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Entre Ríos - 15-09-2020 / 11:09
GESTIÓN DE GOBIERNO

Gustavo Bordet proyecta un programa de obras y políticas públicas para el último trimestre

Gustavo Bordet proyecta un programa de obras y políticas públicas para el último trimestre
Bordet encabezó este lunes una nueva reunión de gabinete donde se analizó la situación epidemiológica provincial, pero también se hizo un repaso de las acciones en materia de obras y de políticas públicas que lleva adelante el gobierno de cara al último trimestre del año.
 
El gobernador Gustavo Bordet reunió en forma presencial a su gabinete por primera vez luego de haber sido dado de alta para planificar las políticas públicas del último tramo de este 2020 cruzado por la crisis de la pandemia mundial.
 
Tras el encuentro concretado en el Centro Provincial de Convenciones, la vicegobernadora Laura Stratta comentó que en la reunión se efectuó una evaluación y monitoreo de las políticas públicas que se implementan en de todo el territorio provincial y dijo que "es importante seguir sosteniendo y construyendo un Estado que sea activo, promotor, dinámico".
 
Tras ello, detalló: "Se abordó la situación epidemiológica de la provincia y la capacidad de respuesta que tiene nuestro sistema sanitario, y se trabajó sobre la realidad de las ciudades que están más complicadas. Además, se hizo un abordaje de la obra pública, de la construcción de viviendas, del trabajo con los emprendedores, con las empresas, las obras viales y las ampliaciones de la red de gas. Todo lo que tienen que ver con el compromiso del gobierno con los entrerrianos y las entrerrianas, con sostener la obra pública que genera mucho trabajo y que impacta en la calidad de vida".
 
 
Y agregó Stratta: "Las dimensiones que el gobierno se compromete se van cumpliendo y para nosotros era muy importante poder hacer un balance de cara al próximo trimestre que es el último del año, donde lógicamente también hacemos una evaluación del camino recorrido".
 
 
Obras en ejecución
 
Por su parte, el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard, señaló que en la reunión de gabinete se planteó el desarrollo de la obra pública en la provincia y detalló que hay 80 obras en ejecución, de las cuales sólo están neutralizadas cinco, además de un desarrollo a través de programas articulados con Nación "muy significativo".
 
En cuanto a estos últimos mencionó el programa Profesa, que incluye 25 obras, de las cuatro están en proceso licitatorio; Argentina Hace, para juntas de gobierno, que son 50 obras menores que fueron enviadas a Nación para la aprobación; Clubes a la Obra, a través del Ministerio de Deporte y Turismo de la Nación, que financia obras menores para polideportivos municipales, donde hay nueve proyectos que están en proceso de aprobación.
 
Asimismo, dijo que está en marcha el programa de Fortalecimiento, que se financia por un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que es un para un nuevo hospital en la ciudad de Villaguay y para el Laboratorio Epidemiológico de la provincia, con sede en Paraná.
 
Además, señaló que la provincia se sumó a un programa que está dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que financia Naciones Unidas y que incluye 14 obras menores en distintas localidades y un hospital modular para la Unidad Carcelaria El Potrero, de Gualeguaychú, que "son 1000 metros cuadrados que va a permitir atender la parte sanitaria en toda la costa del Uruguay, Gualeguay y Tala".
  
  
Viviendas
 
A su turno, el titular del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Marcelo Bisogni, comentó que desde en el encuentro se dio cuenta de las 53 obras que tiene en marcha el organismo distribuidas en el territorio provincial. Asimismo, indicó que "estamos construyendo 1.293 viviendas, de las cuales ya se finalizaron 10 barrios", y apuntó: "Estamos viendo la posibilidad de comenzar a entregar estas viviendas con el gobernador, como así también realizar el sorteo de aproximadamente 150 viviendas que estarán finalizadas en aproximadamente 40 días en distintas localidades".
 
