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                  10:54  |  Domingo 27 de Septiembre de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná
"El día que la pandemia termine va a haber un banderazo de los argentinos de bien". Alberto Fernández
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Entre Ríos - 14-09-2020 / 16:09
PANORAMA POLÍTICO PROVINCIAL

Habilitar las actividades sin descuidar la cuestión sanitaria

Habilitar las actividades sin descuidar la cuestión sanitaria
La pandemia golpea a la provincia. El 70% de la población está en zonas con circulación del virus y el mensaje no logra la empatía de la autoprotección. La peste llega a su clímax en el momento en que los comerciantes están viendo como sus activos se vienen abajo. En ese marco, el gobernador Gustavo Bordet anunció que este lunes se habilitan nuevas actividades. Era una noticia muy esperada por el golpeado sector comercial y productivo.
La pandemia golpea a la provincia. El 70% de la población está en zonas con circulación del virus y el mensaje no logra la empatía de la autoprotección. La peste llega a su clímax en el momento en que los comerciantes están viendo como sus activos se vienen abajo.
 
En ese marco, el gobernador Gustavo Bordet anunció que este lunes se habilitan nuevas actividades. Era una noticia muy esperada por el golpeado sector comercial y productivo, como es la flexibilización de actividades en bares, restaurantes y gimnasios. Pero el éxito de la estrategia depende de la actitud y responsabilidad individual para que el resultado sea colectivo.
 
Hasta ahora los resultados están en la mitad de tabla, que no empeore es lo principal. Pero las dos pandemias se complican, la crisis económica heredada del macrismo y el covid-19 que la agravó. Así que la situación sanitaria avanza a un panorama complejo, el contexto socioeconómico no le da respiro y los sigue de cerca.
 
La cuarentena se los viene llevando puestos y no hay empresario que no diga que está sobreviviendo a esta crisis sin precedentes. Varios bares y restaurantes del microcentro han decidido cerrar sus puestas temporalmente. Les resulta menos oneroso tomar esa actitud hasta tanto el Comité de Organización de Emergencia Sanitaria (COES) resuelva si los dejarán trabajar. "No estamos planteando salud o trabajo, sino salud y trabajo", dice un referente de la actividad. Las pérdidas son considerables.
 
Por ejemplo, un negocio gastronómico del centro puede llegar a necesitar un millón de pesos al mes. De ese total, unos $ 400.000 corresponden al gasto en mercadería. Otros $ 200.000 requerirán para pagar a los empleados, incluyendo las cargas previsionales y sociales. Entre IVA e Ingresos Brutos deberán abonar no menos de $ 100.000. Los servicios pueden demandarle $ 50.000 y, si el local está bien ubicado, el alquiler le significa unos $ 80.000.
 
A esto hay que sumarle otros gastos corrientes atinentes a la actividad. "Para reunir todo este dinero, hay que trabajar a full; a medias, nada sirve", reflexiona un empresario gastronómico que reclama por la reapertura. Por su parte, los comercios chicos no tienen mucho margen para subsistir. Según los datos de referentes que representan a bares y hoteles, un 40% de los negocios del rubro debió cerrar desde que arrancó el aislamiento, a fines de marzo pasado, porque no tiene medios para continuar.
 
Aquellos que pudieron acceder al programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), pudieron sortear en parte el difícil trance de la pandemia. Con ese plan, sólo tuvieron que reunir para abonar el 25% de la remuneración de cada empleado. Sin embargo, la escasa actividad comercial ha causado otro inconveniente: el endeudamiento del personal para cubrir sus gastos corrientes.
 
El prolongado paro de colectivos ha significado otro dolor de cabeza para el sector privado. Propietarios de comercios y trabajadores deben abonar más de la cuenta para cumplir con sus tareas y que no se resienta la actividad. Esa es otra materia pendiente que tiene el Estado provincial y municipal. Hasta ahora no ha podido darle un corte a un asunto que viene mucho tiempo antes que se desencadenara la pandemia de covid-19.
 
