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Nacionales - 11-09-2020 / 11:09
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Los jueces macristas Bruglia e Irurzun anularon procesamientos de ex funcionarios macristas

Los jueces macristas Bruglia e Irurzun anularon procesamientos de ex funcionarios macristas
La Cámara Federal declaró que son nulos los procesamientos que había dictado el juez Rodolfo Canicoba Corral en la causa sobre el fraude con los peajes. La decisión fue firmada por Leopoldo Bruglia, cuya designación por el mecanismo de traslado durante es defendida por el macrismo, y por Martín Irurzun, uno de los autores de la doctrina que lleva su nombre, y que fue funcional al gobierno de Mauricio Macri para encarcelar a exfuncionarios K.
La Cámara Federal declaró que son nulos los procesamientos que había dictado el juez Rodolfo Canicoba Corral en la causa sobre el fraude con los peajes y la concesión de autopistas contra el exministro de Transporte Guillermo Dietrich, el extitular de Hacienda Nicolás Dujovne, el exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías y el exdirector de Vialidad Javier Iguacel.
 
La decisión fue firmada por Leopoldo Bruglia, cuya designación por el mecanismo de traslado durante es defendida por el macrismo, y por Martín Irurzun, uno de los autores de la doctrina que lleva su nombre, y que fue funcional al gobierno de Mauricio Macri para encarcelar a exfuncionarios K.
 
El argumento de los camaristas es que los imputados no habían tenido acceso a las pruebas en su contra antes de ser indagado pese a que las habían requerido. La causa, tras la jubilación de Canicoba, está a cargo del juez Julián Ercolini, que deberá decidir cómo continúa e, incluso, si acepta como querellante a la Unidad de Información Financiera (UIF) que ayer realizó la solicitud.
 
La resolución de la Cámara se conoció, curiosamente, en los estertores de la crisis que desató la rebelión policial bonaerense, como si los jueces pretendieran que pasara desapercibida. Dietrich, Iguacel y Saravia Frías habían sido procesados por administración fraudulenta, mientras que a Dujovne, Canicoba Corral le atribuyó abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
 
Para el juez hubo durante el gobierno de Cambiemos un claro negociado para favorecer a las concesionarias de la Panamericana y el Acceso Oeste, entre las cuales estaba la empresa Autopistas del Sol (Ausol), de la que el grupo Macri tenía parte del paquete accionario, lo que generaba un perjuicio millonario al Estado. Los camaristas Bruglia e Irurzun no analizaron los delitos en juego ni tampoco los hechos. 
 

 
Encontraron un argumento técnico escueto para hacer lugar al pedido de los exfuncionarios que habían sido procesados: "Si el pronunciamiento se apoya sobre pruebas que previamente no se tuvo posibilidad de controlar o confrontar para alegar sobre ellas, se genera un perjuicio directo sobre el derecho de defensa. El procesamiento así dictado es nulo". Agregaron que "la declaración indagatoria debe cumplir con requisitos básicos de informar los hechos y pruebas en contra del imputado" y que se deben poner a disposición las pruebas antes de definir la situación procesal.
 
Canicoba Corral señaló a Página/12: "Cuando los imputados plantearon estas nulidades hasta el fiscal Carlos Stornelli estuvo de acuerdo en que había que rechazarlas. Tuvieron acceso a casi toda la causa, fue una mínima parte la que, en el contexto de la pandemia, no se pudo digitalizar.
 
Podían examinar el expediente también después de la indagatoria e incluso pedir una ampliación si era un tema de acceso a la prueba. La causa estuvo a disposición. No entiendo cuál es el agravio. El tema es que no pueden esgrimir una defensa y no tienen nada que objetar; tampoco se detuvo a nadie ni hubo secreto de sumario.
 
La prueba que hay es contundente y buena parte es prueba documental, además de las declaraciones del exprocurador del tesoro Carlos Balbín y la exdirectora de Jurídicos de Vialidad, Julieta Ripoli. Yo hice lo que tenía que hacer hasta mi ultimo día de trabajo sin recibir ninguna presión ni nada. Me parecía una falta de ética dejarle al colega que le tocara subrogar el juzgado la resolución de una causa de estas características".
 