Finalmente, Bisogni mencionó que están analizando hacer nuevos llamados a licitaciones para más viviendas en distintas localidades, tal como lo están requiriendo algunos intendentes que ya presentaron los terrenos con factibilidad. "Estamos en ese tema, trabajando de la mejor forma de acá a fin de año", completó.
 
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08-12-2025 / 20:12
Una parte significativa del superávit fiscal que el gobierno centralista y porteño de Javier Milei afirma registrar desde diciembre de 2023 se basa en la retención indebida de fondos que, por ley, corresponden a las provincias. Según un informe de la consultora Politikón Chaco, en los primeros once meses del año, la administración libertaria habría retenido recursos no distribuidos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por una cifra cercana a los $ 730 mil millones. Pese a esta situación, el gobernador Rogelio Frigerio jamás ha presentado un reclamo contundente.
 
Estos ATN se integran con fondos recaudados a través de impuestos que componen la masa de la Coparticipación Federal. El monto total a entregar rondaba los $ 850 mil millones, pero solo una parte ínfima fue distribuida a 15 provincias, sin un criterio de distribución igualitario. Este panorama se reconfigura constantemente a favor del Gobierno nacional, que apela al "método Kueider" y en detrimento de los intereses del interior federal, alumbrando nuevos desafíos.
 
El Gobierno de Milei utiliza estos recursos retenidos como una herramienta extorsiva para conseguir respaldo en el Congreso Nacional para la sanción de las leyes clave de su proyecto "anarcocapitalista". La debilidad de ciertos gobernadores, que se traslada a sus representantes legislativos, obedece a la urgente necesidad de contar con fondos para programas provinciales vitales. Esta presión se impone por encima de los convencimientos personales o las ideologías de los mandatarios.
 
Se les fuerza, mediante intimidación o amenazas, a actuar en contra de sus propias posiciones políticas para obtener un beneficio económico con recursos que legalmente les corresponden. La demanda de estos fondos es crítica para el sostenimiento de: programas de educación, salud y transporte, conclusión de viviendas paralizadas y mantenimiento de rutas nacionales, cuya prioridad fue abandonada por el Gobierno libertario.
 
La convalidación del superávit en las cuentas públicas se logra, en parte, mediante el saqueo de recursos legítimos que pertenecen a las provincias y el abandono de obligaciones que competen al Estado nacional en la organización del país. El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 contempla una partida de apenas $ 122.763 millones para atender estas transferencias, una cifra que los gobernadores han calificado de insuficiente. La exigencia mínima para cubrir los déficits reales de sus jurisdicciones asciende a $ 900.000 millones.
 
Además, Milei ha dejado claro que no piensa restituir las transferencias a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación, desentendiéndose por completo de sus obligaciones. La Corte Suprema de Justicia ha adoptado una postura de espera, supeditando una definición sobre las cajas provinciales a que la Nación avance en la anunciada reforma previsional. Mientras tanto, el envío de fondos jubilatorios se ha paralizado, para asegurar que seremos la nación más grande y exitosa en la historia de la humanidad y el hogar de la libertad en el mundo, según Milei.
 
En concreto, el Gobierno nacional no garantiza los fondos para estas 13 Cajas de Jubilaciones. Entre Ríos, por ejemplo, recibe a cuentagotas el aporte para cubrir el déficit de su Caja, a pesar de que este compromiso fue asumido por la Nación en 1994, con la puesta en marcha del anterior esquema de jubilación privada. Esta situación se agrava con el accionar de Frigerio, en  la incorporación de personal en modalidades informales con escasos o nulos aportes a la Caja, y el impacto de los bonos de aumento no bonificables que no llegan a los jubilados.
 
El actual esquema de reparto de recursos, con parches y distribución no automática, permite el manejo político de fondos por parte de la administración central libertaria, favorecen el clientelismo y perjudican la productividad regional. La tan anunciada reforma impositiva, que el Gobierno presentaría en febrero, debería corregir estas distorsiones. Es que ganaron 40 a 35, no 80 a 20.

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