03:54 | Jueves 01 de Enero de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 16-09-2020 / 09:09

SIN PER SALTUM, ENFRENTARÁN LA RESOLUCIÓN DEL SENADO

La Corte desestimó el pedido de Bruglia y Bertuzzi y ya se despiden de Comodoro Py

Los supremos resolvieron tener presente “para el momento final de la causa” el pedido de “urgente intervención” que habían planteado los dos jueces que Macri puso a dedo en el estratégico tribunal de Comodoro Py. Se espera que el Senado rechace sus pliegos este miércoles, por lo que deberían volver a su tribunal de origen. Las resistencias que asoman.

La Corte Suprema les dio una pésima noticia a los jueces macristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi: en una resolución de cinco líneas les dijo que no opinará por ahora sobre su situación, lo que implica que el tribunal dejará que el Senado avance con la decisión, prevista para hoy, de rechazar sus designaciones por el mecanismo que utilizó el gobierno de Mauricio Macri para trasladarlos "a dedo" desde el Tribunal Oral Federal 4 a la estratégica Cámara Federal de Comodoro Py sin que pasaran por un concurso ni por el Congreso para obtener el "acuerdo" que prevé la Constitución.

Cuando se debe cubrir una vacante de juez de cualquier instancia, se presentan solamente para ese cargo los candidatos, los que son sometidos a distintas pruebas (escrita, oral, entrevista) por el Consejo de la Magistratura que elige una terna. De los tres el Ejecutivo elige uno y lo manda al Senado y si este lo aprueba recién accede la persona al cargo. Estos jueces no participaron de concurso alguno ni fueron aprobados por el Senado, los puso Macri "a dedo".

Bruglia y Bertuzzi habían presentado un "per saltum" en un intento de obtener el respaldo supremo para frenar la revisión de sus nombramientos, y el lunes por la noche le pidieron a la Corte su "inmediata intervención". La respuesta fue "téngase presente", algo que en la jerga judicial se traduce como un desaire que, además, significa que los supremos avisan que se quedarán con la última palabra sobre esta polémica que envuelve a los nombramientos de jueces "a dedo".

Hasta ahora ambos camaristas cosecharon todas sentencias en contra, en primera instancia la jueza Ana María Biotti les rechazó el amparo y la Cámara les negó un pedido de medida cautelar para frenar el procedimiento del Senado. Por la misma senda va el juez macrista Germán Castelli, trasladado desde un tribunal de San Martín al Tribunal Oral Federal 7, donde tramita la causa de los cuadernos: la jueza Macarena Marra Giménez rechazó una medida cautelar para impedir la revisión de su nombramiento.

Los cortesanos podrían no haber dicho nada, pero eligieron decir algo y mandar un mensaje. Como queda a la vista, no aceptaron ni rechazaron el "per saltum" de los camaristas atrincherados. Para la Corte es una jugada política mostrar que se queda con un as en la manga en momentos en que una comisión de expertos designada por el Poder Ejecutivo debate su posible reforma, ya sea de composición o mecanismos. El asunto de los traslados de jueces les otorga una herramienta de negociación.

Diga lo que diga la Corte en un futuro, los tres jueces atornillados no consiguieron parar el proceso del Senado con una medida judicial. Una mayoría simple, con la que el oficialismo cuenta, bastará para que sus traslados sean rechazados y deban volver a sus puestos originales.

Los grandes medios porteños: Clarín, La Nación e Infobae, alineados con el macrismo, interpretan este hecho como una ofensiva K para desplazar jueces. Lo cierto es que la historia deja en claro que en un comienzo lo que hubo fue una ingeniería macrista para tener bajo control cargos claves en la Justicia y poder manipularlos a su antojo.

La Opinión Popular

LAWFARE

La Corte Suprema dejó a Bruglia y Bertuzzi con un pie afuera de la Cámara Federal porteña

La Corte Suprema de Justicia dejó pasar con "elegancia" el pedido de "urgente intervención" que realizaron Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, los dos jueces que el entonces presidente Mauricio Macri puso a dedo en la estratégica Cámara Federal porteña, la instancia revisora de todo lo que sucede en Comodoro Py.

En la reunión habitual de todos los martes, los supremos tocaron el tema pero solamente para disponer que se tenga presente el requerimiento "para el momento de la resolución final en la causa".

Es decir, no abordaron el salto de instancia como pretendían los magistrados. El pedido "urgente" de Bruglia y Bertuzzi fue porque mañana se espera que el Senado, en una sesión especial que se convocó ayer, rechace sus pliegos, lo que los obligará a volver a sus cargos de origen.

"A la presentación digital de los doctores Bertuzzi y Bruglia del 14 de septiembre del 2020, téngase presente para el momento de la resolución final de la causa por esta Corte, de acuerdo a la vía que este tribunal oportunamente determine", dice la providencia que emitió el Alto Tribunal este martes.

