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Nacionales - 10-09-2020 / 10:09
LO IMPULSAN MILITANTES MACRISTAS Y EFECTIVOS ECHADOS DE LA FUERZA POR DIVERSOS DELITOS

Preocupa el intento de golpe policial a la boliviana

Preocupa el intento de golpe policial a la boliviana
Los voceros del reclamo, llamativamente, son hombres que militaron o militan en Juntos por el Cambio. Sueltos de palabras, llenaron sus redes sociales con mensajes a favor de los dirigentes opositores Macri y Carrió. Otros fueron echados de la fuerza por diversos delitos, algunos de forma más reciente y otros más lejanos en el tiempo, o incluso imputados en causas por narcotráfico.
El lunes comenzó el reclamo justo de un sector de la policía bonaerense por mejores sueldos y condiciones de trabajo. A tres días de movilizaciones, el conflicto escaló y brindó imágenes que generaron repudio de parte del arco político, sindical y social: una quinta de Olivos rodeada por patrulleros y personal armado, acciones contrarias a la democracia pese a la legitimidad original de la protesta.
 
Los voceros del reclamo, llamativamente, son hombres que militaron o militan en Juntos por el Cambio. Sueltos de palabras, llenaron sus redes sociales con mensajes a favor de los dirigentes opositores Macri y Carrió. Otros fueron echados de la fuerza por diversos delitos, algunos de forma más reciente y otros más lejanos en el tiempo, o incluso imputados en causas por narcotráfico.
 
El levantamiento de la Policía Bonaerense generó preocupación en el oficialismo que empezaron a denunciar un intento de desestabilización contra Axel Kicillof y hay quienes comienzan a agitar el fantasma del golpe policial contra Evo Morales en Bolivia.
 
El nivel de alerta se incrementó fuerte cuando un grupo de efectivo trasladó la protesta a las puertas de la Residencia de Olivos, que fue rodeada de patrulleros. El reclamo pasó así a tener también como destinatario a Alberto Fernández.
 
Cuando Eduardo Valdés cuestionó la designación de Sergio Berni en el Ministerio de Seguridad bonaerense, se dijo entonces que Cristina quería que el ex militar controle a la Bonaerense porque Evo Morales le había alertado que el golpe en su contra lo ejecutó la Policía boliviana.
 
Efectivamente, las protestas por un presunto fraude de Morales terminaron de descontrolarse cuando los comandos policiales de los distintos departamentos de Bolivia se amotinaron por reclamo salarial. En menos de 48 horas cayó el gobierno de Evo, poco después de que los policías de La Paz (los que protegen el palacio presidencial) se sumaran al acuartelamiento.

 
Una de las promesas que en ese momento hicieron los sectores políticos opositores bolivianos a la policía fue el igualamiento salarial con los militares. A poco de asumir el gobierno de Jeanine Áñez los policías fueron a reclamarle que cumpla esa promesa.
 
Ya son varios los que hablan de un intento de desestabilización contra Kicillof y Alberto, y recuerdan el caso de Bolivia. "Es un ensayo muy peligroso en un escenario destituyente impulsado por la oposición", dijo Artemio López. "Apunta a degradar la figura del gobernador y del presidente", agregó el consultor.
 
"Creo que hay un plan de desestabilización contra Kicillof y Fernández, no tengo dudas", afirmó por su parte el sindicalista Roberto Baradel, que mencionó específicamente el golpe a Morales. También la Corriente Federal de Trabajadores (CFT), que lidera Sergio Palazzo, recordó que "recientemente nuestra región ha padecido hechos semejantes con gravísimas consecuencias institucionales, como las que derivaron en el golpe de Estado en Bolivia".
 
La Opinión Popular
 
 
 
Las caras de la sublevación de la policía bonaerense
 
El capitán Sandro Amaya fue el vocero que, en Olivos, rechazó una reunión con el presidente Alberto Fernández mientras rodeaban la quinta con patrulleros y personal armado. Fue exonerado de la fuerza por una causa por drogas. Según se detalló en C5N, está imputado en una causa que instruye el Juzgado Federal 2 a cargo del juez Suárez Aráoz, a través de la Secretaría 6. Ante los medios de comunicación, no quiso reunirse con el jefe de Estado porque no se permitieron cámaras en la negociación, como ocurre en cualquier situación de este estilo.
 
