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"El día que la pandemia termine va a haber un banderazo de los argentinos de bien". Alberto Fernández
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Nacionales - 10-09-2020 / 10:09
LO IMPULSAN MILITANTES MACRISTAS Y EFECTIVOS ECHADOS DE LA FUERZA POR DIVERSOS DELITOS

Preocupa el intento de golpe policial a la boliviana

Preocupa el intento de golpe policial a la boliviana
Los voceros del reclamo, llamativamente, son hombres que militaron o militan en Juntos por el Cambio. Sueltos de palabras, llenaron sus redes sociales con mensajes a favor de los dirigentes opositores Macri y Carrió. Otros fueron echados de la fuerza por diversos delitos, algunos de forma más reciente y otros más lejanos en el tiempo, o incluso imputados en causas por narcotráfico.
El lunes comenzó el reclamo justo de un sector de la policía bonaerense por mejores sueldos y condiciones de trabajo. A tres días de movilizaciones, el conflicto escaló y brindó imágenes que generaron repudio de parte del arco político, sindical y social: una quinta de Olivos rodeada por patrulleros y personal armado, acciones contrarias a la democracia pese a la legitimidad original de la protesta.
 
Los voceros del reclamo, llamativamente, son hombres que militaron o militan en Juntos por el Cambio. Sueltos de palabras, llenaron sus redes sociales con mensajes a favor de los dirigentes opositores Macri y Carrió. Otros fueron echados de la fuerza por diversos delitos, algunos de forma más reciente y otros más lejanos en el tiempo, o incluso imputados en causas por narcotráfico.
 
El levantamiento de la Policía Bonaerense generó preocupación en el oficialismo que empezaron a denunciar un intento de desestabilización contra Axel Kicillof y hay quienes comienzan a agitar el fantasma del golpe policial contra Evo Morales en Bolivia.
 
El nivel de alerta se incrementó fuerte cuando un grupo de efectivo trasladó la protesta a las puertas de la Residencia de Olivos, que fue rodeada de patrulleros. El reclamo pasó así a tener también como destinatario a Alberto Fernández.
 
Cuando Eduardo Valdés cuestionó la designación de Sergio Berni en el Ministerio de Seguridad bonaerense, se dijo entonces que Cristina quería que el ex militar controle a la Bonaerense porque Evo Morales le había alertado que el golpe en su contra lo ejecutó la Policía boliviana.
 
Efectivamente, las protestas por un presunto fraude de Morales terminaron de descontrolarse cuando los comandos policiales de los distintos departamentos de Bolivia se amotinaron por reclamo salarial. En menos de 48 horas cayó el gobierno de Evo, poco después de que los policías de La Paz (los que protegen el palacio presidencial) se sumaran al acuartelamiento.

 
Una de las promesas que en ese momento hicieron los sectores políticos opositores bolivianos a la policía fue el igualamiento salarial con los militares. A poco de asumir el gobierno de Jeanine Áñez los policías fueron a reclamarle que cumpla esa promesa.
 
Ya son varios los que hablan de un intento de desestabilización contra Kicillof y Alberto, y recuerdan el caso de Bolivia. "Es un ensayo muy peligroso en un escenario destituyente impulsado por la oposición", dijo Artemio López. "Apunta a degradar la figura del gobernador y del presidente", agregó el consultor.
 
"Creo que hay un plan de desestabilización contra Kicillof y Fernández, no tengo dudas", afirmó por su parte el sindicalista Roberto Baradel, que mencionó específicamente el golpe a Morales. También la Corriente Federal de Trabajadores (CFT), que lidera Sergio Palazzo, recordó que "recientemente nuestra región ha padecido hechos semejantes con gravísimas consecuencias institucionales, como las que derivaron en el golpe de Estado en Bolivia".
 
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Las caras de la sublevación de la policía bonaerense
 
El capitán Sandro Amaya fue el vocero que, en Olivos, rechazó una reunión con el presidente Alberto Fernández mientras rodeaban la quinta con patrulleros y personal armado. Fue exonerado de la fuerza por una causa por drogas. Según se detalló en C5N, está imputado en una causa que instruye el Juzgado Federal 2 a cargo del juez Suárez Aráoz, a través de la Secretaría 6. Ante los medios de comunicación, no quiso reunirse con el jefe de Estado porque no se permitieron cámaras en la negociación, como ocurre en cualquier situación de este estilo.
 