Los ejes que Canicoba Corral en cuenta al dictar los procesamientos y que pintan la maniobra eran:
 
* Tres días antes de que Mauricio Macri asumiera la presidencia, la empresa de la que su familia formaba parte, Ausol, inventó una demanda contra el Estado ante el CIADI (un tribunal arbitral internacional) por supuestos retrasos tarifarios formalmente presentada por su socia Abertis. Por entonces estaba cerca del fin la concesión y habían pasado 14 años desde la pesificación de las tarifas. Buscaban renegociar el contrato y conseguir indemnización del Estado. Pedían 1100 millones de dólares, consiguieron 499 millones, que se pagarían con un plus a los peajes, o sea se los cobraban a los usuarios.
 
* En sus resoluciones, el juez hacía referencia a que si bien cuando se firmaron los contratos de las autopistas, en julio de 1994, las tarifas estaban dolarizadas, se pesificaron con la crisis de 2001. Pero por ese entonces la empresa no reclamó nada. Se acordó cuando Macri llegaba a la Casa Rosada. El exprocurador Balbín --de la gestión de Macri-- declaró que era inadmisible esa demanda ante el CIADI, que debía pasar antes por tribunales locales. En Vialidad y organismos de control hacían un cálculo según el cual si el país era condenado tendría que pagar solo 71 millones de dólares. Lo que deja a la vista que fue una estafa aceptar 499 millones.
 
* Luego, y con el argumento de que existía esa demanda internacional millonaria, Dietrich anunció la renegociación de los contratos. Les dieron hasta 2030, sin ningún estudio técnico, ni auditoría ni concurso.
 
* Después de esa extensión, se disparó el precio de las acciones: valían 4 pesos en enero de 2015; al asumir Macri subieron a 14,50 pesos y después de que se impuso un aumento de los pesajes de hasta un 270 por ciento, llegaron a 75,50. En ese entonces, la firma Socma de los Macri vendió el 7 por ciento que tenía de participación a casi 20 millones de dólares, a una empresa que no tenía antecedentes en el rubro, Natal S.A.
 
* Entre sus conclusiones Canicoba Corral explicaba que fue una típica maniobra donde Macri estuvo de los dos lados del mostrador: sus funcionarios le daban contratos preciados a su grupo empresario, pero también señalaba que hubo un fraude al estado, con un perjuicio estimado en 746 millones de dólares.
 
La Cámara no entró en ninguno de estos detalles sino que logró una pirueta para darle un golpe a la causa más allá de la contundencia de las pruebas, con el argumento de que los imputados no las habían visto, y cuando --en rigor-- ya era tema conocido y difundido por los medios tras la revelación del periodista Alejandro Bercovich.
 
Dicen los Camaristas: "Pese a que sus asistentes técnicos lo requirieron en múltiples oportunidades desde que los encartados fueron citados a declarar el 30 de junio de 2020, ni antes ni durante ni después de las audiencias tuvieron la posibilidad de confrontar el contenido de cualquier de esos elementos que se les enunciaron (....) ante los reclamos, el juez argumentó, primero, que para él no correspondía legalmente permitir a las defensas la compulsa previa a las indagatorias; superado ello, invocó que su carga al sistema informático -por su dimensión-- era dificultosa y llevaría tiempo (...) muestra el expediente que esas condiciones de no acceso para las partes se mantenían inalteradas cuando se procesó a Iguacel, Dietrich, Saravia Frías y Dujovne. Y que en todos los pronunciamientos objetados se valoró como prueba fundamental aquella documentación que aún no se había puesto a disposición de las partes imputadas".
 
El gran interrogante ahora es qué hará el juez Ercolini, y qué le plantearán. La resolución de la Cámara se limita a anular los procesamientos pero no se pronuncia sobre las indagatorias. Algunos juristas sostienen que podría ampliar las indagatorias y volver a resolver.
 
Otros creen que podría dar marcha atrás con todo ante una ofensiva de las defensas. En Comodoro Py, varias voces coinciden en que durante los años de macrismo nunca se vio tanta preocupación por las pruebas: a Cristina Fernández de Kirchner, por caso, le tomar 8 indagatorias en un mismo día, lo que hacía materialmente imposible que viera todas las evidencias.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 

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26-09-2020 / 10:09
El presidente Alberto Fernández mostró su fastidio por las actitudes del presidente del Tribunal, Carlos Rosenkrantz, y lo criticó en dos ocasiones. Por su actitud frente a la política de género y, fundamentalmente, por su activa participación en defensa de los jueces trasladados a dedo por el macrismo.
 
"¿Cuál es la disyuntiva que tiene el presidente de la Corte de con tanto ahínco impulsar esto? ¿Qué es lo que está buscando?", se preguntó Alberto respecto a la decisión de Rosenkrantz de convocar a un acuerdo extraordinario en el máximo tribunal para tratar los recursos presentados por los jueces macristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, quienes buscan impedir sus traslados.
 
