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Entre Ríos - 11-09-2020 / 18:09
JUDICIALIZANDO LA POLÍTICA: FUE DENUNCIADO EN LA JUSTICIA FEDERAL POR UN DIPUTADO DE CAMBIEMOS

Absuelven a Marcelo Casaretto en la causa por violación de la veda electoral

Absuelven a Marcelo Casaretto en la causa por violación de la veda electoral
La Justicia absolvió a Marcelo Casaretto, en la causa que se investigó tras la acusación de haber, supuestamente violado la veda electoral en la campaña política de 2019. Para el juez no hubo elementos probatorios.
 
El Juez Federal de Paraná Leandro Ríos absolvió a Marcelo Casaretto, en la causa que se investigó tras la acusación de haber, supuestamente violado la veda electoral en la campaña política de 2019. Para el juez no hubo elementos probatorios.
 
La denuncia fue presentada en la Justicia Federal por el diputado provincial Esteban Vittor, por entender el legislador de Cambiemos que Casaretto había participado de actos partidarios y administrativos del gobierno provincial en varias localidades de la provincia de Entre Ríos.
 
Conocida la resolución del juez federal, que descarta la acusación del diputado del PRO Esteban Vitor y del Fiscal Carlos García Escalada, Casaretto expresó: "Teníamos razón. Las cuestiones políticas no deben judicializarse. Asunto terminado, a seguir trabajando, como todos los días".
 
 
En su fallo, el juez Ríos, indicó: "No puede dejar de señalarse las falencias de la investigación conducida por el fiscal electoral en la cual no existen constancias de diligencias tendientes a corroborar los hechos denunciados (vgr. oficios a Facebook o Twitter para la preservación e identificación de las publicaciones, IP desde las cuales se generaron estas, secuestro de ordenadores -en diversos formatos­ del imputado, ID de los post, logs de conexión, monitoreo web, entre otros), todo ello, con la correspondiente intervención de un perito en informática para la extracción de los datos informáticos y desde una computadora oficial que permita corroborar el historial de navegación y la correspondiente asignación de un valor HASH que garantice su intangibilidad, pues en la información colectada por el escribano no ha establecido siquiera un protocolo de acceso verificable (acerca de la recolección de datos de tráfico y datos de conexión".
 
"Nada de esto ha asegurado el órgano acusador en este proceso penal electoral y, por lo tanto, resulta en esta instancia final de juzgamiento imposible de comprobar la autenticidad e integridad de las publicaciones atribuidas a Casaretto, con el grado de certidumbre que cualquier sanción penal reclama como presupuesto válido de imposición".
 
"Dicho de otra manera, las capturas de pantalla aportadas por el denunciante y utilizadas por el Fiscal en forma exclusiva para fundamentar su acusación, sin otra actividad probatoria complementaria, acarrea un déficit en la recolección y aseguramiento de la prueba incriminatoria, que la descalifican como aquella actividad de la parte destinada a generar la certidumbre judicial", indicó el magistrado, para resaltar: "Es que, ante la ausencia y/o deficiencias de probanzas sobre la autenticidad e integridad de las publicaciones, coloca a esta magistratura en la insuperable situación de la «duda razonable» en relación a los ineludibles extremos fácticos de autoría y entidad de las publicaciones indiciarias, en particular a su trazabilidad, integridad y demás circunstancias de tiempo modo y lugar".
 
"Consecuentemente, la desidia señalada obstaculiza toda certeza jurídica - procesal sobre la ocurrencia de los hechos atribuidos al imputado. Bajo tales parámetros, la descripción del funcionamiento sistemático de la teoría del delito y de las distintas indicaciones legales o jurisprudenciales dirigidas al intérprete, demuestra que el Principio de in dubio pro reo, tiene diferente intensidad en la reconstrucción judicial del supuesto de hecho", valoró Ríos, por lo que dispuso la absolución del expresidente del IAPV y actual diputado nacional.
 
Fuente: UNO
 
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Lo que debía convertirse en el primer triunfo del nuevo Congreso libertario se transformó en una seria complicación y atenuó la euforia del gobierno de los Hermanos Milei, que pasó de celebrar con estrépito una victoria a advertir que había sufrido otra derrota, en ambas cámaras del Congreso y también en las calles. La media sanción que obtuvo en Diputados el proyecto de Presupuesto de ajuste resultó un tiro en el pie del programa económico, debido a que los legisladores rechazaron el Capítulo 11 que hacía caer una serie de gastos necesarios, incluidos áreas como educación, discapacidad y asignaciones familiares, pero incompatibles con la política libertaria. Rogelio Frigerio, el cómplice que apoyó todo, quedó helado.
 
