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Nacionales - 15-09-2020 / 10:09
LAS RESERVAS NO ALCANZAN PARA TODOS Y PRESIONAN PARA QUE SE DÉ PRIORIDAD A LAS IMPORTACIONES

Los empresarios quieren que se corte el cupo mensual de u$s200 a los ahorristas y hacen "lobby" ante el Banco Central

Los empresarios quieren que se corte el cupo mensual de u$s200 a los ahorristas y hacen
Para el establishment, el Gobierno no puede prolongar la pérdida de reservas y debe priorizar las divisas para la importación de insumos.
Alberto Fernández tiene sobre su escritorio la proyección de compradores de "dólar ahorro" para este mes, que le armó Miguel Pesce: superará con holgura las cinco millones de personas. El número no sorprende pero muestra con brutalidad lo inviable de la situación.
 
Un esquema que Martín Guzmán confirmó públicamente el fin de semana, pero sobre el que trabajan distintos funcionarios para encontrarle un "Plan B" para el caso de que la expectativa del ministro no se concrete en la realidad.
 
De la discusión sobre el futuro del "dólar ahorro" no son ajenos los principales empresarios del país. En los últimos días, funcionarios de Economía y también el directorio del Banco Central atendieron las quejas de los hombres y mujeres de empresas, que reclaman "hacer algo" con el cupo de u$s200. Desde la suspensión temporal al bloqueo total.
 
Representantes de la Unión Industrial y las principales cámaras industriales, como Copal (alimenticias) o de Adimra (metalúrgicos), reclamaron en las últimas jornadas "dejar los dólares de las reservas para el aparato productivo".
 
El reclamo va en línea con lo que piensa Alberto Fernández y la mayoría del equipo económico. "Usemos los dólares para no tener problemas en la importación de insumos necesarios para las fábricas", piden los ejecutivos, los máximos exponentes de las industrias argentinas.
 

 
Al reclamo se suman las principales cámaras que agrupan a las pymes industriales. "Si quieren que la actividad económica levante lo más rápido posible, corten el cupo. No va más. Es inviable", le pidió el dueño de una empresa siderúrgica a Pesce.
 
Por ahora, los industriales no quieren salir a hacer su reclamo en público. Les ganó de mano el banquero Jorge Brito: "Hay que cerrar el dólar ahorro, hay que cortar los subsidios al dólar", reclamó en una entrevista con el diario El Cronista.
 
Los ejecutivos saben que si la economía recupera los niveles prepandemia y se encamina a una reactivación, como la que busca el propio Gobierno, podrían faltar divisas para abastecer ese crecimiento. En los "zoom" con funcionarios, los empresarios recuerdan la historia de la argentina de años anteriores, adoleciendo de la misma traba.
 
En distintos despachos oficiales siguen trabajando en diversos "Plan B" por si el "Plan A" de Guzmán termina en un fracaso. En las últimas horas, quedó en claro que el resto del equipo económico se encolumnó detrás de la estrategia del ministro. Como ya publicó iProfesional, la idea es esperar que la brecha entre la cotización del dólar "oficial" y la del "contado con liqui" se estreche en las próximas cuatro a seis semanas.
 
Pero claro, eso no significa que, en sigilo, no haya funcionarios trabajando en cambios, que vayan en línea con los reclamos del establishment.
 
Algunos de esos cambios incluyen: el pedido de autorización a la AFIP para comprar dólares al tipo de cambio oficial, tal como sucedió durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner.
 
 
Las medidas sobre la mesa
  
En el Gobierno detectaron que de las casi cuatro millones de personas, alrededor de 1,2 millón no tienen ingresos justificables para comprar dólares. Se trata de ahorristas prácticamente sin ingresos en "blanco", y sólo utilizan las cuentas bancarias para cargarles $20.000 pesos mensuales para comprar los u$s200 del cupo.
 
Incluso hay hogares en los cuales ninguno de los dos miembros adultos de la familia tiene ingresos suficientes para ahorrar, y sin embargo compran u$s400 mensuales, que luego extraen de las cuentas.
 
Otra alternativa bajo análisis obligaría a los compradores de "dólar ahorro" a dejar los billetes en un "parking" en su cuenta bancaria, por lo menos tres meses, con el objetivo de que no haya una caída de las Reservas.
 
