La Opinión Popular
                  23:06  |  Domingo 04 de Enero de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 13-09-2020 / 11:09
SOLUCIONES NECESARIAS Y NUEVOS CONFLICTOS

Reclamos salariales válidos, protesta violenta: la bomba que desactivó Alberto Fernández

Reclamos salariales válidos, protesta violenta: la bomba que desactivó Alberto Fernández
El conjunto de los amotinados era variopinto, con retirados prepotentes, fachos siempre listos, exonerados y algunas personalidades descompensadas, como el que se trepó a una torre, calzado y amenazando con arrojarse. Constituyen una minoría intensa y fogueada dentro una tropa de alrededor de 90 mil efectivos, la mayor del país.
El presidente Alberto Fernández desactivó una bomba de tiempo, cuyo potencial dañino se desconoce pero pudo ser grave, hasta sangriento. Un legítimo reclamo de policías bonaerenses derivó en un motín armado, injustificable. La tropa embravecida y sin líderes reconocidos repetía asonadas anteriores.
 
Tal vez ésta fue la peor de la nutrida saga antidemocrática de la Bonaerense: cercaron la residencia del gobernador Axel Kicillof y la Quinta presidencial de Olivos.
 
A nivel nacional se evocan reclamos laborales proto golpistas como los auto acuartelamientos de fuerzas armadas en 2013 durante el segundo mandato de la ex presidenta Cristina Fernández. Hubo muertos, hechos de indisciplina tremendos... fuegos de los quedan cenizas ardiendo y cicatrices abiertas.
 
El conjunto de los amotinados era variopinto, con retirados prepotentes, fachos siempre listos, exonerados y algunas personalidades descompensadas, como el que se trepó a una torre, calzado y amenazando con arrojarse. Constituyen una minoría intensa y fogueada dentro una tropa de alrededor de 90 mil efectivos, la mayor del país.
 
Alberto Fernández decidió bien las dos contradicciones principales. Reconoció los derechos de los trabajadores uniformados y desmovilizó a los insurrectos... que en buena proporción son los mismos. La doble respuesta adoptada bajo presión fue la mejor posible, jamás perfecta ni ideal.
 
Subsisten problemas previos y se abren nuevos escenarios de conflicto. Con policías de otras comarcas, con trabajadores públicos esenciales de todo el país incluyendo a Buenos Aires. La solución financiera, lícita, perturba la relación con el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Lo dejó con jugada única: replicar, subir el perfil e ir a la Corte Suprema de Justicia.
 

 
La movida reconoce, de modo tácito, errores previos de la administración provincial muy centrados en la figura de Sergio Berni quien desempeña mal el puesto más insalubre del sistema político argentino: ministro de Seguridad a cargo de "la mejor policía del mundo".
 
Cometido en el que fracasaron penosamente punitivistas como Aldo Rico y Carlos Stornelli. Y en el que consiguieron avances parciales protagonistas más serios, mejor rumbeados, como León Arslanián y Juan Pablo Cafiero.
 
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Les nueves policías:
 
Berni supuso que podría conducir a los Bonaerenses. Funcionarios nacionales refieren que pifió varias veces... subestimando el entuerto, sobreestimando sus dotes mientras hacía caso omiso a alertas tempranas.
 
"Le habíamos avisado a Axel" comentan en la Casa Rosada y zonas adyacentes. Encendió alarmas una demanda parecida en Misiones que el gobernador atendió velozmente. Estaban a la vista intercambios en redes sociales y foros de policías.
 
La base laboral es otra, explican autoridades nacionales y académicos versados de la provincia, casi todos afines al oficialismo. Muchos agentes o suboficiales jóvenes, sub-30, incorporados durante las gobernaciones de Daniel Scioli. Provenientes de estratos sociales pobres como suele acontecer. Con un porcentaje de personal femenino inédito y creciente.
 
Ingresar a las fuerzas de seguridad es una salida laboral para personas de extracción humilde que habitan en barrios populares. Estigmatizados por eso, opina este cronista conociendo situaciones concretas, les asisten más chances de lograr laburo en la Policía que en un supermercado; ni qué decir en un local de comercio.
 
Sueldos muy bajos, minimizados en la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal. Gente endeudada con usureros barriales, drama que aqueja a centenares de miles de argentinos de bajos ingresos. En pandemia debieron esforzarse más, perdiendo ingresos adicionales válidos y non sanctos.
 
El antropólogo José Garriga Zucal, docente en la Unsam, escribió en el portal Anfibia. Se recomienda la lectura total de la nota, se destacan algunos párrafos. "La pandemia revalorizó las tareas policiales al ubicarlos como trabajadores esenciales y eso les da más legitimidad para reclamar. Las representaciones del riesgo laboral se potenciaron con la covid-19, se volvieron aún más reales (...)"
 
