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El clima en Paraná
"El día que la pandemia termine va a haber un banderazo de los argentinos de bien". Alberto Fernández
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Nacionales - 12-09-2020 / 08:09
ANULAN LOS PROCESAMIENTOS DE TRES MINISTROS DE MACRI, POR FAVORECER FRAUDULENTAMENTE LOS NEGOCIOS DEL PROPIO MACRI

Jueces y grandes medios porteños sostienen la impunidad del macrismo

Jueces y grandes medios porteños sostienen la impunidad del macrismo
Camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. Una “fuerza de tareas” macrista en la Cámara Federal para garantizar la impunidad de los ex funcionarios macristas.
El negociado con las autopistas debe ser uno de los más descarados en la historia de los negociados en este país. Tres días antes de que Mauricio asumiera la presidencia, una empresa concesionaria de autopistas, en la que los Macri eran socios, hizo una denuncia imposible de ganar. Cualquiera diría que fue hecha para aprovechar la circunstancia.
 
Acusaron al Estado argentino por "tarifas atrasadas" y exigieron una indemnización de 1100 millones de dólares. En condiciones normales era para cajonear, pero Macri, ya en la Presidencia, le dio 500 millones de dólares a su empresa para que la retirara. Un circo completo.
 
Además, con la excusa de la denuncia trucha, el gobierno macrista reformuló los contratos, les dio la concesión por 30 años y dolarizó las tarifas. Con esas condiciones ultra favorables las acciones de la empresa se dispararon de cuatro pesos a casi 80 en poco tiempo, entonces el presidente Macri vendió su parte.
 
La decisión de los jueces Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun de desprocesar al extitular de Vialidad, Javier Iguacel, al exministro de Transporte, Guillermo Dietrich y otros funcionarios que ya habían sido procesados en primera instancia por su participación en la jugada, devela el dispositivo perverso que armó el macrismo en el Poder Judicial.
 
La vicepresidenta fue clara en sus tuits: "Ayer se comprobó que a Bruglia y Bertuzzi los quieren mantener ilegalmente en la Cámara Federal para garantizar la impunidad de Macri y sus funcionarios. Uno de ellos anuló el procesamiento de Dietrich, Iguacel y Dujovne, por la estafa de las autopistas de más de U$D 600 millones".
 

 
El pronunciamiento de la Cámara quedó tapado por el levantamiento de la bonaerense. Se produjo además cuando el macrismo se niega a investigar la designación irregular de diez jueces, uno de ellos, Bruglia, y tampoco quiso discutir el proyecto de reorganización de la justicia federal.
 
Con indignada indignación respaldada por la indignada corporación de medios, el macrismo dijo que con estas medidas, el peronismo trataba de lograr impunidad para Cristina Kirchner y otros ex funcionarios perseguidos por el lawfare.
 
Pero la decisión de la Cámara apunta en la dirección contraria, como dijo la vicepresidenta. Los que fueron desprocesados por jueces que están en la mira por sus acciones favorables al gobierno macrista, son ex funcionarios macristas.
 
El gobierno de los Ceos gobernó para sus empresas al tiempo que se derrumbaban todos los índices de la macroeconomía, desde la inflación, la deuda externa, la fuga de capitales, el desempleo y la pobreza. Y operó sobre el Poder Judicial para hacerlo encajar en esa política depredadora del Estado.
 
Iguacel tiene gran cantidad de denuncias por corrupción en la obra pública, en su mayoría para favorecer a empresas del Grupo Macri y también por obras mal hechas, como un puente ferroviario tan estrecho que no podían pasar los trenes. Dietrich también ha sido acusado en, por lo menos, tres causas, incluyendo la de las autopistas.
 
El negociado de las autopistas en el que intervinieron Dietrich e Iguacel es tan flagrante, que la Cámara evitó meterse en la cuestión de fondo y los desprocesó con argumentos tecnicistas. Iguacel y Dietrich tienen ese historial. Irurzun es el juez de la Cámara que promovió la llamada "doctrina" para encarcelar --contra todo principio de presunción de inocencia-- a ex funcionarios peronistas sin condena en firme. Y es el que desprocesó ahora a Iguacel y Dietrich. Leopoldo Bruglia es uno de los dos jueces que Macri nombró por decreto sin pasar por el Senado como establece la Constitución. Y es el otro juez que desprocesó ahora a los ex funcionarios macristas involucrados en esa millonaria jugarreta para esquilmar al Estado.
 
