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Nacionales - 15-09-2020 / 10:09
LAS RESERVAS NO ALCANZAN PARA TODOS Y PRESIONAN PARA QUE SE DÉ PRIORIDAD A LAS IMPORTACIONES

Los empresarios quieren que se corte el cupo mensual de u$s200 a los ahorristas y hacen "lobby" ante el Banco Central

Los empresarios quieren que se corte el cupo mensual de u$s200 a los ahorristas y hacen
Para el establishment, el Gobierno no puede prolongar la pérdida de reservas y debe priorizar las divisas para la importación de insumos.
Alberto Fernández tiene sobre su escritorio la proyección de compradores de "dólar ahorro" para este mes, que le armó Miguel Pesce: superará con holgura las cinco millones de personas. El número no sorprende pero muestra con brutalidad lo inviable de la situación.
 
Un esquema que Martín Guzmán confirmó públicamente el fin de semana, pero sobre el que trabajan distintos funcionarios para encontrarle un "Plan B" para el caso de que la expectativa del ministro no se concrete en la realidad.
 
De la discusión sobre el futuro del "dólar ahorro" no son ajenos los principales empresarios del país. En los últimos días, funcionarios de Economía y también el directorio del Banco Central atendieron las quejas de los hombres y mujeres de empresas, que reclaman "hacer algo" con el cupo de u$s200. Desde la suspensión temporal al bloqueo total.
 
Representantes de la Unión Industrial y las principales cámaras industriales, como Copal (alimenticias) o de Adimra (metalúrgicos), reclamaron en las últimas jornadas "dejar los dólares de las reservas para el aparato productivo".
 
El reclamo va en línea con lo que piensa Alberto Fernández y la mayoría del equipo económico. "Usemos los dólares para no tener problemas en la importación de insumos necesarios para las fábricas", piden los ejecutivos, los máximos exponentes de las industrias argentinas.
 

 
Al reclamo se suman las principales cámaras que agrupan a las pymes industriales. "Si quieren que la actividad económica levante lo más rápido posible, corten el cupo. No va más. Es inviable", le pidió el dueño de una empresa siderúrgica a Pesce.
 
Por ahora, los industriales no quieren salir a hacer su reclamo en público. Les ganó de mano el banquero Jorge Brito: "Hay que cerrar el dólar ahorro, hay que cortar los subsidios al dólar", reclamó en una entrevista con el diario El Cronista.
 
Los ejecutivos saben que si la economía recupera los niveles prepandemia y se encamina a una reactivación, como la que busca el propio Gobierno, podrían faltar divisas para abastecer ese crecimiento. En los "zoom" con funcionarios, los empresarios recuerdan la historia de la argentina de años anteriores, adoleciendo de la misma traba.
 
En distintos despachos oficiales siguen trabajando en diversos "Plan B" por si el "Plan A" de Guzmán termina en un fracaso. En las últimas horas, quedó en claro que el resto del equipo económico se encolumnó detrás de la estrategia del ministro. Como ya publicó iProfesional, la idea es esperar que la brecha entre la cotización del dólar "oficial" y la del "contado con liqui" se estreche en las próximas cuatro a seis semanas.
 
Pero claro, eso no significa que, en sigilo, no haya funcionarios trabajando en cambios, que vayan en línea con los reclamos del establishment.
 
Algunos de esos cambios incluyen: el pedido de autorización a la AFIP para comprar dólares al tipo de cambio oficial, tal como sucedió durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner.
 
 
Las medidas sobre la mesa
  
En el Gobierno detectaron que de las casi cuatro millones de personas, alrededor de 1,2 millón no tienen ingresos justificables para comprar dólares. Se trata de ahorristas prácticamente sin ingresos en "blanco", y sólo utilizan las cuentas bancarias para cargarles $20.000 pesos mensuales para comprar los u$s200 del cupo.
 
Incluso hay hogares en los cuales ninguno de los dos miembros adultos de la familia tiene ingresos suficientes para ahorrar, y sin embargo compran u$s400 mensuales, que luego extraen de las cuentas.
 
Otra alternativa bajo análisis obligaría a los compradores de "dólar ahorro" a dejar los billetes en un "parking" en su cuenta bancaria, por lo menos tres meses, con el objetivo de que no haya una caída de las Reservas.
 
Una opción que quedó fuera de consideración incluía la chance de pagar sólo $78 a los ahorristas que dejaran los dólares en sus cuentas durante un año. Es decir, la AFIP no les cobraría el impuesto PAIS.
 
Ganó la postura de los funcionarios que no quieren dejar de recaudar por ese gravamen a quienes compren divisas. El PAIS se ha convertido en el impuesto estrella durante la cuarentena. En agosto recaudó $21.888 millones y ya acumula la friolera de $89.611 millones en el año.
 
Como pidió Guzmán, los funcionarios que venían reclamando cambios en la modalidad del dólar "ahorro", como Pesce o la vicejefa de Gabinete, Celicia Todesca, han cerrado filas con Guzmán para llevar "tranquilidad" a la economía.
 
"¿Qué nos dirían si tomamos medidas? Cualquier cosa: que vamos a un corralito, o que no tenemos dólares para devolverles a los ahorristas. Tenemos que evitarlo", admite, en diálogo con iProfesional, uno de los funcionarios que venía con la idea de más restricciones.
 
"Cortar el dólar ahorro provocaría una corrida bancaria", advierte por su parte Emmanuel Álvarez Agis. El economista afín al Gobierno -exviceministro de Economía en la gestión de Cristina Kirchner- sostiene que el Gobierno debería "tener paciencia" ya que -confía- las cotizaciones de los denominados "dólares alternativos" deberían bajar en las próximas semanas, con lo cual se achicaría la brecha con el "dólar oficial".
 