"Las medidas que tomó el gobernador Kicillof la semana pasada no cayeron bien en el mundo policial. El anuncio de otorgar recursos millonarios para el tema de la seguridad sin noticias para los bolsillos de los agentes --un gesto muy poco peronista-- podría ser definido con el viejo dicho: 'Comer delante de los pobres'."
 
"Esto, sumado al desembarco de las fuerzas federales, cosechó un malestar de larga data. Y la irrupción de Gendarmería y Prefectura cayó mal porque pone en peligro negocios espurios y porque, entre líneas, es una intervención por inoperancia. A nadie le gusta que vengan a decirle lo mal que hace su trabajo".
 
Revive un debate postergado: la posibilidad de sindicalizarse. Otro académico bonaerense, Esteban Rodríguez Alzueta, la reivindica con finos argumentos en La Tecl@ Eñe, también remitimos a ese artículo.
 
Resaltamos un párrafo: "Hay que postular a los policías como ciudadanos y trabajadores. El derecho a la protesta es uno de los derechos que tienen todos los ciudadanos y trabajadores, tal vez uno de los más importantes, porque el derecho a la protesta es el derecho a tener derechos, es decir, la posibilidad de manifestar un problema. La protesta regulada (y limitada por tratarse de una actividad esencial) parece un rumbo superador, a la luz de la historia".
 
Volvamos a la crónica. Por buenas y malas razones campeaba un malestar extendido. Berni se dejó sorprender. Falló sin atenuantes la cadena de mandos policiales, describen baqueanos en esas áreas.
 
Los cuadros superiores no registraron información accesible en la previa. No mostraron capacidad para conducir la revuelta o para dialogar. En el manual político clásico las cúpulas policiales fungen como el primer fusible eyectable ante esas crisis. Asoma como factible que el gobierno provincial los remueva, como primer paso.
 
Subsistirá para semanas o meses ulteriores el enojoso dilema entre sostener a un ministro desacreditado o "entregarlo" complaciendo a los rebeldes y a la oposición.
 
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La calle es vuestra:
 
AF optó por la vía pacífica frente a la situación límite. Desalentó una movilización a su favor convocada por Juan Grabois. Desechó la tentación de mandar disolver la rebelión apelando a otras fuerzas armadas.
 
Las definiciones sensatas parten de una asimetría de la etapa: por coherencia y solidaridad el peronismo desecha ocupar masivamente el espacio público. Renuncia a una herramienta democrática central en el sistema político argentino.
 
Sus adversarios o enemigos, al contrario, la usan y abusan. Rodríguez Alzueta describe agudamente las implicancias en este caso: "No es casual que el malestar haya salido a la luz ahora, con este gobierno. Eso no habla mal del gobierno sino, en cierta manera, muy bien: este gobierno deja margen para que incluso los policías puedan presentar en el espacio público sus problemas".
 
"De la misma manera que lo hacen otros sectores y nadie es reprimido. Esto con el macrismo no pasaba porque tenía claramente otra actitud, muy antidemocrática, para con las policías y el resto de la sociedad que tomaba la calle para protestar".
 
Actuar virtuosamente, ay, a veces cuesta caro. La realidad política es, con asiduidad, injusta o cruel: no funciona como las fábulas. Maquiavelo sabía de eso más que Esopo...
 
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Otros trabajadores, otras comarcas:
 
El éxito reivindicativo de la paritaria de prepo, casi seguro, servirá de inspiración a otros trabajadores esenciales de todo el país también relegados salarialmente y con reclamos sobre la protección contra la covid-19. La derivación signará las semanas entrantes.
 
Varios gobernadores mostraron reflejos respecto de sus policías. En el Chaco Jorge Capitanich dispuso un incremento para activos y retirados. La ministra de Seguridad y el flamante jefe de la policía provincial se reunieron con los subordinados. El clima venía enrarecido porque se acaban de confirmar cesantías de agentes penitenciarios por la sublevación de 2013.
 
En Córdoba los sueldos se elevaron significativamente a partir de 2013, circunstancia que enfrentó al fallecido gobernador José Manuel de la Sota con Cristina Kirchner. Están entre los mejores del país. El actual mandatario Juan Schiaretti mejoró ahora los adicionales. Sirve rememorar que el cordobesismo se tomó revancha en las urnas contra el kirchnerismo y contra el Frente de Todos en 2015, 2017 y 2019. Daños colaterales severos.
 