Mariano Ezequiel Alderete es otro de los exponentes de un reclamo que llegó al límite de la violencia simbólica, en este caso desde Puente 12, en La Matanza. Se definió como apolítico, sin embargo el discurso le duró poco ya que aseguró que una de las causas que lo llevó a movilizarse fue la concesión de la prisión domiciliaria al empresario Lázaro Báez para después retractarse ante los medios.
 
Sin embargo, sus redes sociales lo dejan al descubierto: un feliz cumpleaños a Mauricio Macri, "orgulloso de pertenecer al 51,4%" que lo votó en 2015, "la patria es el otro, y esto no es un slogan. Piel de gallina" por una publicación de María Eugenia Vidal, posteos de grupos en contra de Cristina Kirchner e incluso de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia en la que se desempeña.
 
El "capitán Díaz" habló a los gritos esta mañana desde Puente 12 que, con una campera camuflada, aseguró que el Gobierno les tiene "miedo".  Se trata de un hombre que participó de un motín en el Grupo Halcón y está actualmente en disponibilidad.
 
Luis Tonil, presidente de la Defensoría Policial, también se convirtió en una de las caras visibles de este reclamo. Pese a su poca actividad en redes sociales, se puede encontrar un retuit a una publicación de Elisa Carrió en 2016.
 
La exdiputada actualmente es una de las voces que comenzó a instalar la idea de una desestabilización o levantamiento popular. "Viva la patria, fuera los chismes! Si me llaman a declarar voy a comentar todos ls delitos cometidos x Cristina Kirchner en ls últimos 12 años", dijo la dirigenta de la Coalición Cívica en ese entonces y el referente policial estuvo de acuerdo, porque replicó el mensaje.
 
El decreto 1505 del 1 de julio de 2002, Expediente 2137-275735/96, estipula: "Excluir al ex Subinspector Luis Tonil del acto que dispuso su prescindibilidad, Resolución 59/97 causal de extinción de relación laboral la cesantía dispuesta por decreto 155/01". No se especifica el motivo pero la situación llamó mucho la atención. Votante de María Eugenia Vidal en 2015, según publicó en redes sociales, a los dos años de gestión se arrepintió de haberlo hecho.
 
En tanto, Nicolás Masi fue despedido durante la gestión de Eduardo Duhalde, según argumentó él, por ser sindicalista. Una nota del diario La Nación alertaba en 1997 por una posible huelga policial en la provincia. "Hay indicios concretos de que se trataría de una amenaza vertida por un ex policía que dice representar a sus compañeros.
 
El supuesto comunicado que firmaba un "Comando de las 18" (por el número de unidades regionales en la provincia) estaba firmado por el ex oficial principal Nicolás Masi, separado de la fuerza por inconducta hace tres años", dice el artículo.
 
Hoy, Masi es el referente del Sindicato Policial de la provincia de Buenos Aires (Sipoba), sin personería. El Ministerio de Trabajo de la Nación niega el otorgamiento de personería gremial a las organizaciones que agrupan a los efectivos policiales. Una postura que obtuvo el aval de la Corte Suprema de Justicia.
 
 "Si bien el artículo 14 bis de la Constitución Nacional consagra un derecho general a la sindicalización, no impide que dicho derecho sea restringido cuando se trata de personal policial", sostuvo el máximo Tribunal. En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos argumentó en este sentido la portación de armas por parte de los efectivos y sostuvo que "las restricciones al derecho a huelga de los miembros de la fuerza pública y el derecho de constituir organizaciones sindicales no vulnera" lo establecido en los tratados internacionales".
 
Según recopiló Chequeado, un medio al que no se puede tildar de oficialista, el decreto 2015/09 de la provincia de Buenos Aires establece que "el personal policial no podrá en ninguna forma participar en actividades políticas, o gremiales, ni asistir a lugares o participar de reuniones que comprometan la dignidad o el decoro de la función policial". También prohíbe "acatar decisiones de asociaciones gremiales o profesionales contrarias a la prestación normal de los servicios".
 
