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                  23:45  |  Jueves 18 de Diciembre de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 13-09-2020 / 11:09
SOLUCIONES NECESARIAS Y NUEVOS CONFLICTOS

Reclamos salariales válidos, protesta violenta: la bomba que desactivó Alberto Fernández

Reclamos salariales válidos, protesta violenta: la bomba que desactivó Alberto Fernández
El conjunto de los amotinados era variopinto, con retirados prepotentes, fachos siempre listos, exonerados y algunas personalidades descompensadas, como el que se trepó a una torre, calzado y amenazando con arrojarse. Constituyen una minoría intensa y fogueada dentro una tropa de alrededor de 90 mil efectivos, la mayor del país.
El presidente Alberto Fernández desactivó una bomba de tiempo, cuyo potencial dañino se desconoce pero pudo ser grave, hasta sangriento. Un legítimo reclamo de policías bonaerenses derivó en un motín armado, injustificable. La tropa embravecida y sin líderes reconocidos repetía asonadas anteriores.
 
Tal vez ésta fue la peor de la nutrida saga antidemocrática de la Bonaerense: cercaron la residencia del gobernador Axel Kicillof y la Quinta presidencial de Olivos.
 
A nivel nacional se evocan reclamos laborales proto golpistas como los auto acuartelamientos de fuerzas armadas en 2013 durante el segundo mandato de la ex presidenta Cristina Fernández. Hubo muertos, hechos de indisciplina tremendos... fuegos de los quedan cenizas ardiendo y cicatrices abiertas.
 
El conjunto de los amotinados era variopinto, con retirados prepotentes, fachos siempre listos, exonerados y algunas personalidades descompensadas, como el que se trepó a una torre, calzado y amenazando con arrojarse. Constituyen una minoría intensa y fogueada dentro una tropa de alrededor de 90 mil efectivos, la mayor del país.
 
Alberto Fernández decidió bien las dos contradicciones principales. Reconoció los derechos de los trabajadores uniformados y desmovilizó a los insurrectos... que en buena proporción son los mismos. La doble respuesta adoptada bajo presión fue la mejor posible, jamás perfecta ni ideal.
 
Subsisten problemas previos y se abren nuevos escenarios de conflicto. Con policías de otras comarcas, con trabajadores públicos esenciales de todo el país incluyendo a Buenos Aires. La solución financiera, lícita, perturba la relación con el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Lo dejó con jugada única: replicar, subir el perfil e ir a la Corte Suprema de Justicia.
 

 
La movida reconoce, de modo tácito, errores previos de la administración provincial muy centrados en la figura de Sergio Berni quien desempeña mal el puesto más insalubre del sistema político argentino: ministro de Seguridad a cargo de "la mejor policía del mundo".
 
Cometido en el que fracasaron penosamente punitivistas como Aldo Rico y Carlos Stornelli. Y en el que consiguieron avances parciales protagonistas más serios, mejor rumbeados, como León Arslanián y Juan Pablo Cafiero.
 
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Les nueves policías:
 
Berni supuso que podría conducir a los Bonaerenses. Funcionarios nacionales refieren que pifió varias veces... subestimando el entuerto, sobreestimando sus dotes mientras hacía caso omiso a alertas tempranas.
 
"Le habíamos avisado a Axel" comentan en la Casa Rosada y zonas adyacentes. Encendió alarmas una demanda parecida en Misiones que el gobernador atendió velozmente. Estaban a la vista intercambios en redes sociales y foros de policías.
 
La base laboral es otra, explican autoridades nacionales y académicos versados de la provincia, casi todos afines al oficialismo. Muchos agentes o suboficiales jóvenes, sub-30, incorporados durante las gobernaciones de Daniel Scioli. Provenientes de estratos sociales pobres como suele acontecer. Con un porcentaje de personal femenino inédito y creciente.
 
Ingresar a las fuerzas de seguridad es una salida laboral para personas de extracción humilde que habitan en barrios populares. Estigmatizados por eso, opina este cronista conociendo situaciones concretas, les asisten más chances de lograr laburo en la Policía que en un supermercado; ni qué decir en un local de comercio.
 
