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Entre Ríos - 15-09-2020 / 11:09
PRESUNTA CORRUPCIÓN

Dos jueces no se expiden y Sergio Urribarri sigue sin sentarse en el banquillo de los acusados

Dos jueces no se expiden y Sergio Urribarri sigue sin sentarse en el banquillo de los acusados
Se demora el tratamiento de un planteo de inhibición de dos jueces en el marco de una causa que tiene como imputado de delitos contra la Administración Pública al ex gobernador y actual embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri.
 
Se demora el tratamiento de un planteo de inhibición de dos jueces en el marco de una causa que tiene como imputado de delitos contra la Administración Pública al ex gobernador y actual embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri.
 
Todo comenzó con un planteo del empresario Germán Buffa, quien está acusado junto a Urribarri y su exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, en una causa por el supuesto delito de negociaciones incompatibles con la función pública. El empresario está señalado como partícipe primario.
 
Buffa desencadenó un verdadero enredo judicial: dos jueces deben resolver si prosperan las inhibiciones de dos colegas, que a su vez fueron designados para analizar la recusación contra otros dos magistrados del expediente original del mega juicio a Urribarri.
 
Hace 10 días se está a la espera de que se expidan los vocales de Concepción del Uruguay, Rubén Alberto Chaia y Mariano Martínez.
 
 
Historia de las recusaciones
  
Todo comenzó cuando el empresario Buffa recusó a los jueces Jorge María Chemez y María Carlonia Castagno quienes, junto a Elvio Osir Garzón, definieron unificar tres causas en un solo juicio haciendo lugar al pedido de los abogados defensores de los diferentes acusados. Se acumularon la causa del "Sueño Entrerriano"; la "de la vaca"; y la de la pauta otorgada a Buffa en 2011.
 
Buffa los recusó porque ambos habían intervenido en la causa en la que él está imputado junto a Urribarri y Báez. El recurso lo interpuso su abogado José Velázquez.
 
La causa del "Sueño entrerriano" iba a comenzar el 18 de agosto, pero se suspendió cuando los abogados defensores de los acusados pidieron la unificación de las causas porque entendieron que existe una conexión entre todas ellas.
 
Chemez y Castagno se opusieron a la recusación, entonces la Oficina de Gestión de Audiencias del Poder Judicial designó a dos jueces que debían zanjar la discusión: Carlos Ríos, Juez de Transición N° 1 de Paraná; y Pablo Barbirotto, Juez Penal de Niños y Adolescentes de Paraná. Sin embargo, estos dos se inhibieron de intervenir: el primero dijo que conocía a Buffa, ya que habían compartido algún que otro partido de fútbol; mientras que el segundo alegó que fue novio de la expareja del empresario acusado.
 
De modo que la OGA debió nombrar otros jueces para que analicen si esos argumentos son suficientes para el apartamiento. Al agotarse los jueces de la costa del Paraná para tratar la inesperada situación, el Superior Tribunal de Justica indicó al organismo -luego de que este advirtiera que ya no quedaban jueces para nombrar en Paraná- que correspondía integrar el Tribunal para resolver las inhibiciones de Ríos y Barbirotto, con los señores vocales de Concepción del Uruguay, Dres. Rubén Alberto Chaia y Mariano Martínez.
 
La disposición es del 27 de agosto, y desde entonces ambos jueces no se han expedido sobre el particular caso de las inhibiciones. Así las cosas, hasta que no se zanjen estas discusiones paralelas, no se podrá saber si prosperan o no las recusaciones contra Chemez y Castagno, los magistrados que votaron a favor de las acumulación de juicios de Urribarri y compañía.
 
 
La causa de Buffa, Urribarri y Báez
 
En este caso se investigó la supuesta contratación amañada de la empresa Global Means SA., del empresario Buffa, por un monto de $118 mil en concepto de publicidad. Ello ocurrió en julio de 2011, cuando Sergio Urribarri era gobernador y Pedro Báez estaba al frente de la Dirección General de Información Pública del Gobierno (luego pasó a llamarse Ministerio de Cultura y Comunicación).
 
En el expediente, se le atribuye a Urribarri, que siendo gobernador, y Báez, como Director General de Información Pública del Gobierno, en fecha 1º de julio de 2011 "direccionaron hacia la firma Global Means SA, la orden de publicidad Nª 2038, por medio de la cual se contrató vía directa, los avisos titulados 'Avisos 1: Entre Ríos Exporta' y 'Aviso 2: Entre Ríos invita', a publicad en las ediciones Nº 91 y 92 del periódico Diario Agroempresario, correspondiente a los meses de agosto y septiembre del año 2011, por el precio total de $118 mil, aprobada mediante decreto Nª 1057 de fecha 18/04/2012".
 
"Dicho direccionamiento arbitrario se produjo de común acuerdo y connivencia previa con el Sr. Germán Esteban Buffa, presidente de la firma Global Means SA, sorteando los mecanismos legales para garantizar la libre competencia de oferentes del Estado, sin observar la normativa vigente (Ley Nª 5140, decretos reglamentarios y Constitución Provincial), contratando los funcionarios referidos una empresa que al momento de emitirse la orden de publicidad no existía legalmente, ni cumplía con los requisitos para estarlo".
 