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Habilitar las actividades sin descuidar la cuestión sanitaria

Intento de golpe policial a la boliviana
 
El lunes comenzó el reclamo justo de un sector de la policía bonaerense por mejores sueldos y condiciones de trabajo. A tres días de movilizaciones, el conflicto escaló y brindó imágenes que generaron repudio de parte del arco político, sindical y social: el Presidente rodeada por patrulleros y personal armado, cuando no era parte del conflicto. Fueron acciones contrarias a la democracia pese a la legitimidad original de la protesta. Lo macabro, lo perverso y lo ridículo se combinan de un modo inusual.
 
Entre los policías que rodeaban la Quinta confluían malandras, coimeros, exonerados, narcos, represores y unos cuantos buenos policías, que en este caso sirvieron para decorar una fritanga de mal gusto. Alberto los invitó dos veces a ingresar a la residencia a una delegación de 8 policías, para dialogar, pero no aceptaron. El diálogo no es su fuerte. Mejores son con la pistolas 9 mm.
 
Los voceros del reclamo, llamativamente, eran hombres que militaron o militan en Juntos por el Cambio. Sueltos de palabras, llenaron sus redes sociales con mensajes a favor de los dirigentes opositores Macri y Carrió. Otros voceros fueron echados de la fuerza por diversos delitos, algunos de forma más reciente y otros más lejanos en el tiempo, varios imputados en causas por narcotráfico.
 
¿Opereta descartable de una logia de exonerados de la policía manipulados por el macrismo? ¿Globo de ensayo golpista? ¿Fase 1 de un plan desestabilizador en consonancia con los formatos actuales de las agencias yanquis contra gobiernos no confiables? Todas las hipótesis son aceptables.
 
El levantamiento de la Maldita Policía Bonaerense generó preocupación en el oficialismo que empezaron a denunciar un intento de golpe contra Axel Kicillof y hay quienes comienzan a agitar el fantasma del golpe policial contra Evo Morales en Bolivia.
 
El nivel de alerta se incrementó fuerte cuando un grupo de efectivo trasladó la protesta a las puertas de la Residencia de Olivos, que fue rodeada de policías armados y patrulleros. El reclamo pasó así a tener también como destinatario a Alberto Fernández. Sus exabruptos fueron multiplicados hasta el ridículo por la cadena mediática macrista.
 
Cuando Eduardo Valdés cuestionó la designación de Sergio Berni en el Ministerio de Seguridad bonaerense, se dijo entonces que Cristina quería que el ex militar controle a la Bonaerense porque Evo Morales le había alertado que el golpe en su contra lo ejecutó la Policía boliviana.
 
Efectivamente, las protestas por un presunto fraude de Morales terminaron de descontrolarse cuando los comandos policiales de los distintos departamentos de Bolivia se amotinaron por reclamo salarial. En menos de 48 horas cayó el gobierno de Evo, poco después de que los policías de La Paz (los que protegen el palacio presidencial) se sumaran al acuartelamiento.
 
Una protesta policial salarial, el 30 de septiembre de 2010 en Ecuador, fue denunciada por el gobierno de Rafael Correa como un planificado intento de golpe de Estado en su contra. Al igual que en Paraguay cuando se destituyó a Fernando Lugo, en Brasil con la caída de Dilma y en Bolivia con la destitución de Evo Morales (por citar los casos más próximos), el golpe palaciego de derecha está al orden del día en la región y nuestro país no es la excepción.
 
Cuando pierde elecciones la derecha conservadora argentina se repliega en los aparatos de grandes medios y judicial, como garantía de continuidad de sus intereses, sus exigencias y su confrontación y sabotaje con el proyecto popular - democrático electoralmente triunfante.  
 
Macri quiere ser en Argentina lo que es Juan Guaidó en Venezuela, un opositor ultra duro y destituyente al que EE.UU., Clarín, La Nación e Infobae aún reconocen como el presidente interino, un cargo sin poder real ya que hoy Guaidó tiene solo un 10% de intención de voto.
 
Para Estados Unidos, el condicionamiento de las políticas de otros países a través de métodos ilegales sigue vigente. De ninguna manera el golpe de Estado se reduce a una asonada militar. El fragote puede asumir diversas formas, incluso la de un formato aparentemente "constitucional", vía acefalía u otros recursos bastante habituales en la región. En esa estamos: Se están creando las condiciones de un golpe blando en el país.
 
Hay una explicable preocupación en el interior del peronismo por la continua y creciente actividad desestabilizadora de la oposición macrista, amplificada por el trabajo de los grandes medios de comunicación concentrados porteños.
 