Fuente: El Destape
 

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12-02-2026 / 10:02
El aire pica, arde, lastima la garganta. No se puede respirar. Lágrimas y ojos rojos. Corridas. Un rato antes de las cuatro de la tarde, la calma tensa de la Plaza del Congreso estalló en pedazos. A mansalva, el pelotón de gendarmes dispara sus escopetas desde la avenida Entre Ríos mientras los camiones hidrantes escupen agua para despejar lo que la política no pudo convencer. Llueven las bombas lacrimógenas sobre una plaza que, apenas una hora antes, era un hervidero de trabajadores protestando contra una reforma laboral que se dice moderna pero es esclavista y decimonónica: un viaje sin escalas al siglo XIX.
 
Otra vez el panic show mileísta: un despliegue de detenciones y balas de goma para vaciar la calle mientras adentro, en el palacio legislativo de mármol, se ejecuta el remate de la dignidad de los laburantes. La jornada había comenzado con un blanco nuclear. No era el sol de la justicia, sino el resplandor de una subasta que no admite ofertas en pesos, solo se liquida con el lomo del que labura. Obreros, docentes, judiciales, bancarios, jubilados...
 
A las dos de la tarde, las columnas de los gremios empezaron a ganar la calle, y para las tres, la Plaza ya era un mar de banderas y espanto bajo un sol tremendo. Los gendarmes, alineados con una simetría maníaca, exhiben botas con un brillo obsceno, casi un espejo donde podés peinarte antes de que te partan el alma. Estaban agazapados tras las vallas, custodiando un Congreso enjaulado como pajarera de lujo.
 
En el corralito antes del Palacio, el ingenio popular intentó ganarle al cinismo: un cartel gritaba "Saluden a las horas extras que se van", mientras otro advertía: "Con el banco de horas despedite de tu familia". Hay carteles más directos que se agitan sobre las cabezas: "Quitar derechos laborales viola la Constitución Nacional".
 
Bajo un celeste furioso, los paraguas de los ferroviarios servían para taparse del sol mientras una señora repartía estampitas de la Virgen de Luján "para que nos salve". Luis, operario metalúrgico de Quilmes, buscaba un resto de sombra bajo un ombú: "Si te pueden pagar el sueldo con fideos o fraccionarte las vacaciones, lo único que liberan es la mano del patrón para apretarnos más fuerte". Gabriel Espósito, delegado de ATE en Atucha, miraba las vallas con preocupación: "Estamos peleando para tirar atrás esta reforma que nos regresa cien años en el tiempo. Es un capítulo más de un proyecto que quiere ver a los sectores populares de rodillas".
 
Mientras en la calle se ponía el cuerpo, en los pasillos del Senado se pulía el desguace. El clan Caputo y los Menem cerraron el canje de Ganancias por la Reforma Laboral. La perversión es quirúrgica: se derogan estatutos y se liquida la indemnización plena. Pablo Luna, jubilado de YPF, no lo podía creer: "Se están pasando el 14 bis por las pelotas. ¡Qué futuro les espera a los chicos!".
 
Antes de que el gas lo cubriera todo, un solo grito unificaba las columnas: "¡Paro, paro, paro... paro general!". Era el reclamo de la calle que el Parlamento se negaba a escuchar. Pasadas las cuatro, el escenario mutó en pesadilla. Un grupo de encapuchados protagonizó incidentes contra el vallado, la excusa perfecta para que la represión se volviera cacería. El avance de la Gendarmería y de los cosacos de la Ciudad convirtió la Plaza en un territorio ocupado. El "modelo Milei" consiguió su victoria de papel entre nubes de tóxicos.
 
En el asfalto caliente, donde todavía flota el ácido del gas pimienta, el aire se volvió irrespirable. Adentro del Congreso brinda la casta mileísta; afuera, el pueblo mastica el polvo de una traición. La patria no se vende, se defiende, y esta tarde la defensa se escribió con el cuero aguantando el fuego del amo. Pero no seremos su esclavo: sean eternos los derechos que supimos conseguir.
 
