Nacionales - 10-09-2020 / 10:09
LO IMPULSAN MILITANTES MACRISTAS Y EFECTIVOS ECHADOS DE LA FUERZA POR DIVERSOS DELITOS
Preocupa el intento de golpe policial a la boliviana
Los voceros del reclamo, llamativamente, son hombres que militaron o militan en Juntos por el Cambio. Sueltos de palabras, llenaron sus redes sociales con mensajes a favor de los dirigentes opositores Macri y Carrió. Otros fueron echados de la fuerza por diversos delitos, algunos de forma más reciente y otros más lejanos en el tiempo, o incluso imputados en causas por narcotráfico.
El lunes comenzó el reclamo justo de un sector de la policía bonaerense por mejores sueldos y condiciones de trabajo. A tres días de movilizaciones, el conflicto escaló y brindó imágenes que generaron repudio de parte del arco político, sindical y social: una quinta de Olivos rodeada por patrulleros y personal armado, acciones contrarias a la democracia pese a la legitimidad original de la protesta.
Los voceros del reclamo, llamativamente, son hombres que militaron o militan en Juntos por el Cambio. Sueltos de palabras, llenaron sus redes sociales con mensajes a favor de los dirigentes opositores Macri y Carrió. Otros fueron echados de la fuerza por diversos delitos, algunos de forma más reciente y otros más lejanos en el tiempo, o incluso imputados en causas por narcotráfico.
El levantamiento de la Policía Bonaerense generó preocupación en el oficialismo que empezaron a denunciar un intento de desestabilización contra Axel Kicillof y hay quienes comienzan a agitar el fantasma del golpe policial contra Evo Morales en Bolivia.
El nivel de alerta se incrementó fuerte cuando un grupo de efectivo trasladó la protesta a las puertas de la Residencia de Olivos, que fue rodeada de patrulleros. El reclamo pasó así a tener también como destinatario a Alberto Fernández.
Cuando Eduardo Valdés cuestionó la designación de Sergio Berni en el Ministerio de Seguridad bonaerense, se dijo entonces que Cristina quería que el ex militar controle a la Bonaerense porque Evo Morales le había alertado que el golpe en su contra lo ejecutó la Policía boliviana.
Efectivamente, las protestas por un presunto fraude de Morales terminaron de descontrolarse cuando los comandos policiales de los distintos departamentos de Bolivia se amotinaron por reclamo salarial. En menos de 48 horas cayó el gobierno de Evo, poco después de que los policías de La Paz (los que protegen el palacio presidencial) se sumaran al acuartelamiento.
Una de las promesas que en ese momento hicieron los sectores políticos opositores bolivianos a la policía fue el igualamiento salarial con los militares. A poco de asumir el gobierno de Jeanine Áñez los policías fueron a reclamarle que cumpla esa promesa.
Ya son varios los que hablan de un intento de desestabilización contra Kicillof y Alberto, y recuerdan el caso de Bolivia. "Es un ensayo muy peligroso en un escenario destituyente impulsado por la oposición", dijo Artemio López. "Apunta a degradar la figura del gobernador y del presidente", agregó el consultor.
"Creo que hay un plan de desestabilización contra Kicillof y Fernández, no tengo dudas", afirmó por su parte el sindicalista Roberto Baradel, que mencionó específicamente el golpe a Morales. También la Corriente Federal de Trabajadores (CFT), que lidera Sergio Palazzo, recordó que "recientemente nuestra región ha padecido hechos semejantes con gravísimas consecuencias institucionales, como las que derivaron en el golpe de Estado en Bolivia".
La Opinión Popular
Las caras de la sublevación de la policía bonaerense
El capitán Sandro Amaya fue el vocero que, en Olivos, rechazó una reunión con el presidente Alberto Fernández mientras rodeaban la quinta con patrulleros y personal armado. Fue exonerado de la fuerza por una causa por drogas. Según se detalló en C5N, está imputado en una causa que instruye el Juzgado Federal 2 a cargo del juez Suárez Aráoz, a través de la Secretaría 6. Ante los medios de comunicación, no quiso reunirse con el jefe de Estado porque no se permitieron cámaras en la negociación, como ocurre en cualquier situación de este estilo.