Habilitar las actividades sin descuidar la cuestión sanitaria
 
Amenaza al régimen constitucional
 
Al final Eduardo Duhalde no estaba tan "desenganchado de la realidad". La visita que un ejército de policías bonaerenses armados le hizo al presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos fue una amenaza al régimen constitucional, además de una apretada monumental para conseguir un aumento de salarios.
 
Sergio Berni, el hiperactivo y mediático funcionario no tomó acabada dimensión del justificado malestar por los magros ingresos -en particular de las jerarquías más bajas del escalafón- que se estaba incubando en la fuerza aún cuando sonaban alertas desde hacía semanas.
 
Brilló por su ausencia el "liderazgo natural" del ministro de amianto, tanto, que su imagen de dureza y su discurso enérgico fueron sobrepasados por un reclamo que cruzó límites peligrosos. El gobernador Axel Kicillof se vio desbordado por un reclamo al que no podía responder ni contener. Al Presidente le tocó copar la parada y poner la casa en orden.
 
La respuesta del gobierno fue optar por una visión pragmática dirigida a desactivar el conflicto con los menores costos posibles. Más temprano que tarde llegará un sablazo sobre la estructura de la cúpula policial y del propio jefe que no logró encauzar por impericia o por imposibilidad concreta, el reclamo de sus subordinados. No sólo por la evidente ruptura en la cadena de mando: también, la inquietante piqueterización que se habría hecho carne en los escalafones más bajos de la fuerza.
 
Sin recursos propios a mano para asistir a la inabarcable provincia Buenos Aires, Alberto Fernández apeló a una jugada osada: por decreto le quitó a la Ciudad de Buenos Aires una parte del generoso aporte que en 2016 había recibido como regalo de Mauricio Macri.
 
Con eso, el presidente dinamitó los puentes que lo conectaban con Horacio Rodríguez Larreta y con el ala dialoguista de Juntos por el Cambio. Afectado en sus intereses, el jefe de Gobierno porteño denunció que era inconstitucional que Alberto le quitara por decreto parte de los fondos que su antecesor Macri le había cedido a la CABA también por decreto.
 
El Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro del Interior Eduardo "Wado" de Pedro salieron al cruce. El último aseguró que "no se le quitaron fondos a la Ciudad, se recuperaron fondos que Macri transfirió de manera ilegítima".
 
A nivel nacional, la quita a CABA reflotó la Liga de Gobernadores del PJ, que históricamente bloquea el aumento de coparticipación para Buenos Aires pero que, en esta ocasión, festejó que los fondos para abastecer a la gestión Kicillof no salieran de los recursos que se distribuyen entre las Provincias. Afuera quedó el cordobés Juan Schiaretti, que sospecha que puede ser el próximo blanco K.
 
Un grupo de 19 gobernadores, entre ellos Gustavo Bordet, firmaron una solicitada en la que apoyaron la decisión del presidente al entenderla como un gesto de federalismo y la corrección de una decisión arbitraria e injustificada del Gobierno nacional anterior.
 
"Hay que ver la Argentina como un todo, que es lo que hace el presidente Alberto Fernández", sostuvo el gobernador Bordet respecto de la discusión por la coparticipación de CABA. También recordó que "somos un país federal" y que "la calidad de vida no es la misma en una zona que en otra".
 

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Un poco de historia
 
Para ir a la génesis de la cuestión hay que remontarse a 2016, cuando el entonces presidente Macri triplicó a través de un decreto la cantidad de fondos federales que recibía la CABA. El objetivo que justificó aquella medida fue aportar financiamiento para el traspaso de la Policía Metropolitana a la órbita del gobierno porteño.
 
Aquel decreto fue leído por todo el arco opositor al macrismo como un gesto de favoritismo político desmesurado en el reparto de los recursos, dado que el dinero que Nación estaba destinando a la CABA más que duplicaba el presupuesto asignado para financiar a la Policía Metropolitana.
 
La solicitada firmada por 19 gobernadores afirma que ante los cuestionamientos planteados oportunamente, el entonces ministro Rogelio Frigerio reconoció que la medida era injustificada y que prometió públicamente "corregir con un nuevo decreto la coparticipación de la Ciudad".
 