Este lunes, la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, convocó a una sesión especial para el miércoles. En el temario se incluyó los casos de Bruglia y Bertuzzi. Esto motivó que ayer mismo, los dos jueces apelaran con urgencia a la Corte a través de un per saltum extraordinario en pos de lograr un recurso que evite que se los corra del cargo. No lo obtuvieron.

Tal como se prevé, el Frente de Todos que tiene mayoría en la Cámara Alta, no le dará el acuerdo que necesitan Bruglia y Bertuzzi para mantenerse como camaristas luego de que ambos no concurrieran a la audiencia pública que se realizó en la comisión de Acuerdos, el pasado 4 de septiembre. Esto los obligará a volver a sus tribunales de origen.

Escenarios

La decisión de la Corte deja a Bruglia y Bertuzzi con un pie afuera de Comodoro Py. No obstante, el interrogante que se abre es qué sucede si el Senado vota rechazar sus pliegos y se les ordena a los dos jueces regresar a sus puestos de origen pero ambos desconocen esa decisión. Estarían forzando, nuevamente, un conflicto de poderes.

Los medios hegemónicos como Clarín e Infobae interpretaron el fallo cortesano como un "mensaje al Gobierno". Por ejemplo, el matutino porteño sostuvo que "la Corte Suprema decidió que resolverá sobre los jueces que quiere correr Cristina Kirchner". Una invitación a que Bruglia y Bertuzzi se queden en el cargo.

"Desde el minuto cero se sabía que la vía del Per Saltum no era la adecuada. Eso iba a significar que la Corte se metiese en un proceso que hoy está en cabeza de otro poder. Se infló tanto y metieron tanta presión que parecía que el Per Saltum se iba a aceptar", indicaron desde una de las vocalías cortesanas a este medio.

Todo indica que Bruglia y Bertuzzi buscarán llegar a la Corte a través de un recurso extraordinario, luego de que la Cámara en los Contencioso Administrativo resuelva su planteo. Pero el Tribunal Supremo no tiene plazos para resolver esos recursos por lo que todo estará atado a si los dos jueces logran que una mayoría en la Corte respalde su posición, algo que hoy no está para nada claro que vaya a suceder.

Desde el Consejo de la Magistratura aseguraron a El Destape que si los dos magistrados desoyen la voz del Senado, el Ejecutivo y el propio consejo sin un respaldo judicial, se podría pedir su juicio político o presentarse una denuncia penal en su contra. En la actualidad no estarían los votos para avanzar con la primera de las medidas mencionadas.

La decisión del Senado

El disparador del per saltum extraorinario que presentaron Bruglia y Bertuzzi fue que este lunes la presidenta del Senado convocó a una sesión especial para el miércoles a las 14 y en el temario figuró el abordaje de sus pliegos.

También se tratará el pliego de Germán Castelli, quien fue trasladado de forma irregular al TOF 7 y no concurrió a la audiencia pública como sí lo hicieron otros siete magistrados cuyos pliegos se están analizando. Si en el recinto se confirma lo que dictaminó la comisión de Acuerdos, Bruglia, Bertuzzi y Castelli deberán volver a sus tribunales de origen.

"Cumplidos los procedimientos legales, habiendo remitido los pliegos el Poder Ejecutivo, convocada la Audiencia de modo reglamentario en la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación y verificando que dichos magistrados no acataron lo establecido por la Constitución Nacional, la Comisión de Acuerdos presidida por la Senadora Anabel Fernández Sagasti firmó el rechazo a sus traslados", comunicó el bloque del Frente de Todos, el viernes 4 de septiembre.

Los pliegos de estos diez jueces llegaron a la Cámara Alta luego de que en el Consejo de la Magistratura se analizaran los movimientos de magistrados del último tiempo. Tras estudiar decenas de casos, se llegó a la conclusión de que hubo diez traslados irregulares y que para legitimarse debían tener el acuerdo del Senado, tal como lo establece la Constitución Nacional. Así que se giraron los casos al Poder Ejecutivo y este los reenvió al Congreso. Aquellos jueces que no obtengan el acuerdo deben volver a su cargo de origen.

"Al no haberse presentado en la audiencia pública se rechaza el dictamen solicitado por el Poder Ejecutivo y en consecuencia deberían dejar de estar en la función en que están hoy", explicó una fuente del Consejo de la Magistratura sobre Bruglia, Bertuzzi y Castelli.

"Si no se modifica la decisión del Poder Ejecutivo, el Senado y el Consejo de la Magistratura, ellos debieran entregar el cargo y volver a su tribunal anterior", agregó. La mención de los poderes involucrados y del Consejo de la Magistratura no es azarosa: según varios integrantes del Poder Judicial consultados para esta nota, Bruglia y Bertuzzi están impulsando un conflicto de poderes.

A contramano de Bruglia, Bertuzzi y Castelli hubo siete jueces cuyos traslados fueron irregulares que sí participaron de la audiencia pública del 4 de septiembre en la comisión de Acuerdos del Senado. Es que si se aprueban sus pliegos en la Cámara Alta quedarán legitimados para ejercer la función donde están hoy.