Sueldos muy bajos, minimizados en la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal. Gente endeudada con usureros barriales, drama que aqueja a centenares de miles de argentinos de bajos ingresos. En pandemia debieron esforzarse más, perdiendo ingresos adicionales válidos y non sanctos.
 
El antropólogo José Garriga Zucal, docente en la Unsam, escribió en el portal Anfibia. Se recomienda la lectura total de la nota, se destacan algunos párrafos. "La pandemia revalorizó las tareas policiales al ubicarlos como trabajadores esenciales y eso les da más legitimidad para reclamar. Las representaciones del riesgo laboral se potenciaron con la covid-19, se volvieron aún más reales (...)"
 
"Las medidas que tomó el gobernador Kicillof la semana pasada no cayeron bien en el mundo policial. El anuncio de otorgar recursos millonarios para el tema de la seguridad sin noticias para los bolsillos de los agentes --un gesto muy poco peronista-- podría ser definido con el viejo dicho: 'Comer delante de los pobres'."
 
"Esto, sumado al desembarco de las fuerzas federales, cosechó un malestar de larga data. Y la irrupción de Gendarmería y Prefectura cayó mal porque pone en peligro negocios espurios y porque, entre líneas, es una intervención por inoperancia. A nadie le gusta que vengan a decirle lo mal que hace su trabajo".
 
Revive un debate postergado: la posibilidad de sindicalizarse. Otro académico bonaerense, Esteban Rodríguez Alzueta, la reivindica con finos argumentos en La Tecl@ Eñe, también remitimos a ese artículo.
 
Resaltamos un párrafo: "Hay que postular a los policías como ciudadanos y trabajadores. El derecho a la protesta es uno de los derechos que tienen todos los ciudadanos y trabajadores, tal vez uno de los más importantes, porque el derecho a la protesta es el derecho a tener derechos, es decir, la posibilidad de manifestar un problema. La protesta regulada (y limitada por tratarse de una actividad esencial) parece un rumbo superador, a la luz de la historia".
 
Volvamos a la crónica. Por buenas y malas razones campeaba un malestar extendido. Berni se dejó sorprender. Falló sin atenuantes la cadena de mandos policiales, describen baqueanos en esas áreas.
 
Los cuadros superiores no registraron información accesible en la previa. No mostraron capacidad para conducir la revuelta o para dialogar. En el manual político clásico las cúpulas policiales fungen como el primer fusible eyectable ante esas crisis. Asoma como factible que el gobierno provincial los remueva, como primer paso.
 
Subsistirá para semanas o meses ulteriores el enojoso dilema entre sostener a un ministro desacreditado o "entregarlo" complaciendo a los rebeldes y a la oposición.
 
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La calle es vuestra:
 
AF optó por la vía pacífica frente a la situación límite. Desalentó una movilización a su favor convocada por Juan Grabois. Desechó la tentación de mandar disolver la rebelión apelando a otras fuerzas armadas.
 
Las definiciones sensatas parten de una asimetría de la etapa: por coherencia y solidaridad el peronismo desecha ocupar masivamente el espacio público. Renuncia a una herramienta democrática central en el sistema político argentino.
 
Sus adversarios o enemigos, al contrario, la usan y abusan. Rodríguez Alzueta describe agudamente las implicancias en este caso: "No es casual que el malestar haya salido a la luz ahora, con este gobierno. Eso no habla mal del gobierno sino, en cierta manera, muy bien: este gobierno deja margen para que incluso los policías puedan presentar en el espacio público sus problemas".
 
"De la misma manera que lo hacen otros sectores y nadie es reprimido. Esto con el macrismo no pasaba porque tenía claramente otra actitud, muy antidemocrática, para con las policías y el resto de la sociedad que tomaba la calle para protestar".
 
Actuar virtuosamente, ay, a veces cuesta caro. La realidad política es, con asiduidad, injusta o cruel: no funciona como las fábulas. Maquiavelo sabía de eso más que Esopo...
 
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Otros trabajadores, otras comarcas:
 
El éxito reivindicativo de la paritaria de prepo, casi seguro, servirá de inspiración a otros trabajadores esenciales de todo el país también relegados salarialmente y con reclamos sobre la protección contra la covid-19. La derivación signará las semanas entrantes.
 