Mariano Ezequiel Alderete es otro de los exponentes de un reclamo que llegó al límite de la violencia simbólica, en este caso desde Puente 12, en La Matanza. Se definió como apolítico, sin embargo el discurso le duró poco ya que aseguró que una de las causas que lo llevó a movilizarse fue la concesión de la prisión domiciliaria al empresario Lázaro Báez para después retractarse ante los medios.
 
Sin embargo, sus redes sociales lo dejan al descubierto: un feliz cumpleaños a Mauricio Macri, "orgulloso de pertenecer al 51,4%" que lo votó en 2015, "la patria es el otro, y esto no es un slogan. Piel de gallina" por una publicación de María Eugenia Vidal, posteos de grupos en contra de Cristina Kirchner e incluso de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia en la que se desempeña.
 
El "capitán Díaz" habló a los gritos esta mañana desde Puente 12 que, con una campera camuflada, aseguró que el Gobierno les tiene "miedo".  Se trata de un hombre que participó de un motín en el Grupo Halcón y está actualmente en disponibilidad.
 
Luis Tonil, presidente de la Defensoría Policial, también se convirtió en una de las caras visibles de este reclamo. Pese a su poca actividad en redes sociales, se puede encontrar un retuit a una publicación de Elisa Carrió en 2016.
 
La exdiputada actualmente es una de las voces que comenzó a instalar la idea de una desestabilización o levantamiento popular. "Viva la patria, fuera los chismes! Si me llaman a declarar voy a comentar todos ls delitos cometidos x Cristina Kirchner en ls últimos 12 años", dijo la dirigenta de la Coalición Cívica en ese entonces y el referente policial estuvo de acuerdo, porque replicó el mensaje.
 
El decreto 1505 del 1 de julio de 2002, Expediente 2137-275735/96, estipula: "Excluir al ex Subinspector Luis Tonil del acto que dispuso su prescindibilidad, Resolución 59/97 causal de extinción de relación laboral la cesantía dispuesta por decreto 155/01". No se especifica el motivo pero la situación llamó mucho la atención. Votante de María Eugenia Vidal en 2015, según publicó en redes sociales, a los dos años de gestión se arrepintió de haberlo hecho.
 
En tanto, Nicolás Masi fue despedido durante la gestión de Eduardo Duhalde, según argumentó él, por ser sindicalista. Una nota del diario La Nación alertaba en 1997 por una posible huelga policial en la provincia. "Hay indicios concretos de que se trataría de una amenaza vertida por un ex policía que dice representar a sus compañeros.
 
El supuesto comunicado que firmaba un "Comando de las 18" (por el número de unidades regionales en la provincia) estaba firmado por el ex oficial principal Nicolás Masi, separado de la fuerza por inconducta hace tres años", dice el artículo.
 
Hoy, Masi es el referente del Sindicato Policial de la provincia de Buenos Aires (Sipoba), sin personería. El Ministerio de Trabajo de la Nación niega el otorgamiento de personería gremial a las organizaciones que agrupan a los efectivos policiales. Una postura que obtuvo el aval de la Corte Suprema de Justicia.
 
 "Si bien el artículo 14 bis de la Constitución Nacional consagra un derecho general a la sindicalización, no impide que dicho derecho sea restringido cuando se trata de personal policial", sostuvo el máximo Tribunal. En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos argumentó en este sentido la portación de armas por parte de los efectivos y sostuvo que "las restricciones al derecho a huelga de los miembros de la fuerza pública y el derecho de constituir organizaciones sindicales no vulnera" lo establecido en los tratados internacionales".
 
Según recopiló Chequeado, un medio al que no se puede tildar de oficialista, el decreto 2015/09 de la provincia de Buenos Aires establece que "el personal policial no podrá en ninguna forma participar en actividades políticas, o gremiales, ni asistir a lugares o participar de reuniones que comprometan la dignidad o el decoro de la función policial". También prohíbe "acatar decisiones de asociaciones gremiales o profesionales contrarias a la prestación normal de los servicios".
 
Fuente: El Destape
 

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27-09-2020 / 10:09
La protesta de la Policía Bonaerense que llegó hasta Olivos y la columna de Macri en La Nación que apuntó a romper todo diálogo entre Gobierno y oposición convencieron al Presidente y a su entorno de que era necesario salir a dar pelea y retomar la iniciativa de la agenda política.
 
