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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Entre Ríos - 12-09-2020 / 10:09

ENERO DEL 2016

El día que Frigerio reconoció que se había transferido de más a Capital Federal

Los gobernadores de San Juan, Sergio Uñac, y de Salta, Juan Manuel Urtubey, acompañaron a Frigerio en la conferencia difundida oficialmente por Casa Rosada.

El 27 de enero de 2016, el entonces ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, realizó una conferencia de prensa en la Casa Rosada en la que anunció que modificarían el decreto que había transferido recursos a CABA porque eran más de los correspondientes al traspaso de la PFA.

Los gobernadores de San Juan, Sergio Uñac, y de Salta, Juan Manuel Urtubey, acompañaron a Frigerio en la conferencia difundida oficialmente por Casa Rosada.

En este marco, Frigerio reconocía que los montos transferidos a la Ciudad de Buenos Aires representaban más de los correspondientes al traspaso de la Policía Federal Argentina y que por ello harían otro decreto modificatorio.

"Vamos a hacer un decreto corrector del anterior en términos de fondos que tiene que ver con el porcentaje de coparticipación, pero que no tienen que ver con esta transferencia como el fondo de la soja o el fondo de viviendas", expresaba el entonces ministro del Interior y de Obras Públicas de la Nación.

No obstante, el cambio nunca llegó. Pese al reclamo de los gobernadores, los recursos hacia Capital Federal nunca se cambiaron, tal como había prometido el ministro del Interior y de Obras Públicas.

La Opinión Popular

La promesa nunca llegó pese al reclamo de los gobernadores, que este jueves salieron a respaldar al Presidente.

Desde el miércoles, cuando Alberto Fernández decidió sacarle un punto de la coparticipación a CABA para destinarlos a la provincia de Buenos Aires en el marco del levantamiento policial, desde la oposición se cuestiona la medida por arbitraria.

Incluso el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, decidió ir a la Justicia por entender que es inconstitucional.

Fuente: Babel Digital y Página Política

Los gobernadores se reunieron el 23 de enero del 2016 en San Juan para pedirle al gobierno de Mauricio Macri que modificara el Decreto 194/16 que le otorgaba a Capital Federal 3,14 puntos extras de coparticipación; más de la que correspondía por el traspaso de la Policía Federal.

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Frigerio, el centralismo porteño y el saqueo inaceptable de fondos que son de las provincias

Una parte significativa del superávit fiscal que el gobierno centralista y porteño de Javier Milei afirma registrar desde diciembre de 2023 se basa en la retención indebida de fondos que, por ley, corresponden a las provincias y que se recaudan en ellas. Según un informe de la consultora Politikón Chaco, en los primeros once meses del año, la administración libertaria habría retenido recursos no distribuidos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por una cifra cercana a los $ 730 mil millones. Pese a esta situación, el gobernador Rogelio Frigerio jamás ha presentado un reclamo contundente.

Estos ATN se integran con fondos recaudados a través de impuestos que componen la masa de la Coparticipación Federal. El monto total a entregar rondaba los $ 850 mil millones, pero solo una parte ínfima fue distribuida a 15 provincias, sin un criterio de distribución igualitario. Este panorama se reconfigura constantemente a favor del Gobierno nacional, que apela al "método Kueider" y en detrimento de los intereses del interior federal, alumbrando nuevos desafíos.

El Gobierno de Milei utiliza estos recursos retenidos como una herramienta extorsiva para conseguir respaldo en el Congreso Nacional para la sanción de las leyes clave de su proyecto "anarcocapitalista". La debilidad de ciertos gobernadores, que se traslada a sus representantes legislativos, obedece a la urgente necesidad de contar con fondos para programas provinciales vitales. Esta presión se impone por encima de los convencimientos personales o las ideologías de los mandatarios.

Se les fuerza, mediante intimidación o amenazas, a actuar en contra de sus propias posiciones políticas para obtener un beneficio económico con recursos que legalmente les corresponden. La demanda de estos fondos es crítica para el sostenimiento de: programas de educación, salud y transporte, conclusión de viviendas paralizadas y mantenimiento de rutas nacionales, cuya prioridad fue abandonada por el Gobierno libertario.

La convalidación del superávit en las cuentas públicas se logra, en gran parte, mediante el saqueo de recursos legítimos que pertenecen a las provincias y el abandono de obligaciones que competen al Estado nacional en la organización del país. El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 contempla una partida de apenas $ 122.763 millones para atender estas transferencias, una cifra que los gobernadores han calificado de insuficiente. La exigencia mínima para cubrir los déficits reales de sus jurisdicciones asciende a $ 900.000 millones.

Además, Milei ha dejado claro que no piensa restituir las transferencias a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación, desentendiéndose por completo de sus obligaciones. La Corte Suprema de Justicia ha adoptado una postura de espera, supeditando una definición sobre las cajas provinciales a que la Nación avance en la anunciada reforma previsional. Mientras tanto, el envío de fondos jubilatorios se ha paralizado, para asegurar que seremos la nación más grande y exitosa en la historia de la humanidad y el hogar de la libertad en el mundo, según Milei.

En concreto, el Gobierno nacional no garantiza los fondos para estas 13 Cajas de Jubilaciones. Entre Ríos, por ejemplo, recibe a cuentagotas el aporte para cubrir el déficit de su Caja, a pesar de que este compromiso fue asumido por la Nación en 1994, con la puesta en marcha del anterior esquema de jubilación privada. Por eso, hace 8 meses que no aumenta las jubilaciones. Esta situación se agrava con el accionar de Frigerio, en la incorporación de personal en modalidades informales con escasos o nulos aportes a la Caja, y el impacto de los bonos de aumento no bonificables que no llegan a los jubilados.

El actual esquema de reparto de recursos, con parches y distribución no automática, permite el manejo político de fondos por parte de la administración central libertaria, favorecen el clientelismo y perjudican la productividad regional. La tan anunciada reforma impositiva, que el Gobierno presentaría en febrero, debería corregir estas distorsiones. Es que ganaron 40 a 35, no 80 a 20.

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