Varios gobernadores mostraron reflejos respecto de sus policías. En el Chaco Jorge Capitanich dispuso un incremento para activos y retirados. La ministra de Seguridad y el flamante jefe de la policía provincial se reunieron con los subordinados. El clima venía enrarecido porque se acaban de confirmar cesantías de agentes penitenciarios por la sublevación de 2013.
 
En Córdoba los sueldos se elevaron significativamente a partir de 2013, circunstancia que enfrentó al fallecido gobernador José Manuel de la Sota con Cristina Kirchner. Están entre los mejores del país. El actual mandatario Juan Schiaretti mejoró ahora los adicionales. Sirve rememorar que el cordobesismo se tomó revancha en las urnas contra el kirchnerismo y contra el Frente de Todos en 2015, 2017 y 2019. Daños colaterales severos.
 
El gobierno nacional, sin alharaca, estudia cómo recomponer las retribuciones de las Fuerzas bajo su mando. Analiza la posibilidad de reimputar asignaciones no remunerativas, modalidad que disimula pagos "en negro" o "en gris". La Policía Federal, es consabido, tiene los mejores sueldos comparados con las provinciales.
 
Habrá que ver si las esquirlas de esta semana influyen en dos hechos vinculados a violencia institucional. El juicio oral al policía Luis Chocobar y la investigación sobre la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro.
 
La retórica posterior a marzo enalteció sin ambages a los uniformados, los empoderó simbólicamente. No fue la causa principal que movió a los policías rebeldes... pero acaso contribuyó a darles ínfulas.
 
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Decreto deroga decreto:
 
La reasignación de partidas dispuesta por el Presidente excitó reflejos pavlovianos de (in)constitucionalistas siempre listos para defender a la derecha autóctona.
 
Un repaso sencillo debilita la gritería jurídica de Rodríguez Larreta y sus aliados. Por mandato constitucional el traspaso de la Policía Federal de Nación a la CABA tiene que hacerse con transferencia de los fondos necesarios. El ex presidente Mauricio Macri lo hizo mediante Decreto 194/2016. Decreto simple, no de Necesidad y Urgencia (DNU).
 
Infringió la norma porque dotó a su cofrade HRL de mucho más dinero que el necesario. La circunstancia fue admitida por el propio Macri que redujo una vez el porcentaje. Por el ex ministro del Interior Rogelio Frigerio (nieto) quien lo confesó de local, en el programa A Dos Voces, el video respectivo circula generosamente por Twitter.
 
Un clavo saca a otro. Un decreto deroga a otro. Suponer que una asignación presupuestaria de Macri goza de vigencia eterna es la jactancia de la derecha o sus compañeros de ruta que jamás reprobaron al decreto 194/2016.
 
La polémica legal necesita un estudio fáctico; no es lo que se apoda "cuestión de puro derecho". Cuando la Corte Suprema se dedique a tratar el tema debería ponderar verificar hechos, abrir a prueba para corroborar si la cifra transferida es la necesaria... a menos que decida arbitrariamente.
 
Un pleito de esa naturaleza demora meses o años. Rodríguez Larreta aspira a cortar camino interponiendo una medida cautelar. La actual Corte, muy flojita en su desempeño, tiene un arma para enfrentar al Gobierno y hacer méritos con el establishment.
 
En general su jurisprudencia es cauta cuando define cuestiones dinerarias entre jurisdicciones. El motivo es lógico: si al final del camino, se sentencia que la Nación debe plata tendrá que reintegrarla. Paralizar el funcionamiento de otro poder estatal para mejorar su lastimosa reputación suele tentar a los Supremos... habrá que ver.
 
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Conflictos y controversias:
 
Judicializar la política, he ahí un vicio expandido, transversal. Suponer que cualquier conducta criticable es delito, una consecuencia funesta, cotidiana.
 
Los conflictos de intereses existen, su resolución deja secuelas. Alberto Fernández explica que decidió dentro de sus competencias y corrigió un reparto injusto. Sus rivales arguyen que se venía dialogando, a tranco lentificado por la pandemia. Es cierto... tanto como que Rodríguez Larreta se inclinaba a "ceder" medio punto de la asignación con fines específicos.
 