Una opción que quedó fuera de consideración incluía la chance de pagar sólo $78 a los ahorristas que dejaran los dólares en sus cuentas durante un año. Es decir, la AFIP no les cobraría el impuesto PAIS.
 
Ganó la postura de los funcionarios que no quieren dejar de recaudar por ese gravamen a quienes compren divisas. El PAIS se ha convertido en el impuesto estrella durante la cuarentena. En agosto recaudó $21.888 millones y ya acumula la friolera de $89.611 millones en el año.
 
Como pidió Guzmán, los funcionarios que venían reclamando cambios en la modalidad del dólar "ahorro", como Pesce o la vicejefa de Gabinete, Celicia Todesca, han cerrado filas con Guzmán para llevar "tranquilidad" a la economía.
 
"¿Qué nos dirían si tomamos medidas? Cualquier cosa: que vamos a un corralito, o que no tenemos dólares para devolverles a los ahorristas. Tenemos que evitarlo", admite, en diálogo con iProfesional, uno de los funcionarios que venía con la idea de más restricciones.
 
"Cortar el dólar ahorro provocaría una corrida bancaria", advierte por su parte Emmanuel Álvarez Agis. El economista afín al Gobierno -exviceministro de Economía en la gestión de Cristina Kirchner- sostiene que el Gobierno debería "tener paciencia" ya que -confía- las cotizaciones de los denominados "dólares alternativos" deberían bajar en las próximas semanas, con lo cual se achicaría la brecha con el "dólar oficial".
 
Si se achica la brecha, efectivamente, se atenuarían considerablemente los incentivos de millones de argentinos que, todos los meses, les sacan las reservas al Banco Central para aprovechar la rentabilidad rápida que les permite la brecha cambiaria. A eso está jugado el Gobierno.
 
Según Álvarez Agis, si el Banco Central limita o elimina el denominado "dólar ahorro" daría una señal de desconfianza a los ahorristas, que depararía en una corrida bancaria, similar a la que ocurrió a mediados del año pasado y que provocó una masiva salida de depósitos en dólares.
 
 
Se achica el margen de maniobra
  
De acuerdo a las expectativas oficiales, más de cinco millones de personas terminarán comprando dólares este mes. Obligarán al Banco Central a sacrificar más de u$s1.000 millones de las reservas (algunas estimaciones hablan incluso de unos u$s1.200 millones). Esos inversores pagarán algo más de $100 y la mayoría los terminará vendiendo en el mercado "paralelo" a unos $122/$125, con lo cual se harán de una diferencia de $4.000 a $4.500.
 
Guzmán se jugó a cortar ese circuito. Por eso necesita que baje la cotización del ¨"contado con liqui", y que a su vez arrastre en la senda negativa al "blue". Para que eso ocurra necesita de al menos dos cosas: que los bonos surgidos del canje suban de precio y que el dólar mayorista también siga en el sendero del "crawling peg" (minidevaluaciones diarias). Se descuenta que esto último ocurrirá.
 
Por las dudas, el BCRA tiene a mano un ¨poder de fuego" de unos u$s7.500 millones en bonos, que podría ir volcando al mercado para forzar la pretendida baja de la cotización. Una medida que sólo sería de utilidad en el corto plazo.
 
Mientras tanto, Guzmán avanzará con su agenda: hoy martes presentará el Presupuesto 2021, que en los hechos funcionará como el plan económico que Alberto Fernández se negó a anunciar.
 
El ministro cree que el camino hacia la denominada "consolidación del frente fiscal" -algo que mantuvo ocupado a Guzmán en las últimas semanas- sumado al inicio de las negociaciones con el FMI deberían llevar la "tranquilidad" en el frente cambiario.
 
La dinámica está en marcha. Guzmán sabe que cuenta a su favor con el punto que se anotó tras el cierre de las negociaciones con los bonistas. Superada esa estación, ahora viene la segunda. Áspera como la primera, pero que seguramente tendrá que resolver en un menor tiempo.
 
Por Claudio Zlotnik
 
Fuente: iProfesional
 

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18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
La Opinión Popular
 

18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
La Opinión Popular
 

17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
La Opinión Popular
 

16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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