De hecho, ya aquella respuesta que tuvo el reclamo policial, más allá de que el Presidente la anunció en su tono habitual calmo, mostró una nueva actitud: la decisión de transferir a la provincia de Buenos Aires buena parte de los recursos que hasta entonces se enviaban a la Ciudad tomó a la oposición por sorpresa.
 
Aunque a partir de entonces hubo algunos cortocircuitos con el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, la mira de la Casa Rosada está puesta en el sector ultra que encabezan Macri y Patricia Bullrich, con declaraciones ya abiertamente desestabilizadoras como cuando hablan de "sustitución" del Gobierno o del "fraude" con el que supuestamente ganó Fernández al que hizo referencia el senador Esteban Bullrich.
 
"Culpar de la crisis a la pandemia es algo abstracto, está claro que el Gobierno tiene que personalizar las críticas en alguien y Macri es el indicado. Dejó el país hace unos meses incendiado, se fue de vacaciones al exterior mientras la gente padecía y en las encuestas es el dirigente de peor imagen", detallaba un funcionario que trabaja en el mensaje oficial. Eso explica que en las últimas apariciones desde Fernández para abajo se acentuaran las referencias al ex presidente. 
 

26-09-2020 / 10:09
El presidente Alberto Fernández mostró su fastidio por las actitudes del presidente del Tribunal, Carlos Rosenkrantz, y lo criticó en dos ocasiones. Por su actitud frente a la política de género y, fundamentalmente, por su activa participación en defensa de los jueces trasladados a dedo por el macrismo.
 
"¿Cuál es la disyuntiva que tiene el presidente de la Corte de con tanto ahínco impulsar esto? ¿Qué es lo que está buscando?", se preguntó Alberto respecto a la decisión de Rosenkrantz de convocar a un acuerdo extraordinario en el máximo tribunal para tratar los recursos presentados por los jueces macristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, quienes buscan impedir sus traslados.
 
Para entender mejor las palabras de Fernández hay que saber que había trascendido la información de un encuentro reservado entre Rosenkrantz y Mauricio Macri para decidir una estrategia para tratar de mantener en sus puestos a estos jueces movidos a dedo por el ex presidente.
 
"Me llama mucho la atención por los comentarios que me llegan, por cosas que se ven dentro de la Corte, porque, la verdad, lo único que estamos haciendo es establecer un orden perdido por el gobierno anterior", expresó el Presidente complementando otras críticas al Tribunal por las demoras en la aplicación de la ley Micaela en el Poder Judicial. La Corte emitió luego un comunicado respondiendo sólo a este último punto.
 
En las dos intervenciones del Presidente, los cuestionamientos estuvieron dirigidos principalmente a Rosenkrantz, ex abogado del Grupo Clarín, a quien en Gobierno ya ven actuando en sintonía con la estrategia del macrismo y de los grandes medios porteños afines. 
 

26-09-2020 / 08:09
La repetición de marchas de Juntos por el Cambio, como la del miércoles en Tribunales, con el cardumen estrafalario y agresivo que convocan, se ha vuelto cada vez menos influyente. La sociedad se acostumbró a esos discursos exaltados y fuera de caja y los colocó en el estante de la rutina.
 
Cuando el abuso ya produjo acostumbramiento, el peligro es creer que esas performances del grotesco equivalen a ganar la calle en un sentido político. En particular, el riesgo para la oposición es fabricar una burbuja con la avalancha de columnistas indignados y creer que es un clima extendido. Por otro lado, la sobredosis de marchas y periodistas inflamados muestra el lanzamiento de la oposición al año electoral.
 
"La estrepitosa caída de la imagen presidencial", fue el título de una columna en La Nación esta semana. Dice que el fenómeno se relaciona con la confirmación del poder de Cristina en el gobierno (que no demuestra) y despliegan una encuesta de Synopsis que marca 41 por ciento de imagen positiva para Alberto Fernández. La semana pasada distribuyeron otra de Management & Fit que daba la misma cifra.
 
La frase de Patricia Bullrich donde les dice a sus correligionarios que la sociedad ya los visualiza como el reemplazo del actual gobierno forma parte de esta estrategia que busca disipar el derrotismo que se extendió en las filas de Juntos por el Cambio, donde muchos decían que se iban del país. La idea de irse después de la derrota fue una expresión de despecho y derrotismo como la del novio abandonado en plena boda.
 
La derecha intenta capitalizar un clima raro en la sociedad que está más relacionado con la pandemia que con las marchas piruchas de los anticuarentena. 
 