El gobierno nacional, sin alharaca, estudia cómo recomponer las retribuciones de las Fuerzas bajo su mando. Analiza la posibilidad de reimputar asignaciones no remunerativas, modalidad que disimula pagos "en negro" o "en gris". La Policía Federal, es consabido, tiene los mejores sueldos comparados con las provinciales.
 
Habrá que ver si las esquirlas de esta semana influyen en dos hechos vinculados a violencia institucional. El juicio oral al policía Luis Chocobar y la investigación sobre la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro.
 
La retórica posterior a marzo enalteció sin ambages a los uniformados, los empoderó simbólicamente. No fue la causa principal que movió a los policías rebeldes... pero acaso contribuyó a darles ínfulas.
 
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Decreto deroga decreto:
 
La reasignación de partidas dispuesta por el Presidente excitó reflejos pavlovianos de (in)constitucionalistas siempre listos para defender a la derecha autóctona.
 
Un repaso sencillo debilita la gritería jurídica de Rodríguez Larreta y sus aliados. Por mandato constitucional el traspaso de la Policía Federal de Nación a la CABA tiene que hacerse con transferencia de los fondos necesarios. El ex presidente Mauricio Macri lo hizo mediante Decreto 194/2016. Decreto simple, no de Necesidad y Urgencia (DNU).
 
Infringió la norma porque dotó a su cofrade HRL de mucho más dinero que el necesario. La circunstancia fue admitida por el propio Macri que redujo una vez el porcentaje. Por el ex ministro del Interior Rogelio Frigerio (nieto) quien lo confesó de local, en el programa A Dos Voces, el video respectivo circula generosamente por Twitter.
 
Un clavo saca a otro. Un decreto deroga a otro. Suponer que una asignación presupuestaria de Macri goza de vigencia eterna es la jactancia de la derecha o sus compañeros de ruta que jamás reprobaron al decreto 194/2016.
 
La polémica legal necesita un estudio fáctico; no es lo que se apoda "cuestión de puro derecho". Cuando la Corte Suprema se dedique a tratar el tema debería ponderar verificar hechos, abrir a prueba para corroborar si la cifra transferida es la necesaria... a menos que decida arbitrariamente.
 
Un pleito de esa naturaleza demora meses o años. Rodríguez Larreta aspira a cortar camino interponiendo una medida cautelar. La actual Corte, muy flojita en su desempeño, tiene un arma para enfrentar al Gobierno y hacer méritos con el establishment.
 
En general su jurisprudencia es cauta cuando define cuestiones dinerarias entre jurisdicciones. El motivo es lógico: si al final del camino, se sentencia que la Nación debe plata tendrá que reintegrarla. Paralizar el funcionamiento de otro poder estatal para mejorar su lastimosa reputación suele tentar a los Supremos... habrá que ver.
 
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Conflictos y controversias:
 
Judicializar la política, he ahí un vicio expandido, transversal. Suponer que cualquier conducta criticable es delito, una consecuencia funesta, cotidiana.
 
Los conflictos de intereses existen, su resolución deja secuelas. Alberto Fernández explica que decidió dentro de sus competencias y corrigió un reparto injusto. Sus rivales arguyen que se venía dialogando, a tranco lentificado por la pandemia. Es cierto... tanto como que Rodríguez Larreta se inclinaba a "ceder" medio punto de la asignación con fines específicos.
 
Apurarse a resolver, sitiado por policías con armas, puede ser cuestionable según el color del cristal con que se mire. Pero no hay violación de la ley, al contrario: una reparación del favoritismo de Macri hacia su "pollo" y su distrito emblema.
 
Los intendentes conurbanos cambiemitas conocían la jugada antes del anuncio, aunque aleguen en contrario. El radical sanisidrense Gustavo Posse la valida porque quiere embolsar los fondos y se apresta a una interna provincial entre correligionarios. Los demás rezongan porque los compele su alineamiento y se aprestan a embolsar los fondos.
 
El reparto de bienes escasos provoca tensiones, alineamientos. Reverdece pasiones federales. Es la política, compañeros, correligionarios y vecinos.
 
Los gobernadores radicales cambiemitas apoyaron a Rodríguez Larreta. Seguramente sus conciudadanos disfrutan si se les quitan privilegios a los porteños.
 
Los peronistas, salvo Schiaretti, bancaron la medida presidencial. Los acompañaron mandatarios provinciales no peronistas: Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Arabella Carreras (Río Negro) y Omar Gutiérrez (Neuquén).
 
La semana en promedio resultó riesgosa para el sistema democrático y difícil para el Gobierno. Quedó sentado un precedente aciago, la peor nueva en estas horas.
 