Para entender mejor las palabras de Fernández hay que saber que había trascendido la información de un encuentro reservado entre Rosenkrantz y Mauricio Macri para decidir una estrategia para tratar de mantener en sus puestos a estos jueces movidos a dedo por el ex presidente.
 
"Me llama mucho la atención por los comentarios que me llegan, por cosas que se ven dentro de la Corte, porque, la verdad, lo único que estamos haciendo es establecer un orden perdido por el gobierno anterior", expresó el Presidente complementando otras críticas al Tribunal por las demoras en la aplicación de la ley Micaela en el Poder Judicial. La Corte emitió luego un comunicado respondiendo sólo a este último punto.
 
En las dos intervenciones del Presidente, los cuestionamientos estuvieron dirigidos principalmente a Rosenkrantz, ex abogado del Grupo Clarín, a quien en Gobierno ya ven actuando en sintonía con la estrategia del macrismo y de los grandes medios porteños afines. 
 

26-09-2020 / 08:09
La repetición de marchas de Juntos por el Cambio, como la del miércoles en Tribunales, con el cardumen estrafalario y agresivo que convocan, se ha vuelto cada vez menos influyente. La sociedad se acostumbró a esos discursos exaltados y fuera de caja y los colocó en el estante de la rutina.
 
Cuando el abuso ya produjo acostumbramiento, el peligro es creer que esas performances del grotesco equivalen a ganar la calle en un sentido político. En particular, el riesgo para la oposición es fabricar una burbuja con la avalancha de columnistas indignados y creer que es un clima extendido. Por otro lado, la sobredosis de marchas y periodistas inflamados muestra el lanzamiento de la oposición al año electoral.
 
"La estrepitosa caída de la imagen presidencial", fue el título de una columna en La Nación esta semana. Dice que el fenómeno se relaciona con la confirmación del poder de Cristina en el gobierno (que no demuestra) y despliegan una encuesta de Synopsis que marca 41 por ciento de imagen positiva para Alberto Fernández. La semana pasada distribuyeron otra de Management & Fit que daba la misma cifra.
 
La frase de Patricia Bullrich donde les dice a sus correligionarios que la sociedad ya los visualiza como el reemplazo del actual gobierno forma parte de esta estrategia que busca disipar el derrotismo que se extendió en las filas de Juntos por el Cambio, donde muchos decían que se iban del país. La idea de irse después de la derrota fue una expresión de despecho y derrotismo como la del novio abandonado en plena boda.
 
La derecha intenta capitalizar un clima raro en la sociedad que está más relacionado con la pandemia que con las marchas piruchas de los anticuarentena. 
 

25-09-2020 / 10:09
El diputado Carlos Heller viene de enfrentar el lobby más poderoso y simultáneo que se haya ejercido este año sobre los tres poderes del estado. El resultado de esas gestiones corporativas terminará de conocerse hoy, cuando la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja finalmente emita su dictamen sobre el proyecto con su firma y la de Máximo Kirchner para establecer un impuesto por única vez sobre las grandes fortunas de más de $200 millones.
 
Pero la trama secreta del cabildeo está a punto de cumplir seis meses e incluye a banqueros, industriales, supermercadistas, contratistas, barones de la energía, jueces, fiscales, diputados y senadores. Y por supuesto, también al binomio presidencial.
 
El episodio más tenso se vivió en un almuerzo en la City dos semanas atrás, cuando Heller recibió en su oficina del Credicoop al dueño del Macro, Jorge Brito, con quien compitió durante casi 40 años y con quien discutió en ese lapso decenas de leyes, decretos y resoluciones de distintos gobiernos.
 
Brito expuso su plan A: quería que el oficialismo retirara el proyecto y lo cambiara por una sobrealícuota de Ganancias por única vez para hacer frente a los gastos derivados de la pandemia. Aseguró que con ese instrumento el Estado podría cosechar la misma recaudación y no ahuyentar inversiones ni darle a la oposición elementos para agitar fantasmas de expropiaciones masivas.
 
Ante la negativa de Heller, Brito acudió a Máximo Kirchner con otra impugnación al proyecto teñida de un súbito orgullo nacionalista: que pretende gravar a los dueños de grandes fortunas argentinos pero no a los dueños extranjeros de empresas radicadas en el país. Puso como ejemplo a Alfredo Coto, quien debería oblar la alícuota máxima del 3,5% en caso de aprobarse el tributo, pero cuyos competidores extranjeros -los dueños de Carrefour o Walmart, por caso- no estarían alcanzados.
 