La causa se abrió en 2013 tras una denuncia del diputado nacional (MC) radical Jorge D' Agostino. El juez de Transición Gustavo Maldonado procesó a Urribarri, Báez y Buffa el 28 de febrero de 2018. La resolución fue apelada por los defensores y el 27 de abril la Cámara de Juicios y Apelaciones confirmó los procesamientos.
 
El 14 de mayo de 2018 el juez Maldonado solicitó a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el formal desafuero de Urribarri y Báez. El expediente no fue tratado en Comisión ni en la Cámara Baja.
 
Esta investigación tenía fecha de juicio para octubre de este año, pero fue unificada para que se haga junto a otros dos casos de relevancia política: la del financiamiento de la campaña presidencial de Urribarri (El Sueño); y la distribución de publicidad a favor de empresas vinculadas al cuñado del exmandatario, Juan Pablo Aguilera (causa de la vaca).
 
Fuente: Análisis Digital - Entre Ríos Ahora
 
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La acción por excelencia del presidente Javier Milei, para mostrar sumisión del adversario, es la humillación en el transcurso de las discusiones. A pesar de ello, el gobernador Rogelio Frigerio se siente obligado, por el electorado provincial que comparte, a mantener una buena relación con el Gobierno nacional. Pero la administración provincial está entre las perjudicadas por la gestión libertaria, en todos los frentes: tanto por el ajuste global del gasto como por las decisiones unilaterales de Milei en la distribución de los escasos recursos que reparte entre las provincias, y también por el derrumbe de ingresos propios de la Provincia que provocan las desastrosas consecuencias económicas del modelo anarco capitalista.
 
La novedad de la era Milei es la paradoja de que una parte del electorado compartido apoya esas acciones y esto deja al frigerismo entrerriano en una situación de impotencia política. El resultado electoral de octubre pasado cristalizó esa realidad. A pesar que Milei se quedó en 2024 y 2025 con los recursos de las cajas de jubilaciones de las provincias, pero también con la mayor parte de los recursos previstos para Aportes del Tesoro Nacional. Repartió apenas el 7,3 de los recursos en 2024 ($ 49.800 millones) y el año pasado distribuyó entre los gobernadores amigos $ 207 mil millones, el 21,7% de los recursos para tener apoyo en el Congreso. Todo el resto quedó para alimentar el declamado superávit nacional. Y Frigerio no hace nada.
 
Los efectos del ilegal corte de recursos de Anses a las cajas provinciales son demoledores para todas las jurisdicciones. Y hasta ahora no hay una sola señal de la Corte Suprema que indique que esa medida unilateral va a cesar. Las señales presupuestarias, en tanto, son las contrarias: en 2025 el reconducido Presupuesto nacional preveía unos simbólicos 254 mil millones para las 13 provincias que tienen Cajas de Jubilaciones propias y en 2026 la cifra es menos de la mitad. No cubriría siquiera las cuotas fijadas por la Justicia a las provincias que demandaron a la Nación. Entre Ríos hasta abril recibirá $ 2.000 millones al mes, de los más de 10 mil que debería estar recibiendo cada 30 días si se cumpliera la ley.
 
Los envíos de coparticipación vienen en caída desde hace meses y la semana pasada un informe del Iaraf señaló que la reducción de la presión tributaria efectiva nacional que publicita el gobierno de Milei correspondió en 2024 y 2025 al 0,8 % del PBI. "De esta baja acumulada, la Nación aportó el 8% (0,06 puntos porcentuales del PBI) y las Provincias el 92% (0,73 puntos porcentuales del PIB)".
 
Las provincias perdieron los subsidios al transporte, el Fonid y los recursos de Anses. Los gobernadores ahora hacen cuentas sobre una pérdida en ciernes: el proyecto de Reforma Laboral prevé una reducción de Ganancias para las grandes empresas privadas, las provincias podrían dejar de recibir cerca de $1,7 billones en 2026, ya que se trata de un impuesto coparticipable. Entre Ríos perdería cerca de $ 80 mil millones.
 
La baja de la presión tributaria nacional y la evolución de los recursos provinciales parecen, a primera vista, dos debates separados. Sin embargo, forman parte de un mismo fenómeno: liberales vs federales. El proceso de baja impositiva se apoya, casi por completo, en una restricción creciente sobre las finanzas de las provincias. Menos impuestos a nivel nacional no significaron más holgura fiscal para los gobiernos subnacionales, sino todo lo contrario.
 
Cuando se analiza la recaudación en términos relativos al tamaño de la economía, el panorama se vuelve aún más claro. En 2025, con una economía que habría crecido en torno al 4%, tanto la recaudación que queda en manos de Milei como la que se transfiere a las provincias vía coparticipación perdió peso en relación al PBI.
 
La recaudación nacional se redujo en 0,9 puntos porcentuales del producto, mientras que la correspondiente a provincias cayó 0,2 puntos. En conjunto, la presión tributaria efectiva nacional descendió 1,1 puntos del PBI en los dos años analizados. Si la comparación se extiende a 2023, la conclusión es todavía más contundente: tanto la Nación como las provincias perdieron 0,5 puntos porcentuales del PBI cada una en términos de recursos relativos.
 

10-01-2026 / 17:01
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