La Opinión Popular
 

11-02-2026 / 11:02
La crisis policial volvió a estallar en Santa Fé, continúa también en la Federal y amenaza con extenderse a otras provincias y otras fuerzas. Se viene alertando sobre la situación desde hace 10 días. La base excluyente es la cuestión salarial -suboficiales que cobran 850.000 pesos-, pero deriva en un feroz endeudamiento y, casi de inmediato, en problemas psiquiátricos.
 
Los mayores dramas terminan en una oleada de suicidios, 2 en los últimos 8 días en Rosario. A esto se agregan los malos tratos y la corrupción. En Santa Fé, la mayoría de los policías son del norte provincial y deben viajar entre 200 y 600 kilómetros para prestar servicio en Rosario.
 
Para eso les ponen micros en estado deplorable y las travesías suelen tardar 8 horas. Los bajos salarios derivaron en que casi no se reclutan hombres y la mayoría de los policías son mujeres, que tienen que recorrer esas distancias para ver a sus hijos. La protesta masiva y explosiva era previsible. Este diario recibió una nueva denuncia judicial sobre las increíbles maniobras de los jefes de una Unidad Operativa de la Federal.
 
Los llaman "la corona" y esos superiores se quedan con dinero de las horas adicionales, informan de efectivos que no existen, "rodean una zona con un policía" (sic), desarman investigaciones para concentrarse en narcomenudeo y hacer estadísticas para conformar al Ministerio de Seguridad y hasta liberan vastas zonas en acuerdo con un jefe narco regional. "Sólo hay plata para los proyectiles antidisturbios", dicen los rebeldes.
 
Durante la semana pasada se produjo el encadenamiento a la reja de la Casa Rosada del cabo Miguel Ángel Montiel, de la Policía Federal. El efectivo reclamaba por la situación salarial y también por la corrupción en la Superintendencia de Transporte, que integran los policías que custodian el ferrocarril. Los jefes de la Federal filtraron que Montiel estuvo con carpeta psiquiátrica y que por eso realizaba la protesta.
 
Página/12 relató la trastienda de la crisis policial, con la cuestión salarial como punto clave -lo que le sucede a todos los estatales-, pero con tramas de ribetes escandalosos: destinos fantasmas, es decir jefes que les dan horas extras a unos y no a otros, efectivos que ni siquiera concurren y comparten lo que cobran con los superiores; brutales acosos a las mujeres y groseras trampas para no realizar investigaciones de narcotráfico.
 
La crisis policial se expandía de manera silenciosa en la Federal y en otras fuerzas. En Santa Fé se vio algo inédito: ya no protestaron las familias y los retirados, sino efectivos en actividad, con los patrulleros, las sirenas, las motos y hasta los micros. El movimiento en Santa Fé desnuda una situación que no se ve a simple vista. Los que protestan son policías de calle y de las comisarías, con sus patrulleros. Es decir, los que están en la seguridad cotidiana de los vecinos.
 
Del otro lado, los que mayoritariamente respondieron al gobierno de Pullaro fueron los cuerpos especiales, Operaciones Especiales, Asalto Táctico, Infantería, que reciben bonos y adicionales de manera masiva. Ellos constituyen la estructura más orientada a la represión de los jubilados o cualquier otra protesta. Eso va en línea con lo que señala una de las denuncias: "para lo único que hay dinero es para los proyectiles antidisturbios".
 

10-02-2026 / 11:02
El Senado tratará el miércoles el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier "el Loco" Milei, cuestionado por sectores opositores por su avanzada brutal contra los derechos de los trabajadores. Pero los focos no solo estarán puestos en el Congreso: afuera, múltiples sectores, encabezados por la Confederación General del Trabajo (CGT), protestarán con el objetivo de que su voz sea escuchada.
 
La semana pasada, el Consejo Directivo de la CGT convocó a marchar contra la reforma laboral, que ya tiene dictamen desde fin del año pasado y que podría tener media sanción el miércoles. "El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias. Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja", indicó la CGT en redes sociales.
 
La principal central obrera citó a las 14.30 en Yrigoyen y Solís, frente al edificio en el que los senadores comenzarán a definir el camino legislativo de la iniciativa. "Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja. No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle", agregó el comunicado.
 