La misma "injusticia" que podría interpretarse que hay entre él y a Ana Botín, la heredera del imperio Santander, si se analizara solamente el DNI de cada uno y no un proyecto de emergencia para cubrir una cuarta parte del costo que tuvo para el fisco el paquete de medidas para sostener a la economía durante el peor cimbronazo desde el crac de 2001-2002.
 
Quien planteó la misma objeción pero por interpósita persona fue Marcos Marcelo Mindlin, factótum del grupo Pampa Energía y discreto comprador de IECSA, la constructora insignia del grupo Macri que comandó hasta 2017 el primo hermano de Mauricio, Ángelo Calcaterra.
 
"Marcelo", como lo llamó afectuosamente Alberto Fernández cuando inauguraron juntos su última usina eléctrica a fines de junio, hizo llegar su inquietud directamente a Olivos. Tampoco obtuvo respuesta inmediata.
 

25-09-2020 / 10:09
El Gobierno de Alberto Fernández rescindió este jueves los contratos denominados de Participación Público Privada (PPP) para construir autopistas, en acuerdo con las empresas concesionarias. El PPP fue una fracasada iniciativa del ex ministro macrista de Transporte, Guillermo Dietrich, que dedicó más de un año y millonarios recursos a un sistema muy polémico por los costos financieros astronómicos que genera, al punto que en el Reino Unido, su país de creación, recibió críticas demoledoras del Parlamento británico.
 
El esquema público-privado del macrismo fue un fracaso y era ruinoso para el Estado. El costo de las obras iba a ser el triple del que correspondía y esos contratos en dólares representaban un gigantesco negocio para unos pocos. Al hacer el anuncio, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, dijo que el "esquema público-privado del macrismo fue un fracaso y era ruinoso para el Estado, ya que beneficiaba al sector financiero y las obras prometidas no se hicieron".
 
"El costo de las obras iba a ser el triple del que correspondía y esos contratos en dólares representaban un gigantesco negocio para unos pocos", agregó Katopodis. De esa forma, el Ministerio de Obras Públicas llegó a un acuerdo con la contratista a cargo de los corredores E y F, en el marco de un proceso de extinción de los contratos que comenzó en mayo con la intimación a las empresas concesionarias de seis corredores viales.
 
Así, a dos años de la fallida implementación del esquema de PPP, diseñado en la gestión del ex presidente Mauricio Macri, el Gobierno actual inició un proceso de rescisión de los leoninos contratos con las empresas que están a cargo de las concesiones de seis corredores viales, frente a la detección de "irregularidades e incumplimientos por parte de las concesionarias en sus obligaciones".
 

24-09-2020 / 10:09
Jeanine Áñez, quien llegó a la presidencia de Bolivia luego de un golpe de estado, afirmó que el gobierno de Alberto Fernández legítimo y democráticamente electo en Argentina, junto al destituido presidente Evo Morales "atentan violentamente contra la democracia boliviana". La cancillería argentina repudió los dichos de la presidenta de facto al considerarlos una mera especulación electoralista.
 
Áñez, presidenta de facto de Bolivia, denunció que el gobierno argentino respalda una conspiración violenta de Evo Morales contra la democracia de su país. La presidenta interina habló durante el segundo día de la Asamblea General de la Organización de Naciones de Unidas (ONU). Áñez se bajó de la carrera electoral luego de que las encuestas la ubicaran lejos de Luis Arce, candidato del Movimiento al Socialismo (MAS).
 
En su imperdible el discurso ante la ONU hablando de peronismo, dijo: "Quiero denunciar ante el mundo el acoso sistemático y abusivo que ejerce desde Argentina el gobierno kirchnerista", sostuvo Áñez. Además definió al poder ejecutivo argentino como una "casta populista" que no duda en utilizar "métodos abusivos para sostener sus planes".  Además, con descaro agregó que "América Latina, no ha superado la amenaza autoritaria". Muy de Clarín.
 
El gobierno argentino no tardó en responderle rotundamente. "La Cancillería argentina lamenta que en su intervención del día de hoy ante la Asamblea General de la ONU la señora Jeanine Áñez haya insistido en procurar involucrar al gobierno argentino, en plena campaña electoral, en la política interna del Estado Plurinacional de Bolivia," twiteó el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá.
 
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