD600 millones".

"En sus tapas, Clarín te dice que queremos separar a Bruglia y Bertuzzi porque me investigan a mí. Como dijo Néstor: Clarín miente.... Todas las causas que me armaron ya pasaron la etapa de instrucción", agregó. De más está decir que este lunes tras conocerse que se tratarán los casos de Bruglia y Bertuzzi en el Senado el miércoles, el matutino porteño definió a estos dos magistrados como quienes "investigaron a Cristina".

"¿Se dan cuenta que han convertido al Poder Judicial en un instrumento para atacar al peronismo y a los gobiernos populares y darle impunidad a los poderosos que siempre manejan los hilos de la economía y la comunicación en nuestro país?", cerró la vicepresidenta.

Todo indica que tras la "gambeta" de la Corte, el conflicto por la estadía irregular de Bruglia y Bertuzzi en Comodoro Py se acentuará.

Por Franco Mizrahi

Fuente: El Destape

07-02-2026 / 19:02

Cero credibilidad por el escándalo del Indec que dejó a Javier Milei y a Toto Caputo con el culo al aire

Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.

El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.

Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".

Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.

El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.

El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.

La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.

Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."

07-02-2026 / 11:02

Apertura comercial indiscriminada y sometimiento al imperialismo: Milei le entrega todo a Trump y no recibe nada a cambio

El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.

La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.

Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.

El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.

En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.

En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.

El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.

06-02-2026 / 09:02

Milei, copiando a Trump, lanza cuenta oficial para desmentir, perseguir y cazar periodistas

Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.

"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.

Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.

Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.

O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.

Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.

En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.

La Opinión Popular

05-02-2026 / 11:02

Milei dejó a las familias al borde del default: la morosidad se disparó a niveles históricos

Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.

Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.

El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.

Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.

Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.

La Opinión Popular

04-02-2026 / 11:02

Caputazo en el Indec: Ilegalidades que afectan a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza

A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).

Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".

En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.

Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).

Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.

Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.

Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".

La Opinión Popular