Las decisiones de estos magistrados parecen ser consecuentes con la misma carga política. Con este dictamen le pasaron el problema de fondo al juez Julián Ercolini que, junto con Claudio Bonadío, era el juez favorecido misteriosamente por el sorteo de las causas que armaban los servicios de inteligencia contra ex funcionarios kirchneristas. Esas denuncias eran profusamente difundidas por las corporaciones de medios que ahora ignoran olímpicamente las causas de corrupción del macrismo.
 
Las campañas mediáticas promovieron situaciones como la que se produjo esta semana cuando los habitantes del country Ayres de Pilar impidieron el ingreso del empresario Lázaro Báez a su vivienda al ser beneficiado por la detención domiciliaria. Sin embargo, los vecinos de Iguacel y Dietrich no han reaccionado de la misma manera, a pesar de este negociado de las autopistas. Así funciona el sistema de medios y el sistema judicial que han sido tan funcionales al macrismo.
 
Son sistemas que accionan como parte del problema cuando tendrían que ser parte de la solución, al igual que la policía bonaerense que tuvo en vilo durante dos días a los argentinos con un conflicto desmedido y con ribetes antidemocráticos y golpistas graves.
 
Si el presidente calificaba de golpistas a los policías bonaerenses que rodearon armados la Quinta de Olivos y la casa de gobierno de la provincia de Buenos Aires, no dejaba margen de negociación. A los golpistas se los encarcela y se los expulsa. El discurso de Alberto Fernández fue enérgico, pero le bajó el perfil.
 
Superada esta fase de un conflicto en el que se mezclaron muchas variables, desde los que participaron por el reclamo gremial hasta los exonerados y los retirados, habría que diferenciar. Y separar el afluente politizado que intervino en toda esa maraña y quiso darle al movimiento un cariz macrista antigobierno al estilo de los policías golpistas bolivianos.
 
Aunque se diga que las reivindicaciones eran correctas, en la misma situación está la mayoría del pueblo porque la pandemia deprimió la economía. Lo que se vio fue a otro grupo, como los que se han manifestado durante la pandemia, al que no le importa la crisis que sufre la sociedad en su conjunto.
 
Se apiñaron y crearon focos de infección cuando están muriendo miles de argentinos, mientras otros que han perdido sus trabajos o mantienen salarios deprimidos, se mantuvieron en sus casas asumiendo la responsabilidad de no contagiar al prójimo.
 
Cuando la pandemia le puso una pistola en la nuca que le impide el movimiento a la sociedad, este colectivo se movilizó para plantear su problemática. Se supone que son los que deben proteger a las personas cuando un chorro las encañona y no aprovechar esa situación para sacar unos pesos.
 
Cuando rodearon la casa de gobierno de la provincia y la Quinta de Olivos, hubo miles de personas que se reprimieron para no movilizarse en defensa de la democracia. Hubo un colectivo responsable y otro irresponsable. Pero el de los irresponsables fue el de los policías, que se supone que están para cuidar de los irresponsables a la sociedad.
 
Alberto Fernández asumió con responsabilidad el conflicto y resolvió con política la situación creada por irresponsables. Pero la policía bonaerense, como institución, mostró falta de profesionalismo y vocación de servicio. El conflicto volvió a plantear la necesidad de reestructurar esta agrupación de 90 mil hombres armados y diseminados en el territorio, prácticamente inmanejable, así como revisar las formas de reclutamiento y, sobre todo, la formación de los cuadros policiales.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página12
 

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26-09-2020 / 10:09
El presidente Alberto Fernández mostró su fastidio por las actitudes del presidente del Tribunal, Carlos Rosenkrantz, y lo criticó en dos ocasiones. Por su actitud frente a la política de género y, fundamentalmente, por su activa participación en defensa de los jueces trasladados a dedo por el macrismo.
 
"¿Cuál es la disyuntiva que tiene el presidente de la Corte de con tanto ahínco impulsar esto? ¿Qué es lo que está buscando?", se preguntó Alberto respecto a la decisión de Rosenkrantz de convocar a un acuerdo extraordinario en el máximo tribunal para tratar los recursos presentados por los jueces macristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, quienes buscan impedir sus traslados.
 