Si se achica la brecha, efectivamente, se atenuarían considerablemente los incentivos de millones de argentinos que, todos los meses, les sacan las reservas al Banco Central para aprovechar la rentabilidad rápida que les permite la brecha cambiaria. A eso está jugado el Gobierno.
 
Según Álvarez Agis, si el Banco Central limita o elimina el denominado "dólar ahorro" daría una señal de desconfianza a los ahorristas, que depararía en una corrida bancaria, similar a la que ocurrió a mediados del año pasado y que provocó una masiva salida de depósitos en dólares.
 
 
Se achica el margen de maniobra
  
De acuerdo a las expectativas oficiales, más de cinco millones de personas terminarán comprando dólares este mes. Obligarán al Banco Central a sacrificar más de u$s1.000 millones de las reservas (algunas estimaciones hablan incluso de unos u$s1.200 millones). Esos inversores pagarán algo más de $100 y la mayoría los terminará vendiendo en el mercado "paralelo" a unos $122/$125, con lo cual se harán de una diferencia de $4.000 a $4.500.
 
Guzmán se jugó a cortar ese circuito. Por eso necesita que baje la cotización del ¨"contado con liqui", y que a su vez arrastre en la senda negativa al "blue". Para que eso ocurra necesita de al menos dos cosas: que los bonos surgidos del canje suban de precio y que el dólar mayorista también siga en el sendero del "crawling peg" (minidevaluaciones diarias). Se descuenta que esto último ocurrirá.
 
Por las dudas, el BCRA tiene a mano un ¨poder de fuego" de unos u$s7.500 millones en bonos, que podría ir volcando al mercado para forzar la pretendida baja de la cotización. Una medida que sólo sería de utilidad en el corto plazo.
 
Mientras tanto, Guzmán avanzará con su agenda: hoy martes presentará el Presupuesto 2021, que en los hechos funcionará como el plan económico que Alberto Fernández se negó a anunciar.
 
El ministro cree que el camino hacia la denominada "consolidación del frente fiscal" -algo que mantuvo ocupado a Guzmán en las últimas semanas- sumado al inicio de las negociaciones con el FMI deberían llevar la "tranquilidad" en el frente cambiario.
 
La dinámica está en marcha. Guzmán sabe que cuenta a su favor con el punto que se anotó tras el cierre de las negociaciones con los bonistas. Superada esa estación, ahora viene la segunda. Áspera como la primera, pero que seguramente tendrá que resolver en un menor tiempo.
 
Por Claudio Zlotnik
 
Fuente: iProfesional
 

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19-11-2025 / 09:11
Ornella Calvete, la hija de Miguel Calvette -uno de los principales involucrados en el escándalo de las coimas- renunció al ministerio que conduce Luis Caputo luego de que se conociera que habían encontrado 700 mil dólares en su domicilio durante un allanamiento. Ocupaba un cargo relevante dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, que depende del Ministerio de Economía. Este martes su padre se negó a declarar en la causa que lo tiene como presunto nexo entre el organismo que lideraba Diego Spagnuolo y las droguerías.
 
La renuncia se conoció luego de que autoridades judiciales inspeccionaron el domicilio de la ahora ex funcionaria, y encontraron alrededor de 700.000 dólares y otras divisas. Las máximas autoridades del ministerio que encabeza Luis Caputo entendieron que la continuidad de Calvete resultaba incompatible con el hallazgo en su vivienda, en el marco del escándalo por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
 
La causa judicial que involucra a Calvete derivó de la pesquisa sobre retornos en la Andis y como parte de las investigaciones el Ministerio Público Fiscal pidió una serie de allanamientos en inmuebles de los principales apuntados que revistaban con cargos en organismos estatales.
 
Tras los procedimientos, se conoció que en la propiedad de Calvete se secuestraron dinero en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos, hechos que alimentaron la sospecha de maniobras de corrupción vinculadas a contratos con proveedores públicos y posibles retornos ilícitos.
 
Según reconstruyeron los investigadores, Ornella Calvete alertó a su padre, mediante un mensaje a su celular, Miguel Ángel Calvete, sobre la presencia de la policía en la planta baja de su vivienda el 12 de septiembre de 2025. En el mismo diálogo, el padre le aconsejó seguir instrucciones y abordó temas vinculados a la situación financiera de la firma Indecom y la disponibilidad de "cash blanco".
 
El dictamen fiscal demostró que, en esa conversación entre padre e hija, Miguel Ángel Calvete sugirió qué responder si le preguntaban por el dinero: "por si entran acá y me ven con mosca" o "digo que me lo prestó alguien, olvidate".
 
La investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi apunta a un verdadero manual de corrupción: compras direccionadas a través de la ANDIS, con coimas millonarias pagadas por droguerías y proveedoras de insumos médicos a cambio de contratos estatales.
 
Las "Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia" (PACBI) -operaciones de altísimo valor para tratamientos y medicamentos de enfermedades "raras"- eran el terreno preferido para el saqueo. Picardi acusa a Calvete padre, Spagnuolo (amigo personal y abogado de Javier Milei) y otros 14 exfuncionarios de integrar una banda que digitaba compras, inflaba precios y lavaba dinero público.
 
Según lo que se conoce hasta ahora por los audios filtrados de Spagnuolo, el mecanismo era simple: las droguerías pagaban retornos fijos del 5 al 8% del monto de los contratos, llegando a embolsar hasta 800 mil dólares mensuales. Ese dinero, según el propio exfuncionario, terminaba en los bolsillos de Karina Milei, "Lule" Menem y otros miembros del círculo presidencial.
 
La Opinión Popular
 

18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
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