Apurarse a resolver, sitiado por policías con armas, puede ser cuestionable según el color del cristal con que se mire. Pero no hay violación de la ley, al contrario: una reparación del favoritismo de Macri hacia su "pollo" y su distrito emblema.
 
Los intendentes conurbanos cambiemitas conocían la jugada antes del anuncio, aunque aleguen en contrario. El radical sanisidrense Gustavo Posse la valida porque quiere embolsar los fondos y se apresta a una interna provincial entre correligionarios. Los demás rezongan porque los compele su alineamiento y se aprestan a embolsar los fondos.
 
El reparto de bienes escasos provoca tensiones, alineamientos. Reverdece pasiones federales. Es la política, compañeros, correligionarios y vecinos.
 
Los gobernadores radicales cambiemitas apoyaron a Rodríguez Larreta. Seguramente sus conciudadanos disfrutan si se les quitan privilegios a los porteños.
 
Los peronistas, salvo Schiaretti, bancaron la medida presidencial. Los acompañaron mandatarios provinciales no peronistas: Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Arabella Carreras (Río Negro) y Omar Gutiérrez (Neuquén).
 
La semana en promedio resultó riesgosa para el sistema democrático y difícil para el Gobierno. Quedó sentado un precedente aciago, la peor nueva en estas horas.
 
Se perdió la elección en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un avance imperial del presidente Donald Trump que damnificará a la región y no solo "a Alberto".
 
La suma algebraica se mejora con el derrumbe del riesgo país. Y con la reanudación de los estudios para la vacuna contra el coronavirus.
 
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Síntesis provisoria:
 
La rectificación del reparto de recursos nacionales alivia a la Provincia mientras le resta algo a la CABA.
 
Rodríguez Larreta se victimizó, le sale bien. Dicen que se lanzó como candidato a presidente, tiene derecho. Deberá recorrer un largo camino. Entre otras vallas tal vez deba soportar que Macri se postule para diputado en la CABA y se lleve una carrada de votos.
 
La interna de Juntos por el Cambio vivió una mutación consecuencia del modo elegido por Alberto Fernández para salir del laberinto. Por arriba, privilegiando la paz interior, atemperando la violencia latente.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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18-12-2025 / 08:12
Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.
 
El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.
 
Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.
 
Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.
 
Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
 
A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.
 
Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".
 
La Opinión Popular
 

17-12-2025 / 09:12
A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.
 
En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
 
Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
 
De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.
 
Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.
 
Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.
 
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.
 
Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.
 

16-12-2025 / 10:12
Las reformas que impulsa el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei, en especial la laboral, buscan sin disimulo convertir a nuestro país en una economía colonial de enclave, productor de materias primas, sin industria y en donde sobre más de la mitad de los argentinos. En el país cierra una empresa por hora y 400 trabajadores por día se quedan sin empleo. El cálculo surge de tomar en cuenta que "el Peluca" y su motosierra destruyeron 19.114 firmas dejando en la calle a algo más que 264 mil asalariados registrados en sus dos primeros años de gobierno.
 
Para Argentina es un cambio dramático, pues es uno de los países en donde la legislación laboral del siglo XX más avanzó en el sentido de proteger a los trabajadores. Por esa razón, por ese "mal ejemplo" para la región latinoamericana, el objetivo del FMI de retroceder más de un siglo en las condiciones bajo las cuales se desenvuelve el mundo laboral, haya sido tomado con tanta energía por los últimos gobiernos de derecha y mucho más ahora bajo el modelo reaccionario extremo que impulsan los desquiciados Milei, Sturzenegger, Caputo y cía.
 
Todos y cada uno de los puntos del extenso proyecto que acaba de aterrizar en el Congreso es un muestrario de la ideología conservadora y retrógrada que alienta a este gobierno como fiel representante de la elite económico-financiera también conocida como "círculo rojo". A tal extremo esto es así que el gobierno ni se molestó en desmentir lo que hace un tiempo se conoció: los autores materiales de este engendro son los estudios de abogados que prestan sus servicios a las corporaciones más poderosas, los llamados "dueños de la Argentina". Es el gobierno para los ricos.
 