Para entender mejor las palabras de Fernández hay que saber que había trascendido la información de un encuentro reservado entre Rosenkrantz y Mauricio Macri para decidir una estrategia para tratar de mantener en sus puestos a estos jueces movidos a dedo por el ex presidente.
 
"Me llama mucho la atención por los comentarios que me llegan, por cosas que se ven dentro de la Corte, porque, la verdad, lo único que estamos haciendo es establecer un orden perdido por el gobierno anterior", expresó el Presidente complementando otras críticas al Tribunal por las demoras en la aplicación de la ley Micaela en el Poder Judicial. La Corte emitió luego un comunicado respondiendo sólo a este último punto.
 
En las dos intervenciones del Presidente, los cuestionamientos estuvieron dirigidos principalmente a Rosenkrantz, ex abogado del Grupo Clarín, a quien en Gobierno ya ven actuando en sintonía con la estrategia del macrismo y de los grandes medios porteños afines. 
 

26-09-2020 / 08:09
La repetición de marchas de Juntos por el Cambio, como la del miércoles en Tribunales, con el cardumen estrafalario y agresivo que convocan, se ha vuelto cada vez menos influyente. La sociedad se acostumbró a esos discursos exaltados y fuera de caja y los colocó en el estante de la rutina.
 
Cuando el abuso ya produjo acostumbramiento, el peligro es creer que esas performances del grotesco equivalen a ganar la calle en un sentido político. En particular, el riesgo para la oposición es fabricar una burbuja con la avalancha de columnistas indignados y creer que es un clima extendido. Por otro lado, la sobredosis de marchas y periodistas inflamados muestra el lanzamiento de la oposición al año electoral.
 
"La estrepitosa caída de la imagen presidencial", fue el título de una columna en La Nación esta semana. Dice que el fenómeno se relaciona con la confirmación del poder de Cristina en el gobierno (que no demuestra) y despliegan una encuesta de Synopsis que marca 41 por ciento de imagen positiva para Alberto Fernández. La semana pasada distribuyeron otra de Management & Fit que daba la misma cifra.
 
La frase de Patricia Bullrich donde les dice a sus correligionarios que la sociedad ya los visualiza como el reemplazo del actual gobierno forma parte de esta estrategia que busca disipar el derrotismo que se extendió en las filas de Juntos por el Cambio, donde muchos decían que se iban del país. La idea de irse después de la derrota fue una expresión de despecho y derrotismo como la del novio abandonado en plena boda.
 
La derecha intenta capitalizar un clima raro en la sociedad que está más relacionado con la pandemia que con las marchas piruchas de los anticuarentena. 
 

25-09-2020 / 10:09
El diputado Carlos Heller viene de enfrentar el lobby más poderoso y simultáneo que se haya ejercido este año sobre los tres poderes del estado. El resultado de esas gestiones corporativas terminará de conocerse hoy, cuando la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja finalmente emita su dictamen sobre el proyecto con su firma y la de Máximo Kirchner para establecer un impuesto por única vez sobre las grandes fortunas de más de $200 millones.
 
Pero la trama secreta del cabildeo está a punto de cumplir seis meses e incluye a banqueros, industriales, supermercadistas, contratistas, barones de la energía, jueces, fiscales, diputados y senadores. Y por supuesto, también al binomio presidencial.
 
El episodio más tenso se vivió en un almuerzo en la City dos semanas atrás, cuando Heller recibió en su oficina del Credicoop al dueño del Macro, Jorge Brito, con quien compitió durante casi 40 años y con quien discutió en ese lapso decenas de leyes, decretos y resoluciones de distintos gobiernos.
 
Brito expuso su plan A: quería que el oficialismo retirara el proyecto y lo cambiara por una sobrealícuota de Ganancias por única vez para hacer frente a los gastos derivados de la pandemia. Aseguró que con ese instrumento el Estado podría cosechar la misma recaudación y no ahuyentar inversiones ni darle a la oposición elementos para agitar fantasmas de expropiaciones masivas.
 
Ante la negativa de Heller, Brito acudió a Máximo Kirchner con otra impugnación al proyecto teñida de un súbito orgullo nacionalista: que pretende gravar a los dueños de grandes fortunas argentinos pero no a los dueños extranjeros de empresas radicadas en el país. Puso como ejemplo a Alfredo Coto, quien debería oblar la alícuota máxima del 3,5% en caso de aprobarse el tributo, pero cuyos competidores extranjeros -los dueños de Carrefour o Walmart, por caso- no estarían alcanzados.
 
