20:07 | Lunes 02 de Marzo de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Entre Ríos - 15-09-2020 / 11:09

PRESUNTA CORRUPCIÓN

Dos jueces no se expiden y Sergio Urribarri sigue sin sentarse en el banquillo de los acusados

Se demora el tratamiento de un planteo de inhibición de dos jueces en el marco de una causa que tiene como imputado de delitos contra la Administración Pública al ex gobernador y actual embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri.

Todo comenzó con un planteo del empresario Germán Buffa, quien está acusado junto a Urribarri y su exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, en una causa por el supuesto delito de negociaciones incompatibles con la función pública. El empresario está señalado como partícipe primario.

Buffa desencadenó un verdadero enredo judicial: dos jueces deben resolver si prosperan las inhibiciones de dos colegas, que a su vez fueron designados para analizar la recusación contra otros dos magistrados del expediente original del mega juicio a Urribarri.

Hace 10 días se está a la espera de que se expidan los vocales de Concepción del Uruguay, Rubén Alberto Chaia y Mariano Martínez.

Historia de las recusaciones

Todo comenzó cuando el empresario Buffa recusó a los jueces Jorge María Chemez y María Carlonia Castagno quienes, junto a Elvio Osir Garzón, definieron unificar tres causas en un solo juicio haciendo lugar al pedido de los abogados defensores de los diferentes acusados. Se acumularon la causa del "Sueño Entrerriano"; la "de la vaca"; y la de la pauta otorgada a Buffa en 2011.

Buffa los recusó porque ambos habían intervenido en la causa en la que él está imputado junto a Urribarri y Báez. El recurso lo interpuso su abogado José Velázquez.

La causa del "Sueño entrerriano" iba a comenzar el 18 de agosto, pero se suspendió cuando los abogados defensores de los acusados pidieron la unificación de las causas porque entendieron que existe una conexión entre todas ellas.

Chemez y Castagno se opusieron a la recusación, entonces la Oficina de Gestión de Audiencias del Poder Judicial designó a dos jueces que debían zanjar la discusión: Carlos Ríos, Juez de Transición N° 1 de Paraná; y Pablo Barbirotto, Juez Penal de Niños y Adolescentes de Paraná. Sin embargo, estos dos se inhibieron de intervenir: el primero dijo que conocía a Buffa, ya que habían compartido algún que otro partido de fútbol; mientras que el segundo alegó que fue novio de la expareja del empresario acusado.

De modo que la OGA debió nombrar otros jueces para que analicen si esos argumentos son suficientes para el apartamiento. Al agotarse los jueces de la costa del Paraná para tratar la inesperada situación, el Superior Tribunal de Justica indicó al organismo -luego de que este advirtiera que ya no quedaban jueces para nombrar en Paraná- que correspondía integrar el Tribunal para resolver las inhibiciones de Ríos y Barbirotto, con los señores vocales de Concepción del Uruguay, Dres. Rubén Alberto Chaia y Mariano Martínez.

La disposición es del 27 de agosto, y desde entonces ambos jueces no se han expedido sobre el particular caso de las inhibiciones. Así las cosas, hasta que no se zanjen estas discusiones paralelas, no se podrá saber si prosperan o no las recusaciones contra Chemez y Castagno, los magistrados que votaron a favor de las acumulación de juicios de Urribarri y compañía.

La causa de Buffa, Urribarri y Báez

En este caso se investigó la supuesta contratación amañada de la empresa Global Means SA., del empresario Buffa, por un monto de $118 mil en concepto de publicidad. Ello ocurrió en julio de 2011, cuando Sergio Urribarri era gobernador y Pedro Báez estaba al frente de la Dirección General de Información Pública del Gobierno (luego pasó a llamarse Ministerio de Cultura y Comunicación).

En el expediente, se le atribuye a Urribarri, que siendo gobernador, y Báez, como Director General de Información Pública del Gobierno, en fecha 1º de julio de 2011 "direccionaron hacia la firma Global Means SA, la orden de publicidad Nª 2038, por medio de la cual se contrató vía directa, los avisos titulados 'Avisos 1: Entre Ríos Exporta' y 'Aviso 2: Entre Ríos invita', a publicad en las ediciones Nº 91 y 92 del periódico Diario Agroempresario, correspondiente a los meses de agosto y septiembre del año 2011, por el precio total de $118 mil, aprobada mediante decreto Nª 1057 de fecha 18/04/2012".

"Dicho direccionamiento arbitrario se produjo de común acuerdo y connivencia previa con el Sr. Germán Esteban Buffa, presidente de la firma Global Means SA, sorteando los mecanismos legales para garantizar la libre competencia de oferentes del Estado, sin observar la normativa vigente (Ley Nª 5140, decretos reglamentarios y Constitución Provincial), contratando los funcionarios referidos una empresa que al momento de emitirse la orden de publicidad no existía legalmente, ni cumplía con los requisitos para estarlo".