Mariano Ezequiel Alderete es otro de los exponentes de un reclamo que llegó al límite de la violencia simbólica, en este caso desde Puente 12, en La Matanza. Se definió como apolítico, sin embargo el discurso le duró poco ya que aseguró que una de las causas que lo llevó a movilizarse fue la concesión de la prisión domiciliaria al empresario Lázaro Báez para después retractarse ante los medios.
Sin embargo, sus redes sociales lo dejan al descubierto: un feliz cumpleaños a Mauricio Macri, "orgulloso de pertenecer al 51,4%" que lo votó en 2015, "la patria es el otro, y esto no es un slogan. Piel de gallina" por una publicación de María Eugenia Vidal, posteos de grupos en contra de Cristina Kirchner e incluso de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia en la que se desempeña.
El "capitán Díaz" habló a los gritos esta mañana desde Puente 12 que, con una campera camuflada, aseguró que el Gobierno les tiene "miedo". Se trata de un hombre que participó de un motín en el Grupo Halcón y está actualmente en disponibilidad.
Luis Tonil, presidente de la Defensoría Policial, también se convirtió en una de las caras visibles de este reclamo. Pese a su poca actividad en redes sociales, se puede encontrar un retuit a una publicación de Elisa Carrió en 2016.
La exdiputada actualmente es una de las voces que comenzó a instalar la idea de una desestabilización o levantamiento popular. "Viva la patria, fuera los chismes! Si me llaman a declarar voy a comentar todos ls delitos cometidos x Cristina Kirchner en ls últimos 12 años", dijo la dirigenta de la Coalición Cívica en ese entonces y el referente policial estuvo de acuerdo, porque replicó el mensaje.
El decreto 1505 del 1 de julio de 2002, Expediente 2137-275735/96, estipula: "Excluir al ex Subinspector Luis Tonil del acto que dispuso su prescindibilidad, Resolución 59/97 causal de extinción de relación laboral la cesantía dispuesta por decreto 155/01". No se especifica el motivo pero la situación llamó mucho la atención. Votante de María Eugenia Vidal en 2015, según publicó en redes sociales, a los dos años de gestión se arrepintió de haberlo hecho.
En tanto, Nicolás Masi fue despedido durante la gestión de Eduardo Duhalde, según argumentó él, por ser sindicalista. Una nota del diario La Nación alertaba en 1997 por una posible huelga policial en la provincia. "Hay indicios concretos de que se trataría de una amenaza vertida por un ex policía que dice representar a sus compañeros.
El supuesto comunicado que firmaba un "Comando de las 18" (por el número de unidades regionales en la provincia) estaba firmado por el ex oficial principal Nicolás Masi, separado de la fuerza por inconducta hace tres años", dice el artículo.
Hoy, Masi es el referente del Sindicato Policial de la provincia de Buenos Aires (Sipoba), sin personería. El Ministerio de Trabajo de la Nación niega el otorgamiento de personería gremial a las organizaciones que agrupan a los efectivos policiales. Una postura que obtuvo el aval de la Corte Suprema de Justicia.
"Si bien el artículo 14 bis de la Constitución Nacional consagra un derecho general a la sindicalización, no impide que dicho derecho sea restringido cuando se trata de personal policial", sostuvo el máximo Tribunal. En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos argumentó en este sentido la portación de armas por parte de los efectivos y sostuvo que "las restricciones al derecho a huelga de los miembros de la fuerza pública y el derecho de constituir organizaciones sindicales no vulnera" lo establecido en los tratados internacionales".
Según recopiló Chequeado, un medio al que no se puede tildar de oficialista, el decreto 2015/09 de la provincia de Buenos Aires establece que "el personal policial no podrá en ninguna forma participar en actividades políticas, o gremiales, ni asistir a lugares o participar de reuniones que comprometan la dignidad o el decoro de la función policial". También prohíbe "acatar decisiones de asociaciones gremiales o profesionales contrarias a la prestación normal de los servicios".
Fuente: El Destape