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Entre Ríos - 11-09-2020 / 18:09
JUDICIALIZANDO LA POLÍTICA: FUE DENUNCIADO EN LA JUSTICIA FEDERAL POR UN DIPUTADO DE CAMBIEMOS

Absuelven a Marcelo Casaretto en la causa por violación de la veda electoral

Absuelven a Marcelo Casaretto en la causa por violación de la veda electoral
La Justicia absolvió a Marcelo Casaretto, en la causa que se investigó tras la acusación de haber, supuestamente violado la veda electoral en la campaña política de 2019. Para el juez no hubo elementos probatorios.
 
El Juez Federal de Paraná Leandro Ríos absolvió a Marcelo Casaretto, en la causa que se investigó tras la acusación de haber, supuestamente violado la veda electoral en la campaña política de 2019. Para el juez no hubo elementos probatorios.
 
La denuncia fue presentada en la Justicia Federal por el diputado provincial Esteban Vittor, por entender el legislador de Cambiemos que Casaretto había participado de actos partidarios y administrativos del gobierno provincial en varias localidades de la provincia de Entre Ríos.
 
Conocida la resolución del juez federal, que descarta la acusación del diputado del PRO Esteban Vitor y del Fiscal Carlos García Escalada, Casaretto expresó: "Teníamos razón. Las cuestiones políticas no deben judicializarse. Asunto terminado, a seguir trabajando, como todos los días".
 
 
En su fallo, el juez Ríos, indicó: "No puede dejar de señalarse las falencias de la investigación conducida por el fiscal electoral en la cual no existen constancias de diligencias tendientes a corroborar los hechos denunciados (vgr. oficios a Facebook o Twitter para la preservación e identificación de las publicaciones, IP desde las cuales se generaron estas, secuestro de ordenadores -en diversos formatos­ del imputado, ID de los post, logs de conexión, monitoreo web, entre otros), todo ello, con la correspondiente intervención de un perito en informática para la extracción de los datos informáticos y desde una computadora oficial que permita corroborar el historial de navegación y la correspondiente asignación de un valor HASH que garantice su intangibilidad, pues en la información colectada por el escribano no ha establecido siquiera un protocolo de acceso verificable (acerca de la recolección de datos de tráfico y datos de conexión".
 
"Nada de esto ha asegurado el órgano acusador en este proceso penal electoral y, por lo tanto, resulta en esta instancia final de juzgamiento imposible de comprobar la autenticidad e integridad de las publicaciones atribuidas a Casaretto, con el grado de certidumbre que cualquier sanción penal reclama como presupuesto válido de imposición".
 
"Dicho de otra manera, las capturas de pantalla aportadas por el denunciante y utilizadas por el Fiscal en forma exclusiva para fundamentar su acusación, sin otra actividad probatoria complementaria, acarrea un déficit en la recolección y aseguramiento de la prueba incriminatoria, que la descalifican como aquella actividad de la parte destinada a generar la certidumbre judicial", indicó el magistrado, para resaltar: "Es que, ante la ausencia y/o deficiencias de probanzas sobre la autenticidad e integridad de las publicaciones, coloca a esta magistratura en la insuperable situación de la «duda razonable» en relación a los ineludibles extremos fácticos de autoría y entidad de las publicaciones indiciarias, en particular a su trazabilidad, integridad y demás circunstancias de tiempo modo y lugar".
 
"Consecuentemente, la desidia señalada obstaculiza toda certeza jurídica - procesal sobre la ocurrencia de los hechos atribuidos al imputado. Bajo tales parámetros, la descripción del funcionamiento sistemático de la teoría del delito y de las distintas indicaciones legales o jurisprudenciales dirigidas al intérprete, demuestra que el Principio de in dubio pro reo, tiene diferente intensidad en la reconstrucción judicial del supuesto de hecho", valoró Ríos, por lo que dispuso la absolución del expresidente del IAPV y actual diputado nacional.
 
Fuente: UNO
 
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08-12-2025 / 20:12
Una parte significativa del superávit fiscal que el gobierno centralista y porteño de Javier Milei afirma registrar desde diciembre de 2023 se basa en la retención indebida de fondos que, por ley, corresponden a las provincias y que se recaudan en ellas. Según un informe de la consultora Politikón Chaco, en los primeros once meses del año, la administración libertaria habría retenido recursos no distribuidos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por una cifra cercana a los $ 730 mil millones. Pese a esta situación, el gobernador Rogelio Frigerio jamás ha presentado un reclamo contundente.
 
Estos ATN se integran con fondos recaudados a través de impuestos que componen la masa de la Coparticipación Federal. El monto total a entregar rondaba los $ 850 mil millones, pero solo una parte ínfima fue distribuida a 15 provincias, sin un criterio de distribución igualitario. Este panorama se reconfigura constantemente a favor del Gobierno nacional, que apela al "método Kueider" y en detrimento de los intereses del interior federal, alumbrando nuevos desafíos.
 
El Gobierno de Milei utiliza estos recursos retenidos como una herramienta extorsiva para conseguir respaldo en el Congreso Nacional para la sanción de las leyes clave de su proyecto "anarcocapitalista". La debilidad de ciertos gobernadores, que se traslada a sus representantes legislativos, obedece a la urgente necesidad de contar con fondos para programas provinciales vitales. Esta presión se impone por encima de los convencimientos personales o las ideologías de los mandatarios.
 
Se les fuerza, mediante intimidación o amenazas, a actuar en contra de sus propias posiciones políticas para obtener un beneficio económico con recursos que legalmente les corresponden. La demanda de estos fondos es crítica para el sostenimiento de: programas de educación, salud y transporte, conclusión de viviendas paralizadas y mantenimiento de rutas nacionales, cuya prioridad fue abandonada por el Gobierno libertario.
 
La convalidación del superávit en las cuentas públicas se logra, en parte, mediante el saqueo de recursos legítimos que pertenecen a las provincias y el abandono de obligaciones que competen al Estado nacional en la organización del país. El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 contempla una partida de apenas $ 122.763 millones para atender estas transferencias, una cifra que los gobernadores han calificado de insuficiente. La exigencia mínima para cubrir los déficits reales de sus jurisdicciones asciende a $ 900.000 millones.
 
Además, Milei ha dejado claro que no piensa restituir las transferencias a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación, desentendiéndose por completo de sus obligaciones. La Corte Suprema de Justicia ha adoptado una postura de espera, supeditando una definición sobre las cajas provinciales a que la Nación avance en la anunciada reforma previsional. Mientras tanto, el envío de fondos jubilatorios se ha paralizado, para asegurar que seremos la nación más grande y exitosa en la historia de la humanidad y el hogar de la libertad en el mundo, según Milei.
 
En concreto, el Gobierno nacional no garantiza los fondos para estas 13 Cajas de Jubilaciones. Entre Ríos, por ejemplo, recibe a cuentagotas el aporte para cubrir el déficit de su Caja, a pesar de que este compromiso fue asumido por la Nación en 1994, con la puesta en marcha del anterior esquema de jubilación privada. Esta situación se agrava con el accionar de Frigerio, en  la incorporación de personal en modalidades informales con escasos o nulos aportes a la Caja, y el impacto de los bonos de aumento no bonificables que no llegan a los jubilados.
 
El actual esquema de reparto de recursos, con parches y distribución no automática, permite el manejo político de fondos por parte de la administración central libertaria, favorecen el clientelismo y perjudican la productividad regional. La tan anunciada reforma impositiva, que el Gobierno presentaría en febrero, debería corregir estas distorsiones. Es que ganaron 40 a 35, no 80 a 20.

08-12-2025 / 10:12
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