El sueño húmedo de esta minoría enferma de codicia es voltear, una por una, todas las protecciones legales que tienen los trabajadores argentinos, aunque también debe decirse que buena parte de ellas ya fueron demolidas de hecho por el propio accionar de un mercado laboral que, con independencia de los gobiernos que se sucedieron desde el estallido social y la gran crisis económica de 2001, dejaron a casi la mitad de los asalariados desempeñándose "en negro", al margen de la formalidad.
 
Lo que veremos en las próximas horas en el Congreso les dejará en claro a los argentinos quiénes son los senadores y diputados dignos de ser llamados oposición y quiénes se someterán ante las ofertas de dinero que ya está circulando por oscuras vías. Gobernadores dialoguistas también estarán en el "toma y daca" que este gobierno puso en marcha sin que la gran prensa porteña, convertida en vocera oficial de la Casa Rosada, hable como lo hacía habitualmente de "látigo y billetera" con otros gobiernos que nunca llegaron a extremos de manipulación de los recursos fiscales como el actual.
 
El triunfo electoral de octubre de Milei es el combustible que aceleró la decisión de avanzar con este proyecto y con otros que también buscan reconfigurar en profundidad el diseño social, económico e institucional de la Argentina. La llamada ley de tierras, de glaciares, la reforma educativa, la tributaria, etc. conforman una ofensiva de los sectores concentrados de la economía contra el conjunto social. Convertir a este país en una economía colonial, sin industria, sin ciencia, sin educación de calidad, sin protección social ni laboral para las mayorías populares es una meta que está en las mentes de los libertarios. La política de tierra arrasada que se proponen les resulta indiferente, pues la ambición de poder -político y económico- está por encima de todo.
 
La CGT convocó a una movilización a la Plaza de Mayo para el jueves a la que adhirieron las dos CTA, ATE y otros gremios, el peronismo, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda.  Para aterrorizar, la especialidad del mileísmo, aplicarán el protocolo antipiquetes. Si la movilización es masiva, cuesta creer que la amenaza de represión violenta se cumpla. Crispar el clima social en vísperas de fin de año, en nuestro país, nunca tuvo buenos resultados para los gobiernos.
 
La Opinión Popular
 

14-12-2025 / 09:12
Bajo el mote de reforma laboral se esconde la decisión de Javier "el Loco" Milei que pretende consagrar institucionalmente, en 2026, los objetivos que en 1976 se planteara la dictadura militar genocida. Los cambios en el proceso de acumulación en el marco del genocidio, el endeudamiento, la valorización financiera y la fuga de capitales, la desindustrialización, el modo de incorporación del cambio tecnológico y la llegada del capitalismo de plataformas, produjo una sustancial alteración de la relación capital-trabajo, obviamente en desmedro del conjunto de los trabajadores.
 
En ese marco de brutal regresividad en las condiciones materiales de vida de quienes trabajan, se sucedieron en las distintas administraciones conservadoras cambios normativos, todos con la misma dirección. 1. Abaratar el precio del trabajo. 2. Facilitar el despido. 3. Debilitar los convenios colectivos. 4. Limitar y destruir la organización sindical.
 
Estas orientaciones fueron parte de los cambios normativos que impulsó la dictadura militar, de las leyes que llevaron adelante Cavallo, Menem y De la Rúa, del frustrado intento de Macri y también del proyecto de Milei. Proyecto este cuya profundidad en términos de alteración de la Ley de Contrato de Trabajo solo es equiparable a lo planteado hace 50 años por la dictadura militar.
 
Además, se lleva a cabo la directa eliminación de los costos del despido a partir de la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que se financiará con tres puntos de las actuales contribuciones patronales. A la vez, se les reduce en un punto adicional los aportes a los empresarios en relación a las obras sociales que dejarían de percibir un punto de los que están recibiendo en la actualidad.
 
En síntesis, cuatro puntos de los aportes patronales dejan de financiar las jubilaciones y la salud de los trabajadores, con el objeto de eliminar los costos del despido y reducir los costos laborales. Situación ésta que implica una redistribución de ingresos desde los trabajadores al capital, cercana a los 3000 millones de dólares.
 