El plan de lucha de la CGT tuvo cuestionamientos de algunos sectores sindicales, como el de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, criticó que la marcha no esté acompañada de un paro general. "El miércoles todos los trabajadores tienen que parar igual. Aunque la CGT no convoque, tienen cobertura legal", advirtió Aguiar y ratificó el paro nacional de estatales para el miércoles.
 
"Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica. Sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga. Tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores".
 
Mientras crece la bronca por abajo, Patricia Bullrich negocia la reforma laboral esclavista con gobernadores y senadores "dialoguistas" que cada vez se parecen más a los libertarios. Este lunes la ex ministra se reunión con senadores y senadoras de los bloques cómplices. Buscan acordar algunos artículos mientras mantienen lo esencial de los ataques contra la clase trabajadora. Cedería con Ganancias y conformaría así a los gobernadores y a los legisladores que responden a las provincias. En proteger alguno de los derechos de los trabajadores que correrán riesgo a partir de la probable sanción, eso sí, nadie gastó saliva.
 
La Reforma laboral esclavista del gobierno para los ricos de Milei es para profundizar esta política de transferencia masiva de recursos económicos y políticos de los trabajadores a los empresarios, que busca además debilitar la organización sindical y el poder de los trabajadores. Trabajar más y con menos derechos, en beneficios de las patronales. Son los millonarios o loe trabajadores. El miércoles 11 de febrero, sumate a la lucha por tus derechos y las futuras generaciones.
 
La Opinión Popular
 

09-02-2026 / 09:02
Karina Milei quiere concretar cambios en la cúpula del poder para tener el "control total" de lo que ocurre en el gobierno. La hermana presidencial, influenciada por los Menem, busca desalojar del sistema de decisión libertario a Santiago Caputo, a más tardar en marzo.
 
Pero no está fácil. El asesor tiene acceso directo al presidente Milei, que valora sus aportes. De hecho, en las últimas semanas, lejos de perder poder lo acrecentó. Se quedó con el control total de la agencia recaudadora (ARCA) y amplió las competencias de la SIDE, luego de desplazar al empleado infiel Sergio Neiffert y ubicar en su lugar a su contador, Cristian Aguadra.
 
Santiago Caputo incluso estaría aumentando su influencia sobre los aparatos militares y de seguridad. En las últimas semanas afianzó su relación con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, Carlos Presti.
 
"Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares", explicó un funcionario libertario.
 
Esta situación enardece a los Menem e impacta en el ánimo de Karina Milei, que tiene dificultades para entender que la idea del "control total" de un funcionario no votado como ella, no sintoniza con el espíritu democrático.
 
La molestia de la hermana presidencial quedó en evidencia este domingo: le avisó a su hermano que no lo acompañara a otro viaje más de subordinación trumpista. El presidente tenía pensado viajar este lunes a la cumbre de un supuesto trumpismo latino en Mar-a-Lago.
 
Karina le avisó a su hermano que no cuente con ella y Milei anunció que cancelaba su participación. "Javier no puede viajar sin la hermana", exageran en la Casa Rosada. Acaso más exacto sea que la hermana no quiera someterse a otro papelón como la última vez que fueron al club de la Florida de Trump, que suele alquilar su salón a distintos aventureros.
 
 De paso, no se confirmó aún su asistencia el 18 de febrero a la nueva "presentación oficial" del Board of Peace de Trump en Washington. El republicano se vio forzado a repetir el evento luego del fiasco de su lanzamiento en Davos, que juntó a Milei con una serie de "plutócratas afines a Putin", según el prestigioso diario inglés Financial Times.
 
La decisión de Karina Milei se suma a un dato muy interesante que publicó Perfil este domingo: en diciembre pasado la hermana del presidente no visitó Olivos.
 
"Ella está presionando a fondo para que le de el control total", sintetizó un dirigente libertario que conoce de cerca a los Milei. El asesor rehúye la pelea con la hermana y prefiere mantener la tensión a nivel de los Menem.
 
Karina no oculta su entusiasmo por la obediencia absoluta. La semana que pasó envió un mensaje claro a las bases libertarias. Su hombre en la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja, dijo en un encuentro con militantes en Mar del Plata: "No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades y tiene su manual disciplinario. El que ventile sus diferencias, está fuera del espacio".
 

07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

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