Uno de los presentes fue el camarista Eduardo Farah, quien describió que el pedido de su traslado fue por las presiones que sufrió tras fallar en contra de los intereses del gobierno macrista en el caso de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa. Su cargo en la instancia revisora de Comodoro Py fue ocupado por Bertuzzi.

La particularidad del caso de Farah es que si el Senado rechaza su pliego el lugar al que tendrá que volver es ni más ni menos que la Cámara Federal porteña.

Emblemas del Lawfare

Bruglia y Bertuzzi son considerados dos jueces del Lawfare. Ambos llegaron a la Cámara Federal porteña por decisión de Macri. Desde su lugar en ese tribunal con asiento en Comodoro Py, ambos (al igual que Martín Irurzun) legitimaron todo lo realizado por Claudio Bonadío. Los dos revisaron la causa de las fotocopias de los Cuadernos. El primero, por ejemplo, también intervino en el caso de la Obra Pública, en la que se involucró a CFK.

En el debate oral de ese caso, el 2 de diciembre pasado, Cristina dio un fuerte alegato de impacto político y mediático. En una ponencia de más de 3 horas y media cuestionó con dureza la acusación en su contra y atribuyó su situación judicial a la persecución judicial.

Bertuzzi, por su parte, fue el presidente del tribunal que envió al exvicepresidente de la Nación, Amado Boudou, a la cárcel. Según Boudou, su llegada a la Cámara Federal porteña fue el premio que el macrismo le dio por haber resuelto su detención.

En el marco de esta tensión entre poderes forzada por Bruglia y Bertuzzi, el embajador de los Estados Unidos, Edward Prado, dijo en una conferencia que organizó el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires a fines de agosto que "atacar a un juez es atacar a todo el sistema judicial". No dio nombres. Pero no dejar de ser una frase curiosa: cuando el macrismo persiguió a magistrados con pedidos de juicio político, el representante estadounidense en la Argentina se llamó a silencio.

Nada dijo, por ejemplo, del jury que impulsó Macri contra el juez de Dolores que instruye el D'Alessiogate, Alejo Ramos Padilla. Mucho menos de los que se pidieron contra jueces laborales, tal como publicó este medio en su momento y hoy se conocen con mayor detalle en la causa conocida como Mesa Judicial PRO.

Una de las últimas intervenciones de Bruglia en la Cámara Federal fue declarar nulo el procesamiento de los exministros macristas Guillermo Dietrich, Nicolás Dujovne y Javier Iguacel en el caso de los peajes y las autopistas vinculadas al Grupo Macri. Junto a Irurzun, revocó la decisión que había tomado Rodolfo Canicoba Corral (ahora jubilado) porque consideró que se le ocultó pruebas a los imputados.

Un fallo muy particular para alguien que nunca revocó en los años macristas un procesamiento importante de Bonadío, paradigma del Lawfare y a quien muchos colegas apodaban "embajada" porque en su juzgado de Comodoro Py no aplicaba la ley argentina.

El viernes pasado, la vicepresidenta se hizo eco de aquel fallo y tuiteó: "AYER se comprobó que a Bruglia y Bertuzzi los quieren mantener ilegalmente en la Cámara Federal para garantizar la impunidad de Macri y sus funcionarios. Uno de ellos anuló el procesamiento de Dietrich, Iguacel y Dujovne, por la estafa de las autopistas de más de USD600 millones".

"En sus tapas, Clarín te dice que queremos separar a Bruglia y Bertuzzi porque me investigan a mí. Como dijo Néstor: Clarín miente.... Todas las causas que me armaron ya pasaron la etapa de instrucción", agregó. De más está decir que este lunes tras conocerse que se tratarán los casos de Bruglia y Bertuzzi en el Senado el miércoles, el matutino porteño definió a estos dos magistrados como quienes "investigaron a Cristina".

"¿Se dan cuenta que han convertido al Poder Judicial en un instrumento para atacar al peronismo y a los gobiernos populares y darle impunidad a los poderosos que siempre manejan los hilos de la economía y la comunicación en nuestro país?", cerró la vicepresidenta.

Todo indica que tras la "gambeta" de la Corte, el conflicto por la estadía irregular de Bruglia y Bertuzzi en Comodoro Py se acentuará.

Por Franco Mizrahi

Fuente: El Destape

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".

28-12-2025 / 12:12

Al revés de lo que pretende Milei, las empresas remarcan para amortiguar caída de ventas y pérdidas millonarias

Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.

Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.

Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.

Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.

Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.

Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.

PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.

Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.

En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.

Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.

27-12-2025 / 09:12

Defendiendo lo indefendible: El apoyo a Milei fue contra los intereses de la mayoría que lo votó, aunque ellos se ilusionan con lo contrario

Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.

Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.

El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.

Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.

En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.

Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.

Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.

Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.

En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza.