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Entre Ríos - 15-09-2020 / 20:09
POR JULIO SOLANAS

El oportunismo selectivo del diputado Esteban Vitor

El oportunismo selectivo del diputado Esteban Vitor
El diputado oficialista Julio Solanas (foto) le respondió a su par del PRO, Esteban Vitor, quien hizo un pedido de informes en el que solicita “precisiones” al Gobernador por el pago de intereses de la deuda. Foto: Blas García para La Opinión Popular
 
En los últimos tiempos asistimos a una de las peores formas de hacer política por parte de un sector de la oposición, la que se aprovecha de la grave crisis sanitaria provocada por un virus letal que se ha cobrado la vida de miles de argentinos y argentinas, y que tiene efectos económicos devastadores a nivel nacional y provincial.
 
Cambiemos ha elegido desarrollar una forma de hacer política que consiste en la ausencia absoluta de propuestas y cooperación para enfrentar esta grave crisis, tergiversando los hechos, recortando la realidad, en fin, seleccionando los datos que mejor cuadran a su oportunismo para construir versiones falsas de la grave situación que atravesamos en el país y en la provincia.
 
Echando mano a la calificación técnica que brinda la corporación internacional Fitch, el diputado Esteban Vitor pretende imponer su versión de la realidad entrerriana y de nuestro gobierno provincial.
 
Con la supuesta novedad de un "default selectivo", que se correspondería con el pago de servicios de deuda del mes de agosto (en plena pandemia) el diputado Vitor recurre al oportunismo, sembrando confusión y echando sombras respecto de la transparencia de la gestión del gobernador Gustavo Bordet.
 
Debemos decir al diputado Vitor que lo único selectivo es su oportunismo político, que no se puede seguir falseando la realidad para fortalecer su posición carente de propuesta, responsabilidad y solidaridad.
 
El espacio político que representa gobernó el país durante cuatro años, los más nefastos en materia de deuda pública, no sólo por la descomunal emisión de títulos, sino por haber cargado sobre las espaldas del pueblo argentino el crédito más grande que jamás haya otorgado el FMI en su historia.
 
 
Olvida el diputado Vitor que la profunda crisis económica que debió asumir el Presidente Alberto Fernández la provocó el gobierno que corresponde a su espacio político. Olvida el diputado Vitor que el gobierno anterior generó deliberadamente una crisis económica para beneficiar la especulación financiera y la fuga de capitales, que se caracterizó por abandonar a las provincias a su suerte, recortando o eliminado subsidios a los servicios públicos, lo cual debió ser asumido con recursos propios, como fue el caso de la provincia de Entre Ríos.
 
Hoy estamos en presencia de un contexto que dejará graves secuelas en la economía, y que es el resultado de la combinación del desastre económico provocado por el gobierno anterior y la pandemia que azota al mundo entero. En ese contexto el gobierno nacional y el provincial han adoptado las medidas necesarias para administrar los recursos a fin de cubrir las necesidades sanitarias y económicas urgentes en el marco de la emergencia decretada.
 
La provincia atraviesa momentos difíciles, es cierto, pero no por las calificaciones que pueda brindar una corporación internacional, sino por el deterioro económico que se deriva de la pandemia, la cual ha obligado a administrar la suspensión de actividades para preservar la salud y la vida de los entrerrianos y entrerrianas. El mismo escenario enfrenta el país. Y el impacto en la recaudación se dejará sentir, sobre todo si se considera que el gobierno provincial ha tomado medidas para paliar los efectos adversos exceptuando a determinados contribuyentes.
 
Parece que el diputado Vitor se olvidó de la crisis económica que dejó su gobierno, parece que se olvidó de la pandemia, parece que se olvidó de los infectados y de los fallecidos, y eligió valorar la crisis desde un dato meramente técnico para empañar la transparencia de nuestro gobierno, de manera artera, abandonando la posibilidad de un análisis más serio y comprometido con la salud y la vida de los entrerrianos y entrerrianas.
 
No nos interesa discutir los aspectos técnicos del pedido de informe que impulsa el diputado Vitor, lo cual compete a las áreas de gobierno que están suficientemente calificadas para ello, pero sí debemos decir que el supuesto incumplimiento al que se refiere el diputado corresponde al mes de agosto, que fue prorrogado hasta setiembre, y que esos meses, salvo que se tenga la peor intención de "olvidar" el estrago que ha provocado el virus, se corresponden con el profundo deterioro de la economía y de recaudación fiscal que trajo aparejados.
 
El estilo de Vitor es el de Macri, no hacerse cargo del desastre económico que dejó Cambiemos, y no considerar el grave riesgo que la pandemia representa para la vida de los ciudadanos y ciudadanas, no respetar las víctimas que se ha cobrado.
 
La Argentina y la provincia de Entre Ríos necesitan políticos comprometidos con la realidad a través de propuestas y no voceros de intereses minoritarios ocupados en desestabilizar gobiernos más que en construir futuro.
 
Fuente: Página Política
 
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24-05-2026 / 09:05
Un análisis técnico de Guillermo Michel desnuda la verdadera naturaleza del proyecto de Frigerio: una transferencia forzosa de ingresos desde el bolsillo de los trabajadores hacia las arcas de un Estado que abdica de su responsabilidad social. Michel advierte que no estamos ante una búsqueda de eficiencia, sino ante un "ajuste por goteo" que utiliza la duplicación del período de cálculo y la eliminación de la movilidad sectorial para licuar los haberes. Según el experto legislador, la reforma rompe el principio de sustitutividad, condenando a los futuros jubilados a percibir una tasa de reemplazo que no refleja su trayectoria laboral, mientras se legaliza el perjuicio previsional derivado del empleo no registrado.
 
Para Michel, el costo de este "equilibrio" fiscal es una regresión patrimonial sin precedentes que ensancha la brecha entre activos y pasivos. El análisis subraya que la delegación de facultades al Ejecutivo y la creación de aportes "solidarios" sobre jubilados no son medidas de emergencia, sino el andamiaje de un estatuto permanente de excepción. En términos de Michel, la gestión de Frigerio opta por el camino más corto y doloroso: castigar la biografía laboral del trabajador entrerriano -especialmente de las mujeres y regímenes especiales- para cumplir con metas de austeridad que ignoran la protección constitucional del salario diferido.
 
En forma lapidaria, Guillermo Michel concluyó: "Frigerio está construyendo el expediente político para ser recordado como el peor gobernador de Entre Ríos desde la vuelta de la democracia. Y con esta ley ratifica que también lo será para los trabajadores".
 

24-05-2026 / 09:05
Bajo el rótulo tecnocrático de "Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional", el gobierno de Rogelio Frigerio ha enviado a la Legislatura un proyecto de ley que, tras el análisis minucioso de su articulado, se revela como un programa de ajuste estructural sin precedentes. No estamos ante una reforma técnica de sostenibilidad; estamos ante un desmantelamiento sistemático de la Ley N° 8732 y un retroceso histórico que vulnera el principio de no regresividad amparado por nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos.
 
El proyecto de Rogelio Frigerio es un asalto ataque a la seguridad social de los entrerrianos. Bajo el paraguas de la "sustentabilidad", el Ejecutivo pretende legalizar un ajuste estructural que confisca el salario de los trabajadores activos y licúa el haber de los jubilados, enmarcando los cambios en la Caja de Jubilaciones más al servicio del déficit cero que de los derechos sociales de los pasivos de la provincia. Se trata de una embestida que descarga el peso de una crisis que los trabajadores no generaron sobre sus propias espaldas, mediante un sistema de castigo que licúa ingresos y destruye la movilidad.
 
Esta ofensiva gubernamental no solo desmantela el 82% móvil y el enganche sectorial, sino que consagra una autocracia financiera donde los derechos constitucionales quedan supeditados a decretos del Ejecutivo. Al elevar la edad jubilatoria hasta umbrales biológicamente altísimos y ensañarse particularmente con las mujeres y los sectores más vulnerables, la gestión provincial firma una iniciativa que generará abierta polémica. Es, en esencia, un programa de ajuste que abdica del rol protector del Estado para arrojarse a una lógica de mercado contable que se no contempló los derechos constitucionales de los entrerrianos.
 
De la redacción de La Opinión Popular

18-05-2026 / 20:05
El reciente desplome en los indicadores de imagen de Rogelio Frigerio es, fundamentalmente, la traducción en números del costo de su disciplinamiento político ante la Casa Rosada. La gestión entrerriana ha pasado de ser un proyecto con llegó con sello propio a convertirse en el laboratorio del ajuste de Javier Milei, y los ciudadanos han comenzado a pasar la factura.
 