25-09-2020 / 10:09
El diputado Carlos Heller viene de enfrentar el lobby más poderoso y simultáneo que se haya ejercido este año sobre los tres poderes del estado. El resultado de esas gestiones corporativas terminará de conocerse hoy, cuando la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja finalmente emita su dictamen sobre el proyecto con su firma y la de Máximo Kirchner para establecer un impuesto por única vez sobre las grandes fortunas de más de $200 millones.
 
Pero la trama secreta del cabildeo está a punto de cumplir seis meses e incluye a banqueros, industriales, supermercadistas, contratistas, barones de la energía, jueces, fiscales, diputados y senadores. Y por supuesto, también al binomio presidencial.
 
El episodio más tenso se vivió en un almuerzo en la City dos semanas atrás, cuando Heller recibió en su oficina del Credicoop al dueño del Macro, Jorge Brito, con quien compitió durante casi 40 años y con quien discutió en ese lapso decenas de leyes, decretos y resoluciones de distintos gobiernos.
 
Brito expuso su plan A: quería que el oficialismo retirara el proyecto y lo cambiara por una sobrealícuota de Ganancias por única vez para hacer frente a los gastos derivados de la pandemia. Aseguró que con ese instrumento el Estado podría cosechar la misma recaudación y no ahuyentar inversiones ni darle a la oposición elementos para agitar fantasmas de expropiaciones masivas.
 
Ante la negativa de Heller, Brito acudió a Máximo Kirchner con otra impugnación al proyecto teñida de un súbito orgullo nacionalista: que pretende gravar a los dueños de grandes fortunas argentinos pero no a los dueños extranjeros de empresas radicadas en el país. Puso como ejemplo a Alfredo Coto, quien debería oblar la alícuota máxima del 3,5% en caso de aprobarse el tributo, pero cuyos competidores extranjeros -los dueños de Carrefour o Walmart, por caso- no estarían alcanzados.
 
La misma "injusticia" que podría interpretarse que hay entre él y a Ana Botín, la heredera del imperio Santander, si se analizara solamente el DNI de cada uno y no un proyecto de emergencia para cubrir una cuarta parte del costo que tuvo para el fisco el paquete de medidas para sostener a la economía durante el peor cimbronazo desde el crac de 2001-2002.
 
Quien planteó la misma objeción pero por interpósita persona fue Marcos Marcelo Mindlin, factótum del grupo Pampa Energía y discreto comprador de IECSA, la constructora insignia del grupo Macri que comandó hasta 2017 el primo hermano de Mauricio, Ángelo Calcaterra.
 
"Marcelo", como lo llamó afectuosamente Alberto Fernández cuando inauguraron juntos su última usina eléctrica a fines de junio, hizo llegar su inquietud directamente a Olivos. Tampoco obtuvo respuesta inmediata.
 

25-09-2020 / 10:09
El Gobierno de Alberto Fernández rescindió este jueves los contratos denominados de Participación Público Privada (PPP) para construir autopistas, en acuerdo con las empresas concesionarias. El PPP fue una fracasada iniciativa del ex ministro macrista de Transporte, Guillermo Dietrich, que dedicó más de un año y millonarios recursos a un sistema muy polémico por los costos financieros astronómicos que genera, al punto que en el Reino Unido, su país de creación, recibió críticas demoledoras del Parlamento británico.
 
El esquema público-privado del macrismo fue un fracaso y era ruinoso para el Estado. El costo de las obras iba a ser el triple del que correspondía y esos contratos en dólares representaban un gigantesco negocio para unos pocos. Al hacer el anuncio, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, dijo que el "esquema público-privado del macrismo fue un fracaso y era ruinoso para el Estado, ya que beneficiaba al sector financiero y las obras prometidas no se hicieron".
 
"El costo de las obras iba a ser el triple del que correspondía y esos contratos en dólares representaban un gigantesco negocio para unos pocos", agregó Katopodis. De esa forma, el Ministerio de Obras Públicas llegó a un acuerdo con la contratista a cargo de los corredores E y F, en el marco de un proceso de extinción de los contratos que comenzó en mayo con la intimación a las empresas concesionarias de seis corredores viales.
 
Así, a dos años de la fallida implementación del esquema de PPP, diseñado en la gestión del ex presidente Mauricio Macri, el Gobierno actual inició un proceso de rescisión de los leoninos contratos con las empresas que están a cargo de las concesiones de seis corredores viales, frente a la detección de "irregularidades e incumplimientos por parte de las concesionarias en sus obligaciones".
 

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