Las experiencias internacionales y la propia experiencia nacional indican que estas propuestas solo profundizan la desocupación, la informalidad y la pobreza. Es más, aspectos laborales de esta naturaleza son los que contenía la Ley Bases y que ya tuvieron dos años de aplicación en el curso del gobierno de Milei. Años que lejos de promover el empleo registrado, coexisten con la destrucción de 222 mil puestos de trabajo formales registrados de los cuales 139 mil son del propio sector privado, al tiempo que el monotributo y los asalariados no registrados constituyen las formas de inserción laboral de mayor importancia en los últimos dos años.
 
Por si esto fuera poco, los modelos que pregonan los funcionarios libertarios como objetivos a alcanzar por la Argentina, no hacen más que negar con la evidencia lo que el propio gobierno pregona para justificar lo que propone. Poner como ejemplo a seguir países como Paraguay o Perú, que prácticamente carecen de legislación laboral, resulta inentendible. Estos dos países exhiben, aún sin legislación laboral, niveles de informalidad superiores a los que hoy exhibe la Argentina.
 
Para frenar esta ofensiva hay que convocar a la sociedad a discutir la necesidad de relaciones laborales diferentes para un país distinto al que construye Milei. Para eso necesitamos relaciones laborales que se edifiquen en base a la redistribución del ingreso, la revalorización del trabajo y la necesidad de expandir derechos para todos aquellos que trabajan independientemente del tipo de inserción laboral que tengan.
 
La Opinión Popular
 

13-12-2025 / 09:12
El proyecto de país que perfila el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei tomó el aspecto de una sociedad sin derechos organizada por el mercado. El mercado elimina el concepto de soberanía y decidirá quién irá preso y quién se tomará vacaciones. A su vez, el mercado está organizado por una escala jerárquica según el poder económico.
 
O sea: la libertad de los libertarios es como la milanesa tucumana hecha con papel higiénico. Y de postre: inflación. Si alguno pensó que el esfuerzo valía la pena, el 2,5 de inflación -medido por un Indec que todo el mundo sabe trucho-- le dio una mala noticia: se quedó sin trabajo, se quedó sin empresa, y además tiene inflación.
 
En la misma semana asumió Joaquín Mogaburu como subsecretario de Derechos Humanos y se presentó el proyecto de reforma laboral en el Congreso. El nuevo funcionario es un personaje ligado a los represores y da cursos en los cuarteles sobre "memoria completa".
  
Mogaburu aboga por la conciliación y el perdón a los genocidas. El combo es coherente con el protocolo de seguridad que criminalizó la protesta social, el decreto que permitió a las fuerzas armadas intervenir en conflictos internos y la eliminación del derecho a huelga y otros derechos como lo estipula la reforma laboral enviada al Congreso.
 
Durante el mes hubo decenas de actos sobre derechos humanos en centros culturales, casas de la memoria y en plazas de todo el país. Y el jueves se realizó un festival en la Plaza de Mayo encabezado por Madres, Abuelas y el Serpaj de Adolfo Pérez Esquivel. Al mismo tiempo, la CGT anunciaba un acto público para oponerse al proyecto de ley enviado al Congreso.
 
No hay derechos humanos y no hay derechos laborales. No hay derecho a la protesta y no hay derecho que proteja contra la tortura y la violación como reclaman los que piden la libertad de torturadores y violadores que actuaron tras haber usurpado el Estado durante el golpe genocida. No hay sujetos de derecho en esta sociedad que conciben los libertarios y que ha sido votada por muchos que perderán los derechos que tenían.
 
Con el mercado se come, con el mercado se educa, con el mercado se cura. Si eso era difícil con la democracia, el mercado ni se lo plantea porque el único derecho que reconoce es el del que tiene más capital. El mercado habla de méritos, pero los derechos no se ganan. Los derechos implican también responsabilidades, pero no se ganan por méritos. Al menos la democracia reconoce que todos tienen derecho a comer, a la educación y a la salud. Después dependerá de los gobiernos proveer esos derechos.
 
Los libertarios inventaron una democracia con voto, pero sin derechos. Y los derechos son para todos porque son inherentes a la condición del ser humano. Si son para pocos, no califica. La democracia se construye sobre los derechos ciudadanos. Sin esos derechos básicos no hay sistema democrático. Este gobierno habla de democracia y libertad, pero cuando hace la milanesa, le pone papel higiénico en vez de libertad y democracia.
 

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