El informe publicado por Sociedad Política revela una erosión acelerada del capital político que Frigerio supo construir. Lo que antes era un activo —su perfil moderado y técnico— hoy se diluye ante la percepción de una gestión paralizada por su adhesión al gobierno nacional. Hoy, el diferencial de imagen en las encuestas es deficitario. La desaprobación ya supera a la aprobación, rompiendo el "piso de cristal" que el gobernador mantuvo desde que llegó a la gobernación. "Por primera vez, la imagen de Frigerio tiene saldo negativo. El relevamiento marca un punto de inflexión en la consideración pública del mandatario entrerriano".
 
La encuesta ramarca una caída en los sectores medios. El segmento que fue la base de su victoria en 2023 es el que más rápido le ha soltado la mano, agobiado por el aumento de precios, tarifas y la licuación de los salarios de estatales provinciales.
 
La caída de Frigerio es la consecuencia natural de un gobernador que ha decidido —por convicción o por asfixia financiera— ser un alumno aplicado del ajuste libertario. Al alinearse de forma casi incondicional con los proyectos legislativos de la Nación y aceptar sin mayores resistencias el recorte de transferencias, Frigerio está mimetizando su suerte con la de Milei.
 
De la redacción de La Opinión Popular 

17-05-2026 / 20:05
El gobierno de Rogelio Frigerio ha vuelto a cruzar una línea polémica en materia de preservación ambiental y ética pública. En una reciente entrevista que desató el rechazo de organizaciones socioambientales y de la ciudadanía entrerriana, el Ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, blindó la polémica habilitación de la temporada de caza menor en la provincia recurriendo a un argumento tan insólito como jurídicamente insostenible: “La Constitución lo permite, no lo podemos prohibir”.
 
El discurso de Bernaudo tiene un error técnico, pero también un polémico juicio ético y jurídico. Es un error dado que se pretende disfrazar de "derecho constitucional" lo que en realidad es una concesión a empresas que trabajan en buena parte con extranjeros.
 
Al invocar una supuesta protección legal para la matanza de fauna, el funcionario parece confundir la normativa entrerriana con la Segunda Enmienda estadounidense, importando una retórica libertaria que Milei utilizó en su campaña presidencial, la que prioriza el negocio extractivo por sobre el deber constitucional de preservar la biodiversidad y los derechos de los seres sintientes. 
 
Es cuestionable que se intente justificar el "turismo de caza" bajo la exagerada promesa de generación de empleo que, en la práctica, suele estar matizado por la precarización laboral en enclaves cerrados para extranjeros. Mientras el Estado admite su incapacidad de control mediante fiscalizaciones aleatorias, Entre Ríos queda expuesta como un territorio donde la vida silvestre se remata al mejor postor, ignorando el avance global hacia la protección animal y consolidando un modelo económico que deja ganancias en pocas manos. Es un tema que merece una profunda discusión. 
 
De la redacción de La Opinión Popular 

17-05-2026 / 14:05
En una reciente entrevista en el Programa Cuestión de Fondo, el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, dejó definiciones que sacudieron el tablero interno del Partido Justicialista de Entre Ríos. Con una mezcla de pragmatismo y firmeza discursiva, el dirigente no esquivó el bulto ante la polémica por las sanciones disciplinarias y apuntó directamente contra quienes, según su visión, utilizan al partido como una plataforma de "agresión permanente".

Al ser consultado sobre las sanciones que el Tribunal de Disciplina ha comenzado a aplicar, Fuertes fue tajante: "Sí, estoy de acuerdo. Por supuesto que estoy de acuerdo". Para el villaguayense, la libertad de participación no es un cheque en blanco para el ataque sistemático hacia la conducción o los pares. "En la vida hay límites. Si lo que hay es una permanente agresión a los dirigentes del peronismo, están las normativas de sanción", disparó Fuertes.
 
Uno de los puntos más álgidos de su alocución fue la mención al sector de Héctor María Maya. Fuertes denunció lo que considera una estrategia de "división" orquestada desde afuera. Acusó a este sector de no cumplir con la Carta Orgánica y, acto seguido, utilizar sellos de partidos vinculados al oficialismo provincial para competir contra el peronismo. La metáfora del zapallo: "Le dieron el sello como si le dieran un zapallo... tomá, usalo para dividir al peronismo", graficó con ironía. En un dardo al Socialismo, el intendente del PJ uestionó que una fuerza de la coalición gobernante actual "alquilara" su personería para intervenir en la interna peronista sin un proceso orgánico claro.

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