El entonces ministro del Interior les explicó a los gobernadores que el objetivo fue "transferir la policía (metropolitana) con presupuesto específico" y "que cualquier otra cosa adicional iba a ser dejada de lado". "Eso nunca se cumplió, hasta esta medida", resaltaron los mandatarios provinciales en su pronunciamiento conjunto.
 
Más allá de los argumentos que pudieran esgrimirse a favor de la decisión de Alberto, las acciones legales iniciadas por el Gobierno porteño generan incertidumbre porque podrían recaer en un juez macrista dispuesto a otorgar una cautelar que obligaría a la Nación a dar marcha atrás hasta que la Corte resolviera el planteo de inconstitucionalidad.
 
El ministro del Interior redobló la apuesta y argumentó que "si consideran que este decreto es inconstitucional, entonces también lo es el decreto con el que Macri casi triplicó arbitrariamente y de manera discrecional los fondos del Gobierno de la ciudad". Lo cierto es que hasta ahora el único que recurrió a la Justicia fue Rodríguez Larreta, pero si la batalla legal se complicara, la Nación también podría ir en contra del decreto de Macri, lo que dejaría al jefe porteño sin el pan y sin la torta.
 

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El PJ de Entre Ríos repudió protesta policial
 
El Partido Justicialista de Entre Ríos repudió protesta policial con armas y patrulleros con una solicitada -mostrándose unido detrás de la sigla- que expresa "su repudio a la decisión de un grupo de efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires de rodear con patrulleros y armas la Quinta Presidencial de Olivos en función de un reclamo salarial que debe canalizarse por las vías institucionales correspondientes".
 
"El respeto de los principios y los canales democráticos tiene que ser el primer compromiso de toda manifestación, es por ello que resulta inaceptable la exposición de la fuerza pública con connotaciones amenazantes para la investidura presidencial y las autoridades del gobierno legítimamente elegido por el pueblo", indicaron en el comunicado.
 
El PJ actuó en el marco de los códigos políticos y llevando un mensaje en contra de las formas de la protesta. El peronismo, cuando está en el poder, decodifica todo en términos políticos y obra en consecuencia: si la oposición macrista lo ataca, se defiende en todos los ámbitos a su alcance: institucionales, políticos y mediáticos.
 

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Nuevo escenario
 
El quiebre de la coexistencia pacífica entre Nación, ciudad y provincia de Buenos Aires sacudió la estantería política a ambas márgenes de la grieta. Mientras, la prensa porteña y parte de los desocupados del gobierno anterior profundizan un clima destituyente.
 
El sopapo que recibió Rodríguez Larreta lo terminó de ubicar como referencia central de la oposición y lo obligó a abandonar su perfil componedor. El decreto de Alberto dejó en off side a las posturas dialoguistas dentro de Juntos por el Cambio e inclinó la interna de ese partido a favor de las expresiones opositoras más duras.
 
El Presidente tiene la necesidad de reconstruir la imagen de moderación y de disposición al diálogo que supo erigir pero que quedó seriamente dañada. Con su enfrentamiento con el Jefe de Gobierno porteño perdió a la contraparte que mejor le funcionaba a la hora de mostrar su capacidad de tejer buenas relaciones con representantes de otros espacios políticos.
 
La línea de discurso que adoptó el Gobierno nacional para respaldar la quita de coparticipación a Buenos Aires, plagada de referencias al federalismo y a la injusticia en el reparto de los fondos federales, le agrega un componente favorable para los intereses provinciales, en tanto pone al tope de la agenda una discusión que se viene planteando hace más de 15 años.
 

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Crisis generada por el coronavirus
 
La crisis generada por el covid19, antecedida por el desmadre económico del gobierno de Macri, puso a las cajas estatales de todo el país al borde de sus posibilidades, mientras que la incesante inflación disparó reclamos salariales genuinos que en muchos casos fueron aprovechados políticamente para desgastar gobernantes.
 
Después de ocho meses consecutivos de caída de la coparticipación y con el golpe que significó la prolongada inactividad de rubros relevantes para la economía, como el turismo, la Provincia se encontrará ante la necesidad de actualizar salarios, no solo de los sectores de la administración pública provincial que salieron a reclamar, sino de todos los demás que también sintieron los efectos de la inflación.
 