Se perdió la elección en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un avance imperial del presidente Donald Trump que damnificará a la región y no solo "a Alberto".
 
La suma algebraica se mejora con el derrumbe del riesgo país. Y con la reanudación de los estudios para la vacuna contra el coronavirus.
 
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Síntesis provisoria:
 
La rectificación del reparto de recursos nacionales alivia a la Provincia mientras le resta algo a la CABA.
 
Rodríguez Larreta se victimizó, le sale bien. Dicen que se lanzó como candidato a presidente, tiene derecho. Deberá recorrer un largo camino. Entre otras vallas tal vez deba soportar que Macri se postule para diputado en la CABA y se lleve una carrada de votos.
 
La interna de Juntos por el Cambio vivió una mutación consecuencia del modo elegido por Alberto Fernández para salir del laberinto. Por arriba, privilegiando la paz interior, atemperando la violencia latente.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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04-01-2026 / 17:01
La doctrina "Donroe" (Donald + Monroe) arrasa con la prevención que tuvo hasta George W. Bush para no ser confundido con la ilegalidad de los setenta en América Latina. Al amigo narco de Honduras, todo; al dictador "comunista" de Venezuela, ni justicia. Sin épica, ni coherencia, ni discurso; prima la violencia de los hechos. Milei se recluye en el papel que se asignó: rabia y goce.
 
Aunque Trump gaste algunas palabras sin convicción, no promete la victoria de la libertad frente al totalitarismo como en la Guerra Fría, ni la primacía de la razón en el choque de civilizaciones desatado tras la caída del Muro de Berlín. Vocifera la guerra contra el comunismo, un enemigo casi inexistente. En rigor, el magnate no dedica mucha energía al engaño: quiere asegurar(se) negocios.
 
Ayer se cumplió un mes del indulto de Trump a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York. Testimonios tomados en cuenta por el jurado indican que Hernández recibió al menos USD 1 millón del Chapo Guzmán y que se vanagloriaba de "meter la droga a los gringos en sus narices".
 
El fallo del jurado fue unánime, pero, como Hernández es derechista y su delegado en la elección reciente de Honduras, Nasry Asfura, promete seguir la agenda ultra, Trump lo dejó en libertad. Maduro será trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico en los próximos días. Probablemente le tocará el mismo tribunal que juzgó a Hernández, pero éste lo mirará desde alguna finca de lujo entre Florida o Tegucigalpa.
 
Tampoco hay que prestar atención a los versículos sobre el amor por la democracia y contra los crímenes de lesa humanidad. Ello no está en la agenda real de Trump ni de Milei. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene pedido de captura de la Corte Penal Internacional por sus supuestos crímenes de lesa humanidad, mientras Israel como Estado es juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia.
 
Son procesos que se rigen por el derecho internacional, con acusaciones, testigos, expertos y defensas garantizados por la ley. El presidente estadounidense no sólo desconoce esos procesos, sino que activa sanciones abusivas contra investigadores, jueces y fiscales que los llevan a cabo.
 
Maduro se transformó en un dictador y está acusado de delitos contra la humanidad, pero nadie puede sospechar que un mandatario, Trump, que dispara misiles contra barcazas y coquetea con supremacistas de su país tiene alguna intención real de combatir el narcotráfico ni los abusos de los derechos humanos. Qué decir de Milei, gozador patológico con los apaleamientos a jubilados y familiares de discapacitados, y negacionista del terrorismo de Estado.
 
El Presidente y los suyos entraron en éxtasis ayer por la mañana. Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y uno de los fieles de mayor peso de gurú Santiago Caputo, se sintió poseído por un protagonismo hollywoodense para explicar la razón real del ataque de Trump a Venezuela.
 
"Why? Because we fucking can. And if we can, we do" ("¿Por qué? Porque podemos, carajo. Y si podemos, lo hacemos"). Su segundo mensaje fue contra Axel Kicillof. "Sos un zurdo hijo de puta que defiende dictadores, asesinos y narcotraficantes. No metas a los bonaerenses en tu mierda, forro", posteó el jefe de la oposición de la principal provincia argentina ante la condena del gobernador de Buenos Aires a la intervención armada yanqui.
 
No se trató de un arrebato circunscripto a un integrista católico enardecido como Romo. Pablo Quirno, veterano del JP Morgan, ahora ocupa el cargo de canciller. También se dirigió a Kicillof a través de un reposteo. "Ya que les gusta tanto el derecho, empezá por cerrar bien el orto, enano comunista". La brutalidad de la época avergüenza, pero la historia demostró que no concluye en sus destellos más revulsivos.
 

02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

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