La causa se abrió en 2013 tras una denuncia del diputado nacional (MC) radical Jorge D' Agostino. El juez de Transición Gustavo Maldonado procesó a Urribarri, Báez y Buffa el 28 de febrero de 2018. La resolución fue apelada por los defensores y el 27 de abril la Cámara de Juicios y Apelaciones confirmó los procesamientos.

El 14 de mayo de 2018 el juez Maldonado solicitó a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el formal desafuero de Urribarri y Báez. El expediente no fue tratado en Comisión ni en la Cámara Baja.

Esta investigación tenía fecha de juicio para octubre de este año, pero fue unificada para que se haga junto a otros dos casos de relevancia política: la del financiamiento de la campaña presidencial de Urribarri (El Sueño); y la distribución de publicidad a favor de empresas vinculadas al cuñado del exmandatario, Juan Pablo Aguilera (causa de la vaca).

Fuente: Análisis Digital - Entre Ríos Ahora

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El miserable ofrecimiento de aumento salarial de Frigerio

El porteño Rogelio Frigerio y buena parte de los gobernadores escucharon al presidente Javier Milei, quien celebró la supuesta mejora macroeconómica, el control político pleno que La Libertad Avanza logró en el Congreso pese a no tener mayoría, las reformas que él considera irreversibles y el avance de las ideas libertarias, que parecen irrefrenables. Frigerio y los gobernadores escucharon un relato triunfal mientras afrontan la complejidad creciente de sus administraciones provinciales, de la economía real, del derrumbe de los sectores regionales industriales y de la grave situación social.

Esa parte de la realidad, dolorosamente territorial y expulsiva, radica en el interior federal, aunque dependa casi exclusivamente de decisiones que toma Milei. El desfinanciamiento cada vez más pronunciado de las administraciones provinciales les resta posibilidades de acción territorial y política. No obstante, los diputados y senadores de las provincias votan a favor de las leyes de Milei. El oficialismo entrerriano, entre ellos.

El posicionamiento político de Frigerio es cada vez más difícil de clasificar. Intenta calmar los reproches del pueblo, pero en simultáneo avala la reforma laboral. Apoya la macroeconomía de puertas abiertas de par en par, con importaciones indiscriminadas, pero reclama igualdad de condiciones para la golpeada industria provincial. Los diagnósticos son tenebrosos en materia de empleo y de condiciones sociales del amplio sector asalariado entrerriano que desde hace décadas vive de industrias que van perdiendo competitividad, y que el proyecto libertario ha venido a liquidar. Milei lo hace sin complejos: celebra el cierre de empresas, trata de delincuentes a los principales empresarios del país y jamás habla de producción ni de empleo.

Cuando se observa el posicionamiento de Frigerio, su margen político se evidencia dramáticamente reducido. Y las consecuencias en la propia administración son crecientes. Frigerio sostiene el ajuste en los sueldos públicos y en las jubilaciones pese al malestar gremial en alza; intenta amortiguar la caída generalizada de recursos con mayor endeudamiento, con refinanciamiento caro y sobre costos. Mientras, subsiste gracias al intercambio de votos en el Congreso por algún ATN. Se balancea al borde del abismo y la conflictividad se incrementa en todo el territorio provincial.

En ese marco, Nadia Burgos, dirigente del MST en el FIT-U y delegada gremial del Ministerio de Salud se expresó: "La paritaria estatal en Entre Ríos volvió a mostrar el mismo esquema de siempre: el gobierno presenta una oferta que no recompone el salario real y pretende cerrar el conflicto con el aval de UPCN, mientras miles de trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo y en su mayoría con salario de pobreza". La miserable propuesta de Frigerio, del 15,8% sobre sueldo básico de junio 2025, no cubre la inflación acumulada ni garantiza una recuperación del salario, sumado a los 9 meses de salarios congelado junto a los recortes de ingreso de junio 2025. Las sumas fijas, tramos diferidos y promesas de revisión no resuelven el problema de fondo: los sueldos estatales están por debajo de lo necesario para vivir. Frigerio está muy alejado de lo que se vive en los lugares de trabajo: el salario no llega, las condiciones laborales se deterioran y el ajuste se descarga sobre quienes sostienen el funcionamiento del Estado y los jubilados.

Por su parte, para el sector pasivo se otorgará una suma fija de 75.000 pesos que reemplaza la suma fija que venían percibiendo de $40.000. Aumento real: $35.000. Una miseria. Las cifras establecidas están muy debajo de la inflación real y en la mitad de los índices truchos del gobierno de Milei. Y no recomponen el poder de compra de los trabajadores. El Consejo Provincial del Partido Justicialista expresó su "profunda preocupación y rechazo ante el reciente anuncio del gobierno provincial de otorgar incrementos salariales bajo la modalidad de sumas no remunerativas y no bonificables". Resulta contradictorio e injustificable que, en un contexto donde el propio oficialismo impulsa una reforma previsional que afectará directamente a trabajadores activos y jubilados, se dispongan mecanismos salariales que reducen aportes, debilitan el financiamiento del sistema previsional y deterioran el salario real de los empleados públicos.

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