Con una comprobada vocación de diálogo, la gestión de Bordet logró cerrar acuerdos y desactivar conflictos que ya estaban planteados y otros potenciales.
 
El manejo responsable de las finanzas públicas y la responsabilidad en el gasto son los principales argumentos para que Entre Ríos pueda aumentar salarios y pagarlos en tiempo y forma en un contexto en el que muchas provincias deben tomar deuda para afrontar sus gastos corrientes.
 
Desde el Gobierno provincial entienden que uno de los aciertos de los últimos años de gestión fue haber mantenido una de las proporciones más bajas del país de empleados públicos por cantidad de habitantes.
 
Destacan que la disciplina fiscal permitió no solo cumplir con las obligaciones asumidas por la Provincia sino también salir a cubrir retrasos en desembolsos nacionales y sostener un nivel aceptable de inversión en la obra pública, fundamental para generar empleo.
 

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Medidas discordantes
 
Bordet anunció que el lunes se podrán habilitar nuevas actividades en Paraná y Gualeguaychú. Era una noticia muy esperada por el golpeado sector comercial, como es la flexibilización de actividades en bares, restaurantes y gimnasios.
 
La misma noticia causa una profunda inquietud en otro ámbito, en el de la salud, que lleva el peso de la pandemia en un escenario de crecimiento constante de casos positivos de covid-19. ¿Cómo conciliar la salud con la economía? ¿Qué es lo que se privilegia en esta pandemia, con curva ascendente de contagios?
 
El Gobierno puede quedar entrampado en este dilema entre salud y economía. Esta semana, su gestión ha soportado una protesta en la Casa Gris; otra en plena peatonal del microcentro; protestas callejeras de propietarios y de empleados de bares y de restaurantes.
 
Tras el anuncio de flexibilizaciones, la ministra Sonia Velázquez advirtió que las ciudades con circulación comunitaria "tienen que seguir un comportamiento acorde" y dijo que insistirán en evitar la circulación.
 
¿Habría una interna dentro del Gabinete, con una ministra de Salud, que ha quedado descolocada ante la decisión gubernamental, que en otros momentos adoptó las recomendaciones sanitarias? El Ejecutivo adoptó ese criterio privilegiando lo laboral y lo productivo, pero sin dejar de seguir, con atención, la evolución epidemiológica.
 
En los días previos, habría recibido un informe del equipo sanitario que mostraba dos estrategias posibles para tratar de frenar los contagios. Por un lado, disminuir sensiblemente la circulación comunitaria, frente al incremento de casos, un criterio seguido por otras provincias de la región que también han tenido una explosión de contagios.
 
Por el otro, y como complemento, continuar con la búsqueda de febriles y de focalizar la acción epidemiológica en el entorno de un caso positivo. Bordet cantó paso en el primero y quiero en lo segundo.
 
En base de los datos reportados al 13 de Septiembre de 2020 por el área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, en Entre Ríos se han sumado 160 casos de Coronavirus. De ese modo, en la provincia son 5.372 los casos confirmados. En promedio, la ocupación en Unidad de Tratamiento Intensivo de Entre Ríos es de, 60,07% (están ocupadas 158 de 263 camas disponibles).
 
En la región denominada Ciudad de Paraná la ocupación es del 71,76% ya que están ocupadas 61 de las 85 camas disponibles en el Hospital "San Martín", "De la Baxada", Sanatorio La Entrerriana, Clínica Modelo, Sanatorio Río y el Hospital Militar.
 
Ningún funcionario de Salud se anima a proyectar cuándo se aplanará o estabilizará la curva, mucho menos a decir hasta qué momento habrá capacidad operativa en los hospitales para atender a pacientes sintomáticos o con comorbilidad.
 
Se está ante un momento muy crítico y difícil, donde lo ideal sería mantener la fase, pero hay que trabajar y ser responsable con todas las flexibilizaciones que se vienen en la provincia. De una u otra forma, la intención de las autoridades es tratar de mostrar un aspecto más coercitivo ante la falta de cumplimiento de un sector de la sociedad a las normas de bioseguridad. El tiempo y la conducta ciudadana dirá si es que las medidas adoptadas fueron las correctas.
 
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