La misma "injusticia" que podría interpretarse que hay entre él y a Ana Botín, la heredera del imperio Santander, si se analizara solamente el DNI de cada uno y no un proyecto de emergencia para cubrir una cuarta parte del costo que tuvo para el fisco el paquete de medidas para sostener a la economía durante el peor cimbronazo desde el crac de 2001-2002.
 
Quien planteó la misma objeción pero por interpósita persona fue Marcos Marcelo Mindlin, factótum del grupo Pampa Energía y discreto comprador de IECSA, la constructora insignia del grupo Macri que comandó hasta 2017 el primo hermano de Mauricio, Ángelo Calcaterra.
 
"Marcelo", como lo llamó afectuosamente Alberto Fernández cuando inauguraron juntos su última usina eléctrica a fines de junio, hizo llegar su inquietud directamente a Olivos. Tampoco obtuvo respuesta inmediata.
 

25-09-2020 / 10:09
El Gobierno de Alberto Fernández rescindió este jueves los contratos denominados de Participación Público Privada (PPP) para construir autopistas, en acuerdo con las empresas concesionarias. El PPP fue una fracasada iniciativa del ex ministro macrista de Transporte, Guillermo Dietrich, que dedicó más de un año y millonarios recursos a un sistema muy polémico por los costos financieros astronómicos que genera, al punto que en el Reino Unido, su país de creación, recibió críticas demoledoras del Parlamento británico.
 
El esquema público-privado del macrismo fue un fracaso y era ruinoso para el Estado. El costo de las obras iba a ser el triple del que correspondía y esos contratos en dólares representaban un gigantesco negocio para unos pocos. Al hacer el anuncio, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, dijo que el "esquema público-privado del macrismo fue un fracaso y era ruinoso para el Estado, ya que beneficiaba al sector financiero y las obras prometidas no se hicieron".
 
"El costo de las obras iba a ser el triple del que correspondía y esos contratos en dólares representaban un gigantesco negocio para unos pocos", agregó Katopodis. De esa forma, el Ministerio de Obras Públicas llegó a un acuerdo con la contratista a cargo de los corredores E y F, en el marco de un proceso de extinción de los contratos que comenzó en mayo con la intimación a las empresas concesionarias de seis corredores viales.
 
Así, a dos años de la fallida implementación del esquema de PPP, diseñado en la gestión del ex presidente Mauricio Macri, el Gobierno actual inició un proceso de rescisión de los leoninos contratos con las empresas que están a cargo de las concesiones de seis corredores viales, frente a la detección de "irregularidades e incumplimientos por parte de las concesionarias en sus obligaciones".
 

24-09-2020 / 10:09
Jeanine Áñez, quien llegó a la presidencia de Bolivia luego de un golpe de estado, afirmó que el gobierno de Alberto Fernández legítimo y democráticamente electo en Argentina, junto al destituido presidente Evo Morales "atentan violentamente contra la democracia boliviana". La cancillería argentina repudió los dichos de la presidenta de facto al considerarlos una mera especulación electoralista.
 
Áñez, presidenta de facto de Bolivia, denunció que el gobierno argentino respalda una conspiración violenta de Evo Morales contra la democracia de su país. La presidenta interina habló durante el segundo día de la Asamblea General de la Organización de Naciones de Unidas (ONU). Áñez se bajó de la carrera electoral luego de que las encuestas la ubicaran lejos de Luis Arce, candidato del Movimiento al Socialismo (MAS).
 
En su imperdible el discurso ante la ONU hablando de peronismo, dijo: "Quiero denunciar ante el mundo el acoso sistemático y abusivo que ejerce desde Argentina el gobierno kirchnerista", sostuvo Áñez. Además definió al poder ejecutivo argentino como una "casta populista" que no duda en utilizar "métodos abusivos para sostener sus planes".  Además, con descaro agregó que "América Latina, no ha superado la amenaza autoritaria". Muy de Clarín.
 
El gobierno argentino no tardó en responderle rotundamente. "La Cancillería argentina lamenta que en su intervención del día de hoy ante la Asamblea General de la ONU la señora Jeanine Áñez haya insistido en procurar involucrar al gobierno argentino, en plena campaña electoral, en la política interna del Estado Plurinacional de Bolivia," twiteó el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá.
 
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