La derrota fue consecuencia de una errónea estrategia parlamentaria. El proyecto fue aprobado en general, pero la votación fue negativa para el renglón que incluía la derogación del financiamiento universitario, fondos para atender la discapacidad, el recorte de subsidios energéticos (zona fría), el pago de compensaciones a Cammesa y el giro de la cuota de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires (añadido a último momento para salvar la votación).
 
Los diputados alineados con Frigerio y los sectores que acompañan la gestión de Milei votaron a favor del proyecto: Beltrán Benedit (La Libertad Avanza), Andrés Laumann (La Libertad Avanza), Alicia Fregonese (PRO) y Francisco Morchio (Encuentro Federal / PRO-ER), Estos legisladores votaron el Presupuesto 2026 sin decir una sola palabra en su defensa, siguiendo al gobernador en su apoyo total al anarco capitalista y su nefasto experimento económico. Un silencio cómplice que perjudica a Entre Ríos. Frigerio tendrá que gestionar la provincia con menores recursos, el PRO diluido y La Libertad Avanza al acecho de la gobernación en 2027, que de momento no piensan en compartir la fórmula.
 
Pero el bochorno mayor fue la compra de voluntades con los ATN previo a la votación. A lo Kueider. Pero los ATN no son un premio ni deben comprar nada; son de las provincias. El Presupuesto aprobado ha generado una fuerte controversia por su impacto negativo en las arcas provinciales. Aunque el Gobierno de Milei logró el apoyo de varios gobernadores a cambio de "limosnas" en ATN, el esquema general profundiza un modelo de saqueo fiscal que recae directamente sobre el interior federal. Veamos un detalle de los puntos por los cuales este presupuesto perjudica a las provincias:
 
- Continua el "cepo" a la Obra Pública. El presupuesto 2026 consolida la decisión de no iniciar nuevas obras públicas con fondos nacionales. La mayoría de las provincias dependen de los giros de la Nación para infraestructura (rutas, escuelas, cloacas). El nuevo esquema traslada esa responsabilidad financiera a las provincias o al sector privado, lo cual es inviable para muchas jurisdicciones del interior. Incluso el mantenimiento de rutas nacionales carece de partidas suficientes en términos reales, lo que se traduce en accidentes y muertes.
 
- Siguen las transferencias discrecionales como "Moneda de Cambio". Si bien las transferencias automáticas (ley de coparticipación) se mantienen, las transferencias no automáticas (fondos discrecionales y ATN) se han convertido en una herramienta de extorsión política. El presupuesto le da a Milei un amplio margen para decidir a quién enviar fondos extras (Aportes del Tesoro Nacional - ATN). Esto obliga a los gobernadores a negociar "voto a voto" y apoyar cada ley en el Congreso para obtener fondos que antes llegaban de forma regular.
 
- Se profundiza el desfinanciamiento de educación y salud. Aunque el Congreso logró rechazar el artículo que derogaba la Ley de Financiamiento Universitario, el presupuesto general mantiene techos de gasto muy bajos. La eliminación definitiva de fondos que antes cubría Nación obliga a las provincias a usar recursos propios para pagar salarios docentes si no quieren que los sueldos caigan mucho frente a la inflación. Además, varias provincias (incluida Entre Ríos) mantienen el reclamo por la falta de giro de fondos para cubrir los déficits de sus cajas de jubilaciones no transferidas, un punto que el presupuesto 2026 no resuelve de manera automática. Esto obligará a mayores ajustes provinciales.
 
Uno de los puntos más críticos, denunciado por el entrerriano Guillermo Michel, es la Reducción de la Coparticipación en la Reforma Laboral truculenta, que no tiene nada a favor de los trabajadores y que se trata en el Senado, y afecta al presupuesto. La reducción de contribuciones patronales y cambios en el Impuesto a las Ganancias de sociedades, para beneficiar a los más ricos, implica una caída en la recaudación nacional. Al ser impuestos coparticipables, cualquier baja en su recaudación reduce automáticamente la masa de dinero que la Nación envía a las provincias. Se estima que esta reforma podría costar cerca del 0,8% del PBI, afectando directamente los fondos que reciben las provincias. 
 

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